NeoJuris

Por José Alvear Sanín*

Veíamos la semana pasada cómo con la Neolengua las palabras se construyen con fines políticos, para dirigir y controlar el pensamiento. En la práctica, los vocablos terminan significando todo lo contrario de lo que expresaban desde tiempo inmemorial. El primer ejemplo es el Ministerio del Amor, encargado del odio…

Decíamos también que en la rama judicial se vislumbraba nuestro futuro Ministerio del Amor; pero un buen amigo me dice que me equivoco, que el poder judicial ya ejerce plenamente ese Ministerio orwelliano.

Reflexionando sobre el pasado reciente del poder judicial encontramos de continuo, a partir de 2016, sentencias nefandas pero obligantes, que trastocan absolutamente el derecho. Aunque la rama tiene cuatro órganos supremos ‒Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado y JEP‒, actúa como un solo cuerpo, al igual de la Hidra, monstruo horripilante de varias cabezas, pero guiadas por un propósito único y terrible.

En la JEP, todos sus “magistrados” fueron escogidos por y para el servicio de las FARC, mientras en las otras tres “altas cortes”, apenas la mayoría es ostensiblemente mamerta, pero, en consecuencia, impone siempre la línea política conducente a socavar el estado de derecho y avanzar en el camino de la revolución.

La anterior situación no es percibida por las buenas gentes, formadas en el respeto secular por los tribunales, pero si enumeramos apenas los fallos más aberrantes, vemos que la palabra justicia, ahora, realmente significa prevaricato.

En efecto, desde el punto de vista del derecho, ¿qué cosa distinta de prevaricatos son ciertas sentencias?:

·         La que aceptó suplantar la decisión del pueblo soberano en las urnas, por una simple proposición ilegal, aprobada por las cámaras.

·         La que autorizó el “fast track” para expedir a las volandas y contra la Constitución docenas de leyes a favor de la subversión.

·         La que llamó a juicio por fraude procesal al doctor Uribe y excarceló a quien este había acusado con razón. De allí se siguió un proceso en el que la Corte Suprema violó deliberadamente todos los principios penales y las leyes procesales; además, las “pruebas” se inventaron.

·         La que despenalizó el aborto.

·         Las que obstaculizaron la extradición de un narcoterrorista, lo liberaron e hicieron posible su fuga.

·         Las que han invadido las competencias del Congreso, convirtiendo la Corte Constitucional en poder legislativo.

·         Las que obstruyen las funciones del gobierno y convierten a los jueces, empezando por los de tutela, en poder ejecutivo.

·         Las que inhiben la lucha contra el narcotráfico.

·         Las que obstaculizan la explotación de los recursos naturales.

·         Las que niegan las objeciones del poder ejecutivo a leyes inconstitucionales favorables a la subversión.

·         La que obsequia 16 curules a la revolución, eliminando el carácter representativo de la Cámara, y convierte a sus mayorías en rehenes del Secretariado.

·         Las que obstaculizan el restablecimiento del orden público.

·         Las que ponen en desventaja a la policía frente a los terroristas.

·         Las que condenan a priori a los funcionarios públicos de un gobierno y las que absuelven arbitrariamente a los políticos subversivos.

No quiero cansar al lector. Basten estos 14 ejemplos para reconocer que, si en Colombia volviese a imperar el derecho, las cárceles estarían repletas de jueces y magistrados.

La realidad, que tantos ilusos se resisten a aceptar, es que ahora en el país rige el NeoJuris o NeoLegis, cuya carta es el Acuerdo Final, sus principios generales son los de Lenin, Gramsci y Vishinski; sus códigos son las sentencias de la Corte Constitucional y sus oficiantes forman un órgano al servicio de la revolución, pluriforme pero jerárquico, unánime y disciplinado, que ya ejerce los tres poderes públicos, porque de la tridivisión clásica hemos pasado al poder monista del marxismo cultural y la praxis revolucionaria.

¡Y todo esto se acata! ¡Y se seguirá acatando!

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Ya el títere analfabeto notificó a los peruanos que la prioridad de “su gobierno” es la reforma constitucional.

Ojalá la nueva lección peruana no siga la triste suerte de la lección venezolana, que ya no nos inmuta.

¡Nos quedan diez meses…!

Una justicia monitoreada

Por José Alvear Sanín*

Antes de la paulatina y metódica toma de posesión de la justicia por parte de una cábala extremo-izquierdista de la cual dependen nombramientos, ascensos y destituciones, la rama obedecía a la Ley. Esta se interpretaba dentro de unos venerables principios generales, para que la justicia obrase de manera independiente, imparcial, siempre dentro de los parámetros legales. Quien acudía ante los jueces lo hacía dentro de relativa incertidumbre. Si el resultado le era adverso, la apelación le permitía confiar en la sabiduría y ecuanimidad del escalón superior.

