Después de las iniciales, ¿cuántas “reformas” más?

Por José Alvear Sanín

No son de extrañar la inacción oficial ni la eliminación de estímulos para la construcción y financiación de viviendas de interés social, porque el acceso a la propiedad es un factor que contribuye a la estabilidad, al bienestar familiar, al crecimiento de la economía nacional y a la masiva generación de empleo.

Ninguno de esos propósitos anima a Petro. En primer lugar, mientras más adversas sean las condiciones de vida, mayor descontento habrá y con mayor facilidad será acogido el mensaje del resentimiento y el odio. La generación de empleo tampoco favorece la revolución. Un gobierno comprometido con el decrecimiento económico, cuya “cabeza” dice que la acumulación de capital es la mayor amenaza contra la humanidad, no puede estimular el bienestar y el progreso.

Apoyar la familia y propender por su consolidación y florecimiento está expresamente en contravía de la ideología marxista, que preconiza su abolición. Por tanto, el Gobierno actual favorece la ideología de género, la promoción del aborto y la tolerancia a la comercialización y el consumo de psicotrópicos.

¡Vale la pena recordar ahora a quienes han dicho que el progreso individual perjudica porque “la gente que deja de ser pobre se vuelve de derecha”!

Un país de propietarios de vivienda digna se dirige indudablemente hacia una sociedad más ordenada y productiva, en la que no cabe el discurso subversivo.

En vez de desarrollar, mediante la construcción de vivienda, una economía próspera, la revolución sueña con que llegue el día de trasladar la gente de los tugurios a las casas que han de compartir con los odiados burgueses.

Nunca he olvidado la propuesta preelectoral de Petro, de limitar a 65 m² el espacio familiar en las viviendas —a pesar de haber sido desmentida por sus bodegas y granjas—, porque esa condición es esencial dentro de la ideología leninista que él profesa. Esa “reforma urbana” hizo de la vida en los países comunistas el infierno sartreano que puede llegarnos, porque ese individuo jamás olvida los delirios de su patológica mente para convertirlos en políticas de gobierno.

Petro no se limitará a las reformas iniciales —tributaria, sanitaria, laboral y pensional—, porque ya empezó a hablar de una reforma educativa. Y si salen adelante las ya presentadas, sea por un congreso embadurnado, por sucesivas declaratorias de emergencia económica y social, o por el “acuerdo” con el ELN, él no se detendrá allí.

Ese será el momento para arrancar con su encubierta reforma urbana, y con la otra —dogmática e inevitable—, la rural, para la expropiación y aniquilación de los productores agrícolas exitosos, que no conduce a nada diferente de la hambruna persistente.

La Reforma Agraria colectivista de modelo comunista pertenece a la obsesión dogmática y no negociable del ELN, que no los aleja de Petro. Al contrario, los une dentro de la común estructura mental que adoran.

De cara al porvenir: las cosas al derecho

Por Pedro Juan González Carvajal*

Estoy plenamente de acuerdo en que se deben hacer reformas sobre los temas más cruciales y sensibles de la sociedad colombiana, pero deben hacerse bien hechas.

El estar bien hechas, implica aprovechar lo bueno de lo existente, corregir lo corregible de lo actual e incorporar lo nuevo que ha de servir para mejorar. Reformar no es sinónimo de tierra arrasada.

El estar bien hechas implica tener una construcción de la propuesta de proyecto de reforma apoyados por quienes saben del tema y por quienes lo manejan y lo han de manejar.

Además, antes de presentar el proyecto de reforma al Congreso, debe haber sido socializado de manera pedagógica y contar con el aval de las autoridades académicas reconocidas del asunto, debiendo contar, además, con la viabilidad financiera dada por el Ministerio de Hacienda, los expertos en el tema, y los legitimadores profesionales, políticos y sociales.

¿Si esto se cumpliera, quien se atrevería a interponerse? Los argumentos de crítica deberían ser muy sólidos y muy bien documentados y soportados.

Imaginemos que el proyecto de reforma a la salud tuviera el aval de todas las Facultades de Medicina del país y el acompañamiento en su diseño de los actores anteriormente mencionados. Yo no sé usted amable lector, pero yo la apoyaría sin ningún tipo de reservas ni de duda.

