Ciegos, sordos y mudos

José Alvear Sanín

Pocas cosas debe haber peores que la condición de quienes carecen de la vista, el oído o el habla. En muchos países, a esos desventurados se procura ayudarles con subvenciones, enfermeros, lazarillos, perros entrenados, audífonos, tratamientos de rehabilitación, etcétera, cuando esta es posible, salvo en Colombia, donde les confiamos la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

De suyo, confiar tan vitales funciones para el Estado a personas con una sola discapacidad sería gravísima irresponsabilidad, pero el despropósito fue peor, porque los titulares de las tres ías sufrían las tres incapacidades simultáneamente. Ninguno vio, oyó, ni denunció lo que era evidente, sonoro y escandaloso, en el cuatrienio infame que terminó el pasado 7 de agosto.

La tristísima condición de triple invalidez de esos altísimos funcionarios permitió la sucesión interminable de delitos:

1. Contra la administración pública: despilfarro, malversación, peculado, prevaricato, celebración indebida e ilegal de centenares de miles de contratos, etcétera.

2. Contra la economía nacional: desmoronamiento de Ecopetrol, estimulante inacción frente a narcocultivos y minería ilegal.

3. De traición a la patria, con la entrega de buena parte de su territorio a grupos subversivos, combos criminales y mingas sufragadas.

4. De injuria y calumnia, contra centenares de ciudadanos afrentados con acusaciones falsas, cuando no directamente amenazados.

5. De lesa humanidad: degradación del sistema de salud, tolerancia con el secuestro, reclutamiento y abuso de menores…

La anterior, escueta e incompleta enumeración de conductas punibles, exige que Petro, en lugar de ser considerado un expresidente normal, sea tenido como un “presunto” en miles de los posibles y merecidos procesos que debería enfrentar, si algún día llegamos a tener fiscal, procurador y contralor que disfruten de cabal salud física, mental y jurídica, capaces de activar los mecanismos judiciales correspondientes a la gravedad de hechos que nadie ignora.

Sin embargo, fiscal, procurador y contralor, nada deben temer, porque su triste y triple discapacidad los hace inimputables…

Con el Libro de la verdad quedaron en evidencia

Andrés de Bedout Jaramillo

Los colombianos no podemos creer que, luego de destinar billones de pesos anuales al funcionamiento de las autoridades de vigilancia y control (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría), no tengamos ningún resultado tangible frente a las violaciones que, de manera descarada, venían cometiendo Petro y sus secuaces, dejando a nuestro país herido de muerte y sumido en una crisis que hoy se agrava con el reciente terremoto. Ni siquiera fueron eficaces en asustar o disuadir a los funcionarios de Petro, para evitar esa increíble seguidilla generalizada de corrupciones a todos los niveles, hasta el último minuto de su nefasto mandato.

No puede ser que, de las más de 80 irregularidades denunciadas por el gobierno entrante —irregularidades que todos los colombianos veníamos observando y denunciando— nuestras autoridades de vigilancia y control permanecieran quietas, calladas, como si no existieran, haciéndose las locas frente a lo que estaba sucediendo.

En el evento de entrega del Libro de la verdad se les notaba la cara de vergüenza a la fiscal, al procurador y al contralor. Quedaron en evidencia, pero a su vez retados públicamente a actuar rápida y eficientemente frente a las denuncias presentadas y documentadas. Su complicidad no podrá continuar en este gobierno: les llegó la hora de cumplir con su deber, es hora de actuar.

Afortunadamente, en la Comisión de Acusaciones quedó el representante Daniel Briceño. Recordemos que es la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes la encargada de investigar y acusar, además del presidente de la República, a la fiscal, al procurador y al contralor. En mi concepto, a estos funcionarios se les debe abrir investigación rápidamente por el delito de prevaricato u omisión de denuncia, amén de las consecuencias disciplinarias correspondientes.

Si bien esta comisión ha sido un desastre, aspiramos a que con Briceño —aunque en minoría— se vea obligada a actuar. Estamos seguros de que estará muy por encima de sus demás integrantes, donde el Pacto Histórico cuenta con las mayorías, que hoy, quizá con la presión de Briceño, puedan cambiar y cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales.

En otras palabras, Briceño será la piedra en el zapato que pondrá a trabajar a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El acto de entrega del Libro de la verdad, resultante del empalme anticorrupción —que, dicho sea de paso, terminó siendo un empalme con los delegados de la Contraloría General de la Nación en los diferentes ministerios y entidades del Estado, dada la negativa del gobierno saliente a entregar información, cimentada en el no reconocimiento del triunfo del Tigre por parte de Petro y su Pacto Histórico— se constituyó en un símbolo vinculante y delatador, con todas las características de una denuncia penal y fiscal directa de un presidente a las autoridades de vigilancia y control.

