Un Estado que sea
impotente para reprimir y castigar la delincuencia es un Estado inviable.
Cuando los gobernantes y representantes del pueblo en las corporaciones
públicas utilizan el poder en favor de los criminales y no para la
protección de la población, no queda otro camino que la rebelión contra las
estructuras del crimen y la remoción de quienes indignamente están
ejerciendo las funciones públicas.
No olvidemos que es
deber prioritario de los gobernantes proteger a los gobernados en sus vidas
y en su patrimonio. Si incumplen esa obligación, no solo están faltando a
sus compromisos con la Constitución y la Ley, sino que, asimismo, están atentando
en materia grave contra el bien de la Patria y de la comunidad.
Hemos llegado en
Colombia a dramáticos índices de inseguridad originados por el aumento
de la acción delictiva de diferentes actores, por la impunidad que
ampara a los responsables del delito y por la ausencia de políticas eficaces
para combatir el delito en todos sus niveles y modalidades.
Según el Índice
mundial del crimen organizado de la Organización de Naciones Unidas,
Colombia, registra a nuestra nación en el vergonzoso segundo lugar entre
los 193 países miembros. Los países con mayores índices de criminalidad son
Birmania, Colombia, México y Paraguay. ¿Por qué otros países con similares o
peores condiciones socioeconómicas, no alcanzan tan elevados índices
delincuenciales? Hay que reconocer que probablemente sus políticas contra el
crimen, normas penales y sistemas judiciales y de policía son más eficientes.
Con la mirada
puesta en la búsqueda de soluciones eficaces para su definitiva supresión, invito
a mis coterráneos a analizar el prioritario tema de la inseguridad y de la
creciente criminalidad en Colombia.
Causas
inmediatas de la criminalidad
Entre las causas
inmediatas que nos han convertido en una sociedad esclavizada por el poder
de la droga, gobernada por una camarilla asociada a los peores
criminales de nuestra historia y en estado de absoluta indefensión por
la inoperancia de las autoridades y la venalidad de los jueces, encontramos:
Nuestro sistema
político está basado en la corrupción, ya que al poder se llega
fundamentalmente a través de la compra de votos, como se demostró
ampliamente en las últimas elecciones para Congreso y Presidencia, en las que
los ganadores violaron amplia –e impunemente– los topes de gastos señalados por
la Ley. Por supuesto, el ejercicio del poder queda condicionado a compensar
a quienes financiaron las campañas con burocracia, contratos y toda clase
de prebendas non sanctas. En suma, quedan entronizadas la corrupción y la
delincuencia, como pautas determinantes de la gestión pública. Tanto la compra
de votos como toda maniobra de fraude electoral deben ser castigadas como otro
tipo de corrupción.
Con el claudicante
y espurio Acuerdo de La Habana se introdujeron en forma fraudulenta en
nuestra Constitución disposiciones que blindaron el execrable delito del
narcotráfico, premiaron a los más crueles terroristas de nuestra historia
con curules en el Congreso, otorgaron subsidios a sus organizaciones
criminales, entregaron a los delincuentes emisoras para continuar
propagando las tácticas subversivas, y concedieron amnistía absoluta a
los narco-terroristas sin que mediara reparación a las víctimas, ni
compromiso de no reincidir en sus crímenes, ni denuncia de rutas del
narcotráfico. Se sentó el peor de los precedentes para fomentar la
aparición de nuevos frentes de violencia y para moldear a la juventud en la
cultura del dinero fácil y en el axioma de que el delito siempre paga.
La aplicación de este funesto pacto choca abiertamente con los deberes
principales del Estado como son la guarda del orden público y la protección de
la vida, integridad personal y patrimonio de los gobernados.
3.-
Aparato judicial
Nuestro sistema
normativo impide contar con una administración de justicia imparcial e
idónea que cumpla con su deber de resolver adecuadamente los conflictos
judiciales, defender los derechos de las personas y reprimir con eficiencia las
trasgresiones de la Ley.
El origen
político de los nombramientos de los magistrados de las altas cortes,
facilita la llegada a tan altas posiciones de individuos sin la preparación
intelectual y la probidad que les permita ejercer su cargo con decoro.
