Vigía: recorte institucional y desplante

Por John Marulanda*

La inesperada salida de más de 50 oficiales de alta graduación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se hizo como con la varita que utilizan los baristas para quitarle espuma en exceso a su producto. “Descremar el café”, dicen. No en vano, ahora se habla de barrida sin que nadie proclame una masacre laboral, como se haría en otros campos empresariales. Total, todos estos señores oficiales tienen una buena pensión que para nada les afecta su supervivencia cotidiana. En tal ejecutoria, como lo dijo el propio presidente, “las decisiones tienen grados de injusticia, no son perfectas”, pues no todos los llamados a calificar servicios están involucrados en investigaciones penales, administrativas o disciplinarias. Sería largo y dispendioso hacer la relación con sus “pecadillos” de los que salieron, algunos de ellos aún en periodo de prueba, pero desde Acore (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) se señaló en privado y por adelantado, la relación de algunos de los defenestrados.

Argumentar que los nuevos comandantes militares y de policía no tienen la experiencia de sus antecesores en inteligencia y contra el crimen organizado transnacional, es una presunción. El que no sabe aprende, aprendieron desde la escuela militar y ahí están los suboficiales que todo lo conocen. No es tan difícil, aunque táctica y estrategia requieren cierto esfuerzo de aprendizaje. Un caso excepcional es el de sanidad, al cual dedicaremos algunas líneas posteriormente.

Por otra parte, impartir la orden pública de que cualquier masacre o atentado contra alguno de los líderes sociales conlleve una anotación en la hoja de vida, que hoy en día se hace, de los comandantes jurisdiccionales, debe realizarse previa investigación, fácil o compleja, corta o larga. Si bien se aprendió desde la escuela militar que el comandante es responsable por lo que hagan o dejen de hacer sus subalternos, es claro que los recientes incidentes mortales que afectan a los llamados “líderes sociales” no forman parte de la responsabilidad de unidades militares sino de sicarios motorizados en su guerra por las rutas de salida de la cocaína hacia el Pacífico o hacia la frontera colombo-venezolana y por el control de los cultivos prohibidos. Con la ONU estamos de acuerdo, pues es el deber prioritario de militares y policías en todo el país preservar la vida de los ciudadanos.

La pregunta subsiste: ¿En dónde están las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y de la Personería local? ¿Con qué criterio operacional actuará un comandante militar frente a las mencionadas alertas? Lo del presidente es una orden general, confusa y que llama a engaños. Ante una orden poco clara, amenazante si se quiere, que rememora a algunos comandantes militares o policiales atrabiliarios e ignorantones, no queda otra opción diferente a la de acatar la instrucción y que alguien de confianza ¿ministro de Defensa? le hable al oído al presidente. Desafortunadamente, el nuevo funcionario ministerial no goza de toda la simpatía y solidaridad de los cuerpos armados de Colombia. De ahí a que se desarrolle una campaña política que, junto con la propuesta de reforma constitucional, alargue el periodo presidencial a 6 años, da para pensar que estamos siguiendo el advertido mismo patrón socialista que hace furor por estos días en la región, de convertir la fuerza pública en una guardia pretoriana para garantizar la seguridad de los ahora dueños del poder. Como en la Venezuela de la “brisa bolivariana”.

Ayer por la tarde el ministro de Defensa y su presidente, pospusieron la ceremonia de reconocimiento a los generales de las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, en un desplante histórico e inaceptable de un primer mandatario a los mandos militares y policiales.

Vigía: del ministro de defensa y otras yerbas

Por John Marulanda*

El recientemente designado ministro de Defensa, Iván Velásquez, es una muestra de lo que espera a la mayor empresa del país: Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional. Las reacciones han sido emocionales frente al nombramiento de Velásquez, que nos cogió por sorpresa a todos, aunque como dicen, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo.

