¿Debe el erario pagarle la costosa imagen?

Por José Alvear Sanín*

Nadie está en desacuerdo con que un alcalde quiera mejorar su imagen apelando a sus propios recursos. Puede, por ejemplo, antes de posesionarse, tomar algunas lecciones de redacción y correcta pronunciación de las palabras, aprender modales, a vestirse bien, a usar desodorante, a ceder el puesto a las damas y los ancianos, a no romper la bolsita de té para echar su contenido en el agua hirviendo… O dejar el aprendizaje de estos gestos y actitudes para después de la posesión, como tantos debieran hacerlo…

Hasta aquí yo entiendo, pero lo de la imagen ahora se extiende dizque a la proyección de esta en la ejecución del “programa”, en el “acercamiento a la comunidad”, la “socialización de las medidas”, el contacto con las gentes, y así sucesivamente. La “imagen” del mandatario local exige entonces la tutoría permanente a cargo de unos asesores estupendamente pagados y de unas oficinas públicas dotadas de abundante “talento humano” y de enorme presupuesto publicitario.

Los asesores, con frecuencia extranjeros e ignorantes de la idiosincrasia nacional y local, dirigen toda la “estrategia” para hacer del alcalde todo un personaje “nacional”, y para dirigirlo con las instrucciones adecuadas con el fin de contradecir, superar, tergiversar y contrarrestar el descontento ciudadano, o para enervar y obstaculizar la revocatoria cuando esta se les viene encima.

Todas estas labores son costosas, porque los grandes medios de prensa, radio y tv son carísimos, y sin contratar la correspondiente pauta, no se acuerdan de nadie…

Correspondió a Fajardo el mérito de enseñar —al fin y al cabo, fue docente de matemáticas—, cómo un desconocido alcalde “de provincia” se convierte en personaje “nacional”. Durante su muy mediocre Alcaldía, varios miles de millones de pesos se “invirtieron” en los medios, con anuncios, visibles unas veces, o con “espontáneas” entrevistas y costosos publi-reportajes; y con menciones, separatas, comentarios, etc., especialmente en medios capitalinos bien alejados del Valle de Aburrá.

Después del eficaz ejemplo de este “pispo” personaje, en todo el país se disparó el presupuesto publicitario de gobiernos locales. A peor gestión, mayor pauta, porque de las alcaldías se pasa al Congreso o a ministerios y hay que darse a conocer…

Ahora bien, los recientes y titánicos esfuerzos por mejorar la imagen de Claudia López y de Quintero son dignos de consideración.

De la descobalada alcaldesa de Bogotá se sabe que su imagen le cuesta al Distrito más de $ 30.000 millones al año. https://www.semana.com/nacion/articulo/alcaldia-de-claudia-lopez-habria-gastado-mas-de-30-mil-millones-en-publicidad/202222/, pero el peor alcalde que ha tenido Medellín desde su fundación en 1616 no se queda atrás.

Además de la pauta, en estos días, cuando fue suspendido por el menor de sus abusos, se ha sabido que entre el asesor ecuatoriano-brasileño y el colombo-argentino, en los últimos meses van más de $ 900 millones en honorarios. ¡Y la simbiosis entre su bolsillo y la Tesorería le permite a Pinturita viajar a Washington, con nutrido séquito de 10 personas, todos con pasajes y viáticos a cargo del Municipio, a quejarse ante la mamerta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque el proceso se debe iniciar virtualmente!

Además de lo penal (que nadie investiga) y de lo ético (que a nadie preocupa), la orgía propagandística de esos alcaldes es totalmente inútil. El producto es tan malo, que ninguna plata alcanzará para mejorarles la imagen.

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Sobre el documental “Reclutadas”, de Juan Pablo Bieri, https://www.youtube.com/watch?v=Lk9vRxwIY6k, sobre los 20.000 y más menores de ambos sexos secuestrados, entrenados para matar, violados y asesinados cuando manifestaban desacuerdo con el acceso carnal o el aborto obligatorio, por parte de las FARC, lo único que comento es que ni los SS nazis llegaron a tales extremos de crueldad, abyección y perversidad. ¡Y el Secretariado en el Congreso! ¡Y su candidato punteando en las encuestas!

¿Alcaldes irrevocables?

Por José Alvear Sanín*

Todo lo que se diga de los actuales alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Manizales, es poco. Gran parte del país está en poder de individuos como ellos, sin la menor experiencia administrativa, engolosinados con un poder que les permite diarias y costosas improvisaciones, que al mismo tiempo que satisfacen sus crecientes egos deterioran las empresas y finanzas locales; además de lo odiosas que resultan las costosas emisoras municipales de tv dedicadas a la loa permanente de sus amos.

Si bien con lo anterior basta para concluir que la elección popular de alcaldes y gobernadores fue un error colosal, con sus secuelas de nepotismo, clientelismo y corrupción, todavía no hemos considerado algo quizá peor: la parcelación del poder ejecutivo, que, como lo vimos en abril y mayo de 2021, convirtió al ejecutivo nacional en un espectador impotente frente a los “pacíficos” desmanes, tolerados siempre, y en muchos casos estimulados, por las autoridades locales, en sintonía con la algazara revolucionaria.

Además, los alcaldes de las tres mayores ciudades “manejan” unos 40 billones de pesos, que no son propiamente “caja menor”, para los debates electorales de 2022.

Antes de la Constitución de 1991 urgía una reforma del régimen municipal, que requería profesionalización, tecnificación y gerencia, pero en cambio, las administraciones locales fueron politizadas y clientelizadas.

Cuando los alcaldes eran nombrados por los gobernadores era muy fácil suspenderlos y procesarlos, si se les comprobaban malos manejos, malversación o peculado. En cambio, ahora rige un mecanismo prácticamente imposible para su remoción. El sistema previsto solo puede ser eficaz en pequeñas aldeas, porque resulta muy difícil y costoso en las grandes ciudades. En primer lugar, hay que reunir una enorme cantidad de firmas, y estas deben ser revisadas por la Registraduría. Mientras el proceso avanza durante largos meses, el alcalde sigue abusando, robando o delinquiendo, sin dejar de emplear todos los recursos de la administración, empezando por financiar radio periódicos con pauta municipal, mientras advierte a centenares de juntas de acción comunal que, en el caso de ser él revocado, no habrá cancha, pavimentación, parquecito, escuelita, etcétera…

Y hablando de firmas, hay que anotar que se ha desarrollado una próspera industria recolectora de ellas, a cargo de empresas que cobran por cada rúbrica. Conseguir centenares de miles para la revocatoria de un alcalde es costoso. ¿Cuánto habrán costado los millones de firmas que exhiben los candidatos presidenciales de hoy? (La anterior pregunta indica hasta dónde es peligroso sustituir los partidos políticos por maquinarias transitorias bien financiadas, desde luego, para pagar por la recolección de firmas, tema este que merece comentario aparte).

