Crisis en los colegios privados

José Leonardo Rincón, S. J.

Diferentes medios de comunicación han registrado esta semana la dramática situación que atraviesan muchos colegios privados. Recordarán ustedes que hace unos meses se hablaba del cierre de centenares de colegios en todo el país. Pues bien, la curva descendente está ahora más pronunciada que nunca debido a los nuevos factores que entraron en escena.

La crisis comienza a hacerse evidente a mediados de los años 90 cuando se clasificaron los centros educativos en tres grupos: libertad regulada, libertad vigilada y régimen de control. Los primeros, gracias a su perfil y proyecto educativo institucional podrían tener incrementos más altos en sus matrículas y pensiones, pero con tope previamente definido por el ministerio. A los segundos, con algunas prebendas se le autorizaba un determinado incremento, en tanto los del régimen de control efectivamente estaban totalmente limitados. Como quien dice que los que tenían mayores posibilidades tuvieron más oportunidades y los que no las tenían nunca pudieron aspirar a mejorarlas. Eso los puso contra las cuerdas y muchos fueron cerrando sus puertas por ser totalmente inviables.

Por su parte, comenzó a darse una recuperación de la calidad en la educación pública tanto con el mejoramiento de su infraestructura como en la ampliación de cobertura y su gratuidad, lo que hizo atractiva la oferta para las clases sociales más desfavorecidas o de clase media venidas a menos por las sucesivas crisis económicas que hemos vivido.

Pero simultáneamente comenzaba a darse un fenómeno que afectaría a ambos sectores: la tasa de natalidad comenzó a descender vertiginosamente. El DANE daba cuenta de cómo las familias colombianas dejaron de ser numerosas a tener uno o no tener hijos. Eso se reflejó en la caída de la matrícula y fue notorio el efecto porque, aunque había capacidad instalada, la realidad fue que quedó subutilizada y ociosa.

A diferencia de la educación pública que es sostenida 100 % por el Estado con los impuestos de los colombianos, la privada no goza de prebendas ni subsidios. Debe pagar todos los costos fijos anuales: los impositivos como predial, IVA, ICA, a las transacciones bancarias, servicios públicos, los de sostenimiento y mantenimiento, los de ineludible cumplimiento que son las asfixiantes nóminas con su carga prestacional del 51 % adicional al salario base y que sobrepasan el 65 o 70 % del presupuesto anual, sin incluir los costos asociados a la calidad y la innovación.

No es todo. La educación privada, además de afrontar estos retos, se enfrenta a una mala práctica que aún hoy no ha encontrado solución: las familias, amparadas en el derecho a la educación se refugian en él para propiciar la mal llamada "cultura de no pago" que hace que las carteras morosas sean de decenas y cientos de millones prácticamente irrecuperables porque por tutelar ese derecho, desampara al colegio que no puede recuperar esos dineros.

A este panorama se suma la justa sentencia de la Corte Constitucional que reza que "a trabajo igual, salario igual" pero que en la práctica es desigual en las condiciones dadas porque el Estado que es el que decreta anualmente los incrementos salariales y en el escalafón, da a sus oficiales educadores porcentajes adicionales que un colegio privado no puede asumir, generando una absurda e injusta brecha que afecta obviamente a los trabajadores. Esa es una de las noticias de esta semana, el Gobierno concertó un incremento adicional del 3 % para los próximos tres años y advierte que los colegios privados deben hacer lo propio.

Muchos piensan que la educación privada es un lucrativo negocio. La verdad es que sí ha habido mercaderes de la educación que así lo han convertido para vergüenza del gremio, pero no es la suerte de la mayoría. Soy de los que cree que la educación pública debería ser de excelente calidad. No lo es actualmente, al menos en la educación inicial, básica y media. En los resultados de las pruebas de Estado son los colegios privados los que en mayoría abrumadora sobresalen. Apenas unos cuantos públicos sacan la cara.

