Palabras a nuestros valientes soldados

María Cristina Isaza

Es para mí un honor estar aquí y poder transmitirles desde Mujeres por Colombia un mensaje con toda la admiración que sentimos por ustedes, por la decisión de vida tan madura y loable que tomaron: servir y defender a nuestro país.

¡Ustedes son seres humanos excepcionales! Cuando una persona tan joven decide que su misión es hacer una carrera militar, con las consecuencias y sacrificios que eso conlleva, es porque en su interior hay una fuerza, un compromiso, una valentía y una capacidad de amar y servir, muy superior al promedio. No cualquiera escoge la carrera más honorable que existe: estar dispuesto a dar hasta la vida para garantizar la justicia, la integridad, la libertad y la tranquilidad de sus compatriotas.

Cada uno de ustedes, en sí, es la personificación de lo que significa valor, lealtad y dignidad.

Ustedes tan jóvenes y decididos, también son un tributo a los grandes prohombres de la patria, como José María Córdova, prócer en honor al cual se nombró el departamento de Córdoba, del cual muchos de ustedes provienen. Con solo 16 años, Córdova fue un destacado combatiente en la batalla independista del Río Palo, ocurrida en Caloto, Cauca. Sí, en el mismo Caloto que hoy tristemente sufre constantes hostigamientos por parte de los grupos armados ilegales.

O un tributo a Simón Bolívar, que a sus 14 años ingresó como cadete al mismo batallón en el que su padre sirvió como coronel.

Todos ustedes tienen en común que luchan por la libertad. Ellos para liberarnos del yugo español, ustedes para librar a Colombia de la amenaza del narco terrorismo.

Para ustedes también debe ser motivo de orgullo hacer parte de una de las instituciones más prestigiosas del país. Pertenecen a una de las mejores fuerzas armadas del mundo, así lo respalda, por ejemplo, el ganar 12 veces la competencia de Comandos Especiales Antiterroristas. Años de lucha contra el terrorismo han dejado ese ADN en nuestras fuerzas. Ustedes son las nuevas generaciones que honran el pasado glorioso, que construyen un presente lleno de honor y un legado para el futuro.

Ustedes, quienes con honor nos protegen, guardan el orden constitucional y la libertad, merecen ser tratados con la mayor dignidad y respeto. Se nos entristece el corazón cuando los humillan o maltratan. Aquí estamos presentes esos ciudadanos que respaldamos su labor, hecha con sentido del honor y el cumplimiento del juramento a la bandera.

Ustedes son los guardianes de los valores fundamentales que sustentan nuestra democracia. Su lealtad a la patria y a sus valores, no permiten las injusticias y el abuso de poder.

Recordando las palabras de Simón Bolívar: “Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”. Ustedes nos dan esperanza, pues a pesar de las dificultades, vemos que siempre habrá quienes defiendan lo que es justo y necesario para proteger la patria.

En nombre de Mujeres por Colombia, les agradecemos por su valentía y compromiso. Sigan fieles a su vocación, a su deber y a Colombia.

Así que, desde lo más profundo de nuestros corazones, les decimos: ¡gracias! Gracias por su servicio, por su dedicación y por ser la esperanza de un futuro mejor para todos nosotros, anteponiendo siempre la misión de defender la patria.

Patria, honor, lealtad.

Gloria al ejército de Colombia

Por Antonio Montoya H.

Bien es cierto que Colombia tiene un gran respeto por la democracia, que los ciudadanos queremos y protegemos el sistema de gobierno que lleva 203 años de vigencia, a pesar de las guerras civiles en los años medianos y finales del siglo IXX, de la violencia cruenta y cruel de mediados del siglo pasado entre liberales y conservadores, de las guerrillas, terroristas, bandidos, bandoleros, paramilitares y corruptos, que han tratado de acabar no solo con las personas, sino con los bienes públicos, el erario y la naturaleza, convirtiéndose en verdaderos criminales del medio ambiente.

El ejército de Colombia, ha dado muestras de seriedad, amor por la patria, responsabilidad, sensatez y entrega en la defensa del país, honor y gloria para ellos.

Los que han entregado la vida por defender la democracia son los soldados de Colombia, desde los generales vilmente asesinados hasta el último de los soldados que vistiendo el uniforme murió en emboscadas, secuestros, tomas guerrilleras, atentados a los oleoductos, a las ciudades; ellos sí son los verdaderos salvadores, que entregaron su vida por nosotros y los que sobrevivieron sufren las consecuencias de las lesiones que las minas y los ataques aleves que se hicieron contra ellos. Los cobardes se esconden, el ejército colombiano va de frente.

Tengo el honor de hacer parte del ejército de Colombia en compañía de otros muchos profesionales antioqueños, que asumimos el reto de conocer, prepararnos y hacer parte de esta institución nacional. Ascendí hasta el grado de capitán, de lo cual me enorgullezco y agradezco a la vida el haber conocido oficiales y suboficiales que engrandecen su historia.

No se puede aceptar que las viudas, los huérfanos, los secuestrados que regresaron a la vida después de años de sufrimiento, no tengan hoy un reconocimiento nacional y una protección adecuada del Estado, recordándolos a diario y enalteciendo sus vidas.

Sería muy bueno que nos informaran que hay de la vida de sus herederos, esposas sufridas y luchadoras, cómo viven y quién los apoya. El Estado debe actuar hoy y siempre protegiendo el recuerdo y honra de los fallecidos; el soporte de la democracia es el ejército.

Si el ejército nos falla, nadie podrá salvar la patria.

Vigía: entre bombas, sicarios y políticos

Por John Marulanda*

Pocos ejércitos, si alguno en el mundo, y con certeza ninguno en América Latina, puede presentar estadísticas más estremecedoras que el colombiano en las décadas recientes.

Catarsis

Según el informe Catarsis, entregado a la JEP, justicia diseñada en Cuba por el secretario del Partido Comunista español, 5.707 militares fueron desaparecidos, 18.841 asesinados fuera de combate y 316 secuestrados, con corte a 2016. De las 269.573 víctimas militares que registra el informe preparado por el ejército y varias universidades, la JEP hasta ahora solo ha reconocido a 320.

Después de Afganistán, Colombia llegó a ser el país con más minas antipersonales sembradas en el mundo. Como consecuencia del empleo por parte de las FARC de estas armas prohibidas en el tratado de Ottawa de 1997, 7.829 víctimas son militares, pero solo 2.195 están reconocidas en el Registro Único de Víctimas. 71,9 % de los militares afectados, aún no pueden acceder a un sistema de reparación integral.

