La barbarie más espantosa de nuestra historia

Luis Alfonso García Carmona

Me ha estremecido la admisión colectiva y sin ninguna duda de los miembros del Secretariado de las FARC de la responsabilidad de su banda criminal en la comisión de 18.000 casos de reclutamiento forzado de menores, muchos de los cuales fueron sometidos a violaciones, abortos forzados y vejámenes físicos y psicológicos que han afectado sus vidas.

Durante 10 años los cabecillas de esa narcoguerrilla, desalmada y violenta, se han empeñado en negar las denuncias e informaciones sobre sus infames secuestros de menores de edad para convertirlos en máquinas de guerra, utilizarlos como escudos contra los bombardeos y como esclavos sexuales de sus jefes.

Hasta ahora sus aliados y defensores, comenzando por Iván Cepeda, su candidato a la Presidencia, han negado toda participación de las FARC en los crímenes de lesa humanidad que acaban de confesar sus autores,

De la misma manera, la JEP, ese remedo de tribunal creado por el farcsantismo para garantizar a las FARC su impunidad, ha cumplido su cometido con la mayor eficiencia.  Sistemáticamente se negaron a escuchar las voces de las víctimas supervivientes o a prestarles la debida protección.

No cumplieron los victimarios con las únicas obligaciones que en el claudicante acuerdo les impusieron: Confesar sus delitos, reparar a las víctimas y comprometerse a la no repetición de sus criminales actuaciones. No hubo reparación con la peregrina excusa de que carecían de fondos; desde la firma del acuerdo hasta nuestros días no se ha interrumpido la práctica del reclutamiento forzado de menores. El cuento de que la firma del espurio acuerdo era para poner en primer plano el resarcimiento a las víctimas fue un puro cuento del “Tartufo” Santos. No se conformó con ello, sino que, además, premió a los victimarios con curules gratuitas en el Congreso desde donde vienen aprobando las leyes de la República y posando de Padres de la Patria. Mientras tanto, las sobrevivientes a esta horrorosa humillación son acosadas por sus enemigos, ignoradas por la JEP y por el gobierno.

Me sorprende que la sociedad en general haya callado ante semejante injusticia. No conozco las voces de protesta de los dirigentes políticos, los candidatos a la Presidencia, los medios de comunicación (con las honrosas excepciones de La Hora de la Verdad y de Vélez por la mañana).

No deja de conmoverme la impasibilidad de los facinerosos de las FARC en su discurso de aceptación de culpa. Pareciera que estuvieran confesando el hurto de una bolsita de azúcar en la cafetería, Nada de emociones frente a los terribles daños causados. Tampoco la más mínima preocupación de cómo resarcir a los sobrevivientes o cómo pagar los beneficios gratuitos recibidos de los últimos 3 gobiernos, colaborando para que no se repita en el futuro este execrable crimen.

Nada de eso, Sólo un tenebroso reflejo de sus oscuras personalidades y de su vil existencia dedicada al terrorismo y la violencia,

Es el momento de reaccionar, estimados compatriotas. No podremos cambiar esta podredumbre moral hasta que no tengamos al frente del gobierno a un líder con voluntad para hacerlo, respaldo electoral suficiente y fervor por esta noble causa. Lo tenemos a la mano y muchos, obnubilados por intereses personalistas o por caprichosos gustos, pretendemos desconocerlo. Unámonos generosamente con Abelado de la Espriella para la Presidencia y con Salvación Nacional para el Congreso. No nos distraigamos con las consultas armadas para reunir grupitos de aspirantes sin fuerza electoral, pero con desmedidas aspiraciones que sólo generan confusión y favorecen a las izquierdas al acecho para repetir período  y acabar el proceso de destrucción iniciado por el Camarada Petro.

El macabro experimento de Santos en el laboratorio cubano

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Bertrand Russel preguntado sobre cómo comienza el fascismo, contestó: “Primero, fascinan a los tontos. Luego, amordazan a los inteligentes”.

Los valores en una sociedad y el valor de quienes conducen las instituciones no lo destruye el miedo, sino la cobardía. Es inexplicable que el capote de los cobardes sea taparse en los burladeros, eludiendo la responsabilidad de lidiar y manejar sus encargos.

