Seguridad social en riesgo

Luis Alfonso García Carmona

Entre los fines esenciales del Estado descritos en el artículo 2 de la Constitución Política, se encuentran “servir a la comunidad”, “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, y agrega que las autoridades están instituidas “para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado”.

Ordena el artículo 148 ibídem: “La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.”

Justamente lo contrario de los mandatos constitucionales es el contenido de las reformas a la salud y al sistema de pensiones que el petrismo ha aprobado con la anuencia de un Congreso sobornado. Los propósitos de estas, antes que servir a la comunidad o garantizar los derechos consagrados en la Constitución, son permitir que la administración central del Estado maneje a su antojo los inmensos recursos de nuestro sistema de salud así como los ahorros de los trabajadores para acceder a su pensión de retiro.

Tanto el “respeto por la dignidad humana” como “la prevalencia del interés general” que se consagran en el artículo 1 de la Carta son sustituidos vilmente por el afán fiscalista del Estado. Tampoco se está dando cumplimiento al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, finalidades del Estado recalcadas por el texto del artículo 366, que a la letra dice: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.”

Brilla por su ausencia el seguimiento de los sanos principios de la eficiencia, la universalidad y la solidaridad ordenados por nuestra Constitución. En su lugar se ha entronizado el despilfarro del tesoro en viajes suntuarios e innecesarios, francachelas y favores a amigos y camaradas políticos.

Y, ¿dónde quedaron los derechos adquiridos de los trabajadores y pensionados que la Constitución ordena proteger? Las pensiones no pueden ser gravadas como lo hace la ley recientemente aprobada, pues se viola ostensiblemente la Constitución desconociendo un derecho adquirido por los pensionados, castigando al pensionado con una doble tributación, afectando el valor intrínseco de la pensión y los ingresos del pensionado y debilitando sensiblemente la estabilidad financiera del sistema pensional. Veamos lo que manda la Constitución: “Artículo 48.- Acto Legislativo 01 de 2005, artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. (…)

En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”.

Vale la pena anotar que, de conformidad con el artículo 148 ibídem, “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.”, riesgo que se cierne sobre el ahorro pensional, una vez que quede a disposición de Colpensiones.

Por supuesto, las inversiones proyectadas no corresponden a las señaladas en la ley y se está violando el mandato constitucional del artículo 189, que ordena: “Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del Gobierno y suprema Autoridad Administrativa:

(…) 20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.”[1]

Queda por anotar que se han pasado por alto las disposiciones del artículo 133 ibídem: “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. Además, las de los artículos 150 y ss. relacionadas con los requisitos que deben cumplir los proyectos de ley, las cuales se han omitido al negarse a debatir juiciosas proposiciones e incurrir en vicios de procedimiento por elusión.

Una verdadera catástrofe representará la implementación de la absurda reforma a la salud, que significará un genocidio de vastas proporciones por la incapacidad del mediocre gobierno del camarada Petro para atender los millones de pacientes que tendrán que abandonar las EPS que los vienen atendiendo. ¿De esta manera se cumplirá con el deber del Estado de proteger la vida de los gobernados y respetar la dignidad humana de los mismos? Cualquier decisión para impedir esta hecatombe deberá adoptarse de inmediato pues están en juego las vidas de millones de compatriotas.

Solución final a la luz de la constitución

En este tema, como en otros que hemos venido difundiendo, se evidencia una permanente política de infracción a la Constitución, lo que constituye a las claras una subversión del orden constitucional, el cual debe ser restablecido a la mayor brevedad. ¿A quién corresponde el restablecimiento del orden constitucional? Lo define sin lugar a la menor duda la propia constitución, así:                                           “ARTICULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.”

 “Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.”.

Reiteradamente la Corte Constitucional ha resuelto que “los principios fundamentales de la norma superior legitiman y justifican su existencia permanente (la de la fuerza pública)…”(C-872/2003).

Establece como elementos centrales del orden constitucional el cumplimiento pleno “(...) de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)” (art. 2º de la Carta) y la preservación del monopolio del uso de la fuerza y las armas en manos del Estado. (…)

El artículo 217 de la Constitución dispone que es función de las fuerzas militares garantizar el orden constitucional. Dicho orden no se limita a preservar la estructura democrática del país, sino que comprende el deber de participar activa y eficazmente (C.P. art. 209) en la defensa de los derechos constitucionales de los asociados. tales derechos constituyen los bienes respecto de los cuales el Estado tiene el deber –irrenunciable– de proteger (sentencia Su-1184/2001).

Por disposición constitucional, las autoridades, entre ellas la fuerza pública, tienen la posición de garante institucional de los deberes irrenunciables y propios de un Estado social de derecho. De ella, se derivan deberes jurídicos positivos (de hacer y no hacer) de seguridad y protección que incluyen precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos y libertades de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado, en los términos de la Constitución Política y las normas del derecho internacional humanitario (DIH) y de los derechos humanos (Corte Constitucional, sentencia Su-1184/2001).

