Cómo reconstruir Medellín 4

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

Seguridad.

1. La seguridad va directamente ligada con nuestro buen comportamiento, estando alertas, informando y denunciando a las autoridades civiles y de policía cualquier anomalía, ayudando en el cuidado de nuestros vecinos, de todo el amoblamiento urbano y equipos que tiene el municipio para nuestro cuidado (cámaras, semáforos, paraderos de buses, estaciones de transporte, alarmas, etc.), respetando y colaborando con las autoridades, participando en los planes comunitarios (seguridad, alarmas, manejo de basuras, etc.)

2. Necesitamos más policías para todos. Las unidades de policía que hay en Medellín se están destinando, en cantidad importante, a esquemas de seguridad no necesarios; secretarios de despacho, gerentes de entidades descentralizadas, concejales, diputados, congresistas, etc. Pienso que todos debemos estar al mismo nivel de riesgo y exposición que el resto de los ciudadanos de Medellín, además, reducir los esquemas de seguridad, conecta a los beneficiarios con la realidad de la ciudad y permitiría que un número importante de unidades de policía regrese al servicio de todos en las calles de Medellín. Hay casos excepcionales, pero son muy pocos.

3. Mantener a la juventud ocupada, alejada de la droga, del alcohol, de las malas compañías, con el estudio, el trabajo, el deporte, la cultura, es clave los recursos están presupuestados.

4. Hay que fortalecer las inspecciones de policía; la comunidad se sentirá más segura sabiendo que cuenta con la ayuda en la solución rápida y justa de conflictos de común ocurrencia, evitando la violencia que implica la solución de conflictos por las vías de hecho.

5. En el presupuesto de Medellín hay importantes sumas de dinero para mitigar el hambre de los más necesitados, población que se supone debe tenerse plenamente identificada, para su atención urgente. No puede ser que el hambre solo esté en el discurso de los gobernantes y no estén siendo eficientes en su mitigación, existiendo los recursos.

6. La empresa de seguridad del municipio debe proveer a las autoridades de policía de los equipos que le permitan su mayor optimización y eficiencia.

7. La entidad encargada de la prevención y atención de desastres debe destinar todos sus esfuerzos y recursos al cumplimiento de su objeto; increíble que la estén utilizando para hacer politiquería. Ojalá las autoridades de vigilancia y control se pronuncien rápido sobre este tema, denunciado por concejales y blogs de periodismo de investigación.

8. Si los cientos de miles de millones de pesos que figuran en el presupuesto de Medellín destinados a los niños, los ancianos, los habitantes de calle, la población LGBTIQ+, desplazados, indígenas, negritudes, etc., se estuviesen invirtiendo debidamente, Medellín sería mucho más segura. Qué bueno sería una verificación y seguimiento detallado a estos temas.

9. Pueda ser que las conversaciones con las bandas que adelanta el Gobierno nacional permitan la tranquilidad de los tenderos y comerciantes en los barrios, sin tenerles que pagar por realizar su trabajo de servicio a las comunidades.

10. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, está compuesta por los 10 municipios asentados a lo largo del Río Medellín, desde Caldas hasta Barbosa, donde Medellín, con 2.600.000 habitantes aproximadamente, por su característica de conurbación, hace que todos los problemas de seguridad física, social, económica y personal se traten coordinada y conjuntamente; demasiado importante el papel del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que cuenta con un muy cuantioso presupuesto.

Las condiciones institucionales y presupuestales están dadas para que Medellín y su área metropolitana puedan entregar la seguridad que nos merecemos.

Pedimos a nuestro señor Jesucristo que ilumine a nuestros gobernantes en el sendero de la eficiencia, la austeridad y debido cuidado de los recursos públicos destinándolos a la satisfacción del interés general, evitando la corrupción y la politiquería.