Al debido orden en la sociedad actual, lo anuló el reemplazo de la libertad por el libertinaje que genera caos. A la justicia, la mató el reemplazo de la legalidad por la ilegalidad premiada con la legitimación de la impunidad.

A la formación educativa y cultural de nuestras naciones, la aniquiló el reemplazo de la convivencia cívica por el uso engañoso de la narrativa pacifista que sólo engendra más violencia cuando se debilita la coercibilidad del derecho y se desvirtúa la esencia del Estado gendarme.

A la economía la destruyó el reemplazo de la libertad de mercados por el control central Estatal. Y a la narrativa de la verdad y la transformación positiva la mataron la falacia y el engaño del discurso populista.

Empoderar criminales de lesa humanidad y darles estatus de parlamentarios desconociendo la voluntad del constituyente primario, fue lo que hizo el perverso Santos en flagrante cohecho con algunos cabecillas de las FARC, amparados en las ideas retorcidas de asesores españoles, criollos y de sus “jevos”, en el laboratorio de la impunidad de La Habana.

Allí se experimentó con Colombia en materia de cómo desvirtuar la legitimidad del Estado y convertir todo lo ilegal en legal y el resultado lo estamos sufriendo. Gracias al mal llamado proceso de paz Santos-FARC se produjo en 2017 una corrupta inversión de valores constitucionales. Y atención, que ahora viene la extrusión institucional de la revolución mediante el pacto con el ELN; y los gremios y la sociedad civil otorgando testigos de excepción.

Produce vergüenza ajena que personajes como Enrique Santiago y el juez Baltazar, que en España trabajan tras bambalinas, importarán a la península ese sistema de impunidad acompañado de garantías políticas a las minorías criminales y a todo tipo de delincuentes.

Sin duda hay una correlación directa entre el flaqueo de las democracias, la legalización de la impunidad y la polarización extrema en los países que ya entraron en un atrincheramiento ideológico totalmente irreconciliable.

“La desconfianza genera polarización”. Lo reporta el “Edelman Trust Barometer – 2023”: Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Sudáfrica y Suecia, fueron considerados por sus propios líderes económicos como naciones que no cuentan con los mecanismos para hallar una unidad de propósito país homogénea y generalizada que permita solucionar de manera civilizada sus diferencias y garantizar la seguridad, el bienestar y el progreso ciudadano.

Y ojo que la polarización extrema se está ampliando a otros países, se está dando entre naciones o grupos étnicos y religiosos como en el Oriente Medio, mientras la cobardía mamerta infesta las organizaciones de justicia y los parlamentos internacionales como la ONU, la UE y la OEA.

Hoy la tendencia es el dominio mediático y digital de la narrativa populista, llena de negatividad y amparada por la imposición a las mayorías de las agendas minoritarias, con lo cual se desvirtúa el tener que cumplir obligaciones para adquirir derechos y se da al traste con el interés general y el bien común en las enfermas democracias occidentales que demandan una revisión profunda a la luz de la batalla por la defensa de la cultura de la libertad.

Inexplicablemente el Gobierno norteamericano ya no considera a Cuba como patrocinadora del terrorismo cuando allí es donde se engendró el veneno ideológico del socialismo del siglo XXI mediante el cual se deja de lado la formación de políticas públicas dentro del marco de la legalidad que es reemplazada por la insensibilidad social ante el crecimiento exponencial de los escándalos y delitos gubernamentales.

El examen y la cura de las debilidades institucionales públicas, privadas y sociales, debe empezar por enmendar el problema de los corruptos y cobardes que elegimos para manejarlas, encontrando la forma de que toda nación tenga a sus mejores profesionales y no delincuentes, al comando las instituciones.

No hace lógica que mientras el mundo tecnológico avanza y el ámbito digital aprende a pensar, el mundo real sólo demuestre la incompetencia y capacidad destructiva de las personas elegidas para administrar la sociedad y las instituciones. La democracia en Occidente está siendo víctima de la legalización de la impunidad que destruye la independencia de poderes, cuando se someten los principios fundacionales de las naciones a las directrices de quienes se valen del terror y el soborno para imponer sus demandas al resto de la sociedad.

Si queremos innovar para mejorar la democracia y volver al camino del desarrollo, hay que hacer limpieza y reorganización ética y normativa en las estructuras partidistas y la representación gremial.

