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No es lo que se nos puede venir, es lo que ya nos pasó.
Estamos controlados por un gobierno confabulado con el crimen organizado y que
tiene el firme propósito de destruir nuestra democracia. Dicen que el Petro-Santismo
no existe. Llámenlo como quieran, pero estamos sufriendo las consecuencias de
la fábula Petrofarsante que empezó con la traición de Santos al
electorado, en 2010, y su intento de hacer acuerdos clandestinos con todo el
crimen organizado, al haber negociado una falsa paz con las FARC-EP amparado
por el Castro-Chavismo y acolitado por el mismo elenco con que desconoció el
resultado del referendo de 2016, compró el parlamento en 2017, y luego llevó ilícitamente
a Petro y al Pacto Histórico con criminales al poder en 2022.
Esa fábula Petrofarsante hoy le alcahuetea a Petro
llevar adelante su objetivo de cambiar la institucionalidad democrática por un
narcoestado que favorezca la criminalidad y restrinja la soberanía y las
libertades de los colombianos, una farsa ideológica disfrazada de democracia
que hoy controla un narcoestado neocomunista, modelo socialismo siglo XXI.
Petro en medio de cada traba, hace daños irreparables. Es como
el bazuquero que le saquea la billetera al papá, se roba y vende las joyas de
la mamá, vende la licuadora y el microondas, y le abre la puerta de la casa a
los jíbaros para que se paguen con el fogón y la nevera.
Bandera de la muerte y espada robada en mano, presenciamos
el monólogo de Petro con un pueblo alquilado e imaginario. Sigue el libreto de
odio y resentimiento con el cual comanda a su cleptocracia para implementar el
caos, instaurar el terror, y acometer la destrucción institucional de la nación
como en Venezuela. Y ahora convoca una Asamblea “Popular” Constituyente.
Petro al ceder fronteras y territorios al crimen organizado
deteriora la seguridad ciudadana, la justicia y las fuerzas armadas. Está
consolidando una nueva extensión del “pacto de la picota” con toda suerte de
delincuentes que llaman “gestores de paz y rehabilitados”. Quiere cambiar la
doctrina de las fuerzas armadas, crear una guardia nacional con civiles, y
cambiar el marco conceptual del orden constitucional y el Estado de derecho.
La historia se repite, y cada vez vuelve con más fuerza a
reclamar los errores cometidos al negociar la justicia por una falsa ilusión de
paz. Estuvo Pablo Escobar en el Congreso y Santos llevó allí delincuentes de
lesa humanidad. Regresamos a 1985 y los tétricos acuerdos con el M-19 y el
Cartel de Medellín que acribillaron los magistrados de la Corte Suprema para
luego exigir bajo amenaza terrorista un indulto y la nueva constituyente
garantista y económicamente insostenible en 1991.
Hoy parece que los nuevos mafiosos de Medellín compraron la
cartera de Justicia, el Inpec y tienen congresistas. Los grandes criminales
mandan a acribillar candidatos, amenazan alcaldes, mientras los ministros
prevarican ante la indolencia de la mal llamada Justica y los gremios que
observan impávidos cómo un asesor clandestino de criminales y terroristas vuele
a vender la Constitución.
De nuevo quieren impunidad y prohibir la extradición como
pago por apoyar el cambio del orden constitucional, bajo las mismas teorías
alemanas que avalaron la supremacía del nazismo, la constitución del chavismo,
y ahora proponen desaparecer la independencia de poderes y la legítima
oposición democrática, para lograr la perpetuidad de “Adolfito Petro” en
el poder, circunscribiendo los poderes judicial y legislativo a su
representación como la voz del pueblo.
La economía estatal está en la inopia, se perdió la
confianza inversionista y la capacidad de formación de capitales contributivos
mientras el Gobierno, mediante la concesión de impunidad al delito y al
narcotráfico, alienta la formación de capitales ilícitos. Nos volamos la regla
fiscal, se ha multiplicado la cleptocracia, la corrupción, el gasto estatal y
los costos, generando carestía en la movilidad, el gas y la energía. Los
ingresos de Ecopetrol cayeron más del 70 %, cada día hay más fuga de talentos y
capitales, la tasa de recaudo va en picada, la economía negra creciendo y la
calificación del riesgo país y el nivel de deuda apuntan al default. La
inseguridad y el dominio territorial y fronterizo del crimen organizado impiden
la inversión en el sector minero energético y la financiación de la producción
agrícola, la manufacturera y el comercio. La tasa de interés final es 18 %, un
negocio lícito no rinde ni el 12 % y la inflación es del 7 %, y se pagan la
nómina y los impuestos con sobregiros. En cambio, es astronómico el margen de
utilidad de los que trabajan sin carga impositiva: narcotráfico, lavado,
extorsión, chantaje desde las cárceles, el ELN, las FARC-EP, el Clan del Golfo,
muchos contratistas del Estado y los corruptos que se roban el erario.
Ilusiona la esperanza de algunos en las próximas
elecciones. Digamos que los mismos políticos reelegidos van a salvar al país en
el 2026, pero ignoramos cuál es la garantía de que, si llega el mejorcito de
los 74 candidatos, va a tener un equipo capaz de recuperar una hacienda
famélica, pues esto ya no se arregla con embajadas y con cupos indicativos.
Esperemos que alguien tenga verdadera comprensión de cuánto se necesita
sacrificar para recuperar la libertad democrática.