El hermano del político que propuso y obtuvo la elección popular de alcaldes, Enrique Gómez Hurtado, dijo que “en derecho constitucional no existe borrador”, y, en consecuencia, las equivocaciones permanecen en los estatutos…

Volver entonces a recomponer la unidad del poder presidencial en materia de orden público parece imposible, por la multitud de fuerzas políticas interesadas en mantener feudos podridos, para lucrarse de la corrupción creciente, la contratación a dedo y el clientelismo, evidentes en las administraciones locales; y para alcanzar el poder, este año, en las elecciones para presidente.

¿Qué puede esperarse de tipos como Ospina, Quintero o López? En el sector privado escasamente ocuparían un cargo de salario mínimo, pero la política les entrega millones de pesos para usar y abusar, y les abre inmensas posibilidades de avance permanente y satisfacción personal, que les permite, además, soñar hasta con el sillón presidencial.

Mientras no se encuentren mecanismos para contener la arbitrariedad y rapacidad de los alcaldes, y para impedirles el manejo irresponsable de los presupuestos, la elección popular de esos funcionarios seguirá constituyendo un factor enorme de riesgo para la prevalencia de la frágil democracia colombiana.

Pifiados

Por José Leonardo Rincón, S. J.*

Soy consciente de que criticar es muy fácil y que una cosa es ver los toros desde la barrera y otra estar en el ruedo. Creo que eso le ha pasado a la mayoría de nuestros políticos. Cuando están en campaña sus promesas colindan con la fantasía, pero cuando están en el poder chocan estruendosamente con la realidad: la cosa es a otro precio.

Son tan abiertos y democráticos para ganar electores, pero tan cerrados y dictatoriales para manejar ciudadanos. Son tan cercanos al pueblo (viajan en transporte público, comen fritanga en la plaza, visitan la gente en sus casas, saludan de mano y se toman fotos con todos) eso cuando quieren sus votos, pero ya en el poder, viajan en caravanas escoltadas, se vuelven distantes y prepotentes, poder hablar con ellos se vuelve imposible, se les ve en restaurantes costosos… Así los de derecha como los de izquierda, todos cortados con la misma tijera. Por eso se afanan hoy día por volverse de extremo centro, dizque para tomar distancia, pero en realidad son los mismos con las mismas. Solo han cambiado sus máscaras.

Es un fenómeno generalizado, pero todos resultan decepcionantes. No ha habido gobernante totalmente exitoso. Y cuando de pronto temporalmente lo han sido, el poder los enceguece y corrompe, se casan con él y cuando enviudan se vuelven insoportables.

No voy a hablar del POT porque ya bastante lora ha dado desde hace rato. Solo me llama la atención que la alcaldesa hizo exactamente lo que no dejó que otros hicieran. Parece que, al gobernar una ciudad compleja, cayó en cuenta de que la cosa no es “soplar y hacer botellas”. Pero donde se pifió del todo es en el manejo de la movilidad. Para desincentivar el uso del carro particular y promover el transporte masivo, se inventaron eso del “pico y placa”, Estruendoso fracaso, porque después de tantos años no tenemos un sistema de transporte masivo solvente y eficiente, pero tampoco la movilidad ha mejorado con las restricciones a los vehículos particulares.

El error craso fue pretender hacer una restricción más rigurosa que la de unas horas al día o unos días a la semana. Inmediatamente se duplicó el parque automotor, porque la gente decidió proveerse de un auto con placa diferente, de modo que nunca le faltase transporte. No se hizo nada. El remedio fue peor que la enfermedad. Paso hace unos años, y ahora se repetirá la historia, con más fuerza, porque más agobiante es la necesidad.

Pero la guinda de la torta se la lleva la hipócrita medida de que, si usted paga, entonces puede movilizarse. Al fin qué: ¿el problema era de movilidad o era de plata? Porque si fuera de movilidad por ningún motivo habría esguinces a tan draconianas medidas. Parece que por la plata baila el perro. Dizque impuesto solidario. No. Más plática para los bolsillos de los corruptos. Por lo pronto, acuérdense de mí, si antes esto era caótico, ahora será definitivamente infernal.

Pero ya verán que nos deparan los populistas de turno: para reír…o ¡llorar!

Caos capitalino

Por José Leonardo Rincón, S. J.*

La diatriba no es contra la alcaldesa, porque manejar un monstruo de ciudad como esta no es ni será fácil para quien aspire a ganarse tamaño dolor de cabeza. Un solo funcionario, por más bueno que sea, nunca podrá hacer mayor cosa si no es de la mano de la cooperación ciudadana.

Bogotá, como capital del país, es y debe ser una ciudad abierta a todos. No es el pueblo de los rolos, es la capital de la República, es el centro de la nación entera. Esa es su fortaleza, pero también es su mayor debilidad: ser de todos y ser de nadie. Porque aquí todo el mundo se siente con derechos, pero pocos quieren cumplir con sus deberes y así no debe ser.

He vivido y conocido bastante otras ciudades y la gente quiere lo suyo. Lo siente como propio, lo cuida y lo defiende. Bucaramanga y Pasto, por ejemplo, son vivideros muy agradables. Cali era el modelo de ciudad cívica y desde hace algún tiempo comenzó a dejar de serlo, particularmente después del paro es un auténtico caos. Medellín, otro ejemplo, a pesar de su desbordante crecimiento en un valle que ya no aguanta más edificios (el 75% vive en propiedad horizontal) y cuyas estrechas vías no soportan un vehículo más es, sin embargo, todavía, una ciudad con alto nivel de civismo. Ejemplar la cultura Metro: la limpieza y organización de sus estaciones, los vagones impecables, el celo que hay en todos por cuidar este bien común. Hay cultura ciudadana, hay sentido cívico.