Pareciera el gobierno querer desaparecer la educación privada, estrategia errónea que atenta contra la libertad de enseñanza, pues de ninguna manera podría ser monopolio del Estado. Eso solo se da en los regímenes dictatoriales de derecha o de izquierda porque saben que es la manera como se garantiza su perpetuidad, indoctrinando sus ideologías a la niñez y la juventud, volviéndolas borregos alienados que no piensan críticamente. Y la pluralidad y el derecho a la divergencia y al pensar diferente se sepultan. Equívoco también sería concluir que la educación privada es para los ricos y la pública para los pobres. Falso. Los padres de familia deberían gozar el derecho de escoger la educación que quieren para sus hijos. Y el Estado que sostenemos todos con nuestra tributación, debería subsidiar a unos y a otros. Ahí habría igualdad en el derecho a la educación.

Finalmente, no tenemos ley estatutaria de la educación. Quiso hacerse al antojo de los intereses de turno y así no puede ser. Debe construirse de manera concertada y participativa. En tanto eso ocurre, todos perdemos. Y eso es lo que muchos quieren, porque en tanto más embrutecidos estemos, más fácilmente podrán manipularnos. Y esto vale para todas las ideologías. Es la verdad, gústenos o no.

De cara al porvenir: ping pong

Por Pedro Juan González Carvajal*

Se estrenó el entonces presidente Trump con una serie de “órdenes ejecutivas”, instrumento que empleó permanentemente, durante su mandato, para buscar agilidad y prontitud en la instrumentación de los temas de su interés, la mayoría de los cuales estaban en contravía de lo dispuesto por el Gobierno de su antecesor Barak Obama. Por su parte el presidente Biden, al llegar a su escritorio después de su posesión, tenía listas 17 “órdenes ejecutivas” para ser firmadas, la mayoría de las cuales iban en contra de lo establecido por su antecesor.

Recordemos que una “orden ejecutiva” es un instrumento del cual goza el presidente de los Estados Unidos dentro de su período de gobierno, pero cuya vigencia expira con la terminación del mismo.

Estamos siendo testigos impasibles, de un juego irresponsable de ping pong, guiado por el retrovisor desde la óptica de los recientes mandatarios, perdiendo la continuidad que se exige para programas de carácter social y que reflejan un interés más de carácter partidista que de carácter nacional.

¿Si eso es en la primera potencia del mundo, qué podremos esperar de los remedos de democracias entre las cuales se encuentra Colombia?

Es a todas luces lamentable que la madurez y la experiencia de gobiernos democráticos, tan difíciles de construir, desaparezca ante el imperio de la voluntad del gobernante de turno y tire al vacío procesos, acciones e impactos que, de alguna manera, responden a las expectativas de porciones significativas de ciudadanos.

En un país como el nuestro, temas como el de las relaciones internacionales, la postura con respecto a las estrategias de Estados Unidos asociadas a la fracasada lucha contra las drogas, los modelos económicos sugeridos bajo imposición por la banca multilateral, el uso o no del fracking, el empleo o no de la figura de la extradición, entre otros varios, son manejados con criterio gobiernista y no de Estado.

¿En dónde quedan los principios del interés nacional? ¿Qué queda del concepto de políticas públicas? ¿Se dejan a un lado los objetivos nacionales?

Cada vez más, ciertas figuras presidenciales se asemejan a la de pequeños reyezuelos, rodeados de áulicos, enceguecidos por el poder temporal que poseen.

Ahora bien, esta realidad que se gesta desde el poder ejecutivo vive su propia realidad en el poder legislativo, donde, ante las mayorías parlamentarias, ‒evidenciando la existencia de partidos políticos fuertes‒, hacen que las minorías vivan su propio drama.

Expectante, el poder judicial, quien termina siendo la esperanza última de la democracia, trata de guardar el equilibrio y de preservar las normas constitucionales, a pesar de las presiones que sufre permanentemente desde el ejecutivo y el legislativo.

Vivimos épocas tormentosas para la democracia, agravadas por las situaciones que desnuda la pandemia de covid-19 a lo largo y ancho del planeta.

Iniquidad, pobreza, corrupción, falta de gobernabilidad, son algunos de los factores que hoy atentan contra la continuidad del modelo democrático, como ya lo habían anticipado y avizorado desde hace tiempo, pensadores como Jean Francoise Revel, Norberto Bobbio y Karl Popper.

