Más malas que los peores nazis

José Alvear Sanín

En la interminable historia de las atrocidades disputan el primer lugar el nazismo y el comunismo. Este último presenta diferentes y aterradoras modalidades: leninismo, estalinismo, maoísmo, tan bien conocidas como equiparables; y otros movimientos aún más radicales y sangrientos —si es posible—, como los de Corea del Norte y los khmeres rojos, cuyos genocidios no han tenido el alcance global de los primeros.

Escoger el peor comunismo no es fácil, porque todos han sido atroces y conducen a los países, inexorablemente, a la opresión, la miseria y el hambre, pero como lo único que saben hacer bien es propaganda política y adoctrinamiento académico, en la percepción corriente los máximos crímenes de la historia se atribuyen únicamente a los nazis, día y noche, y año tras año, mientras de los cien y más millones de muertos del comunismo poco o nada se habla en las universidades, y nunca en los millares de libros de “historia”, que vomitan los diferentes mecanismos de “memoria histórica”, “comisiones de la verdad”, la JEP y similares, y los museos sobre la violencia, que los gobiernos marxistas dotan espléndidamente, no solo en Colombia…

Resumiendo: no podemos aceptar la narrativa de que los nazis son lo peor de la historia universal, porque los comunistas han sido iguales o peores…

Pasemos ahora a Colombia, donde se entregó el poder, desde 2016, a las guerrillas comunistas más fanáticas, sanguinarias, destructoras y rapaces.

No vale la pena escoger cuál es la más perversa: FARC y ELN, a la hora de la verdad son lo mismo, ejércitos de obediencia cubana, marxistaleninistas, terroristas al servicio, tanto del ideal revolucionario como del narcotráfico.

Lo que nadie ha considerado es que las guerrillas colombianas superan en maldad y perversidad los peores instrumentos nazis del terror, porque las Schutzstaffel, las horribles SS, nunca reclutaron niños y jamás han sido acusadas de organizar masivamente el aborto de niñas violadas. Eran máquinas de muerte tan disciplinadas y fanáticas como las FARC y el ELN, que las superan ampliamente y, por tanto, pueden reclamar para Colombia el campeonato mundial del terror.

Cuando después de diez años de comedia los comanditarios de la JEP reconocen impávidos 18.000 niños reclutados, corrompidos y abusados, ¿cómo es que un país indolente los tolera y a su principal orientador se lo recibe como a un candidato presidencial normal?

¿Elecciones bajo el asedio terrorista?

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Se avecina el 8 de marzo, día de elecciones al Congreso. El potencial de Colombia es infinito, pero como un mal padre de familia tahúr empedernido, todo indica que estamos emperrados en apostar la casa y todos los haberes en unas elecciones bajo claro asedio terrorista.

Ningún presidente democrático se ha elegido, ni ha conducido bien al país sin apoyo del Congreso. Si queremos evitar el caos, Uribe debe liderar el congreso y necesitamos una buena relación con los Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial.

El Gobierno y su candidato, revolucionarios comunistas disfrazados de progresistas y humanistas, expertos en mentir y engañar, no tienen otra alternativa que llevar al país a una encerrona electoral que garantice su continuidad en el poder, y están respaldados por las armas y el cabildeo de quienes manejan los dineros ilegales del narcoterrorismo internacional.

Es necesario entender que la verdadera usurpación de la soberanía nacional es la ocupación territorial y las agresiones al pueblo de las organizaciones criminales subversivas narcoterroristas, que vienen actuando en complicidad con el gobierno y están acompañadas de la proliferación urbana de bandas milicianas de alquiler asociadas al microtráfico.

Los dirigentes empresariales y políticos no deben ignorar las declaraciones que hablan de unir las FARC-EP y el ELN para defender la “patria grande”, ni el anuncio de Cepeda de integrar las FARC-EP a las fuerzas armadas constitucionales.

Deben nuestros gremios y Uribe como líder de la oposición, buscar un diálogo inmediato con Trump y Rubio, pues corremos el riesgo de que el proyecto bolivariano Castro-Chavista se convierta en un nuevo Vietnam o de terminar en una guerra civil entre diversas organizaciones criminales respaldadas por el narcotráfico y la minería ilegal, dos negocios que no están en venta.

El país perdió la seguridad democrática y el crecimiento económico formal de dos dígitos logrado en el rebote del 2021 al quedar en manos de un gobierno irresponsable, cleptócrata e intencionalmente destructor que ya tomó las acciones necesarias para arruinar la hacienda pública, la salud, el ahorro pensional y consolidar un sistema de empobrecimiento colectivo mientras las actividades ilícitas y el crecimiento de la informalidad sobrepasan una decadente economía formal, y el Estado ya no controla las fronteras ni 2/3 del territorio nacional.

Nos tambaleamos en la cuerda floja sobre un foso de tiburones, esperanzados en el próximo paso del impredecible y audaz presidente Trump y sin saber qué va a pasar en Venezuela, y estamos distraídos con el furor de las apuestas electorales, mientras sufrimos los efectos de un dólar subvaluado, una alta tasa de intereses, un salario mínimo inflacionario cuatro veces más alto que el IPC, y la pérdida de competitividad del sector exportador y de todo el aparato productivo real.

Este país en términos políticos es: café con leche, monta en moto y se comunica por Facebook; pues la mayor concentración ciudadana está en zonas cafeteras y en la costa Atlántica, el 75 % de los votos está en los estratos 1, 2 y 3, y son 50 a 100 municipios de la zona Andina, sus valles y la costa, los que definen las elecciones; porque en todas las zonas suburbanas y rurales de este trópico infernal, cientos de miles de familias complementan sus ingresos de supervivencia ordeñando una vaquita o en la economía del rebusque que atienden la canasta familiar; porque hoy más de la mitad de la población se moviliza en moto, y porque hasta un ordeñador tiene un teléfono inteligente y está influenciado por la información populista que recibe continuamente.

El país se juega su libertad, su tradición democrática y su economía en un mercado electoral donde llega con más potencia la narrativa mentirosa y populista del aparato propagandístico del Estado que controla la conversación en redes, la pauta en medios e impulsa a fondo la campaña comunista de Cepeda, por si Petro no logra postergar su mandato.

Por lo tanto, la prioridad del país debe ser otorgar un mandato democrático claro y confundente a partir de las elecciones parlamentarias, pues si el Congreso y la justicia siguen comiendo nube y no se ocupan de destituir a un presidente promotor de la ilegalidad, asociado al Castro-Chavismo y totalmente indigno de su cargo, y si las fuerzas armadas y los gremios del sector productivo siguen obrando como “elegantes eunucos”, nos van a capar parados a todos los que damos empleo y pagamos los impuestos, y podemos terminar dominados por las FARC-EP, sin libertades y oprimidos por la miseria que sabemos que genera el narco-comunismo terrorista modelo SSXXI.

