Ciegos, sordos y mudos

José Alvear Sanín

Pocas cosas debe haber peores que la condición de quienes carecen de la vista, el oído o el habla. En muchos países, a esos desventurados se procura ayudarles con subvenciones, enfermeros, lazarillos, perros entrenados, audífonos, tratamientos de rehabilitación, etcétera, cuando esta es posible, salvo en Colombia, donde les confiamos la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

De suyo, confiar tan vitales funciones para el Estado a personas con una sola discapacidad sería gravísima irresponsabilidad, pero el despropósito fue peor, porque los titulares de las tres ías sufrían las tres incapacidades simultáneamente. Ninguno vio, oyó, ni denunció lo que era evidente, sonoro y escandaloso, en el cuatrienio infame que terminó el pasado 7 de agosto.

La tristísima condición de triple invalidez de esos altísimos funcionarios permitió la sucesión interminable de delitos:

1. Contra la administración pública: despilfarro, malversación, peculado, prevaricato, celebración indebida e ilegal de centenares de miles de contratos, etcétera.

2. Contra la economía nacional: desmoronamiento de Ecopetrol, estimulante inacción frente a narcocultivos y minería ilegal.

3. De traición a la patria, con la entrega de buena parte de su territorio a grupos subversivos, combos criminales y mingas sufragadas.

4. De injuria y calumnia, contra centenares de ciudadanos afrentados con acusaciones falsas, cuando no directamente amenazados.

5. De lesa humanidad: degradación del sistema de salud, tolerancia con el secuestro, reclutamiento y abuso de menores…

La anterior, escueta e incompleta enumeración de conductas punibles, exige que Petro, en lugar de ser considerado un expresidente normal, sea tenido como un “presunto” en miles de los posibles y merecidos procesos que debería enfrentar, si algún día llegamos a tener fiscal, procurador y contralor que disfruten de cabal salud física, mental y jurídica, capaces de activar los mecanismos judiciales correspondientes a la gravedad de hechos que nadie ignora.

Sin embargo, fiscal, procurador y contralor, nada deben temer, porque su triste y triple discapacidad los hace inimputables…

Con el Libro de la verdad quedaron en evidencia

Andrés de Bedout Jaramillo

Los colombianos no podemos creer que, luego de destinar billones de pesos anuales al funcionamiento de las autoridades de vigilancia y control (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría), no tengamos ningún resultado tangible frente a las violaciones que, de manera descarada, venían cometiendo Petro y sus secuaces, dejando a nuestro país herido de muerte y sumido en una crisis que hoy se agrava con el reciente terremoto. Ni siquiera fueron eficaces en asustar o disuadir a los funcionarios de Petro, para evitar esa increíble seguidilla generalizada de corrupciones a todos los niveles, hasta el último minuto de su nefasto mandato.

No puede ser que, de las más de 80 irregularidades denunciadas por el gobierno entrante —irregularidades que todos los colombianos veníamos observando y denunciando— nuestras autoridades de vigilancia y control permanecieran quietas, calladas, como si no existieran, haciéndose las locas frente a lo que estaba sucediendo.

En el evento de entrega del Libro de la verdad se les notaba la cara de vergüenza a la fiscal, al procurador y al contralor. Quedaron en evidencia, pero a su vez retados públicamente a actuar rápida y eficientemente frente a las denuncias presentadas y documentadas. Su complicidad no podrá continuar en este gobierno: les llegó la hora de cumplir con su deber, es hora de actuar.

Afortunadamente, en la Comisión de Acusaciones quedó el representante Daniel Briceño. Recordemos que es la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes la encargada de investigar y acusar, además del presidente de la República, a la fiscal, al procurador y al contralor. En mi concepto, a estos funcionarios se les debe abrir investigación rápidamente por el delito de prevaricato u omisión de denuncia, amén de las consecuencias disciplinarias correspondientes.

Si bien esta comisión ha sido un desastre, aspiramos a que con Briceño —aunque en minoría— se vea obligada a actuar. Estamos seguros de que estará muy por encima de sus demás integrantes, donde el Pacto Histórico cuenta con las mayorías, que hoy, quizá con la presión de Briceño, puedan cambiar y cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales.

En otras palabras, Briceño será la piedra en el zapato que pondrá a trabajar a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El acto de entrega del Libro de la verdad, resultante del empalme anticorrupción —que, dicho sea de paso, terminó siendo un empalme con los delegados de la Contraloría General de la Nación en los diferentes ministerios y entidades del Estado, dada la negativa del gobierno saliente a entregar información, cimentada en el no reconocimiento del triunfo del Tigre por parte de Petro y su Pacto Histórico— se constituyó en un símbolo vinculante y delatador, con todas las características de una denuncia penal y fiscal directa de un presidente a las autoridades de vigilancia y control.

El Libro de la verdad / Empalme anticorrupción fue entregado personal y públicamente por el presidente a la Fiscal, al Procurador y al Contralor, quienes tendrán obligatoriamente que asumir las investigaciones correspondientes. No podrán argumentar la inexistencia de denuncia de parte, aunque muchas de las conductas delictuosas denunciadas ya deberían estar siendo investigadas de oficio por estas entidades. Seguramente, sobre algunas en particular, puedan tener avances que permitan atribuir responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias a los funcionarios salientes.

Que nuestro Señor Jesucristo les dé la entereza y el valor necesarios a nuestras autoridades de vigilancia y control para cumplir con sus deberes constitucionales y legales.

