De villanos, ladrones e indefensos ante la sorda cobardía institucional

Luis Guillermo Echeverri Vélez

“La honorabilidad del Estado no reposa en las leyes, sino en quienes las hacen cumplir, cuando fallan las personas a cargo, falla el sistema”. Lo dice el erudito jurisconsulto doctor Mauricio Gaona al dar la alarma sobre la emergencia institucional propia de un vacío de responsabilidad de quienes tienen a cargo la custodia constitucional.

Advierte que la siniestra secuencia del populismo que llega al poder, se transforma en autocracia y luego consolida el cambio de modelo a una dictadura constitucional por medio de una asamblea constituyente, aduciendo que hay que cambiar la constitución porque permite la oposición política, o porque el orden público está alterado; claro, a causa de su alcahuetería con la criminalidad.

Dice Gaona: “Es el carácter de quienes lideran las instituciones, gremios y asociaciones, lo que sostiene el sistema democrático”. La voluntad general debe ser la suma de las voluntades individuales de hacer lo debido. Entonces la misión de los directivos es impedir que el ejercicio político utilice la degeneración de la democracia en autocracia como herramienta para que continúen en el Gobierno falsos defensores de los derechos humanos afines a las organizaciones criminales.

Ya tuvimos con Santos el primer cambio ilegítimo de la Carta disfrazado de proceso de paz, ignorando el mandato del constituyente primario, otorgándole impunidad y derechos políticos a los criminales de lesa humanidad bajo la noción de “conflicto armado” que da paso al “estatus de beligerancia”, al “derecho de rebelión” y a la “conexidad de delitos” cuando se aduce que se comenten por razones ideológicas.

Lo más grave es la caída cíclica de la autoridad moral y ética de quienes deben tomar las decisiones viendo que se quiere alterar conceptualmente la ley cuando se rompen los preceptos que constituyen los límites normativos dentro de los cuales debe funcionar un Estado, usando la ficción de que el poder popular está representado por una figura presidencial, que se excede de manera abierta e ignora el principio de la legitimidad de la función pública.

El populismo acomoda la historia alterando la responsabilidad ideológica de las acciones subversivas en el tiempo mediante la manipulación de la narrativa para validar que caiga el sistema constitucional, dejando a la nación expuesta a la desesperación de la fuerza por no haber sido capaz de defender la libertad y el orden como esencia del pacto social.

Las salvaguardias de la democracia son la supremacía constitucional y la separación e independencia de poderes evitando la interdependencia política entre los mismos. Cuando la Constitución se acomoda a la voluntad de un presidente: un país está bajo una dictadura, se pierden las libertades, el orden y el respeto a la ley.

Lo que está pasando es que vamos a una forma totalitaria de manera diferente a lo que fueron las dictaduras militares del siglo XX; hoy se instaura una dictadura poniendo la ley al servicio de la política, y no está al servicio de la ley, lo que arruina los sistemas de control de la democracia.

Estamos a punto de que se reemplace lo que queda de nuestro ordenamiento constitucional y se consolide en las narices de la sordera de los partidos, los gremios y de los que viven de las rentas y la burocracia estatal. El sistema del SSXXI: un modelo cleptocrático, narco-comunista violador de derechos humanos.

Vivimos en la era del conocimiento digital y hemos tenido un país laborioso con gran capital humano y profesional, pero estamos gobernados por mentes análogas, sordas, retrógradas, mediocres, incapaces, retorcidas y dañinas.

Estamos al borde de ser un Estado fallido, de entrar a una cesación de pagos y, en estas elecciones, podemos terminar sin gobernabilidad cuando hay formas legales para cambiar al presidente que es el problema y no a la constitución.

Somos uno de los grandes productores de vicio del mundo y tenemos que orientar la formación de políticas públicas a erradicar la producción ilícita de minerales, cocaína y el narcotráfico, repatriar, retener y capacitar el capital humano, proteger el agua, el sistema andino - amazónico e incentivar los medios de producción lícitos para poder salir de ese círculo perverso de la droga que solo crea ilegalidad, violencia y capitales ilícitos que corrompen el derecho constitucional.

Si consigue estar bien administrada, por muchas razones Colombia es uno de los países de ingreso medio con mayor futuro en lo que queda del siglo. Cuidemos en esta elección las libertades, pues los países sin empresas privadas entran de cabeza al caos, la degradación y la miseria, no pueden funcionar ni crecer, y por eso la gente se tiene que ir a otras naciones que ofrecen oportunidades.