El Libro de la verdad / Empalme anticorrupción fue entregado personal y públicamente por el presidente a la Fiscal, al Procurador y al Contralor, quienes tendrán obligatoriamente que asumir las investigaciones correspondientes. No podrán argumentar la inexistencia de denuncia de parte, aunque muchas de las conductas delictuosas denunciadas ya deberían estar siendo investigadas de oficio por estas entidades. Seguramente, sobre algunas en particular, puedan tener avances que permitan atribuir responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias a los funcionarios salientes.

Que nuestro Señor Jesucristo les dé la entereza y el valor necesarios a nuestras autoridades de vigilancia y control para cumplir con sus deberes constitucionales y legales.

Cómo reconstruir a Medellín 3

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

El control

1. Control personal, tengo que autocontrolarme al momento de decidir por quién voy a votar, tomarme mi tiempo para que mi decisión sea con la razón más que con la emoción y agregue valor al proceso de reconstrucción. Medellín es una empresa, los accionistas somos los ciudadanos, la junta directiva es el Concejo, el gerente es el alcalde, las JAL son el medio de enlace. La responsabilidad como accionistas y electores, para el próximo 29 de octubre, es muy grande.

2. Queremos candidatos serios, claros, transparentes, que digan la verdad, con experiencia y conocimiento, que busquen en su actuar el interés general, que estén dispuestos al autocontrol, a las veedurías ciudadanas, al control interno, al control anterior y preventivo, al control posterior y selectivo de la Contraloría y Personería de Medellín; alcalde que tenga como invitados permanentes a los consejos de gobierno, al contralor y al personero de la ciudad. Precandidatos y candidatos deben capacitarse debidamente en el conocimiento, entre otros tópicos del organigrama, presupuesto, plan de inversiones, programas sociales y funcionamiento de nuestra municipalidad.

3. Queremos concejales dispuestos a elegir en forma consciente un contralor y un personero que obedezcan más al conocimiento de su trabajo en el ejercicio del control, que al aprovechamiento de cuotas políticas. Recordemos que el contralor y el personero de Medellín ganan el mismo sueldo que el alcalde, $18.755.000/mes + viáticos + gastos de representación + bonificación.

4. Queremos un alcalde que nombre un control interno, secretario de vigilancia y control, valiente y profesional, que pueda detectar las actuaciones sospechosas y dañinas de sus compañeros de gabinete, para evitar daños al municipio.

5. Queremos unos concejales que ejerzan un verdadero control político, que no se dejen comprar con ofrecimientos ni prebendas burocráticas, que digan siempre la verdad, que sean claros y transparentes, que sean justos, estudiosos y muy profesionales. La responsabilidad de los concejales es muy grande, inclusive ganan bajo la figura de honorarios el mismo sueldo que el alcalde de Medellín. $18.755.000/30x24 = $15.629.000/mes.

6. Recordemos que el Municipio de Medellín es un conglomerado público/económico, con 25 secretarías y departamentos administrativos, 6 gerencias, 36 entes descentralizados, 60 subsecretarías y subdirecciones, que su junta directiva es el Concejo de Medellín, 21 concejales. No nos podemos equivocar en la elección de nuestros concejales, en la elección de nuestra junta directiva.

7. El Municipio de Medellín invierte mucho dinero en el control si sumamos lo que nos cuesta el Concejo, más la Contraloría, más la Personería, más las JAL, más los controles internos central y de las diferentes entidades descentralizadas; la cifra es de varios miles de millones de pesos. No tiene sentido que esos controles no estén a la altura que la ciudad necesita, ni siquiera para disuadir a los corruptos.

8. Medellín se precia de contar con sus propias empresas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas) EPM, ente descentralizado vinculado, con porcentajes de cobertura que superan el 90%. Si estas empresas se nos siguen politizando vamos a retroceder a niveles de no retorno. Tenemos que frenar en seco y retomar el camino, recordemos que la responsabilidad de nuestras Empresas Públicas de Medellín ya no es solo con nuestra ciudad, es con Colombia entera. El alcalde de la reconstrucción de Medellín, no se puede equivocar en el nombramiento de la junta directiva y del gerente de EPM y estos no se pueden equivocar en el nombramiento del control interno de la entidad y los concejales, contralor y personero elegidos, tienen que hacer su trabajo con justicia y responsabilidad en este proceso de reconstrucción.

9. El control de la sociedad es el más importante, somos los que sabemos si una obra es necesaria o no, si la ejecución se está haciendo correctamente o no, sabemos dónde se están presentando problemas de inseguridad, de basuras, de escombros, de huecos; sabemos dónde debe actuar el Municipio para atender habitantes de calle, etcétera. Pero, desafortunadamente, no estamos siendo escuchados, tenemos que recuperar la articulación entre comunidad y Estado. Las juntas administradoras locales juegan un papel importantísimo como enlace entre la comunidad y el Concejo; identifiquemos los líderes buenos en nuestros barrios, en cualquier momento los vamos a necesitar; los miembros de las JAL ya son remunerados.

