lunes, 27 de mayo de 2024

Un azaroso presente e inescrutable futuro

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

Debo confesar que, en toda mi existencia, que ya no es tan corta, había presenciado una situación tan aterradora para el país como la que vivimos desde hace dos años, ni había viso crecer a tan insoportable nivel la preocupación por el futuro de los colombianos.

Para muestra un botón: no contento el régimen con plantear una reforma sustancial de nuestra Constitución mediante un “proceso constituyente” ilegítimo, populachero en su origen y con un contenido desconocido por la sociedad colombiana, ahora nos resulta que se han presentado al ELN las conclusiones de unas espurias reuniones de “participación nacional”, con la única intervención de colectivos izquierdistas de fachada acompañados de unos pocos convidados de piedra que ya comienzan a retirarse o a abstenerse de firmar los supuestos acuerdos que, según el tiránico régimen, gozan de “fuerza vinculante” al momento de negociar la “paz total” con estos facinerosos.

Si esto no es violar el “orden constitucional” establecido para garantizar la convivencia y la seguridad de los colombianos, díganme, por favor, entonces ¿cuándo se configura tal violación?

No hace falta recabar en la fraudulenta elección de Petro a la Presidencia, aunque los funcionarios competentes se hayan negado a escrutar las pruebas y a proferir la respectiva providencia acusatoria, pues ya son de público conocimiento las enormes sumas gastadas en la campaña, desde antes de que esta iniciara formalmente su vigencia, así como el abultado monto de los dineros y servicios aportados ilícitamente que al final marcaron una diferencia con las posibilidades del resto de competidores.

Sí es digno de anotar que los escrutinios presidenciales fueron los más cuestionados por la cantidad de irregularidades denunciadas a lo largo y ancho del territorio nacional, pero, inexplicablemente, tanto las autoridades ejecutivas como los funcionarios judiciales y de los entes de control optaron por la servil actitud del avestruz, enterrando sus ojos y oídos antes que ordenar un recuento de votos o la repetición de comicios en los lugares afectados por las irregularidades denunciadas.

Tampoco es necesario que hagamos un resumen, que todos los colombianos tenemos muy presente, de las absurdas decisiones de la dictadura Petrista que desconocen el deber del Estado de velar por la vida de los colombianos, de orientar la acción del estado al interés general y a la prosperidad en lugar de ahuyentar el capital y propiciar el desempleo o, finalmente, de trabajar por el bienestar de la comunidad en vez de destruir los sistemas de salud y pensiones que le facilitan su acceso a los servicios asistenciales.

No, no es necesario impetrar el consabido espíritu anticonstitucionalista y abiertamente revolucionario del régimen. Ni falta que hace pues viene consignado en la cartilla marxista que practican a rajatabla los populistas de izquierda, y en las directrices que reciben del Foro de Sao Paulo, la organización encargada de bañar en sangre a Latinoamérica como paso para crear la unión de repúblicas del Socialismo del Siglo XXI. 

¿Cómo explicar que, ante tanta infamia, permanezcamos indiferentes los colombianos, sin reaccionar ante la espantosa amenaza que se cierne sobre nuestra Patria?

Y no me refiero solamente a la masa de colombianos de a pie, adoctrinados por unos medios sobornados y perplejos frente a la cobarde entrega de sus dirigentes políticos al régimen para aprobar sus funestos proyectos de ley.

El azaroso presente y el inescrutable futuro de nuestro país sólo podemos revertirlos cuando nuestra dirigencia presione a los congresistas para que cumplan con su deber tramitando con celeridad e imparcialidad el juicio político contra Petro, como lo ordena el artículo 109 de la Constitución Política, y los altos mandos militares adopten la patriótica decisión de restaurar el orden constitucional como lo estatuye el artículo 217 de la misma y asuman temporalmente las riendas del Estado hasta que se realicen comicios que garanticen la transparencia y la normal continuidad del sistema democrático.

Editorial: sucesos de la semana No.


