Justicia politizada y permisiva con el delito

Luis Alfonso García Carmona

Cuando la justicia no es imparcial ni eficiente, deja de ser justicia. Durante el régimen de Petro se han agravado sus endémicos males y han surgido nuevos elementos de preocupación:

a. Desafortunada injerencia del poder político en las decisiones judiciales, que se ha visto plasmada en la persecución judicial contra miembros de la Fuerza Pública y destacados líderes de la oposición, tales como Álvaro Uribe Vélez, Juan Felipe Arias y Luis Alfredo Ramos, entre otros. Se aplica un doble rasero con amigos y aliados de Petro acusados de grave delitos relacionados con tráfico de drogas, vandalismo, corrupción o terrorismo, quienes escapan por cualquier medio de la acción de la justicia. Bastaría con investigar si se adelantan con la celeridad debida las investigaciones por los escándalos protagonizados recientemente por personajes como Benedetti, Velasco, Velásquez, Sarabia, Manzur, Roa, el hermano de Petro, el hijo de Petro, Name, Arias, Leyva, y el propio presidente. Recientemente este intercedió a favor de vándalos de la Primera Línea para que fueran liberados.[1]

b. Tolerancia con el execrable delito de narcotráfico, permitiendo la expansión de cultivo, reduciendo las labores de erradicación y otorgando libertad de acción y protección a los capos de las organizaciones criminales.

c. Usurpación de funciones que llega hasta el punto de que el presidente asevera ser el jefe del fiscal general, quien hace parte de la Rama Judicial.[2]

d. Omisión del Gobierno en sus obligaciones de informar a las autoridades judiciales todos los actos delincuenciales presuntamente cometidos por las guerrillas del ELN y FARC y los vándalos de la Primera Línea, y poner a los sospechosos a disposición de los funcionarios competentes.

e. Falta de respeto del presidente con las Cortes, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral por actuar con independencia de su omnímoda voluntad, que le ha valido reprimendas por parte de tales organismos. Como es apenas obvio, tal situación de desorden en la administración de justicia tiene origen en el incumplimiento de los claros mandatos constitucionales, a saber:

·       “Asegurar la justicia” es uno de los fines propuestos en el preámbulo de nuestra constitución.

·       Artículo 121. “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.”

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[1]         https://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/polemica-el-gobierno-petro-insiste-en-liberar-a-presos-de-la-primera-linea-fiscalia-estudia-propuesta-del-ministro-de-justicia/202414/

[2]         https://www.infobae.com/colombia/2023/05/05/acusan-a-petro-de-dictador-y-de-querer-violar-la-division-de-poderes-tras-afirmar-que-el-es-el-jefe-del-fiscal-general-de-la-nacion/

 

¿Invisible mano judicial?

Por José Alvear Sanín*

Desde la Colonia, en Colombia ha habido un poder judicial caracterizado por una lentitud pasmosa. Aquello de que “la demora en la justicia es la mayor injusticia”, no ha rezado nunca con nuestros falladores.

Bien que mal, entre 1821 y el Acuerdo Final de 2016 la justicia era una de las tres ramas del poder público. Se concebía como independiente frente al ejecutivo e imparcial frente a los que a ella acudían. Sus decisiones se presumían ajustadas a derecho y, por tanto, eran predecibles. Además, por aquello de la tridivisión del poder, no invadía las esferas de competencia de los otros dos, el legislativo y el ejecutivo.

Después del llamado “Acuerdo Final”, la justicia se transformó. Por un lado apareció una jurisdicción espuria, a cargo de magistrados escogidos por agentes extranjeros, encargada de fallar a favor de un grupo subversivo y en contra de los que habían defendido al Estado. Esa fue la reforma explícita, pero paralelamente se presentó, de hecho, una reforma implícita, que consistió en llevar a las llamadas “altas cortes” magistrados comprometidos con un proyecto político de extrema izquierda: poco a poco, estos señores hicieron mayoría y luego colocaron individuos de igual calaña en tribunales y juzgados.

En realidad, quien haya observado el sesgo político que impera en el poder judicial, puede concluir que actualmente este se parece a una obediente pirámide jerárquica, cuando antes los diferentes despachos carecían de coordinación funcional.