10. El control de los medios de comunicación y de las redes son importantísimos, son estos los que están evidenciando algunas de las falencias, alertando a nuestros gobernantes, autoridades y a las entidades de vigilancia y control, para que tomen cartas en los diferentes asuntos de las comunidades. Importantísimo que estas entidades informen sobre el estado de las actuaciones e investigaciones originadas en el trabajo de los medios y redes.

Si estos controles, expresados en estos 10 puntos, nos funcionan, el proceso de reconstrucción y recuperación de Medellín será exitoso y nos garantizará la sostenibilidad.

Recordemos que Medellín es distrito especial de ciencia, tecnología e innovación, lo que va a permitir conseguir más recursos de la nación, recursos que con las rentas propias (predial e industria y comercio) más los excedentes de EPM, con un manejo eficiente, transparente y profesional, nos permitirá recuperar la senda de desarrollo y liderazgo que nos ha distinguido.

Cuando el hombre fuerte, completamente armado, vigila su propia vivienda, sus bienes están a salvo. Pero cuando alguien más fuerte lo ataca y lo vence, le quita toda la armadura en la que confiaba, y reparte su botín.

Lucas 11:21-22,

Que nuestro señor Jesucristo nos ilumine y nos ayude a reconstruir a Medellín.

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De cara al porvenir: elefantes blancos

Por Pedro Juan González Carvajal*

Hace varios años el Noticiero CM& presenta todos los lunes una sección que ha denominado “Los Elefantes Blancos”, es decir un espacio donde se denuncian las obras inconclusas que, por corrupción y malas administraciones, se inician, pero no se concluyen en este bendito país.

Acueductos veredales, escuelas, colegios, hospitales, puentes, carreteras, sedes de entidades como el SENA en pleno Bogotá, establecimientos carcelarios, parques, escenarios deportivos, reconstrucciones ante catástrofes naturales, teleféricos, puntos de internet, entre otros variados tipos de infraestructuras, hacen parte del variopinto inventario de obras inconclusas documentadas y denunciadas por CM&.

Como simple ciudadano me parecería al menos de buen recibo que por parte de la Auditoría General de la Nación, –de quien no conozco ni el nombre de su actual cabeza, ni ninguna realización concreta de dicha institución–, y asumiendo que las funciones que debe cumplir se asocian al de su nombre, –cuya actividad es concreta en el sector privado–, y de la Contraloría General de la República, pues como mínimo le hagan seguimiento y den pronta respuesta a las denuncias que públicamente se hacen y ante las cuales ninguno de los dos organismos anteriores ha hecho nada.

Hay que anotar que brilla por su ausencia este tipo de respuesta.

Ante la creación del Ministerio de la igualdad, cuyo propósito es loable :”Buscar eliminar las desigualdades políticas, económicas y sociales”, pero cuyos verdaderos resultados son inciertos, pues no tiene capacidad de ejecución sino de promoción y fomento de la igualdad y me imagino que denunciar casos puntuales, me parece entonces pertinente crear el Ministerio de las Obras Inconclusas para garantizar que las obras que esperan ilusionadas las comunidades a lo largo y ancho de nuestro país, por decenios, por fin se hagan realidad.

Personalmente considero que a las cabezas de los órganos de control en cuyo período de actuación se incumplieron los contratos, así como a los contratistas, contratantes e interventores, se les debería quitar la Tarjeta Profesional e impedirles ser funcionarios públicos y contratar con el Estado mínimo por 50 años inapelables. ¿O es que vamos a seguir alcahueteando esta corruptela?

Yo cómplice por omisión si no quiero ser.

Pasando a otro tema, se anuncia por parte del Gobierno Nacional que se reemplazará el actual sistema de estratificación socioeconómica por otro tipo de indicadores.

Recordemos que la actual estratificación socioeconómica se dio al amparo de la Ley 142 del año 1994 y se refiere a la clasificación de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial (por estratos) los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones. Sin saberse por qué, esta estratificación reemplazó las tradicionales dimensiones vigentes hasta esa fecha: lumpen, clase baja, clase media y clase alta.

Hoy por hoy, la pobreza y la riqueza extremas generan nuevos horizontes en el recorrido del péndulo socioeconómico, donde la injusticia, la pobreza y la iniquidad, muestran realidades que nos deberían al menos hacer ruborizar como especie.

El coctel explosivo de crecimiento de la población y cambio climático, ofrecen un panorama asustador, para quienes decimos tener un poco de conciencia.

Hoy tenemos una clase sibarita pobre, una clase pobre resignada, una clase media pudiente, una clase media endeudada hasta el tuétano, una clase alta tacaña y una clase alta de bajo poder adquisitivo, esto sin nombrar los estratos 7,8 y 9 en adelante y las estrafalarias fortunas provenientes de la corrupción, el narcotráfico y otros delitos más sofisticados.