¿Pánico económico?, ¿complicidad?

Por José Alvear Sanín

Quisiera que alguno de mis lectores fuese un patriótico penalista, porque este artículo se limita a hacer ciertas preguntas.

La primera sería para saber si el Código Penal está vigente, en todo o en parte, y si se aplica solo a los de ruana, en asuntos tan determinantes como el manejo de la economía nacional y el secuestro de menores.

Una información confiable, procedente de Credicorp Capital, recogida por importantes medios, indica que desde 2021 la fuga de capitales de Colombia alcanza la suma de US $ 13.500 millones, cantidad sin precedentes en nuestra historia económica.

Si el PIB colombiano es de US $ 196.260 millones, esa salida de capitales equivale al 6.8% del producto nacional. Supongo que esa cifra mucho tiene qué ver con la parálisis notoria de nuestra economía.

Ante esa enorme suma, en un país desesperanzado hay dos reacciones posibles: una, execrar a los capitalistas que han decidido poner a salvo sus haberes o parte de ellos; y dos, pensar que lo verdaderamente abominable consiste en vivir en permanente shock económico, que obliga a salvaguardar el fruto de años de trabajo, amenazado por decisiones económicas absurdas, contraproducentes y desacertadas, como las que han llevado a la miseria a tantos países que las ensayaron bajo fracasados gobiernos socialistas y comunistas.

La definición legal de pánico económico se centra, a mi juicio, en la divulgación de una información inexacta que puede afectar la confianza en el mercado de valores, conducente a la inestabilidad financiera. Esto indica que el Artículo 302 del Código Penal se queda corto frente a los efectos de las informaciones, siempre inexactas y alarmantes, que emanan diariamente del actual gobierno y producen pánico, ora en un sector, ora en otro.

Como puede verse, el Código Penal no contempla el efecto acumulativo del discurso económico de Petro, un galimatías formado por opiniones inconexas, inconsultas, fantásticas, falaces, salpimentadas de odio y tergiversación, día y noche, una y mil veces.

El resultado de veinte meses de esta cacofonía económica y social está a la vista: parálisis productiva con el horizonte de la venezolanización del país.

Como el delito de pánico económico se circunscribe a casos puntuales, la suma de 600 días de su inducción por parte del presidente es un fenómeno insólito que ninguna legislación ha sido capaz jamás de imaginar, lo que permite a quien profiere ese torrente de barbaridades escapar a toda posible sanción penal por ese concepto.

Cualquier otro gobierno, en cualquier parte del mundo, hubiera caído por uno solo de los desatinos y escándalos que se suceden en nuestro país.

Debo, entonces, reducir mi pregunta al caso de ECOPETROL, porque quiero saber si la destrucción deliberada de la empresa califica dentro del Artículo 302, porque alguna responsabilidad penal tiene que haber para quienes destruyen el mayor activo del Estado y el mayor renglón de sus ingresos.

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Tengo muchas otras preguntas para el penalista ideal al que me dirijo, pero por hoy quiero saber si hay complicidad cuando las autoridades “prestan ayuda posterior a quienes siguen conductas antijurídicas”.

Pocas veces algo me ha afectado tanto como la reciente concordancia entre gobierno y ELN en lo referente a la aceptación por parte del primero para que el segundo pueda reclutar jóvenes mayores de 15 años...

Aquí no hay leva sino secuestro, y este es, con mucho, el peor delito que puede cometerse. Por tal razón, la pena del secuestro extorsivo —el que diariamente comete el ELN— va desde 320 meses (26 años), a 504 (42 años).

Algún amigo me informa que, a partir de 15 años, las Naciones Unidas toleran ese “reclutamiento” en determinados casos, que ni siquiera quiero saber cuáles sean, porque no existe nada más horroroso que apoderarse de menores para enseñarlos a matar, esclavizarlos sexualmente, enfermarlos mentalmente y privarlos de todo futuro (si es que sobreviven).

¿Cómo es posible que el gobernante, que ha jurado cumplir con la Constitución y la Ley, pueda colaborar con tamaña abyección? Suponíamos que, a pesar de haber sido secuestrador habría recapacitado, porque su diario discurso altruista es siempre dizque en defensa de los derechos humanos...

De ahí mi pregunta sobre la complicidad, porque si la hay, los señores del gobierno y sus negociadores pueden invocar rebaja de la pena, de la sexta parte (53 meses), a la mitad (252 meses).

