La vorágine no terminó, solamente cambió de paisaje

Fredy Angarita

De las caucherías del Amazonas a las calles del centro de Medellín: una mirada a quienes producen la riqueza y a quienes se quedan con ella.

Hay libros que uno no debería leer en el colegio. O, por lo menos, no de la manera en que solemos leerlos: con una fecha de entrega, un cuestionario por resolver y la obligación de recordar nombres, personajes y acontecimientos para aprobar un examen. La vorágine, de José Eustasio Rivera, es uno de ellos.

No porque sea una lectura imposible para un estudiante, sino porque hay obras que necesitan algo más que los ojos puestos sobre sus páginas. Necesitan tiempo, experiencias y una conciencia que quizá todavía estamos formando. A veces uno termina un libro en el colegio sin comprender que acaba de leer algo que la vida le hará entender muchos años después.

Gracias, años, por llevarme de nuevo a José. Esta vez no estaba buscando respuestas para una evaluación ni intentando demostrar que había leído un clásico de la literatura colombiana. Estaba leyendo a conciencia. Y entonces descubrí esa manera suya de describir lo que siempre hemos visto, pero que apenas alcanzamos a nombrar con palabras simples: hermoso, lindo, espectacular. Rivera encontraba expresiones para aquello que nosotros sentimos, pero no sabemos cómo decir.

Uno se toma unos minutos —o unos años— más, lee y descubre que alguien ya había encontrado las palabras. Desde entonces amo los amaneceres, aunque todavía no consiga encontrar en ellos el coágulo de rubí ni la pincelada violenta con la que José describía el paisaje.

Pero hay algo que me dejó aquella lectura: la sospecha de que la vorágine no se quedó entre los árboles del Amazonas ni terminó cuando el caucho dejó de ser ese tesoro que enriquecía a unos mientras condenaba a otros. La explotación cambió de formas, los escenarios se transformaron y, aunque las herramientas sean distintas, algunas desigualdades siguen pareciéndose demasiado.

Me pregunto quiénes serían hoy los explotadores del caucho. ¿Dónde están nuestros terratenientes? ¿Quiénes acumulan la riqueza que producen las manos de quienes apenas consiguen llevar algo a casa? ¿Cuántas personas siguen trabajando para construir una prosperidad que difícilmente podrán disfrutar?

No necesito viajar hasta el Putumayo y Guainía, para encontrar preguntas parecidas. Basta con caminar por el centro de Medellín.

Allí están los vendedores que empujan sus carretillas durante horas, los recicladores que arrastran el peso de lo que otros desechan, los trabajadores que levantan edificios donde probablemente nunca vivirán y quienes madrugan para vender un tinto, una fruta o cualquier cosa que les permita sobrevivir un día más. Son rostros y oficios que hacen parte del movimiento de la ciudad, aunque pocas veces ocupen un lugar en las conversaciones sobre progreso y desarrollo.

Cada uno tiene una jornada que comienza antes de que muchos abran los ojos. Hay quienes organizan su mercancía, quienes recorren varias cuadras buscando compradores y quienes cargan sobre sus hombros el esfuerzo de una ciudad que parece funcionar gracias a trabajos que casi nunca mira de frente.

La selva tiene otros sonidos. Ya no siempre se escucha el machete contra el árbol ni el ruido de las caucherías. Ahora se escucha el pregón de quien ofrece su mercancía, el pito de los buses, las ruedas de una carretilla y el murmullo de una ciudad que nunca termina de despertar. Cambió el paisaje, pero todavía hay personas cuyo esfuerzo sostiene la riqueza de otros.

No pretendo decir que las historias de las caucherías y las de quienes trabajan hoy en las calles sean iguales. Cada época tiene sus propias formas de violencia, explotación y desigualdad. Pero la lectura de Rivera me dejó una pregunta que sigue apareciendo mientras camino: ¿quién se beneficia realmente del trabajo de quienes apenas consiguen sobrevivir con lo que producen?

Tal vez por eso vuelvo a mirar el centro de Medellín. Porque detrás de cada edificio hay manos que lo levantaron; detrás de cada mercancía, alguien que la transportó; detrás de cada calle que parece funcionar por sí sola, hay personas que madrugan, cargan, venden, limpian y trabajan mientras los demás seguimos nuestro camino.

Tal vez la pregunta no sea si seguimos viviendo en una vorágine, sino cuántas personas continúan atrapadas en ella mientras los demás aprendemos a llamar progreso a lo que vemos desde la ventana.

