El salario mínimo debe ser el motor del empleo…

Luis Alfonso García Carmona

Y de la formalidad en las relaciones laborales

La llegada del mes de septiembre ha significado para los colombianos que estamos cerca de diciembre, y que pronto podremos enjugar el dolor de las tragedias que vivimos con la celebración en familia de la Natividad del Señor, disfrutar de unas merecidas vacaciones y festejar la llegada de un nuevo año pletórico de esperanzas para nuestra querida Patria.

Al mismo tiempo, constituye un llamado de atención para que nos preparemos para las presiones de toda índole encaminadas a reincidir en la peligrosa senda de decretar un salario mínimo que nuestra economía, quebrantada por la torpe gestión del pasado cuatrienio, no está en condiciones de soportar.

No hay que desconocer que temas de la más apremiante urgencia demandan ahora las preocupaciones del gobierno: la catástrofe del terremoto, los dolosos incendios iniciados a partir del 7 de agosto para hacer “invivible” el país, la oleada terrorista, el monumental problema de la salud, el déficit fiscal que cada vez muestra cifras más escalofriantes, el saqueo del Estado revelado por el Libro de la Verdad… y la noche que llega.

Sin embargo, es típico de los líderes, no solamente enfrentar los retos con coraje, sino también convertirlos en oportunidades para enmendar las malas prácticas políticas y gubernamentales. Como lo ha reiterado el “tigre”: “vinimos a cambiar la mala política para siempre”.

Que sirva este largo exordio para proponer que, para la fijación del salario mínimo del 2027 se tengan en cuenta las siguientes reflexiones:

1. Que sea un instrumento para motivar la generación de nuevos empleos, no para desestimularla como tradicionalmente ha ocurrido. La caída del crecimiento económico y las tragedias que afectan a un tercio del territorio, así lo imponen.

2. El salario mínimo debe corresponder al nivel económico del patrón y al grado de desarrollo de la región donde esté ubicado. No se puede comparar la capacidad de una empresa como Bavaria en Bogotá, con una tienda de barrio en Cajibío, Cauca. Con un salario unificado para todo el país, el salario deja de ser justo.

3. El salario no puede ser inflacionario, porque los más perjudicados con la inflación no son los más poderosos, ni la clase media, ni los que ganan sueldos por encima del mínimo. Son justamente, los pocos trabajadores que ganan el salario mínimo.

4. La fijación del salario mínimo debe depender de criterios eminentemente técnicos, no políticos y basarse en datos estadísticos que permitan tomar la decisión más acetada para el bienestar del trabajador y la subsistencia económica del país.

5. Durante décadas venimos discutiendo sobre la necesidad de formalizar las relaciones de trabajo, sin éxito alguno. Son tan pesadas las cargas laborales, parafiscales y tributarias que soporta el pequeño empresario, que lo obligan a permanecer en la informalidad. Con la fijación de un salario justo, técnico, flexible y basado en la realidad nacional, se podrá llegar a esa formalidad, si se acompaña con rebajas en los gastos parafiscales, cargas tributarias, etcétera, y supresión de inútiles trámites.

6. El meollo del asunto está en que tanto empresarios como trabajadores y gobierno, estén dispuestos a negociar un salario sobre las parámetros aquí mencionados o seguiremos con la misma fórmula de siempre.

7. Nos queda la duda razonable de cómo lograr que en el futuro no vuelva a ser aprovechada esta coyuntura con fines politiqueros, y no se nos ocurre sino una sola alternativa. Mediante una reforma normativa, señalar la fijación del salario mínimo a una entidad que cuenta con la mejor información sobre la realidad económica del país y es absolutamente independiente: El Banco de la República. No sería una función extraña a sus poderes constitucionales ya que el principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, es decir controlar la inflación, en coordinación con la política económica general. Y, ¿qué mejor manera de preservar el poder adquisitivo de la moneda y controlar la inflación que fijando un salario mínimo legal que cumpla a cabalidad con tales objetivos?

El campo, motor de crecimiento económico

Luis Alfonso García Carmona

En muchos países se ha acudido a la reforma agraria, como instrumento para incrementar la productividad y, de esa manera, contribuir al desarrollo del país.

Casi siempre terminan estos intentos en rotundos fracasos, porque son manejados como simples mecanismos ideológicos para estigmatizar el capital y profundizar el odio de clases, partiendo de la falsa idea de que la tierra, por sí misma, genera riqueza. En otras ocasiones se ha incurrido en el craso error de repartir títulos de propiedad sin que existan previamente las condiciones mínimas para la explotación agropecuaria (sistemas de riego, vías terciarias, asesoría técnica, créditos blandos, facilidades para el mercadeo de los productos, etcétera.

Por fortuna esa etapa de mediocridad e improvisaciones ha terminado en la era del “tigre”. No nos preocupa enzarzarnos en inútiles discusiones sino en situar al sector agropecuario como uno de los principales motores del desarrollo en la Patria Milagro. Contamos con suficientes razones para ser optimistas en que lo conseguiremos: grandes extensiones que no son explotadas como corresponde, variedad de suelos y de climas donde podemos producir una gran oferta agropecuaria y una población campesina dispuesta a aportar su esfuerzo de la mano del Gobierno, en la medida en que la seguridad y la tranquilidad avancen en todo el territorio nacional.

“Sin agua, drenajes, energía, vías, crédito, asistencia técnica y acceso a mercados, la tierra es apenas un activo improductivo. Por eso, repartir tierra sin infraestructura productiva equivale, muchas veces, a repartir pobreza.” (Miguel Ángel Laucouture Arévalo, Contexto ganadero)

La designación del doctor Indalecio Dangond, profundo conocedor de los temas agropecuarios, como ministro de Agricultura, es una prenda de garantía para que emprendamos la revolución del campo sobre estas bases:

1. Implementación de polos de desarrollo para la producción agropecuaria que satisfaga la demanda nacional e internacional. Mediante una juiciosa planeación se determinan los cultivos con mayor potencial, así como las zonas donde se producirán, utilizando tecnología de punta y equipos para la mecanización de las distintas operaciones de siembra, riego, cosecha, y el cumplimiento de estándares exigidos por los mercados externos. El Estado, a través de sus distintas dependencias, proporcionará los sistemas de riego y obras de infraestructura, y pondrá al servicio de los productores la red de embajadas para la comercialización internacional. Para los grandes proyectos se convocará a empresas e inversionistas nacionales e internacionales, y se impulsarán las alianzas estratégicas con productores nacionales y la transferencia tecnológica.