La investigación
y el juzgamiento de los magistrados son ineficaces y sospechosas, toda vez
que están asignadas a políticos que, a su vez, son investigados y juzgados por
los magistrados, lo que genera un conflicto de intereses.
La selección y
la promoción de los funcionarios judiciales no corresponde a una evaluación
de sus méritos sino a razones clientelistas o politiqueras, lo que contribuye al
escaso nivel de la administración de justicia.
Existe una
proliferación de altas cortes, con un pésimo resultado en su eficiencia,
conflictos de competencia y elevado costo para el fisco. Se debería reducir
el número de altas cortes creando un tribunal supremo con salas
especializadas, organismo que deberá encabezar y orientar la rama
jurisdiccional con la más absoluta sabiduría y sin intervención de los vaivenes
de la política. La Corte Constitucional que prevaricó para permitir el
desconocimiento de la voluntad popular en el plebiscito de 2016, demostró su
incapacidad para custodiar la Constitución y, en consecuencia, debe
desaparecer.
No existe razón
alguna para permitir la vigencia de la Justicia Especial de Paz, creada
contra la voluntad del pueblo soberano, violatoria de los principios
universales del derecho y diseñada, como se ha demostrado en los últimos 6
años, para consagrar la impunidad de los delitos cometidos por las FARC y
perseguir a los militares que han luchado por la defensa de las
instituciones y a quienes se opongan a la instauración de un régimen
comunista en el país.
Debe ser proscrita
de la rama judicial “la dictadura de los jueces”, o sea la potestad para
extralimitarse y usurpar funciones legislativas o ejecutivas. La Sala Constitucional
del Tribunal Supremo deberá concretarse a decidir sobre los procesos donde se debata
la exequibilidad de una norma, absteniéndose de expedir nuevas de
carácter legislativo o disposiciones que corresponda adoptar al poder
ejecutivo.
El atávico ritmo
paquidérmico que caracteriza a los trámites judiciales no se soluciona –como
hasta ahora se ha ensayado– con aumentos presupuestales a la rama judicial. Hay
que establecer un sistema de vigilancia y control a los despachos judiciales
para exigirles un nivel de eficiencia; igualmente, se debe exigir el estricto cumplimiento
de los términos judiciales, con el acompañamiento de sanciones disciplinarias
para los trasgresores de las normas.
4.-
Legislación penal
Se requiere una reforma
de las leyes sustantivas y procedimentales en materia penal, para imponer
penas acordes con la gravedad de los delitos, privar de beneficios penales a
los criminales que representan mayor peligro para la sociedad y agilizar los
trámites y la duración de los procesos. Debemos abandonar la “hipocresía
legislativa” y, en vez de aprobar reformas inútiles, imitemos el gran cambio
experimentado por Singapur. Hasta 1960 era uno de los lugares más inseguros del
mundo. Con la aplicación de la pena de muerte para criminales y corruptos,
erradicaron la delincuencia y hoy es uno de los países más seguros y con mayor
índice de crecimiento económico. (https://www.canal26.com/internacionales/singapur-el-pais-que-erradico-la-delincuencia-con-pena-de-muerte-y-trabajos-forzados--264339)
No puede
constituirse la permisividad o laxitud de la ley en un estímulo a la
proliferación del delito. La legislación penal debe ser severa y estar acorde
con una política de erradicación del delito, protección de los
derechos humanos de las víctimas y garantía de seguridad para la
población.
Tampoco la minoría
de edad puede servir para la proliferación de la actividad criminal. Los
menores de edad que, a juicio de los médicos forenses, tengan capacidad para
distinguir entre el bien y el mal, deben ser vinculados a la acción penal,
aunque su detención se cumpla en lugares diferentes a los destinados a mayores
de edad.
Los responsables de
porte de armas de fuego y explosivos no podrán gozar de excarcelación
provisional, casa por cárcel ni de los subrogados penales. Tampoco quienes participen
como cómplices o auxiliadores en delitos catalogados como de gran impacto.
Estas reformas
deben incluir al sistema penitenciario, con el objeto de garantizar la
seguridad y disciplina en los establecimientos carcelarios, establecer la
obligatoriedad del trabajo para los reclusos, evitar la comisión de delitos
desde las cárceles como ocurre en la actualidad y buscar su readaptación.