Por otro lado, según el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a 13 mil exnarcos terroristas farianos cuyas garantías asignadas en el acuerdo habanero vencían en agosto de 2019, esta administración se las prorrogó por tiempo indefinido. Es el proceso más garantista de todos los procesos de reincorporación en el mundo, asegura el funcionario, mientras en Colombia hoy se asesinan diariamente un promedio de dos miembros de la fuerza pública, por la espalda y en estado de indefensión.

Y la guerra política

Los resultados operacionales de las fuerzas militares y de la policía, son aprovechados retóricamente para desprestigiar las instituciones, minar su moral y entorpecer su operatividad. Los bombardeos, por ejemplo, legales y legítimos a la luz del DIH, son “asesinatos de niños” y cínicamente se exculpa a los terroristas del reclutamiento y presencia en sus campamentos de menores de edad. Imposible negar los “falsos positivos” por parte de miembros de la institución, pero la JEP especula con unas 6.400 ejecuciones extrajudiciales, sin nombres, fechas, lugares, como lo denuncia la candidata María Fernanda Cabal, una mujer de carácter. Este número arbitrario recuerda los 1.000 muertos de las bananeras de García Márquez (que no fueron más de 17, pero “había que llenar un vagón…”) y los 30 mil desaparecidos durante la dictadura en Argentina (inventados, no como frivolidad sino como política, como confesó el exmontonero Luis Labraña). Ya se sabe: lucha política. La creación de una sala especial para militares dentro de la JEP, es más urgente que nunca y ayudaría a aliviar la desconfianza que la gran mayoría de colombianos siente hacia esa ilegítima supracorte profariana.

En reciente sentencia, la Corte Constitucional autorizó el linchamiento público de varios comandantes militares, con un afiche titulado “¿Quién dio la orden?”, pregunta que de por sí, indica la incertidumbre de la situación. Sin un proceso legal completo, sin ser condenados en firme, se intenta estigmatizar ante la opinión pública los militares allí señalados, mientras los autores confesos de crímenes de lesa humanidad campean en el Congreso sin cejar en su lucha por el poder político, en paralelo con sus colegas que en la selva y con el apoyo de Venezuela, arrecian el terrorismo armado.

A pesar de esta campaña la institución militar del país neogranadino sigue siendo estadísticamente la más apreciada en el sentir nacional. En una reciente encuesta entre jóvenes, en un importante diario bogotano, a la pregunta “Qué tanta confianza tienen en…”, la respuesta fue, tratándose de jóvenes, sorprendente: primero las iglesias con el 43%, seguidas en segundo lugar por el Ejército con el 42%.

Siendo la institución con mayor confianza y, por ende, con mayor piso político en el país, la evidente falacia política de su maldad puede pasar una cuenta de cobro muy dura, como lo seguimos advirtiendo.

Cepeda, Sanguino y CIA Ltda.

Por John Marulanda*

Sobre el terreno, en términos prácticos y simples, el marxismo leninismo se puede resumir como una técnica comprobada de asalto al poder y un método infalible para arruinar países y vidas humanas. Cien años de siniestra historia así lo comprueban. En Colombia, el componente armado de esa táctica fracasó y simbólicamente “entregó las armas”, con la fanfarria de la gran prensa manipuladora. El gobierno entreguista de Santos, convirtió a los narcoterroristas en honorables parlamentarios y los reunió en el Congreso (organización con un 72% de descrédito) con su avanzada de lucha política. Como quien impidió a los narcoterroristas llegar al poder a punto de AK fueron las fuerzas militares, y el ejército en particular, y este desde hace dos décadas ha sido la institución de mayor credibilidad en la opinión pública del país, había que, antes que nada, debilitar esa favorabilidad que tanta acidez estomacal les produce. Errores y fallas de miembros de la institución facilitaron tal propósito.

Semana a semana, conocidos medios remachacaron una y otra vez delitos y errores de soldados, suboficiales y oficiales, con grandes titulares, noticias de apertura, repetición de videoclips, informes especiales envenenados y periodistas de la poderosa e izquierdista prensa neoyorquina. Ese objetivo se logró: la simpatía por la institución bicentenaria se redujo en un 50%. Ahora inició la segunda fase: reformarla a su amaño para en una etapa posterior convertirla en la guardia pretoriana requerida, una vez en el poder.

No son de poca monta los proyectos de ley de dos súper amigos de la extrema narco izquierda. Cepeda, descendiente de la más pura y rancia cepa comunista soviética –como que su padre da nombre a uno de los frentes más sanguinarios de las FARC- y a quien algún despistado graduó de filósofo, propone que las operaciones de la Inteligencia militar se expongan al público. Tamaña sandez parece una broma de mal gusto. Detrás solo puede existir la intención de desbaratar definitivamente el ahora maltrecho aparato que les causó a los narcofarianos sus peores derrotas. Enseñar todos los actores y maniobras de las operaciones secretas legítimas del Estado, además de ilegal, entregará las cabezas de nuestros héroes anónimos a los sicarios del crimen disfrazado de ideología o al Tribunal revolucionario de la JEP. Si bien es cierto que la ley estatutaria 1621 de Inteligencia y Contrainteligencia requiere precisiones y ajustes, no es menos cierto que seguirle el juego al comunista Cepeda es poner en grave riesgo la seguridad nacional, la de todos los colombianos.

Su coequipero en este contubernio, Sanguino, un exterrorista eleno, quiere cambiar las reglas para el ascenso de los mandos de las fuerzas militares. La finalidad es clara. Cualquier aspirante a promoción que sea visto como inconveniente para sus ambiciones totalitarias, será adecuadamente denunciado (purgado), y sin el derecho a la presunción de inocencia, excluido de la posibilidad de ingresar a la línea de Mando. Así quieren controlar la cúpula militar, tal como lo ha hecho la camarilla ladrona de Venezuela. En el entretanto, nuestros soldados y policías siguen siendo sacrificados por las balas y las bombas del crimen organizado transnacional, léase FARC y ELN, los amigos de Cepeda y Sanguino. Acabar con el Esmad y con el servicio militar obligatorio, incorporar terroristas al ejército ‒ya los tienen en la UNP‒ también son propuestas de la bancada de izquierda en esta nueva legislatura. Luego vendrá la “necesaria” creación de una milicia nacional, encabezada por las guardias indígena, campesina o cimarrona, “para garantizar la seguridad de todos los colombianos”. No es difícil predecirlo.

Es inaceptable someter la institución a sus enemigos naturales que han avanzado sigilosamente para hincar sus colmillos sobre nuestro país con la ayuda de Cuba y Venezuela, organizaciones internacionales, ONGs, algunos miembros del clero, quintacolumnistas en la prensa y la apatía de empresarios “apolíticos”. Ante ese panorama, la reserva activa debe organizarse regionalmente, alistar sus cuadros, empuñar la pluma y afilar la lengua para señalar esta componenda congresional, apoyada por colectivos de abogados asaltantes del erario público, de nuestro dinero, a punto de falsos testigos. Es necesario adaptarse a nuevos y complejos escenarios, hacer cambios, entender los tiempos sin mirar mucho a Israel, Japón o Australia. Basta observar a Venezuela.

