De cara al porvenir: a negociar con el imperio

Pedro Juan González Carvajal

Un imperio es una nación que controla muchos territorios y está gobernada por una única figura de autoridad. Estas figuras suelen tener títulos como rey y reina o emperador y emperatriz. Algunos de los imperios más poderosos y conocidos fueron el Imperio romano, el Imperio británico, el Imperio persa, el Imperio mongol y los califatos islámicos.

La soberanía nacional es el poder supremo que tiene un pueblo o nación para tomar decisiones sobre sus asuntos internos y externos. Este poder se ejerce a través de la constitución y de los representantes que el pueblo elige.

Los objetivos nacionales son las metas que establece un país para asegurar sus intereses nacionales. Son propósitos que deben ser tangibles y ajustarse a las condiciones nacionales e internacionales.

El statu quo, es una frase latina que significa el estado actual de las cosas, en particular en lo que respecta a cuestiones sociales, económicas, jurídicas, medioambientales, políticas, religiosas, científicas o militares.

Comienzo esta reflexión con la precisión de un cuarteto de conceptos que muchas veces son manejados o respaldados por la emoción, por la ignorancia o por la desinformación.

Emplear la denominación de imperio no es una manera despectiva de reconocer que alguien está ostentando el poder, sino una manera clara de llamar las cosas por su nombre.

La soberanía nacional –en términos reales– es la capacidad que tiene una nación, compuesta por una población asociada conscientemente y que está ubicada en un territorio, que ha propiciado la creación de un Estado para que ejerza el poder a través de los gobiernos y saque adelante los objetivos nacionales y ejerza con plena autonomía sus funciones, libre de injerencias externas o internas.

Es claro que para la comprensión completa de estos conceptos debe tenerse una adecuada conciencia geográfica e histórica para poder valorar en su verdadera dimensión las riquezas de nuestro territorio.

De igual manera ratifico que no soy un pronorteamericano confeso ni un vendepatria. Simplemente soy un convencido de que a grandes males grandes remedios y que definitivamente el cáncer no se cura con alcohol.

Hoy ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos, el imperio vigente, un presidente que tiene la intención de comportarse y de manejar a su país, como un imperio, ya que es cierto que Estados Unidos es el imperio vigente de manera temporal, como lo han sido todos los imperios en el mundo a través de los siglos.

Esto no debe ni mucho menos asustarnos ni acobardarnos. Es más, es útil que sea de manera directa que se presente el imperio ante el mundo como lo que verdaderamente es.

Ahora bien, ¿Cómo hacer para que un país débil y subdesarrollado como el nuestro coexista y negocie con el imperio, manteniendo su dignidad y asegurando beneficios para las partes?

La geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia tienen elementos que nos pueden ayudar a formular la estrategia que se requiere y que simplemente se reduce a conocer y reconocer qué de Colombia es de interés para los Estados Unidos y cómo ofrecerles la posibilidad de usufructuarlos o adquirirlos sin violentar la soberanía nacional y ayudando a desarrollar al país con bienestar para los habitantes.

Propósitos superiores como la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía de movilidad en el territorio son asuntos claves si algún día pensamos en serio en poder salir del subdesarrollo, obviamente garantizando la seguridad interna y externa.

Paso a enunciar algunos “productos geoestratégicos” que Colombia le puede ofrecer a Estados Unidos sin caer obviamente en los simplismos y en las posiciones fariseas que tratan de impedir cualquier negociación sobre estos asuntos alegando atentados contra la soberanía nacional o más bien falsos nacionalismos recalcitrantes que impiden pensar en grande.

Eso sí, para negociar se requieren negociadores idóneos, agresivos y pulcros que sepan defender los intereses nacionales, que es lo que yo personalmente no veo.

Primero: ha dicho el presidente Trump que le preocupa la incidencia de China, su gran competidor global, en el manejo y administración del Canal de Panamá. Lo que hay que decirle al presidente Trump es que no piense en invadir a Panamá, pues eso se vería muy feo, el grande pegándole al chiquito, y que además el Canal de Panamá ya se quedó pequeño y su operación está en riesgo por la falta de agua para llenar las esclusas. Que más bien construyamos el canal interoceánico Atrato – Truandó a través de una concesión a los años o decenios que se negocien, cuidando el tema ambiental, pagándonos un porcentaje anual por el enclave construido, empleando mano de obra colombiana, permitiendo la incorporación de tecnología, y asegurando que ellos se encarguen de irradiar desarrollo a las comunidades impactadas por la mega obra.