La actual coyuntura
política que sigue los lineamientos marxistas y el propósito de generar caos,
anarquía y desestabilización de las instituciones, ha conducido al desmoronamiento
de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, que han sido afectadas
por la mutilación de sus cúpulas directivas, reducción de sus presupuestos, cambio
de sus misiones naturales y destrucción de la capacidad de sus servicios de
inteligencia. En tales condiciones, su aporte a la persecución del crimen y a
la garantía de la tranquilidad ciudadana se ha visto notoriamente disminuido.
Tarea inaplazable es
recuperar la dignidad y la capacidad operativa de nuestras fuerzas armadas y
policiales, así como las demás agencias de investigación, como el CTI. Se debe contratar
la asesoría de los más avanzados países en materia de investigación
criminal e importar tecnología de punta para el control y seguimiento de
la actividad subversiva y delincuencial.
Estrategia
general
Presupuestos
indispensables para la titánica labor de extirpar la criminalidad en nuestro
país, son los siguientes:
Primero.- Reconquistar el poder legislativo y ejecutivo para adelantar las
reformas normativas necesarias para desarrollar una política eficaz tendiente a
erradicar la inseguridad, el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el
secuestro, la extorsión y el vandalismo, prácticas delictivas que cuentan con
el apoyo del actual régimen de extrema izquierda, y que rechaza el pueblo
colombiano, en su gran mayoría. Sin el poder presidencial y la mayoría en el
Congreso, es absolutamente ingenuo aspirar a dar una lucha real contra el
crimen.
Gracias a la
Providencia Divina, se demostró en las urnas que existe esa fuerza
democrática mayoritaria, que consignó el pasado 29 de octubre su desacuerdo
con el petrismo, con sus proyectos totalitarios y con sus candidatos.
Solo resta encauzar
ese movimiento patriótico a una tarea tan noble como la erradicación de la
violencia, la inseguridad y el crimen de nuestro amado país, mediante la
reconquista del poder y la reconstrucción de Colombia.
Ya se ha iniciado
la confederación de los grupos de resistencia y oposición al régimen petrista,
con las organizaciones de civiles y militares de la reserva que vienen
participando en las marchas de protesta callejera y el resto de las asociaciones
y colectivos opuestos a la camarilla marxista-leninista que ocupa
fraudulentamente el poder.
Prospera el juicio
político adelantado a partir de la denuncia por indignidad formulada por el
abogado José Manuel Abuchaibe, denunciando por prevaricato a quienes se oponen
a su trámite y advirtiendo a los congresistas sobre el peligro que corre su
posible reelección en caso de que desoigan la voluntad de los electores que, en
su mayoría, desean la salida de Petro de la silla presidencial.
Se está iniciando
la labor proselitista que durará 30 meses, creando células de activistas en
todo el territorio nacional, bodegas de expertos en redes sociales y
comunicación virtual, comités financieros y colectivos de abogados.
Se definirán temas
de atención prioritaria para el próximo gobierno, que constituirán las banderas
que aglutinen el respaldo popular. En materia criminal, se propone una lucha a
fondo para erradicar las variables delictivas de mayor impacto, a saber:
a. Cultivo y
tráfico de estupefacientes.
b. Terrorismo, ataques
a fuerza pública y población civil, daños a infraestructura pública.
c. Secuestro y
extorsión.
d. Corrupción.
Vandalismo, daños
al sistema de transporte y a la infraestructura urbana, bloqueos a la actividad
ciudadana.
Segundo.-
Reforma constitucional y legal. Tan pronto se posesione
el nuevo régimen que extirpará la criminalidad y reconstruirá la Nación, se
someterá a la decisión del pueblo soberano un plebiscito que, en
materia de criminalidad, contendrá propuestas como las siguientes:
1.