El 8 de marzo hay que votar bien para poder devolver el país al redil de la democracia.

Hermano asno

Fredy Angarita

El 10 de julio de 2025, Colombia amaneció con una noticia que no debería existir: disidencias del ELN utilizaron un burro como medio para ejecutar un atentado. Un hermano menor, como lo llamaría San Francisco de Asís.

Treinta años sin noticias de esta índole, y aun así, la historia se repite, con el eco amargo de lo que nunca aprendimos.

Al indagar un poco, entendí que esta aberración no es solo nuestra. Otros conflictos han arrastrado a los animales a la crueldad humana:

* Sri Lanka, guerra civil (1983–2009): Los Tigres Tamiles planearon usar elefantes bomba. Aunque no hay pruebas de que se concretaran los ataques, sí existen reportes sobre su entrenamiento.

* Afganistán e Irak (2003): burros y perros fueron convertidos en explosivos ambulantes para atacar tropas extranjeras en mercados y zonas rurales.

* Estados Unidos, Proyecto “Bat Bomb” (1942–1944): en plena Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos diseñaron un plan para soltar murciélagos con bombas incendiarias sobre ciudades japonesas.

* Unión Soviética (1941–1942): en el frente oriental, el Ejército Rojo entrenó perros antitanques, obligados a correr bajo los vehículos enemigos cargando explosivos.

El común denominador es brutal: la pérdida de cualquier código moral, una guerra sin alma, sin reglas. Los antiguos estrategas, como Sun Tzu, advertían que el arte de la guerra no está en el uso salvaje de la violencia, sino en su contención sabia. Una guerra sin honor es solo barbarie.

Los Convenios de Ginebra no tienen un artículo específico sobre el uso de animales en el conflicto, pero sí establecen un principio rector: la prohibición del sufrimiento innecesario. El Artículo 54[1] protege los recursos esenciales para la población civil: agua, cultivos, ganado. En ese marco, un burro también debería estar a salvo. Porque no es un arma, es sustento, es compañero, es carga y memoria rural.

Volviendo a Colombia, esta escena no solo nos enfrenta a la crudeza del conflicto, sino también a algo más profundo: la erosión moral de una sociedad que ya no reconoce límites, que no respeta ni a los más inocentes.

Quizá por ser animales de trabajo y no mascotas de sofá, no haya marchas ni luto mediático por ellos. Pero el dolor no se mide por el tamaño del animal, sino por la calidad de nuestra humanidad.

Decía San Francisco de Asís que su cuerpo era “el hermano asno”, simple, resistente, obediente, y que cargaba con todo. Nos toca ahora mirar si, como sociedad, no hemos convertido al otro, humano o animal, en ese hermano asno: en alguien que sirve solo para cargar nuestras miserias, sin voz, sin defensa, sin duelo.

Y si eso es así, nos queda una sola salida decente: recuperar la compasión, y no solo la indignación. Porque un país que usa burros como bombas no solo está en guerra, está perdido. Y porque los animales, como nosotros, también tienen historia, y merecen memoria.

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[1] https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977

 

¿Cómo desmantelar la fuerza pública en 10 pasos?

Luis Alfonso García Carmona

La primera evidencia de que el verdadero propósito del régimen petrista ha sido perpetuarse en el poder en lugar de buscar el bienestar de la población y la prosperidad del país es, sin lugar a duda, el despiadado desmantelamiento de las fuerzas militares y de policía.

Nunca en la historia republicana se había presentado una demolición de las estructuras encargadas del mantenimiento del orden y de la seguridad de la población como la que hemos presenciado en los últimos 3 años.

Diez perversos pasos han bastado al régimen para cumplir su execrable cometido:

Primero. Retiro de oficiales de alta graduación. Según un análisis de El Tiempo, en el primer mes del Gobierno salieron cerca de 40 generales entre ejército y policía, y en total se removieron más de 70 generales y coroneles de la fuerza pública. En 2025 la cifra de la policía se mantiene en 18 generales, menos de la mitad de los vinculados a la llegada de Petro que eran 37. Se ha arrojado por una alcantarilla todo el esfuerzo estatal para preparar sus oficiales de alta graduación, así como la invaluable experiencia de estos al frente de la tropa durante varias décadas.

Segundo. Reducción de recursos económicos. En 2024 se registraron recortes presupuestales del 47 % para el ejército, del 30 % para la fuerza aeroespacial y del 25 % para la armada. En 2025, 921 000 millones quedaron afectados por restricciones fiscales, afectando inversión, mantenimiento y compras esenciales. 279 000 millones para defensa y policía fueron congelados en 2025, paralizando operaciones en Catatumbo y Chocó. La mayor parte del presupuesto se dedica a gastos de personal, quedando muy poco para mantenimiento e inversiones. Estas se redujeron al 1 % en la policía. Se ha debilitado el mantenimiento de la flota aérea: helicópteros en tierra, reducción de horas de vuelo y uso de municiones y partes vencidas.

Tercero. Disminución del pie de fuerza. Según la Procuraduría, la plantilla del ejército pasó de 239 618 soldados en 2021 a 167 992 en lo corrido de 2025, lo que implica una pérdida de 71 626 efectivos, que equivale a un recorte del 29,8 %. Como vivimos en el régimen de la mentira, salió el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, a aseverar que la reducción fue sólo de 16 000 efectivos, debida a “retiros normales”. Como es natural, las demandas de alcaldes y gobernadores para una mayor presencia de la fuerza pública cada vez son más difíciles de atender.

Cuarto. Supresión de bases y operaciones estratégicas. En noviembre de 2024, se eliminaron las fuerzas de tarea conjunta, unidades integradas del ejército, armada y fuerza aérea creadas para operar de manera coordinada contra grupos como el ELN y las disidencias de las FARC. Se redujo significativamente la capacidad operativa interinstitucional, afectando la respuesta ante amenazas como las del Catatumbo.

En abril de 2025, Petro ordenó suspender operaciones militares ofensivas por parte del ejército y la policía contra disidencias de las FARC en la zona del Catatumbo por un mes, del 18 abril al 18 mayo, con el fin de priorizar un proceso de paz. Esta pausa incluyó la suspensión temporal de despliegues móviles y ofensivos planeados en zonas estratégicas afectadas por el narcotráfico.

A comienzos del Gobierno se implementaron nuevos protocolos restrictivos para bombardeos, arma fundamental utilizada contra escondites y laboratorios de la guerrilla; aunque no se eliminaron, su uso fue severamente limitado. Esto supuso un freno táctico a las unidades móviles que tradicionalmente participaban en estas operaciones, como brigadas o batallones de despliegue aéreo.