Vigía: ejército y policía para la pospandemia

Por John Marulanda*

Cada día son más frecuentes en las redes sociales los videos de policías agredidos, vilipendiados o huyendo de catervas que blanden garrotes y machetes, cuando no tiroteando sin control. El apedreamiento de uniformados se ha convertido en la adrenalina favorita de jóvenes. Claro que a los soldados no les va mejor. A pesar de su letal Galil de dotación, les ponen machetes en el cuello, los sacan arriados de sus bases y los amenazan con que “A partir de las 72 horas, si los volvemos a ver, vamos a actuar de otra manera”, como les dijeron públicamente hace pocos días en Argelia, Cauca. Si regresan, a lo mejor los apalearán, les quitarán su armamento y los secuestrarán (retenciones sociales, le dicen ahora) o los volverán a sacar a empellones, en andas, como sucedió hace varios años en Toribio, Cauca. Recordamos el llanto del Sargento en camuflado, con casco de guerra y aferrado a su fusil, mientras sus subalternos retrocedían cabizbajos, humillados.

El Cauca, precisamente, es un escenario favorito de esas defenestraciones, que demuestran el debilitamiento progresivo de la fuerza legal y legítima del Estado. Este departamento, es cercano a la frontera con el Ecuador, que le da base étnica transnacional; se abre al Pacifico, ruta preferencial del narcotráfico, base de su economía; ejerce su propia legislación con cepo, latigazos y fuetazos incluidos y mantiene aceitado su autónomo aparato de seguridad, a cargo de la Guardia Campesina, una estructura paramilitar legalizada en La Habana y que, bajo la tutela de las FARC, recluta niños desde los 7 años. En el Cauca se aísla y se secesiona el sur del país cuando lo ordenan las narcofarc y se impedirá a toda costa la fumigación de sus casi 20 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Desde allí, muy probablemente empezará la previsible turbulencia social de la pospandemia.

Regresemos a las primeras líneas. Los ejércitos son para la guerra. Inclusive los comunistas. Y hay que entrenarlos y equiparlos para eso, aunque el cáncer bélico no exista por el momento: Si vis pacem para bellum, dice el sabio consejo de Vegecio. Pero entrenar soldados para la guerra, quitarles el armamento y ponerlos a cuidar frailejones, es un grave error. Sacarlos a lidiar turbamultas, pero prohibirles hacer uso de sus armas es un riesgo que puede terminar con la turba armada, disparando indiscriminadamente a uniformados, funcionarios, vecinos incómodos y enemigos políticos.

Los desatinos de un expresidente ligado al narcotráfico, los desvaríos ideológicos de un Obispo, la imprudencia de un juez impidiendo el apoyo del ejército de US y una dudosa doctrina importada de todas partes, o sea de ninguna, que mira más a la OTAN que al Cauca, están llevando a que el espíritu de combate se deteriore. Y la pérdida de la legitimidad del ejército con su correspondiente desmoralización, no le conviene a nadie, ni a las FARC.

Con el fin de las restricciones de la pandemia, se reanudará la protesta social alimentada por desempleo, pobreza e inseguridad muy altas. Será una perturbación a la que desde ya convocan los comunistas fecodianos y otras organizaciones, en el convencimiento de que llegando al caos podrán hacerse con el poder fácilmente, su técnica de probada efectividad. Nada más alejado de la realidad. A toda acción corresponde una reacción, tanto en física como en política. Y los izquierdistas han estirado tanto la cuerda con narcofarianos posando de honorables senadores mientras sus adláteres arrecian el secuestro y el asesinato, con los engendros de la vergonzosa JEP y con el embeleco de la tal Comisión de la Verdad, que esta se puede reventar en cualquier momento y si no hay ejército con ánimo, ni policía empoderada, el caos afectará a todos, pero con especial fuerza a los voceros del desorden.

Y los que semana a semana se cebaron con los pecados de los soldados y policías, serán los primeros en solicitar su custodia y protección, a menos que le quieran entregar esa tarea a la guardia indígena, los reinsertados o a las células urbanas del ELN y las FARC. Como en Venezuela.

Vigía: ¿Reservamos una UCI a la democracia colombiana?

Por John Marulanda*

En 18 años, nunca la favorabilidad de las FFMM había caído tan dramáticamente, como en la última encuesta de Invamer‒Gallup. Hace tres meses había logrado un récord de simpatía con más de un 85%, (con Uribe logró un 87% en su primer mandato y un 90% en su segundo, coincidiendo con la Operación Jaque) pero ahora se desplomó a una cota histórica del 48%, (su más baja había sido el 60% durante el segundo gobierno de Santos). El desafortunado incidente del acceso sexual abusivo de unos soldados a una menor indígena, otros casos similares que la misma Institución denunció públicamente y el ensañamiento semana a semana de alguna prensa, ha enrarecido la opinión de un sector simpatizante de nuestros uniformados, aunque tales variaciones son frecuentes en la siempre voluble opinión pública, susceptible como nunca al manejo emocional de las noticias, los titulares de redes sociales y “fake news”.

En este último balance, que es una foto, reemplaza a las FFMM en el primer lugar la Iglesia, la cual, escándalos sobre pederastia de por medio y con obispos que acusan al gobierno de “venganza genocida” (emulando a un ex –presidente de ingrata recordación para las bicentenarias FFMM), alcanzó solo un 56%. Así, dos de los pilares fundamentales del Estado, Iglesia (religión) y Fuerzas Militares (seguridad), están en la mitad promediada de la confianza pública. Descorazona ver que otros dos basamentos institucionales de la nación, continúan por el piso: los partidos políticos (participación ciudadana) con un 13% y el sistema judicial (justicia) con un 17%. Claro que, en esta última encuesta, la novedad corre por cuenta de los militares, porque las dos estructuras anteriores sobrellevan la pena de la baja estima desde hace quinquenios. Los niveles de aceptación de las FARC (8%) y el ELN (2%) se han mantenido en la sentina de la opinión pública nacional en casi dos décadas, con máximos de 19% y 8% respectivamente, durante el gobierno Santos.

La preocupación no es liviana: producción de cocaína como nunca antes; una fuerza pública expulsada de territorios cocaleros farianos por comunidades envenenadas; narcocuadrillas del ELN y las FARC prohijadas por el gobierno venezolano y en crecimiento; aumento de la actividad delincuencial ahora por cuenta de bandas organizadas venezolanas; pospandemia pronosticada con desempleo, pobreza, flaqueza fiscal, y lo más grave, agitación de células extremistas financiadas por intereses transnacionales y estimuladas por los ejemplos de US y Europa (BLM, Antifa), esbozan un panorama poco promisorio. Muy seguramente se retomará el camino del disturbio y la violencia urbana fecodianos, que nos puede llevar a cualquier parte, menos a un buen puerto.