Corrupción y más corrupción

Por Antonio Montoya H.

Eso es lo que ocurre a diario en Colombia y posiblemente en muchos otros lugares del mundo. No es un tema exclusivo nuestro, aunque sí esté arraigado desde tiempos inmemoriales. Desde la época de la Conquista y la Colonia tenemos historias de robos, pérdidas de dinero de la corona española y condenas diversas por ese tipo de delito.

Para mí el problema está en que, en vez de controlarse, se expande a diario por todo el territorio nacional; no hay municipio, corregimiento o departamento en el que no se den graves problemas por causa de la corrupción, las obras públicas no se concluyen, los anticipos se pierden, hospitales sin terminar, miles y miles de millones de pesos que no se vuelven a ver, nadie logra recuperarlos, los beneficiarios de esos dineros mal habidos se pierden en la maraña de la contratación y los que quedan inmersos en procesos penales logran al poco tiempo salir por falta de pruebas, por vencimiento de términos, en fin por la acción de los propios abogados defensores que diluyendo el proceso, aplazando audiencias por los motivos más diversos e increíbles, obtienen el beneficio de la libertad y así estos bandidos vuelven a sus hogares a disfrutar del dinero que ya tenían encaletado en lugares donde nadie los encuentra y logran así reinsertarse en la vida civil por no ser condenados riéndose del Estado y disfrutando de dinero que no les corresponde.

Desde los grandes actos de corrupción como Reficar, los Nule, Dragacol, alimentos para los niños, edificios sin terminar, el Túnel de la Línea, contratos de carreteras que se tienen que adicionar, colegios, en fin, no terminaríamos la lista de los grandes desfalcos de este país, pero a ellos que son lo de renombre nacional, se les unen a diario miles y miles de contratos donde está la mano metida de la corrupción. Por ejemplo nos podemos referir a la feria de contratos que por causa de la pandemia se han dado en nuestro país, comprometiendo elevadas sumas con contratistas que no cumplen requisitos, o por cifras más altas que cualquier mercado del país; medicinas de valor astronómico y todos esos negocios que aparecen a pesar de que en meses recientes los grandes entes de control de nuestro país a saber la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía se presentaron públicamente en la televisión y nos informaron de las investigaciones abiertas aseguraban que de encontrarse realmente las pruebas estas personas serian condenadas y purgarían su delito.

Pues no, no hay demostración de que esto esté ocurriendo porque las tres “ías”, como se les dice en el común de las personas, hablan mucho y concretan poco, las pruebas están, los documentos que permitirían asegurar a los responsables están, pero no sé por qué no pasa nada, y eso que esas tres entidades tienen grandes profesionales a cargo, puede ser que la burocracia no deja avanzar, esos procesos acaban en los anaqueles eternamente y al final no pasa nada.

Señores lectores, tenemos que cambiar, estos actos diarios que conducen al detrimento del erario público, están también en la justicia con el ya conocido cartel de la toga, vendiendo fallos o embolatando procesos  para favorecer a congresistas, el crecimiento de las tutelas desbordando el objeto para el cual fueron creadas en la Constitución del 91, el mismo Congreso sin ser capaz de renovarse, controlarse y extinguir el mal que lo carcome, evitando a toda costa su reducción en numero de congresistas, su renovación, su no reelección mas de dos veces, sus salarios, en fin allí nace el desastre de este país no facilitamos que triunfe la moralidad pública.

Se han intentado referendos, y nosotros los ciudadanos tampoco ayudamos. En uno de ellos faltó poco para llegar al umbral de votos requerido, en el otro, por unos pocos votos, no se logró el objetivo, y aunque se ha intentado el cambio bajo proyectos de ley, estos tampoco prosperan porque los mismos congresistas los derrotan lo que vuelve extremadamente difícil extirpar el cáncer de la corrupción.

Es increíble observar en las redes, las noticias y los periódicos, cómo salen a diario actos de corrupción, de desfalcos y pérdida de dineros del Estado; por eso cuando dicen que habrá reforma tributaria me parece increíble oírlo, no se puede aceptar, debemos exigir que se proteja el dinero de los contribuyentes que exista pronta y eficaz justicia y para ello deberían ayudar las veedurías ciudadanas y los mismos antes de control vigilando desde el origen de la contratación antes de entregar dineros, que se tenga certeza de los proyectos, de las licitaciones y de los controles, es decir, debemos tener el control de los entes antes de que se cometen los delitos, de lo contrario no justifica tenerlos. Exijamos transparencia.

Hay que exponer a los corruptos, que saque un listado

Por Andrés de Bedout Jaramillo

Corruptos. Esta palabrita causa terror, porque tiene que ver con abuso de poder para beneficio propio.