5. Deterioro de la inteligencia militar y policiva. Más de 200 oficiales especializados en inteligencia (Cede2, Caimi, Baimi, Dipol, DNI) se han retirado o han sido desplazados entre 2022 – 2024, reduciendo significativamente la experiencia del personal operativo. La Dirección Nacional de Inteligencia rotó tres directores en dos años, nombrando a líderes sin experiencia operativa (excombatientes del M-19), lo que ha mermado la credibilidad internacional y la cooperación con aliados. Unidades de inteligencia técnica y contrainteligencia, como batallones Baimi, pasaron de tener hasta 200 especialistas a solo 50, lo que supone una reducción del 75 % que acarrea una desarticulación operativa significativa. La salida de personal con experiencia ha desplazado especialistas a funciones rutinarias, dejando la inteligencia “en pañales”.

Muchos equipos técnicos cruciales (poligrafía, sensores infrarrojos, Star Safire HD-380) no cuentan con personal entrenado ni mantenimiento, lo que reduce drásticamente el poder de vigilancia y persecución.

Operativos de contrainteligencia y “objetivos de alto valor” fueron restringidos, afectando la captura de narcotraficantes y cabecillas. Cumple el Gobierno a cabalidad su compromiso con narcotraficantes y capos criminales facilitando su actividad delincuencial en compensación a su apoyo electoral y financiero. Fuentes militares reportaron a Semana que hoy la inteligencia “prende los equipos, se escucha uno que otro bandido” sin análisis profundo ni liderazgo operativo.

Recortes presupuestales. En ejército y policía, los fondos para inteligencia han sido recortados. La Dirección de Inteligencia Policial sufrió reducciones de hasta el 44 % entre 2022 y 2025; recompensas a informantes cayeron de 5000 millones a apenas 106 millones. El ejército contaba, en abril de 2025, con 0 % para iniciativas de ciberseguridad e infraestructura de inteligencia. El Ministerio de Defensa congeló 279 000 millones, lo cual limitó operativos fundamentales de inteligencia en el Catatumbo y otras regiones. La limitada inteligencia técnica y la reducida red de informantes han debilitado la capacidad de anticipación de acciones contra grupos armados, narcotráfico y terrorismo. El resultado lo evidencian las diarias informaciones de prensa que recibe con angustia la población. Expertos advierten que este debilitamiento ha permitido a grupos como el ELN, Clan del Golfo y disidencias ampliar su influencia territorial sin ser detectados a tiempo.

6. Ruptura diplomática con Israel. El 1 de mayo de 2024, Colombia formalizó la ruptura diplomática con Israel, retirando emisario y cerrando embajada. Petro ha calificado a Israel de "Estado genocida" y nombrado embajador ante Palestina. Estas decisiones incluyeron la prohibición de exportación de armas y boicot a la industria militar israelí. Israel suspendió las exportaciones de equipos de seguridad, afectando la provisión de piezas y soporte para los aviones Kfir. Como resultado, varias aeronaves se encuentran en tierra, poniendo en riesgo la defensa del espacio aéreo nacional. Aunque existían contratos para mantenimiento hasta 2024 – 2026, su cumplimiento es incierto por falta de apoyo diplomático y operativo. El exministro Velásquez mencionó que, aunque se cumplirían algunos contratos vigentes, se busca diversificar proveedores (Suecia, EE. UU., Francia). Sin embargo, la renovación de la flota Kfir requiere soporte israelí exclusivo, lo que complica cualquier transición rápida. Las defensas aéreas están debilitadas, por la falta de mantenimiento en los Kfir.

Piezas críticas como casco con sistemas de comunicación, radares, sistemas de guerra electrónica, misiles Spike, entre otros, provenían de Israel. La ruptura compromete el mantenimiento y la actualización de esos sistemas, así como la producción local de armas bajo licencia israelí (fusil Galil / Indumil).

La cooperación en inteligencia, ciberseguridad y vigilancia fronteriza era esencialmente facilitada por tecnología israelí. Esa relación incluía equipos de interceptación, análisis y formación de personal en técnicas avanzadas. La vulnerabilidad en fronteras se intensifica ante la ausencia de radares y vigilancia aérea efectiva. Se pierde acceso a sistemas de datos, inteligencia y ciberdefensa que aportaban ventaja operacional.

El impacto indirecto también puede influir en la cooperación de EE. UU. y otros aliados, ante la percepción de aislamiento diplomático. Es la consecuencia de una loca política internacional de corte anarco-comunista.

7. Acuerdos de cese al fuego y de paz total. En agosto de 2023, el Gobierno y el ELN firmaron un acuerdo bilateral de cese al fuego, inicialmente por seis meses, extendido hasta agosto de 2024. Aunque cedieron en secuestros y combates iniciales, durante la tregua el ELN recrudeció reclutamientos y expandió su control territorial. En agosto de 2024, tras un violento ataque en el Catatumbo y un atentado contra una base militar en Arauca, que dejó soldados muertos y heridos, Petro suspendió el cese alegando que “el ELN no tenía voluntad de paz”. La suspensión derivó en desplazamientos masivos (más de 50 000 personas) y alto número de víctimas civiles. El resultado era previsible, dadas las pésimas experiencias que dejó el espurio acuerdo de La Habana, y el anotado deterioro de la inteligencia militar.

Con disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Calarcá) también se firmó acuerdo de cese al fuego en octubre de 2023, que en julio de 2024 el Gobierno lo dio por terminado contra estructuras dirigidas por “Mordisco”, conservando la tregua solo con “Calarcá”. El cese al fuego pactado con este expiró el 15 de abril de 2025, tras lo cual se reactivaron órdenes de captura y operaciones militares. La suspensión de estas treguas desencadenó nuevos operativos militares, fortaleciendo ofensivas en la Amazonía y Cauca. Sin embargo, también escaló el riesgo de respuesta violenta de las FARC disidentes.

Se iniciaron negociaciones en Buenaventura con los grupos ‘Shottas’ y ‘Espartanos’, con treguas urbanas que tuvieron resultados de alcance limitado. A los pocos meses, surgieron efectos negativos: el ELN y las disidencias reforzaron su presencia territorial, desplazaron a rivales y utilizaron la tregua para reconfigurar estructuras criminales.

La estrategia de “Paz total” incluyó varios acuerdos de cese al fuego: con el ELN (2023 – 2024), con disidencias de las FARC (EMC y Calarcá), e incluso con bandas urbanas. Los incumplimientos y las rupturas derivaron en recrudecimiento de la violencia, desplazamientos y ataques a fuerzas estatales; utilización de la tregua por la guerrilla para desplazar a sus rivales y reconfigurar sus estructuras, y pérdida de la iniciativa operativa por parte del Estado en territorios donde prevaleció la insurgencia.