Y quizá leer a José Eustasio Rivera tantos años después sirva precisamente para eso, para entender que algunos paisajes cambian, pero que las preguntas sobre la dignidad, el trabajo y la riqueza siguen esperando una respuesta.

https://www.renovacionterritorio.gov.co/central-pdet/subregiones/putumayo

https://www.elcolombiano.com/medellin/venteros-informales-invadieron-el-paseo-bolivar-en-medellin-ON23488071

"¿No crees, Alicia, que vamos huyendo de un fantasma cuyo poder se lo atribuimos nosotros mismo? ¿No sería mejor regresar?"

Santa Fe de Antioquia: primeros pasos hacia una «zona azul»

Félix Alfazar González Mira

Acompañados por el doctor Oswaldo Restrepo Villa, reconocido médico colombiano, promotor de la longevidad saludable y organizador de congresos internacionales bajo el lema «Vive más y mejor», con amplia convocatoria, estuvimos en Santa Fe de Antioquia para dar los primeros pasos hacia una investigación rigurosa de las condiciones históricas, culturales, ambientales y sociales que podrían explicar la presencia de personas longevas en este territorio.

El propósito es identificar, mediante la observación, la consulta y el análisis científico, qué factores de la vida cotidiana de la Ciudad Madre podrían favorecer una existencia más larga y saludable. Se trata de explorar una posibilidad que merece atención: que Santa Fe de Antioquia reúna características dignas de estudio para avanzar hacia su reconocimiento como territorio de prácticas de longevidad.

El doctor Restrepo Villa, nacido en Liborina occidente de Antioquia, médico con una sólida formación académica y científica, se ha convertido en una voz destacada en Colombia en la promoción de hábitos y condiciones de vida que permitan ampliar la expectativa de vida con salud y bienestar. Es, además, autor del libro "Vive al 100 más allá de los Cien", una obra que invita a comprender la longevidad no solamente como una cuestión de años acumulados, sino como la posibilidad de vivir más y mejor.

La longevidad saludable no puede ser una preocupación exclusiva del sector médico. Debe convertirse en un propósito compartido por las instituciones públicas, las organizaciones privadas, la comunidad científica y la sociedad civil. Alcanzar ese objetivo exige cooperación, investigación, educación y voluntad institucional.

Con esa convicción, sostuvimos un encuentro con monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo; con la diligente presencia de Katherine Salas del Hospital San Juan de Dios, y con Carolina Osorio Espinosa y Julieta Rodríguez Osorio, impulsoras del novedoso emprendimiento "Cacaotera Real", cuya actividad permite establecer un interesante vínculo entre la tradición cacaotera, el chocolate —bebida de profundo arraigo cultural— y la exploración de hábitos alimentarios asociados al bienestar.

La vinculación de estos sectores constituye un primer paso para construir una iniciativa colectiva que trascienda las reuniones y se traduzca en acciones concretas.

Queda pendiente, sin embargo, una participación más activa de la Administración Municipal. El alcalde, Yamid Carvajal, aún no ha podido incorporarse a este proyecto. Su vinculación sería fundamental para darle continuidad, respaldo institucional y capacidad de convocatoria a una iniciativa que podría abrir nuevas perspectivas para el desarrollo de Santa Fe de Antioquia.

La oportunidad es particularmente significativa en un momento en que la puesta en funcionamiento del Túnel del Toyo, Guillermo Gaviria Echeverri, plantea nuevos desafíos para la conexión y la proyección turística de la Ciudad Madre. Frente a las transformaciones que traerá esta infraestructura, Santa Fe de Antioquia necesita fortalecer aquellos atributos que la hacen singular y convertir su patrimonio histórico, cultural y natural en una fuente de nuevas oportunidades.

De la reunión surgió un compromiso concreto: iniciar la promoción del proyecto y avanzar en la identificación, consulta y verificación de información sobre las personas mayores de 90 años que habitan el municipio y su territorio, con especial interés en conocer su estado de salud y sus condiciones de vida.

La tarea implica construir una base de datos confiable, verificar las edades mediante registros civiles y otras fuentes documentales pertinentes, y conocer las trayectorias vitales, los hábitos alimentarios, la actividad física, las relaciones familiares, la vida comunitaria y otros factores que puedan contribuir a explicar su longevidad.