El mismo observador puede también concluir que la justicia colombiana es bifronte, como Jano. En efecto, los mismos despachos que dejan envejecer por años los negocios, actúan con pasmosa celeridad para producir resultados políticos favorables a la izquierda. Sea ante el más humilde juez de tutela o ante la más encumbrada corte, si lo que se demanda sirve a la revolución, el correspondiente fallo no tarda.

Sin embargo, la huella de cinco siglos de independencia judicial es difícil de olvidar, y entonces todavía algunos acuden a la justicia esperando un fallo legítimo, pero una y otra vez se llevan un palmo de narices, porque se resuelve, con pruebas, sin ellas, o contra ellas, siempre en favor de la izquierda. Esta ha avanzado más en los juzgados que en los sufridos campos de Colombia.

La aprobación judicial del Acuerdo Final, contra la voluntad del pueblo soberano, llevó a las FARC al centro del poder que no habían conseguido por las armas en el medio siglo anterior.

También el observador puede recordar cómo ya no se puede fumigar narco cultivos, ni explorar yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Asimismo, se condena al Estado a indemnizar los daños causados por las bandas subversivas. La extradición de comandantes narcoguerrilleros se traba hasta que logren fugarse, y así sucesivamente. Con docenas de fallos impredecibles y sorprendentes, se acerca el colapso jurídico en un país donde es prácticamente imposible gobernar, por la interferencia abusiva de las cortes, que cada día invaden más áreas.

Si alguien es rotulado como “de derecha”, tiene asegurada la condena, pero si es “progresista”, tiene expedita la absolución, la preclusión o la ceguera judicial.

El caso de Andrés Felipe Arias es especialmente preocupante. Fue condenado a 17 años de cárcel por una posible equivocación de tipo administrativo. Luego, solicitado en extradición invocando un tratado no vigente. Más tarde le fue negada la segunda instancia a la que todos tienen derecho. Y a pesar de esta haberle sido reconocida por una autoridad internacional indiscutible, tendrá que seguir esperando largos años antes de que se le fije fecha para audiencia.

No quiero referirme a la negativa de decretar la preclusión en el caso del expresidente Uribe Vélez (solicitada por Fiscalía y Procuraduría), porque la extraña resolución, ladina, acomodaticia y sin precedentes, causa estupor. ¡Pobre juececita! ¡Si llega a fallar en derecho, puede despedirse de su futuro en la rama!

Ahora bien, he empezado con aquello de la invisible mano judicial, porque revisando tanta actuación política eficaz observo que hay un hilo conductor, un derrotero inexorable, un propósito implícito y una coordinación inocultable para que la justicia actúe monolíticamente dentro de la senda revolucionaria. ¿Actuará también en la densa sombra un grupo de hábiles abogados que suministran a los jueces esos sorprendentes y calculados fallos?

Con sobrada razón Lenin eliminó la independencia judicial para transformar a los jueces en agentes políticos, sometidos a las consignas del partido.

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A 27 días de la primera vuelta el problema ya ni siquiera es Vega. Nadie ha “auditado” el misterioso algoritmo, no habrá tiempo para hacerlo ni lo revisarán expertos intachables. El fraude no se elimina con los cambios cosméticos anunciados para el formulario E-14, ni con afirmaciones de que hay que confiar en las buenas gentes de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, como finalmente le respondieron al Dr. Pastrana Arango. Estamos, pues, indefensos frente al posible fraude electrónico. ¡Quien pierde en las urnas puede ganar en la Registraduría!

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El artículo “Catástrofe en cámara lenta”, de Luis Guillermo Vélez Cabrera, en La República, es de obligatoria lectura para comprender lo que pasará si Petro es presidente.  http://www.lalinternaazul.info/2022/04/30/catastrofe-en-camara-lenta/

Reflexiones acerca del aborto libre hasta los 6 meses

Por: María Cristina Isaza

En la semana 24 el feto ya puede oír, tiene cejas, parpadea, sonríe, da volteretas, se estira y bosteza…

Mi cuerpo mi decisión: no es tu cuerpo, sí es tu decisión. El feto depende de ti, pero es otra vida, otro cuerpo, con otro ADN, la vida de un ser que está en completo estado de indefensión… ¿Quién habla por esa vida? Mi cuerpo, mi decisión es cuando decido mantener relaciones, cuando decido usar un método anticonceptivo, cuando decido que no mantengo relaciones sin usar condón, cuando uso varios métodos de anticoncepción o decido hacerme una ligadura de trompas. Cuando no pude decidir porque fui forzada, hay tres causales ya establecidas desde el año 2006.