Si fuera por la encuesta, Colombia debiera estar como Venezuela, pero a pesar de la foto con tan mal semblante, el país se sostiene gracias a la fe de los más de 400 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía, que mantienen su temperancia y paciencia pues saben, con 200 años de historia en sus mochilas, que los malos tiempos pasan. Gracias también a los ciudadanos de bien, la gran mayoría, representados en los miembros de los cuerpos médicos, profesionales de todas las ramas, transportadores, industriales, empresarios, empleados que día a día hacen lo mejor posible para dignificar su vida y evitar que un gobierno “progre” los convierta en vegetales votantes, como en Cuba, Nicaragua o Venezuela.

La historia nos ha demostrado repetidamente que han sido minorías radicales las asaltantes del poder en países democráticos en donde la confusión y la apatía inducidas predominan y la voluntad de compromiso colectivo es reducido. Si a lo anterior se agrega una ofensiva de medios tradicionales alquilados a los autores y motores del globalismo, del progresismo, del comunismo, pues termina uno por entender y dolerse de los que nos enseñó el socialista arrepentido JF Revel en “Cómo terminan las democracias” (1985), lo advertido por Levitsky y Ziblatt en “Cómo mueren las democracias” (2018) y lo pronosticado por D. Runciman en “Así terminan las democracias” (2019).

Solamente un renovado, denodado y agresivo activismo en pro de la familia, la religión, la propiedad privada, la libre empresa y la libertad individual, podrá hacer frente al pronóstico reservado en que ha entrado nuestra debilitada democracia. La Reserva Activa de Colombia, la que antes defendió con sangre los postulados de esta perfectible democracia, puede convertirse en el baluarte que, desde la civilidad, concite el interés ciudadano para exorcizar las amenazas populistas y socialistas de minorías apátridas. Bástenos con mirar a Venezuela para entender lo que nos espera, si no pasamos a la ofensiva.

Vigía: abolición, reforma o violencia descontrolada

Por John Marulanda*

Descarnado, contundente e incontrovertible el arqueo que del gobierno Santos hace el abogado Abelardo de la Espriella. Tal cual lo registrará la historia y para dolor de su egolatría, nada o poco se dirá de su Nobel de la Paz, untado de corrupción nórdica envuelta en pudrición odebrechiana. Fatuo en querer hacerse un busto a como dé lugar, Santos es el mejor representante criollo de la maquinación, el cinismo y la ausencia total de patriotismo. Pero que “el tartufo”, como De la Espriella lo llama, logró fracturar la moral de la Fuerza Pública, duele oírlo por quienes en combate defendieron y defienden una historia de 200 años pegada con sangre a su piel y uniforme. Es preferible el término “desmotivación” y no es asunto solo de semántica. Los militares de vocación, no los burócratas disfrazados de soldados, saben de los sacrificios a los que voluntariamente se somete el que abraza la carrera de las armas. Esa permanente negación de uno mismo por la atención a sus tropas y subalternos, el descuido de la familia por su dedicación a su Unidad y el duro vencimiento del miedo cuando las balas chasquean alrededor, solo lo entienden los soldados de la Patria.

Así como ejemplarmente hay soldados que se niegan a arrodillarse, los soldados de verdad se niegan a aceptar que nuestro Ejército logró ser desmoralizado por una palaciega y mal afortunada bigornia. Esa moral, principio activo del honor, no la legalizó Jorge Eliécer Gaitán en el 48, ni la inventó Alberto Lleras Camargo en el 56, ni la vinieron a enseñar europeos en el 2000. Esa Moral está vigente cada día en las operaciones contra narcotraficantes disfrazados de revolucionarios cuando una escuadra, un pelotón, una compañía de soldados y/o policías, trata de cumplir su misión de erradicación soportando escupitajos, pedradas y garrotazos de campesinos e indígenas envenenados con doctrinas de odio y desde cuyas plantaciones ilegales sale la cocaína que enriquece a los cabecillas del ELN, las FARC y del crimen organizado transnacional. Ingrata misión que se cumple con paciencia, prudencia y moral. Y es que por cuenta de esos narcotráficantes y de la protección que les garantizan Venezuela, Cuba y Nicaragua, los enemigos de la democracia, depredadores candidatos a tiranos, están creciendo acelerada y amenazadoramente.  

Pero sí hay un poco de desánimo en las filas. Porque es incomprensible que la JEP, rechazada por la mayoría de colombianos, en el 2016, proclame la consolidación de la paz administrando justicia en favor de criminales farianos de lesa humanidad, mientras lincha a militares, con show mediático incluido. Ese agobio producto de injusticia y escándalo, nos puede estar llevando a límites peligrosos.

Y ante el asomo de un nuevo ciclo de violencia peor que los anteriores, propuestas como la de la senadora Paloma Valencia, se abren paso urgentemente: una reforma a la JEP que permita la creación de una sala especial para nuestros soldados, con jueces ajenos a simpatías mamertas o farianas o a antipatías institucionales. Togados no alquilados que apliquen a nuestros militares el principio universal de la presunción de inocencia, el DIH y el derecho operacional. No es mucho pedir, ya que han perdido su fuero constitucional. Otra propuesta, la mejor, la enuncia claramente Luis Alfonso García: “Abolir el fatídico acuerdo”.

Los retirados, militares y policiales, desde sus más de 270 organizaciones deben enviar un mensaje de solidaridad y apoyo, a los hombres y mujeres que bajo banderas, aún nos dan seguridad a costa de sus vidas. Con más del 85% de los colombianos confiando en sus soldados, la Reserva Activa debe agitar una exigencia social masiva para que se reforme o se disuelva la nefasta JEP, antes de que la JEP ayude a disolver el país. El Bloque de la Reserva Activa de Antioquia, BRANT, está lista a apoyar cualquier acción colectiva en este sentido.

¿Un comandante que mande a parar?

Por John Marulanda*

Hay declaraciones públicas de un cinismo monumental. Y las espetan los mismos personajes de siempre, empeñados en desfigurar la realidad, la evidencia de los hechos. Una de ellas: “El fallido proceso de paz de Colombia es un fracaso para la humanidad” (Mujica). Otra: “Llevamos 45 años luchando contra las drogas y estamos peor que antes” (Santos). Pero una francamente desvergonzada es esta: “Todo el mundo sabe que Cuba no comete actos terroristas” (Samper). No importa que la isla castrista acoja y proteja a los jefes confesos de la banda que masacró a 21 estudiantes de una academia policial; ni que esa misma cáfila siga desde La Habana guiando las acciones de los narcocarteles que persistan en asesinar civiles, ejecutar soldados y policías, dinamitar oleoductos y aterrorizar comunidades enteras.