 En su nuevo editorial de la semana para El Pensamiento al Aire, Antonio Montoya H. comenta los siguientes hechos: la reforma a la salud y el fallido piloto impuesto al magisterio; la pobre calificación que le da el Banco de América a la gestión económica de Colombia y la recomendación de no invertir en el país; la huelga del Ministerio de Trabajo; los pagos que por error hizo el Ministerio de la Igualdad a varios de sus funcionarios; el fracaso de la paz total que tiene en jaque al departamento del Cauca y el cambio de mando en el ejército nacional; la nueva estrategia de Gustavo Petro para revivir su idea de una constituyente; el reconocimiento de Palestina como Estado que hacen algunos países, y los avances en la aprobación de la reforma pensional. No dejes de verlo.

viernes, 24 de mayo de 2024

Un santo en tenis

José Leonardo Rincón Contreras
José Leonardo Rincón, S. J.

Bien puestecitos, bien peinaditos, con su sotana o hábito religioso bien planchado y con una aureola encima de sus cabezas, así nos quedamos con la imagen de los santos, hombres y mujeres, virtuosos, elegidos de Dios desde antes de nacer, sacerdotes y religiosos, realmente excepcionales… es la idea que tenemos y que resulta incompleta y hasta inexacta.

Las hagiografías se han encargado de ensalzarlos y potenciar, si no exacerbar, sus bondades, de modo que ser santo pareciera ser el privilegio de unos pocos y no la común vocación a la que todos hemos sido llamados: “sed santos como vuestro Padre Celestial es santo…”. Resulta entonces ser un propósito muy fregado de alcanzar. Y resulta que no… que todos ellos y ellas han sido como nosotros, de carne y hueso, con cualidades y defectos, diríamos bastante normalitos, solo que se propusieron ser mejores seres humanos y estuvieron muy conectados espiritualmente con Dios.

Por eso, el anuncio de que Carlo Acutis, va a ser canonizado, me ha erizado, como diría la Amparito Grisales. Y no puede ser para menos pues se trata de un pelado italiano, que nació en 1991 y se murió solo con 15 años, estudiante del colegio jesuita Leon XIII de Milán, guapo, simpático, a quien se lo llevó una leucemia fulminante. Su cuerpo, incorrupto, se puede ver en una urna de cristal y lo muestra de informal chaqueta, bluejeans y tenis…como cualquier adolescente contemporáneo. Si viviera, sólo tendría 33 años, o sea que yo podría haber sido perfectamente su papá. ¡No friegues! ¿Y ya santo?

Los santos jóvenes siempre impactan. Como Domingo Savio que también murió quinceañero y supe de él desde muy niño por la amistad de mi mamá con algunos sacerdotes salesianos, o Estanislao de Kostka un novicio jesuita polaco a quien particularmente le profeso especial devoción, o los otros dos de la tríada jesuita joven: el belga Juan Berchmans o el también italiano Luis Gonzaga a quien como la joven Maria Goretti los han puesto como modelos de pureza. Bernardita Soubirous, la francesa de Lourdes o Francisco y Jacinta los portugueses de Fátima… ¡Qué barbaridad! Y nosotros aquí, faltándonos mucho pelo pal moño.

Sorpréndanse: Carlo, milenial, goloso de la nutella, deportista futbolista, fanático del Pokemon, pero sobre todo de los videojuegos en internet, programador informático, creó su propia web para difundir entre sus amigos las devociones a María y la eucaristía, evento diario al que no faltaba, “autopista para ir al cielo” pues “estar siempre unido a Jesús es mi proyecto de vida” era su lema. Invitando además a ser auténticos decía también: “todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”, ¿qué tal? Será el patrono del internet a quien ya llaman el “influencer de Dios”. Su mamá estará en la ceremonia de canonización.

