José Hilario López Agudelo
Colombia registra
una producción oficial de oro que oscila entre las 55 y 70 toneladas anuales,
consolidándose como uno de los productores clave de este metal en Sudamérica.
La producción de oro en Colombia no está controlada por una sola entidad, sino
que se divide entre grandes empresas privadas bajo regulación estatal y actores
de la minería informal o ilegal.
Se
calcula que los mineros informales y las redes criminales controlan entre el 70 %
y el 80 % del oro extraído en Colombia. La Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) y la inteligencia militar coinciden en que
la gran mayoría de la minería de oro de aluvión se realiza sin títulos mineros
ni licencias ambientales vigentes. La línea que separa a un minero informal de
los grupos armados ilegales es difusa. La Asociación Colombiana de Minería
(ACM) e informes de la OEA han señalado que gran parte del oro exportado por el
país se origina o se blanquea mediante canales informales y de contrabando.
Toda
la cadena de extracción ilícita de oro en Colombia genera ingresos anuales que
rondan los 8.414 millones de dólares. Esto ha superado en varias regiones a las
rentas del narcotráfico. La mayoría de los mineros informales son trabajadores
artesanales o miembros de las comunidades locales. No obstante, los grupos
criminales (como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC) se
quedan con una parte del oro a través de extorsión directa
("vacunas"), mediante cobros forzosos de aproximadamente el 10 %
de la producción a los pequeños mineros para permitirles operar la maquinaria
minera.
El
blanqueo o legalización de oro ilegal para su exportación es un proceso
mediante el cual organizaciones criminales o mineros informales transforman un
metal obtenido de forma ilícita en un producto aparentemente legítimo, que
cumple con las normas del comercio internacional.
De
acuerdo con investigaciones judiciales y reportes de organismos internacionales
como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
y la OCDE, este fraude se realiza principalmente a través de las siguientes
etapas y mecanismos: 1. Falsificación del origen (Identidades y empresas
fachadas); 2. Comercializadoras Internacionales; 3. Modificación física del
metal y 4. Sobrefacturación y fraude documental en la exportación.
En
columnas anteriores, publicadas en este mismo medio, ya nos hemos referido a la
destrucción que está causando la minería ilegal del oro a ecosistemas sensibles
del país.
El
auge en los precios internacionales ha hecho del oro un negocio muy lucrativo.
El 30 /10/2026 el precio de la onza troy del oro se cotizaba en USD 4.011.
Según las proyecciones a largo plazo, durante los próximos 5 años el precio del
oro oscilará en un rango entre USD 3.872 y USD 4.459. Durante los próximos 10
años, el metal precioso se cotizará entre USD 3.872 y USD 4.670, y para el año
2050 el precio del oro podría alcanzar USD 5.219 la onza troy.
En
mayo pasado la Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció oficialmente el
lanzamiento y la entrada en operación de la Plataforma de Trazabilidad de
Minerales (PTM). Esta herramienta tecnológica ha sido diseñada con el objetivo
de fortalecer los mecanismos de control, legalidad y transparencia dentro de la
cadena minera del país. La plataforma permite realizar un seguimiento detallado
a los minerales desde su punto de origen hasta su comercialización final. La
PTM es una herramienta que valida en tiempo real si el oro que se vende
proviene de un título minero vigente, de un minero de subsistencia registrado o
de un comercializador autorizado.
De
acuerdo con la información oficial, la PTM representa un avance significativo
en la transformación digital del sector minero colombiano, ya que facilita el
registro, validación y seguimiento de las transacciones en toda la cadena. El
sistema opera bajo el concepto central de “Trazabilidad de Minerales: la ruta
legal del subsuelo a la comercialización”, integrando información estratégica
de diversos sistemas institucionales para combatir la ilegalidad.
Sin
embargo, mientras el Estado no retome el control del territorio en las zonas
afectadas por el conflicto, la PTM por sí sola no detiene la minería ilegal
controlada por los grupos criminales. Ya vimos como el camuflaje permite
el blanqueo que facilita a organizaciones criminales y mineros informales la
legalización del oro ilegal.
Recuperar
el control del territorio en las regiones afectadas por la minería ilegal del
oro no solo es un acto de soberanía nacional, sino una fuente de ingresos para
el Gobierno Nacional y los gobiernos locales (regalías e impuestos).





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