El país de la fábula Petrofarsante

Luis Guillermo Echeverri Vélez

No es lo que se nos puede venir, es lo que ya nos pasó. Estamos controlados por un gobierno confabulado con el crimen organizado y que tiene el firme propósito de destruir nuestra democracia. Dicen que el Petro-Santismo no existe. Llámenlo como quieran, pero estamos sufriendo las consecuencias de la fábula Petrofarsante que empezó con la traición de Santos al electorado, en 2010, y su intento de hacer acuerdos clandestinos con todo el crimen organizado, al haber negociado una falsa paz con las FARC-EP amparado por el Castro-Chavismo y acolitado por el mismo elenco con que desconoció el resultado del referendo de 2016, compró el parlamento en 2017, y luego llevó ilícitamente a Petro y al Pacto Histórico con criminales al poder en 2022.

Esa fábula Petrofarsante hoy le alcahuetea a Petro llevar adelante su objetivo de cambiar la institucionalidad democrática por un narcoestado que favorezca la criminalidad y restrinja la soberanía y las libertades de los colombianos, una farsa ideológica disfrazada de democracia que hoy controla un narcoestado neocomunista, modelo socialismo siglo XXI.

Petro en medio de cada traba, hace daños irreparables. Es como el bazuquero que le saquea la billetera al papá, se roba y vende las joyas de la mamá, vende la licuadora y el microondas, y le abre la puerta de la casa a los jíbaros para que se paguen con el fogón y la nevera.

Bandera de la muerte y espada robada en mano, presenciamos el monólogo de Petro con un pueblo alquilado e imaginario. Sigue el libreto de odio y resentimiento con el cual comanda a su cleptocracia para implementar el caos, instaurar el terror, y acometer la destrucción institucional de la nación como en Venezuela. Y ahora convoca una Asamblea “Popular” Constituyente.

Petro al ceder fronteras y territorios al crimen organizado deteriora la seguridad ciudadana, la justicia y las fuerzas armadas. Está consolidando una nueva extensión del “pacto de la picota” con toda suerte de delincuentes que llaman “gestores de paz y rehabilitados”. Quiere cambiar la doctrina de las fuerzas armadas, crear una guardia nacional con civiles, y cambiar el marco conceptual del orden constitucional y el Estado de derecho.

La historia se repite, y cada vez vuelve con más fuerza a reclamar los errores cometidos al negociar la justicia por una falsa ilusión de paz. Estuvo Pablo Escobar en el Congreso y Santos llevó allí delincuentes de lesa humanidad. Regresamos a 1985 y los tétricos acuerdos con el M-19 y el Cartel de Medellín que acribillaron los magistrados de la Corte Suprema para luego exigir bajo amenaza terrorista un indulto y la nueva constituyente garantista y económicamente insostenible en 1991.

Hoy parece que los nuevos mafiosos de Medellín compraron la cartera de Justicia, el Inpec y tienen congresistas. Los grandes criminales mandan a acribillar candidatos, amenazan alcaldes, mientras los ministros prevarican ante la indolencia de la mal llamada Justica y los gremios que observan impávidos cómo un asesor clandestino de criminales y terroristas vuele a vender la Constitución.

De nuevo quieren impunidad y prohibir la extradición como pago por apoyar el cambio del orden constitucional, bajo las mismas teorías alemanas que avalaron la supremacía del nazismo, la constitución del chavismo, y ahora proponen desaparecer la independencia de poderes y la legítima oposición democrática, para lograr la perpetuidad de “Adolfito Petro” en el poder, circunscribiendo los poderes judicial y legislativo a su representación como la voz del pueblo.

La economía estatal está en la inopia, se perdió la confianza inversionista y la capacidad de formación de capitales contributivos mientras el Gobierno, mediante la concesión de impunidad al delito y al narcotráfico, alienta la formación de capitales ilícitos. Nos volamos la regla fiscal, se ha multiplicado la cleptocracia, la corrupción, el gasto estatal y los costos, generando carestía en la movilidad, el gas y la energía. Los ingresos de Ecopetrol cayeron más del 70 %, cada día hay más fuga de talentos y capitales, la tasa de recaudo va en picada, la economía negra creciendo y la calificación del riesgo país y el nivel de deuda apuntan al default. La inseguridad y el dominio territorial y fronterizo del crimen organizado impiden la inversión en el sector minero energético y la financiación de la producción agrícola, la manufacturera y el comercio. La tasa de interés final es 18 %, un negocio lícito no rinde ni el 12 % y la inflación es del 7 %, y se pagan la nómina y los impuestos con sobregiros. En cambio, es astronómico el margen de utilidad de los que trabajan sin carga impositiva: narcotráfico, lavado, extorsión, chantaje desde las cárceles, el ELN, las FARC-EP, el Clan del Golfo, muchos contratistas del Estado y los corruptos que se roban el erario.

Ilusiona la esperanza de algunos en las próximas elecciones. Digamos que los mismos políticos reelegidos van a salvar al país en el 2026, pero ignoramos cuál es la garantía de que, si llega el mejorcito de los 74 candidatos, va a tener un equipo capaz de recuperar una hacienda famélica, pues esto ya no se arregla con embajadas y con cupos indicativos. Esperemos que alguien tenga verdadera comprensión de cuánto se necesita sacrificar para recuperar la libertad democrática.

Dolor de Patria

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Ausencia total de un “propósito país”

No se puede ser una democracia y cogobernar con el narcoterrorismo. Colombia deambula entre las pútridas decisiones de quienes le cambiaron el sistema operativo al país. Pasamos de un sistema de libertades democráticas a un Estatismo destructor de las garantías sociales y los mecanismos lícitos de generación de valor y formación de capitales públicos y privados.

Estamos en manos del engaño permanente de un Gobierno ilegítimo, que según conveniencia se define y obra como revolucionario, se vale de una servil cleptocracia y es complaciente y cómplice de una multiplicidad de organizaciones criminales narcoterroristas. La preocupación de la gente del común es tremenda, pero resulta estéril ante la negación tolerante e irresponsable de quienes nos representan como dirigentes de la institucionalidad democrática.

La gente se pregunta cuál es la probabilidad de una elección limpia en el 2026 ante una manifiesta total ausencia de propósito país y una desconfianza generalizada en las volátiles estructuras partidistas y la debilidad de las figuras que resultan de una selección improvisada controlada por medios y encuestadoras.

Un propósito de país solo emana de la determinación y el valor que demanda la voluntad política de asumir los altos costos que implica hacer lo realmente correcto. No se limita a asumir las convicciones ideológicas “progre o woke”, y quedar atrapados en lo políticamente correcto y en la suscripción obligada de las agendas minoritarias impuestas a las mayorías.