¿Qué alguien dependa de ti te hace merecedor de que puedas matarlo?

En Colombia hay tres causales que hacen que el aborto sea prácticamente libre durante las primeras 10 semanas, pues la mujer puede recurrir a Profamilia y aducir que mentalmente no está preparada, entonces ¿por qué esperar hasta los 6 meses para interrumpir un embarazo no deseado? Hay métodos anticonceptivos temporales (incluso gratuitos a los que se pueden acceder desde los 13 años) y definitivos, pastillas de emergencia, tres causales y centros de adopción…

Entonces… ¿Qué necesidad hay?

Con esta ventana de tiempo lo que sí estamos creando es una narrativa y un colectivo imaginario alrededor de que la vida del feto es desechable, estamos normalizando el aborto al hacerlo pasar como un procedimiento quirúrgico cualquiera, sin mayores consecuencias (porque la nueva narrativa anula que realmente estás decidiendo terminar con la vida de otro ser al decir que es tu cuerpo), además de que le decimos a esta sociedad… no tienen que responsabilizarse en la vida por sus acciones, sólo quiten lo que estorba.

Según los colectivos feministas los hombres no deberían opinar en temas como el aborto (lo que me parece una completa falacia), pero siendo así, por qué una decisión que fue tomada mayoritariamente por los hombres y minoritariamente por las mujeres (de las 4 magistradas, solo una votó a favor) es celebrada con júbilo por las feministas… ahora, siendo coherentes, deberían componer un canto agradeciendo al patriarcado de la corte.

Colombia está en manos de unas cortes que no permiten la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, no permiten fumigar cultivos ilícitos y pasan por encima de la democracia para dar curules en el Congreso a guerrilleros, violadores, reclutadores y maltratadores de mujeres. Estas cortes además usurpan las funciones del Congreso elegido por el pueblo.

Por último:

Dicen … “La maternidad será deseada o no será”, pregunto ¿igual para la paternidad?, ¿aplican las mismas reglas?

Me inquietó que una entidad llamada Profamilia celebre tan eufóricamente esta decisión, en vez de promover un llamado a la sexualidad responsable y enaltecer a la familia.

Soluciones reales: más y mejor cobertura en salud, más educación para todos; pero no solo la sexual, también en valores y en responsabilidad individual.

Contrasentido

Por Antonio Montoya H.*

Es una idea, actitud o comportamiento contrario al razonamiento lógico y llamo este articulo así, aun trascurridos ya varios días, por el ominoso fallo de la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, que emitió en el proceso judicial que cursa contra el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, desde el año 2013, por causa de unas acusaciones que se le endilgaron por unos testigos que de todo tienen menos de ser creíbles, y en el cual se condena a siete años nueve meses de prisión y a una elevadísima sanción económica. El proceso continuará porque con seguridad se apelará el fallo condenatorio.

Yo deseo expresarle a la opinión pública, que en ese fallo hay todo menos justicia. La ponderación de las pruebas no es propiamente algo que con certeza amerite la condena, pero, sí considero que nuevamente la Corte Suprema, entra a castigar a un hombre por ideas políticas, con una clara motivación persecutoria contra él y el movimiento político del cual hace parte.

Él ha sido, y seguramente lo continuará haciendo, un trabajador incansable, que antes de participar en la vida pública, se desempeñó con éxito en el sector privado. Defensor de ideas democráticas, profesional del derecho, líder público que militó en las filas del Partido Conservador, lideró su propio grupo con éxito, ocupó cargos como gobernador, alcalde, ministro, embajador y cuando tenía la opción de ser candidato a la presidencia de Colombia fue objeto de un auto de detención que lo tuvo en prisión por más de tres años. Luego salió en libertad, pero ya había pasado la oportunidad de haber sido presidente de Colombia y con el paso del tiempo se dilató la opción y aun hoy se complica por causa del mencionado fallo.

De todo lo que lo acusan, lo que generan es titulares, los testigos falsos, las verdades a media y el proceso mismo, lleva el mismo camino de muchos otros miembros del Centro Democrático, que han sido condenados a purgar años de cárcel, por casos en los que los fallos han sido más de tinte político y vengativo, que a verdaderas causas que realmente estén defendiendo el patrimonio y el interés público. No han podido con el doctor Álvaro Uribe, pero uno tras otro le dan golpes bajos que seguramente le duelen y afectan, porque son sus compañeros de lucha son los que están cayendo en manos de la justicia, no la verdadera, sino la que surge de la politización de la justicia.