Reforma de la administración de justicia,
que incluya: a) Fusión de las altas cortes en un tribunal supremo con
salas especializadas; b) Designación de los funcionarios judiciales mediante concurso
de méritos y aplicación rigurosa de la carrera administrativa; c) La
investigación y el juzgamiento de los magistrados se cumplirá en un tribunal
de aforados, compuesto por abogados elegidos por concurso; d) Las funciones
de la Corte Constitucional pasarán a la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo, pero se abstendrá de extralimitarse en sus funciones asumiendo
funciones que corresponden al Congreso o al ejecutivo; e) Se eliminará la Justicia
Especial de Paz, y, f) Asignar a la Procuraduría General de la Nación la
función de fijar índices de rendimiento a los despachos judiciales, exigir el
cumplimiento de los términos judiciales y aplicar sanciones por su incumplimiento
o por bajo rendimiento laboral.
2.
Reforma a la ley penal y a la Constitución
para aprobar: a) Pena de muerte para los responsables de delitos de
gran impacto, a saber: a) Cultivo y tráfico de estupefacientes; b)
Terrorismo, ataques a la fuerza pública, daños a la infraestructura pública; c)
Secuestro y extorsión; d) Corrupción; y, e) Vandalismo, daños a los sistemas de
transporte y a la infraestructura urbana, bloqueos a la actividad ciudadana.
Otras reformas: f) Agilización de los trámites en los procesos penales; g)
Incorporar a los menores de edad como sujetos de la acción penal cuando, a
juicio del médico forense, estén capacitados para distinguir el bien del mal;
g) Privar a los responsables del delito de porte de arma de fuego y
explosivos y a los cómplices o auxiliadores de delitos catalogados como de
mayor impacto, de excarcelación provisional, casa por cárcel y cualquier
subrogado penal, y h) Reprimir el fraude electoral y la compra de votos
con la misma severidad aquí propuesta para la corrupción.
3. Modificar el sistema
carcelario para eliminar la posibilidad de cometer delitos desde las
cárceles y buscar la rehabilitación del preso mediante trabajo obligatorio y
remunerado.
Es natural que a
muchos les asalte el escepticismo sobre la posibilidad de conseguir tan
drásticas reformas en nuestra Constitución y nuestra ley penal, pero no existe
otra alternativa idónea para erradicar el delito de manera efectiva.
Como es lógico, previamente
hay que acceder al poder político que permita adoptar medidas tan
contundentes como las que amerita el gravísimo problema de la inseguridad y la
delincuencia que se han enseñoreado de nuestra sociedad.
Ha dejado de ser esta
una quimera inalcanzable pues somos testigos los colombianos de la reacción en
masa, sin una previa organización, para derrotar ampliamente a los
candidatos del petrismo a las gobernaciones, alcaldías asambleas
departamentales y concejos municipales.
Se nos antoja que,
si ello fuera posible, antes de que existiera una directiva, unos programas,
unos recursos humanos y físicos para adelantar una planificada campaña,
alcanzar el respaldo para la propuesta de limpiar a Colombia del crimen, a
través de un movimiento organizado para tal efecto, gozará de un arrollador
respaldo popular.
Me atrevería a
preguntar:
¿Cuántos
colombianos están dispuestos a apoyar la extirpación del terrorismo, el
narcotráfico, la corrupción, el secuestro o el vandalismo?
¿Cuántos
colombianos en este momento apoyan los programas petristas y su intento
de perpetuarse en el poder a través de las milicias armadas y de la
conversión del país en un esclavo del comunismo?
ANEXOS : Tratamiento especial para los delitos de mayor impacto
A. Cultivo y tráfico de estupefacientes. Por segundo año consecutivo, los cultivos de coca alcanzaron un
máximo histórico en Colombia. Según el reporte del área
sembrada de coca con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022, elaborado por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cifra llegó a 230 000 hectáreas,
lo que significa un aumento del 13 % con respecto al 2021. Los cultivos de hoja de coca
en Colombia han aumentado un 61%, pasando de 143.000 hectáreas sembradas en
2020 a 230.000 en 2022. Si se tienen en cuenta las cifras de 2012, el
incremento es de más de cuatro veces. Colombia alcanza entre el 60% y 70% de
los cultivos en el mundo. El
88% de las hectáreas están en “enclaves productivos”, lugares
donde han persistido los cultivos y las demás etapas de producción de cocaína
por más de 10 años. El
49% del área con coca se concentró en zonas de especial protección ambiental en
Colombia. Los Parques Nacionales Naturales más afectados fueron Paramillo y La
Paya. En los
resguardos indígenas se registraron 23.794 hectáreas de coca, un incremento del
18% respecto al 2021 cuando hubo 20.100 hectáreas de este. (Juan Carlos Granados, Pilar Puentes
, Mongabay, 12 septiembre 2023).