Donde prima el interés personal de los políticos y los líderes que adolecen de una auténtica voluntad de servicio, se vende la libertad y se elimina el interés general y el bien común. Caímos en una trampa cultural propia de la dialéctica inversa del populismo, y no logra el país producir los planteamientos y las acciones necesarias para recobrar el camino del desarrollo socioeconómico.

Vivimos en un entrampamiento ideológico, donde el jarabe que nos han vendido en el frasco etiquetado como “Solución de Paz”, no es remedio, sino veneno mata ratas. Están las fronteras y los corredores de narcotráfico convertidos en “Franjas” dominadas por el narcoterrorismo.

La génesis de la revolución en Colombia pasa por una histórica divergencia ideológica que optó por la ilegalidad y la violencia al considerar ilegítimo un Estado constitucional. Algo que con el tiempo degeneró en una anarquía donde todas las organizaciones criminales mutaron al narcoterrorismo. Ahora paradójicamente, lo que fuera una insurgencia guerrillera ideológica se convirtió en una multiplicidad de grupos paramilitares auspiciados y al servicio de los gobernantes revolucionarios que representan el modelo de gobierno del socialismo comunista del siglo XXI.

Hoy, a una destrucción institucional sistemática, solo se opone una tímida y cómoda mediocridad gremial, la corruptela barata de la politiquera clientelista y la lánguida dignidad de las togas embolatada en el bazar judicial. No puede prosperar una tierra donde no se respeta a los soldados y policías de la patria, donde los criminales en lugar de ir a la cárcel son convertidos en ciudadanos de mejor derecho al ser nombrados gestores de paz. Qué macabra ironía. Ahora solo falta que los nombren generales de la República.

Los colombianos no contamos hoy con un Estado que proteja la vida y garantice la seguridad física y la salud de los ciudadanos. Dejamos que este Gobierno destruyera el sistema de libertades que permitía la propiedad y el emprendimiento privado, las asociaciones público-privadas y la eficiencia de las empresas de la nación que han sido los flotadores del erario.

Dura es la lucha contra la ignorancia propia del desespero social que limita la nación a la cultura mafiosa del rebusque, a las voluntades individuales, al abuso de la ley por parte del propio Estado quedando todo supeditado a la egolatría y a las vanidades que ostentan el poder.

El comunismo internacional como sistema de control del poder es activista, estatista y esclavista, y adopta nuevas versiones promotoras y validadoras del narcoterrorismo, creando tiranías regionales disfrazadas de democracias “progresistas modelo siglo XXI” que generan más injusticia e inequidad y acrecientan la brecha de la desigualdad económica. Algo que solo se cierra mediante la generación de riqueza aplicada a los medios productivos bajo las reglas lógicas de las libertades económicas y de mercado.

El mal llamado “progresismo”: prefiere un concubinato con la ilegalidad a la ortodoxia. Desprecia el hecho de que la seguridad y la salud de la ciudadanía empiecen por la debida nutrición infantil garantía del debido desarrollo cerebral, físico y comportamental de los jóvenes. Y relega el manejo de la cosa pública al inmediatismo mediático desestimando la importancia de mantener una actividad económica productiva creciente de donde provienen los ingresos del Estado.

El “progresismo” ignora la cultura de obediencia y respeto a la ley como elemento esencial de generación de la seguridad, sin la cual no puede existir la confianza ciudadana en conducción del Estado, de la economía, la generación de nuevas oportunidades de negocio y la atracción de inversión que generan crecimiento y empleos de lo cual dependen los ingresos de los hogares y del Estado. Ignora que no puede haber progreso ni desarrollo si no se invierte en un mayor nivel de educación y capacitación que les permita a los negocios seleccionar, adquirir, adoptar, adaptar e implantar nuevas tecnologías para ser más productivos y competitivos. Ignora que la proliferación de la formación de capitales ilícitos no transforma, destruye y contamina toda la actividad económica, impide la formación y administración de políticas públicas eficientes y estrangula la confianza inversionista que habilita la formación de actividad económica y capitales lícitos y formales.

Los cambios pueden ser avances o retrocesos. La civilización ha avanzado mediante cambios transformaciones propios de una función tecnológica que implican la formación de capitales lícitos que apalancan el crecimiento y el desarrollo. Los retrocesos son el producto de la irresponsabilidad de los líderes y los gobernantes revolucionarios fundamentados en el control Estatizado de las libertades destruyendo toda la seguridad ciudadana y desarrollo socioeconómico.

Señores ya se sabía: la moda es la tiranía de las minorías

Luis Guillermo Echeverri Vélez

La región incendiada y seguimos hablando de una lánguida democracia, de la cual todos abusan como les da la gana, muchos protestan, pero no pasa nada.

Hay que entender que Venezuela y Colombia, aunque tienen diferencias, conforman la misma región, tienen el mismo origen fundacional, son naciones hermanas, comparten una gran frontera donde pasa de todo, sufren exactamente los mismos males, y tienen al comando del Estado gobiernos de truhanes de la misma calaña.

Venezuela ha estado arrasada por el socialismo del siglo XXI por veinticinco años seguidos; allí y aquí, hay territorios totalmente dominados por el narcoterrorismo encabezado por el Cartel de los Soles, las FARC-EP, el ELN, el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, y súmenle las mafias de corrupción en los poderes administrativo, legislativo, judicial y en los organismos de control del Estado.

En Venezuela toda esa delincuencia impune la representan Maduro, Padrino, Diosdado y sus secuaces locales e internacionales. Aquí son los narco-partidos los que conducen el Estado, con el nuevo M-19 representado por Gustavo Petro a la cabeza del poder, en abierta unión de hecho con esas mismas inhumanas y violentas organizaciones terroristas, apoyado por un sartal de mamertos criollos e internacionales, y respaldado por una cleptocracia y unos contratistas estatales totalmente corruptos.

Nuestros congresistas y magistrados no se atreven a secundar el pueblo que clama “Fuera Petro”, y eso los convierte en cómplices. Quedó demostrado el pasado 20 de julio, cuando nadie le pidió la renuncia, ni reclamó que se cumpla la ley ante la flagrante ilegitimidad del Gobierno y su confesa asociación para delinquir con buena parte del Congreso, las cortes y criminales de cuello blanco.

Muchos líderes gremiales, de la difunta sociedad civil y los partidos políticos, dicen que quedan dos años, y que la democracia prevalecerá en 2026 porque este es un país con una sólida institucionalidad. Pero, como pasó en Cuba, Nicaragua y Venezuela hace ya varias décadas, la mediocridad, la cobardía y el acomodamiento del liderazgo, es el factor que puede permitir que Colombia pase a ser un totalitarismo de hecho bajo la máscara de una democracia nominal.