2. Impulso y preparación de los pequeños productores agropecuarios para elevar su nivel de vida y el de sus localidades. No olvidemos que ellos producen la mayor parte de alimentos para el mercado interno y absorben gran parte de la mano de obra en las zonas rurales. ¿Cómo hacerlo? Mediante una rigurosa planeación, el Ministerio seleccionará las zonas donde se desarrollarán los programas de establecimiento de pequeñas unidades de producción. Primero, se asegurará de que cuenten con suministro de agua para el riego, vías de penetración, créditos para su emprendimiento y asesoría técnica para el desarrollo productivo. En lugar de títulos de propiedad se entregarán los terrenos a título de comodato, con la condición de que se formalizará el traspaso de la propiedad si, cumplido un plazo de 5 años, el proyecto no ha fracasado por culpa del adjudicatario o en el caso de que este haya transferido o cedido en usufructo sus derechos. De acuerdo con numerosos estudios disponibles, es lo ideal que la parcela tenga de 1 a 3 hectáreas, para que se pueda explotar con productos para el consumo familiar y quede un espacio suficiente para la producción de otros que tengan mercado natural en la zona o sean consignados a una cooperativa de mercadeo. La granja puede suministrar proteínas vegetales y animales, cereales, verduras, frutas, alimento para aves, conejos y otras especies menores y aprovechar los materiales de desecho para la preparación de compost y ahorrar en la compra de insumos. La asesoría técnica deberá preparar un esquema de actividades para cada productor, supervisarlo y asesorarlo. Finalmente, el Estado, directamente o con la colaboración de cooperativas de mercadeo, prestará el apoyo necesario para el mercadeo de la producción destinada a su comercialización.

Con estas elementales tareas podemos construir la verdadera revolución del agro, la de la Patria Milagro. No requerimos de ampulosas reformas constitucionales ni crear más burocracia, Por el contrario, debemos concentrar la planeación y la adopción de decisiones en unos pocos.

No nos quejemos de la pobreza, de la inflación o de que tenemos la nevera vacía cuando nuestro suelo está a nuestra disposición para ponerlo a producir todo lo que necesitamos. Confiemos en la Patria Milagro y en su líder, Abelardo de la Espriella, que no descansará hasta cumplir su promesa de hacer de Colombia un mejor país para todos.

Nos llegó el megasismo pensional

Luis Alfonso García Carmona

Mientras los esfuerzos aunados del nuevo gobierno y de la inmensa mayoría de colombianos, se concentran en la ayuda a los damnificados por el terrible terremoto sufrido por una gran parte del territorio nacional, siguen apareciendo obstáculos en el camino hacia la reconstrucción.

Y no me voy a referir a la conjura de la izquierda para hacer “invivible” el país para causarle daño al presidente electo, aunque sea incendiando vastas zonas forestales, agrícolas y ganaderas, al estilo de los más crueles bárbaros de la historia. Tampoco a la infame guerra decretada por los grupos terroristas contra la fuerza pública y las inermes poblaciones, para continuar con el sucio negocio del narcotráfico.

No se podía esperar otra cosa de los viudos del poder que vieron frustrado su abominable propósito de acabar con el país si no podían mantenerse ahí.

Pero surge ahora, con la infausta decisión de la Corte Constitucional que da luz verde a la reforma pensional petrista, un nuevo sismo, fiscalmente más peligroso que el horrible terremoto, que nos llega justamente cuando se ha develado la más profunda crisis económica y fiscal de nuestra historia.

Sabias advertencias se formularon por parte de expertos en asuntos pensionales y fiscales sobre las peligrosas implicaciones del texto aprobado a las volandas, aún sin llenar en algunos casos los trámites legales. Ninguna fue escuchada por los integrantes del Congreso anterior. Y, hay que decirlo con toda claridad, Petro no contaba con mayorías parlamentarias para aprobar este engendro. No hay otra explicación que la del soborno, bautizado eufemísticamente como “mermelada”, que sirvió para autorizar muchas de las fechorías del pasado régimen.

Las consecuencias para el país representan un incalculable daño que aún no alcanzamos a medir en su real dimensión.

Tanto los planes de reconstrucción física como los de recuperación económica y fiscal proyectados se verán afectados.

La tasa de natalidad se ha reducido en un 30 % en la presente década con respecto a la anterior, lo que indica que cada vez existirán menos jóvenes en edad laboral para sostener el sistema pensional. En lugar de resolver el problema, lo queremos agudizar entregándole la responsabilidad al Estado sin darle los recursos para hacerlo.

El traspaso obligatorio de los pensionados de fondos privados a Colpensiones, genera un enorme boquete en las finanzas públicas que deberán atender esa nueva carga afectando de paso al mercado de capitales.

Según el analista Julio César Iglesias (de Vélez por la mañana) apoyado en estudios de ANIF, además del endeudamiento público que representa el 60 % del PIB, después de la desaforada emisión de TES por arte del gobierno anterior, el traslado obligatorio de pensionados a Colpensiones alcanza el 80,2 del PIB, o sea unas 51 veces el valor de los daños causados por el sismo, ¡Una verdadera catástrofe!

Es este uno de los ejemplos clásicos de cómo han gobernado “los de siempre” a este país. Aprueban un proyecto manifiestamente nocivo para las finanzas públicas y para el futuro de la población, a cambio de un miserable plato de lentejas. Luego es avalado por la Corte Constitucional de la misma manera como los antecesores de esta avalaron el acuerdo espurio de La Habana desconociendo la voluntad del pueblo soberano.

No nos queda sino una sola esperanza: Ya no tenemos en la Presidencia a un guerrillero aliado de los delincuentes sino a un hombre probo, con voluntad política para acabar con esta descomposición moral, Abelardo de la Espriella.

En su corazón, como lo hemos constatado, lleva las necesidades y angustias de las gentes de Colombia, sin distingo por sus tendencias políticas y sabrá dar a este espinoso asunto la solución definitiva que merece. Si la Corte no ha podido entender las razones jurídicas, económicas y sociales para archivar ese funesto proyecto, será el poder constitucional con el actual congreso que cuenta con supuestas mayorías oficialistas, quien lo archive y apruebe una norma que de verdad atienda a nuestra realidad nacional. En las manos y el liderazgo del “tigre” seguimos esperanzados y estamos “firmes por la Patria”.

La corrupción se resiste a ser erradicada

Luis Alfonso García Carmona

El trámite de empalme entre los gobiernos saliente y entrante no fue posible cumplirlo conforme a nuestra tradición democrática por la negativa del régimen petrista a reconocer la legitimidad del presidente elegido por la mayoría de los colombianos en un proceso electoral transparente y avalado por las veedurías internacionales.

La razón oculta detrás de esa irracional posición era la de evitar a toda costa que se develara la verdadera magnitud del monumental saqueo al erario protagonizado por Petro y su banda de criminales. Hasta el último instante de su período, continuaba el petrismo su depredadora expedición de nombramientos y celebración de contratos para agotar las arcas –presentes y futuras– del Estado.

Con la anuencia de las mayorías del Congreso, obtuvo el expresidente Petro permiso para ausentarse del país durante un año, en lugar de poner la cara a las numerosas denuncias e investigaciones por corrupción que enfrenta su gobierno. Flaco servicio a la transparencia le prestaron los senadores que aprobaron tan inconveniente autorización.

No conformes con semejante desaguisado, designaron las mayorías del Congreso un nuevo contralor cuya principal obligación consiste en perseguir toda malversación de los recursos del Estado, pero su primer acto fue comprometerse a designar como vicecontralor a un representante del Pacto Histórico, o sea, del partido defensor del cuestionado gobierno vinculado a mayúsculos escándalos de corrupción en el pasado cuatrienio.

