Hay que reconocerle al país abierta y francamente los errores cometidos

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Primero. No haber sido jurídica, política y socialmente capaces como sociedad y oposición. Congreso y justicia debieron haber hecho valer el triunfo en las urnas el “NO” entre octubre de 2016 y agosto 7 de 2018.

Segundo. Que de 2018 a 2022 había una misión y un compromiso con la nación que no se cumplió, el electorado y la democracia debían retornar a la legalidad plena.

Si se sabía que el referendo no se respetó y se impuso el “SÍ” a golpe de corrupción de Santos y sus operadores delincuenciales en el Congreso y en la Corte, se instauró la JEP y la Comisión de la Verdad por encima de la voluntad popular, la tarea era volver a la legalidad y se incumplió a sabiendas de que el mandato de cumplir los acuerdos era ilegal y producto del dolo que llamaron mermelada porque se sabía que todo eso era un montaje delincuencial, y ni el nuevo Gobierno, ni el Congreso, ni los fiscales, procuradores y contralores ni las Fuerzas Armadas constitucionales hicieron nada. Mientras, el único que resultó en la casa por cárcel injustamente fue Uribe quien respaldó a Santos, a Zuluaga y a Duque.

Fallaron los tres poderes públicos y los órganos de control, y los partidos políticos al igual que los parlamentarios, el Centro Democrático y el gobierno Duque.

No cumplieron el mandato para el cual se les eligió en materia de legalidad.

Cuando no se tiene el valor de reconocer los errores cometidos en el pasado ni la voluntad de enmendarlos, se está condenado a seguir pagando las consecuencias.

¿Volverá el país algún día a la normalidad en materia de legalidad o seguiremos cuatro años locos reclamando la unidad de propósito nacional en ese sentido mientras el show político de los ilegales continúa bailando al son del dinero mal habido de toda la delincuencia pública y privada que tiene el país inundado de dólares y corrupción?

En 100 días lo veremos.

¿Para cuándo la reivindicación de los buenos?

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Nunca habrá avance social mientras el ciudadano, que nada debe, le tenga que temer a la injusticia a manos de la justicia. La ausencia de justicia es el mayor desastre de una sociedad. En medio de una exuberancia de individualismos, engaños y envidias atadas a la perennidad de un trópico infernal lleno de pestes y malezas disfrazadas de personas, hemos llegado al extremo de que sea la justicia la que más atropella lo justo y más ignora y machaca la verdad.

Aquí las Cortes cometen injusticias abusando por plata o ideología, y los entes de control están totalmente politizados. Perniciosamente conviven con la corrupción política afectando moralmente la sana convivencia, el desarrollo y el crecimiento humano que deben enmarcar la cultura de toda una nación, olvidando que existen para defender la constitución y el derecho.

Para la justicia ya no son malas las violaciones a la ley si las hace la criminalidad de botas y fusil, la pistolera o la que viste traje y está enjambrada en las instancias del poder central capitalino y su reflejo regional. Aquellos ya no tienen culpa porque son parte del pluralismo populista, la tolerancia y de la mal llamada justicia social progresista que aprieta la tenaza de la combinación de todas las formas de lucha. Aquí los que le salimos debiendo a la clase política corrupta que nos gobierna, somos los ciudadanos que acatamos la ley y pagamos impuestos.

Está pendiente en Colombia el debate y el enjuiciamiento al daño causado por la subversión. El Estado le debe al país, a las generaciones presentes y futuras el juicio político, social, económico y moral al daño que han hecho las narcoguerrillas, las organizaciones criminales y sus cómplices desde el Estado, la práctica torcida del derecho, y los partidos políticos e instituciones que dicen defender y representar el pueblo, pero que se han vendido a contratistas corruptos y a los intereses del gran negocio de la droga, que a tantos mata.

Sin ese juicio jamás podremos recuperar ni avanzar como sociedad civilizada. Mientras no haya consecuencias punibles sino impunidad, no habrá futuro ni esperanza en este país y seguiremos viviendo de la mentira, y en la negación de la mentira, y un pueblo que ha sido libre pasará a ser esclavo de un totalitarismo constitucional opresivo que solo favorecerá a los pocos que ejerzan el poder bajo las formas estatistas del SSXXI.

La nata podrida del poder de la capital, las cortes, la fiscalía y los demás entes de control han defendido cuantos procesos de paz les ha dado la gana de instaurar a los presidentes, pero nunca han permitido un enjuiciamiento a quienes agreden de manera violenta a toda la sociedad.

Los procesos de paz solo son formas injustas de obviar el sometimiento a la ley, de mantener las apariencias y esconder la impunidad negociada clandestinamente con todo tipo de organizaciones criminales que atracan, roban, atacan, extorsionan, matan y secuestran, violan, embarazan, hacen abortar niñas campesinas indefensas y convierten en sicarios a seres humanos inocentes.

Aquí hubo “Para-política” pero nunca FARC - política, pues para poder infestar el país de falsa paz, lo que se estila es la impunidad total. Nunca llegaremos a nada como sociedad mientras no se cumpla el deber democrático de hacerle el juicio político y legal en los propios estrados judiciales que no están ocupados por mérito sino por la plaga del vil clientelismo, y gran parte de nuestra clase política ha sido la validadora de las acciones de todo el crimen organizado. ¿Son esos los que queremos reelegir?

En el caso colombiano tras el biombo de la Justicia Especial para la Paz, (JEP) está desnuda la perniciosa vergüenza de las demás Cortes que se dejaron montar un negocio paralelo para proteger criminales, una inquisición moderna para moler la coercibilidad del derecho y el Estado gendarme, y para operar una lavandería selectiva de delitos de lesa humanidad.

Como dice el narco libretista, aquí los malos han sido los buenos que se tienen que aguantar los violentos, “los hijueputas policías”, y las familias que han entregado sus hijos para que los maten defendiendo la ciudadanía, los cientos de miles de personas que trabajamos para que medre a placer el progresismo que acomete la destrucción sistemática institucional de las arcas del Estado y de la riqueza que generamos los particulares.

Le han vendido al citadino y a la juventud el cuento de que quienes trabajamos y vivimos en el campo somos “paracos”. Pero ¿se han preguntado los políticos quiénes les dan de comer?, pues aquí no todo lo que llega a la mesa es importado. Se han preguntado al legislar ¿cuáles son los problemas con los que tenemos que lidiar quienes producimos para mantener a todos los que viven del Estado?

Parece que aquí solo van a enjuiciar y a expropiar a los empresarios que han generado empleo y puesto sus patrimonios a riesgo. Aquí gana el malo y lleva del bulto el que tenga una tierra y la trabaje, sea patrón, empleado, viva en la ciudad o tenga el valor de vivir en el campo para proteger su propiedad con su vida o con el alto costo de un secuestro, un asesinato o una extorsión.

Un Estado que no provea seguridad, justicia, no de ejemplo de austeridad ni provea servicios de agua, salud, energía, gas, sistemas de comunicación y transporte, y que no ofrezca confianza a la inversión, no tiene derecho a cobrarle un peso más al ciudadano que trabaja y tributa honestamente para mantener un negocio, que da empleo y sostiene otras familias.