Cuántos políticos en su momento no trataron de dialogar con los paramilitares, con los guerrilleros, todos pretendiendo lograr negociaciones que ayudaran a la pacificación del país, todos o casi todos continúan ejerciendo la política, pero al doctor Ramos, no le perdonaron que buscara esa opción de paz, y conllevó a que lo acusen no solo de conversar en esa reunión, sino de acordar apoyos para su movimiento, lo cual, él no necesitaba ya que tenía la fuerza y la moral, para no pactar acuerdos de ese tinte.

Más grave aún, lo que realmente es un contrasentido, es lo que ocurre hoy en el Congreso de la República, por causa del acuerdo de paz, hacen parte de ese máximo organismo de la democracia, asesinos, violadores, terroristas, extorsionadores, secuestradores, que pusieron en jaque y aún persisten en ello al Estado colombiano. No han pagado un solo día de cárcel, causaron dolor, humillación y angustia en miles de hogares colombianos y ellos, allí pavoneándose, burlándose de la justicia y de las personas de bien.

El doctor Luis Alfredo, obviamente no requiere de mi defensa, no la necesita, pero si expreso mi dolor y tristeza por ese tipo de decisiones judiciales que espero sea revocada en la apelación. Lo único cierto que ha hecho, es defender la democracia, tener un buen hogar y liderar a un nutrido grupo que lo siguen en su ideario por un mejor país y lo acompaña hoy en el Centro Democrático.

Deseo que Colombia entienda que el camino que llevamos de pérdida de confianza en las tres ramas del poder en el país, a saber, la rama judicial, la legislativa y el ejecutivo, nos indican claramente que las fuerzas de la izquierda están adueñándose, politizándolas y así será muy difícil recuperar la institucionalidad. Están diezmando a los demócratas y luchadores vigilantes de la defensa de la democracia.

De cara al porvenir: en su justa medida

Por Pedro Juan González Carvajal*

Como ciudadano del común, al observar desprevenidamente el comportamiento de algunos de los miembros que conforman cada uno de los tres poderes públicos en Colombia, llegaría uno fácilmente a la conclusión que los tres poderes nacidos después de la Revolución Francesa como alternativa al poder omnímodo del monarca de turno, están apenas en pañales en términos de fundación, desarrollo y resultados entregados a la fecha, en un país como Colombia.

Lamentablemente los casos de algunos de sus miembros desprestigian a todo el andamiaje, sobre todo porque cuando en Colombia se habla de “casos aislados”, se habla de situaciones repetidas o consuetudinarias que están en cabeza de personajes diferentes, en momentos distintos del tiempo.

Les pregunto yo a mis alumnos en clase: “¿Usted se haría matar por defender el poder judicial en Colombia? La respuesta es NO. ¿Usted se haría matar por defender el poder legislativo en Colombia? La respuesta es NO. ¿Usted se haría matar por defender el poder ejecutivo en Colombia? La respuesta es NO.”

Puede que usted amable lector critique o no esté de acuerdo con la manera como está formulada la pregunta. Lo que sí es cierto es que todos sabemos su trasfondo y lo peor es que por unanimidad, las respuestas reflejan el desprecio, la indiferencia, el descontento, de quien responde (que es la generación que nos ha de relevar) por el accionar de estas mal llamadas instituciones republicanas. Lo que queda como corolario, es qué al no respetar estos poderes, pues no respetamos a la democracia, y si no respetamos a la democracia, pues deberían existir otras opciones, pero como no existen ni se buscan otras opciones, pues estamos sumergidos en un pantanero, en medio del limbo, lo que pone en alto riesgo nuestro frágil proyecto social y político, en caso de que exista.

El principio fundamental de los procesos educativos se llama “ejemplo”. ¿Cuál es el ejemplo que recibimos de manera usualmente generalizada de nuestros congresistas, de nuestros altos magistrados y de quienes ostentan los altos cargos ejecutivos como el presidente, los gobernadores y los alcaldes?

No hay día en que alguno de estos funcionarios públicos no aparezca vinculado a cualquier tipo de escándalo, escándalos que van desde falsificar títulos académicos, manipular condiciones para ocupar algún cargo, acoso sexual, nepotismo, contratos y licitaciones amañados, extralimitación de funciones, chanchullos, malos manejos, prevaricatos y algunos llegando hasta el límite de lo penal.