270 grados de preocupación

Por John Marulanda*

La situación de seguridad en Colombia, a comienzos de este 2023, sigue complicada a pesar de la anunciada paz total. Una contraorden del Ejecutivo, firmada por el presidente y su mindefensa, manda de nuevo a los militares a cumplir con la misión para la que han sido entrenados: atacar al ELN. No sabemos si es una retaliación o una intimidación o una advertencia. Y mientras los militares “planean” qué hacer, los policías no la están pasando mejor. La institución ha difundido por las redes la inconformidad de 3.000 agentes llamados a presentar un examen del Icfes, organización que reconoció a través de un comunicado de prensa que: “se dispuso de la respectiva verificación del proceso, identificando el pasado 5 de diciembre una falla técnica en el cargue y procesamiento de una de las variables…”. También son los casos de los policías que abandonaron estación en San José de Urama, Dabeiba, Antioquia, por falta de garantías para su seguridad y los de Policarpa, Nariño, quienes permanecen encerrados en su cuartel debido a la presencia de hombres y mujeres armados de alguna de las 19 estructuras que delinquen en ese departamento. En solo 11 días de enero ya se han registrado por lo menos 3 masacres en Nariño, Cauca y Cesar, sin contar los sicariatos urbanos y el abortado intento explosivo contra la vicepresidenta.

En Perú, Dina Boluarte prohibió el ingreso de Evo Morales por «intervenir» en los asuntos de política interna del país. El año pasado, el parlamento derechista declaró al inca persona non grata por promover una salida al mar de su país, a través del sur peruano. Puno, la zona aymará peruano-boliviana, se ha convertido en epicentro de las protestas y desde allí se proyecta una marcha hacia Lima. En Juliaca, ya son unos 18 los muertos por choques entre manifestantes y fuerzas del orden durante un intento de ocupación del aeropuerto local. Los bloqueos de carreteras en seis de los 24 departamentos del país, incluyendo zonas turísticas como Puno, a orillas del lago Titicaca, Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Tacna y Apurímac, persisten. Las movilizaciones nacionales acumulan unos 50 muertos en casi un mes y los reclamantes demandan el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, una asamblea constituyente y nuevas elecciones.

No lejos de allí, en la Media Luna boliviana, la protesta cívica continúa en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, debido a la captura y condena inicial del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo y rebelión I, tres años después de que logró defenestrar a Morales, esgrimiendo una biblia y una carta de renuncia presidencial redactada por él mismo. Tuvo el apoyo militar. Como en Perú.

En Brasil, el vandalismo contra los símbolos de la democracia, rechazado por todos los gobiernos del mundo; en Venezuela, tres parlamentarias opositoras de un simbólico parlamento elegido en el 2015, acusadas de “… traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales” y en Santiago la «incapacidad administrativa» de la comunista Irací Hassler que ha disparado los índices delictuales, sin mencionar el sur de ese país. Parecido a Nicaragua en donde los religiosos son reos de rebeldía.

En Colombia, como en Perú, solamente una FFPP sólida, con moral y cumpliendo con sus deberes constitucionales, nos garantizará lo básico: nuestra seguridad pública y ciudadana.

Vigía: recorte institucional y desplante

Por John Marulanda*

La inesperada salida de más de 50 oficiales de alta graduación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se hizo como con la varita que utilizan los baristas para quitarle espuma en exceso a su producto. “Descremar el café”, dicen. No en vano, ahora se habla de barrida sin que nadie proclame una masacre laboral, como se haría en otros campos empresariales. Total, todos estos señores oficiales tienen una buena pensión que para nada les afecta su supervivencia cotidiana. En tal ejecutoria, como lo dijo el propio presidente, “las decisiones tienen grados de injusticia, no son perfectas”, pues no todos los llamados a calificar servicios están involucrados en investigaciones penales, administrativas o disciplinarias. Sería largo y dispendioso hacer la relación con sus “pecadillos” de los que salieron, algunos de ellos aún en periodo de prueba, pero desde Acore (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) se señaló en privado y por adelantado, la relación de algunos de los defenestrados.

Argumentar que los nuevos comandantes militares y de policía no tienen la experiencia de sus antecesores en inteligencia y contra el crimen organizado transnacional, es una presunción. El que no sabe aprende, aprendieron desde la escuela militar y ahí están los suboficiales que todo lo conocen. No es tan difícil, aunque táctica y estrategia requieren cierto esfuerzo de aprendizaje. Un caso excepcional es el de sanidad, al cual dedicaremos algunas líneas posteriormente.