A pesar del desconcierto y la incertidumbre generalizada, de la complejidad y la volatilidad de los acontecimientos y de la irresponsabilidad de algunos, aún estamos a tiempo de maniobrar el timón y salvar y fortalecer el modelo democrático, el menos malo de los modelos conocidos.

La confianza y la felicidad

Por Santiago Cossio*

El pueblo está acostumbrado a pedir soluciones para sus principales carencias:  salud, educación, seguridad y empleo son problemas de nunca acabar. Hace décadas que en época de elecciones llegan los políticos a prometer las mismas soluciones y nada que resolvemos nuestros problemas colectivos. Posiblemente estamos buscando soluciones donde no es.

Proponer e innovar en políticas públicas ya de por sí es algo arriesgado y complejo. Quién pensaría que un Metrocable a una montaña podía ser una solución al transporte público. Así mismo deben existir soluciones impensadas que solo los científicos sociales y visionarios innovadores pueden ver. La felicidad es una propuesta innovadora que debe ser tenida en cuenta.

La inseguridad ha azotado al país y todos los días se ven ejemplos de atraso cultural. En investigaciones sociales se encuentra que la violencia nace de la infelicidad. Esa violencia termina generando atraso económico y social dándole rueda al círculo vicioso de la pobreza. (Pobreza que genera más violencia, violencia que genera más pobreza). Para salir de este gran problema de violencia que ha sumido al país en el atraso al desarrollo, debemos pensar en que la felicidad sería una gran solución. La felicidad es el camino que todos debemos elegir.

Las manifestaciones artísticas son educación para la felicidad. El humor, la danza, la música, el teatro etcétera, cuando se hacen con responsabilidad cultural se convierten en herramientas de educación social para la felicidad.

La confianza es construcción de tejido social, desde la interpersonal hasta la confianza en el gobierno público. La desconfianza ha sido uno de los generadores de disturbios e indisciplina social aumentando las marchas y protestas que llevan a más atraso económico y social. En el sector privado la desconfianza y falta de identidad en nuestros productos y empresas ha llevado al aumento de importaciones, falta de demanda agregada y al consecuente desempleo.

La confianza interpersonal es hoy una necesidad, donde el ego ha bloqueado el progreso. Si vemos las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Colombia son sociedades anónimas con cantidades de accionistas que buscan además de un dividendo individual, la sostenibilidad para el progreso colectivo. Debemos fomentar nuevamente la conformación de sociedades, empresas B y el cooperativismo.

Hablando de otras soluciones en políticas públicas tenemos que para el problema de la educación puede ser más de investigación, formación de formadores y contenidos de la educación, que de infraestructura. La clave de la salud, podría estar en la prevención, nutrición y el deporte. Para el empleo, más que empleos temporales, debemos buscar soluciones estructurales. La inseguridad se debe atacar con cultura, empleo, confianza, educación y felicidad.

La justicia no se hace con castigos o multas. Se hace con educación en leyes y en valores sociales y culturales. Los valores humanos que se están proponiendo como la confianza y la felicidad son tema de debate, Pero debemos abrirnos a explorar estas propuestas sociales y apoyarlas. Otros valores como el respeto, la identidad y la responsabilidad deben ser tenidos en cuenta para la educación y formación social del ser humano.

En ninguna facultad de economía enseñan que el mayor determinante del desarrollo económico es el comportamiento individual y social. De nada sirve tener petróleo, tierras, agua, oro, o esmeraldas si no sabemos vivir y convivir de manera individual y colectiva.

Hoy de nuestra educación superior salen buenos profesionales, pero personas con una escasa formación humanística lo que agrava el comportamiento social generando falta de ética, moral, cívica y urbanidad, desconfianza e infelicidad; todo esto trayendo más atraso.

Valores culturales como la confianza, la felicidad, la identidad, el respeto y la responsabilidad son el camino que la sociedad debe conocer, reconocer y apoyar como innovación en las políticas públicas. Creo que el camino real del progreso, está en el desarrollo económico, la confianza y la felicidad.