Dos precisiones: la institución de mayor confiabilidad en el país, según las encuestas, son las Fuerzas Militares. Baste recordar las demostraciones de admiración y cariño en las horas de la mañana, el 20 de julio, durante el desfile militar, para contrastar con la algarabía congresional, entidad que junto con los partidos políticos están en la última escala de las mismas encuestas; y la Policía Nacional de Colombia no es policía militarizada, como cacarean los petristas: es “…un cuerpo civil, armado…” dice la constitución; que imite los uniformes y los grados militares es otra cosa.

El País, periódico de la izquierda española, aclaró que Velásquez es “el hombre encargado por el presidente Gustavo Petro de desmontar uno de los ejércitos más poderosos de América Latina”.
Sobran los comentarios.

La Asociación Colombiana de Oficiales de las FFMM en Retiro, ACORE, ha iniciado aproximaciones con el nuevo Mindefensa, para intentar conocer sus intenciones, después de que ha sido expulsado de Guatemala por su imprudencia y que ha denostado con más frecuencia de la debida contra la Policía y en grado menor contra los militares. Su visión, sus proyectos y las líneas políticas que marcarán el rumbo de los militares y los policías, son claves para entender desde ya cuáles serán sus actitudes al respecto.

Por supuesto que se esperaría que el ministro de la Defensa actúe con la magnanimidad que proclama en un reciente tuiter, aceptando de hecho que su experiencia en el Crimen Organizado Transnacional le permitirá judicializar a los militares involucrados en corrupción, casos conocidos de los cuales no están exentos suboficiales, soldados y patrulleros.

Velásquez pasará a la historia como el funcionario que sacará a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, para trasladarla: a.) a otro ministerio ya existente, como el de Gobierno, lo cual reiniciaría un proceso de politización de nuestros queridos patrulleros o b.) al anunciado nuevo Ministerio de la Paz y Seguridad Social, lo cual implicaría un gasto excesivo de recursos y funciones. La eventual división del Ministerio de Defensa en dos viceministerios, el de Defensa para los militares y el de Seguridad Social para los policías y otras organizaciones de fuerza, plantea un nuevo escenario en donde los militares y policías retirados de Acore, Acorpol, Fecolsure, Acosipar y las demás organizaciones de retirados, tendrán mucho que opinar, comentar y decir.

Exigen los retirados, eso sí, que, de manera pragmática, se mantengan las asignaciones de retiro ganadas en buena ley, tanto como el respeto por las tradiciones, rituales y procedimientos que datan de 212 años de antigüedad y que constituyen el corazón de la moral institucional, regada con la sangre de héroes anónimos desde 1810. Cualquier alteración a los símbolos patrios, a los himnos, a las reglas ceremoniales y otros rituales, serán mirados como una afrenta.

Dicho lo anterior, no es menor importante aclarar que la fuerza pública colombiana en general es civilista y con seguridad que el domingo 7 de agosto, rendirá los honores correspondientes al presidente electo, ceremonia de la cual estaremos ausentes, naturalmente.

Los probables diálogos con las bandas criminales como el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, están siendo analizados con perspicacia y prudencia por los retirados, como se hizo con los diálogos de La Habana, a lo que hay que añadir los comentarios, críticas y observaciones de los suboficiales, agentes, soldados y civiles pensionados del sector defensa, que se han comunicado con la opinión pública a través de una articulación de 53 estructuras de retirados que insisten en observar toda la fenomenología militar, policial, de seguridad y defensa del país. Creemos que dialogar con esas organizaciones narcoterroristas, le traerá problemas de seguridad no solo a Colombia sino también a nuestro vecino Venezuela, que las ha acogido y repotenciado con cocaína y minería ilegal, nombrándolas retaguardia estratégica de la revolución.