Segundo: ya que China con seguridad acelerará la construcción del Canal de Nicaragua, debemos establecer, vía concesión, un peaje marítimo para los barcos que entren o salgan del futuro Canal de Nicaragua en San Andrés, ya que, por su proximidad a Nicaragua, está ubicada a todo el frente de la futura salida del Canal de Nicaragua al Atlántico. Obviamente habrá que buscar un mecanismo de negociación atractivo para las partes.

Tercero: siguiendo con el tema de Panamá y su Canal, cuya propiedad no es objeto de discusión, cuando se iba a construir el aeropuerto José María Córdova, una de las alternativas era construirlo en San Pedro de los Milagros, y se dice que Estados Unidos ofrecía construirlo siempre y cuando se le autorizara realizar operaciones militares aéreas por su proximidad al Canal de Panamá –de 5 minutos con las tecnologías de hace 35 años–. Hoy nos hacen falta muchos aeropuertos y la ampliación de segundas y terceras pistas, lo cual puede plantear una solución conjunta.

Cuarto: quiere el presidente Trump consolidar a los Estados Unidos como gigante tecnológico, y no es sino ver las imágenes de su posesión para reconocer en primera fila a 4 de los grandes magnates del mundo tecnológico de hoy. Las telecomunicaciones requieren condiciones propicias y nosotros somos uno de los pocos países que contamos con acceso a la órbita geoestacionaria, lo cual nos permitiría un intercambio razonable para su utilización y nuestro beneficio.

Quinto: Colombia posee la bahía natural más profunda del mundo, Bahía Cupica, propicia para el establecimiento de una base de submarinos. ¿No será de interés para los norteamericanos esta gran posibilidad?

Sexto: la mayoría de los países europeos y varios asiáticos han autorizado el emplazamiento de bases militares norteamericanas en su territorio, sin prejuicios ni posturas maniqueas con respecto al posible “ultraje” a sus respectivas soberanías nacionales.

Ya que el nuestro es un “estado fallido” en términos de asegurar el control del territorio y el monopolio de las armas, ¿por qué no autorizamos la instalación de 2 bases militares norteamericanas, una en el Cauca y otra en el Catatumbo?

Séptimo: ¿por qué no formular un macroproyecto de aparcería entregando en comodato extensiones de tierra apta en departamentos como el Vaupés, Vichada, Guainía, Caquetá, Meta, Casanare, Arauca y Guaviare para que se desarrolle la industria agropecuaria con mano de obra local e incorporación de tecnología de punta? ¿No hacemos eso todos los días a nivel local?

Octavo: Tenemos grandes obras de infraestructura que, por los caminos regulares, nunca van a desarrollarse: hablo del manejo de La Mojana, del Canal de El Dique, del dragado permanente de nuestros puertos, de la implementación de un verdadero sistema férreo, del establecimiento de un verdadero sistema vial y aeronáutico, de la construcción de al menos 2 puertos sobre el Pacífico –Tribugá con el túnel entre Ciudad Bolívar y Carmen de Atrato–, entre otros varios.

Noveno: una explotación racional de nuestra riqueza minera, de nuestro potencial pesquero, la protección de bosques y selvas, y el cuidado de nuestras fuentes hídricas, son otros proyectos que deben ser realizados.

Décimo: aquellos proyectos que nos ayuden a consolidar el nuestro de país visto desde las regiones, como por ejemplo el Túnel entre Ciudad Bolívar y Carmen de Atrato para tener salida al Pacífico, por supuesto, retomando el proyecto del Puerto de Tribugá.

Obviamente, cada una de estas propuestas debe ser negociada atendiendo sin excepciones ni consideraciones distintas, la conveniencia para el país y el progreso y bienestar de sus habitantes.

Estas propuestas pueden llegar a ser consideradas como poco ortodoxas por algunos, o como heréticas por otros, sobre todo aquellos miembros de la clase dirigente pública y privada que se han convertido en completos expertos en el mantenimiento del status quo, privilegiando la conservación de sus beneficios y la salvaguardia de sus intereses, a propugnar por un verdadero modelo de desarrollo para Colombia.

Siguen insistiendo y esperando que, haciendo más de lo mismo, se van a obtener resultados distintos o que no resolviendo los problemas mantendrán las condiciones vigentes, las cuales obviamente los benefician.