Repito: todos los días pasa y sigue pasando. ¿Qué pensará un joven ante esta realidad?, ¿qué pensará un extranjero?, ¿qué pasará por la cabeza de un simple ciudadano cuando ve a un magistrado, a un contralor, a un congresista, a un alcalde o a un gobernador esposado en medio de agentes del CTI? ¡Qué vergüenza planetaria! ¡Trágame tierra!

Los norteamericanos todavía no han podido superar lo sucedido con el presidente Nixon y Watergate, quien fue obligado a renunciar al más alto cargo de su Nación, traumatizando, desprestigiando y socavando en lo más profundo el respeto por quien es considerado en esas latitudes como el “papá de todo un país”.

Por otra parte, en Colombia no se conjuga el verbo renunciar, y además, a los implicados usualmente les sucede que caen de para arriba o les dan casa por cárcel o los favorecen con prebendas, o como usualmente sucede, el aparato de justicia presencia atónito pero impasible como hay que dejar en libertad a ciertos personajes por vencimiento de términos, procedimiento usado como estrategia por los más prestigiosos litigantes, lo cual entierra toda posibilidad de creer en el aparato de justicia colombiano.

¡Impunidad, impunidad, impunidad!

¿Para qué pensar en aumento de penas, o en cadena perpetua o en pena de muerte en Colombia si el aparato de justicia no es capaz de aplicar pronta y eficiente justicia?

Nos encanta que todo quede escrito como constancia, para después no tener cómo implementar lo establecido, redondeando el círculo vicioso de que en Colombia todo está previsto en la Constitución y los códigos. En Colombia la Ley se respeta, pero en Colombia la ley no se cumple.

¡Qué cansancio!

NOTA: Para colmo de males, y como para llenar la taza, recientemente hemos sido testigos pasivos de cómo quedan en libertad tres sujetos que nos avergüenzan ante propios y extraños por vencimiento de términos: Francisco Ricaurte exmagistrado de la Corte Suprema por el llamado “Cartel de la Toga”. Carlos Palacino por malos manejos de la EPS Saludcoop y César Mondragón por el mal manejo de las libranzas en Estraval.

La justicia

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

La justicia es un servicio público prestado por el Estado colombiano a todos sus habitantes, para poder solucionar los problemas que se presentan entre ellos y con el Estado. Si esos problemas no los resuelve el Estado, los habitantes buscan otras formas de solucionarlos, porque hay problemas con los que no se puede convivir, y ahí es donde otros vienen a suplantar al Estado; mejor dicho, cuando el Estado no es capaz, se forma un estado paralelo para sustituirlo.

Primero pensábamos que esto solo sucedía en los territorios lejanos, donde es muy escasa o nula la presencia Estatal. La realidad es que está sucediendo con mayor fuerza en las ciudades con mayor presencia estatal. Las principales ciudades del país cuentan con cientos de bandas, que dominan territorios urbanos, con vías, colegios, servicios públicos domiciliarios, etcétera, donde imponen su ley, cobran sus tributos, desplazan y asesinan a los que no quieren que estén en sus zonas, además de autorizar o no el ingreso de bienes y personas, entre otras arbitrariedades.

Mejor dicho, algún indicador existirá para medir cuántos colombianos acceden a la justicia del Estado colombiano y cuántos colombianos tienen que acceder a la justicia de los cientos de bandas que manejan territorios, urbanos y rurales en Colombia.

Se supone que el servicio público de la justicia es gratuito, lo que no es tan cierto. Si usted recurre a la justicia sin un abogado, puede terminar más emproblemado de lo que llegó, y para contar con un abogado, toca pagarlo. La consulta puede valer entre $100.000 a $ 1.000.000 / hora, dependiendo del profesional consultado. Si no tiene dinero, que es lo más usual en los estratos 1, 2 y 3, se recomienda buscar los consultorios jurídicos de las Universidades con facultades de Derecho. Algún indicador consolidado nos dirá cuántos casos en las diferentes ramas atienden estos consultorios, pero estoy seguro que no son suficientes, que no dan abasto, como tampoco dan abasto los defensores públicos que asisten en materia penal a los cientos de detenidos, que diariamente capturan los miles de integrantes de la fuerza pública, por delitos mayores y menores, que demandan, entre la captura y la legalización de la misma, ingentes, costosos y congestionadores esfuerzos de policías, investigadores y jueces; también existirán indicadores que permitan saber qué delitos, o conductas menores, podrían someterse a procedimientos más simplificados.