¿Para qué nos decimos mentiras? Se expanden el caos económico y la desesperanza social propagada por la inseguridad total, y aquí la moda, bajo amenaza de una explosión de terrorismo urbano, es la imposición tirana de las agendas de las minorías a la gran mayoría.

La historia da cuenta de que los tiranos sólo caen derrocados por la fuerza. Y estamos en manos de tres tipos de bichos políticos y gusanos burocráticos: los lánguidos mamertos voltearepas de siempre; los corruptos que hoy conforman una cleptocracia abierta y generalizada, y los criminales de lesa humanidad indultados por la estupidez y la hipocresía de nuestros políticos que hablan de paz donde no la puede haber.

Aquí se terminó la entereza, la honorabilidad y la justicia. Los principios los vendimos en el bazar de un poder estatal que no respeta el Estado de derecho.

Somos víctimas de permitir la mediocridad mamerta de los “políticamente correctos” que sólo hablan de democracias porque les conviene. Cómplices por permitir la instauración de la cultura mafiosa asociada al narcotráfico y una cleptocracia corrupta y clientelista que sólo multiplicó los problemas que no fuimos capaces de solucionar antes de que aquí también llegara el proyecto revolucionario bolivariano al poder en manos del M-19 y apoyado por el narcoterrorismo en 2022.

La desesperación es el producto de una ruina estatal y de una inseguridad maquilladas e inmanejables que se multiplican frente a una justicia y unas fuerzas armadas castradas mental y físicamente cuando el enemigo de la ley subió al poder de manera ilegítima, y el país político al igual que en 2017 se entregó a un narco comunismo terrorista disfrazado de alianzas políticas democráticas.

Hoy existen todos los elementos para sacar del poder al tirano con careta de presidente electo democráticamente. Pero aquí nadie de los que por obligación tienen que hacerlo, se atreve a proceder conforme a la Constitución y las leyes vigentes.

Si no nos ponemos las pilas ya mismo, anoten bien lo que nos espera por tibios, cobardes, mediocres y cómodos: Un acuerdo nacional entre todo tipo de delincuentes. Una constituyente a la medida del neo estalinismo narcoterrorista, una ley de punto final, y otra elección fraudulenta en 2026.

Lo demás es paja. Moriremos en el narco comunismo y serán otras generaciones, tal vez después del 2050, las que vean cómo, de la ruina total, rebroten la libertad y el orden en estos pueblos que liberó Bolívar y que hoy han resuelto esclavizarse.

Llegó la hora de extirpar el crimen en Colombia

Por: Luis Alfonso García Carmona

Un Estado que sea impotente para reprimir y castigar la delincuencia es un Estado inviable. Cuando los gobernantes y representantes del pueblo en las corporaciones públicas utilizan el poder en favor de los criminales y no para la protección de la población, no queda otro camino que la rebelión contra las estructuras del crimen y la remoción de quienes indignamente están ejerciendo las funciones públicas.

No olvidemos que es deber prioritario de los gobernantes proteger a los gobernados en sus vidas y en su patrimonio. Si incumplen esa obligación, no solo están faltando a sus compromisos con la Constitución y la Ley, sino que, asimismo, están atentando en materia grave contra el bien de la Patria y de la comunidad.

Hemos llegado en Colombia a dramáticos índices de inseguridad originados por el aumento de la acción delictiva de diferentes actores, por la impunidad que ampara a los responsables del delito y por la ausencia de políticas eficaces para combatir el delito en todos sus niveles y modalidades.

Según el Índice mundial del crimen organizado de la Organización de Naciones Unidas, Colombia, registra a nuestra nación en el vergonzoso segundo lugar entre los 193 países miembros. Los países con mayores índices de criminalidad son Birmania, Colombia, México y Paraguay. ¿Por qué otros países con similares o peores condiciones socioeconómicas, no alcanzan tan elevados índices delincuenciales? Hay que reconocer que probablemente sus políticas contra el crimen, normas penales y sistemas judiciales y de policía son más eficientes.

Con la mirada puesta en la búsqueda de soluciones eficaces para su definitiva supresión, invito a mis coterráneos a analizar el prioritario tema de la inseguridad y de la creciente criminalidad en Colombia.

Causas inmediatas de la criminalidad

Entre las causas inmediatas que nos han convertido en una sociedad esclavizada por el poder de la droga, gobernada por una camarilla asociada a los peores criminales de nuestra historia y en estado de absoluta indefensión por la inoperancia de las autoridades y la venalidad de los jueces, encontramos:

1.- Corrupción

Nuestro sistema político está basado en la corrupción, ya que al poder se llega fundamentalmente a través de la compra de votos, como se demostró ampliamente en las últimas elecciones para Congreso y Presidencia, en las que los ganadores violaron amplia –e impunemente– los topes de gastos señalados por la Ley. Por supuesto, el ejercicio del poder queda condicionado a compensar a quienes financiaron las campañas con burocracia, contratos y toda clase de prebendas non sanctas. En suma, quedan entronizadas la corrupción y la delincuencia, como pautas determinantes de la gestión pública. Tanto la compra de votos como toda maniobra de fraude electoral deben ser castigadas como otro tipo de corrupción.

2.- Acuerdo de La Habana

Con el claudicante y espurio Acuerdo de La Habana se introdujeron en forma fraudulenta en nuestra Constitución disposiciones que blindaron el execrable delito del narcotráfico, premiaron a los más crueles terroristas de nuestra historia con curules en el Congreso, otorgaron subsidios a sus organizaciones criminales, entregaron a los delincuentes emisoras para continuar propagando las tácticas subversivas, y concedieron amnistía absoluta a los narco-terroristas sin que mediara reparación a las víctimas, ni compromiso de no reincidir en sus crímenes, ni denuncia de rutas del narcotráfico. Se sentó el peor de los precedentes para fomentar la aparición de nuevos frentes de violencia y para moldear a la juventud en la cultura del dinero fácil y en el axioma de que el delito siempre paga. La aplicación de este funesto pacto choca abiertamente con los deberes principales del Estado como son la guarda del orden público y la protección de la vida, integridad personal y patrimonio de los gobernados.

3.- Aparato judicial

Nuestro sistema normativo impide contar con una administración de justicia imparcial e idónea que cumpla con su deber de resolver adecuadamente los conflictos judiciales, defender los derechos de las personas y reprimir con eficiencia las trasgresiones de la Ley.

El origen político de los nombramientos de los magistrados de las altas cortes, facilita la llegada a tan altas posiciones de individuos sin la preparación intelectual y la probidad que les permita ejercer su cargo con decoro.

La investigación y el juzgamiento de los magistrados son ineficaces y sospechosas, toda vez que están asignadas a políticos que, a su vez, son investigados y juzgados por los magistrados, lo que genera un conflicto de intereses.

