A grandes males...

Por: Luis Alfonso García Carmona

Los execrables acontecimientos de los últimos días evidencian –aún más, si ello es posible– la descomposición general de la sociedad colombiana bajo el poder dictatorial de una banda criminal que hace todo lo necesario para confirmar el fraudulento origen de su inválido mandato.

Sufrió la Corte Suprema de Justicia, por segunda vez, después de la masacre perpetrada por el M-19 en 1985, el ataque de las fuerzas convocadas por el Gobierno Petrista para presionarla, en forma ilegal, inconstitucional y punible, con el fin de que a la mayor brevedad tome la decisión de elegir una fiscal general de bolsillo que requiere con urgencia el sátrapa enredado en sus violaciones a los topes de gastos fijados por Ley para la campaña presidencial.

En su maléfico entendido de que él es el jefe del fiscal general, como lo ha manifestado el propio Petro, pretende en forma dictatorial apropiarse de la administración de justicia y, para tal efecto, se permitió convocar a las fuerzas populares para presionar la adopción de tal designación, para lo cual solicitó la colaboración de Fecode, el sindicato de maestros comunistas que desde el 2021 lo viene acompañando en la subversiva tarea de incendiar el país, atacar las instituciones e imponer por la fuerza y la mentira sus falaces doctrinas marxistas.

No solamente hemos abandonado el Estado de derecho, sino que el Estado mismo ha perdido su prioritaria razón de ser, cual es garantizar la seguridad de la población. Ahora la población vive a merced de las bandas de narcotraficantes patrocinadas por el régimen, de los vándalos y sicarios que están siendo organizados y armados como “colectivos” al servicio de los intereses del sátrapa, de las hordas guerrilleras que imponen su ley en gran parte del territorio nacional y usufructúan toda clase de beneficios estatales y, en general, de los corruptos y delincuentes de todas las calañas que gozan de la más absoluta impunidad obtenida con sus servicios de apoyo al partido de Gobierno.

No obstante, algo ha cambiado en los últimos meses: todas las encuestas arrojan una tendencia de caída en la favorabilidad del régimen. Los conciertos, espectáculos deportivos y reuniones masivas van acompañadas del clamor nacional de un extremo a otro del país: ¡Fuera Petro, fuera! En las elecciones regionales el poder soberano del pueblo propinó una monumental derrota a los candidatos afines a Petro y a sus aliados, indicándoles de manera contundente el rechazo total con su gestión.

Como colofón, la gran movilización anunciada por el Petrismo, constituyó un vergonzoso fracaso. A pesar de la licencia concedida a empleados públicos para asistir a las manifestaciones y la coordinación solicitada al M-19, Fecode, Pacto Histórico y demás aliados del Gobierno, solo unos pocos viandantes fueron sorprendidos por las cámaras en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

En contraste con esta espontánea, masiva y desinteresada actitud de las mayorías, continúa la representación política ignorando tamaña evidencia. Puede más el vil soborno que los convierte en prevaricadores que se niegan a tramitar el juicio por indignidad contra Petro por la violación de topes en la campaña electoral.

Son de una inmensa gravedad los males que nos aquejan. De igual manera deben ser los remedios a este desastre.

No pueden remediarse con insulsas declaraciones de los jefes políticos que nada están haciendo para impulsar la remoción del sátrapa a través del juicio ante el Congreso. Tampoco representan una suficiente fuerza las peticiones del sector privado para que se garantice el cumplimiento de la Constitución y las Leyes por parte de un Gobierno que no ha estado interesado en actuar dentro del Estado de derecho. Y, con todo respeto, las Cortes y demás despachos judiciales deben pronunciarse a través de fallos y resoluciones ordenando la investigación de los posibles actos delictivos cometidos, como el de la asonada, descrito puntualmente en el Código Penal, y no mediante etéreos comunicados a la opinión pública.

Nos queda a los colombianos de a pie seguir cumpliendo con nuestros deberes con la Patria y con el futuro de nuestras familias:

1.-Asistamos a la movilización del 27 de febrero para pedir que se adelante dentro de los términos legales el juicio contra Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

2.- Unámonos dentro de una gran fuerza libre e independiente de los partidos políticos para que derribemos este régimen Petrista, organicémonos para ganar el poder en el 2026, restauremos nuestros principios y valores democráticos y reconstruyamos el país destruido por la izquierda radical dirigida por el guerillero Gustavo Petro.

3.- Seguimos a la espera de constituir un grupo coordinador compuesto por “los 300” líderes colombianos que, desde diferentes regiones y actividades, nos unamos, como los 300 espartanos que vencieron al ejército más poderoso de la tierra. Ya una docena de patriotas han ofrecido su concurso y esperamos lo hagan otros en los próximos días.