Insistir tozudamente en que Cuba es una buena garante de paz para Colombia, es una mentira catedralicia como lo demuestra la historia. La dictadura castrista fue la que entrenó, equipo, aupó y envió a Colombia la primera célula del ELN en 1964, que bajo el mando de los hermanos Vásquez Castaño se dio a conocer con la masacre de Simacota. Fabio, el mayor, luego de ser destituido por sus compañeros por malos manejos de los fondos “revolucionarios” y temiendo ser sicariado, como es lo usual en esa banda, se refugió en Cuba en donde falleció en paz el año pasado. En marzo de 1981 el gobierno Turbay rompió relaciones con Cuba, después de que un centenar de jóvenes fuera reclutado por el M-9, entrenado durante tres meses en las montañas de la isla, armado y enviado a invadir a Colombia por el Chocó. El explosivista del atentado al centro comercial Andino en Bogotá en junio del 2017, fue un estudiante de la U Nacional, entrenado en Cuba, según su propia confesión, gracias a la intermediación de un diplomático castrista. Y en marzo del año anterior, un agente cubano fue capturado cuando espiaba los movimientos de los aviones de la FAC en el Comando Aéreo de Combate de Palanquero. Son solamente tres botoncitos, sin mencionar el caso de la Embajada de República Dominicana, de un largo prontuario que permite decir con toda claridad que desde Cuba sí hay “complicidad con el terrorismo” y que Colombia no le debe nada al “factor cubano”, como no sea el auspicio de masacres, ecocidios y repetidos engaños y frustraciones.

El intercambio comercial con la isla es casi inexistente y los enfermeros militarizados con título de “médicos integrales” que envían, con el embaucador lema de solidaridad y humanitarismo, vienen a cumplir labores de adoctrinamiento, inteligencia y de paso recetar aspirinas. La culminación de la intervención cubana en Colombia es el ignominioso proceso de paz que solo sirvió para darle impunidad al cartel de las FARC, erosionar la moral de la Fuerza Pública y constituirse en un monstruoso edificio a la desgracia nacional.

Cuando los quintacolumnistas castristas, para darle algún peso a sus argumentaciones, parangonan el tal Acuerdo de Paz con otros procesos como los de Ruanda, Tailandia, Irlanda, El Salvador, pasan por alto que en la isla se negoció con uno de los mayores carteles del narcotráfico, como Márquez y Santrich lo ratificaron posteriormente.

Ahora, el ELN, otro cartel del crimen organizado transnacional, quiere repetir mejorado el mismo embuchado: Pablito y Beltrán lo certifican, mientras algunos jerarcas de la iglesia los exculpan. Y sí, es recomendable una “visión de larga duración” para entender que un eventual distanciamiento de La Habana sería lo más conveniente para el país y la región, en estos momentos de turbulencia geopolítica.

Mientras las voces comunistas siguen utilizando el vocablo “paz” en medio de la pandemia, la OIT, la Cepal, la OPS y casi todos los centros de pensamiento y análisis serios advierten un agravamiento de la perturbación social que ya está siendo aprovechada por el ELN y por las FARC, ambas jugando a los intereses de La Habana y Caracas. En los albores de la pospandemia, se repetirán las protestas en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, estimuladas a través de redes sociales manipuladas con asesoría rusa desde bodegas de troles en Venezuela y Cuba. Y el debilitamiento moral del ejército, debido a una cadena de desafortunados incidentes que minan el espíritu de quienes están jugándose la vida diariamente en medio de grandes dificultades, puede concluir en una violencia descontrolada.

Inhabilitados los militares activos para una adecuada defensa política en los medios, que responda adecuadamente a las acusaciones y denuestos contra la institución bicentenaria, los retirados, la reserva activa, debe asumir un papel más enérgico en la salvaguardia institucional. Es necesario un apoyo en línea. La reserva está llamada a liderar esa delicada tarea, con argumentos de tradición, honor y profesionalismo. Más aún, un crecido número de oficiales, suboficiales y soldados retirados, acompañados por civiles significativos, que le pidan al gobierno replantear las relaciones con Cuba, por ejemplo, sería un buen arranque de participación política de las reservas en estos momentos en que la institución más querida por los colombianos soporta el embate amarillista que semana a semana la erosiona y que sufre luchas intestinas que desdibujan el perfil del heroico soldado colombiano. Sin ser catastrofista, en este panorama preocupa que terminemos palmoteando y coreando con Carlos Puebla “y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar”. Como en Cuba. Como en Venezuela.

Militares bajo juego político

Por John Marulanda*

¿Volverán los militares al poder en América Latina? es la pregunta que ronda por estos días entre analistas del más diverso pelambre, todos empeñados en proyectar rumbos políticos en la pospandemia. Coinciden en mencionar un descontento generalizado de las ciudadanías con la ineficiencia, ineficacia, corrupción e impunidad de los gobiernos tanto de izquierda como de derecha. Parecería que la democracia ahora no satisface a votantes cautivos de camarillas y clanes políticos electoreros. Esta situación abre la puerta, según algunos, para el regreso de estructuras militares, fuertes pero eficaces y menos corruptas. Además, la tropa por lo general pertenece a las clases pobres de los países latinoamericanos. Los de la izquierda totalitaria y represiva, salen al paso recabando las desgastadas historias de desafueros castrenses en Chile, Argentina, Brasil, Guatemala, mientras su bodrio informativo Telesur y otros medios de alquiler, insisten contraevidentemente en hablar maravillas de los regímenes cubano, nicaragüense y venezolano. Y difunden los “sabios” pronunciamientos de Morales y Mujica.

En el caso colombiano, un 86,7 % de simpatía de la opinión pública, es un piso político gigantesco que los militares no saben, no quieren o no pueden manejar, en tanto la refundida moral ciudadana colombiana se resiste a aceptar a asesinos, violadores, secuestradores y narcotraficantes, inmunes y discursivos desde una curul en el congreso ‒la voz del pueblo en democracia‒ con millonarias dietas que pagan campesinos, obreros, trabajadores y empleados. Ese Congreso, sus partidos políticos y la justicia, sufren de un mínimo de credibilidad, mostrando la anemia institucional del país, primer productor mundial de cocaína.