En este modelo legal, el de la tridivisión del poder público, el juez es “soberano”, en el sentido de que únicamente recibe órdenes de la majestuosa Ley. En cambio, dentro del modelo leninista, los jueces son ejecutores de las políticas del partido, están al servicio de la revolución y, entonces, son simples funcionarios al servicio de un engranaje totalitario.

En Colombia, todavía la Constitución y los códigos derivan del modelo civilizado de la filosofía perenne, cristalizado en la democracia liberal, mientras el personal judicial viene siendo escogido dentro de quienes adhieren a principios diametralmente diferentes, convirtiendo la rama en instrumento eficaz para el advenimiento de un “orden nuevo”.

La toma de la rama jurisdiccional ya se ha completado. Al principio, las decisiones por fuera de la ley emanadas de “altas cortes” cada vez más audaces, causaban sorpresa e indignación por su parecido con el prevaricato, pero a medida que se hacían más frecuentes, por aquello de que “la costumbre hace la ley”, el país se adaptó a todo, hasta el punto de que, a pesar de que la “justicia” ha llegado justamente a ser la institución más desprestigiada, se sigue exigiendo de manera virulenta respeto por fallos tan alejados de la ley y del deber ser como los que derogaron el rechazo del pueblo al “acuerdo final”, los que consagran la impunidad de los delitos de lesa humanidad, la conexidad de los delitos sexuales con los políticos, la creación de una corte donde se presume la inocencia de los terroristas y la culpabilidad de los agentes del orden, la no extradición de narcoterroristas, la interdicción de la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, la legalización del aborto, la desfiguración de la familia, etcétera.

A medida que estos fallos se imponen, las cortes usurpan las funciones de las otras ramas, porque ahora juzgan, legislan y administran, hasta llegar a la dictadura judicial que nos agobia. Las cuatro “altas cortes” actúan coordinadamente dentro de una especie de ballet judicial, porque el prevaricato de una se completa con el de otra.

Pero allá, en esas alturas enrarecidas, no para el asunto, porque siempre que una actuación judicial —desde tutelas, sentencias de juzgados municipales y de tribunales de distrito, hasta las cortes bogotanas—, pueda ser empleada en favor de la subversión y el desorden, la decisión deja de ser jurídica para convertirse en política, se dicta con pasmosa celeridad y tiene asegurada su confirmación si es apelada, mientras millones de procesos tardan años y años.

Esa asombrosa unanimidad político-judicial no puede lograrse sin estrecha coordinación. El poder judicial se ha unificado. Ya no se registran multitud de operadores soberanos, imparciales, ecuánimes, etcétera, porque lo que ahora existe es una maquinaria implacable, cuyas decisiones son siempre predecibles dentro de una línea política que las hace igualmente tóxicas, sean de la Corte Suprema, de la Constitucional, del Consejo de Estado o de la JEP, porque todas siguen el mismo libreto.

Observando la unísona conducta de esos órganos, uno se ve obligado a “inferir” que están monitoreados. No olvidemos que el monitor era aquel que, en el foro, guiaba al orador y le presentaba los documentos… Y aquí la monitoría, plural, sigilosa y anónima, guía eficazmente a los operadores judiciales. Algunas veces se revela, como cuando el senador Cepeda ejerce esa monitoría para cobrar la cabeza del doctor Uribe Vélez, que, si sale de la órbita de la CSJ, pasará a una Fiscalía también monitoreada.

En efecto, el encargado del caso Uribe es el fiscal delegado ante la Corte Suprema, que se apresura a decir que en los “próximos días se hará un estudio del caso para definir un método de tránsito entre los dos sistemas procesales” y bla, bla, bla. A continuación, se ha informado que son “ciento cincuenta funcionarios los que trabajarán en la investigación contra el expresidente”, entre policía judicial, investigadores y fiscales.

Entonces, para resolver un asunto que requiere media tarde de estudio, el fiscal general delega en un subalterno, carente legalmente de autonomía, y este a su vez organiza un mecanismo de 150 personas para superar las peores pesadillas kafkianas.

¡Dudo que siquiera el Tribunal de Nuremberg haya necesitado tamaña tropilla de golillas!

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Tengo el privilegio de conservar un video que recoge las últimas recomendaciones del doctor Mariano Ospina Hernández en su último cumpleaños, que miro y remiro porque él, a la manera de Sócrates, indagaba con sencillez y profundidad. A lo largo de casi 50 años pudimos seguir su invariable preocupación ante las tres pobrezas —económica, mental y moral— que aquejan al país, y que para él debían superarse dentro de los principios imperecederos del cristianismo y la democracia, sin claudicaciones, luchando siempre por lograr su expresión mayoritaria en las urnas.