La corta pero intensamente vivida vida de Carlo vale la pena conocerla. Un santo cercano, tan parecido a nuestros jóvenes, vale la pena que lo conozcan y tengan como asequible referente. Un santo en tenis. Excelente.

jueves, 23 de mayo de 2024

El macabro experimento de Santos en el laboratorio cubano

Luis Guillermo Echeverri Vélez
Luis Guillermo Echeverri Vélez

Bertrand Russel preguntado sobre cómo comienza el fascismo, contestó: “Primero, fascinan a los tontos. Luego, amordazan a los inteligentes”.

Los valores en una sociedad y el valor de quienes conducen las instituciones no lo destruye el miedo, sino la cobardía. Es inexplicable que el capote de los cobardes sea taparse en los burladeros, eludiendo la responsabilidad de lidiar y manejar sus encargos.

Al debido orden en la sociedad actual, lo anuló el reemplazo de la libertad por el libertinaje que genera caos. A la justicia, la mató el reemplazo de la legalidad por la ilegalidad premiada con la legitimación de la impunidad.

A la formación educativa y cultural de nuestras naciones, la aniquiló el reemplazo de la convivencia cívica por el uso engañoso de la narrativa pacifista que sólo engendra más violencia cuando se debilita la coercibilidad del derecho y se desvirtúa la esencia del Estado gendarme.

A la economía la destruyó el reemplazo de la libertad de mercados por el control central Estatal. Y a la narrativa de la verdad y la transformación positiva la mataron la falacia y el engaño del discurso populista.

Empoderar criminales de lesa humanidad y darles estatus de parlamentarios desconociendo la voluntad del constituyente primario, fue lo que hizo el perverso Santos en flagrante cohecho con algunos cabecillas de las FARC, amparados en las ideas retorcidas de asesores españoles, criollos y de sus “jevos”, en el laboratorio de la impunidad de La Habana.

Allí se experimentó con Colombia en materia de cómo desvirtuar la legitimidad del Estado y convertir todo lo ilegal en legal y el resultado lo estamos sufriendo. Gracias al mal llamado proceso de paz Santos-FARC se produjo en 2017 una corrupta inversión de valores constitucionales. Y atención, que ahora viene la extrusión institucional de la revolución mediante el pacto con el ELN; y los gremios y la sociedad civil otorgando testigos de excepción.

Produce vergüenza ajena que personajes como Enrique Santiago y el juez Baltazar, que en España trabajan tras bambalinas, importarán a la península ese sistema de impunidad acompañado de garantías políticas a las minorías criminales y a todo tipo de delincuentes.

Sin duda hay una correlación directa entre el flaqueo de las democracias, la legalización de la impunidad y la polarización extrema en los países que ya entraron en un atrincheramiento ideológico totalmente irreconciliable.

“La desconfianza genera polarización”. Lo reporta el “Edelman Trust Barometer – 2023”: Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Sudáfrica y Suecia, fueron considerados por sus propios líderes económicos como naciones que no cuentan con los mecanismos para hallar una unidad de propósito país homogénea y generalizada que permita solucionar de manera civilizada sus diferencias y garantizar la seguridad, el bienestar y el progreso ciudadano.

Y ojo que la polarización extrema se está ampliando a otros países, se está dando entre naciones o grupos étnicos y religiosos como en el Oriente Medio, mientras la cobardía mamerta infesta las organizaciones de justicia y los parlamentos internacionales como la ONU, la UE y la OEA.

Hoy la tendencia es el dominio mediático y digital de la narrativa populista, llena de negatividad y amparada por la imposición a las mayorías de las agendas minoritarias, con lo cual se desvirtúa el tener que cumplir obligaciones para adquirir derechos y se da al traste con el interés general y el bien común en las enfermas democracias occidentales que demandan una revisión profunda a la luz de la batalla por la defensa de la cultura de la libertad.

Inexplicablemente el Gobierno norteamericano ya no considera a Cuba como patrocinadora del terrorismo cuando allí es donde se engendró el veneno ideológico del socialismo del siglo XXI mediante el cual se deja de lado la formación de políticas públicas dentro del marco de la legalidad que es reemplazada por la insensibilidad social ante el crecimiento exponencial de los escándalos y delitos gubernamentales.