Por otra parte, impartir la orden pública de que cualquier masacre o atentado contra alguno de los líderes sociales conlleve una anotación en la hoja de vida, que hoy en día se hace, de los comandantes jurisdiccionales, debe realizarse previa investigación, fácil o compleja, corta o larga. Si bien se aprendió desde la escuela militar que el comandante es responsable por lo que hagan o dejen de hacer sus subalternos, es claro que los recientes incidentes mortales que afectan a los llamados “líderes sociales” no forman parte de la responsabilidad de unidades militares sino de sicarios motorizados en su guerra por las rutas de salida de la cocaína hacia el Pacífico o hacia la frontera colombo-venezolana y por el control de los cultivos prohibidos. Con la ONU estamos de acuerdo, pues es el deber prioritario de militares y policías en todo el país preservar la vida de los ciudadanos.

La pregunta subsiste: ¿En dónde están las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y de la Personería local? ¿Con qué criterio operacional actuará un comandante militar frente a las mencionadas alertas? Lo del presidente es una orden general, confusa y que llama a engaños. Ante una orden poco clara, amenazante si se quiere, que rememora a algunos comandantes militares o policiales atrabiliarios e ignorantones, no queda otra opción diferente a la de acatar la instrucción y que alguien de confianza ¿ministro de Defensa? le hable al oído al presidente. Desafortunadamente, el nuevo funcionario ministerial no goza de toda la simpatía y solidaridad de los cuerpos armados de Colombia. De ahí a que se desarrolle una campaña política que, junto con la propuesta de reforma constitucional, alargue el periodo presidencial a 6 años, da para pensar que estamos siguiendo el advertido mismo patrón socialista que hace furor por estos días en la región, de convertir la fuerza pública en una guardia pretoriana para garantizar la seguridad de los ahora dueños del poder. Como en la Venezuela de la “brisa bolivariana”.

Ayer por la tarde el ministro de Defensa y su presidente, pospusieron la ceremonia de reconocimiento a los generales de las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, en un desplante histórico e inaceptable de un primer mandatario a los mandos militares y policiales.

Vigía: nombramientos y un retiro

Por John Marulanda*

A la fecha, dos designaciones han sido confirmadas por el presidente electo. Nombró ministro de Relaciones Exteriores al “conservador” Álvaro Leyva. “Un prófugo con privilegios” que se pasea por Costa Rica, España y Cuba, en permanente comunicación con los jefes de las FARC, según un editorial de, creo, El Tiempo, que es claro en señalar al nuevo canciller, como un delincuente con protección, gracias a sus gestiones para lograr el encuentro del expresidente Pastrana y alias "Tirofijo" en enero de 1999. “Recuperar con dignidad el sitio que nos corresponde” dijo el “operativo de las FARC”, como lo rotuló la senadora María Fernanda Cabal.

Y está la del mayor general en retiro de la Policía Nacional William René Salamanca como articulador del sistema del Ministerio de Defensa actual o eventual creador de un nuevo Ministerio de la Seguridad Ciudadana, si no le ponen a un civil como jefe o jefa. El general en retiro Salamanca Ramírez, exinspector de su institución, exdirector de seguridad ciudadana, agregado policial en Washington y exedecán presidencial, dio un paso al costado argumentando serios riesgos contra su seguridad personal y la de su familia, luego de un duro rifirrafe con el destituido director de la Policía Óscar Atehortúa, por una eventual corrupción en unas casas fiscales en San Luis, Tolima. Petro ha hablado de una reestructuración policial, que comprendería desde el cambio de doctrina, la salida de esa fuerza del Ministerio de Defensa y la eliminación del Esmad, un escuadrón cuestionado por abusos de fuerza. Mientras tanto, los militares activos y en retiro fantasean con la ministra de la Defensa, justo ahora que la fuerza pública perderá un componente, nuestra apreciada policía, que como dijimos, junto con el Impec, migraciones y la DNI, formarían un nuevo ministerio.