El propósito es avanzar, durante el próximo año, hacia la realización en Santa Fe de Antioquia, de un encuentro nacional con participación de expertos internacionales bajo el lema «Vive más y mejor".

Al mismo tiempo, se buscará posicionar a la Ciudad como una región living blue zone (Viviendo como Zona Azul) con prácticas de vida potencialmente asociadas a la longevidad saludable, proyectándola hacia los escenarios nacionales e internacionales de investigación, divulgación científica y turismo especializado.

Hasta ahora, en Santa Fe de Antioquia no se ha consolidado una política pública integral que articule de manera sistemática las distintas prácticas y condiciones que podrían favorecer una vida larga y saludable. La paradoja es que algunos de esos factores podrían encontrarse, desde hace generaciones, en la propia cotidianidad de sus habitantes.

La vida saludable no se construye exclusivamente en los consultorios, los laboratorios o los programas institucionales. También se expresa en las costumbres, la alimentación, el trabajo, el movimiento cotidiano, los vínculos familiares, la convivencia comunitaria y la relación de los pueblos con su entorno.

En Santa Fe de Antioquia encontramos elementos que merecen ser examinados con atención: el consumo tradicional de frutas como el mango, el tamarindo y el anón; el entorno del bosque seco tropical; las laderas productivas que exigen esfuerzo físico; las caminatas por sus planicies y caminos; la alimentación paisa, con sus tradicionales fríjoles, arroz y huevo; la tradición de la candela, su licor ancestral; el ritmo pausado de la vida, con resonancias caribeñas; sus siete templos, su ambiente cultural y la persistencia de costumbres heredadas de generación en generación.

Santa Fe de Antioquia podría ofrecer un escenario privilegiado para investigar esa relación entre cultura, territorio y longevidad. Pero la intuición, por sugestiva que resulte, debe abrirle paso a la evidencia científica.

Este proyecto también puede convertirse en una oportunidad de desarrollo económico y turístico. El envejecimiento de la población mundial ha dado lugar a la llamada economía plateada o economía silver, un sector que comprende bienes, servicios y experiencias dirigidos a las personas mayores, un segmento poblacional diverso que no solamente requiere cuidados, sino que también participa activamente en el consumo, la inversión, la cultura, el ocio y los viajes.

Santa Fe de Antioquia, con su arquitectura colonial, su patrimonio histórico, su clima, su gastronomía y su identidad cultural, podría explorar una oferta turística orientada al bienestar, el descanso, la actividad física, la alimentación tradicional y el envejecimiento saludable.

Con el trabajo que iniciamos, bajo el liderazgo del doctor Oswaldo Restrepo Villa, estamos dando los primeros pasos para que Santa Fe de Antioquia amplíe su horizonte y aspire a ocupar un lugar en las conversaciones nacionales e internacionales sobre longevidad saludable.

La Ciudad Madre tiene historia, identidad, paisaje y tradiciones. Ahora debe convertir esos atributos en una oportunidad de investigación, reconocimiento y desarrollo.

Tal vez el secreto no se encuentre en una fórmula milagrosa, sino en la memoria viva de sus habitantes; en el mango que madura bajo el sol, en los caminos que todavía se recorren a pie, en la mesa familiar, en las conversaciones sin prisa y en las costumbres que han resistido el paso de los siglos.

Allí, en esa cotidianidad que parece detenida en el tiempo, podría haber preguntas fundamentales para comprender cómo se vive y se envejece en este territorio.

Santa Fe de Antioquia no puede proclamarse todavía una Zona Azul. Pero sí puede proponerse investigar, con rigor y determinación, si sus raíces históricas, sus condiciones ambientales y sus prácticas culturales contienen algunas de las claves para vivir más y mejor.

Ese es el desafío que comienza. Y también la oportunidad de proyectar a la Ciudad Madre de los antioqueños hacia un futuro en el que su legado no solo se mida por los siglos de historia que conserva, sino también por la calidad de vida que pueda ofrecer a sus habitantes y a las generaciones venideras.

Emplear las reservas, en vez de impuestos tóxicos para la gobernabilidad

José Alvear Sanín

La situación fiscal es insostenible y el gobierno tiene razón en dar prioridad al saneamiento fiscal, pero con la reforma tributaria implícita en la Ley de Rescate se expone a provocar el rechazo airado de las mayorías y hasta el estallido social…

Es verdad que ante un hueco fiscal que nadie sabe si es de 60, 80 u 100 billones de pesos, las medidas son tan onerosas como urgentes, porque, si “la bomba de tiempo” que dejó Petro no se desactiva antes de que estalle, el default es inevitable y las consecuencias económicas y políticas, aterradoras.