Coinciden
estos incrementos con la presencia de los siguientes factores dignos de tener
en cuenta:1) Participación de organizaciones criminales transnacionales 2)
Presencia de narco-guerrillas, como las llamadas “disidencias” de las
FARC, ELN y Segunda Marquetalia 3) Absoluto fracaso del Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos, ya que 7 años después de la firma del claudicante
Acuerdo de La Habana, en lugar de reducirse el área sembrada con coca, gracias
a la erradicación manual, esta se ha incrementado sustancialmente 4) Aumento de
los conflictos entre grupos ilegales armados por el control de los
territorios sembrados ilícitamente 5) Ausencia total del Estado que
ha abdicado de sus principales funciones, como las de preservar el orden, la
salud y la integridad de los colombianos. Estas premisas nos indican a las
claras que para combatir el narcotráfico hay que adoptar de una vez por todas las
siguientes decisiones: a) Sustituir la erradicación manual por la fumigación
aérea que tan buenos resultados produjo en el pasado; b) Perseguir el
abominable delito del narcotráfico en todo el territorio nacional,
incluyendo reservas naturales y resguardos indígenas utilizados con ese ilícito
fin; c) Reiniciar el bombardeo aéreo de laboratorios y depósitos de la droga;
d) Control de precursores con cooperación internacional; e) Seguimiento
a dineros y bienes ilícitos relacionados con el tráfico de estupefacientes
y expropiación mediante cooperación internacional y ágiles procesos judiciales;
f) Creación de empresas de producción agrícola y agroindustrial para
ofrecer alternativas de ingresos a los cultivadores de cocaína, en reemplazo
de inútiles subsidios que solo estimulan la resiembra de coca; g) Pena
de muerte para los responsables del cultivo, procesamiento, venta y transporte de
estupefacientes y cadena perpetua para sus cómplices, auxiliadores,
poseedores de bienes dedicados a esa actividad e inversionistas en el ilícito
del narcotráfico.
B. Terrorismo, ataques a fuerza pública y población civil, daños a
infraestructura pública. La Ley 599 de 2000 define el terrorismo como la acción de provocar o
mantener en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de
ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la
libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación,
transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices,
valiéndose de medios capaces de causar estragos. Según Indepaz, durante
2022 tuvieron lugar 94 masacres con 300 víctimas letales. En los meses de enero
a octubre de 2023 se han perpetrado 73 masacres con 234 víctimas. El índice de
terrorismo global cataloga a Colombia entre los 15 países con mayor índice
de terrorismo en el mundo. Esta es una dantesca realidad que retrata la desidia
del Estado en el cumplimiento de su principal tarea, cual es garantizar la
seguridad en el territorio nacional y el derecho a la vida y a la integridad de
la población. Enseñan las estadísticas que las políticas oficiales son
fundamentales para el crecimiento o la reducción de los actos terroristas. Por
ejemplo, gracias a la política de “Seguridad democrática”, el número de torres
de energía derribadas, que en 2003 fue de 329, se redujo a 39 en 2010; las
voladuras de oleoductos que en 2001 fueron 261, sólo llegaron a 31 en 2010 (una
reducción del 88.1%). A partir de ese año, con la llegada de Santos al
poder, dichos índices volvieron a aumentar, alcanzando 225 en 2013 (un
aumento del 86,2%). La erradicación de esta plaga del terrorismo requiere
mano dura por parte de las autoridades, con determinaciones como las
siguientes: a) Declarar la ilegalidad de cualquier entidad o grupo que sea
responsable, cómplice, financiador o inversionista en actividades terroristas; b)
Pena de muerte para los responsables de actos de terrorismo y cadena perpetua a
sus cómplices, auxiliadores o financiadores; c) Prohibición de protestas,
marchas o manifestaciones públicas donde se presenten ataques a la población
civil o a la fuerza pública, daños a la infraestructura urbana, obstáculos a la
circulación de vehículos y peatones; d) Obligación de las autoridades
municipales de exigir el compromiso previo de las entidades organizadoras de
las manifestaciones para que estas transcurran en completo orden, so pena de incurrir
en grave falta disciplinaria sin perjuicio de las consecuencias penales.
