viernes, 4 de julio de 2025

Crisis en los colegios privados

José Leonardo Rincón, S. J.
José Leonardo Rincón, S. J.

Diferentes medios de comunicación han registrado esta semana la dramática situación que atraviesan muchos colegios privados. Recordarán ustedes que hace unos meses se hablaba del cierre de centenares de colegios en todo el país. Pues bien, la curva descendente está ahora más pronunciada que nunca debido a los nuevos factores que entraron en escena.

La crisis comienza a hacerse evidente a mediados de los años 90 cuando se clasificaron los centros educativos en tres grupos: libertad regulada, libertad vigilada y régimen de control. Los primeros, gracias a su perfil y proyecto educativo institucional podrían tener incrementos más altos en sus matrículas y pensiones, pero con tope previamente definido por el ministerio. A los segundos, con algunas prebendas se le autorizaba un determinado incremento, en tanto los del régimen de control efectivamente estaban totalmente limitados. Como quien dice que los que tenían mayores posibilidades tuvieron más oportunidades y los que no las tenían nunca pudieron aspirar a mejorarlas. Eso los puso contra las cuerdas y muchos fueron cerrando sus puertas por ser totalmente inviables.

Por su parte, comenzó a darse una recuperación de la calidad en la educación pública tanto con el mejoramiento de su infraestructura como en la ampliación de cobertura y su gratuidad, lo que hizo atractiva la oferta para las clases sociales más desfavorecidas o de clase media venidas a menos por las sucesivas crisis económicas que hemos vivido.

Pero simultáneamente comenzaba a darse un fenómeno que afectaría a ambos sectores: la tasa de natalidad comenzó a descender vertiginosamente. El DANE daba cuenta de cómo las familias colombianas dejaron de ser numerosas a tener uno o no tener hijos. Eso se reflejó en la caída de la matrícula y fue notorio el efecto porque, aunque había capacidad instalada, la realidad fue que quedó subutilizada y ociosa.

A diferencia de la educación pública que es sostenida 100 % por el Estado con los impuestos de los colombianos, la privada no goza de prebendas ni subsidios. Debe pagar todos los costos fijos anuales: los impositivos como predial, IVA, ICA, a las transacciones bancarias, servicios públicos, los de sostenimiento y mantenimiento, los de ineludible cumplimiento que son las asfixiantes nóminas con su carga prestacional del 51 % adicional al salario base y que sobrepasan el 65 o 70 % del presupuesto anual, sin incluir los costos asociados a la calidad y la innovación.

No es todo. La educación privada, además de afrontar estos retos, se enfrenta a una mala práctica que aún hoy no ha encontrado solución: las familias, amparadas en el derecho a la educación se refugian en él para propiciar la mal llamada "cultura de no pago" que hace que las carteras morosas sean de decenas y cientos de millones prácticamente irrecuperables porque por tutelar ese derecho, desampara al colegio que no puede recuperar esos dineros.

A este panorama se suma la justa sentencia de la Corte Constitucional que reza que "a trabajo igual, salario igual" pero que en la práctica es desigual en las condiciones dadas porque el Estado que es el que decreta anualmente los incrementos salariales y en el escalafón, da a sus oficiales educadores porcentajes adicionales que un colegio privado no puede asumir, generando una absurda e injusta brecha que afecta obviamente a los trabajadores. Esa es una de las noticias de esta semana, el Gobierno concertó un incremento adicional del 3 % para los próximos tres años y advierte que los colegios privados deben hacer lo propio.

Muchos piensan que la educación privada es un lucrativo negocio. La verdad es que sí ha habido mercaderes de la educación que así lo han convertido para vergüenza del gremio, pero no es la suerte de la mayoría. Soy de los que cree que la educación pública debería ser de excelente calidad. No lo es actualmente, al menos en la educación inicial, básica y media. En los resultados de las pruebas de Estado son los colegios privados los que en mayoría abrumadora sobresalen. Apenas unos cuantos públicos sacan la cara.

Pareciera el gobierno querer desaparecer la educación privada, estrategia errónea que atenta contra la libertad de enseñanza, pues de ninguna manera podría ser monopolio del Estado. Eso solo se da en los regímenes dictatoriales de derecha o de izquierda porque saben que es la manera como se garantiza su perpetuidad, indoctrinando sus ideologías a la niñez y la juventud, volviéndolas borregos alienados que no piensan críticamente. Y la pluralidad y el derecho a la divergencia y al pensar diferente se sepultan. Equívoco también sería concluir que la educación privada es para los ricos y la pública para los pobres. Falso. Los padres de familia deberían gozar el derecho de escoger la educación que quieren para sus hijos. Y el Estado que sostenemos todos con nuestra tributación, debería subsidiar a unos y a otros. Ahí habría igualdad en el derecho a la educación.

Finalmente, no tenemos ley estatutaria de la educación. Quiso hacerse al antojo de los intereses de turno y así no puede ser. Debe construirse de manera concertada y participativa. En tanto eso ocurre, todos perdemos. Y eso es lo que muchos quieren, porque en tanto más embrutecidos estemos, más fácilmente podrán manipularnos. Y esto vale para todas las ideologías. Es la verdad, gústenos o no.