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jueves, 30 de junio de 2022

Vigía: nombramientos y un retiro

Coronel John Marulanda (R)
Por John Marulanda*

A la fecha, dos designaciones han sido confirmadas por el presidente electo. Nombró ministro de Relaciones Exteriores al “conservador” Álvaro Leyva. “Un prófugo con privilegios” que se pasea por Costa Rica, España y Cuba, en permanente comunicación con los jefes de las FARC, según un editorial de, creo, El Tiempo, que es claro en señalar al nuevo canciller, como un delincuente con protección, gracias a sus gestiones para lograr el encuentro del expresidente Pastrana y alias "Tirofijo" en enero de 1999. “Recuperar con dignidad el sitio que nos corresponde” dijo el “operativo de las FARC”, como lo rotuló la senadora María Fernanda Cabal.

Y está la del mayor general en retiro de la Policía Nacional William René Salamanca como articulador del sistema del Ministerio de Defensa actual o eventual creador de un nuevo Ministerio de la Seguridad Ciudadana, si no le ponen a un civil como jefe o jefa. El general en retiro Salamanca Ramírez, exinspector de su institución, exdirector de seguridad ciudadana, agregado policial en Washington y exedecán presidencial, dio un paso al costado argumentando serios riesgos contra su seguridad personal y la de su familia, luego de un duro rifirrafe con el destituido director de la Policía Óscar Atehortúa, por una eventual corrupción en unas casas fiscales en San Luis, Tolima. Petro ha hablado de una reestructuración policial, que comprendería desde el cambio de doctrina, la salida de esa fuerza del Ministerio de Defensa y la eliminación del Esmad, un escuadrón cuestionado por abusos de fuerza. Mientras tanto, los militares activos y en retiro fantasean con la ministra de la Defensa, justo ahora que la fuerza pública perderá un componente, nuestra apreciada policía, que como dijimos, junto con el Impec, migraciones y la DNI, formarían un nuevo ministerio.

32 años después de haberse desmovilizado, Petro recibirá honores militares, reconocimiento oficial de la FFMM a su comandante supremo. El mando militar actual no enfrentó al M-19 en el campo de batalla, no tiene resentimientos contra la banda que originó el holocausto del Palacio de Justicia y nunca han tenido como comandante a un narcoterrorista. La inquietud que produce Petro en los cuarteles, no se queda en la alta oficialidad: llega a todos los niveles pues en la simplicidad conceptual de la guerra, todos ven al mandatario electo como un exguerrillero. “Espero que el general que me rinda honores lo haga de corazón” dijo en una reciente entrevista cuando, justo ayer, el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, soldado bachiller desde 1968, comandante del Ejército, en una ceremonia militar en la escuela de soldados profesionales en Nilo, Cundinamarca, anunció que dejará a su cargo el próximo 20 de julio, inicio de las sesiones del nuevo Congreso. A los soldados hay que “mirarlos a los ojos como si fueran sus hijos” (…) “…vienen del pueblo y se deben al pueblo”, dijo.

Hace un par de semanas, el entonces candidato Petro envió una carta a los soldados y policías prometiendo vivienda, salud y educación dignas y aseguró que no tocará los regímenes especiales pensionales de los miembros de la Fuerza Pública, algo ya en desarrollo en la vigente Ley del Veterano. Con esas promesas, parece estar entendiéndose con la jerarquía, los soldados y los policías, aunque no sabemos si aquí, como en Venezuela y Argentina, la inflación deteriore la capacidad adquisitiva de las pensiones.

En el entretanto, la Comisión de la Verdad presentó su informe sobre las causas de la endémica violencia colombiana, señalando al Estado y a los militares como culpables directos del desbarajuste. Es la verdad frente a la cual se opone la verdad del excomisionado Mayor (R) Carlos Ospina, quien renunció por ser políticamente incorrecto, mientras el padrecito de Roux anunciaba lo que oímos ayer.