Esa misma inspiración la encuentro, afortunadamente, en el programa de la promisoria Alianza para la Reconstrucción de Colombia, orientada por el doctor Luis Alfonso García Carmona y llamada a expresar los ideales democráticos con la claridad y la concisión necesarias para llegar a todas las capas de la sociedad colombiana.

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Un atento lector de La Linterna Azul, desde Madrid nos advierte que sin justicia no puede haber democracia, y por lo tanto, nos recomienda dar la máxima prioridad a la recuperación del poder judicial, como una de las ideas centrales en la lucha por el rescate institucional del país.

La justicia

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

La justicia es un servicio público prestado por el Estado colombiano a todos sus habitantes, para poder solucionar los problemas que se presentan entre ellos y con el Estado. Si esos problemas no los resuelve el Estado, los habitantes buscan otras formas de solucionarlos, porque hay problemas con los que no se puede convivir, y ahí es donde otros vienen a suplantar al Estado; mejor dicho, cuando el Estado no es capaz, se forma un estado paralelo para sustituirlo.

Primero pensábamos que esto solo sucedía en los territorios lejanos, donde es muy escasa o nula la presencia Estatal. La realidad es que está sucediendo con mayor fuerza en las ciudades con mayor presencia estatal. Las principales ciudades del país cuentan con cientos de bandas, que dominan territorios urbanos, con vías, colegios, servicios públicos domiciliarios, etcétera, donde imponen su ley, cobran sus tributos, desplazan y asesinan a los que no quieren que estén en sus zonas, además de autorizar o no el ingreso de bienes y personas, entre otras arbitrariedades.

Mejor dicho, algún indicador existirá para medir cuántos colombianos acceden a la justicia del Estado colombiano y cuántos colombianos tienen que acceder a la justicia de los cientos de bandas que manejan territorios, urbanos y rurales en Colombia.

Se supone que el servicio público de la justicia es gratuito, lo que no es tan cierto. Si usted recurre a la justicia sin un abogado, puede terminar más emproblemado de lo que llegó, y para contar con un abogado, toca pagarlo. La consulta puede valer entre $100.000 a $ 1.000.000 / hora, dependiendo del profesional consultado. Si no tiene dinero, que es lo más usual en los estratos 1, 2 y 3, se recomienda buscar los consultorios jurídicos de las Universidades con facultades de Derecho. Algún indicador consolidado nos dirá cuántos casos en las diferentes ramas atienden estos consultorios, pero estoy seguro que no son suficientes, que no dan abasto, como tampoco dan abasto los defensores públicos que asisten en materia penal a los cientos de detenidos, que diariamente capturan los miles de integrantes de la fuerza pública, por delitos mayores y menores, que demandan, entre la captura y la legalización de la misma, ingentes, costosos y congestionadores esfuerzos de policías, investigadores y jueces; también existirán indicadores que permitan saber qué delitos, o conductas menores, podrían someterse a procedimientos más simplificados.

Hay que diseñar estrategias para mejorar el servicio de la justicia, para que sea accesible, incluyente, ágil, rápida, cumplida, etcétera, acompañada de una simplificación de trámites, y ¿por qué no?, de mecanismos de solución alternativa de conflictos; inclusive de la gran cantidad de conflictos que hoy se presentan entre el Estado y los particulares, por las decisiones administrativas, con procedimientos defectuosos, orientados solo a producir resultados a como dé lugar, una especie de falsos positivos, que están aporreando al sector formal de la economía y congestionando el sistema judicial.

Se dice que la demanda de la justicia ha crecido ocho veces en los últimos 20 años, mientras que su presupuesto solo ha crecido tres veces; este es el momento en donde tecnológicamente, ni siquiera está funcionando el expediente electrónico.

Lo único cierto es que la justicia es para los de ruana, como dice el dicho popular; mientras el Estado no pueda ofrecer asistencia jurídica o un sistema de defensa judicial gratuita a los más pobres, ellos no tendrán acceso a su justicia. Por ejemplo, se dice que uno de los factores de congestión más significativo del sistema judicial son los dos millones de procesos ejecutivos que cursan ante los jueces y de esos dos millones de procesos, un millón doscientos mil corresponden a las entidades financieras, que por hacer mal los estudios de crédito, tienen como cobrador, al Estado.

Yo no entiendo porque no se ha dado la reforma a la justicia. Llevamos como cuatro o cinco gobiernos, algunos de ellos con periodos de ocho años, donde las comisiones de expertos tienen más que sobre diagnosticado el problema y han presentado todo tipo de posibles soluciones, todas ellas tendientes a buscar la independencia que requiere la rama judicial, independencia que solo se logrará cuando los magistrados y jueces no representen sectores políticos, cuando los cinco tribunales de cierre (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Nacional de la Judicatura y Justicia Especial para la Paz), todos politizados por su sistema de elección, tengan bien parametrizadas sus funciones para evitar los ya comunes choques de trenes, que impiden poner el punto final a un problema, lo que genera inseguridad jurídica y congestión judicial.