Hay que diseñar estrategias para mejorar el servicio de la justicia, para que sea accesible, incluyente, ágil, rápida, cumplida, etcétera, acompañada de una simplificación de trámites, y ¿por qué no?, de mecanismos de solución alternativa de conflictos; inclusive de la gran cantidad de conflictos que hoy se presentan entre el Estado y los particulares, por las decisiones administrativas, con procedimientos defectuosos, orientados solo a producir resultados a como dé lugar, una especie de falsos positivos, que están aporreando al sector formal de la economía y congestionando el sistema judicial.

Se dice que la demanda de la justicia ha crecido ocho veces en los últimos 20 años, mientras que su presupuesto solo ha crecido tres veces; este es el momento en donde tecnológicamente, ni siquiera está funcionando el expediente electrónico.

Lo único cierto es que la justicia es para los de ruana, como dice el dicho popular; mientras el Estado no pueda ofrecer asistencia jurídica o un sistema de defensa judicial gratuita a los más pobres, ellos no tendrán acceso a su justicia. Por ejemplo, se dice que uno de los factores de congestión más significativo del sistema judicial son los dos millones de procesos ejecutivos que cursan ante los jueces y de esos dos millones de procesos, un millón doscientos mil corresponden a las entidades financieras, que por hacer mal los estudios de crédito, tienen como cobrador, al Estado.

Yo no entiendo porque no se ha dado la reforma a la justicia. Llevamos como cuatro o cinco gobiernos, algunos de ellos con periodos de ocho años, donde las comisiones de expertos tienen más que sobre diagnosticado el problema y han presentado todo tipo de posibles soluciones, todas ellas tendientes a buscar la independencia que requiere la rama judicial, independencia que solo se logrará cuando los magistrados y jueces no representen sectores políticos, cuando los cinco tribunales de cierre (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Nacional de la Judicatura y Justicia Especial para la Paz), todos politizados por su sistema de elección, tengan bien parametrizadas sus funciones para evitar los ya comunes choques de trenes, que impiden poner el punto final a un problema, lo que genera inseguridad jurídica y congestión judicial.

Urgentemente Colombia requiere de la voluntad política del presidente de la República, que convoque a todas las fuerzas políticas y a los sectores formales e informales de la economía, para sacar adelante la anhelada reforma a la justicia. Va a salir primero la reforma a los Código Civil y de Comercio, de unos cinco mil artículos, que la reforma a la justicia que lo aplicará.

Esa convocatoria debe estar volcada a la satisfacción del interés general sobre intereses particulares, para definir una política pública, que permita, además de un golpe certero a la corrupción, llegar eficientemente a todos los colombianos, en todas las regiones rurales y urbanas, evitando la suplantación que las bandas vienen haciendo de ella.

El apólogo de la rana

Por José Alvear Sanín*

Es bien conocido el destino de la rana dentro de una vasija a la que se le aplica progresivo calor. Su primera sensación es de bienestar, como si hubiera salido el sol, pero a medida que aumenta la temperatura, el animalito va perdiendo el sentido, hasta que llega la muerte, si una mano no interviene para sacarla a tiempo.

Este símil se aplica a la Colombia actual, que se debate en la inmensa charca del derecho colombiano, al que diariamente se le añaden leyes, decretos, sentencias, resoluciones, conceptos, que aumentan la temperatura de esas aguas fétidas. No todos esos actos jurídicos tienen la misma carga térmica, el mismo propósito revolucionario, pero entre tantos sobresalen las continuas violaciones de la Constitución, perpetradas por los órganos que deberían defenderla.

A partir del desconocimiento del resultado del plebiscito, estamos viviendo dentro del golpe de Estado permanente o, como diría el doctor Jesús Vallejo Mejía, en un régimen de facto. En realidad, la Carta ha sido suplantada por un tal “acuerdo final”, que no es tratado internacional, ni reforma constitucional, ni ley de la República, que fue rechazado por el pueblo, pero birlando todos los postulados internacionales, fue “aprobado” mediante una simple proposición como aquellas con las que “se saluda a un visitante, se discute el orden del día o se une el Congreso a la celebración de las ferias que en el país abundan”, como lo acaba de resumir magistralmente Fernando Londoño Hoyos (junio 2/ 2019).