Que cosa tan horrible; el solo hecho de pensar en varías personas que son capaces de estos comportamientos y las autoridades de vigilancia y control no pueden contra ellos, hace que se le caiga a uno la cara de vergüenza. ¿Qué sentirán los pomposos funcionarios del Estado encargados de estas funciones? Se deben de sentir frustrados y con pena de lo ineficientes en el manejo de sus poderosas dependencias; que entre tantos y supuestamente especializados y además bien pagados, no sean capaces de vigilar, controlar y denunciar a los corruptos en los temas de vigilancia y control, administrativo, político, fiscal y disciplinario. Si el problema de la corrupción es tan grave como lo pintan, debe haber un cartel de los corruptos, que se exhiba frecuentemente en los medios, como sanción ejemplarizante de que están plenamente identificados y sobre ellos pesan condenas y deben ser capturados si es del caso.

A mí personalmente me parece, con todo respeto, que en Colombia no estamos sabiendo contabilizar la corrupción. Yo no entiendo porque no se reúnen las poderosas entidades como lo son fiscalía, procuraduría, personerías, contralorías, jueces y magistrados y definen cómo se contabiliza este tema y se publicita para efectos del escarnio público, un elemento disuasivo requerido para vencer la corrupción.

Esta situación, de no tener la contabilidad de los corruptos, de mantenerlos invisibles, hace que no prospere la lucha contra la corrupción y terminamos como cómplices e impotentes.

Imposible que en un país como el nuestro no tengamos los elementos para construir el listado de los corruptos, para que todos podamos estar alertas a sus actuaciones y me refiero a los condenados por jueces y magistrados, en los procesos penales correspondientes, a los sancionados fiscalmente por contralorías, por personarías y procuradurías. Eso solo pondría en la picota pública a estos personajes nefastos, como los verdaderos enemigos de la sociedad, del interés general, del buen comportamiento.

Ojo que no me estoy refiriendo a los que no han sido condenados, ni a los que están en el campo de las especulaciones, de las investigaciones, a quienes de paso deben también agilizarles sus procesos para ponerlos o no, en el listado de corruptos y poder tener cuidado con ellos.

Las autoridades de vigilancia y control pululan en Colombia, como para decir que nos tiene dominada la corrupción, no señor, yo no sé cuántos millones de colombianos trabajan en estas poderosas entidades de vigilancia y control. Además de veedurías, concejos, asambleas, congresistas y sus tropas de UTLS, haciendo control político permanente. Yo me niego a creer que ya ni siquiera se tenga miedo a estas entidades y se actúe por encima de ellos. Que saquen los listados y los consoliden, porque es que otra forma de persistir en la lucha contra la corrupción tiene que ver con los temas del control previo y del control posterior y selectivo, o están disparando para donde no es, o están perdidos en los formalismos procesales, en la recopilación y utilización de pruebas o lo más seguro, estamos viviendo de muchos escándalos falsos, para poder mantener ocupados a los investigadores y la feria pueda continuar.

Tenemos unos periodistas muy investigadores, que se pongan en la tarea divulgadora de los listados de corruptos, expedidos por esas poderosas instituciones de vigilancia y control, que saquen sus cuentas, sus listados, y los muestren públicamente y se expongan en medios. Es que no hacemos nada, solo quejarnos, que el Congreso le pida cuentas a las entidades de vigilancia y control, si nadie sale con alguna idea que visibilice corruptos castigados por lo menos, estamos jodidos y condenados a seguir en sus manos.

El balance de controles también lo tienen que hacer a nivel municipal y departamental y son sus autoridades de vigilancia y control, las que tienen que volarles el helicóptero bajito o a los funcionarios corruptos, pero con olfato, para no entorpecer a las administraciones en el desarrollo de sus programas, administraciones que deben estar informando transparentemente todo lo que hacen.

Ya va siendo hora de que las entidades de vigilancia y control empiecen a entregar los resultados de las investigaciones iniciadas al alcalde Quintero; los movimientos de revocatoria estarían más fuertes contando con los pronunciamientos de estas entidades, si es que existen. Si todos los encargados de investigar y castigar, siguen tan demorados en entregar resultados, vamos a seguir en un país con una justicia muy pesada, muy costosa y muy poco eficiente, mejor dicho, el balance costo beneficio no cierra.

Personalmente me ha gustado la estrategia del presidente, una diaria rendición de cuentas suyas y de sus funcionarios. Ese programa de televisión diario es muy importante, si quiero estar enterado de lo que hacen en el gobierno, en la pandemia, en la reactivación, en el invierno. Es un esfuerzo de admirar, yo pienso que debe continuar, tenemos que aprender a acostumbrarnos a que nos rindan cuentas claras.

