Colombia, potencia de la muerte

Luis Alfonso García Carmona

Comienza nuestra Constitución afirmando:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, …” (preámbulo)

En el Art. 2 ibídem manifiesta: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

Establece al artículo 5 de nuestra Constitución: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.”

“La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable.” (Corte Constitucional, Sent. 571/92)

Define la Constitución en su artículo 11: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”

Se dispone en el artículo 44 ibídem: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física (…)

No obstante, la priorización que la Constitución Política ordena para la protección del derecho inalienable a la vida, el régimen actual ha ignorado ese deber superior del Estado y, por el contrario, ha adoptado decisiones que van justamente en la vía contraria a la de garantizar la vida humana con decisiones como las siguientes[1]:

a. Se ha adelantado una política de disminución de la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y de Policía, encargadas por la naturaleza de sus funciones, de guardar el orden y proteger la vida de las habitantes del territorio patrio, mediante la salida de más de 60 generales, el retiro continuado de efectivos, la disminución presupuestal, el cambio de su misión, la prohibición de enfrentar a grupos ilegales patrocinados por el Gobierno, la orden de no responder a ataques y permitir que civiles o ilegales secuestren y torturen a la tropa, la falta de mantenimiento y renovación de armamento, equipos, aeronaves, etc., y el sometimiento injusto de efectivos a decisiones de la JEP, tribunal al servicio de la guerrilla[2].

b. Ahora se plantea una reforma total de las Fuerzas Militares y de Policía en la ilegítima sustitución de la Constitución que propone el Gobierno a través del acuerdo con el ELN donde tendrán “fuerza vinculante” las iniciativas aprobadas en las reuniones de los grupos mayoritariamente de izquierda que ha reunido el Comité de Participación Nacional 78 veces o, en su defecto, mediante el ilegítimo “proceso constituyente” que promueve el presidente con sus aliados (Pacto Histórico, ELN, FARC, Primera Línea, Fecode, etc.). Como resultado, quedará aún más desprotegido el derecho a la vida que dispone la Constitución que debe ser garantizado en forma prioritaria.

c. Dominado por temas que se han convertido en obsesión, como el de reforma a la salud, olvida el presidente el riesgo que semejante monumento a la improvisación representa para el derecho a la vida de toda la población. Así se ha demostrado en el plan piloto iniciado con los afiliados a Fecode, que ha desencadenado la protesta de estos. Ya se han adelantado investigaciones que demuestran el aumento de la tasa de fallecimientos por deficiente atención tras el retiro de afiliados de algunas EPS. ¿Cuántas vidas humanas se perderán antes de que el pueblo soberano en unión de las Fuerzas Militares logre que se detenga tan funesto experimento?[3]

d. El fracaso de la “paz total” anunciada por Petro ha significado el aumento de los homicidios por causas violentas, y la violación adicional al deber estatal de garantizar la vida de los gobernados.[4]

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[1] https://razonpublica.com/petro-las-fuerzas-armadas-panorama-oscuro/

[2] https://www.semana.com/nacion/articulo/para-el-es-muy-facil-maquillar-las-cosas-el-duro-reclamo-de-un-policia-secuestrado-contra-el-ministro-alfonso-prada/202350/

[3] https://redmas.com.co/colombia/Riesgo-de-intervenir-una-EPS-genera-aumento-en-la-mortalidad-dice-estudio-de-un-experto-20240404-0012.html

[4] https://www.uexternado.edu.co/centro-externadista-de-paz/balance-en-materia-de-homicidios-afectaciones-de-derechos-humanos-y-enfrentamientos-armados-en-colombia-durante-el-ano-2023-reporte-1-2024/

¿Cuántas "supra constituciones" para la "paz total"?

Por José Alvear Sanín*

Para unos, entre gobierno y ELN hay crisis; para otros, apenas un malentendido. Pero en ambos casos se lamenta ese aparente tropiezo en el proceso hacia la “paz total”, cuando lo preocupante es la decisión de entregar el país, mediante ese subterfugio, a cinco “estructuras violentas”.

Desde luego, el proceso con el ELN es el más aterrador. Así como entre FARC y Juan Manuel Santos había completo entendimiento desde antes de iniciar conversaciones en La Habana, es presumible que entre el ELN y Petro haya completo acuerdo desde antes de Caracas, o de cualquier otro lugar del mundo donde se reúnan.

Los seis años de simulacro de discusiones eran necesarios para hacer creer que se “negociaba”, en vez de entregar el país inmediatamente. Requería Santos tiempo suficiente para socavar y debilitar a las fuerzas armadas con el frecuente cambio de sus cúpulas, y para completar la toma mamerta de las “altas cortes”.

Ahora hay que hacer creer al país que entre el gobierno y el ELN hay diferencias, cuando tanto el uno como el otro están identificados como actores revolucionarios de obediencia castrista. Por esa razón es preciso disimular, para que ambas partes aparezcan como contrapuestas, cuando en realidad tienen un objetivo común. Lo que no sabemos es cuántas tretas más y cuántos meses serán necesarios para hacer bien creíble el inexistente contrapunto entre ambos actores de la conjura.

Tanto el expresidente Pastrana —cuya franqueza denunciando las verdaderas motivaciones de Petro es laudable—, como María Isabel Rueda —columnista siempre bien informada—, consideran que el proceso con el ELN terminará en acuerdo para reunir una Constituyente.