Desde luego, el nuevo esfuerzo tributario que se exige a un cuerpo exhausto de contribuyentes aparece como la fórmula, tremenda pero necesaria e inevitable, para conjurar la peor crisis económica, fiscal y financiera de la historia nacional, pero el riesgo que con esa fórmula corre un gobierno que en buena parte fue elegido bajo la promesa de no aumentar la carga tributaria, injusta, asfixiante y abusiva, es muy preocupante.

Si el gobierno de Abelardo de la Espriella fracasa, el futuro de Colombia queda en entredicho y la izquierda falaz, corrupta y totalitaria, puede repotenciarse electoralmente, con previsibles y horrorosas consecuencias.

Con razón se preguntará: ¿Cómo sanear la situación, sin los nuevos y gigantescos recursos tributarios que la crisis exige?

Claramente sé que la solución no tributaria de la crisis parece imposible, y sin embargo hay un recurso tan apreciable como olvidado, las reservas del Banco de la República, actualmente del orden de 67.000 millones de dólares.

No ignoro que el Banco de la República, afortunadamente, es autónomo, pero esas reservas, que ha administrado muy bien, no son de esa entidad, sino que pertenecen a la nación colombiana, que requiere hoy con máxima urgencia de 20 o 25.000 millones de dólares para dejar atrás la herencia maldita de Petro.

Tampoco desconozco las dificultades técnicas y jurídicas para poder disponer de esos recursos, pero es mi deber recordar que, en crisis agudas, bajo Belisario Betancur y luego, en el gobierno de Andrés Pastrana, fueron superadas con la utilización de partes de las reservas del Emisor. En la segunda de esas ocasiones, el impecable empleo de las reservas se ejecutó con la dirección de ese gran ministro de Hacienda que fue Juan Camilo Restrepo Salazar.

Una operación como la que propongo exige rigor técnico, para evitar la monetización de equivalente suma en pesos, de manera que únicamente debe conducir al prepago de deuda pública ruinosa, para disminuir en gran medida el costo astronómico que exige la actual y aplastante deuda pública, cuyo servicio, si no se toman medidas urgentes, puede alcanzar los 140 billones de pesos, el año entrante. Reduciendo esa erogación siquiera a la mitad, nos podríamos acercar al equilibrio fiscal con mucha mayor rapidez que con otra exacción tributaria de incierto resultado.

Así como en momentos de crisis familiar hay que vender el carro, rebajar gastos, apretarse el cinturón y mudarse a una vivienda modesta, el Estado tiene que enfrentar los hechos, y ninguna de sus dependencias puede negarse a participar en los sacrificios que exige la situación.

De cara al porvenir: organización y ordenamiento territorial

Pedro Juan González Carvajal

1. ¿Qué es el territorio?

El territorio no es solo tierra. Es la porción de la superficie terrestre sobre la cual un Estado ejerce soberanía y una comunidad construye su vida. Tiene tres dimensiones:

a. Jurídica: es el ámbito espacial donde aplica la Constitución y la Ley. Artículo 101 de la Constitución colombiana: comprende suelo, subsuelo, mar territorial, zona económica exclusiva y espacio aéreo y atmosférico. Sin territorio no hay Estado.

b. Política: es donde se ejerce el poder y se resuelven conflictos. Quien controla el territorio, controla recursos, población y decisiones.

c. Sociocultural: es espacio vivido. Ahí están la memoria, los símbolos, los mercados, los barrios, los resguardos, las costumbres. Un mismo kilómetro cuadrado significa cosas distintas para un campesino, un minero y un indígena.

Por eso el territorio no es un “objeto neutro”. Es una construcción social. Se defiende, se negocia y se planifica. De ahí nacen dos conceptos que suelen confundirse: organización territorial y ordenamiento territorial.

2. Organización territorial vs. ordenamiento territorial

Aspecto. Organización territorial. Ordenamiento territorial.

¿Qué es? Define quién manda dónde. Es la división político-administrativa del Estado. Define qué se puede hacer y dónde. Es la regulación de usos, actividades y ocupación del suelo.