Criticar al presidente por este programa de interés general, de interés público, es, estar buscando intereses particulares electorales. Que se mantenga la rendición permanente de cuentas, eso es transparencia, es mostrar que se está pendiente de todos los asuntos del país, de que como humanos en el gobierno están dando la pelea por el país. A mí eso me hace sentir tranquilo, el capitán del barco, siempre visible, siempre atendiendo de frente todos los problemas, siempre buscando el interés general y rindiendo cuentas a diario, volándole bajito el helicóptero a todos sus funcionarios, el resto es carreta.

Esto inclusive es un ejemplo para alcaldes y gobernadores, también siempre en la jugada. No podemos ser ni desagradecidos, ni desmejoradores, insisto, en Colombia los que tratamos de manejarnos siempre lo mejor posible, somos más, que los que insisten en manejarse mal y por eso hay que identificarlos y publicarlos, tenemos todos los medios que nos permitirían esta estrategia que propongo.

Con la rendición permanente de cuentas y con la publicación del listado de corruptos, podríamos recuperar confianza entre nosotros y el Estado. Este país va a salir adelante, tenemos lo más importante, colombianos con ganas de trabajar, de estudiar, de emprender, de sacar adelante a sus familias y de no dejarse joder más de los corruptos.

Entre todos podemos, nuestro señor Jesucristo nos ayuda.

El momento de las grandes decisiones y reformas

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

La privación de la libertad del senador Álvaro Uribe y la no privación de la libertad del senador Santrich, obligan sin dilación alguna a reformar el congreso y las cortes de nuestro país, algo muy grave está pasando en su interior para que se den estas diferencias tan supremamente raras.

Beneficiar a un senador de extrema izquierda, guerrillero, delincuente, otorgándole la posibilidad de defenderse en libertad, que terminó en fuga, porque todos estábamos seguros, hasta sus propios compañeros de bancada, de que se fugaría para seguir delinquiendo y privar de la libertad a una persona que ha trabajado sin descanso por el país, que todos sabemos que no se va a fugar, porque nunca le ha escurrido el bulto a nada, es un contrasentido de tal magnitud, que la sensación de invasión de la política en la justicia, pasa a ser una realidad que hay que corregir de inmediato.

Si no se reforman los poderes legislativo y judicial, adelgazándolos, independizándolos y volviéndolos eficientes, nuestro país seguirá por el sendero incorrecto, de un Estado gigante, insostenible, ineficiente, con un desequilibrio, donde no van a poder prosperar ni siquiera los miembros de esos cuerpos colegiados, sumidos en el desprestigio y la desconfianza.

Con una cámara legislativa y con una corte judicial tenemos, eso sí, integradas por personas de altísimas calidades morales, culturales y profesionales, que sean prenda de garantía en el ejercicio de sus responsabilidades y motivo de orgullo y confianza para el país.

Llegó el momento impostergable de que las reformas propuestas por Uribe, de años atrás, para estas instituciones fundamentales en el buen funcionamiento del Estado colombiano, se lleven a cabo con rapidez, así toque echar mano de los mecanismos constitucionales establecidos, donde seamos los colombianos los que demos la orden, como constituyentes primarios, habida consideración de que el congreso actual no ha tenido la grandeza de hacerlo.

Pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le permita al senador Uribe, en libertad y en el senado, ayudar a sacar adelante estas reformas, y a su vez que se defienda de las acusaciones que se le indilgan, no es pedirle mucho. Ellos saben que él no se pondrá en fuga, saben que su experiencia, su conocimiento y su inteligencia, permitirán producir en el congreso o en una constituyente si es del caso, las reformas urgentes requeridas por el país y más en estos muy difíciles momentos que vivimos y con tendencia a ser más difícil aún más con los efectos del coronavirus, donde el desempleo por la masiva quiebra de los sectores formales e informales, resentirá fuertemente los ingresos del Estado, lo que afectará el poder sostener instituciones tan costosas e ineficientes como las que manejan los poderes legislativo y judicial, además de las entidades de vigilancia y control conocidas, para resumir, como las IAS.

El presidente Duque debe montar inmediatamente una estrategia que detenga esta carrera absurda de polarización, convocando a los acuerdos políticos y patrióticos que beneficien a los colombianos y que permitan la unidad, el equilibrio y la sensatez, necesarias para enfrentar la crisis.

La experiencia y el conocimiento de Uribe es fundamental en esos diálogos y a la Corte no le cuesta nada dejarlo en libertad, para que pueda participar en los mismos. A pesar de sus defectos, sus ideas reformistas son muy buenas, es más, si no hubiera metido en la consulta popular de su último periodo de gobierno, un tercer periodo, el pueblo las habría apoyado, y de pronto, ese camino de reformas al congreso, a las cortes y a las IAS, ya lo habríamos recorrido, pero nunca es tarde.

La JEP ya tiene los elementos de juicio suficientes para definir quienes han contado o no la verdad, quienes han reparado o no a las víctimas y quienes van a o no a repetir conductas delictivas. Que se pronuncien, esto no da más espera.

