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“Sin
Antioquia es imposible la Patria Milagro”, decía el presidente De la Espriella
durante el desfile del 20 de julio en Medellín. Posteriormente, en el Túnel del
Toyo, resaltó el talante del pueblo antioqueño.
En
1863, Antioquia pasó de ser “la provincia más atrasada del reino” a
convertirse en la más adelantada, como premonitoriamente lo había asegurado
setenta años antes el oidor Mon y Velarde. Sin embargo, él no podía prever que
sería el arreglo institucional el verdadero responsable de ese salto en el
desarrollo, y no únicamente la riqueza de sus tierras o el espíritu luchador
del montañero. Fue necesaria la concurrencia de lo material —la riqueza de sus
recursos y sus vertientes— con lo inmaterial: el tesón, la capacidad
emprendedora y el espíritu indomable de esta tierra.
También
fue decisiva la Constitución Radical de Rionegro de 1863, cuyas posibilidades
Antioquia, por encima de los demás Estados Soberanos, supo aprovechar para
potenciar sus capacidades de desarrollo. No se enredó en conflictos internos,
no se desgastó en disputas con el gobierno central, no se distrajo en asuntos
menores ni consumió sus energías en lo cotidiano. Por el contrario, con la
plena autonomía política, administrativa y fiscal que le otorgaba la
Constitución, transformó la educación desde la enseñanza primaria hasta los
talleres de artes y oficios; creó la primera Escuela de Minas de América
Latina; fortaleció la Universidad de Antioquia y las facultades de Medicina y
Derecho; construyó caminos y puentes para impulsar la competitividad; emprendió
el histórico Camino de Occidente con el Puente de José María Villa sobre el río
Cauca con el propósito de llegar al mar de Urabá; y consolidó la mayor epopeya
de expansión territorial conocida en el país: la colonización antioqueña del
Viejo Caldas, el norte del Valle y el Tolima.
Bastaron
los 23 años de vigencia de aquella Constitución para que Antioquia tomara la
delantera en el desarrollo nacional. Y la explicación es clara: gozaba de una
autonomía integral. Política, porque elegía a sus gobernantes; fiscal, porque
los estados soberanos administraban cerca del 46 % de los recursos
públicos; y administrativa, porque podían decidir libremente en qué sectores y
territorios invertir para promover el desarrollo regional y local.
Hoy,
en contraste, los territorios apenas administran el 14 % de los recursos
públicos, mientras el centralismo concentra el 86 % restante.
Desde
Antioquia vuelve a escucharse el grito de la autonomía; el grito de la
libertad; el grito de la montaña para toda la llanura colombiana; el grito
emancipador de las regiones; el grito del desarrollo, de la prosperidad, de la
seguridad y de la paz. Es el llamado al poder autonómico de todas las
localidades y regiones de la patria, representado en la propuesta del
gobernador Andrés Julián Rendón de impulsar un referendo fiscal, respaldado por
los diputados de Colombia. La iniciativa busca que el impuesto sobre la renta y
el impuesto al patrimonio se recauden en los departamentos, transformándose en
un nuevo sistema general de participaciones territorial, con capacidad para
consolidarse en arreglos de hacienda pública con la nación durante los próximos
cinco años.
Esa
es, a mi juicio, la verdadera garantía para avanzar hacia la “Patria Milagro”.
La descentralización autonómica fortalece el crecimiento económico, profundiza
la madurez democrática, amplía la participación ciudadana, empodera a las
comunidades, facilita el control social sobre los recursos públicos y hace
realidad el propósito de la Constitución de 1991: consolidar un verdadero
Estado social de derecho.
Es
darle oportunidad a la constitución de rescatar su espíritu primigenio: haber
sido el gran acuerdo de la sociedad colombiana para superar violencias y
avanzar hacia estadios superiores de desarrollo, y la descentralización autonómica
es de los pilares fundamentales para alcanzar esos propósitos hoy visualizados
en "La Patria Milagro".
