Pensar en grande, hacer más y hablar menos

Luis Guillermo Echeverri Vélez

La conclusión esencial de “La Rebelión de Atlas de la filósofa Ayn Rand”, es que la mente humana y la libertad son el motor del progreso, y la sociedad colapsa cuando los gobiernos y sus burocracias ideologizadas por el colectivismo explotan a quienes producen.

Sin duda la libertad es el motor del progreso y el desarrollo social al que se oponen los populismos que se alimentan de las ideas progresistas y wokistas como extensiones de la anticultura marxista y la teoría crítica de la escuela de Frankfurt que durante más de un siglo ha embrollado las definiciones de trabajo en equipo, lealtad y apoyo mutuo con el estatismo, y confundido las nociones del interés general y el bien común con el control de las metas de una sociedad en manos de una ideología revolucionaria y de los intereses individuales de unos pocos dispuestos a todo por controlar el poder político.

Los mamertos sínicamente se preguntan de donde sale tanta polarización extrema, mientras a las naciones se les pierden generaciones enteras escuchando a una clase política habladora de paja, y viendo el espectáculo grotesco y bizarro de una multiplicación partidista de ocasión donde quienes se precian de legítimos servidores, cohabitan y pernotan como loros en las ramas del poder público con pájaros estafadores y cuervos que son criminales reencauchados.

Solo generando confianza se puede evitar la polarización propia del aislamiento del ciudadano que hoy, con toda razón, desconfía de las instituciones, los partidos políticos, las ONG, el multilateralismo, la tecnología y de los medios de comunicación. Las redes sociales están convertidas en guillotinas manejadas por influenciadores prepago y los medios por pauta o activismo aniquilan reputaciones, mientras la justicia no se percata ni se da por aludida de la flagrancia delincuencial. La propia corte habla de un 6 % de efectividad de la justica, entonces, la inoperatividad del sistema representa la bicoca de un 94 % de impunidad. El delito paga, pues es menos riesgoso mangar y mamar que tener que tomar decisiones sanas, duras, complejas e impopulares.

En una democracia funcional el sistema judicial tiene que ser el eje que soporta la independencia, operatividad y balance de poderes donde el ejecutivo administre, no reine, y el legislativo mejore las leyes sin vender su conciencia en el bazar clientelista donde se transan altas posiciones políticas en favor de los intereses de los grandes contratistas estatales.

¿Cuál es la esperanza de una nación, si la justicia no se ocupa con nombre propio de los verdaderos culpables de la degeneración y la corrupción estatal, y si no se sacan los gusanos del plato de lentejas del que medra el sector público? La judicialización de los corruptos es la única forma para lograr la inversión de la carga burocrática, liberando la mente humana y la sociedad entera en función su desarrollo.

Estamos inundados de dólares recalentados, ensangrentados, inflacionarios, revaluadores, especuladores y exterminadores de la formación de capitales lícitos, de la industria exportadora y la competitividad productiva. Está funcionando a todo vapor la lavandería financiera como una nueva especie de “ventanilla siniestra” y la insolvencia del fisco es inevitable si no se toman medidas drásticas contra el narcotráfico, el lavado, el contrabando, el dumping, las remesas, la llegada de capitales golondrinas y las organizaciones criminales que financian la economía informal, mientras acrecientan las brechas sociales, económicas y la corrupción.

Si el poder se le sube a la cabeza a nuestros gobernantes y no se hacen las obras y la tarea de recuperar la justicia y optimizar del funcionamiento del Estado, si no hacemos más y dejamos de hablar tanta paja, si no neutralizamos a los incendiarios, traquetos, lavadores, violadores, secuestradores y asesinos empezando por los promotores del caos que a todo costo quieren mantener la anarquía, en cuatro años se nos pierde lo que queda de esperanza en el jarro de Pandora e iremos como ovejitas al matadero.

Jugando a la democracia como si fuera gallina ciega

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Tiene Colombia un grave problema de ilegitimidad e ilegalidad que mantiene a la sociedad jugando a la democracia como si fuera gallina ciega. Y eso nos pasa por aceptar en el debate democrático la participación de delincuentes y promotores de la subversión, del narcoterrorismo o sistemas autoritarios como el comunismo o de totalitarismos constitucionales como el SSXXI o la narco autocracia a la que se le abrió la entrada con el desconocimiento ilegal del NO y de la voluntad del constituyente primario que es el electorado en 2016 y con la subsecuente compra del Congreso y la corte para meter los acuerdos por medio del “fast-track” a la Constitución e instaurar la JEP en 2017.

Mientras eso no se corrija aquí vamos a seguir jugando a la gallina ciega política y generando más descontento social e inequidades de todo tipo, hasta que no quede vestigio de la democracia que por más de dos siglos nos ha mantenido unidos como nación.

Desde que hice la primera comunión he venido escuchando hablar a todo el mundo de “paz y de milagros”, pero por más que estudio e investigo y trato de averiguar, no he podido entender cómo funcionan esas dos cosas, ni he logrado que nadie me convenza de que eso existe por fuera del imaginario o sea real. La vida me ha enseñado a solo creer en el trabajo con ética, honestidad, transparencia y en hacer el bien con consistencia, que genere confiabilidad, y en poder cumplir siempre con el deber y hacer las cosas pensando en el interés general y el bien común.

De modo que el problema que tiene el país en medio de tantos intereses de poder representados en una actividad política anómala y en su mayoría corrompida es simple de comprender; si una edificación no está construida sobre unos cimientes sólidos y un piso firme, se cae de un solo lapo por un temblor de tierra o de a poquitos por causa de humedades y otros problemas estructurales, y lo mismo pasa si alguien los implosiona con dinamita, hay que volver a empezar por reconstruir esas bases con solidez. Entonces para poder tener un edificio bueno y funcional en donde vivir y trabajar, se refuerzan o se vuelven a hacer unos cimientes sólidos y se cuidan y se les da mantenimiento o no tenemos edificio en donde vivir y trabajar.

Y es que los fundamentos de las democracias son las instituciones políticas, sociales y económicas; y ellas no pueden estar operadas al mismo tiempo por una mezcla de personas que representan la licitud y otras que representan la ilicitud, el delito, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico e ideologías revolucionarias. Las revoluciones no transforman, primero destruyen todo y luego no tienen recursos ni gente preparada para reconstruir.

Por tanto, para poder solucionar el problema de que el país y todas sus áreas de funcionamiento puedan operar con una normalización clara y dentro de legalidad y no con un sistema operativo y de gobernabilidad híbrido e incompatible entre dos ideologías y dos modos de operar que se repelen, pues uno se enmarca en la ley y el otro en la legalidad, antes de hacer ninguna otra cosa. La misión de quienes operan esa institucionalidad es ponerse de acuerdo en que hay que meter a la cárcel a todos los ilegales así sean grandes delincuentes o roba gallinas, y en que los partidos garanticen por el mismo racero de la legalidad que quienes nos representen y nos gobiernen sean los profesionales más calificados y con más conocimientos y realizaciones con que cuente el país.