A mostrar grandeza, los de centro, los de izquierda, los de derecha; el interés general y la razón natural los obliga y nos obliga a todos a cambiar de actitud. Bajémosle a la confrontación, cumplamos con las obligaciones que nos corresponden, gastemos las energías en hacerle frente a la situación, a que se tomen las deducciones constitucionales y legales que les corresponden y a que se procedan con las reformas necesarias y útiles para el país.

La independencia entre los poderes solo se logrará si con humildad reconocen que van, que vamos por muy mal camino y solo conversando pueden convenir e implementar las reformas que necesitamos para una Colombia, eficiente, sostenible, inclusiva, responsable y solidaria.

Me resisto a creer que no seamos capaces de salir adelante, estamos sobre diagnosticados, solo falta voluntad, grandeza, humildad y acción.

Que nuestro señor Jesucristo, ilumine a todos nuestros gobernantes y dirigentes, para sacar adelante las decisiones y reformas requeridas para el buen funcionamiento del Estado.

Las tres "ías"

Por Antonio Montoya H.*

En meses pasados tuve la oportunidad de ver, en un programa de televisión nacional, a los señores que dirigen los tres grandes entes de control y de investigación de Colombia como son la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General, juntándose para anunciar con bombos y platillos la acción conjunta para luchar contra el delito. Contaron cómo cada una de ellas tiene funciones propias y determinadas, aunque con un objetivo común, claro y definido que no es otra cosa que buscar que los funcionarios públicos y las empresas privadas, desempeñen con rectitud y probidad sus gestiones, al igual que sus empleados en el cargo que desempeñan y que tengan un adecuado comportamiento como empresas contratistas. Con base en ese parámetro de trasparencia, se investiga, juzga y condena o absuelva cuando se pruebe o no que su accionar es contrario a derecho.

Existen hoy denuncias múltiples desde todos los lugares del país por sospechas de la existencia de firmas de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, de otros otorgados a dedo y de muchos de ellos suscritos con empresas fachadas con sobre costos. Por ello espero que rápidamente concluyan esas investigaciones, que entre otras cosas son bastante fáciles de investigar y se concluya en condenas que ratifiquen la inequívoca vocación de las tres “ías”, combatir la corrupción y el detrimento en el patrimonio público.

Además solicito que de igual forma en que se juntaron para decirnos que abrían investigaciones, comuniquen esas decisiones y digan quiénes son los funcionarios corruptos y quiénes son las empresas que se prestaron para ganar dinero con la necesidad de los ciudadanos que en horas de dificultad añoran esas ayudas.

Nadie en Colombia, puede desconocer la entrega absoluta que ha tenido el presidente y sus ministros en la atención a la crisis que se nos vino por causa de la pandemia; trabajan con denuedo día y noche, nos informan el avance de las acciones que pretenden mitigar la crisis y con ello prorrogar las medidas o flexibilizarlas. Pero de ahí surgen demasiados decretos que pretenden beneficiar a miles de personas, a empresas y a vastos sectores de la economía nacional. Por ello la importancia de los entes de control, que deben estar prestos a garantizar que las ayudas prometidas lleguen al lugar donde se destinen, que no existan sobrecostos en los contratos de mercados, ayudas médicas y que se eviten tanta intermediación que hace que el dinero se diluya y se pierda en la maraña de la corrupción.

En días recientes se expidió un decreto para ayudar a los autores, artistas y gestores culturales en los diversos departamentos y municipios y aún, en muchos de ellos, no se entregan los auxilios, han surgido asociaciones que no existían antes de la pandemia para pegarse de esos beneficios y evitar que lleguen al destinatario real, se envían las certificaciones de las sociedades informando quienes son los artistas y muchas no las tienen en cuenta y se entrega a quienes no corresponde.

Otro decreto importante es el que se expidió para ayudar a mantener el empleo en las empresas. Debe tener seguimiento porque es una suma representativa y ayuda a enfrentar problemas a quienes pretenden contribuir con que la economía no colapse. Ese auxilio por trabajador facilita mantener su ingreso, pero aquí no se ha utilizado todo porque no se ha solicitado, entonces debe protegerse que esos funcionarios vean allí una fuente de enriquecimiento.

Son muchos los riesgos, por ello el presidente, y los colombianos de bien requieren la ayuda de las “ías”, para velar y proteger los dineros y recursos públicos. Así podrán vanagloriarse de que efectivamente colaboraron para evitar el crecimiento de la plaga de la corrupción en plena crisis económica y de pandemia.

¿Justicia solamente para los alcaldes de ruana?

Por José Alvear Sanín*

Desde el inicio de esta cuarentena se hizo notorio que muchos alcaldes estaban comprando toneladas de alimentos a precios por libra superiores a los que se obtenían al detal en las tiendas de barrio.