Con semejante panorama nos permitimos dudar de que se puedan cumplir las metas propuestas para erradicar la corrupción y castigar a quienes participaron en el asalto a los recursos fiscales en los últimos 4 años. Al fin de cuentas, la acción del Estado se cumple a través de sus funcionarios. Si estos tienen otros compromisos diferentes a los de la naturaleza de su cargo, no podrá esperarse resultado alguno de su gestión.

Creemos desde hace tiempo que es imprescindible una reforma de los organismos de control, tanto en el ámbito nacional como regional, pues en la actualidad no dejan de ser un botín burocrático aprovechado por los caciques políticos y que funciona como un relojito: “yo te nombro contralor y tú me nombras un amigo en la vicecontraloría”.

Pero debemos ser realistas y, ante todo, pragmáticos. Ni el presidente está interesado en embarcarse en una reforma constitucional pues tiene una inaplazable agenda para este período, ni será fácil que los políticos de siempre renuncien a sus privilegios. Propusimos en cambio una reforma más general consistente en elevar a norma constitucional la obligación de que todos los funcionarios públicos, salvo los que deban ser elegidos por votación popular, sean designados por concurso de méritos. Si observamos lo que ocurre en los países donde esta norma está vigente, concluimos que los cambios electorales no afectan la estabilidad del aparato estatal y se obtiene una mayor eficiencia y compromiso por parte de los servidores públicos.

Sin embargo, hay una fórmula al alcance del señor presidente, que no requiere el engorroso e impredecible paso por el Congreso. Tiene el primer mandatario potestad para crear y designar consejeros presidenciales para temas específicos que actúan bajo su directa supervisión. La sugerencia, respetuosa y comedida, por supuesto, es que sean eliminadas la Consejería para la Reconciliación Nacional y el Alto Comisionado para la Paz y, en su lugar, se cree la Consejería para la Lucha contra la Corrupción. Entre sus funciones estarían las de recopilar toda la información sobre presuntos delitos relacionados con la corrupción, sus responsables, cómplices y auxiliadores; la persecución de activos fraudulentamente obtenidos con la corrupción, la elaboración de proyectos de ley y de decreto para derrotar a la corrupción, la formulación de denuncias penales y el seguimiento de los procesos. En una palabra, sería un verdadero “zar anticorrupción” que el país requiere sin lugar a duda.

Anotaciones sobre el “revolcón de la justicia”

Luis Alfonso García Carmona

En buena hora el equipo de empalme del presidente De la Espriella ha tomado la iniciativa de estudiar una estrategia normativa que conduzca efectivamente a erradicar las falencias que en forma endémica han impedido al Estado ejercer su primordial obligación de brindar una proba y oportuna justicia a los ciudadanos y garantizar con sus fallos la estabilidad de la nación.

Es deseable que, en esta oportunidad, en la que el país se ha salvado milagrosamente del caos constitucional y vital que nos hubiera deparado la continuidad del régimen del narcoterrorismo, no se repitan las frustraciones que hemos vivido con anteriores proyectos de reformas judiciales. Debemos partir de los aspectos fundamentales que el país espera.

¿Cuáles son?

Primero.- Hay que cerrarle el paso a la impunidad que impide al Estado ganar los enfrentamientos con los grupos armados ilegales, erradicar el sucio negocio de la cocaína, castigar ejemplarmente a los corruptos y proteger a los ciudadanos en sus vidas y en su patrimonio.

Segundo.- La morosidad en la tarea judicial y la acumulación de procesos pendientes en los juzgados debe ser corregida de inmediato. Una justicia extemporánea no es justicia.

Tercera.- Hay que restaurar la credibilidad en las instituciones judiciales para que las gentes acaten los fallos judiciales y se abstengan de obtener justicia por su propia mano.

Cuarta.- Deben ser removidos los obstáculos que impiden al Estado cumplir a cabalidad con el deber de implantar justicia, tales como la sesgada y antitécnica Justica Especial para la Paz.

Para el cumplimiento de estos objetivos habrá que adoptar drásticas pero urgentes medidas en colaboración con la rama legislativa del poder público, a saber:

a. No es posible administrar justicia de manera proba y eficiente sin contar con recursos humanos idóneos y comprometidos con esta misión. Por ello es necesario que, tanto en la rama judicial como en las demás ramas, se implante, mediante reforma constitucional, que todo el que aspire a un cargo público deba ser elegido mediante concurso de méritos, con excepción de los que sean elegidos por votación popular.

b. De igual manera, para el ascenso o promoción dentro de la rama judicial, se implementarán concursos de méritos y se respetará la carrera judicial.

c. Como se ha detectado, es conveniente despojar a la Procuraduría de su labor en los procesos penales supuestamente para garantizar los procedimientos de investigación, fallo y sanción a los responsables. En su lugar, se le debe asignar la supervisión de los funcionarios judiciales, la investigación de faltas disciplinarias y delitos, cuyo fallo se asignará a un tribunal especializado e independiente de la rama judicial. El aplazamiento de audiencias o los vencimientos de términos procesales, a menos que sean por fuerza mayor, deberán ser penalizados;

d. Debe incorporarse el uso de la tecnología de ingeniería de datos, inteligencia artificial y demás adelantos informáticos, en la tramitación de los procesos, audiencias virtuales, notificaciones, etcétera, y capacitar al recurso humano en el uso de estas herramientas. Se economizará tiempo y dinero, y se podrá elevar a calidad de las providencias.

e. Se debe adelantar en el Congreso una reforma al procedimiento penal para hacerlo más expedito y ágil, evitando audiencias de imputación de cargos, otorgando autoridad al juez para el impulso del proceso y combinando la oralidad con el sistema virtual en beneficio de la celeridad.

f. En materia sustantiva deben incrementarse las penas privativas de la libertad en los casos que causan mayor daño a la población y al orden, tales como la rebelión, sedición, asonada, actos terroristas, narcotráfico, minería ilegal, daños al medio ambiente, masacres, ataques a poblaciones y a infraestructura civil, reclutamiento de menores de edad, corrupción administrativa, y violencia sexual contra menores de edad. Los imputados de estos delitos no podrán gozar de excarcelación provisional, casa por cárcel ni de los subrogados penales.

g. Como complemento debe realizarse una reforma del sistema penitenciario para que los reclusos por delitos graves sean recluidos en cárceles de seguridad, sin derecho a contactos con el exterior presenciales o virtuales; y,

h. Implementar sistemas eficientes de protección de testigos y fomentar los preacuerdos con quienes ofrezcan informaciones serias contra las organizaciones criminales.

La Patria Milagro nos debe proporcionar la justicia que por tanto tiempo se nos ha negado. Estamos ¡firmes con la Patria!

Los desafíos que acarrea el sismo

Luis Alfonso García Carmona

Cuando nos aprestábamos a comenzar la construcción de una nueva patria sobre las ruinas heredadas del pasado régimen, nos puso a prueba la naturaleza con este desastre que nos llena de luto y dolor, pero que ha despertado la solidaridad y la unión de los buenos colombianos.