32 años después de haberse desmovilizado, Petro recibirá honores militares, reconocimiento oficial de la FFMM a su comandante supremo. El mando militar actual no enfrentó al M-19 en el campo de batalla, no tiene resentimientos contra la banda que originó el holocausto del Palacio de Justicia y nunca han tenido como comandante a un narcoterrorista. La inquietud que produce Petro en los cuarteles, no se queda en la alta oficialidad: llega a todos los niveles pues en la simplicidad conceptual de la guerra, todos ven al mandatario electo como un exguerrillero. “Espero que el general que me rinda honores lo haga de corazón” dijo en una reciente entrevista cuando, justo ayer, el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, soldado bachiller desde 1968, comandante del Ejército, en una ceremonia militar en la escuela de soldados profesionales en Nilo, Cundinamarca, anunció que dejará a su cargo el próximo 20 de julio, inicio de las sesiones del nuevo Congreso. A los soldados hay que “mirarlos a los ojos como si fueran sus hijos” (…) “…vienen del pueblo y se deben al pueblo”, dijo.

Hace un par de semanas, el entonces candidato Petro envió una carta a los soldados y policías prometiendo vivienda, salud y educación dignas y aseguró que no tocará los regímenes especiales pensionales de los miembros de la Fuerza Pública, algo ya en desarrollo en la vigente Ley del Veterano. Con esas promesas, parece estar entendiéndose con la jerarquía, los soldados y los policías, aunque no sabemos si aquí, como en Venezuela y Argentina, la inflación deteriore la capacidad adquisitiva de las pensiones.

En el entretanto, la Comisión de la Verdad presentó su informe sobre las causas de la endémica violencia colombiana, señalando al Estado y a los militares como culpables directos del desbarajuste. Es la verdad frente a la cual se opone la verdad del excomisionado Mayor (R) Carlos Ospina, quien renunció por ser políticamente incorrecto, mientras el padrecito de Roux anunciaba lo que oímos ayer.

En el campo geopolítico, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la izquierda transnacional presionarán políticamente para que el presidente una vez posesionado, estreche lazos de amistad e intercambio con China –ya en desarrollo–, Rusia, Irán y, por supuesto, la inefable Cuba. Esperamos no tener que ver a instructores militares cubanos ni rusos en nuestros cuarteles, como los hemos visto en Venezuela.

El caso crítico del nombramiento del nuevo ministro de Hacienda nos deja en vilo, sabiendo que la reforma tributaria debe ser del orden de los 70 billones de pesos aproximadamente, que se deberán recolectar de entre los aportes impositivos a todos los colombianos que ganen más de 3 millones de pesos, según el economista Ricardo Bonilla, exsecretario de hacienda en la Bogotá Humana.

Con los dos nombramientos antes mencionados y una plantilla de 33 integrantes del equipo de empalme, avizoramos un unanimismo político que nos lleva a preguntarnos lo que se pregunta la mitad del país: ¿Quién liderará la oposición? Amenazante inquietud para el futuro de Colombia, ahora que hasta los migrantes venezolanos están pensando seriamente en irse del país.

Días de grandes expectativas, alegrías y frustraciones nos esperan. Nada será fácil, pero hasta los pájaros levantan el vuelo contra el viento, dice un viejo aforismo aeronáutico.

Encuestas y percepciones en Colombia

Por John Marulanda*

La última encuesta Invamer trae algunos resultados que se podían esperar como la respuesta a la pregunta “En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando?”. El 81% contestó empeorando y sólo un 14% cree que la situación está mejorando.

Seguridad y estadísticas

En este escenario, y concerniente a seguridad, los resultados sobre opinión favorable o desfavorable de algunas instituciones indican que se mantiene la tendencia estadística con tres instituciones conceptuadas como las más apreciadas por la ciudadanía, o al menos por el universo nacional representado por 9.866.662 personas entrevistadas. En esta medición de abril-mayo, las fuerzas militares cedieron su permanente primer puesto a la clase empresarial la cual alcanzó un 62 % de favorabilidad y un 32% de desfavorabilidad. El segundo lugar en simpatía lo registró la Iglesia con un 59% favorable y un 35% desfavorable y el tercer lugar las FFMM con un 58% favorable y un 37% desfavorable. La Policía Nacional, que ha llevado la carga principal y más pesada de este embate desestabilizador, se mantiene por debajo de los sindicatos y la JEP, con un 56% de aprobación y un 40% de desaprobación.