En el campo geopolítico, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la izquierda transnacional presionarán políticamente para que el presidente una vez posesionado, estreche lazos de amistad e intercambio con China –ya en desarrollo–, Rusia, Irán y, por supuesto, la inefable Cuba. Esperamos no tener que ver a instructores militares cubanos ni rusos en nuestros cuarteles, como los hemos visto en Venezuela.

El caso crítico del nombramiento del nuevo ministro de Hacienda nos deja en vilo, sabiendo que la reforma tributaria debe ser del orden de los 70 billones de pesos aproximadamente, que se deberán recolectar de entre los aportes impositivos a todos los colombianos que ganen más de 3 millones de pesos, según el economista Ricardo Bonilla, exsecretario de hacienda en la Bogotá Humana.

Con los dos nombramientos antes mencionados y una plantilla de 33 integrantes del equipo de empalme, avizoramos un unanimismo político que nos lleva a preguntarnos lo que se pregunta la mitad del país: ¿Quién liderará la oposición? Amenazante inquietud para el futuro de Colombia, ahora que hasta los migrantes venezolanos están pensando seriamente en irse del país.

Días de grandes expectativas, alegrías y frustraciones nos esperan. Nada será fácil, pero hasta los pájaros levantan el vuelo contra el viento, dice un viejo aforismo aeronáutico.

domingo, 25 de julio de 2021

¿Acaso vivimos en una sociedad amancebada con la anarquía?

Luis Guillermo Echeverri Vélez
Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez*

Hace 211 años que celebramos unidos un grito de independencia. Como la hemos tenido, ahora no la valoramos y una minoría violenta quiere romper el equilibrio democrático entre libertad y orden, que garantiza equidad y justicia en el ejercicio de la legalidad.

Como hice parte de la directiva de entidades internacionales, no me cuesta reconocer que sus burocracias también se equivocan y son sujeto de contaminación ideológica que desvirtúa su loable propósito. Diga lo que diga la CIDH, el reconocimiento del derecho a la protesta, sin garantía ni penalidad en caso de resultar en un abuso de los derechos fundamentales de todo ciudadano, representa el camino más corto a la anarquía.

El reconocimiento constitucional del derecho a la protesta pacífica, pierde toda validez cuando está asociada a paros y bloqueos que vulneren otros derechos, afecten la libertad de movilidad y el abastecimiento de bienes y servicios, se efectúen mediante amenazas y actos terroristas, daños a la propiedad pública o privada, agresiones físicas a personas, ataques contra la fuerza pública, violencia ciudadana, vandalismo, asonadas, incendios y destrucción de infraestructura, con las consecuentes pérdidas económicas y en general cuando las protestas resultan asociadas a cualquier acto que sería punible cuando un individuo obra en solitario o por su propia cuenta.

El derecho a la protesta debe estar antecedido del cumplimiento de las obligaciones ciudadanas de acuerdo con la ley[1].(*)

En medio del lamentable silencio de gobiernos democráticos, organismos y organizaciones internacionales, las protestas en Cuba están plenamente justificadas por 60 años de opresión dictatorial comunista y represión de todas las libertades y derechos existentes. Igualmente, representan el último recurso en países como Venezuela y Nicaragua, causadas por décadas de destrucción de valor y valores, se remiten a realidades de descomposición, miseria y empobrecimiento, a manos de regímenes totalitarios disfrazados ideológicamente.

Y estas protestas en contra de las dictaduras, de ninguna forma validan las que se han vivido recientemente en Barcelona, Estados Unidos, Chile o Colombia. Por el contrario, devalúan y desvirtúan la falsa narrativa populista que se le vendió al mundo como un justiciero y loable propósito.

En el caso de las manifestaciones de protesta en Colombia y la violencia asociada a las mismas, se han ignorado todas las reglas de convivencia en pandemia, generando miles de contagios y muertes innecesarias.

El problema de los abusos a las libertades de toda una nación, no es asunto de filosofías ideológicas, ni del grado de qué tan liberal o conservadora sea la forma de pensar de quienes las expresen, son atentados contra los principios que comprenden la legalidad en la que tenemos que convivir como seres civilizados.