Ante la gravedad de esta nueva modalidad, la señora vicepresidente propuso la organización de un “grupo elite” para investigar y obtener, de manera expedita, las pruebas necesarias para sancionar penalmente a esas “ratas de alcantarilla”, pero esa oportuna iniciativa fue impedida por la triada de fiscal, contralor y procurador, burócratas clientelistas y santistas, los personajes menos confiables en sus respectivos cargos, expertos, eso sí, en investigaciones tan exhaustivas como inútiles.

El pasado 20 de abril, en un artículo respaldado por excelente investigación, La Silla Vacía analiza 48 contratos cuyos sobrecostos, al parecer, equivalen a una suma suficiente para atender los auxilios requeridos actualmente por 68.000 familias… Y esto, probablemente, es solo la punta del iceberg.

Por otro lado, dentro los diarios episodios pintorescos que ofrece, voluntaria o involuntariamente, se presentó a la alcaldesa de Bogotá en su conyugal compra de mercado, que causó indignación no solo por la violación de las regulaciones que esa señora redacta y reclama con estridencia, sino por el mal ejemplo para los ciudadanos.

Con prontitud digna de mejor causa la Fiscalía se ocupó de esa contravención, simple asunto de barandilla, como si se tratase de un delito, por puro afán publicitario. Finalmente, la primera pareja capitalina reconoció la falta y parece que pagó la multa, humilde suma para un hogar que recibe más de cien millones de pesos mensualmente del erario, pero nadie inició proceso al fiscal por extralimitación de funciones… ¡Por algo estamos en el universo mediático!

Si un medio digital puede averiguar tanto detalle oscuro de alcaldes de pueblo, ¿cómo es que las “ías” nunca ven nada? O peor: ¿será que su labor es selectiva y obediente a criterios políticos?

Es evidente que la alcaldesa de Bogotá es hiperactiva, exhibicionista, imprudente, conflictiva, competitiva, arbitraria, agresiva, contradictoria e incontinente verbal. Diariamente ofrece shows a un país ávido de entretenimiento en medio de la obligada reclusión, pero este loable afán de distraer al pueblo no ha sido entendido por tantos columnistas, que unánimemente censuran a la locuaz funcionaria, cuyo creciente y merecido descrédito en los círculos que leen prensa no la afecta en los demás estratos. Mientras disponga de presupuesto para repartir mermelada a los medios de radio y tv, y mientras pueda ejercer su inagotable capacidad demagógica, tiene asegurado un porvenir aterrador para la república.

Por tanto, conviene analizar los primeros meses de su gestión descobalada y delirante, de la cual dan indicios más que preocupantes los contratos que la opinión empieza a conocer, como los $6.000 millones para adquirir espacios publicitarios en radio, prensa, tv, Facebook y Twitter y los $1.280 millones destinados a evaluar la percepción ciudadana de su gestión, así como los que reflejan su munificencia con personas, como los $227 millones por un contrato de seis meses con un individuo que le donó $33 millones para su campaña. Y los $273 millones para la twittera Larissa Lozano y los $111.6 millones para Juliana Vernaza, los $95 millones para Selma Asprilla, los $90 millones para Carlos Amaya, los $44 millones para el hermano de Antonio Navarro Wolff, etcétera, etcétera.

Pero si en Bogotá llueve, en el resto del país no escampa. En Medellín, a última hora fue abortado un contrato celebrado entre la Alcaldía de Medellín y una papelería para la compra de 1´350.000 tapabocas, por $2.641 millones, pero parece que no fue el único. Dicen que hace parte de una pintoresca serie de adquisiciones multimillonarias.

Desde la Colonia se dice que la justicia es para los de ruana. Por eso se teme que las investigaciones de las “ías” sean únicamente para los alcaldes de ruana, mientras los burgomaestres de primera clase pueden seguir dilapidando el tesoro para su engrandecimiento político personal, fletando medios, pagando asesores de imagen y sosteniendo canales locales de tv para inflarlos.

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La declaración de Sergio Fajardo según la cual está dispuesto a encabezar una coalición de todas las fuerzas contra Álvaro Uribe en la elección presidencial de 2022, indica la más baja motivación, porque el odio no parece ser la mejor bandera para lograr el desarrollo del país, ni el expresidente aspira a volver al solio. Pero además, esa manifestación es inocente y prematura, porque Claudia López no lo va a llevar a la presidencia ese año, para que él, a su vez, se la asegure en el 2026. Entre ella, Petro y Fajardo, la pelea por el primer puesto en esa elección presidencial será a muerte.

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Aunque menos impreparados que la generalidad de los congresistas, los magistrados tampoco merecen los ingresos astronómicos que reciben hoy por haber convertido la justicia en una institución tan desacreditada justamente como las cámaras. ¡Y ahora, la corte suprema compra 51 camionetas Toyota (de $266 millones c/u) por $13.276 millones. ¿Por qué las raposas togadas no pueden conducir sus carros particulares ni montar en bus?