Pongámonos de acuerdo para ir a las urnas el 21 de junio a manifestar nuestra determinación de votar por seguir siendo una nación libre y un país democrático en el que podamos construir algo mejor para las generaciones que vienen, evitando que Colombia se consolide como un narco Estado bajo el modelo Castro-chavista.

Editorial: sucesos de la semana 18

Antonio Montoya H., en su nuevo editorial para El Pensamiento al Aire, comenta los sucesos de la semana empezando por los absurdos ataques de las disidencias de las FARC que tienen asediado al Cauca; el lamentable discurso de Gustavo Petro ante la ONU y la falsedad difundida por la Presidencia de la ovación del mismo, y sobre los negativos indicadores económicos del país que ya son evidentes. También se pregunta qué tan ciertos son los testimonios de los militares aceptando delitos ante la JEP; habla del choque entre el alcalde Daniel Quintero y el Concejo de Medellín; de la lucha de diversos líderes frente al dominio de la izquierda en el país y Latinoamérica, y concluye con el pliego de cargos que hace la Superintendencia de Industria y Comercio a la Dimayor y a los equipos por el cartel de contratación que busca pagarle poco a las jugadoras de fútbol. No dejes de verlo.

Vigía: de masacradores a ¿víctimas?

Por John Marulanda

Lo que más azota a nuestro hermano país venezolano, son las bandas delincuenciales y los desafueros de las autoridades policiales que encarcelan y asesinan a ciudadanos, inocentes en la mayoría de los casos (3.568 víctimas) y que ha llevado la cifra de homicidios a 9.367, un 35,3 por cada 100 mil habitantes en el año 2022, con un promedio de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes, según el observatorio venezolano de violencia, OVV. Cifra muy por encima del estándar mundial de 3-4 por cada 100 mil pobladores.

Sin embargo, Venezuela no presenta la dramática situación de Colombia, que lleva cerca de seis décadas signadas por la violencia y el terrorismo, siempre en nombre de la liberación del imperialismo yanki, para caer, por supuesto, en manos del imperio chino o del imperio ruso, los "hermanos mayores" según Maduro.

Colombia ha visto desfilar a lo largo de su historia a bandas armadas como las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y otros, transformadas por obra y milagro de la cocaína en narco organizaciones que han perdido el sentido “revolucionario” para convertirse en simples carteles del primer país productor del mundo.

El Ejército Nacional presentó recientemente una relatoría ante la JEP, en la que registra 18.841 asesinados, 5.707 desaparecidos y 316 secuestrados, para un total de 69.573 víctimas, la gran mayoría de ellas no reconocidas oficialmente. Y el número de civiles caídos es inconmensurable. Así que romantizar los desafueros de chantaje, extorsión, secuestro, fusilamientos y narcotráfico, es quitarle el piso real a los narcoterroristas de hoy que solo buscan enriquecerse mientras se burlan de un Estado confuso, apasionado y con su FFPP debilitada.

A raíz de la última sentencia de la CIDH que condenó al Estado por el genocidio de la Unión Patriótica en las décadas 80 y 90, y justo cuando se conmemora un aniversario del bombazo del club El Nogal, alias “Timochenco”, salió a pedir que se le reconozca a las FARC la condición de víctimas, un desafuero mayor que controvierte el espíritu republicano, demócrata y civilista de Colombia. Es un mega-super-hiper-desaguisado que puede terminar en el cambio institucional del país y su relevo por una autocracia tiránica, tipo Venezuela, precisamente.

Y a eso le apunta el actual presidente, en mala hora votado por cerca de la mitad de los electores del país. Su reciente declaración a un grupo de jóvenes en el barrio Siloé, en Cali, es el refuerzo ideológico de un gobernante que impone sus criterios y emociones, por encima de su obligatorio razonamiento como guía de 52 millones de colombianos que miramos con incertidumbre su improvisado y reciente plan de gobierno, que contempla la salida de la Policía del Mindefensa, de acuerdo con lo prometido en campaña.

Las reformas: política, al sector minero energético, a la salud, a las pensiones y la “paralización”, constitucional por lo demás, de la Fuerza Pública, ha llevado a que, durante sus escasos seis meses de este gobierno, se registren 33 masacres, por lo menos, con unos 117 o 120 muertos, a corte de Indepaz.

Como bien lo advierte Óscar Platero, capitán en retiro del Ejército de Guatemala, posesionar los términos genocidio y delitos de lesa humanidad, es una clara guerra ideológica pues tales delitos, una vez certificados por una organización internacional, no prescriben siendo, como lo son en Colombia, consecuencia directa de los acuerdos de paz entre los gobiernos de turno y los grupos armados irregulares organizados. Y bien que lo saben en Guatemala, desde donde sindican al actual ministro de Defensa colombiano.

¿Negociación o simulacro?

Por José Alvear Sanín*

La entrega parcial del país a las FARC estaba convenida, incluso desde antes de que Santos se posesionara. No hubo negociación entre gobierno y guerrilla. En cambio, el país fue sometido a un simulacro de seis interminables años, con el fin de hacer creer que había habido un difícil tira y afloje para llegar a compromisos mutuos y “lograr la paz”.

A través de esos largos años se organizó una operación para eliminar la posible resistencia de las fuerzas armadas a la entrega del país, para lo cual se decapitaron seis sucesivas cúpulas militares, hasta lograr una débil y complaciente, mientras se completaba la ocupación del poder judicial por conjurados y los medios eran amansados con copiosa mermelada. Cumplidos esos procesos no fue difícil robarse el plebiscito.

En resumen: una parte lo cedió todo y la otra lo ganó todo, porque el “acuerdo final” es una supraconstitución que somete al país al monitoreo de las FARC. Ellas disponen del sigiloso Cesivi, para autorizar o vetar las decisiones del gobierno. La impunidad la garantiza la JEP, que además ejerce vindicta contra el ejército. La Comisión de la Verdad falsifica la historia y su versión se impartirá en todas las escuelas y colegios, donde también imperará la ideología de género. Curules sin votos. Eliminación de antecedentes judiciales. Enormes partidas para el sostenimiento del Secretariado. Docenas de emisoras. Salarios y “emprendimientos” para los “exguerrilleros”. Eliminación de la erradicación aérea y del glifosato, amén de estímulos para los narcocultivos. Inhibición de la fuerza pública para intervenir. Nula reparación de las víctimas, a las que además se ignora, etcétera, etcétera, etcétera.

Es claro que el ELN entrará a gozar de todo lo ya concedido a las FARC, dentro de lo que podríamos llamar “la cláusula de la guerrilla más favorecida”. ¿Qué más pueden pedir?

Para negociar se requieren partes enfrentadas en sus posiciones y pretensiones, lo que no se dará en la pretendida confrontación Gobierno-ELN.

El Pacto Histórico se presenta públicamente como una organización de fachada formada por una coalición de matices de extrema izquierda, pero en realidad es un mecanismo político dirigido desde Cuba a través del partido comunista clandestino, cuyo “politburó” ha ejecutado metódicamente, durante largos años, el plan estratégico que ha llevado al poder a Petro con el fin de cambiar el modelo económico, jurídico y social. El ELN y las FARC son elementos primordiales dentro del engranaje que actualmente ejerce la totalidad del poder político en Colombia.