¿Invisible mano judicial?

Por José Alvear Sanín*

Desde la Colonia, en Colombia ha habido un poder judicial caracterizado por una lentitud pasmosa. Aquello de que “la demora en la justicia es la mayor injusticia”, no ha rezado nunca con nuestros falladores.

Bien que mal, entre 1821 y el Acuerdo Final de 2016 la justicia era una de las tres ramas del poder público. Se concebía como independiente frente al ejecutivo e imparcial frente a los que a ella acudían. Sus decisiones se presumían ajustadas a derecho y, por tanto, eran predecibles. Además, por aquello de la tridivisión del poder, no invadía las esferas de competencia de los otros dos, el legislativo y el ejecutivo.

Después del llamado “Acuerdo Final”, la justicia se transformó. Por un lado apareció una jurisdicción espuria, a cargo de magistrados escogidos por agentes extranjeros, encargada de fallar a favor de un grupo subversivo y en contra de los que habían defendido al Estado. Esa fue la reforma explícita, pero paralelamente se presentó, de hecho, una reforma implícita, que consistió en llevar a las llamadas “altas cortes” magistrados comprometidos con un proyecto político de extrema izquierda: poco a poco, estos señores hicieron mayoría y luego colocaron individuos de igual calaña en tribunales y juzgados.

En realidad, quien haya observado el sesgo político que impera en el poder judicial, puede concluir que actualmente este se parece a una obediente pirámide jerárquica, cuando antes los diferentes despachos carecían de coordinación funcional.

El mismo observador puede también concluir que la justicia colombiana es bifronte, como Jano. En efecto, los mismos despachos que dejan envejecer por años los negocios, actúan con pasmosa celeridad para producir resultados políticos favorables a la izquierda. Sea ante el más humilde juez de tutela o ante la más encumbrada corte, si lo que se demanda sirve a la revolución, el correspondiente fallo no tarda.

Sin embargo, la huella de cinco siglos de independencia judicial es difícil de olvidar, y entonces todavía algunos acuden a la justicia esperando un fallo legítimo, pero una y otra vez se llevan un palmo de narices, porque se resuelve, con pruebas, sin ellas, o contra ellas, siempre en favor de la izquierda. Esta ha avanzado más en los juzgados que en los sufridos campos de Colombia.

La aprobación judicial del Acuerdo Final, contra la voluntad del pueblo soberano, llevó a las FARC al centro del poder que no habían conseguido por las armas en el medio siglo anterior.

También el observador puede recordar cómo ya no se puede fumigar narco cultivos, ni explorar yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Asimismo, se condena al Estado a indemnizar los daños causados por las bandas subversivas. La extradición de comandantes narcoguerrilleros se traba hasta que logren fugarse, y así sucesivamente. Con docenas de fallos impredecibles y sorprendentes, se acerca el colapso jurídico en un país donde es prácticamente imposible gobernar, por la interferencia abusiva de las cortes, que cada día invaden más áreas.

Si alguien es rotulado como “de derecha”, tiene asegurada la condena, pero si es “progresista”, tiene expedita la absolución, la preclusión o la ceguera judicial.

El caso de Andrés Felipe Arias es especialmente preocupante. Fue condenado a 17 años de cárcel por una posible equivocación de tipo administrativo. Luego, solicitado en extradición invocando un tratado no vigente. Más tarde le fue negada la segunda instancia a la que todos tienen derecho. Y a pesar de esta haberle sido reconocida por una autoridad internacional indiscutible, tendrá que seguir esperando largos años antes de que se le fije fecha para audiencia.

No quiero referirme a la negativa de decretar la preclusión en el caso del expresidente Uribe Vélez (solicitada por Fiscalía y Procuraduría), porque la extraña resolución, ladina, acomodaticia y sin precedentes, causa estupor. ¡Pobre juececita! ¡Si llega a fallar en derecho, puede despedirse de su futuro en la rama!

Ahora bien, he empezado con aquello de la invisible mano judicial, porque revisando tanta actuación política eficaz observo que hay un hilo conductor, un derrotero inexorable, un propósito implícito y una coordinación inocultable para que la justicia actúe monolíticamente dentro de la senda revolucionaria. ¿Actuará también en la densa sombra un grupo de hábiles abogados que suministran a los jueces esos sorprendentes y calculados fallos?

Con sobrada razón Lenin eliminó la independencia judicial para transformar a los jueces en agentes políticos, sometidos a las consignas del partido.