Ad portas de entrar en los 60 y debe ser por eso, porque me voy volviendo viejo, no dejo de lamentar que hayan suprimido en el currículo escolar las clases de urbanidad y cívica, comportamiento y salud, educación moral y religiosa y que esté en crisis la de ética y valores. No nos digamos mentiras, ni seamos políticamente correctos, una población maleducada como la que hoy tenemos es germen de muchos males sociales.

La experiencia que yo tengo a diario es que aquí la gente hace lo que se le da la gana. La agresividad de quienes conducen un vehículo es su nota característica pues impera la ley del más fuerte. Así los otros se perjudiquen, se trata de imponerse y hacer sentir su fuerza y poderío. Motociclistas, ciclistas y peatones, literalmente, se lanzan a los carros en actitud retadora y hasta grosera. Se atraviesan, cierran el paso, invaden el carril de velocidad para imponer su ritmo lento, nadie quiere ceder el paso al otro y si pone las direccionales pidiendo cambio de carril más rápido aceleran la marcha para impedirlo. La malla vial da grima y evidencia lo chambones que han sido muchos de los contratistas que la han “arreglado”. Por haber querido desestimular el uso del vehículo con un restrictivo pico y placa, lograron duplicar las ventas de automóviles para tener en casa la otra placa y poder movilizarse.

La inseguridad aumenta y la delincuencia rampante se pasea oronda. El 77 % de los capturados en flagrancia quedan en libertad para seguir haciendo de las suyas. Se sabe que estamos en un país de impunidad, donde desde el ladrón de barrio y el de cuello blanco, hagan lo que hagan, no les pasa nada y, si les pasa, al poco tiempo quedan libres para disfrutar lo robado y seguir cometiendo fechorías.

Desde hace muchos años, no tengo noción de que el pueblo capitalino asegure haber tenido un buen alcalde, todos son juzgados duramente y hay descontento, pero la fiebre no está en las sábanas, tenemos un pueblo inculto y carente de mínimos modales, agresivo y violento, sin sentido de pertenencia y de lo cívico, que exige todo y no aporta nada. Y vamos a estar peor si no hacemos algo pronto para cambiar este panorama. El caos capitalino es evidente. 

Los frutos de la demagogia

Por José Alvear Sanín*

Se dice y repite que la democracia se originó en la Atenas clásica. Esa idea algo tiene de cierto, a pesar de las exiguas condiciones de libertad de un pequeño número de ciudadanos que se manifestaban en el ágora, al margen de un populacho esclavo, y aislados en una especie de torre de marfil. Pero también en ese medio floreció la demagogia, que es desde entonces el mayor tropiezo para el buen gobierno.

Pues bien, la gran amenaza para la democracia ateniense (como para la nuestra hoy) procede de la demagogia. Así, el primer texto de la ciencia política, Los caballeros, de Aristófanes, da cuenta de los halagos gastronómicos con los que Cleón obnubila a Demos, un viejo glotón, chocho y tonto, para manipularlo y explotarlo.

En Colombia tenemos ahora un Cleón incansable, de los peores antecedentes y los menores conocimientos, candidato presidencial que en los seis meses anteriores al 21 de abril había pasado del 25 al 38 % de la intención de voto en primera vuelta…

Sin embargo, en vez de prender todas las alarmas, mientras más asciende el demagogo con mayor frecuencia se dice y se repite que es imposible que el país pueda caer en el abismo, porque todas sus propuestas son irresponsables, alocadas, populistas, absurdas, y conducentes a la ruina económica y al empobrecimiento de un país incapaz de tamaña locura. Algunos añaden, incluso, que Petro viene perdiendo puntos, porque el país se dio cuenta de los horrores que trajo la tal “protesta pacífica”.

Es posible que haya algo de eso, pero no dejan también de inquietar su blindaje judicial y el favoritismo de la Corte Constitucional, que le abre, seis meses antes que, a los demás candidatos, las arcas inagotables del Estado, para hacer política.

Mientras más pobre sea un pueblo, con mayor facilidad confía en las promesas más seductoras: servicios domiciliarios baratos; salud, educación y pensiones gratuitas; nada de impuestos —porque para eso está la emisión—, y así sucesivamente, hasta llegar a la renta básica universal y permanente.

Después de la pandemia, la situación económica de grandes sectores de la población ha descendido a niveles tan lamentables como preocupantes, y por eso, hacer entender a las gentes menos favorecidas, cultural y monetariamente, que su suerte solo puede mejorar después de varios años de crecimiento sostenido y de austeridad presupuestal, no es propiamente fácil. La ventaja es indudablemente, de los promeseros y demagogos.

Negarse a ver que el peligro ha pasado de latente a inminente, y seguir con el juego de docenas de candidaturas, es el colmo de la irresponsabilidad. Si continúa este baile mientras el paquebote se hunde, podemos repetir la tragedia del Perú. Después de ojo sacado no vale santa Lucía.

A los que piensan en la imposibilidad de un triunfo de Petro, les recuerdo que Claudia López, Pinturita y Ospina, tres demagogos de lo peor, llegaron con locas promesas a las alcaldías, donde están acabando con todo lo que tocan, y desde las cuales pondrán millares de juntas de acción comunal a votar por el gran demagogo…

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La demagogia es un peligro universal, porque en todas partes las propuestas seductoras son atractivas. La semana pasada en Berlín, dentro de las elecciones generales, triunfó con el 56.7 %, contra todos los partidos, una proposición para la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias, que poseen 246.000 inmuebles en esa ciudad.

Esa consulta popular no es vinculante, pero indica hasta dónde un electorado próspero y “bien educado” se deja llevar por promesas descabelladas. El costo elevado de los arrendamientos, y la preferencia de los alemanes por arrendar en lugar de poseer vivienda, no se solucionan con expropiaciones masivas.

Pero si en Alemania llueve, ¿por qué aquí habría de escampar?

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Si Epa Colombia ha sido condenada penalmente por dañar una humilde estación de Transmilenio, ¿por qué no es procesada Claudia López por destruir un monumento del patrimonio nacional, protegido por la ley?

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Cuando el magistrado Caldas salva su voto diciendo “En nuestro ordenamiento jurídico-penal se sanciona la persona por sus actos, no por ser quien es”, denuncia el prevaricato de los otros dos falladores al condenar a Luis Alfredo Ramos por motivos políticos y de estrategia electoral. Ahora bien, si la demora en la justicia es la mayor injusticia, ¿cuántos años pasarán antes de la segunda instancia? ¿Y qué garantías puede esperar de ella el doctor Ramos? ¿Y cuántos años más seguirá detenido Andrés Felipe Arias antes de la segunda instancia?