En esas condiciones es claro que entre Petro y Gabino no hay discrepancia. Con el ELN, entonces, ya todo está convenido, y por lo tanto veremos un nuevo simulacro de negociación, que avanzará sincronizadamente con el Gobierno hasta que “estalle otra paz”, no sabemos dentro de cuántos meses.

El ELN seguramente exigirá más decisión en lo del decrecimiento de la industria extractiva, del cual han sido precursores volando oleoductos y anegando en crudo tantos ríos. También reclamará mayor rapidez en la “reforma agraria integral”, presionando por un más amplio componente colectivista en ella y exigiendo tolerancia y estímulo de las invasiones de haciendas productivas, para lograr la más expedita forma de desposeer a los odiados terratenientes.

El odio del ELN por la ganadería, la inversión extranjera, las compañías petroleras y la libre empresa, es virulento, mientras en el ejecutivo es solapado, como su titular.

En el fondo, Gobierno y ELN están identificados ideológicamente, sin fisuras, y en consecuencia, a todo lo que pida esa guerrilla se accederá frente a su convidado de piedra.

La entrega será total. Esa, y no otra, será la “paz total”.

Entrevista con Andrés Úsuga Marín

En la entrevista de la semana estuvimos conversando con el abogado Andrés Úsuga Marín, quien recientemente concluyó sus compromisos como jurista en el Centro Nacional de la Memoria Histórica. Aquí aprovecha para contarnos cuál es la verdad oficial que se trata de difundir y cuál es la de las víctimas a la que aún no las han dejado hablar. No dejes de verla.

 

¿"Honorable senador" o...?

Por José Alvear Sanín*

Desde hace años en Colombia hay una palabra especialmente tabú: “comunista”, que precisamente por ser tabú no se puede aplicar a los que lo son. Cuando ellos se camuflan para desorientar al electorado, si mucho se los puede llamar “progresistas”.

En esas condiciones, el candidato castro-chavista —que por tanto lo es también de Fecode, Asonal judicial, la JEP, las FARC y sus pseudodisidencias, el ELN, la comisión de la “verdad”, el Partido Comunista aparente y el clandestino, el Foro de Sao Paulo, la legalización de los narcocultivos y la teología de la liberación—, es descrito habitualmente, en todos los medios, como el aspirante de centro-izquierda a la presidencia.

Con ese apelativo y con los guantes de seda con los que se lo trata, el “doctor” Petro, el “honorable” Petro, se ha convertido en un político normal que ya no asusta a nadie, ni siquiera al Nuncio Apostólico, que por su formación teológica tiene obligación de conocer que entre catolicismo y comunismo no puede haber entendimiento, y que preferir el segundo al Evangelio es traición propia de los discípulos de Judas.

Como nadie recuerda su nutrido prontuario como terrorista, ni su asesoría a Chávez como “economista”, ni su Alcaldía caótica, gárrula y dilapidadora, ni las bolsas de billetes, ni sus diarias mentiras sobre su patrimonio y su salud, podrán votar por él, desde los asesinos hasta las piadosas señoras de la Acción Católica parroquial…

Dos hechos recientes demuestran el clima de indolencia moral que impera:

1. Semana, a pesar de su aparente viraje hacia el centro y la objetividad, nos advierte que el modelo económico y social no corre peligro con ninguno de los candidatos. Con Petro, a juicio de esa publicación, solo se verá una mayor intervención del Estado, en especial en el área de la salud.

2. El director del Partido Liberal oculta cada vez menos sus preferencias por Petro en la segunda vuelta, como tampoco las disimulan la madre de los logreros Galán, la loquita de Ingrid y el señor Fajardo, entre muchos otros.

Ese clima se refleja en las encuestas —que todavía habrá que presumir veraces—, que desde hace ya como dos años vienen consolidando en la opinión la idea de que Petro es imparable…

Según la última de Guarumo, el candidato comunista alcanza el 31% en la primera vuelta, frente a 14% del Equipo Colombia y 10% entre los provectos señores de la “Esperanza”…

Ahora bien, si al pueblo colombiano le recordaran lo que inexorablemente llegará tras una presidencia de Petro, otra sería su suerte electoral. Pero mientras se oculte lo que nos espera si triunfa, sus posibilidades aumentan.

No hay un solo colombiano que no conozca la aterradora tragedia de los venezolanos. Todos los hemos visto mendigando y los encontramos a diario reemplazando a los colombianos más pobres en los oficios más humildes, aumentando el desempleo de nuestra gente, y, sin embargo, en la actual y definitiva campaña electoral Venezuela es invisible e innombrable.

Ahí está el ejemplo chileno. En ese país no se trató el tema venezolano y ya regresaron a La Moneda los nostálgicos del precursor de Maduro, el fatídico presidente comunista Allende, el del desorden, el derrumbe económico y la hambruna.

Nadie en los medios masivos, ni en los políticos, parece dispuesto a increpar a Petro, a recordar lo que hizo y aconsejó en Venezuela, ni a volver sobre su pasado sombrío y criminal, amparado por la prescripción, aunque su verdadero programa nos conduciría inevitablemente a ser una segunda Venezuela.

Ese silencio culpable sobre lo que es y significa Petro, y la falsa y pusilánime cortesía con la que se lo trata, nos llevarán al abismo. Con candidatos debiluchos y con debates donde no se toleran expresiones fuertes, afirmaciones contundentes ni enérgicas réplicas en los escasos minutos que se reservan para cada candidato, no se preserva la democracia. ¡A la serpiente hay que darle en la cabeza, para que no nos pique en el calcañar!

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Inquietudes

¿Qué se está haciendo para motivar a los abstencionistas?

¿Qué seguridad ofrece una Registraduría que a hurtadillas delega sus funciones en firmas cuestionables?

¿Será capaz el registrador de responder verazmente al oportuno cuestionario del Comité Electoral del Foro Atenas?

¿Hasta dónde es aceptable que Fecode cope los jurados de votación y les imparta consignas?

Ante el Gulag colombiano

Por José Alvear Sanín*

En la literatura del siglo xx ocupa un importantísimo lugar la novela, si así puede llamarse “El Archipiélago Gulag”, de Alexandr Solzhenitsyn, un inmenso documental sobre las infinitas facetas criminales y carcelarias que sirvieron de fundamento al Imperio Soviético.

No han faltado en la historia la crueldad y el terror, la guerra y la dominación, pero esas situaciones siempre fueron consideradas como abusos criminales, mientras en el sistema marxista-leninista devinieron el propio fundamento del Estado, porque la revolución divinizada, fuente del derecho, solo puede realizarse a través de la creciente y deliberada violencia que requiere sustentarla.