Entrevista con Andrés Úsuga Marín

En la entrevista de la semana estuvimos conversando con el abogado Andrés Úsuga Marín, quien recientemente concluyó sus compromisos como jurista en el Centro Nacional de la Memoria Histórica. Aquí aprovecha para contarnos cuál es la verdad oficial que se trata de difundir y cuál es la de las víctimas a la que aún no las han dejado hablar. No dejes de verla.

 

Y, ¿quién defiende nuestra soberanía nacional?

Por. Luis Alfonso García Carmona

Olvidamos los colombianos los grandes temas que afectan al país para dedicarnos a las estériles discusiones puntuales sobre los personajes, sus intrascendentes discusiones, o, simplemente, para dar rienda suelta a nuestros pasionales odios o afectos en materia política.

Hablemos, por ejemplo, de la soberanía nacional. El concepto de soberanía es, desde la época de Jean Bodin, el poder absoluto y perpetuo de una república; y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural.

Nuestra carta política lo consagró en su artículo 3º. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

Es, ni más ni menos, que el fundamento de la existencia de Colombia como país independiente y, como tal, debemos preservarlo por encima de otras consideraciones.

Sin embargo, no ha sido así en la última década, lo cual, ha contribuido en forma determinante en la crisis política que ahora nos golpea.

El pueblo, depositario por mandato de la Constitución del poder soberano, rechazó en el plebiscito de 2016 la negociación adelantada por el presidente Santos y la guerrilla de las FARC. No obstante lo anterior, una mayoría del Congreso se abrogó la facultad de ratificar el acuerdo que el pueblo soberano había rechazado y una Corte Constitucional prevaricadora avaló semejante engendro jurídico, con la complicidad de la izquierda nacional e internacional.

Luego, mediante un procedimiento no contemplado en nuestra normatividad, el fast track, se incorporaron normas espurias a nuestra carta política, como la que dio origen a la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP). Nuevamente se violentó nuestra soberanía al permitir que un grupo de extranjeros (curiosamente de ideología marxista-leninista) designaran los magistrados de este exótico tribunal y que expertos juristas extranjeros intervengan en sus procesos (Art. 7º. A. L. 01 de 2017). Desde la época colonial los colombianos no habíamos sido juzgados por extranjeros.

Un Estado soberano no permite la injerencia de otros países o de organizaciones internaciones en sus asuntos internos.

Después de la sesgada actuación de los comisionados de Naciones Unidas permitiendo toda clase de engaños al Estado colombiano en la desmovilización de guerrilleros y en la entrega de armamento, esta organización se ha dedicado a exigir estricto cumplimiento de los acuerdos a una de las partes (el Gobierno) obviando el incumplimiento de la otra (la guerrilla). Como premio, el presidente Duque le prorrogó los contratos de asesoría a los delegados de esa “cueva de mamertos” en que se ha convertido la ONU. De otro lado, la CIDH de la OEA se convierte en altoparlante de los movimientos subversivos declarando que ha habido violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en la toma guerrillera de las ciudades colombianas, sin mencionar para nada los crímenes de lesa humanidad cometidos por los vándalos alentados por los movimientos de izquierda.

Sobra mencionar, porque es de todos conocida, la abierta intervención de la dictadura cubana impulsando la subversión en nuestro territorio desde hace varias décadas. No hace mucho asiló a los autores del genocidio cometido contra alumnos de la Escuela de Policía y se niega sistemáticamente a extraditarlos pasando por encima de la debilidad de nuestro gobierno en materia de defensa de la soberanía.

Para rematar, nos informan de un acuerdo celebrado por el presidente Duque con la Corte Penal Internacional, según el cual el Gobierno se compromete a blindar hacia el futuro a la JEP, a cambio de que la CPI cierre unos procesos iniciados contra nuestro país. Se hipoteca nuestra capacidad de dictar nuevas normas para modificar esa fábrica de impunidad, entregando de paso nuestra soberanía a este organismo.

Ya es hora de contar con un Gobierno con el carácter requerido para defender nuestra soberanía, cuya conquista representó muchas vidas y mucha sangre derramada. Al parecer, no es un tema que interese a nuestros gobernantes ni a los candidatos a la Presidencia. Entonces, ¿quién podrá defendernos?