Corrupción y más corrupción

Por Antonio Montoya H.

Eso es lo que ocurre a diario en Colombia y posiblemente en muchos otros lugares del mundo. No es un tema exclusivo nuestro, aunque sí esté arraigado desde tiempos inmemoriales. Desde la época de la Conquista y la Colonia tenemos historias de robos, pérdidas de dinero de la corona española y condenas diversas por ese tipo de delito.

Para mí el problema está en que, en vez de controlarse, se expande a diario por todo el territorio nacional; no hay municipio, corregimiento o departamento en el que no se den graves problemas por causa de la corrupción, las obras públicas no se concluyen, los anticipos se pierden, hospitales sin terminar, miles y miles de millones de pesos que no se vuelven a ver, nadie logra recuperarlos, los beneficiarios de esos dineros mal habidos se pierden en la maraña de la contratación y los que quedan inmersos en procesos penales logran al poco tiempo salir por falta de pruebas, por vencimiento de términos, en fin por la acción de los propios abogados defensores que diluyendo el proceso, aplazando audiencias por los motivos más diversos e increíbles, obtienen el beneficio de la libertad y así estos bandidos vuelven a sus hogares a disfrutar del dinero que ya tenían encaletado en lugares donde nadie los encuentra y logran así reinsertarse en la vida civil por no ser condenados riéndose del Estado y disfrutando de dinero que no les corresponde.

Desde los grandes actos de corrupción como Reficar, los Nule, Dragacol, alimentos para los niños, edificios sin terminar, el Túnel de la Línea, contratos de carreteras que se tienen que adicionar, colegios, en fin, no terminaríamos la lista de los grandes desfalcos de este país, pero a ellos que son lo de renombre nacional, se les unen a diario miles y miles de contratos donde está la mano metida de la corrupción. Por ejemplo nos podemos referir a la feria de contratos que por causa de la pandemia se han dado en nuestro país, comprometiendo elevadas sumas con contratistas que no cumplen requisitos, o por cifras más altas que cualquier mercado del país; medicinas de valor astronómico y todos esos negocios que aparecen a pesar de que en meses recientes los grandes entes de control de nuestro país a saber la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía se presentaron públicamente en la televisión y nos informaron de las investigaciones abiertas aseguraban que de encontrarse realmente las pruebas estas personas serian condenadas y purgarían su delito.

Pues no, no hay demostración de que esto esté ocurriendo porque las tres “ías”, como se les dice en el común de las personas, hablan mucho y concretan poco, las pruebas están, los documentos que permitirían asegurar a los responsables están, pero no sé por qué no pasa nada, y eso que esas tres entidades tienen grandes profesionales a cargo, puede ser que la burocracia no deja avanzar, esos procesos acaban en los anaqueles eternamente y al final no pasa nada.

Señores lectores, tenemos que cambiar, estos actos diarios que conducen al detrimento del erario público, están también en la justicia con el ya conocido cartel de la toga, vendiendo fallos o embolatando procesos  para favorecer a congresistas, el crecimiento de las tutelas desbordando el objeto para el cual fueron creadas en la Constitución del 91, el mismo Congreso sin ser capaz de renovarse, controlarse y extinguir el mal que lo carcome, evitando a toda costa su reducción en numero de congresistas, su renovación, su no reelección mas de dos veces, sus salarios, en fin allí nace el desastre de este país no facilitamos que triunfe la moralidad pública.

Se han intentado referendos, y nosotros los ciudadanos tampoco ayudamos. En uno de ellos faltó poco para llegar al umbral de votos requerido, en el otro, por unos pocos votos, no se logró el objetivo, y aunque se ha intentado el cambio bajo proyectos de ley, estos tampoco prosperan porque los mismos congresistas los derrotan lo que vuelve extremadamente difícil extirpar el cáncer de la corrupción.

Es increíble observar en las redes, las noticias y los periódicos, cómo salen a diario actos de corrupción, de desfalcos y pérdida de dineros del Estado; por eso cuando dicen que habrá reforma tributaria me parece increíble oírlo, no se puede aceptar, debemos exigir que se proteja el dinero de los contribuyentes que exista pronta y eficaz justicia y para ello deberían ayudar las veedurías ciudadanas y los mismos antes de control vigilando desde el origen de la contratación antes de entregar dineros, que se tenga certeza de los proyectos, de las licitaciones y de los controles, es decir, debemos tener el control de los entes antes de que se cometen los delitos, de lo contrario no justifica tenerlos. Exijamos transparencia.

Hay que exponer a los corruptos, que saque un listado

Por Andrés de Bedout Jaramillo

Corruptos. Esta palabrita causa terror, porque tiene que ver con abuso de poder para beneficio propio.

Que cosa tan horrible; el solo hecho de pensar en varías personas que son capaces de estos comportamientos y las autoridades de vigilancia y control no pueden contra ellos, hace que se le caiga a uno la cara de vergüenza. ¿Qué sentirán los pomposos funcionarios del Estado encargados de estas funciones? Se deben de sentir frustrados y con pena de lo ineficientes en el manejo de sus poderosas dependencias; que entre tantos y supuestamente especializados y además bien pagados, no sean capaces de vigilar, controlar y denunciar a los corruptos en los temas de vigilancia y control, administrativo, político, fiscal y disciplinario. Si el problema de la corrupción es tan grave como lo pintan, debe haber un cartel de los corruptos, que se exhiba frecuentemente en los medios, como sanción ejemplarizante de que están plenamente identificados y sobre ellos pesan condenas y deben ser capturados si es del caso.