Una cosa es aceptar y practicar la violencia, y otra es reconocerla frente a la humanidad. Mientras más violento, represivo, cruel y sanguinario, más intenso el esfuerzo publicitario para presentar un régimen de terror como el abanderado único de la paz, la justicia social y la benevolencia. Hay que recordar las imágenes que se difundieron para pregonar la bondad de Lenin —el ideólogo del terror—, y de sus más aventajados seguidores, el “padrecito Stalin” y “el Gran Timonel” Mao Tse-tung, para no detenernos en los Kim, los jemeres rojos y Fidel.

Ahora bien, a partir de la Revolución Rusa, una propaganda tan falaz como exitosa afectó, a partir de la educación y los medios, a centenares de millones en Occidente, que llegaron a creer en el paraíso que el comunismo ofrecía, después de la derrota del nazismo, dictadura igualmente atroz. A partir de 1945, la propaganda decidió que la historia se divide entre lo negro y aterrador, el fascismo, y lo blanco y refulgente, el socialismo.

Afortunadamente los abismos del horror comunista no pudieron ocultarse definitivamente, a medida que investigaciones históricas, económicas y políticas demostraron que el comunismo solo produce barbarie, opresión y hambre. Las juventudes europeas, a partir de los años 70-80, fueron abriendo los ojos. Buena parte de este descubrimiento se debe a obras tan descriptivas como las de George Orwell, “La granja de los animales”, y “1984”; “El cero y el infinito”, de Arthur Koestler; “La noche quedó atrás”, de Jan Valtin, “La hora 25”, de Virgil Georghiu y “El doctor Zhivago”, de Boris Pasternak, entre muchas que revelaron los aspectos más aterradores del comunismo en los desventurados países que lo padecían. Pero ninguna fue tan contundente como “El Archipiélago Gulag”, narración sobre ese inhumano sistema, tan extensa como detallada.

Después de la aparición en Occidente de la obra de este gran escritor ruso, ignorar esa denuncia constituye mala fe.

El lector excusará este proemio, porque en Colombia el avance de la propaganda comunista entre la juventud indoctrinada en las universidades ha creado un clima cultural predominantemente marxista, muy parecido al que sufrió la juventud europea, como hemos visto atrás, porque  en nuestro país se viene montando una narración maniquea, donde las luces las exhibe la izquierda, mientras los demás son “fascistas”, corruptos, asesinos y “de extrema derecha”, que tienen a su servicio, para reprimir y asesinar al pueblo, a las fuerzas armadas.

Contra la anterior situación de derrota cultural y política, los gobiernos no han reaccionado hasta ahora. Al contrario, la tolerancia ha sido la costumbre, hasta llegar a la entrega de la justicia, a la Asonal Judicial; de la educción, a la Fecode; de los medios, a los mamertos; y en el Legislativo se han escriturado unas dos docenas de curules a los perores criminales de lesa humanidad. Y como si esto fuera poco, el futuro de las fuerzas militares depende de la JEP, uno de los tentáculos de la hidra de las “altas cortes”, que usurpan todos los poderes públicos.

En medio del desolador panorama anterior, debemos celebrar la tardía pero ejemplar respuesta de las fuerzas militares, que acaban de entregar a la JEP una denuncia de más de 9000 páginas, con el inventario detallado de las atrocidades de la guerrilla contra los niños, los campesinos, los secuestrados, los militares, los policías, y acerca de los campos anegados en petróleo, los mutilados por minas, el auge de los narcocultivos y miles más de crímenes.

Sin embargo, no basta con entregar ese estudio a la JEP, organismo al servicio de la subversión donde ni siquiera lo van a abrir. Hay que resumirlo en un tomo accesible al lector común, divulgarlo a través de los medios masivos con igual intensidad a la que recibió la lucha contra el covid (porque perder la libertad es peor que la muerte), hay que llevarlo a la academia, y así sucesivamente, para que el pueblo conozca el futuro que nos espera, si las elecciones las gana el candidato de las FARC, del narcotráfico, del castrochavismo y del Foro de Sao Paulo.

Hoy, no basta con una breve reseña de esa denuncia, para olvidarla luego, como tantas otras. Ese esfuerzo no puede convertirse en otro documento histórico inocuo.

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El candidato de marras dice que es cosa de Uribe lo que la congresista norteamericana María Elvira Salazar dice de él (“ladrón, marxista y terrorista”). En vez de amenazar y vociferar, ojalá ese individuo fuera capaz de refutarla. En Colombia, en cambio, ¡es el “doctor” y el “honorable senador” por aquí y por allá, una y otra vez!

Y, ¿quién defiende nuestra soberanía nacional?

Por. Luis Alfonso García Carmona

Olvidamos los colombianos los grandes temas que afectan al país para dedicarnos a las estériles discusiones puntuales sobre los personajes, sus intrascendentes discusiones, o, simplemente, para dar rienda suelta a nuestros pasionales odios o afectos en materia política.

Hablemos, por ejemplo, de la soberanía nacional. El concepto de soberanía es, desde la época de Jean Bodin, el poder absoluto y perpetuo de una república; y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural.

Nuestra carta política lo consagró en su artículo 3º. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

Es, ni más ni menos, que el fundamento de la existencia de Colombia como país independiente y, como tal, debemos preservarlo por encima de otras consideraciones.

Sin embargo, no ha sido así en la última década, lo cual, ha contribuido en forma determinante en la crisis política que ahora nos golpea.

El pueblo, depositario por mandato de la Constitución del poder soberano, rechazó en el plebiscito de 2016 la negociación adelantada por el presidente Santos y la guerrilla de las FARC. No obstante lo anterior, una mayoría del Congreso se abrogó la facultad de ratificar el acuerdo que el pueblo soberano había rechazado y una Corte Constitucional prevaricadora avaló semejante engendro jurídico, con la complicidad de la izquierda nacional e internacional.

Luego, mediante un procedimiento no contemplado en nuestra normatividad, el fast track, se incorporaron normas espurias a nuestra carta política, como la que dio origen a la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP). Nuevamente se violentó nuestra soberanía al permitir que un grupo de extranjeros (curiosamente de ideología marxista-leninista) designaran los magistrados de este exótico tribunal y que expertos juristas extranjeros intervengan en sus procesos (Art. 7º. A. L. 01 de 2017). Desde la época colonial los colombianos no habíamos sido juzgados por extranjeros.

Un Estado soberano no permite la injerencia de otros países o de organizaciones internaciones en sus asuntos internos.

Después de la sesgada actuación de los comisionados de Naciones Unidas permitiendo toda clase de engaños al Estado colombiano en la desmovilización de guerrilleros y en la entrega de armamento, esta organización se ha dedicado a exigir estricto cumplimiento de los acuerdos a una de las partes (el Gobierno) obviando el incumplimiento de la otra (la guerrilla). Como premio, el presidente Duque le prorrogó los contratos de asesoría a los delegados de esa “cueva de mamertos” en que se ha convertido la ONU. De otro lado, la CIDH de la OEA se convierte en altoparlante de los movimientos subversivos declarando que ha habido violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en la toma guerrillera de las ciudades colombianas, sin mencionar para nada los crímenes de lesa humanidad cometidos por los vándalos alentados por los movimientos de izquierda.