Interesante anotar que, en esta misma edición de la encuesta trimestral, se decidió medir un antes de las protestas (23-27 de abril), un durante (28 abril-8 mayo) y un después de las protestas (hasta el 22 de mayo), aunque en el momento de escribir esta columna, la perturbación subsiste, especialmente violenta en el Valle del Cauca en donde el martes incendiaron el edificio de justicia. Durante los tramos diseñados por la encuestadora, la mayor favorabilidad inicial registrada fue de la FFMM con 58, 57 y 58% en cada segmento, seguida por la Iglesia con 52, 59 y 59% y por los empresarios con 47, 50 y 62%. Por primera vez, las FFMM no son la institución más apreciada por los colombianos, en casi veinte años.

Percepciones inquietantes

Una lectura de esta fresca edición de encuestas y el recuento de todas las anteriores que datan de dos décadas atrás, nos muestra una sociedad que confía mayormente en sus soldados, sus curas y sus empresarios. Es una sociedad conservadora. De ahí el riesgo advertido, ante los desafueros actuales, de una reacción violenta que lleve a Colombia a una verdadera desestabilización. Las multitudinarias manifestaciones pacíficas de la ciudadanía caleña, que están en desarrollo en otras ciudades y se verán en Bogotá este fin de semana, contrastan con un anémico impulso de los capataces gremiales a sus huestes que son menos del 1% de la población. El gobierno maniobra con mesas de negociación, emplea la mínima de fuerza necesaria y se recupera lenta pero seguramente de la primera batalla mediática que perdió estruendosamente. Las redes sociales ofrecen una creciente desfavorabilidad (51%) en la encuesta que nos ocupa.

Las células de terrorismo urbano del ELN y las FARC, causantes de los mayores desafueros durante estas difíciles jornadas, son rechazados 92 y 90% respectivamente. Su patrocinador y amigo Maduro, según la misma encuesta tiene un 92% de desfavorabilidad, nada mal teniendo en cuenta en ha llegado a estar en un 98% de rechazo.

La izquierda extrema en Colombia se solaza soñando con patuleas revolucionarias entrando victoriosas al Palacio de Nariño en medio de vítores y laureles. Recrea Fideles y Danieles en sus afiebradas mentes. Y juega con candela, en la ingenua creencia que saldrá indemne del incendio. Ese escenario está en el manual de los educadores en el odio y los incitadores a la ira, aunque la historia demuestra las consecuencias desastrosas de ese catecismo político. La realidad percibida, el “gut feeling”, es el de un país agitado que de este trance saldrá fortalecido en democracia y una izquierda que de nuevo será condenada al ostracismo político. Sin embargo, nada más peligroso que un facineroso acorralado y no se puede descartar una acción desesperada que provoque una reacción incontrolable de una sociedad cansada, necesitada, dispuesta a llegar a medidas extremas por su supervivencia.

Interesante todo lo que está sucediendo en Colombia, si no fuera por la ruina económica y el tremendo desgaste social de este nuevo embate marxista leninista castrista por apoderarse de la “joya de la corona” latinoamericana.

De cara al porvenir: salpicón

Pedro Juan González Carvajal*

El título de este artículo refleja lo que es el acontecer de sucesos, hechos y noticias que nos atiborran y abruman todos los días.

Denuncian los señores obispos de Cúcuta y de Cali, monseñores Víctor Manuel Ochoa y Darío Monsalve, en medio de la celebración de La Semana por la Paz que ya lleva 34 ediciones anuales continuas, que lo que pasa en el país es catastrófico y que se está atentando contra el proceso de paz, ya que el actual Gobierno lo torpedea de manera continua y sistemática y que al Estado se le está saliendo de las manos su obligación de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, que por centenas van caídos en lo que va del presente año, en lo que irresponsablemente denominan como asesinatos múltiples y no como masacres. Por denunciar estos hechos, son mirados y tildados de críticos y enemigos del Gobierno, casi subversivos y promotores de respuestas y reclamos por parte de la ciudadanía, como si el derecho a la protesta no fuera un derecho constitucionalmente establecido.