Ahora bien, ¿por qué las facultades de medicina del país no presentan por iniciativa propia un proyecto de reforma a la salud? Con el debido respeto esto demuestra falta de compromiso de la Academia y un incomprendido entendimiento de lo que es la participación social en las decisiones del país.

¿Por qué los gremios económicos y las cámaras de comercio y por qué no, los sindicatos, no presentan sendos proyectos de ley, el uno para una necesaria reforma laboral y el otro para el impulso y la generación de empleo?

¿Por qué las universidades a través de sus gremios y asociaciones, acompañados de los representantes de los otros niveles educativos no asumen la responsabilidad y el compromiso de presentar un verdadero y concienzudo proyecto para reformar la educación? ¿Necesitamos que se convoque a “comisiones de sabios” que usualmente son personajes muy importantes que en la mayoría de los casos no saben nada de educación y mucho menos de pedagogía y cuyos informes o recomendaciones finales no han servido para nada?

Algunos definen la inteligencia como la capacidad para entender, enfrentar y resolver problemas. Una invitación para que las universidades, la sociedad y las empresas le ayuden al Estado y se comprometan en la solución de los grandes problemas de la colectividad, proponiendo y actuando, no solo criticando y teorizando.

Si en gracia de discusión ya supiéramos cuál es el tipo de poder judicial que se requiere para enfrentar estos nuevos tiempos, ¿por qué no le pedimos asesoría a la OCDE o al país del mundo que sea líder en el funcionamiento de su aparato de justicia para elaborar y presentar un proyecto de ley para reformar la justicia, que tan necesario e importante es?

Ejemplos como los anteriores serían aplicables para temas como la reforma pensional, la reforma agraria, la reforma minera, la reforma política, entre otras varias que debemos sacar adelante a ver si por fin somos capaces de adentrarnos a la modernidad y poder participar con alguna probabilidad de éxito de la globalización y logramos establecer reglas de juego equitativas que promuevan la igualdad y el bienestar de los ciudadanos en Colombia.

En esto debemos hacer un detente y hacer una reflexión seria que nos permita entender que no podemos seguir esperando que el Estado a través del Gobierno de turno tome la iniciativa para enfrentar todos los problemas y todos los temas habidos y por haber. La nuestra es una Constitución Política entre cuyos pilares fundamentales está el de la participación, pero todos estamos recostados a lo que proponga el Gobierno y ahí sí, enfilar baterías para tirarle piedras a cualquier propuesta presentada.

La democracia participativa nos pone una vara muy alta y pone en evidencia la carente cultura política y el débil ejercicio de la ciudadanía que hoy tenemos en Colombia y su frágil democracia.

Si seguimos haciendo más de lo mismo con los mismos métodos tradicionales, pues ahí no hay nada que hacer.

William Ospina nuestro excelso escritor y agudo crítico de la realidad nacional advierte que las reformas, si de verdad son reformas pertinentes, no es posible que sean tramitadas objetivamente por el Congreso Nacional, pues allí están representados los poderes tradicionales a quienes el tema de las reformas no les resulta cómodo.

Recordemos esta sentencia de Maquiavelo: “No hay nada más difícil e ingrato de intentar que cambiar el orden de las cosas, pues se tendrá como enemigos a todos aquellos que han triunfado con las condiciones actuales y como defensores tibios a quienes no tienen nada que perder con el cambio”.

Ahí les dejo “ese trompo en la uña”.

La justicia

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

La justicia es un servicio público prestado por el Estado colombiano a todos sus habitantes, para poder solucionar los problemas que se presentan entre ellos y con el Estado. Si esos problemas no los resuelve el Estado, los habitantes buscan otras formas de solucionarlos, porque hay problemas con los que no se puede convivir, y ahí es donde otros vienen a suplantar al Estado; mejor dicho, cuando el Estado no es capaz, se forma un estado paralelo para sustituirlo.

Primero pensábamos que esto solo sucedía en los territorios lejanos, donde es muy escasa o nula la presencia Estatal. La realidad es que está sucediendo con mayor fuerza en las ciudades con mayor presencia estatal. Las principales ciudades del país cuentan con cientos de bandas, que dominan territorios urbanos, con vías, colegios, servicios públicos domiciliarios, etcétera, donde imponen su ley, cobran sus tributos, desplazan y asesinan a los que no quieren que estén en sus zonas, además de autorizar o no el ingreso de bienes y personas, entre otras arbitrariedades.