El Ejército Nacional de Colombia ha dado suficientes y duraderas pruebas de su lealtad a los principios republicanos de la democracia colombiana. Es la institución, no empresa como dicen algunos, más querida por los colombianos. Y a lo mejor todos los persistentes escándalos semanales contra ella, son un intento por degradar ese piso político que preocupa a élites corruptas. Ha cometido errores, sí. Algunos garrafales, como el de las ejecuciones extrajudiciales que manchan la historia de su bicentenarismo. Hay casos de corrupción, sí. Entre 320 mil hombres y mujeres, algún torcido habrá. Y la puja por llegar a la cúpula de esta organización altamente jerarquizada y piramidal no está exenta de maniobrerías: si hay codazos por el poder en la Iglesia, en donde se supone que todos sus miembros están en la brega por la santidad…

No son justificaciones, son explicaciones. Pero repetidamente en los últimos años, estamos oyendo a un puñado de personas con oscuros tintes políticos, hablando sobre lo que no conocen ni personal, ni histórica, ni técnicamente. Erosionan la moral de la tropa, esa que evitaron pues no pagaron su servicio militar, ni permitieron que sus hijos lo hicieran, faltaba más. Que arriesguen y entreguen su vida los pobres soldados pobres, para que ellos puedan seguir seguros, cómodos y hablando de oídas, de referencias. Aflojan los nudos para que la institución quede al garete, con armamento y todo, y vaya a parar quien sabe en qué orilla. Y esto se da en un contexto en donde, en el país y en la región, las comunidades permanecen interconectadas y (des) informadas; la rebelión eructa con creciente frecuencia; la pandemia ha sido un buen ejercicio de autoritarismo racional y las tecnologías de control social como las redes G5, tutorada además por expertos chinos, son una tentación mayor en Estados pospandémicos quebrados, con altas tasas de desempleo, pobreza generalizada y violencia incontrolable. Muy fácilmente se puede ceder el turno a gobiernos populistas o militaristas.

Como los militares bajo banderas son incondicionales a la autoridad civil, como tiene que ser, queda la opción política de la reserva activa que goza por reflejo, de la simpatía y credibilidad de los activos. Desafortunadamente los retirados siguen sin encontrar su rumbo, debido entre otras cosas, a que, en un entorno político tan complicado, insisten en actuar con criterios doctrinales de unidad, jerarquía y subordinación. Los llamamientos rígidos por mantenerse en los cánones comportamentales de la milicia deben ceder el paso a posiciones flexibles, sin negociar los principios. Rendir la vanidad de un mando ya inexistente a los azares políticos, es un requerimiento básico. Federalizar el entorno y los objetivos políticos, es una estrategia que se colige de la historia.

Muchas y variadas organizaciones de reservistas, enriquecen la discusión y atesoran conceptualmente las posibilidades políticas de la reserva activa. En fin, las opciones políticas están abiertas para quienes ayer portaron con orgullo el uniforme y hoy son ciudadanos con plenos derechos civiles, entre ellos el de hacer política partidista y electoral, controvertir, disentir, insubordinarse, elegir y ser elegido. Interesante perspectiva política en la pospandemia.

Vigía: ejercito bicentenario, ¿criminoso o de envidiar?

Por John Marulanda*

A los soldados colombianos los repelen por cuatro principales razones. La emocional es una de ellas. Alguna afectación resultante de una acción dañina o injusta debido a un equivocado procedimiento en el uso de la fuerza. Desde un maltrato en un retén hasta una macabra ejecución extrajudicial, acunan rencores difíciles o imposibles de solventar. Una segunda razón mayor es la política. Sectores comunistas varados en los años 60, en la guerra fría, que con tergiversaciones tipo ejército burgués versus ejército del pueblo manipulan las emociones de desinformados, insatisfechos o frustrados y con argumentos, mezcla de realidades, verdades a medias y mentiras, los convierten en mente capti, mentecatos. La tercera principal razón es mercenarismo. Atacar a los militares es una tarea que paga bien. Así lo demuestran las jugosas ganancias de un colectivo de abogados, el José Alvear, logradas por denunciar falsas desapariciones como en el conocido caso de Mapiripán en 1997. La narcosubversión juega fuerte en este grupo, como que ya tiene senadores y representantes en el parlamento con sueldos exorbitantes y beneficios extraordinarios comparados con el trabajador o empleado común. Y la cuarta razón es una venenosa combinación de las tres anteriores: manipulan ingenuos, obtienen pingües ganancias del erario y de paso debilitan la credibilidad de las instituciones armadas, única talanquera históricamente efectiva que logró evitar que se impusiera en Colombia un régimen totalitario a fuerza de AK-47.

Esos cuatro grupos, suman entre ellos menos del 20% de la simpatía de la opinión pública del país. Y de nada ha valido que algunos medios, representantes de oscuros intereses, semana a semana busquen amarillear el panorama noticioso a costa de los soldados de nuestro país, pues estos siguen siendo los más queridos por los colombianos.

En una institución de más de 230 mil hombres y mujeres, con sevicia se remachaca el posible mal procedimiento de 11 oficiales pertenecientes a oficinas de inteligencia y contrainteligencia militar, y otros casos de corrupción en la cadena logística del Ejército, pero no se menciona con igual intensidad el reciente asesinato en Tumaco, de un capitán de inteligencia; ni la humillante retención ilegal de 35 miembros armados de la FFPP en Caloto por la guardia campesina, apoyada por disparos de los mismos asesinos del capitán, mientras los policías y los soldados trataban de evitar el robo de unas reses.

El miércoles 29 de abril en El Tambo, Cauca, un pelotón al mando de un subteniente, ubicó, aproximó y rodeo una banda de 20 narcoelenos. Lanzó la proclama respectiva intimando rendición y los delincuentes decidieron rendirse. Su moral narco “revolucionaria” no dio para el sacrificio. Tres días después, otros 8 narcoterroristas también se entregaron gracias a las operaciones militares que adelantan los soldados en el suroccidente del país. Todo lo anterior contradice palmariamente la “order to kill” que anunció un periodista en el New York Times en junio del año pasado y que causó otro de las escándaos semanales contra el Ejército bicentenario.

Para escozor de sus malquerientes, el resultado trimestral estadístico de Invamer sobre favorabilidad y desfavorabilidad de instituciones y personas en el país, puso en primer lugar, de nuevo, a los militares con un 87,9%. Reconocidos parlamentarios apuntan sus dedos al ejército, aunque, irónicamente, la misma encuesta que encumbra a los uniformados hunde al Congreso con 67.4% de desfavorabilidad. No escapa a la opinión pública colombiana, que tal congreso acoge narcotraficantes y asesinos convictos, como el autor de la masacre de Bojayá hace 18 años. Las anteriores realidades hacen que la conciencia colectiva, con acceso casi infinito a información, prefiera a sus soldados, por supuesto.