Como ejemplo, una ciudad como Medellín tiene un presupuesto anual cercano a los 6 billones de pesos, de modo que, de manera simple, cuenta con 25 billones de pesos en el período de gobierno, lo cual no deja de ser una cifra respetable.

La pregunta sería: ¿cuál problema se va a solucionar, a erradicar con esos recursos? La respuesta es simple: ninguno. Aquí somos expertos en manejar los problemas, no en resolverlos.

Sin embargo, hay que tener en claro que la negociación de los puntos anteriores también se puede dar con otros países, buscando siempre el beneficio real para Colombia. Ahí el problema es cómo mira el imperio la llegada a sus solares, de países que son competidores directos.

Además, es bueno recordar la amarga experiencia que nos sucedió con Panamá.

Recordemos a Séneca cuando dice: “No te enojes con los pendejos. No son malos, sólo están pendejos, –Inhala, exhala, piensa–, pobrecito está pendejo”.

Indignación e indignidad

Por: Luis Alfonso García Carmona

No existe vocablo que retrate de manera más precisa el sentimiento que embarga al pueblo colombiano con respecto a sus actuales gobernantes que el de indignación, es decir, “enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos”, según la definición de la RAE.

Estamos indignados contra la indignidad de quienes nos gobiernan en el ejercicio de sus cargos, principalmente por el incumplimiento de aquellos deberes constitucionales que juraron cumplir y defender cuando se posesionaron de tan altas responsabilidades.

Soberanía del pueblo

Se lee en el art. 3º. de la Constitución Política: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. Pero ocurre que la voluntad del pueblo fue desconocida abiertamente a través del monumental fraude cometido en las elecciones presidenciales, tanto en la propia votación como en el conteo de votos realizado a espaldas del pueblo por contratistas cuestionados internacionalmente y utilizando programas que no fueron probados previamente. Se violaron numerosas normas electorales, entre ellas las que fijan los topes para los recursos que ingresaron a la campaña.

Unidad y convivencia

En el preámbulo de la Constitución Política se establece como uno de sus fines el de “fortalecer la unidad de la Nación” y asegurar a sus integrantes la convivencia. Son fines esenciales del Estado “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, tal como lo dispone el art. 2º. ibídem. Ocho meses después de la posesión la unidad nacional ha estallado gracias a la política de estigmatización a la oposición, del odio de clases y de la venganza que ha desatado la camarilla gubernamental. No se puede hablar de convivencia donde sólo hay hostigamiento a quienes se atrevan a oponerse al gobierno.

Derecho a la vida

Como es obvio, asegurar la vida y la paz de los integrantes de la Nación es uno de los objetivos consagrados en el preámbulo de la C.P. Reza el art 2º. ibídem, inciso 2: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Según el art 11 ibídem, “el derecho a la vida es inviolable”. De conformidad con el art. 22 A, “se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo”. En lugar de dar cumplimiento a esta obligación prioritaria, quien ahora ejerce la Presidencia se ha dedicado a impedir la acción de las Fuerzas Militares y de Policía, encargadas de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, mientras alienta la formación de “gestores de paz”, “guardias campesinas” y otros grupos de vándalos como los de la “Primera línea” que destruyeron parte de los cascos urbanos en el pasado reciente. Fue uno de estos colectivos el que secuestró a policías y civiles, y degolló a un agente del orden, mientras el presidente prohibía que los agentes fueran auxiliados y uno de sus ministros calificaba el secuestro y el asesinato como un “cerco humanitario”. ¿Se necesitan más evidencias de esta flagrante violación a la Constitución?

Derecho al trabajo

Señala el citado preámbulo como otro de los objetivos fundamentales asegurar a los nacionales el trabajo dentro de un marco que garantice un orden político, económico y social justo. Como fundamento del Estado consagra el artículo 1º. de la Carta, el trabajo y la solidaridad de las personas que integran la República. Establece el art 25 ibídem: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

La acción gubernamental se ha orientado precisamente en contravía de este mandato constitucional. Mediante la teoría del decrecimiento y la ideología marxista de persecución al capital, se han dedicado a la destrucción del sistema económico, obstaculizar la inversión privada y conducir a la ruina al empresariado, fomentando así el desempleo. Tras la reforma tributaria se empeñan ahora en una regresiva reforma laboral que, como dijo una de las ministras, no tiene por objeto crear empleo. Por supuesto que no. Ya un alto porcentaje de empresarios han anunciado que tendrán que reducir sus nóminas de trabajadores para poder sobrevivir.