8.- Restricciones a la fuerza pública

a) Regulación del uso de la fuerza en protestas. Expidió Petro un decreto que prohíbe el uso de fuerza letal para proteger bienes materiales y establece que la fuerza solo debe utilizarse como último recurso, priorizando medios preventivos y disuasorios, como el diálogo y la proporcionalidad en la intervención. Esta medida ha permitido el incremento de agresiones a la fuerza pública y a la población civil, así como daños a la infraestructura urbana y a los sistemas de transporte, como se observa en cada marcha de protesta organizada por los aliados del régimen.

b) Prohibición del uso de animales. En agosto de 2023, se sancionó una ley que prohíbe a la fuerza pública utilizar animales, como caballos y perros, para disuadir manifestaciones, motines y asonadas. Estos animales solo podrán desempeñar funciones de vigilancia, rescate, búsqueda y detección de explosivos, entre otras actividades no relacionadas con el control de protestas.

c) Proyecto de ley sobre garantías para la protesta social. El partido de gobierno, Pacto Histórico, presentó un proyecto de ley estatutaria que busca garantizar el derecho fundamental a la protesta social. Este proyecto limita la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones, estableciendo que solo podrá intervenir desde un puesto de mando unificado y previa advertencia a los manifestantes. Además, se promueve el uso de la fuerza como último recurso y se restringe el uso de armas letales.

d) Impunidad para los ataques a la fuerza pública. Se ha aceptado oficialmente que la tropa militar o de policía puede ser agredida y hasta secuestrada por grupos civiles que cuentan con la protección del Estado. Así ocurrió en El Plateado, San Vicente del Caguán, Cauca, en marzo de 2023. Cuando cumplían labores de vigilancia fueron secuestrados 78 agentes de policía por una denominada “guardia campesina”. Se defendieron del ataque de más de 5000 hombres que pretendían secuestrarlos para vendérselos a la guerrilla. Cuando se les agotaron las municiones pidieron apoyo del ejército que se encontraba en la misma zona, pero el ministro del Interior, Alfonso Prada, calificó el hecho como un “cerco humanitario”. El presidente Petro, como jefe de las fuerzas militares, prohibió que se les prestara ayuda. Como resultado de ello, el superintendente Ricardo Arley Montoya fue vilmente degollado ante la impotencia de sus compañeros desarmados y sin refuerzos. En cualquier país del mundo, esta actitud sería suficiente para derrocar al Gobierno y proteger a sus fuerzas armadas.

9. Designación de un enemigo de las fuerzas militares como ministro de Defensa.

Iván Velásquez fue nombrado ministro de Defensa en julio de 2022 por el presidente Gustavo Petro y permaneció en el cargo hasta presentar su renuncia irrevocable en febrero de 2025. Antes de llegar al ministerio, Velásquez fue señalado abiertamente como crítico de la policía y el ejército, mencionando públicamente casos de “impunidad”, actuaciones indebidas y masacres atribuidas a policías. El partido Centro Democrático lo calificó como una “amenaza a las fuerzas armadas”, citando un trino suyo de 2020:

“Todavía fresca la sangre derramada por las acciones criminales de la policía nacional…” El exgobernador Juan Guillermo Zuluaga afirmó que actuó como “agente liquidador de las fuerzas militares y de policía” y criticó que se removieron más de 60 generales durante su gestión. La oposición promovió múltiples mociones de censura y debates por parte de congresistas, señalando que Velásquez no avanzó en detener secuestros, ni redujo la expansión de grupos ilegales como ELN y disidencias de las FARC. Durante su mandato, el ELN pasó de operar en 183 a 231 municipios, y las disidencias crecieron de unos 5 200 a más de 7 000 integrantes; cifras respaldadas por Indepaz y la Fundación Paz y Reconciliación. Se le criticó por reorientar recursos, disminuir presupuesto, y debilitar capacidades logísticas de la fuerza pública, afectando su operatividad en zonas como Catatumbo, Cauca, Chocó y Arauca.

10. Persecución a la fuerza pública en la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), establecida en 2017 como parte del espurio Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, tiene como objetivo investigar y juzgar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, y satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Su objetivo principal no se ha cumplido. En más de 7 años de funcionamiento no ha producido una sola sentencia condenatoria. Es como decir que los criminales más crueles de nuestra historia, los cabecillas de las FARC, no hubiesen cometido ni un solo delito. Quedan en la más absoluta impunidad las masacres, genocidios, asaltos a poblaciones, reclutamiento y violación de menores, destrucción de la infraestructura energética, desplazamiento de la población, miles de casos de secuestro y extorsión, explotación de la minería ilegal, etcétera. En cambio, sí han investigado con acuciosidad las denuncias contra militares por los llamados “falsos positivos” y acusado a numerosos oficiales y suboficiales, algunos de los cuales han aceptado participación en algún delito para evitar condenas por 20 años.

Mientras tanto, los cabecillas de los grupos terroristas de las FARC gozan de la investidura de congresistas, subsidios del Estado para hacer política, sistemas sofisticados de seguridad, cadena radial para difundir su ideología marxista, etcétera. Tampoco ha satisfecho el segundo objetivo, cumplir con los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación, ya que las verdaderas víctimas de las FARC no son oídas en la JEP, son suplantadas por militantes de las FARC y por supuestos parientes de los desaparecidos en los “falsos positivos”. No es otra cosa que un mecanismo inventado en el tramposo acuerdo de La Habana para perseguir a las fuerzas del orden.

Epílogo

No basta con rodear retóricamente a nuestras fuerzas armadas, víctimas de esta infame maquinación dirigida a su destrucción. Es urgente impedir que Petro continúe tan execrable tarea. Y eso solamente lo conseguiremos apoyando cada uno de nosotros el juicio por indignidad que cursa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y que permitiría la pérdida de la investidura obtenida por Petro ilícitamente.

Con el sátrapa fuera del poder, nos corresponde aunar voluntades en el Frente Patriótico, amplio y generoso, que hemos convocado para restaurar la moral, la seguridad y el bienestar de todos los colombianos.

De cara al porvenir: la cultura del chisme

Pedro Juan González Carvajal

“La cultura del chisme” o "gossip culture", se refiere a la práctica habitual de compartir rumores, noticias no confirmadas y comentarios sobre otras personas, a menudo de forma negativa o sensacionalista. Este tipo de comunicación informal puede tener diferentes consecuencias, desde fortalecer los vínculos sociales hasta dañar la reputación y la confianza entre las personas.

¿Qué es la cultura del chisme?

* Rumores y noticias no confirmadas: el chisme se basa en información que no ha sido verificada, lo que puede llevar a la difusión de falsas noticias o interpretaciones incorrectas.

