Luis
Guillermo Echeverri Vélez
Nunca
habrá avance social mientras el ciudadano, que nada debe, le tenga que temer a
la injusticia a manos de la justicia. La ausencia de justicia es el mayor
desastre de una sociedad. En medio de una exuberancia de individualismos,
engaños y envidias atadas a la perennidad de un trópico infernal lleno de
pestes y malezas disfrazadas de personas, hemos llegado al extremo de que sea
la justicia la que más atropella lo justo y más ignora y machaca la verdad.
Aquí
las Cortes cometen injusticias abusando por plata o ideología, y los entes de
control están totalmente politizados. Perniciosamente conviven con la
corrupción política afectando moralmente la sana convivencia, el desarrollo y
el crecimiento humano que deben enmarcar la cultura de toda una nación,
olvidando que existen para defender la constitución y el derecho.
Para
la justicia ya no son malas las violaciones a la ley si las hace la
criminalidad de botas y fusil, la pistolera o la que viste traje y está
enjambrada en las instancias del poder central capitalino y su reflejo
regional. Aquellos ya no tienen culpa porque son parte del pluralismo
populista, la tolerancia y de la mal llamada justicia social progresista que
aprieta la tenaza de la combinación de todas las formas de lucha. Aquí los que
le salimos debiendo a la clase política corrupta que nos gobierna, somos los
ciudadanos que acatamos la ley y pagamos impuestos.
Está
pendiente en Colombia el debate y el enjuiciamiento al daño causado por la
subversión. El Estado le debe al país, a las generaciones presentes y futuras
el juicio político, social, económico y moral al daño que han hecho las
narcoguerrillas, las organizaciones criminales y sus cómplices desde el Estado,
la práctica torcida del derecho, y los partidos políticos e instituciones que
dicen defender y representar el pueblo, pero que se han vendido a contratistas
corruptos y a los intereses del gran negocio de la droga, que a tantos mata.
Sin
ese juicio jamás podremos recuperar ni avanzar como sociedad civilizada.
Mientras no haya consecuencias punibles sino impunidad, no habrá futuro ni
esperanza en este país y seguiremos viviendo de la mentira, y en la negación de
la mentira, y un pueblo que ha sido libre pasará a ser esclavo de un
totalitarismo constitucional opresivo que solo favorecerá a los pocos que
ejerzan el poder bajo las formas estatistas del SSXXI.
La
nata podrida del poder de la capital, las cortes, la fiscalía y los demás entes
de control han defendido cuantos procesos de paz les ha dado la gana de
instaurar a los presidentes, pero nunca han permitido un enjuiciamiento a
quienes agreden de manera violenta a toda la sociedad.
Los
procesos de paz solo son formas injustas de obviar el sometimiento a la ley, de
mantener las apariencias y esconder la impunidad negociada clandestinamente con
todo tipo de organizaciones criminales que atracan, roban, atacan, extorsionan,
matan y secuestran, violan, embarazan, hacen abortar niñas campesinas
indefensas y convierten en sicarios a seres humanos inocentes.
Aquí
hubo “Para-política” pero nunca FARC - política, pues para poder infestar el
país de falsa paz, lo que se estila es la impunidad total. Nunca llegaremos a
nada como sociedad mientras no se cumpla el deber democrático de hacerle el
juicio político y legal en los propios estrados judiciales que no están
ocupados por mérito sino por la plaga del vil clientelismo, y gran parte de
nuestra clase política ha sido la validadora de las acciones de todo el crimen
organizado. ¿Son esos los que queremos reelegir?
En
el caso colombiano tras el biombo de la Justicia Especial para la Paz, (JEP)
está desnuda la perniciosa vergüenza de las demás Cortes que se dejaron montar
un negocio paralelo para proteger criminales, una inquisición moderna para
moler la coercibilidad del derecho y el Estado gendarme, y para operar una
lavandería selectiva de delitos de lesa humanidad.
Como
dice el narco libretista, aquí los malos han sido los buenos que se tienen que
aguantar los violentos, “los hijueputas policías”, y las familias que
han entregado sus hijos para que los maten defendiendo la ciudadanía, los
cientos de miles de personas que trabajamos para que medre a placer el
progresismo que acomete la destrucción sistemática institucional de las arcas
del Estado y de la riqueza que generamos los particulares.
Le
han vendido al citadino y a la juventud el cuento de que quienes trabajamos y
vivimos en el campo somos “paracos”. Pero ¿se han preguntado los políticos
quiénes les dan de comer?, pues aquí no todo lo que llega a la mesa es
importado. Se han preguntado al legislar ¿cuáles son los problemas con los que
tenemos que lidiar quienes producimos para mantener a todos los que viven del
Estado?
Parece
que aquí solo van a enjuiciar y a expropiar a los empresarios que han generado
empleo y puesto sus patrimonios a riesgo. Aquí gana el malo y lleva del bulto
el que tenga una tierra y la trabaje, sea patrón, empleado, viva en la ciudad o
tenga el valor de vivir en el campo para proteger su propiedad con su vida o
con el alto costo de un secuestro, un asesinato o una extorsión.
Un
Estado que no provea seguridad, justicia, no de ejemplo de austeridad ni provea
servicios de agua, salud, energía, gas, sistemas de comunicación y transporte,
y que no ofrezca confianza a la inversión, no tiene derecho a cobrarle un peso
más al ciudadano que trabaja y tributa honestamente para mantener un negocio,
que da empleo y sostiene otras familias.
Pongámonos
de acuerdo para ir a las urnas el 21 de junio a manifestar nuestra
determinación de votar por seguir siendo una nación libre y un país democrático
en el que podamos construir algo mejor para las generaciones que vienen,
evitando que Colombia se consolide como un narco Estado bajo el modelo
Castro-chavista.
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