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A 27 días de la primera vuelta el problema ya ni siquiera es Vega. Nadie ha “auditado” el misterioso algoritmo, no habrá tiempo para hacerlo ni lo revisarán expertos intachables. El fraude no se elimina con los cambios cosméticos anunciados para el formulario E-14, ni con afirmaciones de que hay que confiar en las buenas gentes de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, como finalmente le respondieron al Dr. Pastrana Arango. Estamos, pues, indefensos frente al posible fraude electrónico. ¡Quien pierde en las urnas puede ganar en la Registraduría!

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El artículo “Catástrofe en cámara lenta”, de Luis Guillermo Vélez Cabrera, en La República, es de obligatoria lectura para comprender lo que pasará si Petro es presidente.  http://www.lalinternaazul.info/2022/04/30/catastrofe-en-camara-lenta/

Contrasentido

Por Antonio Montoya H.*

Es una idea, actitud o comportamiento contrario al razonamiento lógico y llamo este articulo así, aun trascurridos ya varios días, por el ominoso fallo de la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, que emitió en el proceso judicial que cursa contra el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, desde el año 2013, por causa de unas acusaciones que se le endilgaron por unos testigos que de todo tienen menos de ser creíbles, y en el cual se condena a siete años nueve meses de prisión y a una elevadísima sanción económica. El proceso continuará porque con seguridad se apelará el fallo condenatorio.

Yo deseo expresarle a la opinión pública, que en ese fallo hay todo menos justicia. La ponderación de las pruebas no es propiamente algo que con certeza amerite la condena, pero, sí considero que nuevamente la Corte Suprema, entra a castigar a un hombre por ideas políticas, con una clara motivación persecutoria contra él y el movimiento político del cual hace parte.

Él ha sido, y seguramente lo continuará haciendo, un trabajador incansable, que antes de participar en la vida pública, se desempeñó con éxito en el sector privado. Defensor de ideas democráticas, profesional del derecho, líder público que militó en las filas del Partido Conservador, lideró su propio grupo con éxito, ocupó cargos como gobernador, alcalde, ministro, embajador y cuando tenía la opción de ser candidato a la presidencia de Colombia fue objeto de un auto de detención que lo tuvo en prisión por más de tres años. Luego salió en libertad, pero ya había pasado la oportunidad de haber sido presidente de Colombia y con el paso del tiempo se dilató la opción y aun hoy se complica por causa del mencionado fallo.

De todo lo que lo acusan, lo que generan es titulares, los testigos falsos, las verdades a media y el proceso mismo, lleva el mismo camino de muchos otros miembros del Centro Democrático, que han sido condenados a purgar años de cárcel, por casos en los que los fallos han sido más de tinte político y vengativo, que a verdaderas causas que realmente estén defendiendo el patrimonio y el interés público. No han podido con el doctor Álvaro Uribe, pero uno tras otro le dan golpes bajos que seguramente le duelen y afectan, porque son sus compañeros de lucha son los que están cayendo en manos de la justicia, no la verdadera, sino la que surge de la politización de la justicia.

Cuántos políticos en su momento no trataron de dialogar con los paramilitares, con los guerrilleros, todos pretendiendo lograr negociaciones que ayudaran a la pacificación del país, todos o casi todos continúan ejerciendo la política, pero al doctor Ramos, no le perdonaron que buscara esa opción de paz, y conllevó a que lo acusen no solo de conversar en esa reunión, sino de acordar apoyos para su movimiento, lo cual, él no necesitaba ya que tenía la fuerza y la moral, para no pactar acuerdos de ese tinte.

Más grave aún, lo que realmente es un contrasentido, es lo que ocurre hoy en el Congreso de la República, por causa del acuerdo de paz, hacen parte de ese máximo organismo de la democracia, asesinos, violadores, terroristas, extorsionadores, secuestradores, que pusieron en jaque y aún persisten en ello al Estado colombiano. No han pagado un solo día de cárcel, causaron dolor, humillación y angustia en miles de hogares colombianos y ellos, allí pavoneándose, burlándose de la justicia y de las personas de bien.

El doctor Luis Alfredo, obviamente no requiere de mi defensa, no la necesita, pero si expreso mi dolor y tristeza por ese tipo de decisiones judiciales que espero sea revocada en la apelación. Lo único cierto que ha hecho, es defender la democracia, tener un buen hogar y liderar a un nutrido grupo que lo siguen en su ideario por un mejor país y lo acompaña hoy en el Centro Democrático.

Deseo que Colombia entienda que el camino que llevamos de pérdida de confianza en las tres ramas del poder en el país, a saber, la rama judicial, la legislativa y el ejecutivo, nos indican claramente que las fuerzas de la izquierda están adueñándose, politizándolas y así será muy difícil recuperar la institucionalidad. Están diezmando a los demócratas y luchadores vigilantes de la defensa de la democracia.