La selección y la promoción de los funcionarios judiciales no corresponde a una evaluación de sus méritos sino a razones clientelistas o politiqueras, lo que contribuye al escaso nivel de la administración de justicia.

Existe una proliferación de altas cortes, con un pésimo resultado en su eficiencia, conflictos de competencia y elevado costo para el fisco. Se debería reducir el número de altas cortes creando un tribunal supremo con salas especializadas, organismo que deberá encabezar y orientar la rama jurisdiccional con la más absoluta sabiduría y sin intervención de los vaivenes de la política. La Corte Constitucional que prevaricó para permitir el desconocimiento de la voluntad popular en el plebiscito de 2016, demostró su incapacidad para custodiar la Constitución y, en consecuencia, debe desaparecer.

No existe razón alguna para permitir la vigencia de la Justicia Especial de Paz, creada contra la voluntad del pueblo soberano, violatoria de los principios universales del derecho y diseñada, como se ha demostrado en los últimos 6 años, para consagrar la impunidad de los delitos cometidos por las FARC y perseguir a los militares que han luchado por la defensa de las instituciones y a quienes se opongan a la instauración de un régimen comunista en el país.

Debe ser proscrita de la rama judicial “la dictadura de los jueces”, o sea la potestad para extralimitarse y usurpar funciones legislativas o ejecutivas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo deberá concretarse a decidir sobre los procesos donde se debata la exequibilidad de una norma, absteniéndose de expedir nuevas de carácter legislativo o disposiciones que corresponda adoptar al poder ejecutivo.

El atávico ritmo paquidérmico que caracteriza a los trámites judiciales no se soluciona –como hasta ahora se ha ensayado– con aumentos presupuestales a la rama judicial. Hay que establecer un sistema de vigilancia y control a los despachos judiciales para exigirles un nivel de eficiencia; igualmente, se debe exigir el estricto cumplimiento de los términos judiciales, con el acompañamiento de sanciones disciplinarias para los trasgresores de las normas.

4.- Legislación penal

Se requiere una reforma de las leyes sustantivas y procedimentales en materia penal, para imponer penas acordes con la gravedad de los delitos, privar de beneficios penales a los criminales que representan mayor peligro para la sociedad y agilizar los trámites y la duración de los procesos. Debemos abandonar la “hipocresía legislativa” y, en vez de aprobar reformas inútiles, imitemos el gran cambio experimentado por Singapur. Hasta 1960 era uno de los lugares más inseguros del mundo. Con la aplicación de la pena de muerte para criminales y corruptos, erradicaron la delincuencia y hoy es uno de los países más seguros y con mayor índice de crecimiento económico. (https://www.canal26.com/internacionales/singapur-el-pais-que-erradico-la-delincuencia-con-pena-de-muerte-y-trabajos-forzados--264339)

No puede constituirse la permisividad o laxitud de la ley en un estímulo a la proliferación del delito. La legislación penal debe ser severa y estar acorde con una política de erradicación del delito, protección de los derechos humanos de las víctimas y garantía de seguridad para la población.

Tampoco la minoría de edad puede servir para la proliferación de la actividad criminal. Los menores de edad que, a juicio de los médicos forenses, tengan capacidad para distinguir entre el bien y el mal, deben ser vinculados a la acción penal, aunque su detención se cumpla en lugares diferentes a los destinados a mayores de edad.

Los responsables de porte de armas de fuego y explosivos no podrán gozar de excarcelación provisional, casa por cárcel ni de los subrogados penales. Tampoco quienes participen como cómplices o auxiliadores en delitos catalogados como de gran impacto.

Estas reformas deben incluir al sistema penitenciario, con el objeto de garantizar la seguridad y disciplina en los establecimientos carcelarios, establecer la obligatoriedad del trabajo para los reclusos, evitar la comisión de delitos desde las cárceles como ocurre en la actualidad y buscar su readaptación.

5. Debilitamiento de policía y organismos de inteligencia

La actual coyuntura política que sigue los lineamientos marxistas y el propósito de generar caos, anarquía y desestabilización de las instituciones, ha conducido al desmoronamiento de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, que han sido afectadas por la mutilación de sus cúpulas directivas, reducción de sus presupuestos, cambio de sus misiones naturales y destrucción de la capacidad de sus servicios de inteligencia. En tales condiciones, su aporte a la persecución del crimen y a la garantía de la tranquilidad ciudadana se ha visto notoriamente disminuido.

Tarea inaplazable es recuperar la dignidad y la capacidad operativa de nuestras fuerzas armadas y policiales, así como las demás agencias de investigación, como el CTI. Se debe contratar la asesoría de los más avanzados países en materia de investigación criminal e importar tecnología de punta para el control y seguimiento de la actividad subversiva y delincuencial.

Estrategia general

Presupuestos indispensables para la titánica labor de extirpar la criminalidad en nuestro país, son los siguientes:

Primero.- Reconquistar el poder legislativo y ejecutivo para adelantar las reformas normativas necesarias para desarrollar una política eficaz tendiente a erradicar la inseguridad, el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el secuestro, la extorsión y el vandalismo, prácticas delictivas que cuentan con el apoyo del actual régimen de extrema izquierda, y que rechaza el pueblo colombiano, en su gran mayoría. Sin el poder presidencial y la mayoría en el Congreso, es absolutamente ingenuo aspirar a dar una lucha real contra el crimen.

Gracias a la Providencia Divina, se demostró en las urnas que existe esa fuerza democrática mayoritaria, que consignó el pasado 29 de octubre su desacuerdo con el petrismo, con sus proyectos totalitarios y con sus candidatos.

Solo resta encauzar ese movimiento patriótico a una tarea tan noble como la erradicación de la violencia, la inseguridad y el crimen de nuestro amado país, mediante la reconquista del poder y la reconstrucción de Colombia.

Ya se ha iniciado la confederación de los grupos de resistencia y oposición al régimen petrista, con las organizaciones de civiles y militares de la reserva que vienen participando en las marchas de protesta callejera y el resto de las asociaciones y colectivos opuestos a la camarilla marxista-leninista que ocupa fraudulentamente el poder.

Prospera el juicio político adelantado a partir de la denuncia por indignidad formulada por el abogado José Manuel Abuchaibe, denunciando por prevaricato a quienes se oponen a su trámite y advirtiendo a los congresistas sobre el peligro que corre su posible reelección en caso de que desoigan la voluntad de los electores que, en su mayoría, desean la salida de Petro de la silla presidencial.

Se está iniciando la labor proselitista que durará 30 meses, creando células de activistas en todo el territorio nacional, bodegas de expertos en redes sociales y comunicación virtual, comités financieros y colectivos de abogados.