Adendo: el nuevo comisionado de Paz, Danilo Rueda, es director de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que en su página web declara: “La existencia de diversas organizaciones armadas guerrilleras son la expresión del ejercicio del Derecho a la Guerra, a la rebelión armada reconocida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los Derechos de los Pueblos, en tratados de humanistas y de iglesias en el mundo”. Rueda fue protagonista, junto al hermano del primer mandatario electo, de una visita de 6 horas a los presos de La Picota, cuando se les ofreció el “perdón social” del que habló el presidente elegido. “Me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia. (…) De hecho, la persona encargada de tramitar todo y de estar pendiente de hacer todo en Medellín era un señor Danilo Rueda…”, aseguró “el Tuso Sierra” en agosto de 2020. Así van las cosas por Colombia, gemelo de Venezuela.

Ante la prioridad pretermitida

Por José Alvear Sanín*

El DRAE define la prioridad como “la anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden”.

Comúnmente se habla de “primera prioridad” y de las “prioridades”, aunque en realidad solo hay una prioridad y lo demás es la serie de asuntos importantes a los cuales se les da un orden descendente en la escala de las urgencias. La determinación de esa escala tiene mucho que ver con el buen gobierno, y este, con el alcance de ciertos fines.

No parece que actualmente en Colombia estén claros la prioridad, ni el orden de precedencia en los asuntos. Por esa razón, y a pesar de lo anterior, se me ocurre, hasta con peligro de incurrir en pleonasmo, hablar de la prioridad de prioridades, que sin duda alguna consiste en la preservación de las libertades individual, de pensamiento, de religión, etc., que asociamos con la noción de democracia liberal, dentro de un modelo productivo de economía mixta, con tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea necesaria.

Desafortunadamente, esa no parece ser la prioridad de los políticos. Cuando este modelo enfrenta la más severa amenaza, no solamente por la entrega de amplios sectores a sus incansables enemigos, sino también por las secuelas de miseria que deja el covid-19, no se traza (ni por el gobierno ni por los partidos) la línea roja e infranqueable entre los demócratas y los totalitarios.

A medida que se acorta el tiempo que nos separa de las elecciones más importantes y decisivas en la historia de Colombia, las fuerzas democráticas se dividen y subdividen en varias clientelas rapaces, transaccionales y dialogantes, mientras las opuestas se compactan y se hacen más agresivas e intransigentes.

En vez de percatarse de la gravedad de la situación y del riesgo inminente de caer en el abismo, la prioridad para el establecimiento parece ser la del grado de cumplimiento del “acuerdo final” entre Timo y Santos, para el cual no hay cortapisas legales, presupuestarias ni fiscales. ¡Esa es la gran discusión política!

El presupuesto nacional hace años que viene bien desequilibrado. Su principal capítulo de ingresos es el del permanente endeudamiento: y nadie en el gobierno ni en la dirigencia política considera la necesidad de imponer la austeridad que se requiere, tanto para la recuperación de la economía como para la preservación del modelo democrático.

Tal como se ven las cosas, de la pandemia saldremos para seguir con un endeudamiento inercial, hasta que llegue el batacazo al estilo de Grecia o Argentina, pero entretanto se seguirá gastando sin freno ni medida, y, además, “cumpliéndoles” a las FARC” con unos 130 billones en los próximos cuatro años, mientras se marchita el gasto militar y la policía corre el riesgo de ser emasculada y politizada, como lo exige el clamor mamerto.

El país que sale del covid-19 estará más necesitado que nunca de orden público, porque el hambre, el desempleo y la miseria, causarán mayor inseguridad.

La reforma de la policía tiene que ser en el sentido de un mayor pie de fuerza, mejor capacitación, mayores medios operativos y reafirmación del principio de autoridad y de la unidad de mando. El bobby con una pequeña porra era posible en la era victoriana, pero ya ni en Inglaterra es viable. Menos aun en la Colombia presente ni en la venidera.