La justicia politizada en Colombia es cada vez más estalinista.

Si esto no es corrupción...

Por José Alvear Sanín*

Empieza a sobresalir por su amplia información, buen criterio e independencia, la joven periodista María Andrea Nieto. Entre muchas indagaciones suyas ha revelado al país, recientemente, los gastos en materia de “imagen” y de “comunicaciones” de la señora alcalde de Bogotá.

A pesar de que esos hallazgos de María Andrea aparecieron en un medio masivo de gran circulación, no han tenido el merecido eco, porque nos hemos acostumbrado al rutinario chaparrón de datos, que pasan sin análisis.

Pero lo de la señora alcalde no es de poca monta. En resumen, su Consejería de Comunicaciones (con 100 empleados) cuesta 541 millones mensuales, y en un año ha repartido 6.000 millones de pesos entre “contratistas”. Además, 3 “asesores” le cuestan 604 millones al año al Distrito. Tiene también el portal www.bogota.gov.co, que cuesta 985 millones al año, y hay un “grupo audiovisual” con 13 empleados, que demanda otros 772 millones.

Y ahí no paran las cosas. Hay un politólogo que ha recibido, por tres contratos, $49´820.000 mensuales; un abogado de 11 millones y otros personajes con hasta 17 millones mensuales.

Como si lo anterior fuera poco, a un “operador logístico” le dieron un contrato por $6.828´000.000 por ocho meses, para organizar los eventos farandulescos en los que despotrica la señora Claudia López.

Desde luego, ahí no para el asunto, porque la pauta del Distrito y sus empresas en los medios masivos es abundante, y también existe un Canal Capital, con su respectivo “lambicolor”. Falta investigar el costo de esa mermelada, que también debe ser astronómico.

La periodista no va más allá, porque deja el asunto al criterio de sus oyentes y lectores. Yo, que conservo impreso lo que ella ha dicho, me pregunto si eso no es corrupción…

Me responde el DRAE: La corrupción en los asuntos públicos es la práctica que consiste en la utilización de las funciones y medios de esas organizaciones en provecho económico, o de otra índole, de sus gestores.

Es función de los partidos hacer la propaganda y promoción de sus líderes. En cambio, emplear el erario para crear una imagen positiva del funcionario es, sin duda alguna, corrupción. En el caso de la señora Claudia, esas colosales erogaciones no han dado resultado, porque la aprobación de su gárrula, errática, pintoresca, conflictiva, agresiva, contradictoria, ondulante, estridente e inepta Alcaldía ha descendido del 89 al 50 % en los últimos catorce meses, como lo recuerda María Andrea Nieto.

Tan pobre resultado se debe al bien conocido hecho de que los malos productos no se imponen en el mercado, por más publicidad que sobre ellos se derrame.

Sergio Fajardo edificó su “imagen” regando pauta municipal y de EPM a manos llenas, algo así como 200.000 millones en cuatro años. Ese uso lo convierte en el precursor de Claudia López y de los numerosos alcaldes que ahora lo emulan. Esa corruptela se ha vuelto costumbre, precisamente por la impunidad que rodea las administraciones locales, de las que alcaldes y gobernadores salen convertidos en ambiciosas figuras nacionales con pies de barro.

Para terminar, dos citas de María Andrea: 1. Como la alcaldesa dice ahora que toda la plata está volcada en la atención social, los dineros invertidos en comunicaciones servirían para darles un subsidio de $ 37.000 (el más bajo contemplado en el programa Bogotá Solidaria) a 181.337 personas.

2. Y la respuesta de la alcaldesa a una humilde vendedora ambulante que le pedía ayuda: “Trabaje juiciosita, su mercé”.

¡Ya tiene Claudia —opino— edad suficiente para aprender a “trabajar juiciosita”!

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¡No hay duda! Gustavo Petro pertenece a la misma iglesia católica del padre De Roux.

Vigía: de nuevo, ¿se está cocinando algo?

Por John Marulanda*

Bogotá, principalmente, sufrió la semana anterior algunos efectos de un plan de desestabilización regional o “brisita bolivariana” diseñado por el Foro de Sao Paulo y aplaudido por del Grupo de Puebla, en donde nos representan el expresidente Samper, Clara López y otros.

Aprovechando la genuina indignación ciudadana contra la brutalidad policial, células o colectivos de jóvenes comunistoides, aplicaron viejas técnicas de turbamulta. La ciudad capital ya ha experimentado perturbaciones de este tipo, desde el bogotazo del 9 de abril de 1948, pasando por las protestas de 1977. Dos noches de disturbios y destrucción intentaron desprestigiar ante la opinión pública a la Policía Nacional y sembrar el desconcierto y la desmoralización al interior de la institución centenaria. La alcaldesa, histérica, sindicó a los policías de asesinos. El hombre de la bolsa con billetes, Petro, llamó al incendio. Sin embargo, la ciudadanía salió espontáneamente a recuperar sus estaciones de policía incendiadas y a formar cordones humanos de protección para sus patrulleros. Casi una semana después, Bogotá sigue funcionando sin mayores tropiezos y en muchas ciudades del país, manifestaciones públicas a favor de la policía han ido creciendo.

Lo nuevo en estos viejos y repetidos episodios, es la manipulación de redes sociales que amplifican virtualmente los hechos creando zozobra e intranquilidad, a lo cual se agrega la neurosis general causada por la pandemia y un cuerpo policial escaso y agotado. Otro elemento muy peligroso, es la presencia de activistas venezolanos. “Actúan como los colectivos venezolanos”, dijo un jefe de la policía. Y circula en redes un supuesto plan “Libertad latina”, que aparentemente estaría movilizando cientos de chavistas-maduristas en apoyo a los grupos narcoterroristas interesados en nuevos disturbios. Nada raro en medio de un millón y medio de migrantes del hermano país que deambulan por nuestras ciudades. Se preparan nuevas protestas, promovidas por sindicatos de trabajadores, “cívicas y pacíficas”, como dicen desde hace sesenta años y apoyadas por las FARC y otros partidos de la izquierda maluca.