En democracia no se vale adoctrinar indefensos por fuera de los valores intrínsecos a la misma. Ni movilizar masas con un discurso engañoso. Menos pagar delincuentes y azuzar inconformes e ignorantes para que con violencia se encarguen de sembrar terror, desconfianza e incertidumbre, destruyan vidas, la economía, bienes e infraestructuras que mantienen las empresas privadas, los empleos y los ingresos de los que dependen los ciudadanos.

Tampoco se vale mentirle al mundo para validar los intereses cobardes del populismo, afines a un socialismo del siglo XXI, que no han podido aceptar que, ni todos podemos vivir del Estado, ni que las organizaciones criminales narco-comunistas, que se quieren tomar el poder por medio de la combinación de todas las formas de lucha, no pueden ser quienes habiendo cometido crímenes de lesa humanidad participen en el proceso legislativo y de control político democrático.

Criticar es simple. Destruir es fácil. Construir valor, sociedad, cultura y civilización, es tarea para líderes, gobernantes y comunicadores ejemplares. Honremos hoy con respeto la libertad.

Anexo. Terrorismo digital asociado a las protestas en Colombia.

Durante más de 20 días me he dedicado a hacer un análisis técnico comparativo de varias herramientas digitales cuantitativas disponibles en el mercado (SML - Escucha de Redes Sociales). En un periodo observado de abril 25 a mayo 20 de 2021, los resultados demuestran la narrativa que se construyó en más de un 95% desde Twitter, y estuvo concentrada en que el Estado, que no fue el agresor, era quien atacaba violentamente a la ciudadanía colombiana en franca violación de los Derechos Humanos.

La narrativa sobre “Violencia Estatal” estuvo asociada a sucesos en Cali, intervención de organismos internacionales (ONU), críticas de oposición política al gobierno de Duque y acusaciones a Uribe. Luego pasó de estar asociada “propuestas ciudadanas”, a actividades de Anonymus (Ciber-ataques & cierre de twitter), actuación del gobierno, asociación con Venezuela, censura en internet y apoyo a Duque.

Más del 80% de las cuentas observadas, interactuaron con los usuarios de redes de comunidades activistas supuestamente defensoras de Derechos Humanos y políticos de izquierda. Y aproximadamente el 60% de la conversación general estuvo asociada a violencia.

Unos veinte mil usuarios o el 1 % de la conversación total de la red presentaron alta actividad anómala, un promedio de 3 publicaciones por segundo pero generaron aproximadamente el 40 % de la conversación, que fue cercana a los 10 millones de comentarios, de los cuales, el 85 % acusaron al gobierno y a la fuerza pública de la violencia en las manifestaciones, amplificaron internacionalmente una narrativa de crisis socio-política validada por mensajes de apoyo de todo tipo de celebridades, mientras solo el 10 % de los comentarios favorecían al gobierno y a la ciudadanía indefensa ante bloqueos, violencia y asonadas, estratégicamente planeadas con el auspicio de organizaciones criminales.

La narrativa fue difundida principalmente por twitter.com y amplificada exponencialmente por cuentas anónimas o impersonales, Trolls y Robots fabricados con código por mercenarios mediáticos, como el caso de Yac News asociado con Anonymus (ciberataques), por sistemas masivos de distribución de información venezolanos y rusos como TeleSur, Marzo4F.com controlado por Diosdado Cabello y rt.com (RusiaTV), de los cuales se nutren rutinariamente otras agencias noticiosas y medios internacionales como El País, The New York Times, The Washington Post, CNN, BBC, etc. Las noticias y opiniones que difunden comentaristas radiales, televisivos y mediático-digitales colombianos se dedican a expandir esas versiones informativas, en muchos casos sin validar su autenticidad y veracidad.

Las herramientas analíticas registran que el origen de dicha narrativa proviene especialmente del twitter de senadores de oposición plenamente identificados, de sus grupos de trabajo digital, y de medios internacionales más distribuidos por usuarios anómalos, desde Venezuela, Colombia, Alemania, Rusia, España, Francia, USA, e Inglaterra; siendo los 10 más distribuidos: el medio Bolivariano marzo4f.com, elespectador.com, eltiempo.com, semana.com, france24.com, wradio.com.co, dw.com, cnnespanol.cnn.com, cuartodehora.com, elpais.com, y las plataformas más utilizadas fuera de Twitter, Youtube.com, Facebook.com, Instagram.com.