A mí personalmente me parece, con todo respeto, que en Colombia no estamos sabiendo contabilizar la corrupción. Yo no entiendo porque no se reúnen las poderosas entidades como lo son fiscalía, procuraduría, personerías, contralorías, jueces y magistrados y definen cómo se contabiliza este tema y se publicita para efectos del escarnio público, un elemento disuasivo requerido para vencer la corrupción.

Esta situación, de no tener la contabilidad de los corruptos, de mantenerlos invisibles, hace que no prospere la lucha contra la corrupción y terminamos como cómplices e impotentes.

Imposible que en un país como el nuestro no tengamos los elementos para construir el listado de los corruptos, para que todos podamos estar alertas a sus actuaciones y me refiero a los condenados por jueces y magistrados, en los procesos penales correspondientes, a los sancionados fiscalmente por contralorías, por personarías y procuradurías. Eso solo pondría en la picota pública a estos personajes nefastos, como los verdaderos enemigos de la sociedad, del interés general, del buen comportamiento.

Ojo que no me estoy refiriendo a los que no han sido condenados, ni a los que están en el campo de las especulaciones, de las investigaciones, a quienes de paso deben también agilizarles sus procesos para ponerlos o no, en el listado de corruptos y poder tener cuidado con ellos.

Las autoridades de vigilancia y control pululan en Colombia, como para decir que nos tiene dominada la corrupción, no señor, yo no sé cuántos millones de colombianos trabajan en estas poderosas entidades de vigilancia y control. Además de veedurías, concejos, asambleas, congresistas y sus tropas de UTLS, haciendo control político permanente. Yo me niego a creer que ya ni siquiera se tenga miedo a estas entidades y se actúe por encima de ellos. Que saquen los listados y los consoliden, porque es que otra forma de persistir en la lucha contra la corrupción tiene que ver con los temas del control previo y del control posterior y selectivo, o están disparando para donde no es, o están perdidos en los formalismos procesales, en la recopilación y utilización de pruebas o lo más seguro, estamos viviendo de muchos escándalos falsos, para poder mantener ocupados a los investigadores y la feria pueda continuar.

Tenemos unos periodistas muy investigadores, que se pongan en la tarea divulgadora de los listados de corruptos, expedidos por esas poderosas instituciones de vigilancia y control, que saquen sus cuentas, sus listados, y los muestren públicamente y se expongan en medios. Es que no hacemos nada, solo quejarnos, que el Congreso le pida cuentas a las entidades de vigilancia y control, si nadie sale con alguna idea que visibilice corruptos castigados por lo menos, estamos jodidos y condenados a seguir en sus manos.

El balance de controles también lo tienen que hacer a nivel municipal y departamental y son sus autoridades de vigilancia y control, las que tienen que volarles el helicóptero bajito o a los funcionarios corruptos, pero con olfato, para no entorpecer a las administraciones en el desarrollo de sus programas, administraciones que deben estar informando transparentemente todo lo que hacen.

Ya va siendo hora de que las entidades de vigilancia y control empiecen a entregar los resultados de las investigaciones iniciadas al alcalde Quintero; los movimientos de revocatoria estarían más fuertes contando con los pronunciamientos de estas entidades, si es que existen. Si todos los encargados de investigar y castigar, siguen tan demorados en entregar resultados, vamos a seguir en un país con una justicia muy pesada, muy costosa y muy poco eficiente, mejor dicho, el balance costo beneficio no cierra.

Personalmente me ha gustado la estrategia del presidente, una diaria rendición de cuentas suyas y de sus funcionarios. Ese programa de televisión diario es muy importante, si quiero estar enterado de lo que hacen en el gobierno, en la pandemia, en la reactivación, en el invierno. Es un esfuerzo de admirar, yo pienso que debe continuar, tenemos que aprender a acostumbrarnos a que nos rindan cuentas claras.

Criticar al presidente por este programa de interés general, de interés público, es, estar buscando intereses particulares electorales. Que se mantenga la rendición permanente de cuentas, eso es transparencia, es mostrar que se está pendiente de todos los asuntos del país, de que como humanos en el gobierno están dando la pelea por el país. A mí eso me hace sentir tranquilo, el capitán del barco, siempre visible, siempre atendiendo de frente todos los problemas, siempre buscando el interés general y rindiendo cuentas a diario, volándole bajito el helicóptero a todos sus funcionarios, el resto es carreta.

Esto inclusive es un ejemplo para alcaldes y gobernadores, también siempre en la jugada. No podemos ser ni desagradecidos, ni desmejoradores, insisto, en Colombia los que tratamos de manejarnos siempre lo mejor posible, somos más, que los que insisten en manejarse mal y por eso hay que identificarlos y publicarlos, tenemos todos los medios que nos permitirían esta estrategia que propongo.

Con la rendición permanente de cuentas y con la publicación del listado de corruptos, podríamos recuperar confianza entre nosotros y el Estado. Este país va a salir adelante, tenemos lo más importante, colombianos con ganas de trabajar, de estudiar, de emprender, de sacar adelante a sus familias y de no dejarse joder más de los corruptos.