* Comentarios sobre terceros: a menudo, los chismes se enfocan en la vida personal o profesional de otras personas, sin que estas estén presentes para defenderse.

* Intención de indisponer: el chisme a menudo busca generar tensión o conflicto entre personas, o bien, perjudicar la imagen de alguien.

* Comunicación informal: se trata de una forma de comunicación que suele ocurrir en entornos sociales, laborales o familiares, a menudo sin la intención de informar de forma objetiva.

Posibles consecuencias de la cultura del chisme:

* Daño a la reputación: la difusión de chismes puede afectar negativamente la reputación de las personas involucradas, generando dudas o desconfianza.

* Erosión de la confianza: el chisme puede destruir la confianza entre las personas, ya que crea un ambiente de desconfianza y suspicacia.

* Fragmentación de equipos: en entornos laborales, el chisme puede fragmentar los equipos de trabajo y dificultar la colaboración.

* Desestabilización de relaciones: el chisme puede generar conflictos y tensiones en las relaciones personales, familiares o profesionales.

* Aumento de estrés: la exposición constante a chismes puede generar estrés y ansiedad, especialmente si se trata de rumores que afectan directamente a la persona.

¿Por qué la gente chismea?

* Conexión social: el chisme puede ser una forma de conectar con otros y compartir información en un grupo, fortaleciendo los lazos sociales.

* Entretenimiento: en algunos casos, el chisme puede ser visto como una forma de entretenimiento o diversión, especialmente cuando se trata de celebridades o personas influyentes.

* Liberación de emociones: el chisme puede servir como una forma de liberar tensiones o desahogar emociones reprimidas.

* Información social: el chisme puede ayudar a las personas a saber qué es aceptable o no en un grupo, y a mantener el cumplimiento de normas sociales.

* Control social: en algunos casos, el chisme puede ser una forma de ejercer control sobre las personas o el grupo, generando miedo a la exposición pública”.

Quien hace caso a los chismes o los promueve, a sus consecuencias ha de atenerse.

Nota aparte: la semana anterior el ELN propició otro atentado en Valdivia, Antioquia, donde murió un suboficial y 2 soldados quedaron heridos, fuera de los destrozos materiales de rigor.

Reconociendo que cualquier ataque contra la fuerza pública y la población civil es imperdonable, resulta inaudito que para este atentado se haya empleado a una indefensa mula como “animal bomba”, abusando y explotando a un ser animal que por su condición es uno de los seres vivos más vulnerables.

Este es un acto fiero, cruel, brutal, atroz, feroz, bestial, salvaje, sanguinario e injustificadamente inhumano, lo cual nos deja muy mal parados como especie pretenciosa de autocalificarse como homo sapiens.

Se retuercen en mi memoria las figuras del “burro bomba” y de la mujer a quien le fue colocado un “collar bomba”, en épocas no muy lejanas y que parece ser que todavía no hemos podido superar.

Este es un ejemplo más de la calaña, la bajeza y la ruindad de estos “reivindicadores” de un supuesto bienestar para los colombianos, que ya no defienden ningún tipo de ideología, si no que se han convertido simple y burdamente en una caterva de narcotraficantes terroristas.

¡Malditos, mil veces malditos!

Maldita droga

Andrés de Bedout Jaramillo

La crisis humanitaria que está viviendo El Catatumbo y que se extiende a otras zonas del país, tiene todos los tintes de una guerra entre bandas de delincuentes dolidos por fechorías entre ellos, que ponen en entredicho la supremacía y dominio territorial de alguno de los dos bandos, en una zona, en plena frontera con Venezuela, donde se dice que hay más de cincuenta mil hectáreas de coca cultivada y laboratorios.

Los delincuentes de los dos bandos gozan de protección en ambos territorios. En Colombia, varios de ellos son gestores de paz, con paz y salvo para moverse libremente en camionetas blindadas y armamento suministrados por el Gobierno. En Venezuela, los dos bandos se mueven como Pedro por su casa, lo que les permite trabajar tranquilamente. Pero llegó el momento de las definiciones: al parecer, el Gobierno colombiano protege a las FARC y el venezolano al ELN. Yo diría que ambos protegen a los dos bandos de narcotraficantes en plena actividad.

En la mitad, una población que al parecer se constituye en la fuerza laboral al servicio de ambos bandos enfrentados.

Esa población pone los muertos; su identificación depende de para cuál de los dos bandos trabaja, haciéndose acreedores a la furia asesina de ELN y FARC, donde nadie se salva. Todos hacen parte de la fuerza laboral que mueve la economía del producto número uno de la zona: la coca.

El ejército, que tenía prohibido molestar a las FARC y ELN en la zona, llega ahora a tratar de ocuparla, con una capacidad operativa y de inteligencia menguadas por las medidas que ha venido tomando el Gobierno y que han logrado su propósito: restarle todas las capacidades a la fuerza pública.

Si el interés del Gobierno fuera el de darle duro a estos dos grupos, ELN y FARC estarían aprovechando que los habitantes de la zona abandonaron el territorio para hacer una ofensiva arrasadora contra estas estructuras, incluyendo destrucción de cultivos y laboratorios.

Pero como perro no come perro, esto no se va a dar. Las gentes seguirán desplazadas, bajo el cuidado de los colombianos que han volcado su solidaridad a su ayuda, con comida, vestido y elementos de aseo, mientras que los dos bandos se calman bajo la protección de los dos gobiernos, el colombiano y el venezolano.

Colombia terminará retirando a su menguada fuerza pública a los cuarteles y reactivando las negociaciones de paz con el ELN, suspendiendo otra vez las órdenes de captura, otorgando paz y salvos de movilidad y camionetas blindadas a los gestores de paz, que se tendrán que arreglar y juntar para que el negocio continúe y la fuerza laboral regrese a la zona y puedan convivir y trabajar en las peligrosas arenas movedizas del narcotráfico, que enriquece a unos pocos y empobrece y envilece a muchos.

Con las FARC no hay que reanudar diálogos; seguramente nombrarán más gestores de paz, más camionetas, más armas y más paz y salvos de movilización.

Colombia y Venezuela siguen empeñados en proteger, impulsar y ayudar a los delincuentes para asegurarse en el poder, incrementando la economía ilegal en sus territorios y seguramente lucrándose de ella.

La población de El Catatumbo seguirá como fuerza laboral al servicio del narcotráfico, sometida y esclavizada, atrapada entre la fuerza de las armas y el dinero que garantice su triste e incierta subsistencia.

Es impresionante la velocidad que llegamos al abismo del desastre.