El momento de las grandes decisiones y reformas

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

La privación de la libertad del senador Álvaro Uribe y la no privación de la libertad del senador Santrich, obligan sin dilación alguna a reformar el congreso y las cortes de nuestro país, algo muy grave está pasando en su interior para que se den estas diferencias tan supremamente raras.

Beneficiar a un senador de extrema izquierda, guerrillero, delincuente, otorgándole la posibilidad de defenderse en libertad, que terminó en fuga, porque todos estábamos seguros, hasta sus propios compañeros de bancada, de que se fugaría para seguir delinquiendo y privar de la libertad a una persona que ha trabajado sin descanso por el país, que todos sabemos que no se va a fugar, porque nunca le ha escurrido el bulto a nada, es un contrasentido de tal magnitud, que la sensación de invasión de la política en la justicia, pasa a ser una realidad que hay que corregir de inmediato.

Si no se reforman los poderes legislativo y judicial, adelgazándolos, independizándolos y volviéndolos eficientes, nuestro país seguirá por el sendero incorrecto, de un Estado gigante, insostenible, ineficiente, con un desequilibrio, donde no van a poder prosperar ni siquiera los miembros de esos cuerpos colegiados, sumidos en el desprestigio y la desconfianza.

Con una cámara legislativa y con una corte judicial tenemos, eso sí, integradas por personas de altísimas calidades morales, culturales y profesionales, que sean prenda de garantía en el ejercicio de sus responsabilidades y motivo de orgullo y confianza para el país.

Llegó el momento impostergable de que las reformas propuestas por Uribe, de años atrás, para estas instituciones fundamentales en el buen funcionamiento del Estado colombiano, se lleven a cabo con rapidez, así toque echar mano de los mecanismos constitucionales establecidos, donde seamos los colombianos los que demos la orden, como constituyentes primarios, habida consideración de que el congreso actual no ha tenido la grandeza de hacerlo.

Pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le permita al senador Uribe, en libertad y en el senado, ayudar a sacar adelante estas reformas, y a su vez que se defienda de las acusaciones que se le indilgan, no es pedirle mucho. Ellos saben que él no se pondrá en fuga, saben que su experiencia, su conocimiento y su inteligencia, permitirán producir en el congreso o en una constituyente si es del caso, las reformas urgentes requeridas por el país y más en estos muy difíciles momentos que vivimos y con tendencia a ser más difícil aún más con los efectos del coronavirus, donde el desempleo por la masiva quiebra de los sectores formales e informales, resentirá fuertemente los ingresos del Estado, lo que afectará el poder sostener instituciones tan costosas e ineficientes como las que manejan los poderes legislativo y judicial, además de las entidades de vigilancia y control conocidas, para resumir, como las IAS.

El presidente Duque debe montar inmediatamente una estrategia que detenga esta carrera absurda de polarización, convocando a los acuerdos políticos y patrióticos que beneficien a los colombianos y que permitan la unidad, el equilibrio y la sensatez, necesarias para enfrentar la crisis.

La experiencia y el conocimiento de Uribe es fundamental en esos diálogos y a la Corte no le cuesta nada dejarlo en libertad, para que pueda participar en los mismos. A pesar de sus defectos, sus ideas reformistas son muy buenas, es más, si no hubiera metido en la consulta popular de su último periodo de gobierno, un tercer periodo, el pueblo las habría apoyado, y de pronto, ese camino de reformas al congreso, a las cortes y a las IAS, ya lo habríamos recorrido, pero nunca es tarde.

La JEP ya tiene los elementos de juicio suficientes para definir quienes han contado o no la verdad, quienes han reparado o no a las víctimas y quienes van a o no a repetir conductas delictivas. Que se pronuncien, esto no da más espera.

A mostrar grandeza, los de centro, los de izquierda, los de derecha; el interés general y la razón natural los obliga y nos obliga a todos a cambiar de actitud. Bajémosle a la confrontación, cumplamos con las obligaciones que nos corresponden, gastemos las energías en hacerle frente a la situación, a que se tomen las deducciones constitucionales y legales que les corresponden y a que se procedan con las reformas necesarias y útiles para el país.

La independencia entre los poderes solo se logrará si con humildad reconocen que van, que vamos por muy mal camino y solo conversando pueden convenir e implementar las reformas que necesitamos para una Colombia, eficiente, sostenible, inclusiva, responsable y solidaria.

Me resisto a creer que no seamos capaces de salir adelante, estamos sobre diagnosticados, solo falta voluntad, grandeza, humildad y acción.