A las fuerzas militares (art. 217 CP) les corresponde: la defensa de la soberanía, (Corte Constitucional, sentencia C-048/2001), (…) y el orden constitucional. Es decir, tienen como misión el mantenimiento de las “condiciones estructurales de seguridad” del Estado, según manifestó la Corte Constitucional en sentencia Su-1184/2001.

Proponemos, en consecuencia, con lo expuesto, que solicitemos mediante un derecho de petición a quienes dirigen las Fuerzas Militares y de Policía que den cumplimiento a esta función primordial de las instituciones a su mando y asuman el poder para restaurar el orden constitucional y convocar a elecciones limpias y transparentes para presidente y Congreso.

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[1] https://www.portafolio.co/economia/finanzas/las-10-criticas-que-tiene-asofondos-sobre-la-reforma-pensional-580397

270 grados de preocupación

Por John Marulanda*

La situación de seguridad en Colombia, a comienzos de este 2023, sigue complicada a pesar de la anunciada paz total. Una contraorden del Ejecutivo, firmada por el presidente y su mindefensa, manda de nuevo a los militares a cumplir con la misión para la que han sido entrenados: atacar al ELN. No sabemos si es una retaliación o una intimidación o una advertencia. Y mientras los militares “planean” qué hacer, los policías no la están pasando mejor. La institución ha difundido por las redes la inconformidad de 3.000 agentes llamados a presentar un examen del Icfes, organización que reconoció a través de un comunicado de prensa que: “se dispuso de la respectiva verificación del proceso, identificando el pasado 5 de diciembre una falla técnica en el cargue y procesamiento de una de las variables…”. También son los casos de los policías que abandonaron estación en San José de Urama, Dabeiba, Antioquia, por falta de garantías para su seguridad y los de Policarpa, Nariño, quienes permanecen encerrados en su cuartel debido a la presencia de hombres y mujeres armados de alguna de las 19 estructuras que delinquen en ese departamento. En solo 11 días de enero ya se han registrado por lo menos 3 masacres en Nariño, Cauca y Cesar, sin contar los sicariatos urbanos y el abortado intento explosivo contra la vicepresidenta.

En Perú, Dina Boluarte prohibió el ingreso de Evo Morales por «intervenir» en los asuntos de política interna del país. El año pasado, el parlamento derechista declaró al inca persona non grata por promover una salida al mar de su país, a través del sur peruano. Puno, la zona aymará peruano-boliviana, se ha convertido en epicentro de las protestas y desde allí se proyecta una marcha hacia Lima. En Juliaca, ya son unos 18 los muertos por choques entre manifestantes y fuerzas del orden durante un intento de ocupación del aeropuerto local. Los bloqueos de carreteras en seis de los 24 departamentos del país, incluyendo zonas turísticas como Puno, a orillas del lago Titicaca, Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Tacna y Apurímac, persisten. Las movilizaciones nacionales acumulan unos 50 muertos en casi un mes y los reclamantes demandan el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, una asamblea constituyente y nuevas elecciones.

No lejos de allí, en la Media Luna boliviana, la protesta cívica continúa en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, debido a la captura y condena inicial del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo y rebelión I, tres años después de que logró defenestrar a Morales, esgrimiendo una biblia y una carta de renuncia presidencial redactada por él mismo. Tuvo el apoyo militar. Como en Perú.

En Brasil, el vandalismo contra los símbolos de la democracia, rechazado por todos los gobiernos del mundo; en Venezuela, tres parlamentarias opositoras de un simbólico parlamento elegido en el 2015, acusadas de “… traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales” y en Santiago la «incapacidad administrativa» de la comunista Irací Hassler que ha disparado los índices delictuales, sin mencionar el sur de ese país. Parecido a Nicaragua en donde los religiosos son reos de rebeldía.

En Colombia, como en Perú, solamente una FFPP sólida, con moral y cumpliendo con sus deberes constitucionales, nos garantizará lo básico: nuestra seguridad pública y ciudadana.

Cuando el alumno se raja, el que no sirve es el maestro

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez

Como sociedad estamos hoy pagando muchos errores de nuestros antepasados; yerros que como nación y país debemos tratar de enmendar con las debidas proporciones de sentido común, inteligencia y humildad, antes de que sean fuerzas afines a la corrupción, la violencia y el narcotráfico las que de forma equívoca realicen cambios profundos soportados en una filosofía revolucionaria perversa y destructiva, que luego resulten irremediables en materia de pérdida de valores democráticos, cultura media y civismo en toda nuestra sociedad.

En mi humilde opinión, todos los problemas sociales parten de la formación básica y el proceso de educación de las personas, que se origina del ejemplo que los niños ven en el hogar, en la escuela y luego en el referente de aquellos pares o grupos con los cuales se relacionan durante su maduración y formación; algo que de la niñez pasa por la adolescencia y termina con las responsabilidades que debemos asumir como ciudadanos al convertirnos en adultos.

