Si tuviéramos que
señalar la principal motivación que movilizó a las mayorías colombianas a
llevar al poder a Abelardo de la Espriella, no hay duda de que escogeríamos su
propuesta de devolver la seguridad al territorio, combatir sin temor a la
narcoguerrilla, castigar a los delincuentes y ponerle coto a la impunidad
reinante en los últimos tiempos.
Sin tomar aún posesión
de su cargo, ha comenzado declarando objetivos militares de su gobierno a los
facinerosos que durante años han atemorizado a la población, asesinando civiles
y militares, reclutando menores de edad, atentando contra el medio ambiente a
través de la minería ilegal y dejando caos y miseria a su paso. Con
contundencia y sin ambages les ha formulado un perentorio ultimátum: “tienen
un mes de plazo para entregarse a la justicia o serán capturados por la fuerza;
si oponen resistencia serán neutralizados por la fuerza pública”
encargada de velar por el orden y la seguridad.
Como agua de mayo han
recibido los colombianos de bien estas palabras que no se escuchaban de ningún
mandatario desde hace 16 años.
Ha acertado por partida
doble el presidente electo, identificando la necesidad más sentida y urgente
del país y reconociendo que el origen de la violencia y criminalidad que ha
azotado a nuestra querida patria reside principalmente en el narcotráfico.
En otras palabras, no se puede garantizar seguridad ni convivencia mientras
subsista el imperio de este maldito negocio.
Como prueba de nuestro
aserto, vale la pena recordar algunas de las “hazañas” de este fatídico
imperio:
1.- El 6 de noviembre
de 1985 un grupo de militantes del M-19, financiados por el narcotraficante
Pablo Escobar, asaltó el Palacio de Justicia y lo incendió con el
propósito de destruir los expedientes que allí cursaban en contra del
narcotraficante. El fuego se propagó y terminó con un saldo de 100 muertos,
incluyendo 11 magistrados. Es lo que se conoció como el “Holocausto del
Palacio de Justicia”. Convocaron los asaltantes al presidente Belisario
Betancur dizque para someterlo a un juicio revolucionario en un intento por
tomarse el poder. Lo impidió el Ejército retomando el control del Palacio,
combatiendo a los guerrilleros y salvando la vida de civiles que permanecían
atrapados durante el asalto. Como conclusión, los guerrilleros fueron premiados
con indultos y han seguido ocupando altos cargos estatales, mientras los
militares que salvaron al país fueron encarcelados, condición que aún afecta a
un anciano general de la República.
2.- Ha sido de tal
magnitud el poder del narcotráfico en Colombia, que logró en 1991 que la Asamblea
Nacional Constituyente suspendiera la extradición, lo cual beneficiaba a “los
extraditables”, pertenecientes a los carteles de Cali y Medellín,
después de la doble presión que ejercieron sobre los constituyentes mediante
recompensas de dinero y amenazas de muerte.
3 -. En 1994 los
señores Rodríguez Orejuela, consiguieron con su enorme fortuna imponer a
Ernesto Samper Pizano como presidente, en la segunda vuelta. Por sólo 18 439
votos, un 0,032 de la votación, fue derrotado su oponente, Andrés Pastrana. Su
período estuvo marcado por el famoso proceso 8000 que, gracias al
reparto masivo de auxilios parlamentarios, terminó con una absolución más
política que justa. Se sentó un funesto precedente que pretendió replicar en
2026 el candidato del gobierno y de los grupos narcoguerrilleros. Pruebas de
este negro capítulo de nuestra historia se pueden encontrar en la obra “La
parábola del elefante”, de Fernando Londoño Hoyos[1].
4.- Entre el 2002 y el
2010 el país logró, gracias al gobierno de “Seguridad Democrática”,
desmovilizar a los grupos paramilitares y diezmar a las guerrillas
narcoterroristas, las cuales se refugiaron en países vecinos donde los
gobiernos de izquierda les brindaron protección. Según informe de la Unodc en
diciembre de 2010 Colombia tenía 62 0000 hectáreas sembradas de coca, el
nivel más bajo en lo que iba corrido del siglo. No obstante, al posesionarse Juan
Manuel Santos optó por darle estatus político a los más crueles
malhechores de nuestra historia y firmó con las FARC el humillante “Acuerdo
de Paz de La Habana”, dizque para conseguir la paz. El pacto estaría
refrendado mediante un plebiscito en el cual el pueblo decidiría si
ratificaba o no el acuerdo. En el plebiscito la mayoría rechazó el pacto pero
Santos, aliado con su coalición de gobierno y con los narcotraficantes de las
FARC, impuso el plebiscito contra la voluntad del pueblo soberano en el
mayor vejamen contra la democracia del que tengamos noticia.
Diez años después
seguimos padeciendo las consecuencias de la entrega del país al imperio del
narcotráfico y a sus aliados de la extrema izquierda: Aumentó la
criminalidad. Las hectáreas de cultivos ilícitos llegaron a 300 000, es
decir un aumento del 500 % sobre lo que teníamos al comienzo del gobierno
de Santos. Los grupos armados ilegales han duplicado con creces su tamaño
histórico. Entre combatientes y redes de apoyo, pasaron de aproximadamente 18 000
miembros a nivel nacional en 2010 a un estimado superior a los 27 000
integrantes, un aumento impulsado principalmente por el robustecimiento del
narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Cuatro años de
desgobierno torpe y sesgado de un alienado dominado por sus adicciones y su
trasnochada ideología han colmado la paciencia de los colombianos. Nos queda, gracias
a la Divina Providencia, la firme esperanza de que nos espera una Patria Milagro
donde podamos prosperar con tranquilidad y oportunidades para todos. Estamos
firmes con Abelardo ¡Al toro por los cuernos!