El manejo de la pandemia en las últimas semanas más parece un espectáculo mediático que otra cosa. Se abre la economía y no atendemos los ejemplos de lo que sucede en varios países europeos. Ojalá el boomerang no se devuelva como hoy sucede por esas latitudes y veamos a nuestros altos funcionarios dándose golpes de pecho y buscando desesperadamente a quién echarle la culpa. No perdamos tiempo en esos asuntos: si hay algún responsable integral por el manejo de la pandemia es el gobierno y punto.

Como nuestra historia puede ser entendida como un recorrido pendular permanente, el resurgimiento del paramilitarismo y la llegada al país de algunos de sus fundadores después de haber pagado condenas irrisorias por pecados veniales en Estados Unidos es un mal presagio de lo que se nos avecina. Recordemos a Michel Foucault, cuando dice: “La delincuencia tiene una cierta utilidad económica-política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente: Cuantos más delincuentes existan más crímenes existirán, cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo haya en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad en cada nuevo día”.

Sin que la mayoría de las personas lo tenga muy claro, pero eso sí, presas de una emoción ignorante, hoy, ante los nefastos acontecimientos recientes, se habla de que hay que reorganizar o mejor, reformar a la Policía Nacional.

Digamos que es necesario, pero a partir de otras realidades. Existe una diferencia profunda del concepto de Defensa Nacional, instaurado por Bismarck, donde el enemigo de un país es un agente externo, y otro el concepto de Seguridad Nacional impulsado por los Estados Unidos dentro de la Guerra Fría, donde se reconocía que el enemigo era interno y atentaba contra el Estado y los gobiernos de turno.

En la Defensa Nacional las Fuerzas Militares están adscritas al Ministerio de Defensa o de Guerra, de acuerdo con la nomenclatura y estructura organizacional de cada país y su función es proteger la soberanía nacional y las fronteras. En cambio, la Policía Nacional debe pertenecer al Ministerio de Gobierno o del Interior, de acuerdo también a la nomenclatura y estructura organizacional de cada país y su función es controlar el orden civil, con alcances, protocolos y dotaciones operacionales diferentes a las de las Fuerzas Militares.

Como ya firmamos un Acuerdo de Paz con el principal promotor de disturbios interno que eran las FARC, y los otros grupos de alguna manera no tienen la misma dimensión, pues es hora de que nos organicemos y seamos coherentes con el orden internacional en ese sentido.

No puede seguir siendo aceptable que los resultados operativos de nuestras fuerzas militares y de policía sean dar de baja a conciudadanos que piensan y obran distinto y no a enemigos externos, en caso de existir.

Ahora bien, la concentración de poderes por parte del poder ejecutivo y unas fuerzas armadas y de policía organizadas como las tenemos en la actualidad, hacen que parezca ‒en su debida proporción‒, que nuestro Estado, cada vez más autoritario, tenga algunas similitudes con el gobierno de Alexander Lukashenco, presidente de Bielorrusia, reelecto por 5 períodos consecutivos desde 1994 y que hoy es el último dictador de Europa.

Para comprender todo esto, necesitamos gobernantes idóneos, pulquérrimos y de alta estatura política, una ciudadanía ilustrada y un sistema de educación y uno de justicia que verdaderamente operen.

Por otro lado, seguimos haciendo el oso con respecto a nuestras posturas internacionales como acaba de darse con la elección del nuevo presidente del BID, donde fuimos el único país que abiertamente apoyamos al candidato de Trump, violando los parámetros que habían regido la institución desde que fue creada. Y luego nos quejamos porque a nivel interno dizque incumplimos los códigos y los protocolos de buen gobierno. ¿Y esa elección qué fue pues?

Recordemos que el hombre virtuoso se hace a partir de la escuela, la disciplina y el método.