Entre todos podemos, nuestro señor Jesucristo nos ayuda.

El momento de las grandes decisiones y reformas

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

La privación de la libertad del senador Álvaro Uribe y la no privación de la libertad del senador Santrich, obligan sin dilación alguna a reformar el congreso y las cortes de nuestro país, algo muy grave está pasando en su interior para que se den estas diferencias tan supremamente raras.

Beneficiar a un senador de extrema izquierda, guerrillero, delincuente, otorgándole la posibilidad de defenderse en libertad, que terminó en fuga, porque todos estábamos seguros, hasta sus propios compañeros de bancada, de que se fugaría para seguir delinquiendo y privar de la libertad a una persona que ha trabajado sin descanso por el país, que todos sabemos que no se va a fugar, porque nunca le ha escurrido el bulto a nada, es un contrasentido de tal magnitud, que la sensación de invasión de la política en la justicia, pasa a ser una realidad que hay que corregir de inmediato.

Si no se reforman los poderes legislativo y judicial, adelgazándolos, independizándolos y volviéndolos eficientes, nuestro país seguirá por el sendero incorrecto, de un Estado gigante, insostenible, ineficiente, con un desequilibrio, donde no van a poder prosperar ni siquiera los miembros de esos cuerpos colegiados, sumidos en el desprestigio y la desconfianza.

Con una cámara legislativa y con una corte judicial tenemos, eso sí, integradas por personas de altísimas calidades morales, culturales y profesionales, que sean prenda de garantía en el ejercicio de sus responsabilidades y motivo de orgullo y confianza para el país.

Llegó el momento impostergable de que las reformas propuestas por Uribe, de años atrás, para estas instituciones fundamentales en el buen funcionamiento del Estado colombiano, se lleven a cabo con rapidez, así toque echar mano de los mecanismos constitucionales establecidos, donde seamos los colombianos los que demos la orden, como constituyentes primarios, habida consideración de que el congreso actual no ha tenido la grandeza de hacerlo.

Pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le permita al senador Uribe, en libertad y en el senado, ayudar a sacar adelante estas reformas, y a su vez que se defienda de las acusaciones que se le indilgan, no es pedirle mucho. Ellos saben que él no se pondrá en fuga, saben que su experiencia, su conocimiento y su inteligencia, permitirán producir en el congreso o en una constituyente si es del caso, las reformas urgentes requeridas por el país y más en estos muy difíciles momentos que vivimos y con tendencia a ser más difícil aún más con los efectos del coronavirus, donde el desempleo por la masiva quiebra de los sectores formales e informales, resentirá fuertemente los ingresos del Estado, lo que afectará el poder sostener instituciones tan costosas e ineficientes como las que manejan los poderes legislativo y judicial, además de las entidades de vigilancia y control conocidas, para resumir, como las IAS.

El presidente Duque debe montar inmediatamente una estrategia que detenga esta carrera absurda de polarización, convocando a los acuerdos políticos y patrióticos que beneficien a los colombianos y que permitan la unidad, el equilibrio y la sensatez, necesarias para enfrentar la crisis.

La experiencia y el conocimiento de Uribe es fundamental en esos diálogos y a la Corte no le cuesta nada dejarlo en libertad, para que pueda participar en los mismos. A pesar de sus defectos, sus ideas reformistas son muy buenas, es más, si no hubiera metido en la consulta popular de su último periodo de gobierno, un tercer periodo, el pueblo las habría apoyado, y de pronto, ese camino de reformas al congreso, a las cortes y a las IAS, ya lo habríamos recorrido, pero nunca es tarde.

La JEP ya tiene los elementos de juicio suficientes para definir quienes han contado o no la verdad, quienes han reparado o no a las víctimas y quienes van a o no a repetir conductas delictivas. Que se pronuncien, esto no da más espera.

A mostrar grandeza, los de centro, los de izquierda, los de derecha; el interés general y la razón natural los obliga y nos obliga a todos a cambiar de actitud. Bajémosle a la confrontación, cumplamos con las obligaciones que nos corresponden, gastemos las energías en hacerle frente a la situación, a que se tomen las deducciones constitucionales y legales que les corresponden y a que se procedan con las reformas necesarias y útiles para el país.

La independencia entre los poderes solo se logrará si con humildad reconocen que van, que vamos por muy mal camino y solo conversando pueden convenir e implementar las reformas que necesitamos para una Colombia, eficiente, sostenible, inclusiva, responsable y solidaria.

Me resisto a creer que no seamos capaces de salir adelante, estamos sobre diagnosticados, solo falta voluntad, grandeza, humildad y acción.

Que nuestro señor Jesucristo, ilumine a todos nuestros gobernantes y dirigentes, para sacar adelante las decisiones y reformas requeridas para el buen funcionamiento del Estado.

Aquí quién manda

Por Antonio Montoya H.*

Sabemos que Colombia es un país que no es fácil manejar porque todo es objeto de discusión, de interpretación, la disciplina y el orden es lo que menos se acata y se defiende lo indefendible. Se elevan los comportamientos indebidos y se fustiga a quien trata de hacer cumplir la ley, lo que genera un país dividido, polarizado, entre quienes dicen tener la verdad y los otros que aducen el mismo derecho. Así nos vamos yendo en el día a día, de tropiezo en tropiezo, de dolor en dolor, viviendo cada amanecer como una esperanza y en la noche llega nuevamente las hordas de desilusión y el dolor, porque no hay día en que una noticia no opaque a la otra, porque desde cualquier lugar del país salen historias de abuso, maltrato, crímenes, violaciones, violencia intrafamiliar, de personas inescrupulosas que se roban el dinero del pueblo, facturan por encima los auxilios alimentarios, en fin una tragedia de nunca acabar.