C. Secuestro y extorsión. El
mismo Ministerio de Defensa publicó un preocupante informe. De acuerdo con el
documento en lo corrido de 2023 (con cifras registradas de enero a agosto),
este flagelo ha aumentado en un 91% en comparación al primer año del
expresidente Iván Duque. Lo que significa que, hasta esa fecha, se contabilizó
el secuestro de 218 personas. No solo los secuestros experimentaron un
incremento, pues los robos llegaron al 24,6% y los casos de extorsión llegaron
al 100%. Estamos regresando a cifras que no se veían desde el Gobierno de
Santos en 2014. (Redacción El País, 21 de septiembre de 2023). Protagonistas
de estas execrables prácticas resultan ser casi siempre las guerrillas del ELN,
y las disidencias de las FARC, en algunos casos en complicidad con otros grupos
delincuenciales. Como es natural, es esta una modalidad delictiva que requiere
un alto grado de sofisticación en las labores de inteligencia, sector que ha
sufrido gran deterioro en las 3 últimas administraciones. Por ello, para
combatir tanto el secuestro como la extorsión, tendremos que: a) Dotar de los
más adelantados recursos tecnológicos a las unidades de inteligencia militares
y de policía: b) Acordar con los países más avanzados en la materia el
asesoramiento y la adquisición de las tecnologías acordes con la magnitud del
problema; c) Pena de muerte para responsables de secuestro y cadena perpetua
para sus cómplices y auxiliadores y para quienes incurran en el delito de
extorsión; d) Declarar la ilegalidad de las entidades u organizaciones que
participen en los delitos de secuestro y extorsión; Corrupción. El 80% de los colombianos
considera que es el mayor problema del país. La mitad de los electores ha
vivido de forma directa o indirecta ofertas de compra de votos en el último
año. Solo un 5% tiene una opinión favorable de los partidos. El 80% no está satisfecho
con el funcionamiento de la democracia, según la encuesta de 40dB para EL PAÍS,
América, ocho, de cada diez personas, nombra la corrupción como el mayor de sus
problemas, por encima de la desigualdad y la pobreza. La percepción de que no
se juega limpio se extiende a todas las capas de la sociedad, desde pequeños
sobornos para obtener beneficios en la vida cotidiana, nepotismo hasta en las
más altas instituciones del Estado o entramados a gran escala que afectan a
empresas privadas o públicas. La idea de una corrupción que lo entrampa cubre a
todo el sistema de poder y hunde la valoración de las instituciones políticas,
del presidente a los partidos. La idea de acabar con la corrupción sale de
forma intermitente de la boca de todos los candidatos. Los aspirantes de
derecha a izquierda agitan la misma bandera, conscientes del rechazo que genera
en una sociedad acostumbrada a los
escándalos. El abuso de poder, el
clientelismo y el uso indebido de fondos públicos está tan enraizado que en
política se convierte en excepcional no estar involucrado en algún caso turbio.
Entre todos los países de la OCDE, solo México y Turquía tienen peores niveles
de corrupción que Colombia. Eso significa que las mafias de compra de voto, algunos
muy sofisticados y otros extremadamente simples, alcanzaron a la mitad de la
población en el último año electoral.