El examen y la cura de las debilidades institucionales públicas, privadas y sociales, debe empezar por enmendar el problema de los corruptos y cobardes que elegimos para manejarlas, encontrando la forma de que toda nación tenga a sus mejores profesionales y no delincuentes, al comando las instituciones.

No hace lógica que mientras el mundo tecnológico avanza y el ámbito digital aprende a pensar, el mundo real sólo demuestre la incompetencia y capacidad destructiva de las personas elegidas para administrar la sociedad y las instituciones. La democracia en Occidente está siendo víctima de la legalización de la impunidad que destruye la independencia de poderes, cuando se someten los principios fundacionales de las naciones a las directrices de quienes se valen del terror y el soborno para imponer sus demandas al resto de la sociedad.

Si queremos innovar para mejorar la democracia y volver al camino del desarrollo, hay que hacer limpieza y reorganización ética y normativa en las estructuras partidistas y la representación gremial.

miércoles, 22 de mayo de 2024

Un Gobierno reñido con el orden constitucional

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

Es fácil de entender que en un determinado país existan grupos revolucionarios o subversivos que no compartan el orden constitucional que la sociedad haya adoptado para garantizar la convivencia y el normal funcionamiento de las instituciones. Pero que sea el propio Gobierno el que se aparte de las normas constitucionales vigentes y pretenda dirigir a sus gobernados en abierta contraposición con el orden constitucional establecido es un monumental disparate que no se tolera sino en Colombia.

Eso precisamente es lo que ha vivido el pueblo colombiano en los primeros dos años del actual régimen afilado a la izquierda internacional, que sigue al pie de la letra las directrices del Foro de Sao Paulo y pretende convertir a Colombia en otra nación subyugada por el socialismo del siglo XXI. En otras palabras, nos quieren obligar a padecer las desastrosas experiencias que viven nuestros hermanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua bajo los regímenes comunistas.

El mantenimiento de las condiciones estructurales de seguridad del Estado presupone el pleno cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución por parte de las autoridades, cumplimiento que ha omitido el régimen petrista, reñido desde su comienzo con el orden constitucional.

Protección del derecho a la vida

Consagrado en el artículo 2 de nuestra Constitución, ha sido flagrantemente desconocido por quien ejerce la Presidencia. Gran parte de nuestro territorio nacional, como lo han reconocido los mismos funcionarios del Estado, está bajo el poder de carteles de la droga, las guerrillas y otros grupos armados ilegales. Sus conflictos determinados por el predominio en sus respectivas zonas, por enfrentamientos con la fuerza pública o, simplemente, para reclutar apoyo de la población civil, son los principales causantes de pérdidas violentas de vidas humanas. Sus protagonistas gozan de impunidad y protección del régimen, en lugar de ser combatidos con severidad para proteger a la inerme población civil.

Dentro de la política reñida con el orden constitucional se ha empeñado la administración petrista en el desmoronamiento de las fuerzas armadas, encargadas de proteger la vida de los colombianos. Para menoscabar la acción protectora de las fuerzas militares y de policía se ha descabezado su cúpula de mando, se les ha confinado a los cuarteles, hasta se les ha prohibido defenderse, lo que ha permitido que sean humillados y secuestrados por chusmas de campesinos manipuladas por la guerrilla; se les ha recortado los recursos financieros, el mantenimiento de equipos y el suministro de dotación militar; se ha recortado la labor de inteligencia y, para colmo de los colmos, se prepara una modificación sustancial de las políticas de seguridad y de la organización militar y de la policía en el acuerdo con el ELN, cuya mesa de diálogo comienza el día de hoy.