Las consignas o hashtags relacionas con el paro en todo el país, difunden en su mayoría videos asociados a manifestaciones y violencia policial. Los de mayor impacto inicial, fueron: #SOSColombiaDDHH y #ColombiaEnAlertaRoja. Se observaron picos incrementados por menciones de políticos y analistas como los de los días 14 y 15 de mayo creados por la noticia falsa de una supuesta agresión sexual de miembros de la policía contra la menor Allison Meléndez, #SOSpopayan, #ParoNacional, #PrimeraLínea, etc., seguidos por otros contra los escuadrones antidisturbios de la fuerza pública y contra el gobierno: #DuqueRetireLaReformaYa, #EstadoAsesino, #NosEstanMatando, #DuquePareLaMasacre, #DuqueMandoAMatarnos, #DuqueNarcoParacoYAsesino, #IvanDuqueAsesino, #IvanDuqueRenuncie, etc.

La conversación asociada a un “Golpe de Estado” dentro de una supuesta “crisis socio-política en Colombia”, #golpedeestado, se dio entre más de 50,000 usuarios que la multiplicaron más de 100,000 veces, en su mayoría cuentas de activistas de DDHH, y se originó principalmente en Twitters de Gustavo Petro, quien comparó el Gobierno de Duque con el de Pinochet en Chile, y en asociación de otras cuentas circularon la falsa idea de que Álvaro Uribe está desestabilizando la población para dar un golpe de Estado contra Iván Duque. De otra parte, algunas cuentas conservadoras hablaron de un posible golpe de Estado por parte de Petro en alianza con sectores de la izquierda y el narco-terrorismo.

En cuanto a los 10 usuarios más influyentes en la conversación general, están las cuentas de: @IvánDuque, @DiegoMolano, @ONUHumanRights, @GustavoPetro, @GustavoBolivar, @Col_Informa, @Contagioradio1, @CIDH, @IvanCepedaCast, @JMVivancoHRW.


[1] (*) Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

martes, 25 de mayo de 2021

De cara al porvenir: cumplir la Constitución

Pedro Juan González Carvajal
Por Pedro Juan González Carvajal*

En medio de los acontecimientos bochornosos y continuados que se han vivido con respecto al Paro Nacional, que entre otras cosas se ha tomado más tiempo del esperado, me dio por rescatar el pliego de peticiones acordado con el Gobierno Nacional en noviembre de 2019, cuyo resumen comparto con ustedes:

1. Retirar el proyecto de reforma tributaria de trámite en el Congreso.

2. Derogar el decreto que creó el Holding Financiero, la empresa que aglutina 18 entidades financieras.

3. Derogar la circular de Mintrabajo sobre cuándo las empresas pueden terminar los contratos laborales de personas en condiciones de debilidad.

4. Disolver el Esmad y depurar la Policía Nacional.

5. Que el Gobierno no presente la reforma pensional.

6. Que el Gobierno tumbe 4 artículos del Plan Nacional de Desarrollo.

7. Que el Gobierno no privatice ni enajene bienes del Estado.

8. Que el Gobierno cumpla los acuerdos firmados por el Gobierno Santos y el actual con estudiantes, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, Fecode y los sectores campesinos y agrarios.

9. Que el Gobierno tramite con Dignidad Agropecuaria “los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los tratados de libre comercio y todo lo relacionado con la producción de este sector”.

10. Que el Gobierno aborde con “Defendamos la paz” el “Proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz”.

11. Tramitar de inmediato en el Congreso los proyectos de ley que aterrizan la consulta anticorrupción.

12. Derogar el impuesto o “tarifazo nacional” para financiar Electricaribe”.

13. Definir las políticas ambientales y la protección de páramos con “los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden”.

Como puede observarse, la similitud entre los reclamos pasados y presentes es asombrosa, lo cual da fe del incumplimiento tradicional a que nos tienen acostumbrados los distintos gobiernos cuando se trata de hacer cumplir lo pactado y firmado, lo cual es vergonzoso.