Se definirán temas de atención prioritaria para el próximo gobierno, que constituirán las banderas que aglutinen el respaldo popular. En materia criminal, se propone una lucha a fondo para erradicar las variables delictivas de mayor impacto, a saber:

a. Cultivo y tráfico de estupefacientes.

b. Terrorismo, ataques a fuerza pública y población civil, daños a infraestructura pública.

c. Secuestro y extorsión.

d. Corrupción.

Vandalismo, daños al sistema de transporte y a la infraestructura urbana, bloqueos a la actividad ciudadana.

Segundo.- Reforma constitucional y legal. Tan pronto se posesione el nuevo régimen que extirpará la criminalidad y reconstruirá la Nación, se someterá a la decisión del pueblo soberano un plebiscito que, en materia de criminalidad, contendrá propuestas como las siguientes:

1. Reforma de la administración de justicia, que incluya: a) Fusión de las altas cortes en un tribunal supremo con salas especializadas; b) Designación de los funcionarios judiciales mediante concurso de méritos y aplicación rigurosa de la carrera administrativa; c) La investigación y el juzgamiento de los magistrados se cumplirá en un tribunal de aforados, compuesto por abogados elegidos por concurso; d) Las funciones de la Corte Constitucional pasarán a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, pero se abstendrá de extralimitarse en sus funciones asumiendo funciones que corresponden al Congreso o al ejecutivo; e) Se eliminará la Justicia Especial de Paz, y, f) Asignar a la Procuraduría General de la Nación la función de fijar índices de rendimiento a los despachos judiciales, exigir el cumplimiento de los términos judiciales y aplicar sanciones por su incumplimiento o por bajo rendimiento laboral.

2. Reforma a la ley penal y a la Constitución para aprobar: a) Pena de muerte para los responsables de delitos de gran impacto, a saber: a) Cultivo y tráfico de estupefacientes; b) Terrorismo, ataques a la fuerza pública, daños a la infraestructura pública; c) Secuestro y extorsión; d) Corrupción; y, e) Vandalismo, daños a los sistemas de transporte y a la infraestructura urbana, bloqueos a la actividad ciudadana. Otras reformas: f) Agilización de los trámites en los procesos penales; g) Incorporar a los menores de edad como sujetos de la acción penal cuando, a juicio del médico forense, estén capacitados para distinguir el bien del mal; g) Privar a los responsables del delito de porte de arma de fuego y explosivos y a los cómplices o auxiliadores de delitos catalogados como de mayor impacto, de excarcelación provisional, casa por cárcel y cualquier subrogado penal, y h) Reprimir el fraude electoral y la compra de votos con la misma severidad aquí propuesta para la corrupción.

3. Modificar el sistema carcelario para eliminar la posibilidad de cometer delitos desde las cárceles y buscar la rehabilitación del preso mediante trabajo obligatorio y remunerado.

EPÍLOGO

Es natural que a muchos les asalte el escepticismo sobre la posibilidad de conseguir tan drásticas reformas en nuestra Constitución y nuestra ley penal, pero no existe otra alternativa idónea para erradicar el delito de manera efectiva.

Como es lógico, previamente hay que acceder al poder político que permita adoptar medidas tan contundentes como las que amerita el gravísimo problema de la inseguridad y la delincuencia que se han enseñoreado de nuestra sociedad.

Ha dejado de ser esta una quimera inalcanzable pues somos testigos los colombianos de la reacción en masa, sin una previa organización, para derrotar ampliamente a los candidatos del petrismo a las gobernaciones, alcaldías asambleas departamentales y concejos municipales.

Se nos antoja que, si ello fuera posible, antes de que existiera una directiva, unos programas, unos recursos humanos y físicos para adelantar una planificada campaña, alcanzar el respaldo para la propuesta de limpiar a Colombia del crimen, a través de un movimiento organizado para tal efecto, gozará de un arrollador respaldo popular.

Me atrevería a preguntar:

¿Cuántos colombianos están dispuestos a apoyar la extirpación del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el secuestro o el vandalismo?

¿Cuántos compatriotas ansían contar con un Gobierno al estilo del de Bukele en El Salvador o el de Lee Hsien Loong, que, con la pena de muerte para los criminales, convirtió a Singapur, que era uno de los países más inseguros de la tierra, en un remanso de paz y prosperidad?

¿Cuántos colombianos en este momento apoyan los programas petristas y su intento de perpetuarse en el poder a través de las milicias armadas y de la conversión del país en un esclavo del comunismo?

ANEXOS : Tratamiento especial para los delitos de mayor impacto

A. Cultivo y tráfico de estupefacientes. Por segundo año consecutivo, los cultivos de coca alcanzaron un máximo histórico en Colombia. Según el reporte del área sembrada de coca con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cifra llegó a 230 000 hectáreas, lo que significa un aumento del 13 % con respecto al 2021. Los cultivos de hoja de coca en Colombia han aumentado un 61%, pasando de 143.000 hectáreas sembradas en 2020 a 230.000 en 2022. Si se tienen en cuenta las cifras de 2012, el incremento es de más de cuatro veces. Colombia alcanza entre el 60% y 70% de los cultivos en el mundo. El 88% de las hectáreas están en “enclaves productivos”, lugares donde han persistido los cultivos y las demás etapas de producción de cocaína por más de 10 años. El 49% del área con coca se concentró en zonas de especial protección ambiental en Colombia. Los Parques Nacionales Naturales más afectados fueron Paramillo y La Paya. En los resguardos indígenas se registraron 23.794 hectáreas de coca, un incremento del 18% respecto al 2021 cuando hubo 20.100 hectáreas de este. (Juan Carlos Granados, Pilar Puentes , Mongabay, 12 septiembre 2023).

Coinciden estos incrementos con la presencia de los siguientes factores dignos de tener en cuenta:1) Participación de organizaciones criminales transnacionales 2) Presencia de narco-guerrillas, como las llamadas “disidencias” de las FARC, ELN y Segunda Marquetalia 3) Absoluto fracaso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, ya que 7 años después de la firma del claudicante Acuerdo de La Habana, en lugar de reducirse el área sembrada con coca, gracias a la erradicación manual, esta se ha incrementado sustancialmente 4) Aumento de los conflictos entre grupos ilegales armados por el control de los territorios sembrados ilícitamente 5) Ausencia total del Estado que ha abdicado de sus principales funciones, como las de preservar el orden, la salud y la integridad de los colombianos. Estas premisas nos indican a las claras que para combatir el narcotráfico hay que adoptar de una vez por todas las siguientes decisiones: a) Sustituir la erradicación manual por la fumigación aérea que tan buenos resultados produjo en el pasado; b) Perseguir el abominable delito del narcotráfico en todo el territorio nacional, incluyendo reservas naturales y resguardos indígenas utilizados con ese ilícito fin; c) Reiniciar el bombardeo aéreo de laboratorios y depósitos de la droga; d) Control de precursores con cooperación internacional; e) Seguimiento a dineros y bienes ilícitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y expropiación mediante cooperación internacional y ágiles procesos judiciales; f) Creación de empresas de producción agrícola y agroindustrial para ofrecer alternativas de ingresos a los cultivadores de cocaína, en reemplazo de inútiles subsidios que solo estimulan la resiembra de coca; g) Pena de muerte para los responsables del cultivo, procesamiento, venta y transporte de estupefacientes y cadena perpetua para sus cómplices, auxiliadores, poseedores de bienes dedicados a esa actividad e inversionistas en el ilícito del narcotráfico.        