Bajo la certera conducción del gobierno entrante se han atendido con celeridad las necesidades de las víctimas, se ha priorizado la búsqueda de sobrevivientes y se ha obtenido la oportuna ayuda de la banca multilateral y de la comunidad internacional.

Apenas comienza la tarea, pues habrá que restaurar múltiples servicios colapsados, reemplazar la infraestructura dañada, y, sobre todo, brindar una real y positiva ayuda a quienes todo lo perdieron en un instante.

Quedan vastas zonas urbanas en algunas ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y en centenares de municipios y corregimientos, donde gran parte de las edificaciones colapsaron y otras tantas deberán ser totalmente demolidas. Una disyuntiva presenta la reconstrucción de los edificios en ruinas: Reconstruir cada uno para que sea ocupado a la mayor brevedad, o planear una reforma urbana y una ampliación de la oferta de vivienda en condiciones favorables para los beneficiarios.

Por fortuna cuenta el actual gobierno del “tigre” con profesionales ampliamente capacitados para desarrollar un programa capaz de atender a esta magna catástrofe y, a la vez, ampliar la oferta de vivienda en las zonas afectadas, tal como otros países lo han experimentado.

Chile, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, ha aprovechado los sucesivos terremotos para mejorar las normas y métodos de seguridad. Sus avances en materia de vivienda social, regulaciones antisísmicas y mejoras estructurales valen la pena ser tenidos en cuenta.

Al final de cuentas, el enorme costo de reparación de algunas construcciones puede contribuir de manera definitiva, no solamente para dotar a las regiones afectadas, de unas nuevas zonas seguras y confortables, sino, también, para mejorar la calidad de vida de muchos compatriotas de ingresos reducidos.

Promisorio futuro para Colombia en la era de la Patria Milagro

Luis Alfonso García Carmona

Cómo no recordar, en este histórico momento que vivimos, la edificante historia bíblica de la Tierra prometida a la que fue conducido el pueblo israelita por Moisés, después de 40 años de vagar por el desierto en medio de toda clase de penalidades, rebeliones e incomprensiones.

Guardadas las debidas proporciones, durante varias décadas cayó nuestra amada patria en un proceso de descomposición moral que nos condujo al ominoso régimen de extrema izquierda que, gracias a la Divina Providencia, llega a su fin.

Fue sometida nuestra sociedad a toda clase de vejámenes en el período más oscuro de nuestra historia republicana. Hoy estamos a las puertas del promisorio futuro con el que siempre hemos soñado: un país donde se respete el orden y la convivencia; donde la protección del sagrado derecho a la vida sea el primer deber del Estado; donde las relaciones entre los asociados y las de estos con el Estado se rijan por los valores espirituales contenidos en la palabra de Cristo y en los principios democráticos; donde la justicia sea igual para todos y obre contundentemente y sin contemplaciones para castigar el delito y para garantizar la libertad de los inocentes; donde la educación, desde la familia y la escuela, esté orientada a la formación de buenos ciudadanos, competentes para desempeñarse con éxito en el mundo empresarial y laboral; donde los recursos del Estado sirvan para garantizar seguridad, justicia y bienestar a todos los gobernados y no para llenar las faltriqueras de los políticos de turno; donde se exploten adecuadamente los recursos naturales para brindar oportunidades de desarrollo a todas las regiones; donde la actividad económica cuente con la seguridad, la protección y la ayuda del Estado para generar oportunidades de empleo digno a la fuerza laboral; donde los servicios públicos, la salud, la seguridad social, la construcción de vivienda, el fomento de la cultura y del deporte llenen las aspiraciones de la población y no sean otros focos de corrupción; donde la población más vulnerable reciba la solidaridad del Estado para que goce de una vida acorde con su dignidad; donde el Estado sea más pequeño pero más eficiente, para que pueda construir las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo económico, la transformación del campo, las vías fluviales o férreas, las carreteras, los puertos, los sistemas de riego, las generadoras de energía, etcétera.

Esa es la Patria Milagro que hoy nace ante nuestros ojos, después de haber llegado a la desesperanza y la incertidumbre.

Claro está que, en esta nueva era, auspiciosa y promisoria, no solamente tendremos derechos sino también obligaciones.

No podemos permitir que los enemigos de la patria, aquellos que se dedican a sabotear los designios de la democracia, a incitar delictuosamente a la violencia y a intentar la reconquista del poder por medio de la combinación de todas las formas de lucha, socaven el propósito mayoritario de los colombianos de crear la Patria Milagro.

No nos convirtamos en idiotas útiles de sus torvas intenciones cuando nos quieran utilizar como altavoces para reproducir sus mentirosas proclamas y discursos de odio. Apliquemos a ellos la campana del silencio y sigamos adelante con nuestra noble causa.

Respaldemos en todo momento y lugar, desde el rol que desempeñemos como padres, empresarios, estudiantes, empleados, amas de casa, profesionales, etcétera, las propuestas de los Defensores de la Patria. No podemos permitir –como ha pasado en Brasi y en otros países– el retorno del régimen comunista, mentiroso y violento, al poder.

Por el contrario, comuniquemos con datos en la mano todo el desastre que se está encontrando en el empalme con el régimen que agoniza. Difundamos sin vergüenza y sin pausa los logros que empieza ya a mostrar el programa de la Patria Milagro. Podemos documentarnos diariamente en nuestro portal www.alianzareconstruccioncolombia.org, el cual puedes guardar para mayor facilidad como favorito en tu ventana de “marcadores”.

Conquistemos con buenas razones y comprensión a los que equivocadamente votaron contra el candidato Abelardo de la Espriella. Según sus propias palabras, gobernará para todos, sin ninguna consideración política o de otro orden.

Hoy es un gran día para celebrar. Colombia se salvó del comunismo. La patria está en las mejores manos. Las propuestas de gobierno están enderezadas al bien común. Los pasos iniciales nos demuestran a las claras hacia dónde va el país en la “era del tigre”. ¡Estamos firmes por la Patria!

Audacia y creatividad para combatir la corrupción

Luis Alfonso García Carmona

La escalofriante publicación que hace el senador Enrique Gómez Martínez en su sitio web sobre los 3.3 billones de pesos que acaba de derrochar el presidente saliente en una maratón de contratos a dedo es inimaginable y requiere una reacción drástica e inmediata para salvar lo poco que queda de los recursos fiscales.

En los últimos 10 días se han dedicado los dirigentes políticos, los medios de comunicación y gran parte de la sociedad a temas que carecen de la trascendencia del monumental saqueo que se está perpetrando a los ojos de todos y que dejará un terrible impacto en las finanzas públicas y en los programas proyectados para el bien de la sociedad.

El tema de la corrupción es recurrente y ya dejó de ser noticia en este vergonzoso período presidencial. Cabe aquí preguntarnos: ¿Por qué ningún gobierno ha enfrentado con eficacia esta crisis endémica de nuestra sociedad?

En primer lugar, por falta de voluntad política para hacerlo. Nuestras costumbres han fincado la supervivencia de los partidos en el mantenimiento del poder, en el usufructo de las mieles del presupuesto, la burocracia y la contratación. Los valores morales, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la ética en la administración del Estado no pasan de ser vacías consignas de campaña, de las cuales nadie se acuerda a la hora de gobernar.