Promover la prosperidad general

Es otro de los principios esenciales de nuestra Constitución asignado al Estado como una de sus principales obligaciones, que –como se ha evidenciado– ha sido totalmente incumplida por el régimen petrista. Sin importarle para nada las consecuencias de su alienada política, ha pretendido acabar con la explotación de petróleo, fuente de los principales ingresos por concepto de exportación. Envenenado por el odio de clases, ha emprendido la destrucción de la economía, la guerra a la propiedad privada y a la libre empresa, lo que ha ocasionado ya la mayor fuga de capitales de nuestra historia y la desaparición de 400.000 empleos. Toda la política gubernamental está enderezada a desconocer el mandato constitucional de trabajar por la prosperidad general, pues sus hechos indican que sólo se busca ahuyentar la inversión, destruir el empleo, quebrar a las empresas y colocar a la población a depender de subsidios estatales, método habitual de los sistemas comunistas para subyugar a las masas.

Dignidad humana y prevalencia del interés general

Consigna en su artículo 1 nuestra Carta Magna que Colombia está “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

Es este un principio rector de toda la actividad del Estado y, por lo tanto, la garantía de su cumplimiento se impone para mantener las condiciones de seguridad de la población y el orden constitucional cuyo sustento debe ser garantizado por las fuerzas militares, según lo que estatuye el art. 217 de la Constitución Política.

La alteración de este mandato se ha plasmado en la caprichosa voluntad del ejecutivo en destruir el sistema de salud para entregar su manejo a una burocracia que ha demostrado ser corrupta y que no cuenta con la idoneidad para el manejo de tan abultados recursos. Igual proceder rige el descabellado proyecto del ejecutivo de apoderarse de los ahorros pensionales de los trabajadores para ingresarlos al flujo de gastos del Estado. Son imprevisibles los perjuicios que a toda la masa de trabajadores y pensionados causarán estas absurdas decisiones del régimen, que riñen abiertamente con el mandato constitucional de hacer prevalecer el interés general.

Los pésimos resultados de la gestión económica del régimen causan enorme perjuicio al bienestar y al patrimonio de los colombianos, lo que representa una nueva violación al interés general y a la protección de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y demás derechos de los ciudadanos, protegidos de manera expresa por el texto constitucional. Un crecimiento económico comparable sólo con los pueblos más atrasados del planeta; la desaparición de exportaciones que generaban ingresos razonables para nuestra economía; la quiebra y liquidación de numerosas empresas; y, un oscuro panorama de miseria generalizada que generará la aprobación de las aterradoras propuestas “con fuerza vinculante” que comienzan a discutirse hoy en los diálogos de paz con el ELN.

Hemos pasado los colombianos del diálogo con las autoridades a las marchas de protesta; hemos incoado sin éxito la acción constitucional para separar del cargo a quien violó en forma desproporcionada los límites económicos de la campaña para hacerse elegir fraudulentamente. Todos nuestros derechos han sido desconocidos. No nos queda otro camino que impetrar, con el derecho que nos confiere la misma Constitución, que se aplique el artículo 217 para devolver el orden constitucional a la Nación.

Tenemos plena confianza en la preparación, madurez y patriotismo de nuestros soldados y policías. Sabemos que harán buen uso de esta delicada misión que les confiere la Constitución. Que sabrán conducir a la Nación y prepararla para la celebración de elecciones transparentes, despojadas de los vicios que aquejan a nuestro corrupto sistema electoral, para emprender juntos, todos los colombianos, un sendero de convivencia, bienestar y crecimiento en todos los órdenes.

martes, 21 de mayo de 2024

Colombia: esperar el caos o restaurar el orden

Luis Alfonso García Carmona

Luis Alfonso García Carmona

Como respuesta al clamor nacional por la separación de Petro y su cuadrilla de los más altos cargos del Estado, sintetizado en el lema “¡Fuera, Petro!” que retumba en todos los rincones de la Patria, ha acelerado el sátrapa su estrategia para dar un golpe certero a la Constitución Nacional y aprobar de inmediato todos los despropósitos que ha anunciado para disolver las instituciones, desmoralizar las fuerzas armadas, despedazar la economía y convertir en esclavos del Estado a 50 millones de colombianos.