El increíble resultado de esa seguidilla de gravísimas violaciones de la Constitución es el régimen supraconstitucional que nos rige y maniata al gobierno. Si este no se anula, condena a la República a morir ahogada en el pantano o cloaca de aguas turbulentas y purulentas, donde al calor revolucionario de sus enemigos, se van adormeciendo su conciencia y su capacidad de reacción, porque cada decreto, cada ley, cada nueva sentencia dentro de este “nuevo derecho” torcido, tóxico y delictual aumenta la temperatura que conduce al sopor agobiante y letal de la agonizante democracia.

Ahora una digresión: para terminar el canal de Panamá, Ferdinand de Lesseps se vio obligado a pagar enormes sobornos, lo que no impidió la quiebra de su compañía. El juge d´instruction le preguntó por qué razón no había acudido a los ministros, y el viejo empresario respondió que ¡eran los ministros quienes exigían los sobornos!

Afortunadamente, el gobierno de Duque, al contrario del anterior, no acostumbra sobornos, pero a quien pregunte por qué no se acude a las “altas cortes” para que cesen las violaciones de la Constitución, habrá que responderle que son precisamente esos pomposos tribunales los que violan sistemáticamente la Carta, las leyes, el derecho internacional y los principios jurídicos fundamentales, teleguiadas para colaborar en la “hoja de ruta” marxista-leninista establecida por Timo y Santos, para conducir el país a un estado castrista.

La concatenación de sentencias inauditas de la JEP, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, para resolver en una semana todo lo requerido para que el Honorable Representante Santrich pueda posesionarse no es, desde luego, la más grave violación de todo el derecho, porque está dentro de la línea que sigue la magistratura desde que colaboró en el robo del plebiscito y el establecimiento de todas las normas requeridas para la implementación del AF. Esta actuación es apenas lo que se esperaba desde hace un año; y lo grave es que ya el país empieza a acostumbrarse a la presencia de ese individuo en el Congreso. Así sube un grado más la temperatura…

Como todos los mecanismos constitucionales y legales para romper la camisa de fuerza tropiezan con las omnipotentes cortes, que se han arrogado el manejo supremo del Estado hasta llegar a afirmar que la Carta es lo que ellas dicen, la República no tiene esperanza distinta de la aparición de un brazo poderoso que la saque a tiempo del hirviente albañal en el que se ahoga.

No hay tiempo para más inútil carreta.

Me molesta

Por Antonio Montoya H.*

Y mucho, que la Corte, el Consejo de Estado y la misma JEP, estén como la esfinge de la justicia, con una venda negra que impide mirar el horizonte y más grave aún, que hace que olviden el presente y tomen decisiones catastróficas, contra toda evidencia, por una simple razón, porque la justicia da tumbos, no tiene un norte, no se respeta la jurisprudencia, oscilan sus fallos de acuerdo al vaivén  que va tomando el país, que casi todos lo sabemos y negamos esa realidad, que no es otra que el de la izquierda visceral del odio y el poco aporte.

Pero, más que lo anterior me molesta ver a Santrich, ahora sí erguido, levantando la mano, con aire triunfador, exuberante de salud y no como hace quince días, en silla de ruedas, como una víctima subiendo al cadalso, directo a la clínica porque estaba al borde del colapso y esa actuación no era sino una payasada más, de las muchas que permanentemente realiza la izquierda colombiana. Es como la de Márquez, El Paisa, arrogantes, no sometiéndose a la justicia, y diciendo que no hubieran entregado las armas; pues que las cojan y que se vayan al monte, que por las armas intenten lograr algo de lo que no pudieron ganar en 55 años de conflicto. Con Santos lo lograron en una paz espuria, no ganada ni en las armas ni en votación libre. Son comportamientos de uno y otro que hacen ver una sola verdad, y es que nos creen estúpidos, que a punto de cuento nos van a convencer que aceptan el ejercicio de la democracia.

Molesta, que la juventud coma cuento. Tal vez entiendo la razón, que es la de ver el pobre espectáculo que dan en el congreso personas como Roy Barrreras, Benedetti, y otros senadores y representantes que piensan en el interés personal y no en el desarrollo de la sociedad.

Molesta, que la historia de este país se desconozca, que la repitamos y de una y otra forma sea la misma, muerte, venganza, odio y más violencia.