Que nuestro señor Jesucristo, ilumine a todos nuestros gobernantes y dirigentes, para sacar adelante las decisiones y reformas requeridas para el buen funcionamiento del Estado.

Qué ridículo

Por Antonio Montoya H.*

La decisión de la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, conocida la semana anterior, es inoperante, tardía, ineficaz y produce en la ciudadanía una nueva sensación de desconfianza en las instituciones. Emitir una orden de captura contra Jesús Santrich, dos meses después de haber salido de la cárcel y más de un año después de estar investigándolo mientras estaba detenido en la cárcel de Bogotá, da escalofrío. Parece una justicia jugando con la justicia, remedo de eficacia y seguridad jurídica.

Este hombre que traicionó el acuerdo de paz, que fingió estar enfermo y fue llevado a la clínica, salió de allí levantando las manos con aire de triunfador, acompañado de pancartas, leyendas y personas vitoreándolo, pues había derrotado a la justicia. Luego entra al Congreso de la República, se posesiona, asiste una o dos semanas, y después de afirmar públicamente que atendería el llamado de la justicia, sale de viaje, abandona su seguridad, y se refugia en brazos de Márquez y sus compinches y proclaman nuevamente la guerra a los colombianos.

Esta descripción histórica de lo que sucedió, ocurrió a la vista de la justicia, de la JEP, de la Corte Suprema y de todos aquellos que tuvieron que ver en el proceso iniciado contra Santrich, por narcotráfico. Testigos de los hechos, hoy detenidos o protegidos en Estados Unidos, no fueron tenidos en cuenta con la inmediatez que se requería, por causa de una lenta, y paquidérmica justicia.

Cada cual hizo lo suyo para lograr la inoperancia de la justicia, unos y otros señalaban al otro, porque los delitos se cometieron antes o después del acuerdo, porque estaba sometido a la JEP o a la justicia ordinaria, o tenía fuero o miles de leguleyadas para al final determinar que se daba la orden de detención contra el mencionado ciudadano y que se informaría al Congreso para que allí procedan a tomar las decisiones correspondientes, que con seguridad tampoco serán rápidas y efectivas.

Lo que sí no se puede discutir es que algo ocurre en nuestra justicia. Se convirtió en el centro de la política, fuente de intrigas, nombramientos que quitan independencia, criterios poco acertados, fallos contradictorios y además no se juzgan entre ellos por la maraña jurídica en la que se enzarzan. Y así la justicia no define asuntos vitales como los carteles, los magistrados investigados, detenidos y también los que están fuera de la cárcel con detención domiciliaria, en fin. Podría uno asegurar que la de estar absueltos no es culpa de los bandidos, narcotraficantes, criminales y violadores sino de una justicia que no existe, no genera respetabilidad, y mucho menos seguridad jurídica. Quienes al final perdemos somos los ciudadanos que entendemos que estamos sujetos a una justicia ciega, alejada de la realidad y mezquina en el cumplimiento de su objetivo.

La credibilidad en las instituciones es la piedra angular de nuestro sistema juridico, si falla no podemos confiar en este, ni tendremos democracia. Es una situación que no depende de nosotros sino de la probidad, honestidad y responsabilidad de los que hacen parte de los tres poderes que sustentan la institucionalidad, es decir la justicia, el congreso y el ejecutivo, y fundamentalmente de las personas que representan y actúan a nombre de ellas. Pedimos que actúen o se vayan, no acaben con doscientos (200) años de dura construcción de un sistema de vida.

La indagatoria a Uribe

Por Julio González Villa*

“La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al magistrado Eyder Patiño por el denominado 'Cartel de la Toga'”.

“En este proceso también están investigados los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos sobre quienes se adelantan procesos judiciales. Del mismo modo, está en etapa de juicio ante el alto tribunal el jurista suspendido Gustavo Malo a quien la Comisión lo acusó por conocer de las acciones que se llevaban a cabo al interior de la corporación. El denominado 'Cartel de la Toga' se destapó luego que cayerá ante los estrados judiciales el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno dado que estuvo inmerso en el cobro de dinero a cambio de favores judiciales”.

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/compulsan-copias-ante-la-comision-de-acusacion-contra-el-magistrado-eyder-patino-2877617

Ya lo había anunciado el presidente Uribe, cuando denunció públicamente que el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, había advertido que no habría reforma a la justicia si Uribe no iba primero a la cárcel.