Urgentemente Colombia requiere de la voluntad política del presidente de la República, que convoque a todas las fuerzas políticas y a los sectores formales e informales de la economía, para sacar adelante la anhelada reforma a la justicia. Va a salir primero la reforma a los Código Civil y de Comercio, de unos cinco mil artículos, que la reforma a la justicia que lo aplicará.

Esa convocatoria debe estar volcada a la satisfacción del interés general sobre intereses particulares, para definir una política pública, que permita, además de un golpe certero a la corrupción, llegar eficientemente a todos los colombianos, en todas las regiones rurales y urbanas, evitando la suplantación que las bandas vienen haciendo de ella.

Contradicciones

Por Antonio Montoya H.*

Colombia es un país contradictorio, nosotros, los ciudadanos, también lo somos. Nos la pasamos pidiendo acción, claridad, gestión y cuando eso que es tan escaso se da ya la consideramos equivocada, errónea y la criticamos fuertemente.

Me voy a referir a tres casos puntuales en los que la justicia colombiana, específicamente el Consejo de Estado, alto tribunal de la rama judicial, se pronunció y emitió tres sentencias que afectaron a tres altas personalidades. Con dos de los fallos perdieron la curul Antanas Mockus y Ángela Robledo; en el otro, la decisión fue favorable y se salvó la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez.

Me atrevo a decir que las tres decisiones fueron acertadas, no obstante, los de la izquierda, comunistas y demás, corren a opinar lo contrario, porque casualmente las tres sentencias fueron adversas a sus intereses políticos. Aclaro no estoy defendiendo interés alguno en el tema y no tomo partido, por ello, para que los ciudadanos con calma puedan comprender la magnitud de lo ocurrido, enunciaré los elementos de cada uno de los casos y así, al final, tomarán su propia decisión frente a la pérdida de investidura de dos de ellos y a la conservación de la misma en el tercer caso.

Caso Antanas Mockus: se da la nulidad de la elección porque se demostró que Samuel Murrain, director ejecutivo de Corpovisionarios, había firmado con el Estado un contrato, que es igual a decir que se comprobó que actuó a nombre y representación de Antanas Mockus, quien era el representante legal de dicha firma. Aunque fue por un alto valor esto no tiene incidencia, lo que sí es de relevancia y objeto de la nulidad de la elección es que se dio cuatro meses antes de las elecciones al Congreso y violó de una manera clara la norma sobre contratación. Es cierto y no admite duda en contrario que se firmó el contrato violando normas y por eso fue la nulidad de la elección.

Caso Ángela Robledo: se demandó por la figura jurídica de la doble investidura al cambiar del Partido Verde a la Colombia Humana, sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Para cumplir la norma y no perder la investidura debió renunciar al Partido Verde doce meses antes de presentarse como candidata a la vicepresidencia por el movimiento Colombia Humana, lo cual se convierte en un hecho evidente, que tampoco admite discusión alguna, y por ende, probada la causal, la consecuencia es la pérdida de investidura.

Caso Marta Lucía Ramírez: fue demandada por las mismas razones que Ángela María Robledo y por ende se buscaba la pérdida de investidura, pero el de uno y otro fueron casos distintos, diferencia que fundamentalmente radica en que la vicepresidenta no ocupaba ningún cargo de elección antes de postularse, su origen fue distinto y de esa forma no tenía que renunciar a nada.

En conclusión, tres casos diferentes fallados coherentemente. Así y todo, hay inconformismo. Dicen unos que se busca acabar con la oposición, afirmación que no tiene sustento alguno. Se falló con base en requisitos previamente establecidos, y fue por cuenta propia que perdieron la curul quienes la perdieron, porque desde el principio se les dijo lo que podía ocurrir, porque incumplieron con las reglas del juego. Aun así, no han tenido la dignidad de reconocer su error y aceptar que la justicia operó en debida forma. Otros dicen que son fallos amañados, pero no prueban por qué.

En estos casos se falló pronto, para unos en justicia, para otros no, pero, la independencia de la justicia se vio, no admite duda. Lo que debemos invitar es a que se acepten los fallos y se corrijan los errores cometidos porque de lo contrario los volverán a cometer.

Esta semana tendremos un nuevo round, esta vez en el Congreso, donde se debatirán las objeciones, si ganan los que están a favor de no tener en cuenta las seis (6) objeciones presidenciales saldrán a decir que ganó la justicia, si se logra aceptar alguna objeción dirán que se está en contra de la paz. Por mi parte solicito respeto a las decisiones, sean favorables o no, porque esa es la única forma de creer en la justicia y en el Congreso de la República.