En segundo término, nunca se han atacado las causas que originan la corrupción. Esporádicamente los entes de control intervienen para poner a disposición de la justicia a los presuntos responsables de actos corruptos; algunos salen libres por vencimiento de términos; otros pagan unas condenas irrisorias con el beneficio de la casa por cárcel, desde la cual siguen delinquiendo; otros, con inmensas fortunas a su disposición y conexiones con los dirigentes políticos, logran su libertad y disfrutan muy orondos del producto de sus fechorías.

Queremos creer que ha llegado la hora de que este funesto mal sea erradicado de nuestro país. Después de la elección de Abelardo de la Espriella como próximo presidente de los colombianos está asegurada esa voluntad política que hasta ahora ha faltado.

Sólo resta que en esta oportunidad no cometamos los mismos errores y vamos al meollo del problema con una solución integral, audaz y creativa, que abarque los siguientes aspectos fundamentales:

1.- Debe reducirse drásticamente el tamaño del Estado en todas sus ramas y a todo nivel. La corrupción encuentra facilidades en paquidérmicas organizaciones difíciles de controlar.

2.- Toda persona que preste funciones públicas en cualquier rama del Estado y a todo nivel, debe ser escogida por méritos, con conocimientos y formación adecuada para el cargo que va a desempeñar, con excepción de los que sean elegidos por votación popular,

3.- En todas las entidades del Estado se implementará la carrera administrativa, que garantice que todo ascenso o cambio en los cargos se realice mediante concurso de méritos. Vale la pena tramitar estas profundas reformas constitucionales antes de que seamos aniquilados por la rampante corrupción. Y si el Congreso no está a la altura de las circunstancias, seamos audaces para pedir su aprobación al constituyente primario.

4.- Debe revisarse la legislación sobre contratación para eliminar la contratación de bienes o servicios por fuera de un proceso de licitación. Se dejará solamente la excepción para compras de mínima cuantía y para casos de emergencia por desastre natural, en los cuales se aplicarán especiales auditorías.

5.- Debe reformarse la ley penal para revisar la penalidad de los delitos relacionados con corrupción, castigar severamente a todos los participantes, eliminar los beneficios de casa por cárcel, excarcelación provisional y subrogados penales. Quien sea condenado no podrá por el resto de su vida, contratar con el Estado ni ejercer funciones públicas.

6.- Debe existir, como lo ha propuesto el señor presidente electo, un comité o dependencia dependiente de la Presidencia que se encargue de la recuperación de todos los bienes defraudados al Estado mediante la corrupción, y de la intervención en los procesos penales que se adelanten contra los corruptos para garantizar que no duerman el sueño de los justos.

El Estado debe actuar como protector eficiente de su patrimonio y, en consecuencia, debe denunciar ante los tribunales competentes todo acto de corrupción del cual tenga conocimiento y aportar las pruebas que haya recaudado.

7.- Toda irregularidad cometida por un funcionario público en materia de manejo transparente de los recursos fiscales debe ser sancionada con su despido inmediato. Los superiores o jefes del infractor que oculten el hecho o se abstengan de denunciarlo serán sancionados con la misma medida de despido.

¡A las cosas, a las cosas!

Luis Alfonso García Carmona

Es bien conocida esta frase del filósofo español José Ortega y Gassett, que pronunció en la ciudad de La Plata (Argentina), en 1939 y publicó en su obra Meditación del pueblo joven.

Quiso significar con ella que no vale la pena perder el tiempo en vacías especulaciones, diferencias personales o discusiones abstractas. Por el contrario, considera más útil concentrarse en obtener resultados prácticos, ocuparse de los problemas reales y trabajar por el desarrollo del país de manera eficiente y concreta.

Al repasar esta prudente admonición a la luz de los monumentales problemas que agobian al país, no nos queda otra alternativa que otorgarle toda la razón al filósofo.

Venimos de presenciar la más brillante y eficaz campaña política de toda nuestra historia republicana, en la que Abelardo de la Espriella, por fuera de los partidos políticos, sin contar con la maquinaria del establecimiento ni con los grandes poderes económicos y de la comunicación, logró convocar a las mayorías en el movimiento identificado como “Defensores de la Patria” y ganar en franca lid la Presidencia de la República. Su ventaja sobre su rival, el candidato del gobierno petrista, y de la guerrilla, no fue tan sólo de 250 000 votos, pues hay que considerar los casi 4000 votos conseguidos por su oponente mediante constreñimiento armado a los electores en las regiones dominadas por la narcoguerrilla, como recientemente se ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por la Fundación Misión Colombia Transparente.

Demostró con creces que se puede construir un movimiento ganador, alcanzar el objetivo y, de paso, dar un magistral ejemplo de que todo se pudo lograr cambiando radicalmente las obsoletas prácticas de la vieja política.

Ha continuado actuando coherente con sus postulados al escoger sus inmediatos colaboradores, al rechazar la manipulación que quiso imponerle el régimen con un ficticio empalme y al proceder al diálogo directo con las regiones y con sus líderes para realizar con ellos el verdadero empalme, prescindiendo de inútiles intermediarios.

No desperdiciaron sus enemigos de la izquierda y sus aliados la oportunidad de dar rienda suelta a su revanchismo cuando pretendió el presidente electo contar con un presidente del senado que facilitara el trámite de los proyectos del gobierno, eligiendo a otro candidato. Creemos sinceramente que no era este un tema de fondo que mereciera brindar al enemigo la ocasión para ejercer su retaliación. En su pragmatismo debe considerar el Tigre que ni aquellos que le han prometido su apoyo como parte de la coalición de gobierno son confiables a la hora en que los intereses de la patria riñan con sus mezquinas aspiraciones.

Debe el presidente electo, y lo digo con el mayor respeto y consideración, escoger bien las batallas que en adelante librará en el Congreso, que sean estas únicamente las necesarias para desarrollar su completo plan para la reconstrucción del país y para la materialización del sueño de la Patria Milagro. Temas como el del cambio de sede para la posesión, la reforma constitucional para crear una capital alterna, no dejan de ser importantes, pero no son indispensables para los fines superiores, como lo expresa con sabiduría el filósofo. Y, cuando se tenga que defender los asuntos de mayor calado, como los que tienen que ver con la seguridad, la salud, el narcotráfico, la corrupción, la reforma a la justicia, la recuperación económica, la educación o el problema energético, hay que llegar a la palestra parlamentaria suficientemente seguro de obtener la victoria, como lo enseña el pragmatismo en el cual el Tigre es un maestro.

Los intereses superiores por encima de banales triquiñuelas

Luis Alfonso García Carmona

Los resultados electorales de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales nos dejaron algunas lecciones que no todos han acabado de asimilar.

Más allá de elegir al candidato que el país requiere en esta oscura etapa de nuestra historia, las mayorías se pronunciaron para rechazar el narcoterrorismo, el saqueo del Estado, la violencia amparada por la impunidad, la destrucción del sistema de salud, el atraso en la educación, en la explotación de nuestros recursos y en la construcción de la infraestructura requerida para el desarrollo del país.