Mientras avanza el proceso de desestabilización de Colombia y nos alistamos para enfrentar otra intentona petrista, en Miraflores, el general Padrino aumenta sus contactos con el Kremlin, en lo que Rafael Poleo señala como un rol de representación de “los intereses de Putin en Venezuela”, pues “…un cambio político en Venezuela requiere un acuerdo al menos tácito entre Estados Unidos y Rusia. Es posible que Padrino permanezca algún tiempo en el Ministerio de Defensa, sobre todo si el cambio es negociado, como lo fue el chileno”.

Entretanto se intensifican estos contactos geoestratégicos Moscú-Caracas-US; Brasil ordenó a sus militares prepararse para una intervención en un “conflicto regional” y está movilizando a la frontera con Venezuela cientos de soldados y misiles Astros 2020, de 300 km de alcance. Y el secretario de estado norteamericano Pompeo inicia una gira por la periferia venezolana visitando, precisamente, la frontera brasileño-venezolana, Surinam, Guyana que están estrenando presidentes y Colombia, en donde su visita marcará el inicio de ejercicios militares combinados aeronavales conjuntos USA-Colombia. Por supuesto que el Sebim y la Dgcim desplazarán más agentes para que en conjunto con los del G2, registren la visita. ¿Está en desarrollo algo que no sabemos o es simple presión sicológica para que la camarilla de Miraflores de un paso en falso o se avenga a una negociación? O a lo mejor, análisis cargados de deseos y fantasías de paz y tranquilidad.

Contra quién luchar

Por Antonio Montoya H.*

El adagio popular que dice “divide y vencerás” es el que estamos viviendo hoy en Colombia. Los grupos de izquierda, exguerrilleros, comunistas, y todas las otras facciones que se mimetizan en el ejercicio de la democracia, sí están unidas, cumplen a raja tabla sus objetivos, no cesan día y noche de “trabajar” para lograr el poder, y no es de hoy, es desde hace muchos años que han venido forjando el camino para obtener el control del gobierno. Cada uno cumple una función para poner contra las cuerdas al gobierno y lograr que en las próximas elecciones lo tenga al borde del colapso. Es un plan que se va desarrollando día a día y lo percibimos todos en la radio, la prensa, la televisión; todos van contra la institucionalidad, la que les abrió el camino, esta llamada democracia, que como bien piensa la ciudadanía, es la mejor forma de gobernar, pero ella misma permite para que quienes se quieran aprovechar se apoyen en ella para destruirla.

Un solo ejercicio, simple, pongo a consideración de ustedes: analicemos quiénes gobiernan las tres primeras ciudades de Colombia hoy. La respuesta es obvia, personas de izquierda, con tradición en la subversión como es Cali y Bogotá. Hay algunos otros en regiones del país, pero lo principal está en sus manos. Allí vemos como la alcaldesa de Bogotá, confronta al presidente en todo, lo culpa de sus males, no de sus decisiones, actúa como si estuviera en campaña y tiene prensa, radio y televisión, para actuar contra la democracia. Me pregunto yo si en estos meses a gobernado bien o simplemente esta dando bandazos a diestra y siniestra con sus decisiones de ciudad.

Medellín ni hablar, cada día el caos es mayor. Mostró el cobre desde los primeros meses de su mandato y algunos de sus asesores ya le están dando la espalda. Lo que ocurrió con EPM, transformación de su objeto social, retiro del proyecto cuando lo había presentado a discusión al Concejo de la ciudad, el manejo de la pandemia, la crisis de gobernabilidad en EPM, RUTA N, en el aeropuerto de la ciudad y así, sucesivamente, el juego de las decisiones, pero escuchando a sus asesores Petro, y otros a los que sí les cumple. Qué horror. También lamento la ausencia de los concejales de Medellín en este debate, con excepción de uno o dos, nada pasa allí.

Cali, repitiendo la historia de hace algunos años, lo que avanzó, lo retrocede y así va desarrollándose el plan, caos, desestabilización y obtención del poder total.

Se les olvida a los ciudadanos, a los partidos históricos, a los nuevos partidos y a sus líderes que, si no hay compromiso real para que el cambio sea efectivo, perderemos lo que en tantos años de democracia se ha logrado, libertad e igualdad. Hoy ya no tenemos justicia, a duras penas el legislativo funciona y el ejecutivo se va quedando solo.

El país vive día difíciles acrecentados por la crisis del virus que se nos metió hasta el alma, por la poca coherencia de quienes nos representan, por no escuchar la voz del pueblo, cuando pide cambios simples pero profundos, que se vean reflejados en empleo, salud, recreación, seguridad y un mayor bienestar. Para ello se debe empezar con un acuerdo de gobernabilidad entre las fuerzas verdaderas de la democracia, no aquella que recibe todo y no da nada a cambio, la que logró una firma de paz espuria, que concedió escaños en el gobierno a los que por años y años acabaron con los pueblos colombianos, que asesinaron, violaron, secuestraron y extorsionaron sin remordimiento alguno y hoy son los adalides de la verdad. Qué horror.

Observo como los líderes de los partidos, Andrés Pastrana, el expresidente César Gaviria, hoy presidente eterno del partido liberal y el doctor Germán Vargas, cada uno tira por su lado, retiran apoyo al presidente y eso no conviene. Estos representantes de los colombianos deben buscar es unidad, organización, y plan de trabajo conjunto, no divisiones, porque así perderán y lamentarán su actuar. Se requiere es grandeza de corazón y de mente para mantener la mecha encendida de la democracia y que no acabemos como algunos países vecinos, la noche podría ser larga y llena de lamentos.

En fin, escribimos con la ilusión de que nos oigan, porque esta voz es la misma que otras personas tienen y que guardan la esperanza de que analicen nuestros líderes estas opiniones y corrijan el camino.

Estamos luchando contra nosotros mismos, no contra aquellos que buscan el caos y la desestabilización para beneficiarse de ello y tomar el poder, y así gozan y nos destruyen esperando simplemente que se acaben las oportunidades de redención.

¿Si solamente nos quedasen 25 meses...?