Seguridad social

Se consigna en el artículo 46 ibídem: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”.

“El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.

Con base en el artículo 48 de la Carta, la seguridad social debe organizarse “en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Agrega esta norma: “El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social”. Tajantemente establece: “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella”. En inciso aprobado por el Acto Legislativo 1 de 2005 ordenó: “El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.

Todas estas previsiones constitucionales son las que el actual gobierno se quiere pasar por la faja mediante la reforma pensional, para apoderarse de los ahorros de los trabajadores para sus futuras pensiones, y gastarlas para cubrir el déficit fiscal originado en el descomunal despilfarro de los dineros públicos.

Derecho a la justicia

Asimismo, se refiere el preámbulo a la garantía de la justicia, la igualdad y la libertad para los nacionales. Entre los fines del Estado señala el art. 2º. “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes garantizados en la Constitución”. De conformidad con el art. 6º ibídem, los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Dice el artículo 197 de la Carta: “No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179”. Y en el artículo 179 se lee: “No podrán ser congresistas:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.

Pesa sobre el jefe de Estado la responsabilidad por esta larga cadena de violaciones a la Carta Magna. No es aceptable que descargue tal responsabilidad en sus ministros, los cuales en su gestión son flor de un día. En cada asunto, el Gobierno lo conforman el presidente con el respectivo ministro.

Pero, además, no es de poca monta, la inhabilidad que arrastra el señor Petro para ostentar el cargo de jefe del Estado. Es un hecho incontrovertible que cometió un delito diferente a los de carácter político y a los culposos. ¿Por qué no hicieron efectiva esa tremenda inhabilidad? ¿Es que Petro está por encima de la Constitución que el resto de los colombianos estamos obligados a cumplir? ¿Vale más la trampa y el engaño, el soborno y la indignidad que el correcto cumplimiento de las leyes?

Dignidad de la persona humana y familia

Entre los principios fundamentales registra el artículo 1º. de la C. P. “el respeto a la dignidad humana”. En el art 5º. ibídem se lee: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. Dispone la Carta en su artículo 42: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. En el art 67 se dispone: “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.” Y más adelante agrega: “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos”.

Como personas humanas nos sentimos indignados por la falta de respeto a nuestros derechos por parte de un Estado al que sólo interesa cambiar a la fuerza tanto nuestro modelo económico como nuestro patrimonio cultural, nuestros principios, valores y creencias, con el objeto de construir sobre las ruinas de nuestra sociedad otra república comunista, contraria a nuestro legado histórico. Este indigno Gobierno pretende destruir la familia, violando el mandato de la Constitución, fomentando la enseñanza de la ideología de género, el aborto indiscriminado, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo y todo lo que destruya la esencia de la familia que la Constitución ordena proteger. ¿Vamos a permitir la destrucción de nuestra sociedad sin ejercer nuestros derechos?

Tema de gran preocupación para los padres y las madres es el de la educación de nuestros hijos. ¿Qué les están inculcando estos profesores comunistas de Fecode? ¿Por qué los estudiantes de Colombia tienen tan malos resultados en las pruebas internacionales? ¿Por qué se permite que corrompan sus mentes con la idea anticientífica e inmoral de que no nacemos hombres o mujeres, sino que podemos escoger el sexo, como cuando uno escoge unos zapatos o elige seguir a un equipo de fútbol? Ni siquiera las normas constitucionales sirven para que este indigno gobierno cambie la orientación de la educación.

Protección a los niños

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. En el art 44 se consagra: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”.

Es tal el desprecio de este indigno gobierno que ni siquiera le preocupa que cientos de niños sean secuestrados por las guerrillas, o por los narcotraficantes aliados del Gobierno o por los colectivos irregulares que ahora son protegidos por el Estado. ¿Tampoco esta norma les interesa cumplir porque su objetivo es perpetuarse en el poder a cualquier costo?

El bien común

Otro principio reconocido en el art 1º. ibídem es “la prevalencia del interés general”, vale decir del bien común. Entre los fines esenciales, al tenor del artículo 2º. de la C. P., están los de “servir a la comunidad” y “promover la prosperidad general”. Según el art 58 de la Carta, “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

Nada más lejos de los intereses que trabajar por el bien común, servir a la comunidad o promover la prosperidad general. Está de por medio su objetivo principal: convertir a Colombia en un estado comunista, pauperizar a la población para poder manipularla mediante la entrega de miserables subsidios, desmoronar las fuerzas militares y de policía para que no haya nadie a quien pedir ayuda, perpetuarse en el poder mediante la repetición del fraude y la compra de votos, destruir a la familia y corromper las mentes de los niños.