Si seguimos en un modelo de gobernanza conjunta entre la legalidad y la ilegalidad en cabeza de quienes nos gobiernan y administran, quienes legislan y quienes tienen la obligación de impartir justicia, y si seguimos llamando igualdad a la equidad, libertad al libertinaje, democracia a la anarquía y a la autocracia, conflicto armado a todos los ataques de los alzados en armas contra la sociedad y a la defensa de la constitución y la ciudadanía por medio de las fuerzas armadas equiparadas a los delincuentes, si seguimos acusando inocentes e indultando impunemente criminales de lesa humanidad, y si nos negamos a la transformación cultural para convertirnos en una sociedad civilizada en la era del conocimiento, entonces, el crecimiento y el desarrollo socioeconómico no son viables y el rumbo de la nación solo apunta al atraso, al empobrecimiento, al caos y a la destrucción de la institucionalidad, y por tanto seguiremos jugando gallina ciega y creciendo pero para abajo, como la cola de las vacas.

¿Para cuándo la reivindicación de los buenos?

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Nunca habrá avance social mientras el ciudadano, que nada debe, le tenga que temer a la injusticia a manos de la justicia. La ausencia de justicia es el mayor desastre de una sociedad. En medio de una exuberancia de individualismos, engaños y envidias atadas a la perennidad de un trópico infernal lleno de pestes y malezas disfrazadas de personas, hemos llegado al extremo de que sea la justicia la que más atropella lo justo y más ignora y machaca la verdad.

Aquí las Cortes cometen injusticias abusando por plata o ideología, y los entes de control están totalmente politizados. Perniciosamente conviven con la corrupción política afectando moralmente la sana convivencia, el desarrollo y el crecimiento humano que deben enmarcar la cultura de toda una nación, olvidando que existen para defender la constitución y el derecho.

Para la justicia ya no son malas las violaciones a la ley si las hace la criminalidad de botas y fusil, la pistolera o la que viste traje y está enjambrada en las instancias del poder central capitalino y su reflejo regional. Aquellos ya no tienen culpa porque son parte del pluralismo populista, la tolerancia y de la mal llamada justicia social progresista que aprieta la tenaza de la combinación de todas las formas de lucha. Aquí los que le salimos debiendo a la clase política corrupta que nos gobierna, somos los ciudadanos que acatamos la ley y pagamos impuestos.

Está pendiente en Colombia el debate y el enjuiciamiento al daño causado por la subversión. El Estado le debe al país, a las generaciones presentes y futuras el juicio político, social, económico y moral al daño que han hecho las narcoguerrillas, las organizaciones criminales y sus cómplices desde el Estado, la práctica torcida del derecho, y los partidos políticos e instituciones que dicen defender y representar el pueblo, pero que se han vendido a contratistas corruptos y a los intereses del gran negocio de la droga, que a tantos mata.

Sin ese juicio jamás podremos recuperar ni avanzar como sociedad civilizada. Mientras no haya consecuencias punibles sino impunidad, no habrá futuro ni esperanza en este país y seguiremos viviendo de la mentira, y en la negación de la mentira, y un pueblo que ha sido libre pasará a ser esclavo de un totalitarismo constitucional opresivo que solo favorecerá a los pocos que ejerzan el poder bajo las formas estatistas del SSXXI.

La nata podrida del poder de la capital, las cortes, la fiscalía y los demás entes de control han defendido cuantos procesos de paz les ha dado la gana de instaurar a los presidentes, pero nunca han permitido un enjuiciamiento a quienes agreden de manera violenta a toda la sociedad.

Los procesos de paz solo son formas injustas de obviar el sometimiento a la ley, de mantener las apariencias y esconder la impunidad negociada clandestinamente con todo tipo de organizaciones criminales que atracan, roban, atacan, extorsionan, matan y secuestran, violan, embarazan, hacen abortar niñas campesinas indefensas y convierten en sicarios a seres humanos inocentes.

Aquí hubo “Para-política” pero nunca FARC - política, pues para poder infestar el país de falsa paz, lo que se estila es la impunidad total. Nunca llegaremos a nada como sociedad mientras no se cumpla el deber democrático de hacerle el juicio político y legal en los propios estrados judiciales que no están ocupados por mérito sino por la plaga del vil clientelismo, y gran parte de nuestra clase política ha sido la validadora de las acciones de todo el crimen organizado. ¿Son esos los que queremos reelegir?

En el caso colombiano tras el biombo de la Justicia Especial para la Paz, (JEP) está desnuda la perniciosa vergüenza de las demás Cortes que se dejaron montar un negocio paralelo para proteger criminales, una inquisición moderna para moler la coercibilidad del derecho y el Estado gendarme, y para operar una lavandería selectiva de delitos de lesa humanidad.

Como dice el narco libretista, aquí los malos han sido los buenos que se tienen que aguantar los violentos, “los hijueputas policías”, y las familias que han entregado sus hijos para que los maten defendiendo la ciudadanía, los cientos de miles de personas que trabajamos para que medre a placer el progresismo que acomete la destrucción sistemática institucional de las arcas del Estado y de la riqueza que generamos los particulares.

Le han vendido al citadino y a la juventud el cuento de que quienes trabajamos y vivimos en el campo somos “paracos”. Pero ¿se han preguntado los políticos quiénes les dan de comer?, pues aquí no todo lo que llega a la mesa es importado. Se han preguntado al legislar ¿cuáles son los problemas con los que tenemos que lidiar quienes producimos para mantener a todos los que viven del Estado?

Parece que aquí solo van a enjuiciar y a expropiar a los empresarios que han generado empleo y puesto sus patrimonios a riesgo. Aquí gana el malo y lleva del bulto el que tenga una tierra y la trabaje, sea patrón, empleado, viva en la ciudad o tenga el valor de vivir en el campo para proteger su propiedad con su vida o con el alto costo de un secuestro, un asesinato o una extorsión.

Un Estado que no provea seguridad, justicia, no de ejemplo de austeridad ni provea servicios de agua, salud, energía, gas, sistemas de comunicación y transporte, y que no ofrezca confianza a la inversión, no tiene derecho a cobrarle un peso más al ciudadano que trabaja y tributa honestamente para mantener un negocio, que da empleo y sostiene otras familias.

Pongámonos de acuerdo para ir a las urnas el 21 de junio a manifestar nuestra determinación de votar por seguir siendo una nación libre y un país democrático en el que podamos construir algo mejor para las generaciones que vienen, evitando que Colombia se consolide como un narco Estado bajo el modelo Castro-chavista.

La Crónica: justicia a paso de tortuga o ¿teflón de la izquierda?

Rafael Uribe Uribe

Durante una visita judicial a su residencia en Barranquilla, el ministro del Interior profirió insultos gravísimos contra una magistrada recurriendo a expresiones como "HP", "loca”, “demente", “delincuente” y otras descalificaciones solo propias de una verdulera, lo cual resulta preocupante viniendo de una figura pública de tan alto rango.

La respuesta del presidente de la Corte Suprema fue sin tino e indulgente. En lugar de exigir la detención inmediata del ministro, como correspondía ante semejante comportamiento, simplemente invitó a que se moderase el lenguaje.

Por otra parte, el procurador defendió el respeto que merecen los magistrados y anunció “la apertura de una investigación”. Su reacción también se percibió anodina dado que trató las pruebas videográficas ampliamente difundidas como si carecieran de peso, ¿cree que solo son solo "música celestial"?