Aparecen redentores de oficio que llaman al diálogo nacional, a las mesas de diálogo, a las comisiones técnicas, a los diálogos regionales, al gran pacto por Colombia y cualquier otra cantidad de nombres y nomenclaturas para tratar de soliviar la avalancha que se ha venido encima.

Que hay que sentarse a negociar y no está muy claro con quién y sobre qué, no se sabe quiénes representan a quiénes y si todos estamos representados, en teoría, por el gobierno de turno.

Se cede en dos o cuatro cosas, los bloqueos continúan y todo es una escaramuza para medir fuerzas y capacidad de aguante, mientras la mayoría de la población padece las consecuencias.

Los expresidentes hablan y algunos vociferan, se rescatan del olvido los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de Paz que, con garantes Internacionales y todo, no han adquirido la dinámica necesaria para su implementación, lo que hace que se pierda credibilidad de la eficacia real de estos acompañamientos, lo cual es una vergüenza internacional para Colombia. (El Gobierno no respeta los Acuerdos de Paz avalados por prestantes organismos internacionales y quiere que esos mismos organismos avalen sus conversaciones con los promotores del paro). ¡Que viva la teoría del embudo!

Si tuviéramos una verdadera cultura ciudadana, la solución simple está en cumplir estrictamente los mandatos de la Constitución Política de Colombia sin más vueltas ni regodeos. Y si el gobierno de turno no es capaz, pues que se haga a un lado y deje de estorbar.

Es claro que hay que dimensionar el tamaño y las fuentes de los recursos necesarios para poder garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos constitucionalmente, pero para eso se eligen los gobiernos. ¿O no?

Cuando determinemos el presupuesto nacional, comencemos por garantizar los recursos necesarios para la educación, la salud y la infraestructura como asuntos de primer nivel y distribuir el resto entre los otros aspectos necesarios. Qué le vamos a hacer. Eso nos pasa por ser un país mal administrado y corroído por la corrupción.

Mientras tanto, como los perritos locos, sigamos tratando de morder nuestra propia cola.

lunes, 27 de enero de 2020

Encapuchados


Por Antonio Montoya H.

Antonio Montoya H.
El país vive unos días difíciles por causa de los paros que convocan un grupo de ciudadanos que se creen sus dueños, que paralizan el comercio, la movilidad, la educación y en general todos los sectores de la economía, lo cual justifican en aras de la democracia, que les permite expresarse públicamente, de manifestarse y de esa forma aspiran a convertirse en un gran grupo con el cual se debe sentar el Presidente y sus asesores a negociar como lo dicen ellos mismos 104 puntos que inclusive son más que los que se negociaron con las FARC.

Es verdad que construir un país no es tarea fácil, que se debe gobernar con la oposición, los subversivos, las bandas criminales, los guerrilleros, en fin, todo el conjunto de seres humanos que hacen parte de nuestro territorio. Si sumáramos no llegan a cien mil, y ellos, esa minoría, pide y pide, pero qué aportan, pues daños, violencia, disturbios, poner en jaque a la ciudadanía y perjudicar a los trabajadores que tienen que desplazarse a pie o en bicicleta, por largas horas para llegar a sus hogares, atender la familia y luego volver al trabajo.

Yo no sé si los líderes o más bien los promotores del paro, fuera de la emotividad que tienen por poner en jaque al país trabajador, comprenden la magnitud de las peticiones y reconocen lo que se ha avanzado en aportes para la educación, ciencia, tecnología, incrementos salariales, protección laboral a los trabajadores, desarrollo de la infraestructura, en fin, múltiples gestiones que van conduciendo al país por la senda del desarrollo y de la inclusión. Dudo que ellos, los promotores, sepan a qué están jugando, los iniciales participantes se van saliendo y van quedando los vándalos liderados desde la oscuridad por un personaje que busca generar el caos y así lograr el poder a toda costa.