Vigía: ejército y policía para la pospandemia

Por John Marulanda*

Cada día son más frecuentes en las redes sociales los videos de policías agredidos, vilipendiados o huyendo de catervas que blanden garrotes y machetes, cuando no tiroteando sin control. El apedreamiento de uniformados se ha convertido en la adrenalina favorita de jóvenes. Claro que a los soldados no les va mejor. A pesar de su letal Galil de dotación, les ponen machetes en el cuello, los sacan arriados de sus bases y los amenazan con que “A partir de las 72 horas, si los volvemos a ver, vamos a actuar de otra manera”, como les dijeron públicamente hace pocos días en Argelia, Cauca. Si regresan, a lo mejor los apalearán, les quitarán su armamento y los secuestrarán (retenciones sociales, le dicen ahora) o los volverán a sacar a empellones, en andas, como sucedió hace varios años en Toribio, Cauca. Recordamos el llanto del Sargento en camuflado, con casco de guerra y aferrado a su fusil, mientras sus subalternos retrocedían cabizbajos, humillados.

El Cauca, precisamente, es un escenario favorito de esas defenestraciones, que demuestran el debilitamiento progresivo de la fuerza legal y legítima del Estado. Este departamento, es cercano a la frontera con el Ecuador, que le da base étnica transnacional; se abre al Pacifico, ruta preferencial del narcotráfico, base de su economía; ejerce su propia legislación con cepo, latigazos y fuetazos incluidos y mantiene aceitado su autónomo aparato de seguridad, a cargo de la Guardia Campesina, una estructura paramilitar legalizada en La Habana y que, bajo la tutela de las FARC, recluta niños desde los 7 años. En el Cauca se aísla y se secesiona el sur del país cuando lo ordenan las narcofarc y se impedirá a toda costa la fumigación de sus casi 20 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Desde allí, muy probablemente empezará la previsible turbulencia social de la pospandemia.

Regresemos a las primeras líneas. Los ejércitos son para la guerra. Inclusive los comunistas. Y hay que entrenarlos y equiparlos para eso, aunque el cáncer bélico no exista por el momento: Si vis pacem para bellum, dice el sabio consejo de Vegecio. Pero entrenar soldados para la guerra, quitarles el armamento y ponerlos a cuidar frailejones, es un grave error. Sacarlos a lidiar turbamultas, pero prohibirles hacer uso de sus armas es un riesgo que puede terminar con la turba armada, disparando indiscriminadamente a uniformados, funcionarios, vecinos incómodos y enemigos políticos.

Los desatinos de un expresidente ligado al narcotráfico, los desvaríos ideológicos de un Obispo, la imprudencia de un juez impidiendo el apoyo del ejército de US y una dudosa doctrina importada de todas partes, o sea de ninguna, que mira más a la OTAN que al Cauca, están llevando a que el espíritu de combate se deteriore. Y la pérdida de la legitimidad del ejército con su correspondiente desmoralización, no le conviene a nadie, ni a las FARC.

Con el fin de las restricciones de la pandemia, se reanudará la protesta social alimentada por desempleo, pobreza e inseguridad muy altas. Será una perturbación a la que desde ya convocan los comunistas fecodianos y otras organizaciones, en el convencimiento de que llegando al caos podrán hacerse con el poder fácilmente, su técnica de probada efectividad. Nada más alejado de la realidad. A toda acción corresponde una reacción, tanto en física como en política. Y los izquierdistas han estirado tanto la cuerda con narcofarianos posando de honorables senadores mientras sus adláteres arrecian el secuestro y el asesinato, con los engendros de la vergonzosa JEP y con el embeleco de la tal Comisión de la Verdad, que esta se puede reventar en cualquier momento y si no hay ejército con ánimo, ni policía empoderada, el caos afectará a todos, pero con especial fuerza a los voceros del desorden.

Y los que semana a semana se cebaron con los pecados de los soldados y policías, serán los primeros en solicitar su custodia y protección, a menos que le quieran entregar esa tarea a la guardia indígena, los reinsertados o a las células urbanas del ELN y las FARC. Como en Venezuela.

Vigía: ¿Reservamos una UCI a la democracia colombiana?