Esta actitud transmite una profunda indignación ante la ausencia de consecuencias reales tras unos hechos tan graves, y subraya la urgencia de una respuesta institucional sólida frente a los insultos y la falta de respeto en el ámbito judicial.

Resulta igualmente alarmante la tardanza injustificada en los procesos judiciales contra el exalcalde conocido como “pinturita” de Medellín. A pesar de los numerosos cargos de corrupción que supuestamente pesan en su contra y de casi todo su gabinete, y del estado deplorable en que dejó la administración de la ciudad, las imputaciones no han avanzado de manera oportuna ni transparente.

También preocupa la falta de celeridad en la investigación de los hechos confesados por el hijo mayor del presidente y su compañera sentimental. Estas confesiones han sido ampliamente difundidas por distintos medios de comunicación, pero, según parece, la Fiscalía ha dejado estos casos en el limbo, sin resultados contundentes.

Otro de los aspectos que agrava la percepción de impunidad en el país es la falta de avances por parte del CNE y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Estos organismos parecen permanecer estáticos, sin mostrar progreso en las investigaciones que tienen pendientes, especialmente las relacionadas con la presunta violación de los topes de campaña y otras acusaciones que pesan sobre el presidente. Esta inacción genera inquietud y contribuye a la sensación de que las instituciones encargadas de fiscalizar el poder ejecutivo no ejercen su función de manera efectiva ni oportuna.

Sigamos el ejemplo de María Corina Machado y asumamos el compromiso de verdaderos patriotas vigilando cada mesa de votación para evitar cualquier intento de fraude. Este no es el momento para retirarnos a la tranquilidad de las fincas ni para distraernos con el Mundial de Fútbol; la patria debe estar por encima de nuestra comodidad, de ello depende la salvación de nuestra democracia.

El Rincón de Dios

“Ya se te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué exige el Señor de ti? Practicar la justa justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios.” Miqueas 6:8

Justicia por mano propia

José Leonardo Rincón, S. J.

Impactan las noticias de conductores ebrios y ladrones linchados por turbas enardecidas. Las víctimas de estos occisos fueron gente inocente: algunos departían frente a un puesto de comidas, otros iban en moto o eran simples transeúntes que fueron embestidos con sevicia; una mamá a la que roban aprovechando que está ocupada con su pequeña hija... no son los primeros casos, no son los únicos, no serán los últimos.

Lo que se devela tras tan violentos acontecimientos, que ahora quiere sancionar la justicia, es que la gente está harta de la impunidad. Por el sector en el que vivo hay un ladrón de celulares que ha sido capturado 38 veces, llevado al CAI, y 38 veces ha sido dejando en libertad. Las muchachas que azuzaron a los asesinos del joven estudiante asesinado el 31 de octubre están libres porque no hay manera de involucrarlas. El aparato de justicia falla. Los delincuentes lo saben y por eso mismo siguen infringiendo la ley descaradamente, porque tienen claro que no les va a pasar nada. Son los ladrones callejeros de barrio, pero también los encumbrados funcionarios de cuello blanco en altas posiciones del Estado o los que tienen reconocidos e influyentes abogados que logran exonerar a sus clientes, como en el caso Colmenares.

La misma "autoridad" se siente impotente. Si no hay pruebas del acto en flagrancia, habilidosos, por no decir mañosos abogados, saben cómo eludir la justicia. Hecha la ley, fue hecha la trampa. Esto es lo que la ciudadanía tolera cada vez menos y por eso cobra justicia por propia mano. Más de un fletero motorizado ha sido abatido al momento de cometer su crimen.

Paradójicamente, ahí sí, la justicia funciona y el que actuaba en legítima defensa es judicializado y le cae todo el peso de la ley. El que se robó comida para sobrevivir es condenado a prisión, pero el corrupto que robó miles de millones anda suelto. Delinquir paga. Porque aquel pobretón se pudre en una cárcel, en tanto los distinguidos malhechores disfrutan de casa por cárcel o libertad condicional.

La justicia por propia mano es inmediata y efectiva. La justicia ordinaria ni cojea ni llega. Grave el asunto en un marco de Estado fallido. Los centros de reclusión padecen de hacinamiento. Decenas de miles de procesos están detenidos. No se avanza. Cuando en una de nuestras casas nos hicieron un robo, el funcionario de la fiscalía que atendió el caso sobre las 10 de la mañana, nos dijo que era el cuarto caso de denuncia que ese mismo día estaba recibiendo y que por el estilo, cada día, eran como 10 que solo a él le tocaba atender. Hagamos cuentas de los altos índices de criminalidad. Más aún, siendo sincero, aunque el robo había sido cuantioso, como no había lesiones personales ni muertos, de seguro no avanzaría, nos dijo alentando nuestra resignación. Así ha sido: casi un año después solo hubo una ampliación de la denuncia pasados seis meses y luego, nada.

A propósito de los cada vez más recurrentes casos de justicia por propia mano, vamos a ver qué dicen las "autoridades". Ya veo declaraciones compungidas lamentando los hechos, descalificando el inaceptable proceder de las turbas asesinas, pidiendo dejar que la justicia ordinaria actúe legítimamente, para que todo siga igual o peor que antes. Pasa aquí y pasa en otras latitudes. La muerte del alcalde de Uruapan, en México, estaba perfectamente anunciada: no ha pasado nada. El genocidio en Gaza, crimen de lesa humanidad, se sigue dando ante los ojos indiferentes de la comunidad internacional: no pasa nada. La cuestión es y ¿por qué tenemos que esperar dictaduras y regímenes que impongan orden y disciplina con también potenciales excesos?, ¿por qué tenemos que seguir aguantando impotentes la injusticia e impunidad que están a la orden del día?, ¿hasta cuándo?

El costo del permisismo en la narrativa:

María Cristina Isaza M.

Cuando la corrección política mata la verdad

“La tolerancia ilimitada conduce a la desaparición de la tolerancia” – Karl Popper

“Piedad por el culpable es traición al inocente” – Ayn Rand

La corrección política, presentada como virtud, se ha transformado en el mayor enemigo de la verdad y de la justicia. El permisismo frente a la narrativa woke (progresista), ha permitido que esta se instale casi como un dogma incuestionable, pues bajo la retahíla de dignidad, compasión, justicia social e inclusión (que da una falsa aura de superioridad moral y convierte cualquier desacuerdo en “intolerancia”) se ha conducido al borrado de la responsabilidad, se ha erosionado la meritocracia, distorsionado la justicia, fomentado el odio y se ha terminado por socavar la democracia.

Cuatro dolorosos hechos recientes lo confirman.

1. El asesinato de Miguel Uribe

A punta de corrección política se permitió que el discurso de los “progresistas” penetrara en la sociedad colombiana, incubando resentimiento, victimismo y división. Ideas que desestiman la meritocracia y glorifican el odio llegaron a todos los estamentos y consiguieron normalizar la deslegitimación del adversario. El resultado fue la elección de un gobierno movido por rencores, cuyo presidente, en vez de cumplir su deber constitucional de mantener la unidad, la incendia día tras día desde tarima y redes sociales, hasta llamar a la “guerra o muerte”. Pocos días después, un candidato presidencial fue víctima de un atentado mortal.