Ante este panorama terrible, que genera más muertes y dolor que el propio covid-19, viene otra situación, la más grave, y es la de tratar de entender quién realmente manda en este país, si el presidente elegido democráticamente o el fiscal, o el contralor, o el procurador, o la Corte Constitucional, o los tribunales o los jueces de cualquier lugar que se atribuyen todas las funciones como administradores de justicia.

Este asunto es de debate urgente, de priorización del Estado. Debemos ser conscientes de que para que el Estado funcione debe existir coherencia entre las ramas del poder público y el ejecutivo y excluyo aquí al Congreso porque no está quitándole constantemente atribuciones a la Presidencia como cabeza del ejecutivo y no porque funcione bien, que no lo hace, sino, que, en este caso, no puede ser objeto de queja.

En Colombia cualquier ley, decreto o reglamento dura poco, porque todo es objeto de demanda por constitucionalidad, cualquier decisión presidencial, aunque busque proteger la vida, es objeto de tutela y en esa nos la pasamos, demandas y contrademandas y lo esencial desaparece.

Genera desazón el que, existiendo problemas inmensos desde carcelarios, sociales, de comportamiento, de salud y de convivencia, entre otros, no se pueda tener tranquilidad en las decisiones que se tomen, porque las demandas generan inestabilidad jurídica y por ende se afecta el desarrollo del país.

Creo que aún tenemos vastos sectores de la sociedad que creen que la pandemia, el covid-19 y la cuarentena son un cuento, que se debe abrir todo y que cada cual se defienda como pueda, lo cual es triste y lamentable percibirlo. Se busca el equilibrio económico dando apertura prudente a los diversos sectores de la economía, pero, con cuidados para no incrementar el contagio. El presidente diariamente nos habla del tema, dicta decretos, busca no colapsar la economía aun en contra de las evidencias de contagio, pero no le ayudamos, proliferan las fiestas sin control, sin protección, sin cuidados mínimos y esos posiblemente contagiarán a su padres y hermanos, conllevando a incrementos exponenciales en el virus y colapsando el sistema de salud. Pero hasta sus propios decretos son demandados, tutelas por todas partes y descontrol desde los más cultos e intelectuales, triste servicio al país.

Al final habrá que pensar seriamente quién manda en Colombia, a quién le hacemos caso porque el caos se viene encima sino entendemos que la única forma de prosperar es atendiendo la ley y las normas, que, aunque duras a veces, son las que sirven y protegen a la humanidad.

¿Justicia solamente para los alcaldes de ruana?

Por José Alvear Sanín*

Desde el inicio de esta cuarentena se hizo notorio que muchos alcaldes estaban comprando toneladas de alimentos a precios por libra superiores a los que se obtenían al detal en las tiendas de barrio.

Ante la gravedad de esta nueva modalidad, la señora vicepresidente propuso la organización de un “grupo elite” para investigar y obtener, de manera expedita, las pruebas necesarias para sancionar penalmente a esas “ratas de alcantarilla”, pero esa oportuna iniciativa fue impedida por la triada de fiscal, contralor y procurador, burócratas clientelistas y santistas, los personajes menos confiables en sus respectivos cargos, expertos, eso sí, en investigaciones tan exhaustivas como inútiles.

El pasado 20 de abril, en un artículo respaldado por excelente investigación, La Silla Vacía analiza 48 contratos cuyos sobrecostos, al parecer, equivalen a una suma suficiente para atender los auxilios requeridos actualmente por 68.000 familias… Y esto, probablemente, es solo la punta del iceberg.

Por otro lado, dentro los diarios episodios pintorescos que ofrece, voluntaria o involuntariamente, se presentó a la alcaldesa de Bogotá en su conyugal compra de mercado, que causó indignación no solo por la violación de las regulaciones que esa señora redacta y reclama con estridencia, sino por el mal ejemplo para los ciudadanos.

Con prontitud digna de mejor causa la Fiscalía se ocupó de esa contravención, simple asunto de barandilla, como si se tratase de un delito, por puro afán publicitario. Finalmente, la primera pareja capitalina reconoció la falta y parece que pagó la multa, humilde suma para un hogar que recibe más de cien millones de pesos mensualmente del erario, pero nadie inició proceso al fiscal por extralimitación de funciones… ¡Por algo estamos en el universo mediático!

Si un medio digital puede averiguar tanto detalle oscuro de alcaldes de pueblo, ¿cómo es que las “ías” nunca ven nada? O peor: ¿será que su labor es selectiva y obediente a criterios políticos?

Es evidente que la alcaldesa de Bogotá es hiperactiva, exhibicionista, imprudente, conflictiva, competitiva, arbitraria, agresiva, contradictoria e incontinente verbal. Diariamente ofrece shows a un país ávido de entretenimiento en medio de la obligada reclusión, pero este loable afán de distraer al pueblo no ha sido entendido por tantos columnistas, que unánimemente censuran a la locuaz funcionaria, cuyo creciente y merecido descrédito en los círculos que leen prensa no la afecta en los demás estratos. Mientras disponga de presupuesto para repartir mermelada a los medios de radio y tv, y mientras pueda ejercer su inagotable capacidad demagógica, tiene asegurado un porvenir aterrador para la república.