B. Terrorismo, ataques a fuerza pública y población civil, daños a infraestructura pública. La Ley 599 de 2000 define el terrorismo como la acción de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Según Indepaz, durante 2022 tuvieron lugar 94 masacres con 300 víctimas letales. En los meses de enero a octubre de 2023 se han perpetrado 73 masacres con 234 víctimas. El índice de terrorismo global cataloga a Colombia entre los 15 países con mayor índice de terrorismo en el mundo. Esta es una dantesca realidad que retrata la desidia del Estado en el cumplimiento de su principal tarea, cual es garantizar la seguridad en el territorio nacional y el derecho a la vida y a la integridad de la población. Enseñan las estadísticas que las políticas oficiales son fundamentales para el crecimiento o la reducción de los actos terroristas. Por ejemplo, gracias a la política de “Seguridad democrática”, el número de torres de energía derribadas, que en 2003 fue de 329, se redujo a 39 en 2010; las voladuras de oleoductos que en 2001 fueron 261, sólo llegaron a 31 en 2010 (una reducción del 88.1%). A partir de ese año, con la llegada de Santos al poder, dichos índices volvieron a aumentar, alcanzando 225 en 2013 (un aumento del 86,2%). La erradicación de esta plaga del terrorismo requiere mano dura por parte de las autoridades, con determinaciones como las siguientes: a) Declarar la ilegalidad de cualquier entidad o grupo que sea responsable, cómplice, financiador o inversionista en actividades terroristas; b) Pena de muerte para los responsables de actos de terrorismo y cadena perpetua a sus cómplices, auxiliadores o financiadores; c) Prohibición de protestas, marchas o manifestaciones públicas donde se presenten ataques a la población civil o a la fuerza pública, daños a la infraestructura urbana, obstáculos a la circulación de vehículos y peatones; d) Obligación de las autoridades municipales de exigir el compromiso previo de las entidades organizadoras de las manifestaciones para que estas transcurran en completo orden, so pena de incurrir en grave falta disciplinaria sin perjuicio de las consecuencias penales.

C. Secuestro y extorsión. El mismo Ministerio de Defensa publicó un preocupante informe. De acuerdo con el documento en lo corrido de 2023 (con cifras registradas de enero a agosto), este flagelo ha aumentado en un 91% en comparación al primer año del expresidente Iván Duque. Lo que significa que, hasta esa fecha, se contabilizó el secuestro de 218 personas. No solo los secuestros experimentaron un incremento, pues los robos llegaron al 24,6% y los casos de extorsión llegaron al 100%. Estamos regresando a cifras que no se veían desde el Gobierno de Santos en 2014. (Redacción El País, 21 de septiembre de 2023). Protagonistas de estas execrables prácticas resultan ser casi siempre las guerrillas del ELN, y las disidencias de las FARC, en algunos casos en complicidad con otros grupos delincuenciales. Como es natural, es esta una modalidad delictiva que requiere un alto grado de sofisticación en las labores de inteligencia, sector que ha sufrido gran deterioro en las 3 últimas administraciones. Por ello, para combatir tanto el secuestro como la extorsión, tendremos que: a) Dotar de los más adelantados recursos tecnológicos a las unidades de inteligencia militares y de policía: b) Acordar con los países más avanzados en la materia el asesoramiento y la adquisición de las tecnologías acordes con la magnitud del problema; c) Pena de muerte para responsables de secuestro y cadena perpetua para sus cómplices y auxiliadores y para quienes incurran en el delito de extorsión; d) Declarar la ilegalidad de las entidades u organizaciones que participen en los delitos de secuestro y extorsión; Corrupción. El 80% de los colombianos considera que es el mayor problema del país. La mitad de los electores ha vivido de forma directa o indirecta ofertas de compra de votos en el último año. Solo un 5% tiene una opinión favorable de los partidos. El 80% no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia, según la encuesta de 40dB para EL PAÍS, América, ocho, de cada diez personas, nombra la corrupción como el mayor de sus problemas, por encima de la desigualdad y la pobreza. La percepción de que no se juega limpio se extiende a todas las capas de la sociedad, desde pequeños sobornos para obtener beneficios en la vida cotidiana, nepotismo hasta en las más altas instituciones del Estado o entramados a gran escala que afectan a empresas privadas o públicas. La idea de una corrupción que lo entrampa cubre a todo el sistema de poder y hunde la valoración de las instituciones políticas, del presidente a los partidos. La idea de acabar con la corrupción sale de forma intermitente de la boca de todos los candidatos. Los aspirantes de derecha a izquierda agitan la misma bandera, conscientes del rechazo que genera en una sociedad acostumbrada a los escándalos. El abuso de poder, el clientelismo y el uso indebido de fondos públicos está tan enraizado que en política se convierte en excepcional no estar involucrado en algún caso turbio. Entre todos los países de la OCDE, solo México y Turquía tienen peores niveles de corrupción que Colombia. Eso significa que las mafias de compra de voto, algunos muy sofisticados y otros extremadamente simples, alcanzaron a la mitad de la población en el último año electoral. Estas dos variables, bajos ingresos y desinterés por la política, los convierte en un objetivo fácil de las maquinarias de compra de votos. El descrédito de las instituciones políticas es absoluto. Solo un 4,8% de los encuestados tienen una opinión favorable de los partidos, apenas un 7% aprueba al Congreso y menos de un 10% tiene buena imagen de las instituciones electorales. (https://elpais.com/america-colombia/2022-05-09/la-corrupcion-el-agujero-negro-de-colombia.html?event=regonetap&event_log=regonetap&prod=REGCRARTCLB&o=cerradoclb)