2. El asesinato de Irina Zarutska

El progresismo se ha vuelto cómplice de la criminalidad: más compasión por el delincuente que por la víctima. Se multiplican las “segundas, terceras y hasta catorceavas oportunidades” para criminales, mientras el castigo por el acto en sí desaparece. El robo ya no es robo, depende de “quién” lo comete y bajo qué circunstancias. La consecuencia del relativismo es una justicia débil que no aparta a los criminales de la sociedad y, por ende, más víctimas inocentes.

3. El asesinato de Charlie Kirk

Gran orador, brillante en el debate y capaz de desmontar las incoherencias de la izquierda woke. No pudieron vencerlo en argumentos y lo silenciaron a la fuerza. Su asesinato expone la verdadera cara de muchos de quienes se autoproclaman “tolerantes”: celebran la violencia cuando se ejerce contra quienes piensan distinto. Siempre advertí que el progresismo es más peligroso que el populismo: mientras el populismo puede mantener algún grado de coherencia y pragamatismo, el progresismo es irracionalidad pura, sostenida en fantasías (al igual que el comunismo), resentimientos y promesas imposibles.

4. El fraude del ministro de “igualdad”

Lo advertimos: sembrar histeria en torno al género, la auto-percepción y los pronombres terminaría volviéndose contra las mujeres, pues fácilmente la identidad performativa puede convertirse en estrategia política. Vimos como el ministro Florián se escudó en identificaciones “no binarias” para reclamar cuotas de género que correspondían a mujeres. Las mismas feministas y los “aliados” que han promovido términos como “personas menstruantes” (borrándonos de un plumazo a las mujeres), que escriben “lxs o elles” para ser “inclusivxs”, no patriarcales y que han aplaudido la confusión de los límites biológicos, hoy ven cómo nos arrebatan los derechos que pretendían defender, usando sus propios argumentos. El progresismo no libera, destruye.

Algunas conclusiones

El abuso de palabras como “nazi”, “fascista”, “racista”, “misógino” y otras, ha vaciado estos conceptos de sentido, y peor aún, el resultado de clasificar todo como odio y de usarlas tan olímpicamente, ha sido todo lo contrario: incubar el odio real, pues se socavó el debate y la discusión basada en hechos y datos… entonces si alguien dice que una mujer trans, no es mujer… ¡intolerante, claro que es mujer!, fin de la discusión, porque con “intolerantes” no discuto. Además, si eres “nazi”, puedo justificar el matarte.

Por otro lado, cuando se relativiza un crimen por la identidad del criminal o su historia de vida y no se juzga el acto en sí, se entierra la igualdad ante la ley. Cuando en Estados Unidos se vuelve “incorrecto” perseguir a los ladrones de tiendas, lo que se fomenta no es la equidad, ni la justicia sino más crimen y una pérdida completa de valores. Y cuando se persigue el debate con acusaciones morales en lugar de argumentos, lo que emerge es la reacción contraria: misoginia, racismo y rechazo a las minorías.

Todos estos casos muestran que confundir compasión e inclusión con permisividad y relativismo solo infantilizan y debilitan a la sociedad.

Con decepción veo que muchos de los mismos promotores de este delirio, son críticos de sus consecuencias y buscan remediarlo a su manera, mientras siguen considerando, por ejemplo, en el caso colombiano, que un partido como el CD es de “extrema derecha”, cuando fue el partido que advirtió constantemente del desastre que se avecinaba, que ha sido coherente en su oposición y que ha defendido nuestra democracia de los ataques del Gobierno actual. Algunos pretenden marginarlo, mientras ellos, los “políticamente correctos”, siguen creyendo en su superioridad moral e intelectual y son incapaces de reconocer sus errores sobre como ese discurso que promovieron, ha traído consecuencias nefastas en la sociedad.

La corrección política no está creando sociedades más justas, sino sociedades hartas, resentidas y dispuestas a girar hacia extremos (extremos reales). Ese es el precio del permisismo y de silenciar el debate: exacerbar el mismo monstruo que se dice combatir.

Los ciudadanos no podemos seguir siendo espectadores pasivos. Si permitimos que la corrección política defina la justicia, la moral y el debate público, terminaremos viviendo en sociedades donde la verdad y el orden son castigados y la mentira premiada. Perderemos libertades y la brújula moral y ética, al no distinguir el bien del mal.

Es hora de recuperar el valor de la palabra clara, de exigir justicia que castigue al crimen sin relativismos, de defender la meritocracia y de no dejar que nos arrebaten la democracia disfrazando la censura de tolerancia. La responsabilidad es nuestra: o hablamos hoy con firmeza y defendemos la verdad, o mañana no tendremos derecho a hablar y seguiremos gobernados por la mentira, mientras se imponen extremos reales que pretenda devolvernos a épocas donde la misoginia, el racismo y la homofobia reinen.

Ciega, coja y de ruana

José Leonardo Rincón, S. J.

Me ha estado dando vueltas en la cabeza la imagen de Temis, la diosa griega de la justicia, representada simbólicamente en esa mujer esbelta que tiene los ojos cubiertos y en sus manos sostiene una balanza y una espada. Tiene sentido: ecuanimidad, equilibrio, rigor. Jocosamente aquí en Macondo decimos, además, que es coja por lo lenta y para los de ruana porque pareciera no ser igual con todos.

Pero lo que más me ha llamado la atención, en medio del agite suscitado por la sentencia contra el expresidente Uribe, es que algunos personajes, comenzando por el presidente, cacarean por redes sus afectos o desafectos, según la conveniencia de turno, es decir, si me gusta y estoy de acuerdo con sus fallos, entonces hay que acatar, respetar, someterse. Pero si me afecta, no me gusta, me condena, entonces es porque está sesgada, politizada, manipulada.

Por supuesto también he pensado que no es una diosa griega ni romana la que imparte justicia, sino que son hombres y mujeres de carne y hueso, con virtudes y defectos, para quienes hacer justicia dictando sentencias, no debe ser una tarea nada fácil y sus fallos estarán siempre expuestos a amores y odios, filias y fobias, admiración o desprecio. Se necesita mucho coraje, tenacidad y cuero duro para ejercerla.

Idealmente, la justicia está vendada en sus ojos, sin que deba ser ciega, porque no debe sesgarse por afectos o desafectos sino regirse por principios y valores iguales para todos. La balanza simboliza más que igualdad, equidad. Sí igualdad como punto de partida, pero finalmente equidad porque puede inclinarse a un lado u otro una vez sopesados los argumentos. La espada simboliza la lucha contra la maldad, el crimen y todo lo que afecte, vulnere o irrespete los derechos y deberes humanos. Aquí decimos que cojea porque se demora en llegar, desespera por lo lenta, se toma mucho tiempo en hacerse sentir. Y decimos también que es para los de ruana porque, lamentablemente, se ha visto cómo ha sido implacable con unos y laxa y benévola con otros, proceder realmente incomprensible a primera vista.