El ahora exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, había afirmado:

“No es cierto que el alto tribunal no quiera elegir un nuevo fiscal antes de que acabe el Gobierno” y argumentó que “la dilación en las votaciones obedece a un examen exhaustivo de cada uno de los tres perfiles propuestos por la administración Uribe” y advirtió que “hasta tanto haya un candidato con la votación mínima que exige la constitución será elegido alguno de propuestos en la terna propuesta por la Casa de Nariño”. https://www.minuto30.com/el-magistrado-jaime-arrubla-le-respondio-al-presidente-uribe-no-hay-componente-politico-en-las-decisiones-de-la-corte/772/

¿Fue elegido el Fiscal General de la Nación de la terna que presentó el Presidente Uribe? No lo fue.

Esta es la “justicia” que acaba de llamar a indagatoria al presidente Álvaro Uribe Vélez.

Después de verificar lo que está pasando en la justicia, debo repetir como Ángel Ossorio en su libro “El alma de la toga”: “La toga, pues, no es por sí sola ninguna calidad, y cuando no hay calidades verdaderas debajo de ella, se reduce a un disfraz irrisorio”.

La justicia

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

La justicia es un servicio público prestado por el Estado colombiano a todos sus habitantes, para poder solucionar los problemas que se presentan entre ellos y con el Estado. Si esos problemas no los resuelve el Estado, los habitantes buscan otras formas de solucionarlos, porque hay problemas con los que no se puede convivir, y ahí es donde otros vienen a suplantar al Estado; mejor dicho, cuando el Estado no es capaz, se forma un estado paralelo para sustituirlo.

Primero pensábamos que esto solo sucedía en los territorios lejanos, donde es muy escasa o nula la presencia Estatal. La realidad es que está sucediendo con mayor fuerza en las ciudades con mayor presencia estatal. Las principales ciudades del país cuentan con cientos de bandas, que dominan territorios urbanos, con vías, colegios, servicios públicos domiciliarios, etcétera, donde imponen su ley, cobran sus tributos, desplazan y asesinan a los que no quieren que estén en sus zonas, además de autorizar o no el ingreso de bienes y personas, entre otras arbitrariedades.

Mejor dicho, algún indicador existirá para medir cuántos colombianos acceden a la justicia del Estado colombiano y cuántos colombianos tienen que acceder a la justicia de los cientos de bandas que manejan territorios, urbanos y rurales en Colombia.

Se supone que el servicio público de la justicia es gratuito, lo que no es tan cierto. Si usted recurre a la justicia sin un abogado, puede terminar más emproblemado de lo que llegó, y para contar con un abogado, toca pagarlo. La consulta puede valer entre $100.000 a $ 1.000.000 / hora, dependiendo del profesional consultado. Si no tiene dinero, que es lo más usual en los estratos 1, 2 y 3, se recomienda buscar los consultorios jurídicos de las Universidades con facultades de Derecho. Algún indicador consolidado nos dirá cuántos casos en las diferentes ramas atienden estos consultorios, pero estoy seguro que no son suficientes, que no dan abasto, como tampoco dan abasto los defensores públicos que asisten en materia penal a los cientos de detenidos, que diariamente capturan los miles de integrantes de la fuerza pública, por delitos mayores y menores, que demandan, entre la captura y la legalización de la misma, ingentes, costosos y congestionadores esfuerzos de policías, investigadores y jueces; también existirán indicadores que permitan saber qué delitos, o conductas menores, podrían someterse a procedimientos más simplificados.

Hay que diseñar estrategias para mejorar el servicio de la justicia, para que sea accesible, incluyente, ágil, rápida, cumplida, etcétera, acompañada de una simplificación de trámites, y ¿por qué no?, de mecanismos de solución alternativa de conflictos; inclusive de la gran cantidad de conflictos que hoy se presentan entre el Estado y los particulares, por las decisiones administrativas, con procedimientos defectuosos, orientados solo a producir resultados a como dé lugar, una especie de falsos positivos, que están aporreando al sector formal de la economía y congestionando el sistema judicial.

Se dice que la demanda de la justicia ha crecido ocho veces en los últimos 20 años, mientras que su presupuesto solo ha crecido tres veces; este es el momento en donde tecnológicamente, ni siquiera está funcionando el expediente electrónico.

Lo único cierto es que la justicia es para los de ruana, como dice el dicho popular; mientras el Estado no pueda ofrecer asistencia jurídica o un sistema de defensa judicial gratuita a los más pobres, ellos no tendrán acceso a su justicia. Por ejemplo, se dice que uno de los factores de congestión más significativo del sistema judicial son los dos millones de procesos ejecutivos que cursan ante los jueces y de esos dos millones de procesos, un millón doscientos mil corresponden a las entidades financieras, que por hacer mal los estudios de crédito, tienen como cobrador, al Estado.