José Alvear Sanín*

Tempus fugit

La democracia tiene que considerar el veloz paso de los días. Estamos adormecidos y apenas faltan 25 rapidísimos meses antes de junio de 2022, cuando se jugará la suerte definitiva de la república entre democracia y totalitarismo, entre libertad y colectivismo, entre civilización y barbarie…

En los últimos años, sobre todo después de la imposición, sobre la voluntad popular, de un orden supraconstitucional diseñado cuidadosamente para la transición al socialismo revolucionario, se ha tolerado en Colombia, de manera culpable, que toda la iniciativa política corresponda a la extrema izquierda, que no encuentra la menor resistencia por parte de las cada vez más débiles fuerzas del orden.

El avance de la subversión, admirablemente planificado, perfectamente ejecutado y generosamente financiado —tanto por el narcotráfico como por el acuerdo final con las FARC—, les ha permitido el control absoluto de la educación, la justicia, los medios masivos y de grandes partidos políticos. Además, se han infiltrado en el ejecutivo y solo les falta alcanzar la presidencia de la república…

Con frecuencia, altos funcionarios se ufanan del cumplimiento del Acuerdo Final por parte del gobierno, mientras las FARC, sistemáticamente, se burlan de ellos y del país. Centenares de agentes cubanos actúan a lo largo y ancho, y dentro de tupidas sombras sigue la Cesivi, con representantes de Venezuela y Cuba, monitoreando los actos del gobierno nacional.

Por otro lado, las fuerzas armadas no pueden estar más desmoralizadas y desorientadas, como lógicamente sucede con una institución debilitada y socavada sistemáticamente durante ocho años, mientras se asistía a la comedia de La Habana, que duró todo el tiempo necesario para convertir ejército, armada y fuerza aérea, en tigres de papel.

No existe voluntad de resistencia: la clase política se ha resignado a esperar la toma electoral del país dentro de 25 meses. Piensan, quizás, que ese día se podrá alcanzar un modus vivendi con el narcocastrismo del “Foro de Puebla” y que todos podremos seguir tan contentos…

Cuando finalmente salgamos de esta crisis, el aparato productivo estará destrozado y el hambre y la miseria se habrán incrementado hasta niveles nunca soñados para la propaganda electoral, irresponsable y demagógica, de Claudia y Petro.

No es difícil, entonces, predecir que los dos primeros puestos en la elección de 2022 serán para la energúmeno y el señor de las bolsas. O para ella y Fajardo, candidato, al parecer, de Santos, si seguimos al garete…

Por lo tanto, hay que trazar la raya. A partir de ahora hay que trabajar solo para la derrota de la subversión. Ese tiene que ser el único y fundamental propósito de la política. De ello depende la salvación nacional, porque esta no puede lograrse aferrándose a un gobierno que llegará agotado al 2022.

Es urgente, entonces, que alguien levante desde ahora la bandera de toda la inconformidad y la preocupación nacionales, con programas adecuados al momento, por encima de partidos y movimientos caducos, con voluntad irrestricta de ganar las lecciones para Congreso y Presidencia en el año definitivo de 2022.

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—Ante una togada rabieta. Pocas situaciones son más alarmantes, para la preservación de los vestigios del estado de derecho en Colombia, que la cooptación del poder judicial por parte de la extrema izquierda revolucionaria. Desde hace décadas, el personal judicial subalterno está sindicalizado en una central de obediencia comunista; y a partir del 2010, las “altas” cortes fueron colonizadas por ese mismo movimiento revolucionario.

Así se llegó a politizar la rama, hasta llegar al punto de que las cuatro “altas” cortes están coordinadas dentro del plan revolucionario y fallan en cómplice seguidilla todo lo que se les ordena en favor de la toma del poder, o de la persecución a quienes se hayan opuesto a ese plan. Suponer imparcialidad en ellas es la mayor ingenuidad.

Es difícil saber cuál de las cuatro cabezas de la hidra judicial es más subversiva. Sin embargo, hay momentos en los que es imposible prevaricar plenamente con los subterfugios, sofismas, fraseología y fárrago habituales. Así acaba de ocurrir con la decisión de la Corte Constitucional, que permite la revisión de la sentencia del doctor Andrés Felipe Arias.

El exministro únicamente solicitaba la segunda instancia, a la que tiene derecho, reconocido hasta por la ONU, ante un tribunal imparcial. Pero la Corte Suprema de Justicia se manifestó inmediatamente con un comunicado rabioso y grosero, que indica con total claridad que de ellos no se puede esperar probidad ni justicia.

El texto de ese inaudito pronunciamiento, aprobado por todos sus magistrados, permitirá recusarlo. Otra cosa es que esas judiciales raposas acepten separarse de la revisión del juicio del doctor Arias; o que alguna vez fijen fecha para realizarla, porque al fin y al cabo, a Arias, que sigue detenido, se le niega el goce de los demás principios fundamentales de derecho penal por parte de la ladina Corte Constitucional… lo que, en realidad, no debe sorprender a nadie, en un país donde reos de delitos atroces y de lesa humanidad son congresistas.

¿Justicia solamente para los alcaldes de ruana?

Por José Alvear Sanín*

Desde el inicio de esta cuarentena se hizo notorio que muchos alcaldes estaban comprando toneladas de alimentos a precios por libra superiores a los que se obtenían al detal en las tiendas de barrio.

Ante la gravedad de esta nueva modalidad, la señora vicepresidente propuso la organización de un “grupo elite” para investigar y obtener, de manera expedita, las pruebas necesarias para sancionar penalmente a esas “ratas de alcantarilla”, pero esa oportuna iniciativa fue impedida por la triada de fiscal, contralor y procurador, burócratas clientelistas y santistas, los personajes menos confiables en sus respectivos cargos, expertos, eso sí, en investigaciones tan exhaustivas como inútiles.

El pasado 20 de abril, en un artículo respaldado por excelente investigación, La Silla Vacía analiza 48 contratos cuyos sobrecostos, al parecer, equivalen a una suma suficiente para atender los auxilios requeridos actualmente por 68.000 familias… Y esto, probablemente, es solo la punta del iceberg.

Por otro lado, dentro los diarios episodios pintorescos que ofrece, voluntaria o involuntariamente, se presentó a la alcaldesa de Bogotá en su conyugal compra de mercado, que causó indignación no solo por la violación de las regulaciones que esa señora redacta y reclama con estridencia, sino por el mal ejemplo para los ciudadanos.