Estas dos variables, bajos ingresos y desinterés por la política, los convierte
en un objetivo fácil de las maquinarias de compra de votos. El descrédito de
las instituciones políticas es absoluto. Solo un 4,8% de los encuestados tienen
una opinión favorable de los partidos, apenas un 7% aprueba al Congreso y menos
de un 10% tiene buena imagen de las instituciones electorales. (https://elpais.com/america-colombia/2022-05-09/la-corrupcion-el-agujero-negro-de-colombia.html?event=regonetap&event_log=regonetap&prod=REGCRARTCLB&o=cerradoclb)
Entre el
2009 y 2016 se reportaron 3.966 casos de corrupción. En Colombia, en particular, la corrupción
entre 1991 y 2011 le costó al país más de $189 billones, lo que equivale al 4%
del PIB. Los tipos de corrupción más frecuentes en Colombia por el número
de sanciones son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión
y el nepotismo. Gómez y Gallón analizan las principales causas de
corrupción en Colombia: debilidad de los sistemas de planeación y control;
alta discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios públicos; monopolio
en la prestación de servicios por el Estado y falta de transparencia de
información y procedimientos; débiles sanciones, que constituyen incentivos
para las conductas corruptas; bajos salarios públicos; y burocracia
clientelista. La práctica del soborno parece tan arraigada en Colombia que
según la Cuarta encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en
empresas colombianas el 91% de los empresarios participantes consideran que
secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos y, según la misma
encuesta, los montos pueden alcanzar en promedio el 17.3% del valor del
contrato, representando la cruda realidad que el 58% de los empresarios
encuestados afirman que “si no se pagan sobornos se pierden negocios”. La
cultura de control observada en las entidades analizadas en este trabajo de
investigación es débil. Da cuenta de ello el hecho de que 70% de las entidades
seleccionadas, obtuvieron resultados en los rangos “con deficiencias” e
“ineficiente”, lo cual indica que los controles implementados para la
mitigación de los riesgos identificados al interior de las entidades no
están cumpliendo su función. Eso significa que dichas entidades no están
comprometidas con el logro del cumplimiento de sus fines como parte del Estado,
y deja entrever que los sistemas de control interno han sido implementados como
un mero formalismo normativo, y no por la firme y auténtica intención de
aportar bienestar a la sociedad. La percepción de indignación puede crecer y
ese factor deteriora la ética en las bases sociales en dos sentidos: por una
parte, incentiva el arribismo y la búsqueda de dinero fácil, por otra, promueve
una reacción social en contra. Ese repudio es un factor de gran oportunidad
para robustecer un proceso educativo de respeto de lo público, alcanzar
la transparencia, el respeto de la legalidad y la probidad como valor.
(Universidad Externado de Colombia, 2018). La corrupción administrativa es la
que más llama la atención. El 44% de los hallazgos de la prensa estuvieron
enfocados en esta, siendo la contratación el campo donde más se
registraron irregularidades (177), en circunstancias como “direccionamiento
de contratos con requisitos habilitantes muy específicos y el pago del bien o
servicio a pesar de no haberse cumplido en su totalidad”, según el informe.
Hay abuso de poder para beneficio personal pues se “busca fortalecer un
poder político particular”, lo cual afecta la consolidación democrática. (El
Colombiano, 2023)
D. Vandalismo, daños al sistema de transporte y a la infraestructura
urbana, bloqueos a la actividad ciudadana. Para nadie es un secreto
que las organizaciones de la extrema izquierda han aprovechado la protesta
social para intentar la desestabilización de los gobiernos a través del
vandalismo. Se han apoyado en los espurios acuerdos de La Habana y en la
cobardía o complicidad de gobiernos supuestamente “de centro”, como los presididos
por Juan Manuel Santos o Iván Duque, que se han hecho “los de la vista gorda”
frente a los desmanes contra la población cometidos por vándalos como los de la
“Primera Línea”, patrocinados ahora por el régimen de Petro. En la “toma
guerrillera” del 2021 organizada por el entonces candidato Petro en unión de
las disidencias de las FARC, del ELN, y de La Nueva
Marquetalia, el vandalismo castigó al país con profundos daños a la
economía y al sector privado, destrucción de infraestructura urbana tanto
pública como privada, homicidios y lesiones a miembros de la fuerza pública y
de la población civil, destrucción de estaciones y vehículos de transporte
urbano, ataques a puestos de la Policía Nacional, y agresiones de todo tipo contra
la integridad y el patrimonio de los colombianos. Durante esas semanas, unas 80 personas murieron
en las calles en los violentos enfrentamientos entre manifestantes y los
agentes desplegados, lo que abrió un intenso debate sobre la preparación de los
cuerpos policiales. Está claro que combatir con éxito la plaga del vandalismo requiere: 1) Una
política severa del Gobierno para garantizar el orden. 2) El presupuesto de que
una cosa es la protesta ordenada y pacífica dentro de los cauces de la Ley y
otra muy diferente es la anarquía, el desorden y la comisión de delitos en
nombre de la libertad de expresión.
