Andrés de Bedout Jaramillo
Con la
Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes
El próximo 20
de julio de 2026 se posesiona el nuevo Congreso de la República, el poder
legislativo por excelencia, en el que los colombianos tenemos puestas nuestras
esperanzas en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Del buen
comportamiento de nuestros congresistas depende, en gran medida, el correcto
funcionamiento del Estado, la aplicación del interés general sobre el
particular y, muy especialmente, el ejercicio de su condición de juez natural
del presidente, vicepresidente, fiscal general de la Nación, procurador,
contralor, defensor del pueblo y magistrados de las altas cortes, entre otros.
Solo así se podrá romper, de una vez por todas, con la impunidad que ha
protegido a estos altos funcionarios, quienes actúan al amparo de la descarada
y reiterada inacción de las comisiones de investigación y acusaciones elegidas
en diferentes legislaturas, convirtiendo a esta institución en la gran
vergüenza y desilusión de los colombianos.
El llamado de
todos los ciudadanos, al unísono, es para que los partidos y movimientos
políticos, representados por los congresistas que votan para integrar esta
importante comisión, escojan con lupa a candidatos valientes, capaces de
ejercer sus sagradas funciones, independientemente de los intereses políticos
que los rodean, para postularlos.
Lo sucedido en
la última legislatura con esta comisión no puede repetirse. La burla de sus
comisionados a la Constitución, a la ley y, sobre todo, al país, no pudo ser
mayor. Ojalá la Corte Suprema de Justicia sancione a sus integrantes por sus
irresponsables omisiones frente a las más de 200 denuncias contra el presidente
saliente, quien atropelló la Constitución y la ley, en forma permanente.
Por favor,
señores congresistas: elijan a los mejores, a los más serios, a los más
responsables, dispuestos a trabajar arduamente para atender todas las denuncias
represadas que hoy tiene esta comisión, así como las que llegarán contra otros
funcionarios con fuero especial. Estos deben ser investigados y acusados, si
corresponde, por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En el
último cuatrienio no hicieron nada y permitieron que Petro y sus aliados
destruyeran el país.
De esta
comisión depende frenar los actos delictivos que pueda proponerse un presidente
o los demás aforados, nadie más puede hacerlo, solo su investigador y juez
natural, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara.
Estoy seguro de
que, si esta comisión funcionara, los presidentes y demás aforados se
abstendrían de abusos y desmanes. Llegó la hora de hacer que este mecanismo
opere; de no ser posible, habrá que inventar otro tan eficiente como el que
existe en nuestro vecino Perú, donde ningún presidente dura su periodo.
Es imposible
que entre los congresistas elegidos en 2026 no existan al menos 10 o 15 capaces
de ejercer correctamente las funciones que la Constitución y la ley asignan a
esta comisión. Es igualmente inadmisible que la Corte Suprema de Justicia no
sancione como corresponde a los integrantes de la comisión que operó en el
periodo 2022 - 2026, cuyas permanentes omisiones fueron vergonzosas.
Esperemos que
puedan superar el primer paso de la organización del Congreso, conformar sus
mesas directivas en Senado y Cámara, y configurar las coaliciones de gobierno y
oposición, que permitan el correcto funcionamiento del gobierno entrante.
Que nuestro
Señor Jesucristo ilumine a nuestros congresistas en estos importantes momentos
para la iniciación de la Patria Milagro.
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