Sólo nos puede salvar, en esta tenebrosa coyuntura lo que aconsejaba Maritain: “… una gran asamblea de hombres de buena voluntad, conscientes de la unidad moral que subsiste, a pesar de todo…”

Y, ¿quién defiende nuestra soberanía nacional?

Por. Luis Alfonso García Carmona

Olvidamos los colombianos los grandes temas que afectan al país para dedicarnos a las estériles discusiones puntuales sobre los personajes, sus intrascendentes discusiones, o, simplemente, para dar rienda suelta a nuestros pasionales odios o afectos en materia política.

Hablemos, por ejemplo, de la soberanía nacional. El concepto de soberanía es, desde la época de Jean Bodin, el poder absoluto y perpetuo de una república; y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural.

Nuestra carta política lo consagró en su artículo 3º. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

Es, ni más ni menos, que el fundamento de la existencia de Colombia como país independiente y, como tal, debemos preservarlo por encima de otras consideraciones.

Sin embargo, no ha sido así en la última década, lo cual, ha contribuido en forma determinante en la crisis política que ahora nos golpea.

El pueblo, depositario por mandato de la Constitución del poder soberano, rechazó en el plebiscito de 2016 la negociación adelantada por el presidente Santos y la guerrilla de las FARC. No obstante lo anterior, una mayoría del Congreso se abrogó la facultad de ratificar el acuerdo que el pueblo soberano había rechazado y una Corte Constitucional prevaricadora avaló semejante engendro jurídico, con la complicidad de la izquierda nacional e internacional.

Luego, mediante un procedimiento no contemplado en nuestra normatividad, el fast track, se incorporaron normas espurias a nuestra carta política, como la que dio origen a la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP). Nuevamente se violentó nuestra soberanía al permitir que un grupo de extranjeros (curiosamente de ideología marxista-leninista) designaran los magistrados de este exótico tribunal y que expertos juristas extranjeros intervengan en sus procesos (Art. 7º. A. L. 01 de 2017). Desde la época colonial los colombianos no habíamos sido juzgados por extranjeros.

Un Estado soberano no permite la injerencia de otros países o de organizaciones internaciones en sus asuntos internos.

Después de la sesgada actuación de los comisionados de Naciones Unidas permitiendo toda clase de engaños al Estado colombiano en la desmovilización de guerrilleros y en la entrega de armamento, esta organización se ha dedicado a exigir estricto cumplimiento de los acuerdos a una de las partes (el Gobierno) obviando el incumplimiento de la otra (la guerrilla). Como premio, el presidente Duque le prorrogó los contratos de asesoría a los delegados de esa “cueva de mamertos” en que se ha convertido la ONU. De otro lado, la CIDH de la OEA se convierte en altoparlante de los movimientos subversivos declarando que ha habido violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en la toma guerrillera de las ciudades colombianas, sin mencionar para nada los crímenes de lesa humanidad cometidos por los vándalos alentados por los movimientos de izquierda.

Sobra mencionar, porque es de todos conocida, la abierta intervención de la dictadura cubana impulsando la subversión en nuestro territorio desde hace varias décadas. No hace mucho asiló a los autores del genocidio cometido contra alumnos de la Escuela de Policía y se niega sistemáticamente a extraditarlos pasando por encima de la debilidad de nuestro gobierno en materia de defensa de la soberanía.

Para rematar, nos informan de un acuerdo celebrado por el presidente Duque con la Corte Penal Internacional, según el cual el Gobierno se compromete a blindar hacia el futuro a la JEP, a cambio de que la CPI cierre unos procesos iniciados contra nuestro país. Se hipoteca nuestra capacidad de dictar nuevas normas para modificar esa fábrica de impunidad, entregando de paso nuestra soberanía a este organismo.

Ya es hora de contar con un Gobierno con el carácter requerido para defender nuestra soberanía, cuya conquista representó muchas vidas y mucha sangre derramada. Al parecer, no es un tema que interese a nuestros gobernantes ni a los candidatos a la Presidencia. Entonces, ¿quién podrá defendernos?