Yo no entiendo porque no se ha dado la reforma a la justicia. Llevamos como cuatro o cinco gobiernos, algunos de ellos con periodos de ocho años, donde las comisiones de expertos tienen más que sobre diagnosticado el problema y han presentado todo tipo de posibles soluciones, todas ellas tendientes a buscar la independencia que requiere la rama judicial, independencia que solo se logrará cuando los magistrados y jueces no representen sectores políticos, cuando los cinco tribunales de cierre (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Nacional de la Judicatura y Justicia Especial para la Paz), todos politizados por su sistema de elección, tengan bien parametrizadas sus funciones para evitar los ya comunes choques de trenes, que impiden poner el punto final a un problema, lo que genera inseguridad jurídica y congestión judicial.

Urgentemente Colombia requiere de la voluntad política del presidente de la República, que convoque a todas las fuerzas políticas y a los sectores formales e informales de la economía, para sacar adelante la anhelada reforma a la justicia. Va a salir primero la reforma a los Código Civil y de Comercio, de unos cinco mil artículos, que la reforma a la justicia que lo aplicará.

Esa convocatoria debe estar volcada a la satisfacción del interés general sobre intereses particulares, para definir una política pública, que permita, además de un golpe certero a la corrupción, llegar eficientemente a todos los colombianos, en todas las regiones rurales y urbanas, evitando la suplantación que las bandas vienen haciendo de ella.

La cortesana

Por Julio González Villa*

El diccionario de la Real Academia de la lengua tiene varias acepciones de la palabra cortesana:

“1. adj. Perteneciente o relativo a la corte.

2. adj. Que se comporta con cortesanía.

3. adj. Dicho de una mujer: Que ejerce la prostitución, especialmente si lo hace de manera elegante o distinguida.

5. m. y f. Palaciego que servía al rey en la corte.

6. m. y f. Persona que sirve obsequiosamente a un superior.

7. f. Mujer de costumbres libres.”

En mi humide opinión quien le dio más fuerza a estos adjetivos fue Luis XIV cuando de su pabellón de caza creó el más majestuoso palacio, no en París, sino en una alejada aldea llamada Versalles.

Luis XIV, creador del centralismo político, a quien se personifica con la famosa frase: ¡El Estado soy yo!, pudo gobernar a Francia y convertirla en potencia y centro de Europa, ordenando a todos sus pares: duques, condes, marqueses, vizcondes, ir a Versalles, residir en Versalles, ¿Para qué? Para controlarlos, para evitar rebeliones, para tener noticia de primera mano de lo que sabía y hacía cada jefe de sus regiones.

Ese es el origen de la Corte a la que me refiero, la corte que hizo surgir a la cortesana, pues cada habitación, cada esquina de Versalles, se convirtió casi en un elegante prostíbulo. Nadie podía irse a sus condados, marquesados, ducados a producir, sólo vegetaban, jugaban cartas, coqueteaban, eran infieles, temían, conspiraban, conversaban, etc…

En la Constitución Nacional se consagró en el artículo 49 que: “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.

Y la misma Constitución ordena a la Corte Constitucional defender y salvaguardar la Constitución: Artículo 241 “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución…”

Y el artículo 230 ordena que: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”.

Y el artículo 4 de la Carta Política afirma que la Constitución es norma de normas.

De la simple lectura de los textos constitucionales fluye en forma prístina, clara, cristalina, fluída, que no se puede tolerar que en los parques públicos exista un “pico y placa” para aspirar cocaína, fumar marihuana o inyectarse heroína.

Cuando una Corte sale en los medios a expresarse sin una sentencia escrita sino con un informe de prensa, cuando se expresa en twitter, no es una Corte, es una simple cortesana al mejor estilo de la corte de Versalles.

Algo huele mal en Dinamarca

Por Julio González Villa*

“En un vídeo publicado por Noticias Caracol, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, extraditado a EE.UU., afirmó que Patiño había acordado con el exfiscal general José Fernando Perdomo archivar la investigación contra el excongresista Álvaro Ashton, involucrado en el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht”.

“Patiño, quien es el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, tenía bajo su dirección la investigación de Ashton, pues este gozaba de fuero por ser parlamentario”.

Por lo anterior, Rodríguez pidió que se investigue a Patiño, así como a los exfiscales Jorge Fernando Perdomo Perdomo y Luis Eduardo Montealegre”. http://zonacero.com/generales/comision-de-acusaciones-investigara-al-magistrado-patino-y-exfiscales-perdomo-y

“Hace poco menos de dos semanas, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pidió investigar a Patiño por su presunta participación en el denominado cartel de la toga”.