Los efectos de la droga y el alcohol los estamos sufriendo todos. Nuestro primer mandatario, dominado por los vicios, destruye a su paso todo lo que toca, impunemente. Es el vicioso que destruye a Colombia y se destruye a sí mismo.

Lo sucedido con Estados Unidos en estos últimos días puso de presente el grado de irresponsabilidad, irracionalidad y locura al que ha llegado el presidente Petro.

No puede ser que en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestras instituciones no existan normas que nos permitan salir de esta horrible situación.

Que nuestro señor Jesucristo nos ilumine para encontrar la forma de impedir a Petro seguir al frente de Colombia como primer mandatario y acepte un tratamiento que le permita salir del alcohol y las drogas.

Los malos y los peores

José Alvear Sanín

El regreso a la escena de Juan Manuel Santos, reflotando a Petro con el apoyo a todas sus perversas iniciativas, presagia la consolidación de un régimen atroz, que ahora contará con la experiencia torcida de un falso Cristo.

Desde hace 716 interminables días, con sus noches, los colombianos vivimos entre la zozobra y la angustia con la única certeza de que las jornadas venideras serán peores. Los desatinos políticos y morales superan, en las amargas conversaciones actuales, los intereses que antes dominaban los amables coloquios. Los temas tradicionales, como las mujeres, el fútbol y los carros ya no animan las tertulias.

Por tanto, en la mía se suscitó la pregunta de si Santos es más malo que Petro. La disputa fue acalorada, pero terminó con el empate de ambos candidatos a la máxima execración. Sin embargo, en medio de la comparación entre los daños ocasionados por Santos y los desastres ya generados por Petro, escuchamos una observación original:

—¡Tantos malandros como hay!, dijo uno de los contertulios, y añadió: —En efecto, ya conocemos lo que ha hecho Santos, mientras que los horrores del petrismo apenas empiezan a dar su emponzoñado fruto. No nos apresuremos a contabilizar sus torpes hazañas, para lo que habrá, por desgracia, tiempo de sobra. Entre tanto no olvidemos que nuestro deber es el de impedir, cada cual dentro de sus capacidades, que este desgobierno se prolongue por incontables cuatrienios. Si Petro se queda en la casa de Nariño, alcanzará, y hasta dejará atrás, a muchos de los peores tiranos de la historia universal, porque para eso sí tiene suficientes capacidades.

Otro de los contertulios, de seguro inspirado por esas consideraciones, tomó la palabra para decirnos:

—Ni Juan Manuel ni Gustavo hubieran podido hacer lo que han hecho, ni lo que pueden hacer en el futuro, si no hubiera tantos tipos que, siendo peores que ellos, pasan desapercibidos.

—¡Imposible que los haya!, exclamamos los demás, pero nuestro amigo continuó:

—El primero contó, y el otro cuenta, con docenas de sigilosos malvados, sin cuya cooperación es imposible hacer daño. Santos es pérfido y artero manipulador, y Petro, un déspota en ascenso, que no puede ocultar su prontuario ni si ideal marxista-leninista, del que se ufana. En eso es coherente, franco y veraz (en eso solamente). En cambio, nadie recuerda los nombres de los congresistas que aprobaron lo que el pueblo rechazó en el Plebiscito, ni el de los magistrados que “legalizaron” todas las violaciones en torno a la entrega del país a las FARC, en 2016.

–Tienes razón, saltó otro, —porque ahora hay unos personajes igualmente funestos que colaboran desde las sombras, con acción solapada o por omisión deliberada. Consideremos los jueces prevaricadores, los fiscales flexibles y alcahuetas; los comunicadores fletados y mendaces; los parlamentarios costosamente sobornados, y los jefes políticos, que permanecen mudos y brazicruzados mientas sus bancadas se dejan comprar..., todos ellos, en mayor o menor medida, son peores que Petro y Santos, porque sin su hipocresía, disimulo y codicia, sin su concurso clandestino y su traición remunerada, el proceso hacia el poder totalitario no podría alcanzar su propósito.

La reunión que narro terminó concediendo a los miembros de la Comisión de Acusaciones de la “Honorable” Cámara de Representantes el primer puesto en el reconocimiento a la perversidad, porque, con la omisión del deber de poner en marcha los mecanismos para destituir, de acuerdo con el Artículo 109 de la Carta, a quienes se hicieron elegir violando con creces todos los topes, se está consolidando el régimen putrefacto que nos conduce hacia la reelección y el establecimiento de la República Soviética y “Bolivariana” de Colombia.

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Como cada día trae nuevos escándalos, el de los inmensos latrocinios en la UNGRD se limita a ser otra banal noticia de relleno en la creciente lista de ministros y altísimos funcionarios que ordenaron entregar enormes sumas a congresistas para asegurar la aprobación del paquete legislativo de Petro, sin que nadie pregunte quién ordenó a los ministros y a los grandes alfiles del régimen, corromper congresistas, desfalcar la Tesorería y hasta preparar contratos para financiar al ELN en su filantrópica labor en pos de la paz.

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¿No será este el momento para recordar a la incomparable Sor Juana Inés?

¿O cuál es más de culpar,

aunque cualquiera mal haga:

el que peca por la paga,

o el que paga por pecar?

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Si las reformas sanitaria y pensional costaron $ 90.000´000.000, ¿cuánto costará la “legalización” del poder constituyente y de la nueva Carta?

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Los agitadores que hace unos meses se peleaban por un puesto en Transmilenio, ahora se disputan un ministerio...

Rastrera, sí... ¡pero superioridad al fin y al cabo!

José Alvear Sanín

A partir de la Primera Guerra Mundial se ha tenido la superioridad aérea como medio fundamental para doblegar al enemigo. En la Segunda, la supremacía aérea conseguida finalmente por los aliados fue determinante. A partir de 1945, en todas las confrontaciones, quien domina el espacio aéreo tiene las mejores cartas.

Las guerrillas tienen más capacidad de dañar que de triunfar, porque no pueden aspirar a la superioridad aérea; a lo sumo adquieren proyectiles antiaéreos de limitado alcance, porque los aviones de combate y las flotas de helicópteros solo pueden ser adquiridos y costeados por los Estados.

La práctica eliminación de las guerrillas colombianas tuvo mucho qué ver con la supremacía aérea, que se mantuvo e incrementó a partir de los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. El posterior triunfo de las FARC no se debió a cosa distinta que la entrega del Gobierno a la subversión, es decir, mediante traición a la patria.

Como la capitulación bajo Santos fue parcial, con la llegada al poder de Petro empezó un proceso bilateral de entrega: el Gobierno cede y cede, y el ELN recoge. Además, esto tiene un vector militar y otro institucional. En ambos, el Gobierno renuncia a continuar la guerra: en lo militar, “la paz total” implica en realidad un cese unilateral del fuego; y en lo civil, se prepara la sustitución del orden constitucional por acuerdos “vinculantes” y obligatorios para transferir el poder del Gobierno a la guerrilla.