Por tanto, conviene analizar los primeros meses de su gestión descobalada y delirante, de la cual dan indicios más que preocupantes los contratos que la opinión empieza a conocer, como los $6.000 millones para adquirir espacios publicitarios en radio, prensa, tv, Facebook y Twitter y los $1.280 millones destinados a evaluar la percepción ciudadana de su gestión, así como los que reflejan su munificencia con personas, como los $227 millones por un contrato de seis meses con un individuo que le donó $33 millones para su campaña. Y los $273 millones para la twittera Larissa Lozano y los $111.6 millones para Juliana Vernaza, los $95 millones para Selma Asprilla, los $90 millones para Carlos Amaya, los $44 millones para el hermano de Antonio Navarro Wolff, etcétera, etcétera.

Pero si en Bogotá llueve, en el resto del país no escampa. En Medellín, a última hora fue abortado un contrato celebrado entre la Alcaldía de Medellín y una papelería para la compra de 1´350.000 tapabocas, por $2.641 millones, pero parece que no fue el único. Dicen que hace parte de una pintoresca serie de adquisiciones multimillonarias.

Desde la Colonia se dice que la justicia es para los de ruana. Por eso se teme que las investigaciones de las “ías” sean únicamente para los alcaldes de ruana, mientras los burgomaestres de primera clase pueden seguir dilapidando el tesoro para su engrandecimiento político personal, fletando medios, pagando asesores de imagen y sosteniendo canales locales de tv para inflarlos.

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La declaración de Sergio Fajardo según la cual está dispuesto a encabezar una coalición de todas las fuerzas contra Álvaro Uribe en la elección presidencial de 2022, indica la más baja motivación, porque el odio no parece ser la mejor bandera para lograr el desarrollo del país, ni el expresidente aspira a volver al solio. Pero además, esa manifestación es inocente y prematura, porque Claudia López no lo va a llevar a la presidencia ese año, para que él, a su vez, se la asegure en el 2026. Entre ella, Petro y Fajardo, la pelea por el primer puesto en esa elección presidencial será a muerte.

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Aunque menos impreparados que la generalidad de los congresistas, los magistrados tampoco merecen los ingresos astronómicos que reciben hoy por haber convertido la justicia en una institución tan desacreditada justamente como las cámaras. ¡Y ahora, la corte suprema compra 51 camionetas Toyota (de $266 millones c/u) por $13.276 millones. ¿Por qué las raposas togadas no pueden conducir sus carros particulares ni montar en bus?

Verdades y disimulos de Nestor Humberto

Por José Alvear Sanín*

“Las dos caras de la paz” (Bogotá: Planeta, 2009), de Néstor Humberto Martínez Neira, es un libro muy bien escrito, sólido y revelador, que he leído cuidadosamente. Sin omitir glosas, recomiendo su lectura.

En primer lugar, hay que destacar la preparación y experiencia del autor: superintendente bancario, miembro de la junta del Emisor; gerente jurídico del BID, ministro de Justicia (1994), embajador en Francia, ministro del Interior con Pastrana (1998), y con Santos, ministro de la Presidencia (2014); fiscal general bajo Santos a partir de agosto 1° de 2016, hasta el 15 de mayo de 2019, bajo Duque. En los intervalos entre grandes puestos públicos, unos quince años, ha ejercido la abogacía con inmenso éxito económico.

En consecuencia, no se trata de una persona crédula ni mal informada. Como ministro de Pastrana tuvo personal y profundo conocimiento de la perversidad y mala fe de la cúpula guerrillera, como recuerda cuando narra episodios y conversaciones en el Caguán. Además, en el capítulo 5 no solo explica mejor que nadie las estrategias que llevaron a Chávez al gobierno, sino que nos permite observar cómo se repiten ahora en Colombia.

También revela hasta dónde el acuerdo con las FARC ha sido concebido por ellas únicamente como mecanismo para alcanzar el poder, porque nos dice que sus dirigentes son fanáticos comunistas, intransigentes, obcecados, refractarios, impenetrables, etc., lo que los hace indignos de toda presunción de inocencia o buena fe.

Por lo tanto, creo que las Farc nunca capitularon, sino encontraron una oportunidad (…) para hacer de la opción negociada una vía para crear condiciones que les permitieran acceder al poder (p. 233).

En el epílogo volverá a desnudar a los guerrilleros, lo que me obliga a preguntar: ¿Cómo es posible que, al enterarse del contenido de los acuerdos, como fiscal, un eximio jurista no denuncie la incontable cantidad de violaciones a la Constitución que ellos contienen?

Y luego, después de la negativa del plebiscito, cuando el gobierno procede a la aprobación dolosa del Acuerdo Final (AF), contrario a la Carta y las leyes, ¿cómo es que no hace las denuncias penales correspondientes? ¿Ignoraba que, cuando fue fiscal, Alfonso Valdivieso denunció al presidente Samper penalmente por infracciones, veniales si se quiere, frente a las cometidas por Santos?