Después de llevar a cabo 78 encuentros con participación de guerrilleros, vándalos de la Primera Línea y organizaciones afines a la guerrilla y a sus ideas, el Comité Nacional de Participación, conformado en su gran mayoría por elementos de extrema izquierda, cuenta con un borrador que será discutido con el ELN en la mesa de diálogo que se inicia el próximo 20 de mayo. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/asi-es-el-borrador-sobre-la-participacion-de-la-sociedad-en-el-proceso-con-eln/

En dicho documento que, según el régimen, contiene recomendaciones “con fuerza vinculante”, se incluyen temas relacionados con elementos estructurales del Estado; cambios en la doctrina de seguridad y reformas a la fuerza pública; sustitución del sistema político, militar, económico y ambiental; desmantelamiento de clanes políticos que controlan la vida política, económica, cultural y social; cambio del modelo extractivo; cambio en  la tenencia de la tierra; transformación de las economías “ilegalizadas”, etc., sin contar con otros documentos en preparación que ahondarán los “ejes de la transformación”. Ni más ni menos que toda una carta constitucional, completamente contraria al contenido del orden constitucional vigente.

Estamos, queridos compatriotas, ante una alteración total, ilegítima e inmediata de nuestro orden constitucional, a espaldas de la mayoría de los ciudadanos y ante la indecisión de quienes tienen como fin esencial el mantenimiento del orden constitucional, al tenor de lo que reza el artículo 217de la Constitución Política.

Ha escogido el tirano un camino expedito, donde la autoridad está concentrada en su persona. La negociación de la “paz total” con el ELN será la disculpa para darse el autogolpe. No tendrá voces discrepantes en la dirigencia política que, como se ha palpado en estos meses, se ha puesto a su servicio en el Congreso y se ha marginado de cualquier asomo de apoyo a la acción constitucional consistente en un juicio político para separar del cargo a quien fue elegido fraudulentamente, en ejercicio de lo que dispone el artículo 1109 de la Constitución Política.

Por si quedare la más remota duda sobre la legitimidad de una eventual participación militar para restablecer el orden constitucional y evitar la debacle que planea desencadenar el tirano para perpetuarse en el poder, veamos las siguientes aclaraciones extraídas del ensayo jurídico “Modelo constitucional de la fuerza pública en Colombia”, de los juristas Daniel José Vásquez Hincapié y Luz Marina Gil García:

La investigación permite concluir que el constituyente modeló la fuerza pública y en especial su misión, como instrumento para cumplir los fines del Estado y, principalmente, para mantener el orden constitucional y proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los residentes en Colombia.

La misión de la fuerza pública es de carácter instrumental, esto es, es uno de los medios o instrumentos del Estado para la consecución de sus fines (Corte Constitucional, sentencia C-872/2003). Como tal, los principios fundamentales de la norma superior legitiman y justifican su existencia permanente, tornándose inherentes y transversales a su misión de: defender y mantener, proteger y asegurar; y garantizar, lo cual se evidencia en los tres numerales que se desglosan a continuación: (…)

En relación con la defensa del orden constitucional, el tribunal Constitucional precisó:

Elementos centrales del orden constitucional lo constituye el cumplimiento pleno

(...) de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)” (art. 2dº de la Carta) y la preservación del monopolio del uso de la fuerza y las armas en manos del Estado. (…)

El artículo 217 de la Constitución dispone que es función de las fuerzas militares garantizar el orden constitucional. Dicho orden no se limita a preservar la estructura democrática del país, sino que comprende el deber de participar activa y eficazmente (Constitución Política, art. 209) en la defensa de los derechos constitucionales de los asociados. tales derechos constituyen los bienes respecto de los cuales el Estado tiene el deber –irrenunciable– de proteger (sentencia Su-1184/2001).