Los que sí están felices son los encapuchados, dañando bienes públicos y privados, tirando piedra a la policía indefensa que tiene que aguantar, no defenderse y sufrir la humillación de la fuerza que representan, que es la encargada de velar por la seguridad, protección al ciudadano y guarda de la democracia.

No entiendo, por qué el Estado, sigue actuando en forma pusilánime ante los acontecimientos, ante los vándalos y ataques a personas y bienes, desde hace rato y previendo la continuidad de los paros debió emitir un decreto en el que se ordene a la fuerza pública que quien esté encapuchado debe ser detenido, juzgado y condenado. Así no se apoya a los cobardes que se esconden bajo una capucha para atentar, violentar y afectar la ciudadanía. Esos personajes no tienen buenas intenciones, lo sabe cualquiera. El que se esconde bajo una máscara, trapo u otro elemento es porque no quiere que lo identifiquen al tirar piedras y palos, contra los bienes públicos y privados.

Si las manifestaciones deben ser pacíficas y en orden, entonces se debe proceder de conformidad, vigilando, actuando y no dando la impresión de fragilidad, miedo y sumisión frente al terror. La democracia subsiste cuando hay orden y disciplina social.

miércoles, 22 de enero de 2020

... ¡Y con el rancho ardiendo...!


Por José Alvear Sanín*

José Alvear Sanín
El amable lector no necesita argumentos acerca de la preservación del orden público de cuyo disfrute depende todo en la vida social, política y económica…

La serie de perlas que vamos a ensartar nos hace exclamar ¡Colombia, país único!

1. Pocos días antes de salir del gobierno, Santos firmó una Resolución que prácticamente le impide a la fuerza pública defenderse cuando es atacada.

2. El nuevo gobierno “acató” esa Resolución, a pesar de estar desde el principio sometido a una “resistencia” permanente para forzar su caída, con una interminable serie de paros, huelgas y mingas, donde se verá a los agentes del orden heroicamente pasivos…

3. Bien advertido de los efectos desestabilizadores de las asonadas en Ecuador y Chile, el gobierno colombiano, en vísperas de un paro nacional subversivo y bien anunciado, en vez de prepararse, anunció la desmilitarización de Bogotá; y el presidente transfirió sus indelegables facultades en materia de orden público, a los alcaldes…

4. Como era previsible, el 21N causó enorme desorden y grandes destrozos, pero no se retiraron las facultades inconstitucionalmente delegadas en los alcaldes, a sabiendas de que el 1° de enero de 2020 se posesionarían agentes de la revolución en las alcaldías de Bogotá y Cali, y en Medellín un individuo ambiguo (¿petrista, expetrista o futuro petrista?, vaya uno a saber).

5. El gobierno, respetuoso de la “legítima protesta social”, acepta un interminable “diálogo nacional”, para discutir centenares de propuestas absurdas, una de las más insistentes, ¡la eliminación del Esmad!

6. El señor procurador general de la Nación, en enero de 2020, usurpando funciones, prohíbe al Esmad el uso de determinadas armas. ¿Habrá en el futuro que consultar con esta raposa jurídica las especificaciones de los armamentos y las condiciones para su uso? En todo caso, el doctor Carrillo accede así indirectamente a la exigencia de la “mesa de negociación” al gobierno para que se elimine el Esmad.

7. La flamante señora alcalde de Bogotá establece una novedosa política, única en el mundo, para el tratamiento de la protesta, de la cual ella fue abanderada en noviembre. Su “protocolo” ordena:

7.1.Que inicialmente los manifestantes contarán con la participación de las “madres gestoras de paz”, para tratar de “resolver la situación”. (No se sabe si las “madres gestoras de paz” son las de los manifestantes o las de los demás… ¿o será que se va a crear una nueva y copiosa burocracia de “madres” especializadas en la paz?)

7.2. Si la cosa avanza, intervendrán los “gestores de convivencia”, para “tratar de mediar” (¿Significará esto la creación de otra nueva burocracia especializada?)

7.3. Si se pasa a mayores, intervendrá la policía, pero únicamente con “escudos y bastones”.

En todas estas fases, los manifestantes contarán con el acompañamiento de la Veeduría, la Personería y la Procuraduría (Supongo que no se pondrá inconveniente alguno para que intervengan las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Iglesia…), pero si todo fracasa, entonces se llamará a Esmad, si todavía existe.