Llegamos así al tema del dominio del espacio aéreo. En primer lugar, no se reemplazan los obsoletos cazabombarderos Kfir, y los pocos que quedan, ni son operacionales ni repotenciables. Y privados de mantenimiento, los helicópteros que no se han caído, ya no pueden volar, a menos que sigan condenando a muerte a sus tripulaciones.

He aquí otro capítulo de traición a la patria. Con toda la aviación inoperante y en tierra, las guerrillas y los narcos son dueñas del aire, porque ya no hay ni reconocimiento, ni interdicción ni bombardeo.

Sobre nuestro espacio aéreo ya no se ejerce soberanía. Entonces aparece una superioridad aérea “rastrera”, es decir la que ejercen desde tierra las guerrillas, con proyectiles antiaéreos de 1.800 m de alcance y con la utilización de drones civiles, adaptados para porte y descarga de explosivos por parte de los intuitivos “ingenieros” de la subversión.

Hasta donde se sabe las guerrillas ya tienen algunos proyectiles modernos de cercano alcance, pero aún no tienen costosos y eficaces drones militares (UCAV= Unmaned Combat Aerial Vehicles).

Mientras no dispongan de UCAV, su superioridad aérea es rastrera y de corte amateur pero terrible, porque la defensa aérea ha sido desmantelada por el Gobierno.

Como la producción de drones militares está muy demandada por las guerras en Gaza y Ucrania, las guerrillas colombianas permanecen en la lista de espera de los fabricantes iranios, rusos y norcoreanos... ¡Pero ya les llegarán!

Sospecho que el status quo aéreo continuará favoreciendo a las guerrillas, porque el Gobierno no tiene afán de contratar el overhaul de los helicópteros (que tardaría meses), ni para adquirir cazabombarderos, sea en Francia, USA o Suecia (con entrega entre 20 y 30 meses).

Entretanto avanza rauda la “negociación” con el ELN, como indica el éxito de la guerrilla en la ronda que acaba de pasar en Caracas, para apoyar el proceso constituyente de Petro, patrocinado por ELN, FARC, Pacto Histórico y todos los idiotas útiles y los compañeros de ruta que infestan el país

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En vez del coloquial dron (de drone: zángano, cucarrón), debemos distinguir entre RPA (Remotely Piloted Aircraft), UNV (Unmaned Aerial Vehicle) y UCAV (Unmaned Combat Aerial Vehicle).

En cuanto a los drones civiles, útiles en docenas de actividades, los hay desde $158.000= hasta $5´000.000=, de tal manera que las guerrillas pueden seguir convirtiéndolos en instrumentos para causar daño y muertes en blancos a corta distancia.

¿Cuándo les llegarán los costosos drones militares para aterrorizar las ciudades y amenazar la infraestructura con su impresionante capacidad explosiva, mientras se les sigue facilitando el predominio aéreo?

Petro, ¿polpotiano?

José Alvear Sanín

El comunismo tiene sus ismos: leninismo, estalinismo, castrismo, chavismo, tantos como los líderes, pero en el fondo todos son lo mismo. Varían en la intensidad, la represión, las matanzas y en la eficacia en la destrucción del modelo económico y social. El ideal de todos ellos es hacer tabula rasa y edificar sobre las ruinas un orden nuevo, definitivo e implacable.

Como Petro es marxista-leninista confeso y de obediencia cubana, no podemos ignorar que su hoja de ruta es hacer de Colombia otra Venezuela.

Está muy cerca de lograrlo, porque pronto llegará la firma del “acuerdo de paz” con el ELN (yo con yo), para poner en marcha las normas “vinculantes” y obligatorias (es decir, la nueva y verdadera Constitución), redactadas por el Comité Nacional de Participación, como se ratificó y convino en el primer punto del acuerdo entre Gobierno y ELN, firmado el 25 de mayo pasado.

¿Pero Petro se quedará allí?

Desde luego, lo anterior es un imposible jurídico (deber ser), pero será un hecho cumplido (Realpolitik). Ese aterrador convenio solo ha tenido la oposición de un puñado de columnistas, impotentes frente al Gobierno y los líderes políticos “democráticos”, que callan de manera culpable sobre este mecanismo de destrucción masiva del Estado de derecho.

A mí no me queda duda de que firmar ese convenio constituye un gravísimo delito, pero ambas partas signatarias están acostumbradas a actuar por fuera (y contra) la ley.

¿Y qué? Si la Fiscalía es de ellos. La Comisión de Acusaciones, también. Los directorios políticos, callados. El Congreso, pagado. Los medios de comunicación masiva, pautados. Las Fuerzas Armadas, emasculadas.

La procuradora general es valiente. Pero ¿hasta dónde puede actuar como solitaria golondrina veraniega?

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Volvamos atrás para pensar en la respuesta al interrogante de si a Petro le basta con llevarnos a ser otra Venezuela.

En la toma cubana de Colombia hay varias líneas. Hasta hace algún tiempo las FARC llevaban la voz cantante. Siguen siendo muy influyentes y el Gobierno seguirá dialogando (cediendo) ante ellas, pero la orden al Ejército de atacar las disidencias es tan debilucha como que equivale a una palmadita en la muñeca (slap on the wrist), mientras al ELN se le autoriza todo: reclutar menores, cobrar sus “impuestos”, secuestrar, y redactar, a través del tal Comité Nacional de Participación, la Constitución de la venidera República Roja.

Por lo anterior no es de extrañar que las FARC quieran recuperar el protagonismo proponiendo a Petro un mecanismo más expedito para su Constituyente, como lo ha propuesto Leyva.

En esas condiciones, no queda duda de que, ahora, el actor principal de la revolución y partner del Gobierno es el ELN.

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Conviene entonces considerar cuál es la verdadera orientación ideológica de Petro y hasta dónde esta coincide con la del ELN.

Al contrario de los grandes comunismos iniciales, que eran desarrollistas, el Gobierno de Petro es partidario del decrecimiento económico, que viene logrando con la demolición de Ecopetrol, el despilfarro y el desorden fiscal, la política tributaria, las determinaciones erráticas y cortoplacistas, un personal impreparado e ignorante, todo lo cual causa desestímulo de la actividad económica y la inversión.

Petro, además, ha dicho y repetido que la acumulación de capital es la causante de todos los males que ocasionan la previsible extinción próxima de la humanidad. Como los sistemas de salud, pensional y sanitario, son acumulaciones de capital, no es de extrañar su obsesión en acabarlos. Pol-pot, más avanzado en ese mismo orden de ideas, llevaba su odio a la acumulación de capital hasta el extremo de eliminar la moneda y ordenar la demolición de las ciudades.