Con prontitud digna de mejor causa la Fiscalía se ocupó de esa contravención, simple asunto de barandilla, como si se tratase de un delito, por puro afán publicitario. Finalmente, la primera pareja capitalina reconoció la falta y parece que pagó la multa, humilde suma para un hogar que recibe más de cien millones de pesos mensualmente del erario, pero nadie inició proceso al fiscal por extralimitación de funciones… ¡Por algo estamos en el universo mediático!

Si un medio digital puede averiguar tanto detalle oscuro de alcaldes de pueblo, ¿cómo es que las “ías” nunca ven nada? O peor: ¿será que su labor es selectiva y obediente a criterios políticos?

Es evidente que la alcaldesa de Bogotá es hiperactiva, exhibicionista, imprudente, conflictiva, competitiva, arbitraria, agresiva, contradictoria e incontinente verbal. Diariamente ofrece shows a un país ávido de entretenimiento en medio de la obligada reclusión, pero este loable afán de distraer al pueblo no ha sido entendido por tantos columnistas, que unánimemente censuran a la locuaz funcionaria, cuyo creciente y merecido descrédito en los círculos que leen prensa no la afecta en los demás estratos. Mientras disponga de presupuesto para repartir mermelada a los medios de radio y tv, y mientras pueda ejercer su inagotable capacidad demagógica, tiene asegurado un porvenir aterrador para la república.

Por tanto, conviene analizar los primeros meses de su gestión descobalada y delirante, de la cual dan indicios más que preocupantes los contratos que la opinión empieza a conocer, como los $6.000 millones para adquirir espacios publicitarios en radio, prensa, tv, Facebook y Twitter y los $1.280 millones destinados a evaluar la percepción ciudadana de su gestión, así como los que reflejan su munificencia con personas, como los $227 millones por un contrato de seis meses con un individuo que le donó $33 millones para su campaña. Y los $273 millones para la twittera Larissa Lozano y los $111.6 millones para Juliana Vernaza, los $95 millones para Selma Asprilla, los $90 millones para Carlos Amaya, los $44 millones para el hermano de Antonio Navarro Wolff, etcétera, etcétera.

Pero si en Bogotá llueve, en el resto del país no escampa. En Medellín, a última hora fue abortado un contrato celebrado entre la Alcaldía de Medellín y una papelería para la compra de 1´350.000 tapabocas, por $2.641 millones, pero parece que no fue el único. Dicen que hace parte de una pintoresca serie de adquisiciones multimillonarias.

Desde la Colonia se dice que la justicia es para los de ruana. Por eso se teme que las investigaciones de las “ías” sean únicamente para los alcaldes de ruana, mientras los burgomaestres de primera clase pueden seguir dilapidando el tesoro para su engrandecimiento político personal, fletando medios, pagando asesores de imagen y sosteniendo canales locales de tv para inflarlos.

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La declaración de Sergio Fajardo según la cual está dispuesto a encabezar una coalición de todas las fuerzas contra Álvaro Uribe en la elección presidencial de 2022, indica la más baja motivación, porque el odio no parece ser la mejor bandera para lograr el desarrollo del país, ni el expresidente aspira a volver al solio. Pero además, esa manifestación es inocente y prematura, porque Claudia López no lo va a llevar a la presidencia ese año, para que él, a su vez, se la asegure en el 2026. Entre ella, Petro y Fajardo, la pelea por el primer puesto en esa elección presidencial será a muerte.

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Aunque menos impreparados que la generalidad de los congresistas, los magistrados tampoco merecen los ingresos astronómicos que reciben hoy por haber convertido la justicia en una institución tan desacreditada justamente como las cámaras. ¡Y ahora, la corte suprema compra 51 camionetas Toyota (de $266 millones c/u) por $13.276 millones. ¿Por qué las raposas togadas no pueden conducir sus carros particulares ni montar en bus?

Breve historia de la mermelada

Por José Alvear Sanín*

La República de Colombia fue austera desde la Independencia hasta Alberto Lleras. Los gobernantes llevaban vidas frugales antes, en y después de ocupar la primera magistratura, que era una especie de profesión quijotesca para la clase media. Así llegaron al solio poetas, caudillos de las guerras civiles, filólogos, periodistas y juristas. Los magnates y los potentados no figuran en esa serie. Es verdad que pobres de solemnidad, como don Marco Fidel Suárez, no han sido muchos, pero tampoco tuvimos gentes como Juan Vicente Gómez, los Somoza, Trujillo, Perón, Fidel Castro, y otros tantos que no distinguían entre el tesoro público y el patrimonio personal.

El talante de nuestros presidentes puede ilustrarse con la historia del tapiz de la esposa de Eustorgio Salgar (1870-72). La buena señora, para decorar el humilde palacio oficial, había llevado el tapete de su sala. Cuando lo iba a retirar, su marido le dijo: “Déjalo, que nadie vio cuando lo trajiste, pero todo el mundo verá cuando te lo lleves”.

Este decoro estuvo siempre presente en la presidencia, hasta cuando el general Rojas, aconsejado posiblemente por su yerno, Samuel Moreno, se hizo deudor de bancos oficiales para surtir de ganado unas haciendas que le habían obsequiado. Esos, pecadillos por comparación con lo que hemos llegado a presenciar impertérritos, le hicieron perder el respeto ciudadano y explican su caída.

El general fue sucedido por Alberto Lleras Camargo, el personaje más austero imaginable, condición que explica por qué nadie en nuestra historia ha ejercido la autoridad con mayor acatamiento. El general había importado al país la escuela peronista de la “propaganda oficial”. Su gobierno repartía auxilios familiares, mercados, juguetes, camisetas, almanaques, y organizaba espectáculos… Trajo la televisión y la puso al servicio de su imagen, y al Diario Oficial le añadió 40 páginas para competir con la prensa independiente…

No es de extrañar entonces que Lleras Camargo prohibiese toda publicidad diferente de los edictos judiciales y las convocatorias para licitaciones. Igual determinación, propia de una república de filósofos, tomó su sucesor, Guillermo León Valencia, hidalgo como Don Quijote en achaques económicos.

En cambio, Carlos Lleras, sin duda gran presidente, cometió el error de autorizar a las empresas oficiales para gastar en publicidad. A partir de ese momento el gobierno se convirtió en el gran anunciador de prensa, radio y tv; y los medios, en sus obsecuentes corifeos.