Mejor dicho, algún indicador existirá para medir cuántos colombianos acceden a la justicia del Estado colombiano y cuántos colombianos tienen que acceder a la justicia de los cientos de bandas que manejan territorios, urbanos y rurales en Colombia.

Se supone que el servicio público de la justicia es gratuito, lo que no es tan cierto. Si usted recurre a la justicia sin un abogado, puede terminar más emproblemado de lo que llegó, y para contar con un abogado, toca pagarlo. La consulta puede valer entre $100.000 a $ 1.000.000 / hora, dependiendo del profesional consultado. Si no tiene dinero, que es lo más usual en los estratos 1, 2 y 3, se recomienda buscar los consultorios jurídicos de las Universidades con facultades de Derecho. Algún indicador consolidado nos dirá cuántos casos en las diferentes ramas atienden estos consultorios, pero estoy seguro que no son suficientes, que no dan abasto, como tampoco dan abasto los defensores públicos que asisten en materia penal a los cientos de detenidos, que diariamente capturan los miles de integrantes de la fuerza pública, por delitos mayores y menores, que demandan, entre la captura y la legalización de la misma, ingentes, costosos y congestionadores esfuerzos de policías, investigadores y jueces; también existirán indicadores que permitan saber qué delitos, o conductas menores, podrían someterse a procedimientos más simplificados.

Hay que diseñar estrategias para mejorar el servicio de la justicia, para que sea accesible, incluyente, ágil, rápida, cumplida, etcétera, acompañada de una simplificación de trámites, y ¿por qué no?, de mecanismos de solución alternativa de conflictos; inclusive de la gran cantidad de conflictos que hoy se presentan entre el Estado y los particulares, por las decisiones administrativas, con procedimientos defectuosos, orientados solo a producir resultados a como dé lugar, una especie de falsos positivos, que están aporreando al sector formal de la economía y congestionando el sistema judicial.

Se dice que la demanda de la justicia ha crecido ocho veces en los últimos 20 años, mientras que su presupuesto solo ha crecido tres veces; este es el momento en donde tecnológicamente, ni siquiera está funcionando el expediente electrónico.

Lo único cierto es que la justicia es para los de ruana, como dice el dicho popular; mientras el Estado no pueda ofrecer asistencia jurídica o un sistema de defensa judicial gratuita a los más pobres, ellos no tendrán acceso a su justicia. Por ejemplo, se dice que uno de los factores de congestión más significativo del sistema judicial son los dos millones de procesos ejecutivos que cursan ante los jueces y de esos dos millones de procesos, un millón doscientos mil corresponden a las entidades financieras, que por hacer mal los estudios de crédito, tienen como cobrador, al Estado.

Yo no entiendo porque no se ha dado la reforma a la justicia. Llevamos como cuatro o cinco gobiernos, algunos de ellos con periodos de ocho años, donde las comisiones de expertos tienen más que sobre diagnosticado el problema y han presentado todo tipo de posibles soluciones, todas ellas tendientes a buscar la independencia que requiere la rama judicial, independencia que solo se logrará cuando los magistrados y jueces no representen sectores políticos, cuando los cinco tribunales de cierre (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Nacional de la Judicatura y Justicia Especial para la Paz), todos politizados por su sistema de elección, tengan bien parametrizadas sus funciones para evitar los ya comunes choques de trenes, que impiden poner el punto final a un problema, lo que genera inseguridad jurídica y congestión judicial.

Urgentemente Colombia requiere de la voluntad política del presidente de la República, que convoque a todas las fuerzas políticas y a los sectores formales e informales de la economía, para sacar adelante la anhelada reforma a la justicia. Va a salir primero la reforma a los Código Civil y de Comercio, de unos cinco mil artículos, que la reforma a la justicia que lo aplicará.

Esa convocatoria debe estar volcada a la satisfacción del interés general sobre intereses particulares, para definir una política pública, que permita, además de un golpe certero a la corrupción, llegar eficientemente a todos los colombianos, en todas las regiones rurales y urbanas, evitando la suplantación que las bandas vienen haciendo de ella.