Se decantaron las mayorías nacionales por un proyecto esperanzador conocido como la “Patria Milagro”, encaminado a brindar oportunidades de bienestar y progreso a dodos los colombianos. Y se condenó, de manera contundente, la obsoleta forma de hacer política, gobernando a través de marrullas, acuerdos debajo de la mesa y componendas para aferrarse a las mieles del poder.

No me queda la menor duda de que estamos frente a la más importante transformación de nuestras costumbres políticas. Demostrará el Tigre ante el mundo que ya pasó de moda esa vieja politiquería basada en los egoístas intereses personales o de grupo. Que, como siempre lo repitió a lo largo de su brillante campaña, los intereses superiores de la República están por encima de los partidos, los grupos de poder o los viejos cacicazgos políticos.

Pero una elección no basta para desterrar las viejas prácticas enquistadas en nuestra imperfecta democracia. Así se demuestra con el triste espectáculo protagonizado por los dirigentes del Centro Democrático, partido que manifestó su voluntad de hacer parte del gobierno, al aliarse con su enemigo ideológico, el Pacto Histórico, dizque para derrotar a Abelardo de la Espriella, designando como presidente del Senado a un candidato diferente al preferido por el presidente.

Vale la pena aclarar que el presidente no tuvo velas en ese entierro. Como es natural, prefería tener al frente del Senado a alguien que facilitara la aprobación de los proyectos que necesitará el gobierno para convertir en realidad sus propuestas de recuperar al país de los daños causados por el petrismo y reconducirlo por una senda de bienestar y de progreso. Pero nadie puede afirmar que presionó a algún congresista o negoció para conseguir la elección de un candidato en especial. No hubo ninguna conducta por su parte lesiva del principio de la separación de poderes, como algunos pretenden insinuar.

Pero el tema ha servido para que algunos miembros del Centro Democrático tomaran la elección como una venganza contra el Tigre por haberlos derrotado en franca lid. Y para los integrantes del Pacto Histórico que celebraron jubilosos al lado de sus aliados del Centro Democrático su victoria sobre el “fascismo”, aunque hasta hace poco el rey de los fascistas era para ellos el jefe del Centro Democrático.

Lo cierto es que este penoso incidente en nada beneficia al país. A la gente ajena a esas triviales artimañas politiqueras les asquea el espectáculo. Por algo el Congreso siempre gana las encuestas como la institución más desprestigiada del país.

De la Espriella sigue incólume haciendo lo que se comprometió a realizar. Comenzó su empalme en las regiones, cerca de su pueblo, para conocer sus angustias y necesidades y comenzar a planear cómo resolverlas. Y así lo hará durante todo su mandato, para bien de los colombianos.

Para poner en práctica esta noble causa de reconstruir el país y crear oportunidades para todos, se requiere poner los intereses de la República por encima de mezquinos intereses o minúsculas aspiraciones. La verdadera democracia no está compuesta de vacíos convencionalismos, tretas disfrazadas de tradición y negociaciones por debajo de la mesa. Se trata de gobernar con el pueblo, escucharlo en sus regiones sin necesidad de intermediarios, manejar con rigor los recursos del Estado y proporcionar a los gobernados todas las posibilidades que emanan de una transparente y eficaz gestión.

¡Al toro por los cuernos!

Luis Alfonso García Carmona

Si tuviéramos que señalar la principal motivación que movilizó a las mayorías colombianas a llevar al poder a Abelardo de la Espriella, no hay duda de que escogeríamos su propuesta de devolver la seguridad al territorio, combatir sin temor a la narcoguerrilla, castigar a los delincuentes y ponerle coto a la impunidad reinante en los últimos tiempos.

Sin tomar aún posesión de su cargo, ha comenzado declarando objetivos militares de su gobierno a los facinerosos que durante años han atemorizado a la población, asesinando civiles y militares, reclutando menores de edad, atentando contra el medio ambiente a través de la minería ilegal y dejando caos y miseria a su paso. Con contundencia y sin ambages les ha formulado un perentorio ultimátum: “tienen un mes de plazo para entregarse a la justicia o serán capturados por la fuerza; si oponen resistencia serán neutralizados por la fuerza pública” encargada de velar por el orden y la seguridad.

Como agua de mayo han recibido los colombianos de bien estas palabras que no se escuchaban de ningún mandatario desde hace 16 años.

Ha acertado por partida doble el presidente electo, identificando la necesidad más sentida y urgente del país y reconociendo que el origen de la violencia y criminalidad que ha azotado a nuestra querida patria reside principalmente en el narcotráfico. En otras palabras, no se puede garantizar seguridad ni convivencia mientras subsista el imperio de este maldito negocio.

Como prueba de nuestro aserto, vale la pena recordar algunas de las “hazañas” de este fatídico imperio:

1.- El 6 de noviembre de 1985 un grupo de militantes del M-19, financiados por el narcotraficante Pablo Escobar, asaltó el Palacio de Justicia y lo incendió con el propósito de destruir los expedientes que allí cursaban en contra del narcotraficante. El fuego se propagó y terminó con un saldo de 100 muertos, incluyendo 11 magistrados. Es lo que se conoció como el “Holocausto del Palacio de Justicia”. Convocaron los asaltantes al presidente Belisario Betancur dizque para someterlo a un juicio revolucionario en un intento por tomarse el poder. Lo impidió el Ejército retomando el control del Palacio, combatiendo a los guerrilleros y salvando la vida de civiles que permanecían atrapados durante el asalto. Como conclusión, los guerrilleros fueron premiados con indultos y han seguido ocupando altos cargos estatales, mientras los militares que salvaron al país fueron encarcelados, condición que aún afecta a un anciano general de la República.

2.- Ha sido de tal magnitud el poder del narcotráfico en Colombia, que logró en 1991 que la Asamblea Nacional Constituyente suspendiera la extradición, lo cual beneficiaba a “los extraditables”, pertenecientes a los carteles de Cali y Medellín, después de la doble presión que ejercieron sobre los constituyentes mediante recompensas de dinero y amenazas de muerte.

3 -. En 1994 los señores Rodríguez Orejuela, consiguieron con su enorme fortuna imponer a Ernesto Samper Pizano como presidente, en la segunda vuelta. Por sólo 18 439 votos, un 0,032 de la votación, fue derrotado su oponente, Andrés Pastrana. Su período estuvo marcado por el famoso proceso 8000 que, gracias al reparto masivo de auxilios parlamentarios, terminó con una absolución más política que justa. Se sentó un funesto precedente que pretendió replicar en 2026 el candidato del gobierno y de los grupos narcoguerrilleros. Pruebas de este negro capítulo de nuestra historia se pueden encontrar en la obra “La parábola del elefante”, de Fernando Londoño Hoyos[1].