Norma base en Colombia Artículo 285 a 331 de la Constitución. Ley 1454 de 2011, LOOT (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial). Artículos 311 y 313 de la Constitución. Ley 388 de 1997.

Pregunta que responde ¿Cuántos departamentos, municipios, distritos, provincias, regiones, corregimientos y veredas hay? ¿Qué competencias tiene cada uno? ¿En este lote se puede construir vivienda, poner una fábrica, sembrar o conservar bosque?

Escala Nacional y Regional. Crea entidades territoriales: departamentos, municipios, distritos, territorios indígenas. Principalmente municipal. Se concreta en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

Objetivo: Distribuir poder, recursos y funciones entre niveles de gobierno. Descentralizar. Armonizar actividades humanas con el ambiente, prevenir riesgos, reducir conflictos por el suelo y garantizar acceso equitativo.

Producto concreto: Creación de un nuevo departamento o distrito. Asociación de municipios. Mapa de zonificación: suelo urbano, rural, expansión, protección. Norma de alturas, aislamientos, densidades.

Analogía: es el “organigrama” del Estado en el mapa. Es el “manual de convivencia” del suelo.

Diferencia clave: la organización territorial crea las “cajas” del poder: municipios, departamentos. El ordenamiento territorial dice qué pasa dentro de cada caja. Puedes cambiar la organización sin tocar el ordenamiento, y viceversa. Ejemplo: dos municipios se fusionan cambia la organización, pero cada vereda mantiene su uso agrícola, no cambia el ordenamiento. O un municipio actualiza su POT para prohibir minería cambia el ordenamiento, pero sigue siendo el mismo municipio, no cambia la organización.

3. Destino y uso del suelo: la regla del juego en cada metro cuadrado.

El ordenamiento territorial se vuelve operativo cuando clasifica el suelo y le asigna un destino y unos usos.

Destino del suelo: es la clasificación estructural. La Ley 388/97 define 3 clases principales: 

a. Suelo urbano: ya tiene redes de servicios y está edificado o apto para serlo.

b. Suelo de expansión urbana: se habilitará para crecimiento futuro, según el POT.

c. Suelo rural: destinado a actividades agrícolas, pecuarias, forestales, mineras. Incluye suelo de protección: páramos, rondas de río, zonas de riesgo no mitigable.

El destino te dice el “apellido” del suelo. Cambiarlo es difícil y exige revisión del POT (Plan de Ordenamiento Territorial).

Uso del suelo: Son las actividades específicas permitidas, restringidas o prohibidas dentro de cada destino. Un lote con destino “urbano” puede tener uso:

a. Principal: Vivienda.

b. Compatible: Comercio barrial, oficina.

c. Restringido: Bar o discoteca, solo en ejes viales.

d. Prohibido: Industria pesada.

El uso responde a la pregunta: ¿puedo montar una tienda aquí? Lo define el POT y lo certifican las curadurías o planeación municipal.

¿Por qué importa distinguirlos?

Porque el conflicto por la tierra nace cuando se confunden. Un alcalde no puede crear un resguardo indígena. Eso es organización territorial y compete al Congreso, pero sí puede declarar un cerro como suelo de protección. Eso es ordenamiento territorial y compete al Concejo. Un ciudadano no puede alegar “derecho al trabajo” para poner una cantera en suelo de protección: el uso está prohibido, aunque el destino sea rural.

3. Conclusión: el territorio como acuerdo

El territorio es el soporte físico de la nación, pero también su proyecto. La organización territorial reparte el poder para administrarlo. El ordenamiento territorial pone reglas para habitarlo sin destruirlo. Y el destino y uso del suelo son la letra menuda donde ese proyecto se vuelve real: una casa, un cultivo, un parque, una fábrica.

Sin organización clara hay ingobernabilidad. Sin ordenamiento hay caos, riesgo y especulación. Y sin respeto al destino y uso del suelo, no hay derecho a la ciudad ni sostenibilidad rural. Ordenar el territorio es, en el fondo, ordenar cómo queremos vivir juntos. Y eso es una decisión política antes que técnica.

Preguntas alrededor de la validez y pertinencia o no de tener cerca de 30.000 veredas, más de 6.000 corregimientos, cerca de 1.200 municipios y 32 departamentos, no hacen parte, lamentablemente, de la agenda nacional.

El espacio rural, se ve lejano de las grandes urbes, lo cual lo aísla y lo incomunica en todos los aspectos de la vida nacional.