Y a propósito de violación de los derechos humanos, ya hace años, mi hermano jesuita Javier Giraldo me hizo una distinción al respecto que me resultó iluminadora por sensata y sabia: los únicos que violan esos derechos son los agentes del Estado, porque por oficio son los garantes de los mismos y jamás deberían omitir su estricto cumplimiento. En tanto los demás que procedan mal, no los violan, sencillamente son unos delincuentes que deben ser tratados como tales. El error de base es el mismo (por ejemplo, el asesinato de una persona) pero la calificación del delito es diferente, cualitativamente hablando, por la condición del actor que comete el crimen, pues si lo comete un defensor de la vida es mucho más grave que si lo hiciese un vulgar delincuente.

La justicia siempre será susceptible de equivocarse porque está mediada por el actuar humano, pero si fallare la humana en todas sus instancias, nos consuela la divina en el tribunal de Dios, el Justo por antonomasia.

Justicia balurda a la medida del criminal

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Sin respeto a la dignidad de las víctimas jamás habrá justicia en Colombia. Amnistiar criminales de lesa humanidad tiene un insostenible costo social y jurídico, que se multiplica cuando la impunidad incluye llevarlos al parlamento y la presidencia de un país.

No habrá paz en Colombia mientras nuestro nivel cultural y educativo, y nuestra actitud indiferente frente a la violencia causada por el crimen organizado nos lleve a que algunas actuaciones de una justicia ideologizada se confeccionen a la medida del criminal, y sigamos victimizando a los delincuentes.

La cooperación nórdica ha terminado auspiciando el laboratorio social desde el cual se propaga el mensaje publicitario de la revolución y se promueve el amancebamiento de la izquierda con toda suerte de organizaciones criminales que se valen del terrorismo y de la comisión de delitos de lesa humanidad, para debilitar nuestros Estados y sociedades.

En política no hay casualidades. ¿Qué tan contaminada está nuestra administración de justicia de la ideología mamerta y de los mecanismos para encubrir criminales, que malversan recursos de la cooperación europea?

Viajó el mandatario a Europa, con la mentira de ir como líder regional a una conferencia de paz donde su militancia revolucionaria y su promoción del terrorismo no serían bienvenidas. Fue a Suecia, acompañado por grandes grupos empresariales que avalaron social y políticamente una misión revolucionaria en favor de un narcoterrorismo sanguinario, para buscar la complacencia de los mercaderes ideológicos que administran aquella gélida guarida de delincuentes subsidiados.

El viaje tuvo varios objetivos: invertir la realidad de la historia colombiana, ofrecer la compra de aviones Saab Gripen, traer los niños mutilados de Gaza al hospital militar, y promover que saquen al ELN de la lista de organizaciones terroristas internacionales, para poder esparcir su psicodélica utopía de “narco-paz total”. Quizás en búsqueda de comprar una nominación al premio Nobel de Paz.

Hace 42 años la ORP (Organización Revolucionaria del Pueblo) un movimiento terrorista urbano, financió con recursos nórdicos para la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri, quien fue concejal de Bogotá, embajadora en la ONU, querida por todas las acciones comunales y las comunidades indígenas del país. Una verdadera líder social, que entonces era la directora nacional de la oficina de desarrollo de la comunidad Digidec, hija del empresario secuestrado y asesinado Oliverio Lara Borrero, y esposa de Héctor Echeverri Correa, presidente del Senado.

Este caso sigue impune jamás ha sido reconocido por el Estado colombiano como crimen de lesa humanidad. Los llamados a juicio como secuestradores y asesinos eran dirigentes de la ANUC y militantes del MNDP o DP (Movimiento Nacional Democrático Popular) y de su núcleo ideológico la ORP. Participaron como activistas en la campaña de Luis Carlos Galán, y consiguieron huir de la justicia colombiana cuando apelaron a su primer llamamiento a juicio en 1983, ayudados por la Embajada de Francia y el gobierno de la paz de Betancur y amparados por una gran campaña mediática a su favor que encabezaron, Galán, Enrique Santos, El Tiempo, TV-Hoy, 360 Grados, Semana, El Espacio y el Bogotano.

Mis tíos, Héctor y Gloria dedicaron gran parte de su vida y de sus recursos personales a hacer trabajo social en los barrios de Bogotá y en muchas comunidades necesitadas del país, llevándole a la gente salud y todo un abanico de ayudas que el Estado no les proveía.

Las pruebas efectuadas por la justicia indican que el objetivo político de la ORP era demostrar su capacidad para perpetrar acciones violentas, con el secuestro y asesinato de una verdadera y reconocida líder social, madre y esposa, que representaba la alta clase económica del país, para ganar reconocimiento, espacios y credibilidad ante el Partido Comunista Colombiano y las grandes organizaciones revolucionarias y guerrilleras que tanto han azotado con violencia al país.

Después de 42 años la familia sigue esperando justicia, y los imputados por secuestro y asesinato siguen ayudados por la mano invisible que financia la ideología revolucionaria; luego de confesiones, de una sentencia condenatoria, 14 procesos judiciales y varias solicitudes de la procuraduría, lograron que el caso prescribiera en 1998, y que no se considerara un crimen de lesa humanidad por la Corte Suprema en 2012.

¿Puede responder el Estado, por qué sí fue considerado crimen de lesa humanidad el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado y el de Gloria Lara prescribió? Y ¿por qué el mandatario fue a Suecia a defender en una de sus alocuciones a quienes fueron señalados como secuestradores y asesinos de Gloria Lara y acusar a la familia de ese magnicidio y cobarde feminicidio?

¡Jamás le perdonarán!

Por José Alvear Sanín

Los episodios de la vendetta contra el doctor Álvaro Uribe Vélez se han convertido en infundios a los que nadie pone atención, porque se suceden cotidianamente desde el propio día de su posesión como presidente, el 7 de agosto de 2002.

Desde hace 21 años, rutinariamente, sin faltar un solo día, el doctor Uribe Vélez es objeto de ataques virulentos para castigarlo por haberse opuesto a la toma del país por parte de todas las fuerzas revolucionarias combinadas, en su propósito de alcanzar el poder, del que ya se veían dueñas.

Al finalizar su segundo mandato la vindicta se agudizó, para perseguirlo hasta el último día de su vida por el crimen imperdonable de haber aplazado ocho años la toma comunista del Estado.

Como el odio es la mayor motivación anímica del comunismo, lo anterior no es de extrañar.

Su primer sucesor traicionó al país suscribiendo el infame “acuerdo final” con las FARC, que se puso en vigencia contra la expresa voluntad del pueblo colombiano; y el segundo se vio maniatado por un ordenamiento constitucional deslegitimado y prostituido por su origen fraudulento.

Con semejantes premisas, la caída del país era inevitable y Colombia se encamina ahora hacia un destino comparable al de Venezuela, bajo la actual narco-dictadura...

Álvaro Uribe Vélez fue un gran presidente en todas las áreas: recuperó el orden público; derrotó militarmente a la subversión; saneó las finanzas; propició el crecimiento económico, y con la reforma del raquítico servicio de salud pública puso las bases que permitieron convertir el sistema asistencial colombiano en uno de los mejores del mundo.

