.jpg "José Leonardo Rincón, S. J.")
Diferentes medios de
comunicación han registrado esta semana la dramática situación que atraviesan
muchos colegios privados. Recordarán ustedes que hace unos meses se hablaba del
cierre de centenares de colegios en todo el país. Pues bien, la curva
descendente está ahora más pronunciada que nunca debido a los nuevos factores
que entraron en escena.
La crisis comienza a
hacerse evidente a mediados de los años 90 cuando se clasificaron los centros
educativos en tres grupos: libertad regulada, libertad vigilada y régimen de
control. Los primeros, gracias a su perfil y proyecto educativo institucional podrían
tener incrementos más altos en sus matrículas y pensiones, pero con tope
previamente definido por el ministerio. A los segundos, con algunas prebendas
se le autorizaba un determinado incremento, en tanto los del régimen de control
efectivamente estaban totalmente limitados. Como quien dice que los que tenían
mayores posibilidades tuvieron más oportunidades y los que no las tenían nunca
pudieron aspirar a mejorarlas. Eso los puso contra las cuerdas y muchos fueron
cerrando sus puertas por ser totalmente inviables.
Por su parte, comenzó a
darse una recuperación de la calidad en la educación pública tanto con el
mejoramiento de su infraestructura como en la ampliación de cobertura y su
gratuidad, lo que hizo atractiva la oferta para las clases sociales más
desfavorecidas o de clase media venidas a menos por las sucesivas crisis
económicas que hemos vivido.
Pero simultáneamente
comenzaba a darse un fenómeno que afectaría a ambos sectores: la tasa de
natalidad comenzó a descender vertiginosamente. El DANE daba cuenta de cómo las
familias colombianas dejaron de ser numerosas a tener uno o no tener hijos. Eso
se reflejó en la caída de la matrícula y fue notorio el efecto porque, aunque
había capacidad instalada, la realidad fue que quedó subutilizada y ociosa.
A diferencia de la
educación pública que es sostenida 100 % por el Estado con los impuestos de los
colombianos, la privada no goza de prebendas ni subsidios. Debe pagar todos los
costos fijos anuales: los impositivos como predial, IVA, ICA, a las
transacciones bancarias, servicios públicos, los de sostenimiento y
mantenimiento, los de ineludible cumplimiento que son las asfixiantes nóminas
con su carga prestacional del 51 % adicional al salario base y que sobrepasan el 65 o 70 % del presupuesto anual,
sin incluir los costos asociados a la calidad y la innovación.
No es todo. La educación
privada, además de afrontar estos retos, se enfrenta a una mala práctica que
aún hoy no ha encontrado solución: las familias, amparadas en el derecho a la
educación se refugian en él para propiciar la mal llamada "cultura de no
pago" que hace que las carteras morosas sean de decenas y cientos de
millones prácticamente irrecuperables porque por tutelar ese derecho, desampara
al colegio que no puede recuperar esos dineros.
A este panorama se suma la
justa sentencia de la Corte Constitucional que reza que "a trabajo igual,
salario igual" pero que en la práctica es desigual en las condiciones
dadas porque el Estado que es el que decreta anualmente los incrementos salariales
y en el escalafón, da a sus oficiales educadores porcentajes adicionales que un
colegio privado no puede asumir, generando una absurda e injusta brecha que
afecta obviamente a los trabajadores. Esa es una de las noticias de esta
semana, el Gobierno concertó un incremento adicional del 3 % para los próximos
tres años y advierte que los colegios privados deben hacer lo propio.
Muchos piensan que la
educación privada es un lucrativo negocio. La verdad es que sí ha habido
mercaderes de la educación que así lo han convertido para vergüenza del gremio,
pero no es la suerte de la mayoría. Soy de los que cree que la educación
pública debería ser de excelente calidad. No lo es actualmente, al menos en la
educación inicial, básica y media. En los resultados de las pruebas de Estado
son los colegios privados los que en mayoría abrumadora sobresalen. Apenas unos
cuantos públicos sacan la cara.
Pareciera el gobierno
querer desaparecer la educación privada, estrategia errónea que atenta contra
la libertad de enseñanza, pues de ninguna manera podría ser monopolio del
Estado. Eso solo se da en los regímenes dictatoriales de derecha o de izquierda
porque saben que es la manera como se garantiza su perpetuidad, indoctrinando
sus ideologías a la niñez y la juventud, volviéndolas borregos alienados que no
piensan críticamente. Y la pluralidad y el derecho a la divergencia y al pensar
diferente se sepultan. Equívoco también sería concluir que la educación privada
es para los ricos y la pública para los pobres. Falso. Los padres de familia
deberían gozar el derecho de escoger la educación que quieren para sus hijos. Y
el Estado que sostenemos todos con nuestra tributación, debería subsidiar a
unos y a otros. Ahí habría igualdad en el derecho a la educación.
Finalmente, no tenemos ley
estatutaria de la educación. Quiso hacerse al antojo de los intereses de turno
y así no puede ser. Debe construirse de manera concertada y participativa. En
tanto eso ocurre, todos perdemos. Y eso es lo que muchos quieren, porque en
tanto más embrutecidos estemos, más fácilmente podrán manipularnos. Y esto vale
para todas las ideologías. Es la verdad, gústenos o no.