Sobra mencionar, porque es de todos conocida, la abierta intervención de la dictadura cubana impulsando la subversión en nuestro territorio desde hace varias décadas. No hace mucho asiló a los autores del genocidio cometido contra alumnos de la Escuela de Policía y se niega sistemáticamente a extraditarlos pasando por encima de la debilidad de nuestro gobierno en materia de defensa de la soberanía.

Para rematar, nos informan de un acuerdo celebrado por el presidente Duque con la Corte Penal Internacional, según el cual el Gobierno se compromete a blindar hacia el futuro a la JEP, a cambio de que la CPI cierre unos procesos iniciados contra nuestro país. Se hipoteca nuestra capacidad de dictar nuevas normas para modificar esa fábrica de impunidad, entregando de paso nuestra soberanía a este organismo.

Ya es hora de contar con un Gobierno con el carácter requerido para defender nuestra soberanía, cuya conquista representó muchas vidas y mucha sangre derramada. Al parecer, no es un tema que interese a nuestros gobernantes ni a los candidatos a la Presidencia. Entonces, ¿quién podrá defendernos?

Vigía: entre bombas, sicarios y políticos

Por John Marulanda*

Pocos ejércitos, si alguno en el mundo, y con certeza ninguno en América Latina, puede presentar estadísticas más estremecedoras que el colombiano en las décadas recientes.

Catarsis

Según el informe Catarsis, entregado a la JEP, justicia diseñada en Cuba por el secretario del Partido Comunista español, 5.707 militares fueron desaparecidos, 18.841 asesinados fuera de combate y 316 secuestrados, con corte a 2016. De las 269.573 víctimas militares que registra el informe preparado por el ejército y varias universidades, la JEP hasta ahora solo ha reconocido a 320.

Después de Afganistán, Colombia llegó a ser el país con más minas antipersonales sembradas en el mundo. Como consecuencia del empleo por parte de las FARC de estas armas prohibidas en el tratado de Ottawa de 1997, 7.829 víctimas son militares, pero solo 2.195 están reconocidas en el Registro Único de Víctimas. 71,9 % de los militares afectados, aún no pueden acceder a un sistema de reparación integral.

Por otro lado, según el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a 13 mil exnarcos terroristas farianos cuyas garantías asignadas en el acuerdo habanero vencían en agosto de 2019, esta administración se las prorrogó por tiempo indefinido. Es el proceso más garantista de todos los procesos de reincorporación en el mundo, asegura el funcionario, mientras en Colombia hoy se asesinan diariamente un promedio de dos miembros de la fuerza pública, por la espalda y en estado de indefensión.

Y la guerra política

Los resultados operacionales de las fuerzas militares y de la policía, son aprovechados retóricamente para desprestigiar las instituciones, minar su moral y entorpecer su operatividad. Los bombardeos, por ejemplo, legales y legítimos a la luz del DIH, son “asesinatos de niños” y cínicamente se exculpa a los terroristas del reclutamiento y presencia en sus campamentos de menores de edad. Imposible negar los “falsos positivos” por parte de miembros de la institución, pero la JEP especula con unas 6.400 ejecuciones extrajudiciales, sin nombres, fechas, lugares, como lo denuncia la candidata María Fernanda Cabal, una mujer de carácter. Este número arbitrario recuerda los 1.000 muertos de las bananeras de García Márquez (que no fueron más de 17, pero “había que llenar un vagón…”) y los 30 mil desaparecidos durante la dictadura en Argentina (inventados, no como frivolidad sino como política, como confesó el exmontonero Luis Labraña). Ya se sabe: lucha política. La creación de una sala especial para militares dentro de la JEP, es más urgente que nunca y ayudaría a aliviar la desconfianza que la gran mayoría de colombianos siente hacia esa ilegítima supracorte profariana.

En reciente sentencia, la Corte Constitucional autorizó el linchamiento público de varios comandantes militares, con un afiche titulado “¿Quién dio la orden?”, pregunta que de por sí, indica la incertidumbre de la situación. Sin un proceso legal completo, sin ser condenados en firme, se intenta estigmatizar ante la opinión pública los militares allí señalados, mientras los autores confesos de crímenes de lesa humanidad campean en el Congreso sin cejar en su lucha por el poder político, en paralelo con sus colegas que en la selva y con el apoyo de Venezuela, arrecian el terrorismo armado.

A pesar de esta campaña la institución militar del país neogranadino sigue siendo estadísticamente la más apreciada en el sentir nacional. En una reciente encuesta entre jóvenes, en un importante diario bogotano, a la pregunta “Qué tanta confianza tienen en…”, la respuesta fue, tratándose de jóvenes, sorprendente: primero las iglesias con el 43%, seguidas en segundo lugar por el Ejército con el 42%.

Siendo la institución con mayor confianza y, por ende, con mayor piso político en el país, la evidente falacia política de su maldad puede pasar una cuenta de cobro muy dura, como lo seguimos advirtiendo.

¿Será que caerá el telón detrás de los acuerdos de Cuba?

Por Luis Guillermo Echeverri Vélez*

¿Por qué tanto miedo en algunos medios afines y en las redes de los adalides del mal y sus encubridores mamertos a la extradición de Otoniel?

¿Qué quiere ocultar el malvado periodismo fariano - santista promotor de los acuerdos que multiplicaron exponencialmente la deforestación, la producción de cocaína, la minería ilegal, el narcotráfico y el narcoterrorismo?

¿Qué tanto hay de cercanía entre, las FARC -E P (que solo dejaron de existir en los sueños “nobelistiocos” de “Aguacate” (el gran estafador político madurado a punta de periódico que cambió en Cuba la Constitución de su patria en procura del Nobel con que engañó a toda la paz mundial), el ELN y los grupos paramilitares, hoy mal llamados bacrim, desde la era en que reinaron “Los Santos”, cuando la conveniencia que deforesta para sembrar muerte (coca y minería ilegal) es la que en materia de negocios, tanto los une?

¡Qué bonito! ¿Y ahora resulta que, por un anuncio de extradición, el gobierno Duque es el de la culpa?

¿Será que ahora sí hay miedo real a que se esclarezca y se sepa con nombres propios como es la “melé” entre la JEP y las prioridades en el concepto elástico de las víctimas que maneja esa fuerza bendecidora de impunidades e inquisidora del sistema de libertades: la justicia especial para las FARC - EP?

¿Será que ahora sí se puede saber sobre los roles reales tras la tramoya del doctor Cocoíta, de Leiva, el Rasputín colombiano, del arquitecto de la impunidad Enrique Santiago y del ideólogo de la Lumumba, Sergio Jaramillo, tras las naguas de los idiotas útiles que negociaron en nombre del cielo: el vice de Samper, el famoso canciller industrial alias el “Sargento García” y el iluso e imberbe hijo de papi recién llegado de Harvard?

Y ¿qué pasará si el hombre abre la boca y consigna en un expediente, en una corte de la justicia americana, delatando todo lo que puede haber escondido detrás del movimiento anual tanto local e internacional de 200 toneladas de cocaína?

¿Y por qué será tanto afán de encubrimiento a alias Otoniel?