Entre el 2009 y 2016 se reportaron 3.966 casos de corrupción. En Colombia, en particular, la corrupción entre 1991 y 2011 le costó al país más de $189 billones, lo que equivale al 4% del PIB. Los tipos de corrupción más frecuentes en Colombia por el número de sanciones son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. Gómez y Gallón analizan las principales causas de corrupción en Colombia: debilidad de los sistemas de planeación y control; alta discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios públicos; monopolio en la prestación de servicios por el Estado y falta de transparencia de información y procedimientos; débiles sanciones, que constituyen incentivos para las conductas corruptas; bajos salarios públicos; y burocracia clientelista. La práctica del soborno parece tan arraigada en Colombia que según la Cuarta encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas el 91% de los empresarios participantes consideran que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos y, según la misma encuesta, los montos pueden alcanzar en promedio el 17.3% del valor del contrato, representando la cruda realidad que el 58% de los empresarios encuestados afirman que “si no se pagan sobornos se pierden negocios”. La cultura de control observada en las entidades analizadas en este trabajo de investigación es débil. Da cuenta de ello el hecho de que 70% de las entidades seleccionadas, obtuvieron resultados en los rangos “con deficiencias” e “ineficiente”, lo cual indica que los controles implementados para la mitigación de los riesgos identificados al interior de las entidades no están cumpliendo su función. Eso significa que dichas entidades no están comprometidas con el logro del cumplimiento de sus fines como parte del Estado, y deja entrever que los sistemas de control interno han sido implementados como un mero formalismo normativo, y no por la firme y auténtica intención de aportar bienestar a la sociedad. La percepción de indignación puede crecer y ese factor deteriora la ética en las bases sociales en dos sentidos: por una parte, incentiva el arribismo y la búsqueda de dinero fácil, por otra, promueve una reacción social en contra. Ese repudio es un factor de gran oportunidad para robustecer un proceso educativo de respeto de lo público, alcanzar la transparencia, el respeto de la legalidad y la probidad como valor. (Universidad Externado de Colombia, 2018). La corrupción administrativa es la que más llama la atención. El 44% de los hallazgos de la prensa estuvieron enfocados en esta, siendo la contratación el campo donde más se registraron irregularidades (177), en circunstancias como “direccionamiento de contratos con requisitos habilitantes muy específicos y el pago del bien o servicio a pesar de no haberse cumplido en su totalidad”, según el informe. Hay abuso de poder para beneficio personal pues se “busca fortalecer un poder político particular”, lo cual afecta la consolidación democrática. (El Colombiano, 2023)

D. Vandalismo, daños al sistema de transporte y a la infraestructura urbana, bloqueos a la actividad ciudadana. Para nadie es un secreto que las organizaciones de la extrema izquierda han aprovechado la protesta social para intentar la desestabilización de los gobiernos a través del vandalismo. Se han apoyado en los espurios acuerdos de La Habana y en la cobardía o complicidad de gobiernos supuestamente “de centro”, como los presididos por Juan Manuel Santos o Iván Duque, que se han hecho “los de la vista gorda” frente a los desmanes contra la población cometidos por vándalos como los de la “Primera Línea”, patrocinados ahora por el régimen de Petro. En la “toma guerrillera” del 2021 organizada por el entonces candidato Petro en unión de las disidencias de las FARC, del ELN, y de La Nueva Marquetalia, el vandalismo castigó al país con profundos daños a la economía y al sector privado, destrucción de infraestructura urbana tanto pública como privada, homicidios y lesiones a miembros de la fuerza pública y de la población civil, destrucción de estaciones y vehículos de transporte urbano, ataques a puestos de la Policía Nacional, y agresiones de todo tipo contra la integridad y el patrimonio de los colombianos. Durante esas semanas, unas 80 personas murieron en las calles en los violentos enfrentamientos entre manifestantes y los agentes desplegados, lo que abrió un intenso debate sobre la preparación de los cuerpos policiales. Está claro que combatir con éxito la plaga del vandalismo requiere: 1) Una política severa del Gobierno para garantizar el orden. 2) El presupuesto de que una cosa es la protesta ordenada y pacífica dentro de los cauces de la Ley y otra muy diferente es la anarquía, el desorden y la comisión de delitos en nombre de la libertad de expresión.

Entrevista con Luis Guillermo Echeverri Vélez

Nuevamente el abogado, economista agrícola y empresario, Luis Guillermo Echeverri Vélez, quien fue recientemente presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, ha aceptado la invitación de El Pensamiento al Aire a la entrevista de la semana para hablar sobre la primera empresa del país, Ecopetrol, y el porqué de su actual situación, por ejemplo, el robo del combustible o el vaivén del valor de sus acciones, además de otros tópicos de la realidad nacional. No dejes de verla.

Luis Guillermo Echeverri Vélez. Abogado, consultor, empresario, ganadero y rejoneador. Hijo de fallecido empresario Fabio Echeverri Correa quien presidió por varios años la Asociación Nacional de Industriales y . Se graduó como abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, y luego hizo una maestría en economía agrícola en la Universidad de Cornel, en los Estados Unidos, además de varias especializaciones. Fue jefe del presidente Iván Duque en el BID y desde allí cultivaron una muy buena amistad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, mercadeo, promoción y conducción de negocios internacionales, exportaciones e importaciones y se le reconoce su interés por promover la agricultura colombiana y en general la agricultura tropical en los mercados mundiales. Profesionalmente se ha desempeñado como empresario privado, intermediario comercial, consultor independiente en negocios internacionales, consultor del Fondo Nacional del Café y la Federación Nacional de Cafeteros, como empleado público y diplomático en calidad de agregado agrícola, comercial, como rejoneador y domador de caballos e inspector de policía, entre otras actividades.

Vigía: un mes voraginoso

Por John Marulanda

Hace 24 días, prácticamente un mes, asumió la presidencia de Colombia un ex narco terrorista, Gustavo Petro Urrego.

Muchos cambios, virajes y giros el nuevo Estado ha dado bajo la batuta de este joven que forjó su mentalidad e inteligencia en las rígidas disciplinas subversivas y terroristas de los años 90. Es tiempo de hacer un corte de cuentas inicial.

Las reformas tributaria y electoral; una indígena a la ONU y un negro a la embajada de US en Washington; el nombramiento de un embajador en Venezuela y la designación de su gabinete ministerial, son asuntos de vital interés para todos los ciudadanos.

En seguridad y defensa el panorama pinta muy complicado.

En asuntos de soberanía, la orden impartida por Palacio a los recién nombrados embajadores ante la OEA y en el país de Ortega-Murillo, para su inasistencia a la sesión extraordinaria del organismo internacional que sancionó a Nicaragua, plantea serios interrogantes sobre el futuro de la defensa territorial de Colombia, ante un rival que mantiene la ofensiva para quitarle al país suramericano más superficie marítima de la que ya está en discusión en El Caribe.