Después de Lleras Restrepo, los presidentes han sido más o menos dadivosos con los medios. El país se enseñó a esa “picardía”, otra triquiñuela más de las que contaminan la política. Por desgracia, esta costumbre se fue haciendo ley, y este clientelismo mediático se fue ampliando y ampliando… y a medida que internet fue reduciendo la circulación de los diarios, con la consiguiente disminución de la pauta privada, la pública se convirtió en determinante del P y G.

En el gobierno de Santos se superaron todas las talanqueras y apareció entonces lo que se llamó “mermelada”. Esta no solo “aceitó” con cifras inverosímiles a los congresistas, sino que también se tradujo en billones de pesos para subsidiar de manera subrepticia los grandes medios, fletar espléndidamente columnistas, enriquecer contratistas de los que ahora llaman “influencers” (como la dizque cumbre moral de Mockus), pagar reportajes, editar libros que nadie lee, financiar películas y documentales y llevar periodistas y sus parejas de cualquier sexo, en el avión presidencial, a viajes tan provocativos como costosos e inútiles.

El mal ejemplo capitalino no tardaría en hacer metástasis en la provincia. A los alcaldes y gobernadores de elección popular se los autorizó para montar canales regionales de tv, que muy poco rating atraen, para repetir día y noche la palinodia de los gobernantes locales, que, como si esto fuera poco, también sostienen los incontables noticieros de miles de radioperiodistas que no tienen anunciadores distintos de alcaldías, gobernaciones y empresas locales del Estado.

En Medellín un alcalde mediocre y sus sucesores llevaron la pauta oficial a niveles astronómicos del orden de 100.000 millones y más anuales. Fajardo con ese despilfarro monumental y con la compra a Santodomingo y Sarmiento, a muy buen precio, del 50% de las acciones de una empresa mixta y quebrada, de comunicaciones, se convirtió en personaje nacional.

Tengo que contar esta trágica historia, porque después de atacar justamente a Peñalosa por emular con Fajardo, en estos meses iniciales de su gárrula y parlanchina alcaldía, Claudia López, con los ojos puestos en la presidencia, ha comenzado a esparcir millonaria mermelada municipal en los medios capitalinos y ha contratado por $1.200 millones un estudio relativo a la “percepción que se tiene de su gestión”.

El doloso abuso del presupuesto para el engrandecimiento político personal ronda en todos los casos, muy de cerca, la corrupción, que tanto se ataca de dientes para afuera…

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Ojalá la revisión de los contratos de emergencia por el coronavirus no sea ejercida de manera selectiva por las “ías” santistas. Hay multitud de contratos sospechosos en centenares de municipios, pero los más preocupantes 

... ¡Y con el rancho ardiendo...!

Por José Alvear Sanín*

El amable lector no necesita argumentos acerca de la preservación del orden público de cuyo disfrute depende todo en la vida social, política y económica…

La serie de perlas que vamos a ensartar nos hace exclamar ¡Colombia, país único!

1. Pocos días antes de salir del gobierno, Santos firmó una Resolución que prácticamente le impide a la fuerza pública defenderse cuando es atacada.

2. El nuevo gobierno “acató” esa Resolución, a pesar de estar desde el principio sometido a una “resistencia” permanente para forzar su caída, con una interminable serie de paros, huelgas y mingas, donde se verá a los agentes del orden heroicamente pasivos…

3. Bien advertido de los efectos desestabilizadores de las asonadas en Ecuador y Chile, el gobierno colombiano, en vísperas de un paro nacional subversivo y bien anunciado, en vez de prepararse, anunció la desmilitarización de Bogotá; y el presidente transfirió sus indelegables facultades en materia de orden público, a los alcaldes…

4. Como era previsible, el 21N causó enorme desorden y grandes destrozos, pero no se retiraron las facultades inconstitucionalmente delegadas en los alcaldes, a sabiendas de que el 1° de enero de 2020 se posesionarían agentes de la revolución en las alcaldías de Bogotá y Cali, y en Medellín un individuo ambiguo (¿petrista, expetrista o futuro petrista?, vaya uno a saber).

5. El gobierno, respetuoso de la “legítima protesta social”, acepta un interminable “diálogo nacional”, para discutir centenares de propuestas absurdas, una de las más insistentes, ¡la eliminación del Esmad!

6. El señor procurador general de la Nación, en enero de 2020, usurpando funciones, prohíbe al Esmad el uso de determinadas armas. ¿Habrá en el futuro que consultar con esta raposa jurídica las especificaciones de los armamentos y las condiciones para su uso? En todo caso, el doctor Carrillo accede así indirectamente a la exigencia de la “mesa de negociación” al gobierno para que se elimine el Esmad.

7. La flamante señora alcalde de Bogotá establece una novedosa política, única en el mundo, para el tratamiento de la protesta, de la cual ella fue abanderada en noviembre. Su “protocolo” ordena:

7.1.Que inicialmente los manifestantes contarán con la participación de las “madres gestoras de paz”, para tratar de “resolver la situación”. (No se sabe si las “madres gestoras de paz” son las de los manifestantes o las de los demás… ¿o será que se va a crear una nueva y copiosa burocracia de “madres” especializadas en la paz?)

7.2. Si la cosa avanza, intervendrán los “gestores de convivencia”, para “tratar de mediar” (¿Significará esto la creación de otra nueva burocracia especializada?)

7.3. Si se pasa a mayores, intervendrá la policía, pero únicamente con “escudos y bastones”.

En todas estas fases, los manifestantes contarán con el acompañamiento de la Veeduría, la Personería y la Procuraduría (Supongo que no se pondrá inconveniente alguno para que intervengan las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Iglesia…), pero si todo fracasa, entonces se llamará a Esmad, si todavía existe.

8. Pocas horas después de esta clara e inequívoca invitación de la Alcaldía al desorden, algunas docenas de estudiantes armaron un bochinche en Bogotá… y la señora alcalde (¿fascista?) llamó al Esmad, saltándose todas las fases de su goyenesco-mockusiano protocolo, actuación que le mereció inesperadas felicitaciones, y la censura de Petro.

9. A continuación, el doctor Petro, presunto examigo de Claudia Nayibe, convocó a todas “sus asambleas municipales de la Colombia Humana” a continuar la resistencia con movilizaciones a partir de enero 21, que ya se están preparando.

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P. ¿Hay chuzadas buenas?

R. Sí, las que ilegalmente y durante largos meses, a sabiendas, realiza la Corte Suprema contra Álvaro Uribe. Las demás sí son delito…