¿Por qué le bajaron el volumen a lo que hay detrás de Memo “el Fantasma”, del azote del Choco alias “el Viejo”, de Guacho y de tantos otros, y a la reincidencia de Santrich, y a lo que hacen el ELN, el Paisa e Iván Márquez y la nueva Marquetalia desde Venezuela?

¿Y por qué le bajaron el gas a hablar de lo que ha representado la relación de Piedad Córdoba con el difunto Chávez y toda su pandilla de Maduro, Diosdado y el Cartel de los Soles?

¿Qué podrá el capo Otoniel contar de sus distribuidores en el país, en México, en el Caribe, en Venezuela, en Europa, en Brasil y en los propios Estados Unidos?

Después de manejar 200 toneladas de coca por año, ¿podrá contar algo de Gentil Duarte, de Pablo Catatumbo, de las mal llamadas disidencias, de Gustavo Bolívar, los bloqueos, la primera línea y la Colombia Humana, de los caciques mafiosos que vendían los niños de sus comunidades , del rol “justiciero y democrático” que pueda cumplir Iván Cepeda y los colectivos, de Granda, del niñero Pastor Alape, del santo Lozada, de Aida y del Gran Encomendero Juampa alias Santiago, y de Gustavo Francisco Petro Urrego, alias Andrés Aureliano y su nuevo M-19?

¿Podrá el país llegar a entender la filigrana del negocio entre el M-19, los cárteles de la droga, el objetivo de la quema del Palacio de Justicia, y luego con el parlamento, la constituyente y los gobiernos de la época dorada del narcotráfico?

Ayer sobraron los # del periodismo pro acuerdos con el narcoterrorismo fariano, tratando de armar controversia sobre tema Otoniel.

¿A quién le están haciendo la vuelta?

Qué flaco favor le hacen al derecho, a la justicia y a la legalidad, a los valores de la democracia y al Estado de derecho, abriendo un debate que tiende a tratar de justificar, el poder llevar a la JEP a un delincuente que maneja 200 toneladas año de clorhidrato de cocaína.

¿Tendrán miedo de que pueda contar algo sobre el falso proceso de paz y la agenda oculta del mismo?

¿Tendrán cutu-cutu de que un testimonio de un pez tan gordo desate el deber democrático pendiente del debate y la declaratoria ilegal de la Farc-política, igualmente grave o más que la Para-política?

¿Tendrán miedo acaso de que la juventud y las redes sociales descubran finalmente el mayor de los falsos positivos y que Uribe fue “el diablo” que combatió por igual el narcoterrorismo guerrillero y el “paraco” y extraditó los paramilitares a los Estados Unidos como lo ha venido haciendo la justicia colombiana y el presidente Iván Duque?

¿Pondrá ello en evidencia el lisonjero Nobel y el manto pacífico con que encubren los Santos su verdadera condición de mercaderes de la miseria humana?

Solo “El Tiempo” lo dirá.

Ante una prórroga político-electoral

Por José Alvear Sanín*

La mal llamada Comisión de la “Verdad”, formada por un cura tránsfuga y unos activistas de extrema izquierda, todos muy bien remunerados por el gobierno, es un mecanismo propagandístico de especial importancia, porque, siguiendo a Lenin, el partido define lo que es la verdad ahora, mañana y también con retroactividad. Por eso, en el “Acuerdo Final” se impuso ese organismo para formar un trípode con el Centro de la Memoria Histórica y la JEP, con el fin de cambiar la historia y la justicia del país, y lograr el control ideológico de la sociedad.

Sin embargo, eso se les desarticuló parcialmente con el nombramiento de un probo historiador profesional para dirigir el Centro de Memoria Histórica, al cual se ataca diariamente con inaudita virulencia, mientras las otras dos patas del entramado continúan su labor de demolición de las instituciones y tergiversación de los hechos.

Ahora bien, el encargo de la Comisión de la Falacia estaba previsto para estos días del 5° aniversario del desconocimiento de la voluntad soberana, pero como esa Comisión constituye el embrión del futuro Ministerio de la Verdad —en el sentido orwelliano—, era necesario lograr su costosa prórroga, de tal manera que antes de las próximas elecciones para Congreso y Presidencia pueda inundar al país de propaganda revolucionaria.

No sobra recordar que ese organismo tenía cinco años para presentar sus conclusiones. Estas ya se conocían desde antes del nombramiento de sus integrantes: cambiar la historia de Colombia, de tal manera que la subversión sea considerada como un movimiento heroico y benévolo, siempre respetuoso de los derechos humanos, en especial de los “retenidos”, a los que se les ofrecía buena comida y cómoda cama. Todo ello se hacía en defensa de la infancia y de un pueblo oprimido y masacrado por un gobierno tiránico, perverso y criminal, formado por los explotadores, los negreros y los traficantes del dolor humano.

No se requieren dotes especiales para saber de antemano que el informe final de la Comisión saldrá completo después de las elecciones, pero oportunas filtraciones previas a ellas producirán efectos demoledores contra las fuerzas democráticas.

Desde luego esta prórroga, que no ha merecido comentarios —porque nos han enseñado a aguantar todos los abusos—, está inscrita en el plan de conquista de los escasos poderes que aún no están en manos de la subversión, como la mayoría parlamentaria y la Presidencia. Cuando estas caigan vendrá el cambio del modelo económico y social, que dará al traste con la república y condenará al pueblo colombiano a igual miseria que la venezolana.

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Si cinco curules regaladas en el Senado y otras tantas en la Cámara ya desvirtúan gravemente el principio de la democracia representativa en el poder legislativo, ¿qué diremos de la situación el año entrante, cuando en la Cámara de Representantes el número de los escaños de la subversión suba de cinco a veintiuno? Tendrán entonces siempre el poder decisorio en esa corporación.

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Por agradecer con dinero público a algún periódico amigo, tiene que renunciar y es procesado el canciller Kurz en Austria, mientras los alcaldes progres en Colombia inundan diariamente los medios con ríos de mermelada.

Contrasentido

Por Antonio Montoya H.*

Es una idea, actitud o comportamiento contrario al razonamiento lógico y llamo este articulo así, aun trascurridos ya varios días, por el ominoso fallo de la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, que emitió en el proceso judicial que cursa contra el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, desde el año 2013, por causa de unas acusaciones que se le endilgaron por unos testigos que de todo tienen menos de ser creíbles, y en el cual se condena a siete años nueve meses de prisión y a una elevadísima sanción económica. El proceso continuará porque con seguridad se apelará el fallo condenatorio.

Yo deseo expresarle a la opinión pública, que en ese fallo hay todo menos justicia. La ponderación de las pruebas no es propiamente algo que con certeza amerite la condena, pero, sí considero que nuevamente la Corte Suprema, entra a castigar a un hombre por ideas políticas, con una clara motivación persecutoria contra él y el movimiento político del cual hace parte.

Él ha sido, y seguramente lo continuará haciendo, un trabajador incansable, que antes de participar en la vida pública, se desempeñó con éxito en el sector privado. Defensor de ideas democráticas, profesional del derecho, líder público que militó en las filas del Partido Conservador, lideró su propio grupo con éxito, ocupó cargos como gobernador, alcalde, ministro, embajador y cuando tenía la opción de ser candidato a la presidencia de Colombia fue objeto de un auto de detención que lo tuvo en prisión por más de tres años. Luego salió en libertad, pero ya había pasado la oportunidad de haber sido presidente de Colombia y con el paso del tiempo se dilató la opción y aun hoy se complica por causa del mencionado fallo.