Por disposición constitucional, las autoridades públicas, entre ellas la fuerza pública, tienen la posición de garante institucional de los deberes irrenunciables y propios de un Estado social de derecho. De ella, se derivan deberes jurídicos positivos (de hacer y no hacer) de seguridad y protección que incluyen precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos y libertades de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado, en los términos de la Constitución Política y las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (Corte Constitucional, sentencia Su-1184/2001). A las fuerzas militares (art. 217 Constitución Política) les corresponde: la defensa de la soberanía, (Corte Constitucional, sentencia C-048/2001), la independencia, la integridad territorial (Corte Constitucional, sentencia t-439/1993) y el orden constitucional. Es decir, tienen como misión el mantenimiento de las “condiciones estructurales de seguridad” del Estado, según manifestó la Corte Constitucional en sentencia Su-1184/2001.

Existiendo un peligro cierto para la vigencia de las condiciones de seguridad del Estado, cuyo mantenimiento ha sido asignado por la Constitución a las fuerzas militares, sólo cabe esperar, dentro de lo razonable y con la mira puesta sólo en el bien de la Patria, las decisiones que desarrollen ese fin esencial de nuestro gloriosas fuerzas militares, antes de que se ponga en marcha la demoníaca estrategia que adelantan de consuno el régimen, el ELN, los vándalos y sus socios del narcotráfico.

De cara al porvenir: mesas de trabajo

Pedro Juan González Carvajal
Pedro Juan González Carvajal

La participación es un proceso “en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses, intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de la organización social y política”.

Dentro del mal o bien entendido sentido de la aplicación del concepto de participación ciudadana, en este país del Sagrado Corazón hemos visto cómo pululan los mal llamados líderes y lideresas, personas en la mayoría de los casos comprometidos por el bienestar de su entorno y de su microcosmos, sin que alcancen jamás la dimensión y la trascendencia de lo que es un verdadero líder.

Compañero inseparable de estos “procesos de participación”, está la estrategia o la metodología de trabajo denominada como “mesas de trabajo”, donde cada problema tiene como parte de su solución la convocatoria y establecimiento de las denominadas mesas de trabajo que aparecen por miles, pero cuyos resultados, pareciera ser que están asociados principalmente a la dejada de constancia de que la mayoría de los actores se sienten y se sientan como iguales a discutir y muchas veces a negociar sin tener ni el conocimiento completo ni las atribuciones para tomar decisiones o comprometer recursos públicos.

Es de suponerse que debe hacerse seguimiento al trabajo y a las recomendaciones planteadas desde las mesas de trabajo para garantizar que efectivamente se generen las acciones pertinentes para ayudar a resolver la problemática que dio su origen.

Acompañan a las mesas de trabajo los “talleres” o los trabajos comunitarios donde se discuten temas para dar la oportunidad de que el ciudadano de a pie se exprese, muy típico en la construcción de programas de Gobierno por parte de los candidatos o de los planes de desarrollo por parte de los candidatos ganadores de las elecciones.

Igualmente, cuando se habla de “presupuestos participativos”, se recurre a alguna de estas estrategias ya sea para tener en cuenta a la gente o para dejar constancia de haber tenido en cuenta a la gente, buscando legitimación para su presentación final.

Una cosa es el trabajo grupal y otra cosa es el trabajo en equipo. Ahora bien, estas metodologías tienden a buscar consensos, olvidando el hecho de que el consenso es un medio y no un fin en sí mismo. Alguien finalmente tendrá de tomar la mejor alternativa de decisión y decidir.

Fuera del compromiso e interés de los participantes en estas actividades, debe garantizarse un conocimiento por encima del promedio acerca del tema que se va a tratar.

No por apoyar la democracia podemos caer en un democraterismo insulso con sabor a populismo que al final sale demasiado costoso y no obtiene resultados.

Por eso debemos enfocarnos en definir el tipo de ciudadano que queremos y garantizar que un verdadero sistema educativo se ponga al servicio de este propósito.

La democracia se consolida o se fractura desde la educación. Todos los niños de cualquier parte del territorio tienen el derecho a recibir la misma educación de calidad que los demás niños. De no hacerlo así, estaremos discriminando a la niñez -sentenciando su futuro- y hablando es de alfabetización, lo cual es importante pero no contribuye a la construcción, conservación y fortalecimiento de una sociedad justa, equitativa y verdaderamente democrática.