8. Pocas horas después de esta clara e inequívoca invitación de la Alcaldía al desorden, algunas docenas de estudiantes armaron un bochinche en Bogotá… y la señora alcalde (¿fascista?) llamó al Esmad, saltándose todas las fases de su goyenesco-mockusiano protocolo, actuación que le mereció inesperadas felicitaciones, y la censura de Petro.

9. A continuación, el doctor Petro, presunto examigo de Claudia Nayibe, convocó a todas “sus asambleas municipales de la Colombia Humana” a continuar la resistencia con movilizaciones a partir de enero 21, que ya se están preparando.

***

P. ¿Hay chuzadas buenas?

R. Sí, las que ilegalmente y durante largos meses, a sabiendas, realiza la Corte Suprema contra Álvaro Uribe. Las demás sí son delito…

jueves, 28 de noviembre de 2019

Vigía: nuestro futuro: ¿entre Dylan y Daneidy?


Por John Marulanda*

Coronel John Marulanda
Colombia logró contener exitosamente las críticas 48 horas iniciales de esta guerra fría 2.0, suave, molecular, híbrida, social prolongada o como se quiera llamar. Tres elementos fueron claves: la recia actitud de algunos ciudadanos frente a los vándalos, el denodado esfuerzo y profesionalismo de nuestra policía y la aplicación inteligente de medidas restrictivas por parte de alcaldes y gobernadores.

La guerra contra el terrorismo ha endurecido a los colombianos, que llevan a cuestas el persistente acoso de quintacolumnistas estalinianos, habilidosos argumentadores de bienestar, libertad, justicia, paz y reconciliación.

Como en 1960, con mártir a bordo y acoso jurídico a la fuerza pública, se inicia una etapa de acuerdos políticos presionados por desinformación y miedo, propagados a través de medios convencionales, de redes y de comunicadores interesados, con la amenaza clara o velada de violencia callejera.

En el desarrollo de lo planeado en el documento base del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas, vendrán semanas de asedio líquido, con inesperados bloqueos a la movilización pública, sorpresivos brotes de bandidaje y posibles actos terroristas que las comunidades, organizadas, deberán prever, prevenir y neutralizar con responsabilidad, pero con contundencia.

Claro que urgen reformas, pero sin entreguismo ni cobardía habaneros, sin dejarse imponer la agenda socialista, ni el tiempo, ni el ritmo de la negociación. Apremia, eso sí, modernizar la educación de nuestros jóvenes a quienes, desde la reforma de 1976 a cargo de un ruso y un polaco, se les convirtió en parásitos intelectuales, zombis morales e idiotas útiles de marxistas leninistas angurrientos de poder, alienándolos con mentiras, fantasías garciamarquianas, verdades a medias y mitos urbanos repetidos machaconamente en aulas y corrillos por sesenteros, despistados fecodianos.

Nuestra Policía Nacional, debe mantener su salud y su músculo para lo que viene; nuestros militares deben adquirir una preparación superior en el uso de su fuerza contra jovenzuelos irresponsables; la inteligencia criminal debe neutralizar a los responsables de cadenas mentirosas y paniqueras, como las de los asaltos a predios particulares en Bogotá, el traslado de vándalos en vehículos de la policía, la patada del patrullero a la mujer y los ataques al comercio en Cali.

Entre un Dylan accidentalmente muerto y una Daneidy cínicamente impune, entre el drama y la burla, entre oportunistas de mala calaña, jueces veniales y policías sacrificados, se vislumbra el futuro del país. Nada que no se pueda digerir con un buen partido de fútbol, para completar la tragicomedia nacional.

viernes, 27 de septiembre de 2019

Protestas de protestas


José Leonardo Rincón, S. J.*

José Leonardo Rincón ContrerasEstaba escribiendo sobre las protestas sociales que se originan en causas justas y terminan en vandalismo y violencia por la infiltración de agitadores profesionales y tuve que parar para hacer necesarias distinciones. Hay protestas de protestas.