Como el ELN es un movimiento implacable, radical e irracional, que con su ideología maximalista jamás da tregua o cuartel, no puede ocultar su parecido con los jemeres rojos en el propósito de devolver la humanidad a un estado prehistórico, primitivo, de mera naturaleza.

Para estos grupos, el ser humano es un animal como los demás, sometido al ciclo inexorable —nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte—, para el cual basta con una alimentación elemental. Para nada se requiere de religión, arte, ideales, literatura, pensamiento, ciencia y cultura. La medicina, si mucho la de hierbas e infusiones. Nada de exámenes, farmacopea, cirugía... En esa concepción de la vida sobra la odiosa medicina moderna y capitalista, bastará entonces con los “médicos” cubanos y los tratamientos “ancestrales”, acoto, previstos en los proyectos sanitarios del actual Gobierno.

El indigenista es el único sector donde Petro todavía, al parecer, es popular y donde encuentra personal para engrosar sus lánguidas manifestaciones, porque se trata de un movimiento regresivo y primitivista, negativo de todo cuanto signifique progreso, libertad individual, de corte pol-potiano sin duda alguna.

En gracia de brevedad no nos ocuparemos del derecho y la libertad individual, despreciables superestructuras burguesas...

La eliminación de los hidrocarburos, de los vehículos contaminantes (con excepción de los aviones para quien sabemos) y de las carreteras para “los ricos” es tan virtuosa como la supresión de la variedad y buen gusto en los alimentos, lujos innecesarios y superlativos en una saludable vida primitiva...

De la vivienda como aspiración familiar y paraíso doméstico ni hablar, porque basta con un jergón en la habitación colectiva...

Esa radical actitud ante la vida explica tantas cosas del actual Gobierno, único en el mundo capaz de gozar con el estrecho abrazo del régimen del vecino país, donde la cuarta parte de la población ha preferido, equivocadamente, la miseria en el extranjero a la felicidad en su afortunada tierra.

¿Pánico económico?, ¿complicidad?

Por José Alvear Sanín

Quisiera que alguno de mis lectores fuese un patriótico penalista, porque este artículo se limita a hacer ciertas preguntas.

La primera sería para saber si el Código Penal está vigente, en todo o en parte, y si se aplica solo a los de ruana, en asuntos tan determinantes como el manejo de la economía nacional y el secuestro de menores.

Una información confiable, procedente de Credicorp Capital, recogida por importantes medios, indica que desde 2021 la fuga de capitales de Colombia alcanza la suma de US $ 13.500 millones, cantidad sin precedentes en nuestra historia económica.

Si el PIB colombiano es de US $ 196.260 millones, esa salida de capitales equivale al 6.8% del producto nacional. Supongo que esa cifra mucho tiene qué ver con la parálisis notoria de nuestra economía.

Ante esa enorme suma, en un país desesperanzado hay dos reacciones posibles: una, execrar a los capitalistas que han decidido poner a salvo sus haberes o parte de ellos; y dos, pensar que lo verdaderamente abominable consiste en vivir en permanente shock económico, que obliga a salvaguardar el fruto de años de trabajo, amenazado por decisiones económicas absurdas, contraproducentes y desacertadas, como las que han llevado a la miseria a tantos países que las ensayaron bajo fracasados gobiernos socialistas y comunistas.

La definición legal de pánico económico se centra, a mi juicio, en la divulgación de una información inexacta que puede afectar la confianza en el mercado de valores, conducente a la inestabilidad financiera. Esto indica que el Artículo 302 del Código Penal se queda corto frente a los efectos de las informaciones, siempre inexactas y alarmantes, que emanan diariamente del actual gobierno y producen pánico, ora en un sector, ora en otro.

Como puede verse, el Código Penal no contempla el efecto acumulativo del discurso económico de Petro, un galimatías formado por opiniones inconexas, inconsultas, fantásticas, falaces, salpimentadas de odio y tergiversación, día y noche, una y mil veces.

El resultado de veinte meses de esta cacofonía económica y social está a la vista: parálisis productiva con el horizonte de la venezolanización del país.

Como el delito de pánico económico se circunscribe a casos puntuales, la suma de 600 días de su inducción por parte del presidente es un fenómeno insólito que ninguna legislación ha sido capaz jamás de imaginar, lo que permite a quien profiere ese torrente de barbaridades escapar a toda posible sanción penal por ese concepto.

Cualquier otro gobierno, en cualquier parte del mundo, hubiera caído por uno solo de los desatinos y escándalos que se suceden en nuestro país.

Debo, entonces, reducir mi pregunta al caso de ECOPETROL, porque quiero saber si la destrucción deliberada de la empresa califica dentro del Artículo 302, porque alguna responsabilidad penal tiene que haber para quienes destruyen el mayor activo del Estado y el mayor renglón de sus ingresos.

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Tengo muchas otras preguntas para el penalista ideal al que me dirijo, pero por hoy quiero saber si hay complicidad cuando las autoridades “prestan ayuda posterior a quienes siguen conductas antijurídicas”.

Pocas veces algo me ha afectado tanto como la reciente concordancia entre gobierno y ELN en lo referente a la aceptación por parte del primero para que el segundo pueda reclutar jóvenes mayores de 15 años...

Aquí no hay leva sino secuestro, y este es, con mucho, el peor delito que puede cometerse. Por tal razón, la pena del secuestro extorsivo —el que diariamente comete el ELN— va desde 320 meses (26 años), a 504 (42 años).

Algún amigo me informa que, a partir de 15 años, las Naciones Unidas toleran ese “reclutamiento” en determinados casos, que ni siquiera quiero saber cuáles sean, porque no existe nada más horroroso que apoderarse de menores para enseñarlos a matar, esclavizarlos sexualmente, enfermarlos mentalmente y privarlos de todo futuro (si es que sobreviven).

¿Cómo es posible que el gobernante, que ha jurado cumplir con la Constitución y la Ley, pueda colaborar con tamaña abyección? Suponíamos que, a pesar de haber sido secuestrador habría recapacitado, porque su diario discurso altruista es siempre dizque en defensa de los derechos humanos...

De ahí mi pregunta sobre la complicidad, porque si la hay, los señores del gobierno y sus negociadores pueden invocar rebaja de la pena, de la sexta parte (53 meses), a la mitad (252 meses).

Mucho va, pues, del deber-ser a la Realpolitik. Antes de la incorporación del actual Artículo 109 a la Constitución, el intachable fiscal Valdivieso acusó penalmente al presidente por la financiación mafiosa de su campaña. Ahora, cuando lo de Samper parece una futesa y la Carta es violada diariamente, nada podemos esperar de fiscales y de la comisión de acusaciones.