Mucho va, pues, del deber-ser a la Realpolitik. Antes de la incorporación del actual Artículo 109 a la Constitución, el intachable fiscal Valdivieso acusó penalmente al presidente por la financiación mafiosa de su campaña. Ahora, cuando lo de Samper parece una futesa y la Carta es violada diariamente, nada podemos esperar de fiscales y de la comisión de acusaciones.

No lo puedo creer

Por Antonio Montoya H.*

Nuevamente se produce un fallo que divide al país, al tumbar una reforma que pretendía imponer penas de cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Acto legislativo 01 de 2020, que fue firmado por el presidente en julio del mismo año.

Pero como siempre ocurre en este y en otros múltiples casos, hay quienes consideraron que dicha norma es violatoria de la Constitución, se demandó la ley y después de los análisis y debates respectivos el fallo proferido por la sala plena de la Corte Constitucional, con una votación de seis a favor de tumbarla y tres a favor de la constitucionalidad de la misma, se dio nuevamente al traste con evitar que, por medio de una condena a cadena perpetua, salga el depredador y repita la conducta, asesinando y violando al primer niño que aparezca en su camino.

Dice en algunos que “la cadena perpetua puede constituir una pena cruel, que no protege a los menores” argumento que no tiene relevancia por cuanto es un hecho evidente que, con las leyes penales no se protege a la víctima, se castiga es al autor del acto criminal. El delito fue cometido y la consecuencia es la violación o la muerte. Estos sujetos no se mejoran, su conducta será reprimida en la cárcel, pero salen y casi que inmediatamente se repite la conducta depredadora; solo piensan en satisfacer su necesidad y por ello, vemos permanentemente como los crímenes suceden nuevamente cuando los jueces, después de pagar unos años de condena, les otorgan casa por cárcel y luego no queda sino lamentaciones y golpes de pecho.

También dicen otros juristas que la cadena perpetua atenta contra los derechos fundamentales y se viola el principio de la dignidad humana. Así se sustituyó la Constitución.

Se dan argumentos de lado y lado, todos ellos basados en la Constitución Nacional; hablan los que se oponen a la cadena perpetua, en que esta no permite la resocialización del delincuente. Es deber del Estado garantizar los medios para lograr que los reclusos se reintegren a la sociedad, afirmación que en teoría debe ser así, pero es que todos los delitos no son iguales, hay unos tipos de delito que son de mayor intensidad, lesionan la dignidad humana, la autoestima de la víctima cuando no es asesinada, su valía y se afecta el desarrollo de su vida por lo cruento del acto criminal. Por ello, no se puede comparar con delitos menores robos, hurtos, en fin, aquellos en que la víctima pierde objetos de valor, pero no hay afrenta contra su vida.

Otros dicen que no es una medida idónea para asegurar la protección de los menores, lo cual es lógico porque el delito se consumó; cuando se violó y asesinó, ya el menor y su familia, o por quien lo tenia a su cargo, no fue protegido por el Estado, por lo cual es un argumento sin fundamento, y ¿si no se castiga al delincuente, entonces quién lo hará?

En la actualidad hay unas mil seiscientas cincuenta y cinco personas detenidas por delitos sexuales. Qué pasará cuando todos estén en la calle, quién podrá hacer seguimiento a sus acciones. Afortunadamente no salen al mismo tiempo porque sería el caos de ser así.

Alguien me podrá decir si el conocido Garabito, será una persona de confianza para dejarlo al lado de los niños el día que salga de su detención, pues la respuesta es no, seria un riesgo inminente para que nuevamente acceda carnalmente a quien se le atraviese, dicen que esta convertido, no lo creo.

Todo este asunto de la cadena perpetua no fue promovido solamente por el presidente Duque. De mucho tiempo atrás senadoras y representantes, movidas por el clamor social venían pretendiendo que se lograra una reforma y se permitiera en estos casos la cadena perpetua, pero, no fue posible. Nuevamente la Corte falla a espaldas de la realidad, de ese clamor de mayor justicia para los delincuentes, otra frustración y un dolor más para los padres y familiares de las víctimas de estos depredadores.

Todo esto tiene que cambiar, hay que tener más lógica en los fallos, menos teoría y más efectividad para proteger a la sociedad, no ya a las víctimas, sino a miles de niños y niñas ingenuos que caen en las garras de estos verdaderos criminales.