4.- Entre el 2002 y el 2010 el país logró, gracias al gobierno de “Seguridad Democrática”, desmovilizar a los grupos paramilitares y diezmar a las guerrillas narcoterroristas, las cuales se refugiaron en países vecinos donde los gobiernos de izquierda les brindaron protección. Según informe de la Unodc en diciembre de 2010 Colombia tenía 62 0000 hectáreas sembradas de coca, el nivel más bajo en lo que iba corrido del siglo. No obstante, al posesionarse Juan Manuel Santos optó por darle estatus político a los más crueles malhechores de nuestra historia y firmó con las FARC el humillante “Acuerdo de Paz de La Habana”, dizque para conseguir la paz. El pacto estaría refrendado mediante un plebiscito en el cual el pueblo decidiría si ratificaba o no el acuerdo. En el plebiscito la mayoría rechazó el pacto pero Santos, aliado con su coalición de gobierno y con los narcotraficantes de las FARC, impuso el plebiscito contra la voluntad del pueblo soberano en el mayor vejamen contra la democracia del que tengamos noticia.

Diez años después seguimos padeciendo las consecuencias de la entrega del país al imperio del narcotráfico y a sus aliados de la extrema izquierda: Aumentó la criminalidad. Las hectáreas de cultivos ilícitos llegaron a 300 000, es decir un aumento del 500 % sobre lo que teníamos al comienzo del gobierno de Santos. Los grupos armados ilegales han duplicado con creces su tamaño histórico. Entre combatientes y redes de apoyo, pasaron de aproximadamente 18 000 miembros a nivel nacional en 2010 a un estimado superior a los 27 000 integrantes, un aumento impulsado principalmente por el robustecimiento del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Cuatro años de desgobierno torpe y sesgado de un alienado dominado por sus adicciones y su trasnochada ideología han colmado la paciencia de los colombianos. Nos queda, gracias a la Divina Providencia, la firme esperanza de que nos espera una Patria Milagro donde podamos prosperar con tranquilidad y oportunidades para todos. Estamos firmes con Abelardo ¡Al toro por los cuernos!

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[1] https://drive.google.com/file/d/1cHtt9Pp1hwTMnkCNSEa5kkdv357NzjyX/view?pli=1

Ganar las elecciones no es suficiente

Luis Alfonso García Carmona

Con el correr de los días se agiganta aún más la perspectiva de la gesta patriótica librada por Abelardo de la Espriella y los Defensores de la Patria para derrotar en las urnas al candidato del gobierno más corrupto y pernicioso de toda nuestra historia.

Atrás quedó el argumento de que la victoria fue tan solo de 250 000 votos, una vez que se ha comprobado la monumental corrupción patrocinada por el gobierno petrista, en favor del perdedor, a través de toda clase de trampas como la de reparto de dineros en vísperas electorales, la profusa celebración de contratos para aumentar la burocracia, las concesiones a guerrilleros para que colaboraran en la campaña, el constreñimiento a los votantes en zonas apartadas y la ilegal participación en política por parte del presidente en medio de la mayor impunidad.

Se abre, por supuesto, un paréntesis de esperanza para el pueblo colombiano, confirmado por los anuncios del presidente electo y de su brillante equipo sobre las medidas que adoptarán para revertir el monstruoso daño que deja como legado la extrema izquierda.

Pero dejaríamos de ser responsables si no advertimos que la corrupción que padecimos durante 4 años tiene su origen mucho antes de la época electoral. Los mismos ciudadanos que votaron en esta oportunidad volverán a hacerlo dentro de 4 años y lo harán muchos de ellos bajo las mismas presiones de la falacia comunista. Ya asoman las primeras señales de la estrategia que adelantará la oposición. Comienzan por desconocer la legitimidad de las elecciones para pasar al intento del golpe de estado que preparan con sus aliados, los facinerosos de todos los pelambres. Desarrollarán una narrativa falaz y sin pausa contra todas las actuaciones del nuevo mandato y, al final, encontrarán en la “batalla del lenguaje” los instrumentos para manipular a las masas y regresar al poder.

Paralelamente al desarrollo del completo programa de gobierno enmarcado como la “Patria Milagro”, debemos todos, el gobierno y los ciudadanos de a pie, complementar el triunfo obtenido en las urnas con la victoria en la batalla cultural.

Quienes influyen en la formación de los futuros ciudadanos, tienen en sus manos el destino del país y la solidez del sistema democrático. Me atrevería a proponer unas cuantas acciones básicas al respecto:

a. Intervención a fondo en la educación para desterrar el adoctrinamiento en la doctrina marxista y en la teoría LGTB. Intensificar la enseñanza de principios y valores espirituales sobre la honestidad, la responsabilidad, el respeto por los derechos ajenos, el progreso personal a través del esfuerzo y del mérito, el amor por la patria, la solidaridad con los necesitados, el respeto al Estado de derecho y a los principios democráticos.

b. Protección a la familia, como el punto de partida para la formación de los futuros ciudadanos. Hay que dar especial protección a las madres solteras, establecer sistemas para que obtengan ingresos suficientes como emprendedoras o madres cuidadoras, y proporcionarles facilidades para su educación. Mientas la población permanezca en la ignorancia será fácilmente manipulada por los populistas sin escrúpulos ni moral. Fortalecer la institución familiar penalizando el aborto y rodeando de ayuda a las solteras embarazadas.

c. La izquierda aprovecha el nuevo lenguaje con el cual pretende seguir instrumentalizando a las masas poco informadas. No puede caer la democracia en la ingenuidad de seguir patrocinando eventos dizque culturales o de entretenimiento que tienen un sesgo abiertamente izquierdista. Asimismo, se encuentran multitud de ONGS, corporaciones, publicaciones, centros de estudio, etcétera, con disfraz intelectual o comunitario, que reciben ayudas estatales para financiar su proselitismo. Los medios de comunicación estatales como los que tienen presencia en las redes sociales, la televisión y la radio deben asumir el papel de educadoras de la sociedad con programas acordes con la defensa del Estado de derecho, la convivencia pacífica, la búsqueda del bien común y el sistema democrático

Recientemente el escritor Pierre Claire, en su artículo titulado “La infiltración cultural que sobrevive a las derrotas electorales” expresa:

“Este mecanismo interesa directamente a una región donde la derecha encadena victorias electorales espectaculares desde hace 3 años, de Colombia a Perú o Argentina. Ganar una elección es recuperar un edificio; reconquistar el país o el lenguaje es una obra mucho más lenta y difícil que cualquier mandato presidencial.

Si las nuevas derechas latinoamericanas no libran también esa batalla cultural en las escuelas, la universidad, los medios o las administraciones, terminarán gobernando sin gobernar realmente.

Los mandatos que los ciudadanos van a considerar decepcionantes por alejarse de las promesas iniciales serán como un simple paréntesis, teniendo en cuenta que la izquierda nunca ha sido derrotada de verdad.”

Ya la Patria Milagro empezó

Luis Alfonso García Carmona

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Como un reguero de pólvora comienzan a extenderse por todo el territorio nacional sentimientos de amor por la patria, de esperanza en nuestro porvenir y de reparador alivio por la finalización del horrible capítulo de gestión de la extrema izquierda próximo a terminar.

En sus primeras palabras como presidente electo De la Espriella anunció que la Patria Milagro comenzó al haber librado a los colombianos de la peor amenaza contra su libertad.

A los más incrédulos aclaró con total autoridad: “no los defraudaré”, compromiso que devuelve a un angustiado pueblo la fe en sus instituciones.