Por John Marulanda*

En 18 años, nunca la favorabilidad de las FFMM había caído tan dramáticamente, como en la última encuesta de Invamer‒Gallup. Hace tres meses había logrado un récord de simpatía con más de un 85%, (con Uribe logró un 87% en su primer mandato y un 90% en su segundo, coincidiendo con la Operación Jaque) pero ahora se desplomó a una cota histórica del 48%, (su más baja había sido el 60% durante el segundo gobierno de Santos). El desafortunado incidente del acceso sexual abusivo de unos soldados a una menor indígena, otros casos similares que la misma Institución denunció públicamente y el ensañamiento semana a semana de alguna prensa, ha enrarecido la opinión de un sector simpatizante de nuestros uniformados, aunque tales variaciones son frecuentes en la siempre voluble opinión pública, susceptible como nunca al manejo emocional de las noticias, los titulares de redes sociales y “fake news”.

En este último balance, que es una foto, reemplaza a las FFMM en el primer lugar la Iglesia, la cual, escándalos sobre pederastia de por medio y con obispos que acusan al gobierno de “venganza genocida” (emulando a un ex –presidente de ingrata recordación para las bicentenarias FFMM), alcanzó solo un 56%. Así, dos de los pilares fundamentales del Estado, Iglesia (religión) y Fuerzas Militares (seguridad), están en la mitad promediada de la confianza pública. Descorazona ver que otros dos basamentos institucionales de la nación, continúan por el piso: los partidos políticos (participación ciudadana) con un 13% y el sistema judicial (justicia) con un 17%. Claro que, en esta última encuesta, la novedad corre por cuenta de los militares, porque las dos estructuras anteriores sobrellevan la pena de la baja estima desde hace quinquenios. Los niveles de aceptación de las FARC (8%) y el ELN (2%) se han mantenido en la sentina de la opinión pública nacional en casi dos décadas, con máximos de 19% y 8% respectivamente, durante el gobierno Santos.

La preocupación no es liviana: producción de cocaína como nunca antes; una fuerza pública expulsada de territorios cocaleros farianos por comunidades envenenadas; narcocuadrillas del ELN y las FARC prohijadas por el gobierno venezolano y en crecimiento; aumento de la actividad delincuencial ahora por cuenta de bandas organizadas venezolanas; pospandemia pronosticada con desempleo, pobreza, flaqueza fiscal, y lo más grave, agitación de células extremistas financiadas por intereses transnacionales y estimuladas por los ejemplos de US y Europa (BLM, Antifa), esbozan un panorama poco promisorio. Muy seguramente se retomará el camino del disturbio y la violencia urbana fecodianos, que nos puede llevar a cualquier parte, menos a un buen puerto.

Si fuera por la encuesta, Colombia debiera estar como Venezuela, pero a pesar de la foto con tan mal semblante, el país se sostiene gracias a la fe de los más de 400 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía, que mantienen su temperancia y paciencia pues saben, con 200 años de historia en sus mochilas, que los malos tiempos pasan. Gracias también a los ciudadanos de bien, la gran mayoría, representados en los miembros de los cuerpos médicos, profesionales de todas las ramas, transportadores, industriales, empresarios, empleados que día a día hacen lo mejor posible para dignificar su vida y evitar que un gobierno “progre” los convierta en vegetales votantes, como en Cuba, Nicaragua o Venezuela.

La historia nos ha demostrado repetidamente que han sido minorías radicales las asaltantes del poder en países democráticos en donde la confusión y la apatía inducidas predominan y la voluntad de compromiso colectivo es reducido. Si a lo anterior se agrega una ofensiva de medios tradicionales alquilados a los autores y motores del globalismo, del progresismo, del comunismo, pues termina uno por entender y dolerse de los que nos enseñó el socialista arrepentido JF Revel en “Cómo terminan las democracias” (1985), lo advertido por Levitsky y Ziblatt en “Cómo mueren las democracias” (2018) y lo pronosticado por D. Runciman en “Así terminan las democracias” (2019).

Solamente un renovado, denodado y agresivo activismo en pro de la familia, la religión, la propiedad privada, la libre empresa y la libertad individual, podrá hacer frente al pronóstico reservado en que ha entrado nuestra debilitada democracia. La Reserva Activa de Colombia, la que antes defendió con sangre los postulados de esta perfectible democracia, puede convertirse en el baluarte que, desde la civilidad, concite el interés ciudadano para exorcizar las amenazas populistas y socialistas de minorías apátridas. Bástenos con mirar a Venezuela para entender lo que nos espera, si no pasamos a la ofensiva.