Molesta, que para ser candidato a las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, la mayoría, habiendo sido miembros de los partidos, busquen el aval por firmas. ¿Dónde quedaron los partidos que es la base de la democracia?, ya sean liberales, conservadores, verdes, del polo o cualquier otra  denominación que se le quiera dar. Una democracia para que sobreviva, requiere de la disciplina, orden y trabajo de los partidos; lo cual hoy, junio 3 de 2019, es inexistente.

Molesta que la izquierda, critique, acuse, despotrique de la sociedad colombiana, que no cejen en su empeño malicioso y molesto de no aportar y apostarle a la catástrofe, para ellos convertirse en los salvadores de la unidad nacional.

Por último, invito a los que quieren un cambio de rumbo del país, a que den una mirada a los países que han tenido gobiernos de izquierda en los últimos 20 años, qué desarrollo tienen, qué infraestructura han implementado, cómo está el turismo, el empleo, la educación y su sector empresarial, y luego decidan con criterio si es bueno ese rumbo y puedan llegar a una conclusión clara y precisa, antes de caer en las garras del populismo.

Insisto

Por Antonio Montoya H.*

Recientemente en un artículo hablé crudamente sobre la inoperancia de la justicia nuestra, y de lo poco que da resultados frente a los diversos y frecuentes delitos que se cometen. Me permití, remitiéndome a años pasados, enumerar una serie de actos de corrupción, crímenes y otras acciones delictuosas que no han tenido fin; sí, muchos avisos y comentarios de prensa, pero no consecuencias reales frente a los delincuentes del sector público y privado que han acabado con las fuentes de ingresos del Estado, robando los dineros públicos, utilizando triquiñuelas jurídicas para beneficiarse ellos y el grupo de  delincuentes que los acolitan y los que matan, violan y roban y que aún están campantes en las calles de las ciudades.

Basta ya de dilaciones, no abusen de la paciencia ciudadana, fiscal general, magistrados de las altas cortes, jueces, investigadores judiciales, por favor no engaveten en los anaqueles y escritorios los documentos y expedientes que contienen las investigaciones, juzguemos y condenemos.

Si el país no ve acciones contundentes y claras frente a los corruptos no habrá paz ni justicia legal; se promoverá la justicia que hoy está en boga, creciendo como la espuma, y es la de la justicia social por las propias manos, desbocada, sin posibilidades de control, que actúa bajo la acción de las masas promovidas por personas que bajo la ira, la pasión, el odio, la venganza, solucionan los problemas por sus propios medios. Es así como vemos diariamente, en barrios, en municipios y ciudades, que, en casos como violaciones, atracos, víctimas de la violencia familiar, los que perciben esos actos salen armados de palos, piedras y lo que encuentren para acabar con ellos, para evitar que sean detenidos y sueltos posteriormente a las tres horas o pocos días después, sin recibir sanción alguna.

Ese fenómeno social de justicia privada debe terminar y con seguridad se puede lograr, sino sigue imperando la decidía, la inoperancia y la lentitud judicial a todos los niveles.

Casos recientes que molestan a la sociedad son los de los Nule, que ya están por fuera de la cárcel, no han devuelto dineros, o los de aquel político que no tiene dinero, debe al Estado pero anda en carros de lujo; o el del senador, hermano del alcalde ya en su casa, sin pena ni gloria, cuando él y sus compinches se robaron un departamento y luego siguió con la capital de Colombia, erosionando el patrimonio de los habitantes, o aquellos que pegan, maltratan a sus compañeras, esposas o novias; o el de un candidato a la alcaldía de Bogotá, el artista que casi mata a su novia a patadas, o el periodista que ya en dos ocasiones ha sido violento con su esposa, en fin, todos son actos de conocimiento público, repetitivos, sin consecuencias, que solo, como lo dije anteriormente, salen a la luz pública porque el periodismo ya sea radial o escrito lo comunica, pero, ellos mismos a los dos días lo olvidan porque la noticia diaria así lo obliga y la vida debe seguir.

Nosotros, los ciudadanos no nos contentamos con la noticia, ni con la simple detención de los causantes de los delitos, queremos y exigimos justicia, no la divina, sino la terrenal, que podamos verla y que ella, por grave que sea, permita que los delincuentes se abstengan de terminar con este país y sus ciudadanos. Insisto en una pronta y eficaz justicia, no a las investigaciones exhaustivas que no conducen a nada.