La tesis del alto tribunal es que se dan "las exigencias de gravedad y seriedad necesarias para activar el procedimiento en mención (relevo de funciones) en contra de Patiño Cabrera".”https://www.bluradio.com/judicial/corte-suprema-no-separara-de-su-cargo-al-magistrado-eyder-patino-215834-ie430

La Constitución Nacional en su artículo 178 dice que corresponde a la Cámara de Representantes:

“Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación”.

La Corte Suprema de Justicia debería dar ejemplo. ¿Cómo es posible que, ante una acusación o investigación de su juez natural constitucional, como es la Cámara de Representantes, que advierte que hay serios indicios de que el actual presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha cometido un delito, no lo releve por lo menos temporalmente de su dignidad?

Quiero recordar que la misma Corte Suprema de Justicia en un acto infame tuvo detenido por tres años y tres meses al doctor Luis Alfredo Ramos Botero, atropellando su camino a la Presidencia la República.

De todo esto sólo queda un olor nauseabundo que confirma que la justicia se encuentra en un verdadero lodazal donde la pestilencia abruma.

Sólo resta repetir como le advirtió Horacio al príncipe Hamlet: huele a podrido en el reino de Dinamarca. Yo creo que ¡huele a podrido en el departamento de Cundinamarca!

Una gran decisión

Por Antonio Montoya H.

La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia están demostrando que cuando se quiere se puede, y han venido profiriendo sentencias de alto impacto social en Colombia. La última de ellas se refiere a los llamados contratos de prestación de servicios con los cuales se busca evadir las obligaciones laborales de los trabajadores colombianos, tanto en el sector público como en el sector privado.

Desde el año 2000, he venido siendo reiterativo, en la cátedra y en mis artículos, que la utilización de estos contratos va en contravía de la constitución, de la ley laboral y del mismo trabajador que es el que, en última instancia, se ve desfavorecido por la utilización de esta figura jurídica.

En Colombia más de dos millones de trabajadores han tenido que aceptar este tipo de contrato, a sabiendas de que va contra sus derechos laborales, por una sola razón, la de la necesidad, la urgencia de buscar el sustento para él mismo y su familia. Además, está la autoestima y la dignidad, porque sin ingresos para proveer recursos que faciliten el día a día, uno no es bien recibido en el entorno social en que se desenvuelve.

Cualquier trabajador acepta esa modalidad contractual, a sabiendas de que con ello se burlan de las leyes laborales. Quienes la utilizan más son los mismos funcionarios públicos, desde presidentes, hasta gobernadores y alcaldes, que permiten ese tipo de contratación, conociendo ellos, más que nadie, que esa decisión va en perjuicio de miles de trabajadores.

Contaba en uno de los artículos, cómo conviven en el mismo lugar de trabajo, personas vinculas laboralmente con otras que tienen contrato de prestación de servicios. La realidad es que ambas cumplen horarios, reciben órdenes directas y trabajan con equipos de la entidad, además de que escritorios, computadores, papel y otros elementos son proveídos por la entidad que los contrata.

No puede ser justo que coexistan sin distingo dos tipos de contrato, cuando uno es acorde con la ley y el otro es una burla a la misma ley. Por ende, el concepto de legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades no puede interpretarse de una manera diferente a la que define la ley laboral, al referirse a los tres elementos que constituyen la existencia de un contrato laboral, que son muy fáciles de identificar: (1.) prestación personal del servicio, (2.) subordinación o dependencia y la tercera, consecuencia de las dos anteriores, el salario.

Es más odioso y oprobioso entender la diferencia entre uno y otro cuando en la práctica se representa así: el contrato laboral tiene prestaciones sociales, se paga la seguridad social integral por ambas partes, vacaciones, indemnizaciones y por ende estabilidad, siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a la contratación. El contrato de prestación de servicios origina pago de honorarios, se paga la seguridad social por el contratista, no tiene pago de prestaciones, no da lugar a indemnización, ni a liquidación al terminar el mismo, y su renovación si se da, demora meses. Claro ejemplo de la desigualdad, desprotección y abuso del derecho.

Ahora bien, debo aclarar que el contrato de prestación de servicios es válido y se puede utilizar en muchos casos, pero, no se debe usar para afectar los intereses de los trabajadores.

De manera que espero que la sentencia se entienda y comprenda en toda su magnitud, y el estado colombiano deje de utilizar estos mecanismos para tener nóminas paralelas que no dejan sino tristeza y angustia en el trabajador, y que los empresarios también tomen medidas y no utilicen esta figura que discrimina y está en contra de los derechos ciudadanos.