El exfiscal disimula, entonces, y finge creer en las bondades de la “paz” …, pero cuando ya se ha consumado esa cadena de golpes de Estado, empieza a tratar de mitigar los peores atropellos autorizados en la ley estatutaria de la JEP. Su sólida argumentación jurídica tiene un éxito provisional, porque el Congreso aprueba algunos correctivos a ese estatuto aterrador, pero pocos meses después la Corte Constitucional derogará para que esa ley quede igual al proyecto presentado por las FARC y el gobierno.

Esta triste historia se repetirá con las tibias objeciones de Duque a seis artículos de esa ley, que ¡solo tenía otros 154 inconstitucionales e inconvenientes!

A lo largo de todo el libro Néstor Humberto se cuida de alejarse de Santos, aunque deja entrever (p. 83) que no ignoró las maniobras fraudulentas para birlarle la presidencia a Óscar Iván Zuluaga; y algo todavía peor: en las páginas 129 y siguientes narra cómo engañó Santos a Uribe Vélez cuando este último intentaba algunas reformas a los acuerdos con las FARC para hacerlos menos inconvenientes. Lo anterior me lleva nuevamente a señalar que nunca se debió conversar con Santos nada distinto a su renuncia, después de la negativa del pueblo al AF.

Ahora bien, como fiscal, Martínez Neira realizó una gran labor que la historia le reconocerá, evaluando y cuantificando la actividad criminal de las FARC, para transmitirla a la JEP. ¡Otra cosa es que esa jurisdicción haga caso de esa documentación!

Para el efecto, el 8 de noviembre de 2016 formé el Grupo para la persecución de activos ilícitos, integrado por 300 personas (…) 100 del CTI, 100 de la Dijín y 100 del ejército, que durante más de un año analizaron 13 millones de archivos electrónicos, 15.000 entrevistas y 286 inspecciones, labor que permitió establecer que el patrimonio ilícito de las FARC alcanzó una suma cercana a los 10 billones de pesos (…) y que entre 1996 y 2012, recibieron 1.2 billones de dólares por secuestros y 7.7 billones de pesos por narcotráfico. (Pag. 235 y siguientes)

Su Fiscalía trató de lograr la entrega de los bienes de las FARC para la reparación de las víctimas. Por eso el libro nos recuerda el famoso inventario de esa organización, que sumaba dizque 823 534 millones de pesos, lo que no pasó de ser una gigantesca mamada de gallo, porque, inter alia, decían tener 241.560 hectáreas de tierra, sin identificación catastral o registral, por la suma de 433.658 millones de pesos, así como 20.724 cabezas de ganado, sin información de dónde estaban, y de 325 vehículos sin matrícula, etc., para no hablar de traperos, cirugías de venas várices y de la operación de la cavidad de un pene, que presentaban como créditos contra la Nación. La realidad es que, si mucho, a diciembre 31 de 2019 han entregado unos $ 20 000 millones, según Néstor Humberto, o el 0.38 % por ciento de ese inventario, según la Federación de Víctimas de las FARC.

El capítulo 6, dedicado a las maniobras de las FARC para evadir el cumplimiento de la entrega de esos activos es muy interesante. Ojalá la fecha límite para esa entrega de bienes, que el gobierno ha aplazado hasta el próximo 20 de julio, no conduzca a nuevos plazos, concesiones o engaños.

El gobierno siempre le cumple a las FARC, mientras ellos jamás lo hacen, pero insisten en que nada se les ha cumplido, aunque de nuevo acaban de ampliar los términos para seguir sosteniendo a millares de “cumplidores” del AF.

Como están frescos los episodios de la confabulación de la JEP con Santrich y su fuga, no es necesario referirnos a ellos. En toda esa comedia bufa la única actuación seria fue la del fiscal, que tuvo que renunciar el 19 de mayo de 2019 para no tener que cumplir con la orden arbitraria e ilegal de la JEP de excarcelar al narcoguerrillero.

Para finalizar, llamo la atención sobre el terrible epílogo del libro, que retrata de nuevo la índole de las FARC y la infamia del acuerdo que les entregó el control del Estado, aunque el autor —todavía— sigue creyendo indispensable “concertar una política que acelere el cumplimiento del Estado”…

En la página 361 nos informa que 99 114 investigaciones de delitos de las FARC dejaron 72 146 víctimas (…), que desde luego —acoto— nadie está actualmente detenido por esos hechos, ¡mientras por 4 110 investigaciones contra agentes del Estado, hay 11 664 procesados! Frente a miles de secuestrados (pag. 266) solamente 275 terminaron en condena, y por reclutamiento de niños solo hay 10 sentencias, pero utilizaron 5 252 menores, y de ellos, solamente entregaron al ICBF 124 (pag. 367).

Al cerrar el libro no puedo dejar de pensar que si el fiscal Martínez Neira, en vez de seguir confiando en un pacto con delincuentes que él bien conocía, hubiera cumplido con el deber de denunciar los delitos que rodearon su fraudulenta aprobación, el epígrafe de su libro, “Como testimonio de fe en las libertades y el orden institucional”, tendría mayor validez.

Cuando el silencio no es una opción

José Leonardo Rincón, S. J.*

Estuve en Pasto para acompañar al nuevo rector del Colegio Javeriano en su posesión, en una sobria pero muy sentida ceremonia que resultó ser un excelente pretexto para volver al sur, donde subsisten tantos afectos. Coincidió mi estancia con un evento organizado por la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, jornada que se realizó en el bellísimo teatro del colegio del cual fui rector hace poco más de dos décadas.