De todo lo que lo acusan, lo que generan es titulares, los testigos falsos, las verdades a media y el proceso mismo, lleva el mismo camino de muchos otros miembros del Centro Democrático, que han sido condenados a purgar años de cárcel, por casos en los que los fallos han sido más de tinte político y vengativo, que a verdaderas causas que realmente estén defendiendo el patrimonio y el interés público. No han podido con el doctor Álvaro Uribe, pero uno tras otro le dan golpes bajos que seguramente le duelen y afectan, porque son sus compañeros de lucha son los que están cayendo en manos de la justicia, no la verdadera, sino la que surge de la politización de la justicia.

Cuántos políticos en su momento no trataron de dialogar con los paramilitares, con los guerrilleros, todos pretendiendo lograr negociaciones que ayudaran a la pacificación del país, todos o casi todos continúan ejerciendo la política, pero al doctor Ramos, no le perdonaron que buscara esa opción de paz, y conllevó a que lo acusen no solo de conversar en esa reunión, sino de acordar apoyos para su movimiento, lo cual, él no necesitaba ya que tenía la fuerza y la moral, para no pactar acuerdos de ese tinte.

Más grave aún, lo que realmente es un contrasentido, es lo que ocurre hoy en el Congreso de la República, por causa del acuerdo de paz, hacen parte de ese máximo organismo de la democracia, asesinos, violadores, terroristas, extorsionadores, secuestradores, que pusieron en jaque y aún persisten en ello al Estado colombiano. No han pagado un solo día de cárcel, causaron dolor, humillación y angustia en miles de hogares colombianos y ellos, allí pavoneándose, burlándose de la justicia y de las personas de bien.

El doctor Luis Alfredo, obviamente no requiere de mi defensa, no la necesita, pero si expreso mi dolor y tristeza por ese tipo de decisiones judiciales que espero sea revocada en la apelación. Lo único cierto que ha hecho, es defender la democracia, tener un buen hogar y liderar a un nutrido grupo que lo siguen en su ideario por un mejor país y lo acompaña hoy en el Centro Democrático.

Deseo que Colombia entienda que el camino que llevamos de pérdida de confianza en las tres ramas del poder en el país, a saber, la rama judicial, la legislativa y el ejecutivo, nos indican claramente que las fuerzas de la izquierda están adueñándose, politizándolas y así será muy difícil recuperar la institucionalidad. Están diezmando a los demócratas y luchadores vigilantes de la defensa de la democracia.

Vigía: la iconoclastia del odio

Por John Marulanda*

Un Bolívar con falencias tácticas pero decidido, solitario en su grandeza, pero bien respaldado por unos coroneles imbuidos en su misión, navegó más que Colón y Vasco de Gama, anduvo 10 veces más que Aníbal, tres más que Napoleón, el doble de Alejandro Magno y fue derrotado en seis de las 472 batallas que peleó.

Historia para un depósito

Con el apoyo de sus amigos ingleses, el caraqueño expulsó a los españoles de estas tierras y gestó la creación de seis naciones en una campaña militar asombrosa: luego de la batalla del Pantano de Vargas, (julio 1819), en donde murieron 300 patriotas, según el comandante español Barreiro, siguieron las de Boyacá (agosto del mismo año) con cerca de 100 bajas; Carabobo en Venezuela (junio 1821) con unas 300 bajas patriotas; Bomboná en el sur de Colombia (abril 1822),con más de 600 bajas; Pichincha en Ecuador (mayo 1822) con 350 bajas patriotas; Junín en Perú (agosto 1824) con unas 150 bajas, y Ayacucho, Perú, (diciembre 1824), con cerca de 1.000 bajas patriotas en combate contra Canterac y De la Serna, dos de los últimos generales españoles expulsados de suelo sudamericano.

Todos estos sacrificios se empezaron a reconocer públicamente desde principios del siglo anterior y en 1963 se inauguró el Monumento a los héroes, que recordaba el costo en vidas y sangre de esa proeza que nos parió como naciones soberanas y libres, en lo posible, claro. Y aunque en 2006 el Ministerio de la Cultura lo declaró bien de interés cultural del ámbito nacional, la Alcaldía de Bogotá, argumentando el paso del proyectado Metro, demolió la torre a martillazo limpio con la promesa de un nuevo centro cultural en otra parte de la ciudad, desatendiendo la ley, pues los bienes culturales deben ser protegidos, preservados y restaurados por mandato constitucional.

Como los vándalos de la tal Primera Línea vilipendiaron y pintarrajearon el monumento con grafitis de odio, de rabia, de una nueva historia de caos, pues la mesa estaba servida.

Bolívar, el idolatrado fetiche de la robolución bolivariana, fue evacuado del monumento en andas, a medianoche con todo y montura, y guardado en un depósito ante el riesgo de que algún muchacho ignorante y alucinado lo decapitara. Es un “canalla cobarde, brutal y miserable” dirían esos mozalbetes aprendices de nazis, citando a Marx (1858). No importa que estemos hablando del “el americano más prominente del siglo XIX”, como lo calificó recientemente la BBC de Londres.

Reescribiendo una historia feliz

Este desafuero es una demostración palmaria de la estrategia de la izquierda cuando llega al poder: borrar la memoria histórica vigente y recomponerla según su versión, por aquello de que quien gana es quien escribe la “verdad”.

El reemplazo de la historia oficial empezó de pleno a partir de los acuerdos habaneros. La Comisión de la Verdad oficia, espuriamente, como tribunal inquisitorial velado que en su Santo Oficio proclamará la nueva verdad: esos soldados patriotas que hace 200 años se sacrificaron y sus sucesores de hoy, todos, son culpables. Su memoria será maldita. Los generales y coroneles del Ejército bicentenario de hoy son estigmatizados, los soldados y policías colombianos asesinados por la espalda. La demolición de sus símbolos y monumentos es necesaria.

Y sus sustitutos ya están en camino. El buenazo líder campesino de alias "Monito Jojoy" es un buen alterno; alias "Timochenco" es un paradigma viviente del verdadero espíritu narco revolucionario que creará una nueva patria; alias "Sandra", maternal ella, que jura que los secuestrados tenían una “buena camita” y “buena comidita” en los campos de concentración de su amigo Jojoy, no puede ser mejor opción para la nueva historia.

De la JEP y la Comisión de la Verdad a la condena y de allí al derribamiento de monumentos, que ya se inició ante la indolencia generalizada, mientras se reescriben las cartillas escolares que recitarán las nuevas felices generaciones. En eso vamos.

¿Derrotismo o resolución?

Por José Alvear Sanín*

Ominosa la semana que ha pasado:

1.     A medida que se conocen los antecedentes terroristas de los ministros del sombrerón, aumenta el pánico económico en el Perú.