Así mismo el territorio insular requiere y merece reconocimiento, gestión y desarrollo.

Con cierta sorna, Gabriel García Márquez se refería a escenario rural como: “El campo, ese horrible lugar donde los pollos se pasean crudos”.

Editorial: Sucesos de la Semana No. 169

 

En esta nueva entrega de Sucesos de la Semana, Antonio Montoya H. analiza los principales hechos noticiosos: los resultados electorales en Brasil e Israel, la crisis política y de seguridad en Haití, la tragedia ferroviaria en España, el regreso de María Corina Machado a Venezuela y el proyecto de rescate fiscal en Colombia. También aborda los operativos de seguridad del Gobierno, la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en los territorios y la decisión judicial sobre Miguel Andrés Quintero Calle, investigado por presuntas irregularidades en contratos públicos. Lo(a) invitamos a ver este análisis y conocer sus reflexiones en El Pensamiento al Aire.

El oro en Colombia bajo el control de grupos al margen de la ley

José Hilario López Agudelo

Colombia registra una producción oficial de oro que oscila entre las 55 y 70 toneladas anuales, consolidándose como uno de los productores clave de este metal en Sudamérica. La producción de oro en Colombia no está controlada por una sola entidad, sino que se divide entre grandes empresas privadas bajo regulación estatal y actores de la minería informal o ilegal.

Se calcula que los mineros informales y las redes criminales controlan entre el 70 % y el 80 % del oro extraído en Colombia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la inteligencia militar coinciden en que la gran mayoría de la minería de oro de aluvión se realiza sin títulos mineros ni licencias ambientales vigentes. La línea que separa a un minero informal de los grupos armados ilegales es difusa. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) e informes de la OEA han señalado que gran parte del oro exportado por el país se origina o se blanquea mediante canales informales y de contrabando.

Toda la cadena de extracción ilícita de oro en Colombia genera ingresos anuales que rondan los 8.414 millones de dólares. Esto ha superado en varias regiones a las rentas del narcotráfico. La mayoría de los mineros informales son trabajadores artesanales o miembros de las comunidades locales. No obstante, los grupos criminales (como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC) se quedan con una parte del oro a través de extorsión directa ("vacunas"), mediante cobros forzosos de aproximadamente el 10 % de la producción a los pequeños mineros para permitirles operar la maquinaria minera.

El blanqueo o legalización de oro ilegal para su exportación es un proceso mediante el cual organizaciones criminales o mineros informales transforman un metal obtenido de forma ilícita en un producto aparentemente legítimo, que cumple con las normas del comercio internacional.

De acuerdo con investigaciones judiciales y reportes de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la OCDE, este fraude se realiza principalmente a través de las siguientes etapas y mecanismos: 1. Falsificación del origen (Identidades y empresas fachadas); 2. Comercializadoras Internacionales; 3. Modificación física del metal y 4. Sobrefacturación y fraude documental en la exportación.

En columnas anteriores, publicadas en este mismo medio, ya nos hemos referido a la destrucción que está causando la minería ilegal del oro a ecosistemas sensibles del país.

El auge en los precios internacionales ha hecho del oro un negocio muy lucrativo. El 30 /10/2026 el precio de la onza troy del oro se cotizaba en USD 4.011. Según las proyecciones a largo plazo, durante los próximos 5 años el precio del oro oscilará en un rango entre USD 3.872 y USD 4.459. Durante los próximos 10 años, el metal precioso se cotizará entre USD 3.872 y USD 4.670, y para el año 2050 el precio del oro podría alcanzar USD 5.219 la onza troy.

En mayo pasado la Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció oficialmente el lanzamiento y la entrada en operación de la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM). Esta herramienta tecnológica ha sido diseñada con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, legalidad y transparencia dentro de la cadena minera del país. La plataforma permite realizar un seguimiento detallado a los minerales desde su punto de origen hasta su comercialización final. La PTM es una herramienta que valida en tiempo real si el oro que se vende proviene de un título minero vigente, de un minero de subsistencia registrado o de un comercializador autorizado.

De acuerdo con la información oficial, la PTM representa un avance significativo en la transformación digital del sector minero colombiano, ya que facilita el registro, validación y seguimiento de las transacciones en toda la cadena. El sistema opera bajo el concepto central de “Trazabilidad de Minerales: la ruta legal del subsuelo a la comercialización”, integrando información estratégica de diversos sistemas institucionales para combatir la ilegalidad.