Colombia, en vez de agradecer esa gestión incansable, eficaz y benéfica, de uno de los mejores gobernantes de toda su historia, presta oídos a la diaria catarata de desinformación y calumnias, que lo pinta como un cruel asesino con las manos manchadas de sangre, culpable de incontables masacres y violador de todos los derechos humanos, para que de tal manera las nuevas generaciones lo vean incluso como émulo de Hitler.

Reconozco que el expresidente sí persiguió a los narcotraficantes, los secuestradores, los paramilitares y los guerrilleros que reclutaban y violaban niños, traficaban narcóticos, volaban oleoductos contaminando ríos y vegas, y a los demás benévolos terroristas que mataban para crear un país justo.

Como los individuos anteriormente citados gobiernan ahora el país, no es de extrañar la persecución judicial emprendida contra Uribe con denuncias falsas, como en el caso Monsalve. Como esa acusación no puede ser más endeble —aunque ha dado lugar a una saga judicial interminable— ahora se preparan dos nuevos “frentes judiciales” contra el expresidente:

 1-Extralimitando sus facultades, en la “justicia especial para la paz” se prepara su incriminación por la siempre creciente cifra de “falsos positivos”, y 2. Se le acusa de crímenes imprescriptibles de lesa humanidad, en Argentina.

En algunos países, dizque los jueces disponen de jurisdicción universal que les permite investigar y castigar los delitos contra la humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo.

Parece que en Argentina existen leyes que permiten esa grotesca intervención en otros países, y por tanto, un colectivo comunista colombiano de la peor índole está intentando una acción contra Uribe, como la que llevó a la detención del general Pinochet en Londres.

Preocupante actuación, porque allí también puede aparecer el juez prevaricador que se preste a una maquinación como la que se prepara contra Uribe Vélez, quien se ha dirigido al pueblo argentino en un excelente comunicado en el que desbarata las principales calumnias en su contra.

Mejor haría la justicia argentina en juzgar a los delincuentes políticos de su repugnante pasado peronista, que en perseguir a un ciudadano extranjero por el crimen de haber defendido a su país.

Hacia el frente cívico o hacia la hecatombe

Por: Luis Alfonso García Carmona

La descomposición moral que ha permeado los niveles directivos del Estado conduce al país, de manera acelerada, a la más dramática catástrofe en la historia de la sociedad colombiana.

Mírese cualquier aspecto de la vida nacional para encontrar solamente caos, desbarajuste, destrucción y retroceso. La seguridad, primordial obligación del Estado, ha sido sustituida por la impunidad para los criminales, el desmoronamiento de las fuerzas del orden, la financiación de grupos ilegales con los remoquetes de “gestores de paz” o de “guardias campesinas o indígenas”, y la consolidación de las empresas criminales, comenzando por el narcotráfico.

La oferta de empleo y de una sólida seguridad social para la protección de las clases trabajadoras y de sus familias se ha venido a pique, merced a unas normas laborales que desestimulan la contratación de personal, unas absurdas reformas al sistema sanitario y al régimen pensional, y unas perjudiciales medidas que sepultarán en la inflación y en el déficit fiscal toda posibilidad de crecimiento económico.

La justicia, más interesada en perseguir a los militares y a los contradictores del régimen que en proteger a los honrados ciudadanos y resolver oportunamente sus conflictos, se ha sumido en la parcialidad, la politización y la corrupción. Nada han contribuido para el cumplimiento de su trascendental tarea los inmensos presupuestos al servicio de la JEP, los organismos de control y la Rama Jurisdiccional.

Crecen desaforadamente los gastos estatales con aumento inconsulto de la burocracia, y viajes faraónicos sin ninguna necesidad, salvo la de invitar masivamente a los áulicos del régimen a hacer turismo con el dinero de los contribuyentes. Entre tanto, se disminuyen las partidas para obras de infraestructura que el país requiere con urgencia y para atención de las necesidades urgentes de la comunidad.

Las relaciones exteriores no podían caer más bajo. Desorden y errores monumentales en la designación de diplomáticos con antecedentes de dudosa ortografía y sin la preparación necesaria para el desempeño de sus cargos, bajo la batuta del aliado de las FARC elevado extrañamente a dirigir las relaciones internacionales del país. Por supuesto, la política se enmarca a hora en cubrir los desmanes de los dictadores de izquierda como Maduro o la defensa de los terroristas de Hamas, la alabanza al genocida Mao, la promoción de la cocaína por encima de la explotación del petróleo, o la lucha contra el supuesto cambio climático en el cual, en caso de que existiera, la participación del país sería mínima.

Se ha desterrado la inversión nacional o extranjera para crear empleo y contribuir al desarrollo, mediante el fatídico discurso del odio contra la clase empresarial, las amenazas de expropiación, la falta de seguridad y el aumento de los gastos fiscales y laborales.

Temas de la más aterradora gravedad no pueden quedar en el tintero:

¿Cómo será la vida en Colombia a partir de la vigencia de la reforma a la salud, en la que este fundamental servicio quede en manos de la corrupción estatal y se arrase con la infraestructura que en la actualidad cubre casi al 100% de los colombianos?

¿Cuál será el futuro de Colombia cuando en el anunciado acuerdo con el ELN se eleven a la categoría de normas constitucionales todas las propuestas aprobadas en los llamados “comité nacionales de participación”, compuestos en un 80% por elementos de la izquierda radical, cuyas recomendaciones tienen fuerza vinculante en el acuerdo de paz?

¿Hasta cuándo resistirán los compatriotas la falta de justicia evidenciada en una Comisión de Acusaciones que se niega a adelantar el proceso contra el guerrillero Petro por exceder los límites de gastos en su campaña, el cual está sancionado con la separación del cargo?

Si nuestra clase política ha sido indiferente a la solución de estos cruciales problemas, como se está demostrando día a día, no así el pueblo colombiano que sigue manifestándose con el grito de “Fuera Petro” desde todos los rincones de Colombia.

Todas las encuestas en los últimos años desnudan como los entes más desacreditados al Congreso, a los políticos y la administración de Justicia.

Es hora ya de que actuemos según la lógica y nos desprendamos de quienes han sido responsables de esta oscura coyuntura en que nos encontramos.

Formemos todos los que no creemos en nuestra corrupta dirigencia política un “Frente Cívico”, no sólo para derrocar a Petro, sino para reconstruir a Colombia, comenzando por corregir los errores de este régimen y archivar sus funestos proyectos. Ya las bases están concientizadas y se han tomado las calles, los estadios, las encuestas. Esa es la solución que a todos nos une. No hay que discutir sobre posiciones ideológicas ni modos de ver al Estado. Basta con que corrijamos lo que está mal y elijamos nuevos líderes que nos gobiernen pensando en el Bien Común, no en sus propios intereses.

Voces que no se escuchan

Por Pedro Juan González Carvajal

Sigue siendo válida la aseveración tanguera de que “gran poder es el dinero”, así como la expresión que dice que “se escucha un atronador silencio”.

Sabiendo que todos sin excepción tenemos intereses y necesidades, y por qué no lealtades o complicidades, llama la atención lo ocurrido con el Grupo Aval cuando paga una sanción en el exterior como compensación por haber aceptado la participación en sobornos alrededor de Odebrecht.

Cada país establece su tipo de justicia lo cual es respetable.