Pero lo que más impactó en su primera alocución fue la confirmación de su indeclinable determinación de librar al país de la perniciosa influencia de los narcoterroristas y demás grupos ilegales que han pretendido atornillarse en el poder para seguir usufructuando los negocios ilícitos del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Con meridiana claridad advirtió: “los ilegales disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho”. Después de este período, la fuerza pública se encargará de someterlos por la fuerza y ponerlos a disposición de la justicia y, si se resisten violentamente, serán dados de baja. Es la voz de la autoridad legítima que, por primera vez en muchas décadas, sale en defensa de los ciudadanos de bien en lugar de beneficiar y tolerar al crimen y al terrorismo.

Fue contundente también en la tarea que librará contra la corrupción en defensa de los dineros de los contribuyentes dilapidados en forma desvergonzada por el régimen actual. Realizará un empalme con auditoría sobre todos los entes del Estado para determinar el monto del saqueo, el estado de las finanzas públicas y la responsabilidad penal de autores y cómplices de esta masiva corrupción. Se acaba ya la inútil palabrería de quienes han utilizado la lucha contra la corrupción solamente como trampolín político. Se creará una unidad investigativa especial para detener esta vena rota de la corrupción y llevar a los responsables ante los tribunales. Con general beneplácito reciben los colombianos estas primeras acciones que materializan el sueño de la Patria Milagro.

Vendrán seguramente otros anuncios, pues ha anticipado el presidente electo que el 7 de agosto sancionará un paquete de decretos para implementar acciones concretas de la rama ejecutiva para preparar al país ante el peligro de un apagón eléctrico por la imprevisión del gobierno actual, atender al problema de tesorería y el crónico déficit fiscal, adoptar un plan de choque para evitar más muertes por deficiencias del sistema de salud desmantelado por la actual administración y recuperar la exploración y explotación de gas y petróleo.

No se olvida nuestro presidente electo de las amenazas de “estallidos sociales” por parte de los derrotados que intentarán sembrar el caos y el terror. Medidas urgentes de orden público y de neutralización de los líderes de la subversión se conocerán en breve para tranquilidad de la sociedad colombiana.

Ha logrado la Patria Milagro recuperar la alegría de los colombianos, devolverles la fe en su sistema democrático, descubrir que detrás de cuatro años de amargura y dolor, se ocultaba un pueblo valiente, esforzado y capaz de unirse para defender su libertad y sus derechos frente a la tiranía.

La Patria Milagro: ruta hacia el bienestar

Luis Alfonso García Carmona

Acostumbrados a la utilización de frases impactantes para distinguir una campaña electoral, no hemos reparado aún en el trascendental significado del lema “Patria Milagro” que ha enmarcado la propuesta programática del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Es coherente con la irreductible posición de gobernar para el pueblo, para la solución de sus necesidades, para la implantación de una nueva forma de hacer política, para trabajar por el bien común de los asociados en lugar de servirse del poder para imponer ideologías políticas fracasadas en todos los rincones del planeta.

Si reparamos en la propuesta gubernamental difundida profusamente en la campaña del tigre, encontramos una batería de acciones gubernamentales encaminadas no solo a reparar los profundos daños causados por la gestión del populismo de izquierda en el presente período, sino, también, para corregir los arraigados vicios de la vetusta politiquería que condujeron a la toma fraudulenta del poder por la extrema izquierda.

La Patria Milagro no se limita a diagnosticar las graves dolencias que aquejan a nuestra sociedad y a formular su correspondiente remedio. Va más allá, es el comienzo de una nueva era, caracterizada por distintivos tan claros como los siguientes:

1.- No se pondrá el poder del Estado y sus recursos al servicio de ninguna ideología. Por el contrario, el único beneficiario de la gestión estatal será la gente, sin distingo de edad, sexo, clase, raza, creencias políticas o religiosas. Queda sin piso la manoseada estigmatización de “fascismo” con la que los zurdos disfrazan su carencia de argumentos.

2.- El gobierno es la principal empresa existente en la Nación y debe manejarse con la eficiencia y transparencia que garantice un excelente resultado. Queda descartado el “clientelismo” que ha llevado a los más incapaces y corruptos a administrar los aportes de los contribuyentes. En la era de la Patria Milagro se aplicará la meritocracia para obtener el bien común que deseamos.

3.- La Patria Milagro sintetiza el anhelado objetivo de la unidad nacional. Como lo ha manifestado el presidente electo, la unidad con el pueblo se hizo a través del programa de los Defensores de la Patria, que nos convoca a todos a participar en la construcción de la Patria Milagro.  Finalizado el debate electoral, no habrá vencedores ni vencidos, todos podremos participar en la nueva era de progreso y de oportunidades. No es patrimonio exclusivo de un partido: todos nos beneficiaremos del avance del país que significará la Patria Milagro. Y será responsabilidad de las tres ramas del poder, cada una dentro de su competencia, facilitar la conquista de nuestro futuro.

4.- Sin inversión no habrá empresa, sin empresa no habrá empleo, y sin empleo no podremos derrotar la miseria. Por ello la Patria Milagro se propone un gran plan para la atracción de la inversión privada, el fomento de empresas generadoras de empleo y el impulso al emprendimiento a todos los niveles.

5.- Fundamento de la actividad empresarial es la garantía de la seguridad física y la justicia. Tendrá prioridad la recuperación de las zonas en poder de grupos ilegales armados y la lucha contra el negocio ilícito de la cocaína y el terrorismo que atemoriza a gran parte de la población. La acción de la fuerza pública debe estar respaldada por unas normas que castiguen severamente a la criminalidad, una justicia capaz de aplicar rigurosamente la ley y unos equipos de investigación dotados de la más avanzada tecnología.

6.- La reforma a la educación es elemento indispensable en la construcción de la Patria Milagro. El país necesita técnicos y profesionales capaces para competir en el mercado laboral con formación bilingüe, conocimiento de las nuevas tecnologías y de la administración de empresas, pero que, a la vez, se conviertan en buenos ciudadanos que respeten los valores fundacionales de la nación, las formas civilizadas de comportamiento y los símbolos de la Patria.

7.- La dignidad de la persona humana debe estar por encima del poder material del Estado. La Patria Milagro propugna por un Estado más pequeño, más eficiente y económico. Se limitará el intervencionismo de Estado a lo estrictamente necesario. Se buscará el desarrollo integral de las personas y su bienestar a través de servicios eficientes de salud, de pensiones, construcción de vivienda y subsidios a los ancianos. La solidaridad cristiana y el amor al prójimo que nos enseña el evangelio cristiano estarán presentes en los presupuestos de la Patria Milagro.

8. – La Patria Milagro debe comenzar en el corazón de cada colombiano. Comencemos por ignorar a partir de hoy las críticas, recriminaciones, injurias, calumnias e infamias que brotan de los malos perdedores. No gastemos nuestro tiempo ni nuestras energías dándoles más difusión. Apliquemos nuestra capacidad a propagar las consignas de nuestro líder, y a divulgar por las redes los beneficios que para el país ha producido la elección de Abelardo.