Desafortunadamente, la inteligencia militar no está pasando por su mejor momento. Parece que a los designados para manejar esta delicada y fundamental tarea de seguridad nacional les ha faltado olfato para entender el contexto en que vivimos. Preocupa que el aparato de inteligencia esté en manos de hombres de confianza y no en técnicos y expertos; preocupa que esté en desarrollo algún tipo de lucha intestina en la institución, como advierten algunos conocedores y preocupa también, que la inteligencia estratégica resulte afectada, con actores peligrosos e inestables como Cuba, cuyo G2 hace inteligencia sin talanqueras y Venezuela que parece estar preconstituyendo prueba con supuestos intentos de invasión “desde Colombia, para cometer actos terroristas en el país y asesinar líderes del gobierno revolucionario” y que puede traer “imprevisibles y peligrosas consecuencias”, según el ministerio del interior en Miraflores.

Como en casos anteriores, la información del escándalo de fin de semana habla de espionaje, pero contradictoriamente también habla de información recolectada de fuentes abiertas; renueva el episodio de las chuzadas, aunque el ejército perdió esa capacidad técnica; hace eco de una libertad de prensa amenazada, peligro inexistente por donde se mire y presenta una lista de más de 100 personas perfiladas, por lo que estaríamos hablando de un archivo corriente de quién es quién, que maneja hasta la más sencilla agencia de inteligencia en cualquier parte del mundo. Finalmente, será el aparato judicial, otra institución con un mínimo de credibilidad en el país, el que sentenciará si los oficiales defenestrados sin fórmula de juicio son o no culpables de haber violado la Ley Estatutaria 1621 de Inteligencia y Contrainteligencia. Ojalá el juez que conozca de la causa sepa y tenga experiencia en la materia.

La decisión política del Gobierno de suspender a los oficiales involucrados en posibles actos ilegales demuestra palmaria y reiteradamente que en Colombia los militares están subordinados al poder político y desbarata el relato izquierdista de un supuesto poder militar. Se espera que las tales “carpetas” no vayan a resultar como las “fosas comunes”, un mito desgastador y distractor.

El encono semanal para erosionar la institución militar pasará cuenta de cobro en su momento y los mismos que están convirtiendo a los soldados en reyes de burla, los llamarán para que los protejan o defiendan.

La única “Inteligencia” interferida en Colombia

José Alvear Sanín*

Para un anglófilo moderado como yo, los temas de espionaje e inteligencia, o de contraespionaje y contrainteligencia, no son indiferentes. La larga historia del espionaje británico, cuya organización moderna se inicia, al parecer, con el tenebroso filósofo Jeremy Bentham (1748-1832) —aunque otros la atribuyen a la opaca figura del mayor Thomas Best Jervis en 1854—, siempre está rodeada de sombras, secreto y silencio. Este apasionante tema es muy frecuente en la literatura inglesa.

Para no ir más lejos, Somerset Maugham, Graham Greene, Ian Fleming y John Le Carré, deben la inspiración de muchas de sus novelas a la experiencia como espías dentro del Directorate of Military Intelligence (D.M.I.), de cuyas 18 secciones las más conocidas han sido el M.I.15 y el M.I.16. Ahora todas ellas forman el Secret Intelligence Service (SIS), cuya cabeza, a veces femenina, solo es conocida por el público con una inicial, porque a los ministros de Su Majestad jamás se les ha ocurrido comentar esos asuntos con la prensa.

De estos temas no suele hablar el gobierno, ni en Gran Bretaña ni en los países que ahora son potencias. Al espía que se equivoca o fracasa lo sacan discreta, y veces hasta físicamente, pero no se lo lanza a los medios. Ante los juzgados solo responden espías insignificantes.

En el caso de “la Compañía”, como a veces coloquialmente se conoce al SIS, “la ropa sucia se lava en casa”. No lo hicieron los ministros de Su Majestad en público, ni siquiera cuando los mayores desastres de esa agencia salieron a la luz, como en 1951, cuando se descubrió lo de los Cambridge Five, que habían transmitido incontables secretos británicos y norteamericanos a la KGB, historia bien documentada en una novela de John Banville, The Untouchable (1987, con traducción al español de Alfaguara). Tampoco lo hicieron durante el Affaire Profumo, que ocupó toda la chismografía mundial en 1963.

Ahora bien, el espionaje francés, que se remonta hasta Richelieu (1585-1632), bien entreverado en Los Tres Mosqueteros, también se estructuró en el siglo XIX con Vidocq (1775-1857), que continuó desde luego con el secretismo que le había infundido durante el Imperio el impenetrable Fouché, cuyos métodos siguen vigentes no solo en París…

Como la preservación del Estado es imposible sin eficaces servicios secretos, los zares tuvieron la Ochrana, y los soviéticos, la insuperable KGB. A su debido tiempo, en Prusia y luego en los Estados Unidos se organizaron servicios secretos, hasta llegar a la CIA y el BND alemán. Nada sé de China y Japón, pero todo indica que los orientales no pueden ser inferiores…

Pero si el espionaje es interesante en la literatura, en el cine es tema difícilmente superable. Tuve la suerte de que la primera película de ese tipo que vi fue nada menos que Les Espions, de H.-G. Clouzot, con Peter Ustinov y Curd Jürgens, que me convirtió en fan del género.

Y así, sucesivamente, tanto como lector de ficción como de historia el tema me ha interesado siempre. No puedo dejar de recordar a un fracasado en el último momento, como el Almirante Canaris, o a un triunfador póstumo como Viktor Serge, pero el único contacto directo que he tenido con espías de verdad fue in illo tempore. Un buen día me llamó un diplomático británico, Mr. Anthony Ky (¿sería ese su verdadero nombre?). Acepté su invitación y él vino de Bogotá. Comimos en su hotel. Larga e interesante charla que jamás se repitió, seguramente porque ni yo tenía secretos ni él daba la impresión de buscar revelaciones…

Los colombianos estamos acostumbrados a considerar las embajadas como bien pagadas sinecuras para el espléndido solaz de políticos a los que hay que retribuir favores, promover, o alejar para que no estorben. En cambio, los representantes diplomáticos de las grandes potencias son los jefes locales de los respectivos servicios secretos, agentes de promoción comercial y de penetración política e ideológica en los países donde están acreditados.

En todos ellos, de acuerdo con su importancia económica, política o coyuntural, se repite la eterna lucha de poderes, porque cada imperio aspira a asegurarse la “amistad” de los países débiles, las mejores condiciones para sus empresas, la venta de armamentos, la suscripción de tratados militares y comerciales, etc., maniobras que nunca han dejado de implicar toda suerte de maquinaciones. ¡Such is life!

En cada capital se compite en esos juegos, porque siempre habrá necesidad de información (= Inteligencia), no solo política sino también de lo que se llama “espionaje industrial”, y por tanto, también hay contraespionaje industrial, a cargo de corporaciones y gobiernos.