La barrida de unos 60 generales, almirantes y coroneles de la FFPP, ha planteado un nuevo reto sobre la idoneidad de sus reemplazos. “Hay injusticias” en estos cambios, declaró el propio presidente, con lo cual estamos de acuerdo, sobre todo en esta “purga” histórica de la cúpula militar y policial. Sin embargo, las estructuras básicas de inteligencia, operaciones y logística siguen ahí, esperando los nuevos comandantes que a estas alturas ya deben haber asumido sus nuevos cargos.

Como ninguno de los recién retirados ha salido a la palestra pública a denunciar su condición de injustamente descabezado, ni una sola asociación de veteranos, entre ellas la emblemática ACORE, se ha pronunciado.

En recientes declaraciones al periódico El Tiempo, el nuevo comandante del Ejército, mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, nos ha mostrado un mando militar consecuente con la doctrina y los principios de la seguridad humana. Civilidad y subordinación al poder civil, dicen que se llama esa característica de un Estado democrático. Mientras tanto, las operaciones ofensivas y el dispositivo de la FFPP en el primer productor de cocaína del mundo se mantienen hasta el momento.

La orden de suspender los bombardeos (misiones Beta) contra los campamentos en donde se confirme la presencia de menores de edad, plantea serios escenarios. El tuitero eleno Antonio García del Comando Central (COCE), dijo en sus mensajes que los adolescentes en sus cuadrillas no son reclutados a la fuerza, sino voluntarios. El pasado 3 de agosto, un muchacho reclutado en el Tolima, fue hallado asesinado en Puerto Rico, Caquetá, después de comunicarse con su familia y pedirle que se encontraran en ese municipio del suroccidente colombiano. Los eventuales diálogos del nuevo gobierno con el ELN y otras cuadrillas alimentadas por Miraflores para el logro de la paz total, parece un embeleco mayor.

En cuanto a que alcaldes municipales convoquen a los militares a los Puestos de Mando Unificado (PMU) por razones humanitarias, es pertinente recordar que tales funcionarios no poseen la autoridad constitucional para esas citaciones a los militares.

Y para terminar este primer mes de montaña rusa en seguridad y defensa, la renegociación de la extradición, aunque ayer amaneció extraditando a 8 narcos; la suspensión paulatina de la Justicia Penal Militar; el desmantelamiento del servicio militar obligatorio con el proyecto de ley de orden público; la convocatoria a una Convención de cocaleros en el Catatumbo, la región con la mayor cantidad de cultivos ilícitos del mundo; la prohibición definitiva para fumigar y erradicar cultivos ilícitos y las 48 horas de plazo para el desalojo de predios invadidos por indígenas (foto), dejan flotando en el ambiente una mayor incertidumbre.

El nombramiento de un silencioso y oscuro personaje, compañero de travesuras del presidente, como director de la Dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia (DNI) y del director de la UNP (Unidad de Protección Personal) otro colega de las andanzas sediciosas de Petro, plantean muchas preguntas a la mitad de Colombia, que no es petrista.

Así va Colombia a un mes de haber elegido presidente a Gustavo Petro Urrego, ex narco terrorista, exparlamentario y exalcalde de Bogotá.

Vigía: de Afganistán a Colombia

Por John Marulanda*

Amanecemos todos estos días con noticias sobre los extremistas talibanes controlando sistemáticamente capitales afganas. Ahora que las tropas norteamericanas se retiran de Afganistán, los talibanes recuperan el poder que les había sido reducido, gracias a las acciones de la alianza armada internacional que allí intervino.

A unos 15 mil kilómetros de distancia, aproximadamente, el cultivo y la producción de sustancias ilegales, consumidas mayormente por norteamericanos y europeos, parecen marcar la agenda política de ese país asiático, sus regiones circunvecinas y el de Colombia.

Un estudio del sociólogo francés Alain Labrousse “Geopolítica de las drogas” publicado en 2011, mostró un interesante parangón entre los talibanes de Afganistán y las FARC de Colombia. Uno de los puntos expuestos por Labrousse es que tanto los talibanes como las FARC, utilizaban el opio que extraen de los cultivos de la adormidera y la cocaína que procesan de los cultivos de coca, como arma política para el logro de sus propósitos. Los talibanes y las FARC manejan y utilizan la dinámica geopolítica de las drogas ilícitas para hacer alianzas, siempre regidas por el interés material pero justificadas como necesarias para su lucha política. Otro interesante documento de la académica Ángela María Puentes “El opio de los Talibán y la coca de las FARC”, hace un estudio comparativo que adquiere vigencia ahora que los talibanes están ganando la lucha armada por el poder y las FARC insisten en utilizar la narcoviolencia como complemento a sus logros políticos, consecuencia del negociado habanero.

En Colombia, combinando todas las formas de lucha como lo ordena su manual, los comunistas farianos en alianza con otras organizaciones, “ progres”, avanzan al paso del aumento de la producción de cocaína, ante la impotencia del gobierno por decidirse a fumigar, asustado por las consecuencias inmediatas, que, además de protesta social violenta y manipulada por narcotraficantes, involucra la crítica y la presión de una gran cantidad de medios, ONG y personajes de la farándula de los derechos humanos y las protecciones ancestrales, a quienes el destino de Colombia en realidad les importa un pepino.

Ahora que es evidente lo que se había advertido, que los vándalos de la llamada primera línea están siendo alquilados para la barbarie y la destrucción y pagados con el dinero del narcotráfico, es claro que la droga sigue siendo el principal combustible de lo que escritores imaginativos unos, prosaicos otros, y comunicadores, también alquilados o interesados, llaman la protesta social pacífica. Grave error el de los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín al legitimar políticamente estas organizaciones impelidas por una ideología de odio y destrucción y que entrenan a sus imberbes fanáticos en el uso del machete. Mientras los talibanes avanzan inexorablemente hacia Kabul, en Bogotá, dos meses de paro violento se disolvieron como una gota de tinta en un vaso de agua, dejando una mancha que no alcanza a detener el maltrecho avance del país debido a la pandemia, pero que previene un feo sabor que todo el país repele.

Se recrudece la violencia del país islámico, con unos 38 millones de habitantes (Colombia tiene más de 50 ciudadanos) y 650 kilómetros cuadrados de extensión (Colombia tiene un poco más mas de dos millones de km cuadrados) y el tráfico de opio empieza a aumentar. En Colombia, se registra producción histórica de cocaína y la violencia brota por los cuatro puntos. Pareciera que Alá y Jesucristo concurrieran en este desajuste que no puede ir a bien.

Cabe preguntarse si Washington al abandonar Afganistán, una de las fronteras lejanas de su geoestratégica global, dejándole de paso la plaza a China, pondrá mayor interés en su frontera cercana de la geopolítica regional y decidirá afinar su presión sobre países como Venezuela, Cuba y Nicaragua que además del narcotráfico, sirven de cabeza de playa a sus rivales, China y Rusia, y a Irán, su enemigo.