2.     Impelida por Biden, la oposición tira la toalla en Venezuela.

3.     En México, las ceremonias indigenistas de tergiversación de la historia alcanzan un nuevo paroxismo, con Amlo a la cabeza.

4.     La encuesta Invamer-Gallup nos presenta un Petro invencible en segunda vuelta.

5.     La señora Pachón se coloca en pole position para colaborar con Petro

La actitud de la intrigante viuda indica la tónica de una clase política que responde siempre a la pregunta de ¿Quiénes vamos ganando?

El viento de la resignación se extiende por doquier. El partido del apoyo irrestricto oscila entre la conformidad y la murmuración, pero en esa agrupación ya predomina la aceptación, como un hecho incontrovertible, de que el Acuerdo Final y la JEP son componentes inmodificables y obligatorios de la “Constitución”. Resignados al status quo, postergan la escogencia del candidato presidencial hasta marzo 2022, cuando ya no sea posible cosa distinta de presencia simbólica en las elecciones de la primera vuelta en mayo de ese año.

Como el CD tiene excelentes precandidatos que prácticamente no registran en las encuestas, esa posición es, hasta cierto punto, políticamente correcta.

La segunda vuelta es un mecanismo razonable en cuanto hace posible la reflexión de último minuto del electorado, pero no es garantía de éxito para el candidato moderado frente al extremista. Salvó al Ecuador, pero no funcionó en Perú. El resultado es aleatorio y desde ahora no puede aceptarse la idea de que quien quede de segundo salvará inexorablemente al país, de Petro, en junio 2022.

Actualmente el poder está mayoritariamente en manos de la izquierda revolucionaria: la justicia, la educación, los medios masivos. Los jurados de votación los pone Fecode. El cómputo electoral lo hace una empresa santista… Y como si todo eso fuera poco, la JEP y la Comisión de la “Verdad” ya entraron, con sendos y bien publicitados espectáculos, a intervenir en la contienda. La primera da la sensación de imparcialidad cuando reconoce 18 000 niños secuestrados, para luego absolver a los plagiarios; y la segunda, prorrogará su mandato, para arrojar continuamente lodo, de aquí a las elecciones, contra las fuerzas democráticas.

Lo anterior explica el derrotismo y la componenda con Petro, pero los acomodaticios olvidan que pasados unos pocos meses les llegará el triste y fatal destino que experimentan todos los moderados, desde los girondinos, cuando las palomas colaboran con los halcones, cuervos y gallinazos.

El país no puede entregarse al socialismo del siglo xxi, así no más.

Colombia espera a quien se resuelva a dar el grito de independencia, resistencia y recuperación, que encontrará respuesta en millones de patriotas.

La lucha que nos espera es heroica, difícil, definitiva, y habrá que darla —aconsejaba Mariano Ospina Hernández en momentos decisivos— “con el gobierno, sin el gobierno o contra el gobierno”: o ¡con los partidos, sin ellos o contra ellos!

***

¡De aquí a marzo, nos quedan 178 días!

NeoJuris

Por José Alvear Sanín*

Veíamos la semana pasada cómo con la Neolengua las palabras se construyen con fines políticos, para dirigir y controlar el pensamiento. En la práctica, los vocablos terminan significando todo lo contrario de lo que expresaban desde tiempo inmemorial. El primer ejemplo es el Ministerio del Amor, encargado del odio…

Decíamos también que en la rama judicial se vislumbraba nuestro futuro Ministerio del Amor; pero un buen amigo me dice que me equivoco, que el poder judicial ya ejerce plenamente ese Ministerio orwelliano.

Reflexionando sobre el pasado reciente del poder judicial encontramos de continuo, a partir de 2016, sentencias nefandas pero obligantes, que trastocan absolutamente el derecho. Aunque la rama tiene cuatro órganos supremos ‒Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado y JEP‒, actúa como un solo cuerpo, al igual de la Hidra, monstruo horripilante de varias cabezas, pero guiadas por un propósito único y terrible.

En la JEP, todos sus “magistrados” fueron escogidos por y para el servicio de las FARC, mientras en las otras tres “altas cortes”, apenas la mayoría es ostensiblemente mamerta, pero, en consecuencia, impone siempre la línea política conducente a socavar el estado de derecho y avanzar en el camino de la revolución.

La anterior situación no es percibida por las buenas gentes, formadas en el respeto secular por los tribunales, pero si enumeramos apenas los fallos más aberrantes, vemos que la palabra justicia, ahora, realmente significa prevaricato.

En efecto, desde el punto de vista del derecho, ¿qué cosa distinta de prevaricatos son ciertas sentencias?:

·         La que aceptó suplantar la decisión del pueblo soberano en las urnas, por una simple proposición ilegal, aprobada por las cámaras.

·         La que autorizó el “fast track” para expedir a las volandas y contra la Constitución docenas de leyes a favor de la subversión.

·         La que llamó a juicio por fraude procesal al doctor Uribe y excarceló a quien este había acusado con razón. De allí se siguió un proceso en el que la Corte Suprema violó deliberadamente todos los principios penales y las leyes procesales; además, las “pruebas” se inventaron.

·         La que despenalizó el aborto.

·         Las que obstaculizaron la extradición de un narcoterrorista, lo liberaron e hicieron posible su fuga.

·         Las que han invadido las competencias del Congreso, convirtiendo la Corte Constitucional en poder legislativo.

·         Las que obstruyen las funciones del gobierno y convierten a los jueces, empezando por los de tutela, en poder ejecutivo.

·         Las que inhiben la lucha contra el narcotráfico.

·         Las que obstaculizan la explotación de los recursos naturales.

·         Las que niegan las objeciones del poder ejecutivo a leyes inconstitucionales favorables a la subversión.

·         La que obsequia 16 curules a la revolución, eliminando el carácter representativo de la Cámara, y convierte a sus mayorías en rehenes del Secretariado.

·         Las que obstaculizan el restablecimiento del orden público.

·         Las que ponen en desventaja a la policía frente a los terroristas.

·         Las que condenan a priori a los funcionarios públicos de un gobierno y las que absuelven arbitrariamente a los políticos subversivos.

No quiero cansar al lector. Basten estos 14 ejemplos para reconocer que, si en Colombia volviese a imperar el derecho, las cárceles estarían repletas de jueces y magistrados.

La realidad, que tantos ilusos se resisten a aceptar, es que ahora en el país rige el NeoJuris o NeoLegis, cuya carta es el Acuerdo Final, sus principios generales son los de Lenin, Gramsci y Vishinski; sus códigos son las sentencias de la Corte Constitucional y sus oficiantes forman un órgano al servicio de la revolución, pluriforme pero jerárquico, unánime y disciplinado, que ya ejerce los tres poderes públicos, porque de la tridivisión clásica hemos pasado al poder monista del marxismo cultural y la praxis revolucionaria.

¡Y todo esto se acata! ¡Y se seguirá acatando!

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Ya el títere analfabeto notificó a los peruanos que la prioridad de “su gobierno” es la reforma constitucional.

Ojalá la nueva lección peruana no siga la triste suerte de la lección venezolana, que ya no nos inmuta.

¡Nos quedan diez meses…!