Tanto el espionaje político como el industrial de los extranjeros exigen vigilancia de parte de los países, para no hablar de la importancia de adelantarse a las maniobras de potencias foráneas y de grupos extremistas que quieren subvertir el orden y obtener un cambio en el modelo político, favorable a sus intereses. He ahí la razón de que un Estado ejerza tanto labores de inteligencia en el exterior como de contrainteligencia en el interior, para frustrar los esfuerzos de sus enemigos políticos, comerciales o industriales, extranjeros o nacionales.

Ahora bien, en Colombia operan sin la menor resistencia servicios secretos de los Estados Unidos, Rusia, Israel y varios países europeos, y ahora, con seguridad, los de China. Sin embargo, los servicios cubanos son los más activos. La embajada de ese país tiene varios centenares de “diplomáticos” acreditados en Bogotá, mientras en La Habana apenas hay un puñado de insatisfechos burócratas nuestros, incapaces de incrementar los mínimos intercambios comerciales con la isla famélica, paupérrima e improductiva. Pero también hay cubanos en las universidades y en multitud de organizaciones “cívicas”, “agrarias” y “deportivas”; y se prepara la llegada de médicos para varias alcaldías de la extrema izquierda.

Esa situación es tolerada culpable e irresponsablemente por el gobierno actual, y como si esta indolencia frente a la subversión no expusiera la seguridad nacional, ahora el ministro de Defensa (no desautorizado por el presidente), se asusta por un artículo mal escrito y peor sustentado, de la revista Semana, y no encuentra mejor respuesta que salir ante los medios para demoler y desmantelar nuestra mínima y maltrecha inteligencia militar, de tal manera que en Colombia, la única “agencia” cuya labor es interferida y contrarrestada por las autoridades es la propia, la nacional, la llamada a alertar e informar al gobierno…

Esta increíble insensatez demuestra que sí somos un país único… el único que se niega a defenderse.

 ¡Monumental el autogol del doctor Holmes Trujillo!

Vigía: ¿militares a la calle?

Por John Marulanda*

Sacar a los militares a la calle en esta etapa de la pandemia, es inoportuno. Se pueden enfermar y agotar prematuramente un recurso decisivo para la estabilidad del país, cuando las cosas se pongan realmente complicadas, especialmente aquí en donde los grupos armados ilegales están creciendo y el tráfico de armas es asustador: antier no más, se decomisaron 26 fusiles de guerra en una vía pública. El empleo de los soldados en ambientes urbanos, una complicación para los planificadores militares requiere una legislación especial pues se trata del eventual empleo de armas letales para enfrentar asuntos de delincuencias organizada y común o de rebrotes de turbamulta, previsible durante las etapas que vienen en la evolución del Codiv-19.

La rebelión sistemática de más de una docena de centros penitenciarios importantes el pasado fin de semana, ejemplifica un muy serio problema de orden público que se añadirá a la calamidad viral en desarrollo. Ese conato de motín generalizado tiene detrás, sin duda, organizaciones criminales con capacidad para corromper carceleros, suministrar medios de comunicación, y sobre todo, suplir armas de fuego. Narco organizaciones como las FARC, por ejemplo. O el ELN en conjunto con algún cartel nacional o extranjero, todos buscando desestabilizar a un gobierno metido de lleno en el manejo de la crisis pandémica. Nuevos amotinamientos carcelarios pueden generar una espiral de violencia que enlace prisioneros, sectores populares, incluyendo venezolanos desplazados e intereses narco anarquistas.

Ante la inminente probabilidad del empleo de armas letales, siempre habrá el funcionario ingenuo o perverso, que pedirá que el ejército apoye, pero sin armamento para “evitar derramamiento inútil de sangre”, como reza el manual de la estupidez política latinoamericana. Si se compra esta tontería y mueren uniformados, no pasará nada. Los soldados no le duelen a ningún político especialmente si es de izquierda, o de la Comisión de la Verdad o de la JEP. Si cae algún ciudadano, el ejército será condenado indefectiblemente.

Históricamente, la violencia siempre ha estado a flor de piel en los desastres, especialmente cuando escasean los alimentos y aumentan los rumores, ahora amplificados por las redes sociales con fake news que incitan al desespero y que forman parte de la pólvora que se huele en el aire. Un permanente flujo de información seria y un empleo dosificado del instrumento militar, serán claves en estos momentos. Y la preocupación de los comandantes militares será la de preservar la integridad y salud de sus unidades.

Vigía: los titulares y Dabeiba

Por John Marulanda*

Idear titulares, titular, era una técnica para atraer la atención y llevar a la lectura del contenido de la noticia. En la avalancha actual de informaciones solo se leen titulares, que se han convertido en contenido en sí mismos. Crear opinión pública o tendencias en las redes y en los medios tradicionales a base de titulares, es una de las varias pérfidas técnicas que utilizan oscuros intereses para, entre otros objetivos, desinstitucionalizar del país.

Hace varias semanas los medios nos despertaron con los titulares, refritos, de una fosa común. En este caso estaba en el cementerio, sí, en el cementerio, de Dabeiba y era, según algunos vocingleros periodistas, un nuevo caso de “falsos positivos”, tal vez el mayor de la historia, cantinela reinventada en cada oportunidad. De nuevo, el Ejército pasó a la picota por cuenta de soldados que en la desacreditaba JEP denunciaron el entierro de inocentes campesinos supuestamente asesinados por militares.

Mas rápido de lo previsto, circuló en las redes la historia, comprobada, de los duros enfrentamientos entre el 18 y el 20 de octubre del 2000, de cinco narcocarteles de las FARC que atacaron el puesto de policía de Dabeiba asesinando al comandante y a un subintendente. Durante el arribo del apoyo del Ejército con el batallón de contraguerrillas 4 y tropas de la Cuarta Brigada, un helicóptero Black Hawk fue derribado pereciendo sus cuatro tripulantes y 22 uniformados. Al final, 54 soldados sacrificaron su vida. La experiencia enseña que los terroristas, a sus muertos, en este caso estimados en más de 60, por lo general los entierran en fosas comunes, o los abandonan en la huida. Algunos habilidosos quieren “a priori” cargar esos terroristas muertos en combate, a la siempre inflada cuenta de los mal llamados “falsos positivos”.

Sobre lo de Dabeiba, los titulares de un periódico de circulación nacional muestran el persistente amarillismo de algunos medios contra el Ejército. De “En Dabeiba JEP recuperó otros 37 cuerpos en caso de falsos positivos”, en menos de 24 horas el titular pasó a “JEP ha exhumado 54 cuerpos de posibles ´falsos positivos´ en Dabeiba” y de ahí al titular “La historia detrás de los 54 muertos hallados en Dabeiba”.

No importa que los muertos de esas fosas sean de las FARC: a punto de titulares se está creando una nueva verdad histórica para tratar de desacreditar a la institución en la que más confían los colombianos.