El lugar se colmó para la hora de inicio. Había representantes de varias regiones de nuestro país, casi todas mujeres buscadoras de sus seres queridos, por supuesto, víctimas afectadas por el vergonzoso conflicto que padecimos por más de medio siglo. Pero también estaban presentes los comisionados con su presidente a la cabeza, la directora de la Unidad y su equipo, la presidenta de la JEP, representantes de la fiscalía, la directora del Instituto de Medicina Legal, líderes de ONGs de muy diversos temas, jóvenes estudiantes, en fin…

Quería estar solo un rato, pero resulté quedándome casi todo el tiempo. La consigna “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” resonaba como elemental y justa demanda. Las imágenes con los rostros de tantas personas de los que hoy no se sabe nada fueron impactantes, pero los testimonios de sus familiares, realmente conmovedores. Para uno, ciudadano citadino, lejos de nuestros campos y veredas de la periferia, el tema resulta ser de cultura general, estadístico (son decenas de miles) y a lo sumo político e ideológico (por algo sería). Otra cosa es la tragedia que viven estas personas, porque si bien una es la victima en cada caso, en realidad son sus seres queridos: papás, hermanos, familiares y amigos, quienes a su alrededor sufren todos los días la magnitud de esta desgracia.

En la víspera del encuentro se desató una fuerte polémica por las declaraciones, por un lado, de la Fiscalía asegurando que en la retoma del Palacio de Justicia no hubo desaparición forzada, y por otro, de Medicina Legal afirmando que hubo fallas en las pruebas técnicas de reconocimiento de los restos humanos. Habría que distinguir las dos cosas, pues una cosa es la desaparición forzada y otra la ciencia forense. Que la ciencia y la tecnología de hoy supere la de los años 80, es una verdad de perogrullo y que, en aquella caótica tragedia de noviembre del 86, no hubo ningún protocolo para la recolección de pruebas pues todo fue confusión, nadie lo pone en duda. Pero lo que resulta inaceptable desde todo punto de vista es que nos quieran decir que no hubo desaparecidos, cuando las cámaras de televisión registraron la salida de muchas personas de las que después nunca se supo su paradero. Que es cierto que algunos ya aparecieron porque sus cadaveres fueron reconocidos, no niega el delito de la desaparición forzada que se dio allí. Que puede ser cierto que en algunos casos hubo equivocaciones al dar por reconocidos algunos que no era esa su identidad, no puede arrojar como conclusión que entonces no hubo desaparecidos, por el contrario, lo confirma. Insistir en el exabrupto de que no hubo tan tamaña barbarie revictimiza. Con razón, un joven paisa, hermano de un desaparecido en la Comuna 13, ofendido por esas declaraciones de la Fiscalía dijo: “seguiremos luchando, seguiremos buscándolos. El silencio para nosotros no es una opción”.

En la guerra, se ha dicho siempre, la primera víctima es la verdad. De manera que, para poder llegar al esclarecimiento de la verdad, un propósito que siempre se asume una vez se ha logrado la paz, es que los actores del conflicto armado sean invitados a contar “su” verdad, es decir, la versión libre y espontánea de por qué actuaron, cómo actuaron, cómo y cuándo lo hicieron, con quiénes, entre otros aspectos. En el complejo caso colombiano no son dos los grupos de protagonistas sino muchos más: los gobiernos de turno que estuvieron al frente de las instituciones del Estado, las fuerzas militares y de policía, los grupos guerrilleros y sus facciones, los grupos paramilitares y sus facciones, los carteles del narcotrafico, los grupos delincuenciales de todo orden y matiz que sirvieron por motivos económicos a unos y otros, las personas e instituciones de la sociedad civil… aquí el rompecabezas está lleno de fichas que muchas veces no cuadran ni encajan. Menuda tarea tienen los miembros de la Comisión de la Verdad para poder atender su encargo. Por ahí el señor Londoño Hoyos dice que no cree en la verdad del Padre De Roux, como si fuera él quien pontificara la suya. Ignora el recalcitrante señor que, al interior de la misma Comisión, como en todas las organizaciones, ninguno piensa igual, hay posturas no sólo diversas sino radicales desde su propia perspectiva. ¡Algunos negacionistas resultan diciendo ahora, como hace unos años, que no hubo conflicto, que no hubo desaparecidos, que no hubo torturas ni violaciones a los derechos humanos, mejor dicho, que esto siempre fue el país de las maravillas!

Y en ese contexto, cuando ya había concluido mis reflexiones de esta semana, nos sorprenden algunos de las FARC con su regreso a la opción armada. ¡Qué frustración, qué dolor de patria, qué retroceso! “Es ahí donde se sigue develando poco a poco la verdad”, me dijo el P De Roux a nuestro regreso a Bogotá. Y tiene razón, porque aquí es donde, como decimos, se pela el cobre: quiénes están de verdad con la paz y quiénes con la guerra. Qué aciertos y qué errores tuvo el proceso de La Habana. Qué grandeza o qué mezquindad tendremos con los desmovilizados que le apuestan a un país en paz. Si era cierto que el país se les había entregado, por qué diablos se vuelven para el monte. Quienes son los oportunistas que le sacan partido a la coyuntura para volver a la maldita guerra. Me preocupa que la polarización se radicalice. Por eso mismo, el silencio no es opción. Hay que seguir promoviendo un mejor país para todos y denunciando a viva voz todas las plagas que quieren acabarlo. No hay de otra.