Sin embargo, mientras el Estado no retome el control del territorio en las zonas afectadas por el conflicto, la PTM por sí sola no detiene la minería ilegal controlada por los grupos criminales. Ya vimos como el camuflaje permite el blanqueo que facilita a organizaciones criminales y mineros informales la legalización del oro ilegal.

Recuperar el control del territorio en las regiones afectadas por la minería ilegal del oro no solo es un acto de soberanía nacional, sino una fuente de ingresos para el Gobierno Nacional y los gobiernos locales (regalías e impuestos).

Bajo la tiranía de la subversión de los valores

Luis Alfonso García Carmona

Observábamos recientemente cómo una de las principales arterias de Bogotá, la Avenida Séptima, era bloqueada por un grupo de manifestantes. ¿Acaso demandaban la acción del Estado para solucionar una urgente necesidad de la comunidad o reclamaban el restablecimiento de un servicio público de carácter esencial? Por supuesto que no. Se trataba de estudiantes que, bajo la dirección de sus maestros, rechazaban el desmonte de objetos exhibidos en el Museo Nacional como homenaje a un guerrillero del M-19, responsable de masacres, homicidios, secuestros y otros delitos que enriquecen su prolífico prontuario. Bajo la tiranía de la subversión instaurada por el pasado régimen, la apología del delito, establecida como un delito por la ley penal, es ahora un valor que identifica a una nueva clase de enemigos de la Patria y de sus héroes, ignorantes de lo que significó la historia de nuestra independencia, y esclavos de las ajenas ideologías que nos pretenden subyugar.

La mayoría de los colombianos entendemos el ejercicio del poder como la oportunidad para servir a toda la sociedad, no para utilizar los bienes y privilegios de la autoridad en beneficio propio, o de sus cómplices, o para imponer foráneas ideologías mediante el abuso del poder.

Pero en el cuatrienio anterior vimos cómo se actuó bajo lo que Nietzche llamó la “transvaloración de los valores”, esto es, el cambio radical en el significado de la moral. Las funestas consecuencias de esta degradación de los principios la estamos viviendo ahora: los ciudadanos y los jóvenes que tomarán la responsabilidad de decidir la suerte del país carecen de valores. La corrupción, otrora castigada con el juicio de la sociedad, ahora es mirada como algo normal; ya ni la administración de justicia se molesta en resolver con prontitud y objetividad el cúmulo de escándalos que a diario se conocen. Sin ningún respeto por la verdad se ofrecieron en la pasada administración beneficios judiciales a confesos criminales a cambio de su participación para enlodar la reputación de quienes se oponían a las ambiciones electoreras de los gobernantes de turno… ¿Es esta la nueva moral que nos quieren imponer?

Mucho se está haciendo desde el gobierno actual de los “Defensores de la Patria” para desenredar los conflictos que nos legó la gestión de la izquierda radical, devolver el orden al territorio nacional, rescatar al país de la bancarrota fiscal, reconstruir los daños ocasionados por el dantesco sismo que nos desestabilizó e impulsar la inversión económica en medio de la quiebra general. Merece un reconocimiento nacional la tarea que en tan solo dos meses y medio ha cumplido el presidente De la Espriella y su brillante equipo.

No obstante, debemos ser conscientes de que los fanáticos de la extrema izquierda, que no han mostrado ningún límite moral para, en su tarea de degradación moral del país, continuar utilizando todas las formas de lucha, lícitas e ilícitas, para cumplir su cometido.

Nos corresponde a nosotros los patriotas, a quienes nos duele Colombia, reflexionar sobre nuestro papel en esta lucha por la defensa de nuestros principios, de los valores fundacionales de la República, amenazados ahora por una hidra de varias cabezas: wokismo, progresismo, comunismo, y toda clase de tendencias encaminadas a fraccionar la unidad nacional en favor de extrañas ideologías.

Como acertadamente escribe Jorge Valenzuela, en Mindshop, Knowledge Society: “La causa final debe tener la intención de alcanzar la excelencia, dejar de guiarnos por acciones secundarias que persiguen deseos externos, sencillos y vacíos. Buscar el eudaimonia[1] y terminar con la idea de que nuestras condiciones materiales determinan o controlan nuestro estado de bienestar. De lo contrario, estaría reluciendo la superficialidad, la vanidad, la frágil forma de vida que hemos elegido vivir”.

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[1] El florecimiento humano