Lo simpático del asunto es que aquí, en el país del Sagrado Corazón, una aceptación y confirmación pública de que se ha cometido un delito en Colombia no pase de ser una noticia de tercer nivel mientras que otro tipo de eventos farandulescos sí copan la atención, el moralismo y la rigurosidad de nuestro aparato de justicia y de nuestra sociedad.

¿Dónde están las voces de los editorialistas, de las universidades, de la Iglesia, de la Super Intendencia Financiera y de las voces vivas de la sociedad?

¿Pasaremos de agache y ni siquiera una sanción social, o una sanción moral tendrán estos delincuentes de cuello blanco? ¿Los seguiremos tratando como si fueran personas prestantes?

¿Ese es el ejemplo de cómo hacer negocios? ¿Seguiremos hablando de responsabilidad social empresarial y de la ética en los negocios?

Ya el Evangelio los catalogaba como “sepulcros blanqueados” o como fariseos. ¿Cuál de estas denominaciones amable lector le gusta más?

Pasando a otro tema donde también el silencio denuncia complicidad, es la falta de respuesta por parte de la sociedad antioqueña y en especial de la de Medellín a la propuesta de un candidato a la Alcaldía de que el servicio del Metro sea gratuito. Nada sería más plausible si fuera viable financieramente hablando. Ni aun cobrando nuestro Metro ha asegurado su viabilidad financiera, ya que lleva sobre sus hombros la pesada carga del endeudamiento cuyo plazo y cancelación incluye posiblemente a otras dos generaciones.

Si lo anterior es una verdad a los cuatro vientos, ¿por qué nadie sale a controvertir con argumentos sólidos esta propuesta populista y equivocada? Ni los otros candidatos dicen nada, ni los concejales, ni los diputados, ni los llamados órganos de control, ni las universidades, ni las organizaciones sociales, ni los intelectuales, ni los pensadores, ni los editorialistas, ni los exgerentes del Metro, ni los exalcaldes, ni los exgobernadores… nadie.

Luego no nos quejemos y luego no tratemos de rasgarnos las vestiduras y mucho menor dizque organicemos revocatorias mal planteadas, cuando ya la leche esté derramada.

Si este es el espíritu cívico del cual nos enorgullecemos, pues estamos en la olla.

La solidaridad y el espíritu cívico y la noción de ciudadanía tienen todas las condiciones de florecimiento en una democracia. El no potenciarlos, el no desarrollarlos es un grave problema de omisión o de desinterés que va socavando poco a poco sus cimientos, máxime cuando exhibe una debilidad tan grande como la nuestra.

Es importante que los medios de comunicación mantengan su independencia. Antes se decía que eran coaccionados con la pauta publicitaria, pero ahora resulta que es que sus dueños son los grandes grupos económicos, y entonces ahí, ya no hay nada qué hacer.

De cara al porvenir: dos realidades

Por Pedro Juan González Carvajal*

Acaba de llamar la atención de los colombianos el señor secretario de Transparencia de la Presidencia de la República con respecto a que, según los datos oficiales, la impunidad con relación a los casos de corrupción llega al 94%.

¿Qué puede decir uno ante esta realidad palmaria?

Una reflexión preliminar diría que este es un país corrupto desde su ADN o que los ciudadanos de todo tipo nos hemos dejado secuestrar por estos pillos y nos hemos convertido en sus cómplices, ya por pasividad, ya por omisión, ya por desinterés.

Da rabia pensar en que el Estado en su conjunto y obviamente desde el Gobierno de turno se propongan periódicamente reformas tributarias que cada vez más asfixian a los colombianos, en vez de emprender una lucha frontal contra este flagelo, caiga quien caiga.

También entra en cuestionamiento la real utilidad de la existencia del aparato de justicia encargado de estos temas. Con solo un 6% de resultados, podríamos ahorrarnos esa platica y simplemente acabar con esta organización… ¡Y no pasaría nada!

Independientemente de las preferencias políticas de cada uno, es imposible no reconocer que, en el ámbito nacional y en el de la capital antioqueña, los gobiernos en ejercicio se han caracterizado por lo ruidosos. ¡Qué cansancio!

Parecen ambos una verdadera zarzuela. Los diferentes actores entran o pasan por el escenario, unas veces cantando, otras veces llorando, unas veces maldiciendo, otras orando, a ratos desenfundan las armas, cantan en coro, a dúo o individualmente en diferentes tonos, todos a una o cada cual por su lado. Otra vez ¡Qué cansancio!

Estamos ante una verdadera lluvia de anuncios y muy pocas realizaciones. Estamos siendo testigos de una rotación desmesurada de ministros, secretarios y directores en ambos gabinetes. De igual manera, permanentes denuncias de actuaciones indelicadas –por decir lo menos– de muchos de los miembros de los gabinetes. También sentimos “pena ajena” por algunas declaraciones que contienen ideas mal expresadas o ideas definitivamente traídas de los cabellos. Además, se ha vuelto norma la descortesía de no llegar a tiempo a reuniones programadas o simplemente no llegar.

Para colmo de males, existe un tono pendenciero con respecto a aquello o a aquellos que se interponen en el logro de sus intereses.

No podemos dejar atrás, ni mucho menos al lamentable espectáculo del congreso nacional y del concejo municipal, cuya coherencia y compromiso deja mucho que desear. Definitivamente su nivel de desprestigio es absolutamente merecido.

Muchos anuncios de inversión, y la pregunta obvia sería: ¿está claro de dónde van a salir los recursos?

El uno ajusta su primer año de gobierno y el otro termina en unos meses.

La buena noticia ha sido el fallo favorable de la Corte Penal Internacional de La Haya y la mala, la inclemencia climática y los desastres que han costado decenas de vidas humanas y un impacto terrible en la infraestructura vial, lo que restringe nuestra movilidad interna y nuestra pretendida competitividad. Falta que llegue el verdadero verano con toda su intensidad, para que la escasez de agua nos ponga en jaque con racionamientos, y afectación de la agricultura.

Pregunta ingenua: antes se tenían culpables por la subida del precio interno del dólar. ¿Ahora también serán responsables de la caída de su valor?

Indignación e indignidad

Por: Luis Alfonso García Carmona

No existe vocablo que retrate de manera más precisa el sentimiento que embarga al pueblo colombiano con respecto a sus actuales gobernantes que el de indignación, es decir, “enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos”, según la definición de la RAE.

Estamos indignados contra la indignidad de quienes nos gobiernan en el ejercicio de sus cargos, principalmente por el incumplimiento de aquellos deberes constitucionales que juraron cumplir y defender cuando se posesionaron de tan altas responsabilidades.

Soberanía del pueblo

Se lee en el art. 3º. de la Constitución Política: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. Pero ocurre que la voluntad del pueblo fue desconocida abiertamente a través del monumental fraude cometido en las elecciones presidenciales, tanto en la propia votación como en el conteo de votos realizado a espaldas del pueblo por contratistas cuestionados internacionalmente y utilizando programas que no fueron probados previamente. Se violaron numerosas normas electorales, entre ellas las que fijan los topes para los recursos que ingresaron a la campaña.