Como javeriano nunca imaginé ver al Esmad entrando un día a nuestro campus universitario echando gases lacrimógenos. Con esa fama de ser una universidad de niños pupis o gomelos, delicaditos e indiferentes ante los problemas sociales, que en vez de piedra tiran sparkies, donde la carrera más difícil de pasar es la carrera séptima, uno qué iba a pensar ver a sus estudiantes en marchas y protestando. Pues bien, parece que las cosas han cambiado.

Y las cosas cambian cuando se mide injustamente con el mismo rasero. El gobierno no puede reprimir la protesta social confundiéndola con actividades terroristas. Porque una cosa es  la reacción masificada, airada y enloquecida del pueblo reprimido en determinadas situaciones en las que las masas manipuladas son capaces de vandalizar: robar, incendiar, destruir, asesinar… y otra cosa es protestar solidariamente, como pasó en estos dias, porque se observa el uso desmedido de la fuerza pública en la universidad del frente, porque se rechaza la intromisión en los campus universitarios afectando gente que no tiene nada que ver, porque los muchachos de la Distrital no quieren más corrupción y deshonestidad y hay que apoyarlos, porque no hay derecho a que jóvenes con las manos arriba gritando “¡no más violencia!” sean agredidos por la policía.

La situación es compleja, de eso no cabe la menor duda, y por eso se requiere sensatez e inteligencia. El llamado “bogotazo” del 9 de abril, con ocasión del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, prácticamente destruyó media ciudad. Por eso me pareció irresponsable lo que le escuché decir hace unas semanas a un político quien, en tono amenazante, advertía que, si algo le pasaba a su jefe, podría generarse una confrontación social similar a aquella de hace 70 años. Eso me hizo pensar cuán peligrosas son estas reacciones masivas donde una pequeña y provocada chispa puede desatar situaciones inimaginadas y cómo, a la hora de la verdad, algo que parece tan espontáneo, en realidad esté fríamente calculado.

En esa misma dirección, pienso que estos estallidos no son gratuitos. Como seres humanos, vamos acumulando traumas, dolores, resentimientos, heridas, complejos, rencores, odios, envidias, necesidades básicas no satisfechas. Somos como una olla de presión que, si no tiene una válvula de escape, un drenaje a todo esto, efectivamente se acumula, se acumula y se acumula tanto, hasta que finalmente estalla. Esto es lo que muchos no miden, ni toman conciencia. Eso es de lo que la clase política abusa: mienten siempre en sus propuestas, roban cuando ejecutan, disfrutan de altos salarios trabajando lo menos, polarizan con sus discursos incendiarios, colman la paciencia de los más débiles y necesitados, aprietan y presionan tanto, hasta que finalmente logran que el pueblo explote y lo haga propiamente de un modo no pacífico y con consecuencias jamás previstas. Lo tragicómico del cuento es que el pueblo pueblo es el que siempre pierde, el que siempre pone los muertos. Son, finalmente, las víctimas de esos que de día generan la desgracia con sus locuaces discursos polarizantes y parecen odiarse e insultarse, pero en la noche departen alegremente como buenos amigos alrededor de unos cuantos whiskys y una suculenta cena.

Las protestas son una saludable expresión que no debe reprimirse, pero quienes las organizan no deben permitir que infiltrados agitadores, extraños aparecidos que emergen de pronto, ocultos sus rostros tras sus capuchas, se apoderen de causas nobles y las distorsionen, generando caos y confusión. Ya en el pasado reciente se denunció a estos sinvergüenzas, se vio claramente de dónde provenían y qué buscaban e incluso las cámaras de televisión registraron quiénes eran los que realmente hacían los daños. ¡Cuidado! Y que tengan cuidado las así llamadas autoridades con las marchas pacíficas que ellos mismos violentan a punta de innecesarias agresiones con chorros de agua, bolillos, gases lacrimógenos y hasta bala. Sus abusos no tienen excusa, resultan intolerables y se vuelven en contra del régimen que dicen defender. La historia lo sabe y quieren repetirla. No se diga más.