Esta hipótesis es probable pero no necesariamente concluyente. Para convertir a Colombia “legalmente” en un Estado marxista-leninista, aunque una Constituyente sumisa y complaciente es un buen mecanismo, hay algo más expedito, otra “supra constitución” (como la que lograron las FARC en el tal “acuerdo final”), con el fin de completar lo que falta para el absoluto triunfo “jurídico” de la revolución.

Después de la aprobación, en 2016, mediante una mera proposición en las Cámaras del “acuerdo” con las FARC (de 312 páginas), negado por el pueblo, el Artículo 374 de la Carta quedó como el vago recuerdo del Estado de derecho. Cuando este regía, la Constitución solo se podía reformar por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por Referendo. En cambio, con el “acuerdo final” se modificaron centenares de normas legales, violando en todos los casos la Constitución, para beneficiar la subversión y paralizar al Estado. Ese espurio “acuerdo” inconstitucional, auténtico macro golpe de Estado, ha sido aplicado rigurosamente tanto por su autor, Santos, como por Duque, y ahora por Petro.

Repito que no sabemos cuántos meses tardará en producirse el acuerdo Petro-Gabino, ni de cuántos centenares de páginas constará, pero no ignoramos que irá mucho más allá de lo convenido por Santos-Timo. Será otra supra constitución, radical e inflexible como sus dos autores, pero no será sometida al azaroso proceso plebiscitario. Bastará con una proposición untada de mermelada para que otro Congreso prevaricador hunda a Colombia definitivamente en el abismo revolucionario.

Después de surtida esa horrenda trapisonda, los cambios constitucionales y legales (empezando por la Presidencia vitalicia de Petro) tendrán lugar en la República Popular, Democrática y Bolivariana de Colombia, hermana de Venezuela y Protectorado Cubano.

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¡Desde luego, también habrá mini supra constituciones para complacer a las otras cuatro “estructuras” invitadas a la “paz total”!

Y, ¿quién defiende nuestra soberanía nacional?

Por. Luis Alfonso García Carmona

Olvidamos los colombianos los grandes temas que afectan al país para dedicarnos a las estériles discusiones puntuales sobre los personajes, sus intrascendentes discusiones, o, simplemente, para dar rienda suelta a nuestros pasionales odios o afectos en materia política.

Hablemos, por ejemplo, de la soberanía nacional. El concepto de soberanía es, desde la época de Jean Bodin, el poder absoluto y perpetuo de una república; y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural.

Nuestra carta política lo consagró en su artículo 3º. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

Es, ni más ni menos, que el fundamento de la existencia de Colombia como país independiente y, como tal, debemos preservarlo por encima de otras consideraciones.

Sin embargo, no ha sido así en la última década, lo cual, ha contribuido en forma determinante en la crisis política que ahora nos golpea.

El pueblo, depositario por mandato de la Constitución del poder soberano, rechazó en el plebiscito de 2016 la negociación adelantada por el presidente Santos y la guerrilla de las FARC. No obstante lo anterior, una mayoría del Congreso se abrogó la facultad de ratificar el acuerdo que el pueblo soberano había rechazado y una Corte Constitucional prevaricadora avaló semejante engendro jurídico, con la complicidad de la izquierda nacional e internacional.

Luego, mediante un procedimiento no contemplado en nuestra normatividad, el fast track, se incorporaron normas espurias a nuestra carta política, como la que dio origen a la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP). Nuevamente se violentó nuestra soberanía al permitir que un grupo de extranjeros (curiosamente de ideología marxista-leninista) designaran los magistrados de este exótico tribunal y que expertos juristas extranjeros intervengan en sus procesos (Art. 7º. A. L. 01 de 2017). Desde la época colonial los colombianos no habíamos sido juzgados por extranjeros.

Un Estado soberano no permite la injerencia de otros países o de organizaciones internaciones en sus asuntos internos.

Después de la sesgada actuación de los comisionados de Naciones Unidas permitiendo toda clase de engaños al Estado colombiano en la desmovilización de guerrilleros y en la entrega de armamento, esta organización se ha dedicado a exigir estricto cumplimiento de los acuerdos a una de las partes (el Gobierno) obviando el incumplimiento de la otra (la guerrilla). Como premio, el presidente Duque le prorrogó los contratos de asesoría a los delegados de esa “cueva de mamertos” en que se ha convertido la ONU. De otro lado, la CIDH de la OEA se convierte en altoparlante de los movimientos subversivos declarando que ha habido violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en la toma guerrillera de las ciudades colombianas, sin mencionar para nada los crímenes de lesa humanidad cometidos por los vándalos alentados por los movimientos de izquierda.

Sobra mencionar, porque es de todos conocida, la abierta intervención de la dictadura cubana impulsando la subversión en nuestro territorio desde hace varias décadas. No hace mucho asiló a los autores del genocidio cometido contra alumnos de la Escuela de Policía y se niega sistemáticamente a extraditarlos pasando por encima de la debilidad de nuestro gobierno en materia de defensa de la soberanía.

Para rematar, nos informan de un acuerdo celebrado por el presidente Duque con la Corte Penal Internacional, según el cual el Gobierno se compromete a blindar hacia el futuro a la JEP, a cambio de que la CPI cierre unos procesos iniciados contra nuestro país. Se hipoteca nuestra capacidad de dictar nuevas normas para modificar esa fábrica de impunidad, entregando de paso nuestra soberanía a este organismo.

Ya es hora de contar con un Gobierno con el carácter requerido para defender nuestra soberanía, cuya conquista representó muchas vidas y mucha sangre derramada. Al parecer, no es un tema que interese a nuestros gobernantes ni a los candidatos a la Presidencia. Entonces, ¿quién podrá defendernos?