Unidad y convivencia

En el preámbulo de la Constitución Política se establece como uno de sus fines el de “fortalecer la unidad de la Nación” y asegurar a sus integrantes la convivencia. Son fines esenciales del Estado “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, tal como lo dispone el art. 2º. ibídem. Ocho meses después de la posesión la unidad nacional ha estallado gracias a la política de estigmatización a la oposición, del odio de clases y de la venganza que ha desatado la camarilla gubernamental. No se puede hablar de convivencia donde sólo hay hostigamiento a quienes se atrevan a oponerse al gobierno.

Derecho a la vida

Como es obvio, asegurar la vida y la paz de los integrantes de la Nación es uno de los objetivos consagrados en el preámbulo de la C.P. Reza el art 2º. ibídem, inciso 2: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Según el art 11 ibídem, “el derecho a la vida es inviolable”. De conformidad con el art. 22 A, “se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo”. En lugar de dar cumplimiento a esta obligación prioritaria, quien ahora ejerce la Presidencia se ha dedicado a impedir la acción de las Fuerzas Militares y de Policía, encargadas de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, mientras alienta la formación de “gestores de paz”, “guardias campesinas” y otros grupos de vándalos como los de la “Primera línea” que destruyeron parte de los cascos urbanos en el pasado reciente. Fue uno de estos colectivos el que secuestró a policías y civiles, y degolló a un agente del orden, mientras el presidente prohibía que los agentes fueran auxiliados y uno de sus ministros calificaba el secuestro y el asesinato como un “cerco humanitario”. ¿Se necesitan más evidencias de esta flagrante violación a la Constitución?

Derecho al trabajo

Señala el citado preámbulo como otro de los objetivos fundamentales asegurar a los nacionales el trabajo dentro de un marco que garantice un orden político, económico y social justo. Como fundamento del Estado consagra el artículo 1º. de la Carta, el trabajo y la solidaridad de las personas que integran la República. Establece el art 25 ibídem: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

La acción gubernamental se ha orientado precisamente en contravía de este mandato constitucional. Mediante la teoría del decrecimiento y la ideología marxista de persecución al capital, se han dedicado a la destrucción del sistema económico, obstaculizar la inversión privada y conducir a la ruina al empresariado, fomentando así el desempleo. Tras la reforma tributaria se empeñan ahora en una regresiva reforma laboral que, como dijo una de las ministras, no tiene por objeto crear empleo. Por supuesto que no. Ya un alto porcentaje de empresarios han anunciado que tendrán que reducir sus nóminas de trabajadores para poder sobrevivir.

Seguridad social

Se consigna en el artículo 46 ibídem: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”.

“El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.

Con base en el artículo 48 de la Carta, la seguridad social debe organizarse “en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Agrega esta norma: “El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social”. Tajantemente establece: “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella”. En inciso aprobado por el Acto Legislativo 1 de 2005 ordenó: “El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.

Todas estas previsiones constitucionales son las que el actual gobierno se quiere pasar por la faja mediante la reforma pensional, para apoderarse de los ahorros de los trabajadores para sus futuras pensiones, y gastarlas para cubrir el déficit fiscal originado en el descomunal despilfarro de los dineros públicos.

Derecho a la justicia

Asimismo, se refiere el preámbulo a la garantía de la justicia, la igualdad y la libertad para los nacionales. Entre los fines del Estado señala el art. 2º. “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes garantizados en la Constitución”. De conformidad con el art. 6º ibídem, los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Dice el artículo 197 de la Carta: “No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179”. Y en el artículo 179 se lee: “No podrán ser congresistas:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.

Pesa sobre el jefe de Estado la responsabilidad por esta larga cadena de violaciones a la Carta Magna. No es aceptable que descargue tal responsabilidad en sus ministros, los cuales en su gestión son flor de un día. En cada asunto, el Gobierno lo conforman el presidente con el respectivo ministro.

Pero, además, no es de poca monta, la inhabilidad que arrastra el señor Petro para ostentar el cargo de jefe del Estado. Es un hecho incontrovertible que cometió un delito diferente a los de carácter político y a los culposos. ¿Por qué no hicieron efectiva esa tremenda inhabilidad? ¿Es que Petro está por encima de la Constitución que el resto de los colombianos estamos obligados a cumplir? ¿Vale más la trampa y el engaño, el soborno y la indignidad que el correcto cumplimiento de las leyes?

Dignidad de la persona humana y familia

Entre los principios fundamentales registra el artículo 1º. de la C. P. “el respeto a la dignidad humana”. En el art 5º. ibídem se lee: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. Dispone la Carta en su artículo 42: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. En el art 67 se dispone: “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.” Y más adelante agrega: “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos”.

Como personas humanas nos sentimos indignados por la falta de respeto a nuestros derechos por parte de un Estado al que sólo interesa cambiar a la fuerza tanto nuestro modelo económico como nuestro patrimonio cultural, nuestros principios, valores y creencias, con el objeto de construir sobre las ruinas de nuestra sociedad otra república comunista, contraria a nuestro legado histórico. Este indigno Gobierno pretende destruir la familia, violando el mandato de la Constitución, fomentando la enseñanza de la ideología de género, el aborto indiscriminado, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo y todo lo que destruya la esencia de la familia que la Constitución ordena proteger. ¿Vamos a permitir la destrucción de nuestra sociedad sin ejercer nuestros derechos?

Tema de gran preocupación para los padres y las madres es el de la educación de nuestros hijos. ¿Qué les están inculcando estos profesores comunistas de Fecode? ¿Por qué los estudiantes de Colombia tienen tan malos resultados en las pruebas internacionales? ¿Por qué se permite que corrompan sus mentes con la idea anticientífica e inmoral de que no nacemos hombres o mujeres, sino que podemos escoger el sexo, como cuando uno escoge unos zapatos o elige seguir a un equipo de fútbol? Ni siquiera las normas constitucionales sirven para que este indigno gobierno cambie la orientación de la educación.

Protección a los niños

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. En el art 44 se consagra: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”.

Es tal el desprecio de este indigno gobierno que ni siquiera le preocupa que cientos de niños sean secuestrados por las guerrillas, o por los narcotraficantes aliados del Gobierno o por los colectivos irregulares que ahora son protegidos por el Estado. ¿Tampoco esta norma les interesa cumplir porque su objetivo es perpetuarse en el poder a cualquier costo?

El bien común

Otro principio reconocido en el art 1º. ibídem es “la prevalencia del interés general”, vale decir del bien común. Entre los fines esenciales, al tenor del artículo 2º. de la C. P., están los de “servir a la comunidad” y “promover la prosperidad general”. Según el art 58 de la Carta, “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

Nada más lejos de los intereses que trabajar por el bien común, servir a la comunidad o promover la prosperidad general. Está de por medio su objetivo principal: convertir a Colombia en un estado comunista, pauperizar a la población para poder manipularla mediante la entrega de miserables subsidios, desmoronar las fuerzas militares y de policía para que no haya nadie a quien pedir ayuda, perpetuarse en el poder mediante la repetición del fraude y la compra de votos, destruir a la familia y corromper las mentes de los niños.

Sólo nos puede salvar, en esta tenebrosa coyuntura lo que aconsejaba Maritain: “… una gran asamblea de hombres de buena voluntad, conscientes de la unidad moral que subsiste, a pesar de todo…”