Por otro lado, un país inundado de coca y de minería ilegal no puede aceptar ni la reducción de unos 60.000 efectivos en su pie de fuerza, ni el cambio de la doctrina militar para convertirla en un gaseoso equilibrio de poderes entre el Estado y la gran delincuencia, mientras las FARC, el ELN y los carteles nacionales y mexicanos siguen ampliando su control sobre vastos territorios.

También son muy preocupantes el deterioro y la obsolescencia de nuestra aviación militar, no solo por la amenaza del madurismo, sino también por el creciente rearme de las guerrillas, capaces ahora de derribar helicópteros.

Más que nunca, ahora es verdad aquello de que, si quieres la paz, prepárate para la guerra. La adecuada dotación de ejército, marina, aviación y policía, es muy costosa, pero más conducente a la paz que el “cumplimiento” (es decir, la entrega a las FARC)…

Aunque lo absolutamente prioritario es la preservación de la democracia y el estado de derecho, nada estamos haciendo en ese sentido. En cambio, privilegiar, so capa de progresismo, unos acuerdos espurios, por encima de la Constitución y de la racionalidad económica, es tan absurdo como cruzar los brazos mientras avanzan el desorden, el vandalismo, la asonada y el terror en la calle, los narcocultivos en los campos, y el clientelismo, la indecisión y la infiltración en un gobierno asediado por las cortes de la línea revolucionaria.

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¡Triste el país donde la corte suprema de justicia se transformó en cartel de la toga!

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“La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”. —Thomas Mann

Vigía: ¿cuál caja negra?

Por John Marulanda*

Un amigo, profesor universitario, reclama que Gallup es una multinacional cuyas estadísticas favorecen los intereses del imperio y que, por eso, siempre coloca a los militares como la institución de mayor confiabilidad de los colombianos. La Universidad del Rosario aplicó una encuesta sobre lo que piensan los jóvenes entre 18 y 32 años. Y según los resultados, las entidades de las que más se fían, son sus universidades. Fuera de su mundo, las instituciones formales en las que mayormente confían son las fuerzas militares, seguidas por la Iglesia. En las que menos creen: el congreso, el presidente y los jueces.

Paralelo con lo anterior, un articulista escribió sobre “Militares e identidad”, tesis doctoral de un oficial naval retirado la cual, al decir del columnista “nos abre por primera vez la ‘caja negra’ y nos permite conocer y quiénes son y qué piensan los militares del país”. El cronista, que se dice conocedor del tema, confunde armas con fuerzas y el documento de la Javeriana, excluye suboficiales y tropa, cuatro quintas partes de la milicia, perpetuando el desueto esquema federiciano del clasismo organizacional del siglo 18, que le entrega a la oficialidad ‒nobleza del despotismo ilustrado‒ la patente del pensamiento castrense. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, aunque los militares continúan cumpliendo una responsabilidad social muy especial que los obliga a vivir en cuarteles, obedientes y disciplinados en medio de armas, sometidos a rituales y simbolismo milenarios y obligados a enfrentar riesgos inminentes, so pena de la deshonra y el castigo penal por cobardía.

Lo interesante es que la encuesta estudiantil, al tenor de la de Gallup, recaba que los militares en Colombia sí están en el corazón de los colombianos mientras políticos y jueces permanecen en el subsuelo de la confianza nacional. Es ese sentimiento popular y no el desempeño político, lo que mantiene la moral de nuestros soldados, a pesar de los malabares sofistas de parlamentarios para presentarlos como genéricos violadores de los derechos humanos, asesinos de niños y potenciales dictadores.

Definir los militares como gueto, hoy en día es maledicente. Las puertas del ejército bicentenario están abiertas para quien quiera adentrarse en la complejidad vocacional, emocional y espartana, de una institución con derechos civiles castrados, sin voto y sin posibilidad de agremiación o sindicalización. Hablar, pues, de una “caja negra”, tiene cierto sabor a menosprecio y ofensa, que nos toca a los retirados, a los reservistas.