A mi juicio, el error más grande de quienes tras casi un siglo de guerras civiles y debate desdeñable e improductivo, ignorando las realidades y las subculturas que integraron nuestra nación hace ya dos siglos, fue no haber optado por un modelo federal, en el cual la necesidad y conveniencia del espíritu asociativo o cooperativo nos hubiera unido en un sistema donde cada región aportaría las ventajas de su identidad a una federación que velaría por los intereses de toda la nación, en lugar de tener en medio de esta agreste dificultad geográfica tropical, el sistema operativo del poder centralista, acaparador, abusivo, clientelista y discriminante que tenemos.

Pero un cambio a un modelo federativo como el que tienen muchas naciones que han logrado unidad de propósito en materia de desarrollo, resulta utópico en medio de la mezquindad de las élites del poder capitalino vendidas a la conveniencia, y la dificultad que puede representar tener el poder en las manos de fuerzas criminales que nos podrían lleven a una guerra civil. Dios no lo permita.

Históricamente, nuestra sociedad controlada por la cultura encomendera centralista, ha menospreciado y mal tratado socialmente a tres actores esenciales para el desarrollo y la sana convivencia nacional:

Los maestros, que son quienes tienen la misión de educar nuestros hijos cuando no están en el hogar; los miembros de las fuerzas armadas, que son quienes custodian nuestras vidas, nuestras normas y nuestros haberes, y los jueces, que son quienes, con equidad, imparcialidad y rectitud, tienen la misión de solucionar en estricto derecho, nuestras disputas, conflictos y problemas.

Colombia no puede seguir entrando en la inercia de pregonar democracia y apertura en el debate, pero que cuando se expresan ideas diferentes, aunque no necesariamente encontradas con las del indefinible y mal denominado progresismo moderno, entonces sean rechazadas o satanizadas como polarizadoras e inadmisibles, sin sopesar su virtud en función del deber ser, el sentido común, la ética o la moral media que requiere toda sociedad para poder avanzar en el difícil sendero del desarrollo.

Vivimos en la era del conocimiento donde el internet y la conectividad representan el factor de equidad más grande que haya visto la historia de civilización alguna, vivimos en la era donde los dogmas han sido desplazados por el conocimiento de la naturaleza, y así como no podemos permitirnos que un solo niño sufra de por vida de pobreza intelectual a causa de desnutrición, violencia intrafamiliar o inseguridad física, el maestro no puede enseñar valores si no está debidamente calificado y reconocido, y menos, si su ideología está predeterminada.

La nación colombiana precisa de un sistema que forme mejor y dignifique a los educadores, para que sus pupilos puedan triunfar en la vida, un sistema que los califique para poder garantizar que el docente cumple su propósito formativo, cuando no se le rajan los alumnos.

No se le puede pedir al uniformado que defienda el deber ser, cuando quienes ostentan el poder premian a los delincuentes y a las organizaciones criminales, dándoles espacios primordiales dentro de la escala social del poder político y dirigencial.

De la misma forma, no podemos pedirle a la rama judicial que obre con justicia, cuando está politizado e ideologizado el sistema que rige su estructura. Para que una nación pueda tener un sistema económico y de relacionamiento social funcional, los jueces tienen que estar capacitados y socialmente reconocidos para que su justicia pueda ser ciega, imparcial, ética, honrada e implacable.

Algo anda muy mal en la forma en que, por un lado, ignoramos a quienes se comportan debidamente y cumplen sus obligaciones cívicas, y por otro premiamos con reconocimiento mediático, político y social, a quienes obran por fuera del debido marco del interés general, fundamentados en ideas revolucionarias y no transformacionales como son el odio, la conveniencia individual o la envidia que es el camino más corto al resentimiento.

Debemos ya dejar atrás el modelo del “Estado cantinero” en el cual con el producido del vicio se financia una educación de baja calidad, y no ir a extrapolarlo a toda otra suerte de actividades ilegales en manos de la clase política nacional.

Es el momento en que el país tiene que pensar a largo plazo y realmente darle el espacio de importancia y reconocimiento que se merecen dentro de las estructuras sociales e invertir en la formación profesional estricta, cualitativa y exigente de los maestros, los uniformados y los jueces, pues es en sus manos donde está jugado el futuro de toda la nación.

Vigía: ejércitos en transformación

Por John Marulanda*

En mayo de 2013 murió el general Rafael Videla, en el baño de su celda del Penal Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, olvidado de sus propios compañeros de armas y de todos aquellos políticos, empresarios y civiles que lo animaron a “enderezar” el rumbo del país, hoy en medio del desastre kirchnerista. Esas son las miserias del poder. En Venezuela, la muerte (¿homicidio?) del general Raúl Isaías Baduel, en la prisión de máxima seguridad de Fuerte Tiuna, presuntamente por covid-19, es una muestra de cómo actúan las dictaduras vestidas de civil mientras escarban la felicidad del pueblo. Esas son las consecuencias de las malas compañías. En Colombia, el general Jesús Armando Arias Cabrales cumple 35 años de condena por los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia, mientras los autores del holocausto disfrutan las prebendas del poder y uno de ellos puntea las encuestas para la presidencia. Así es la pérdida del rumbo moral del país neogranadino.

¿Desaparecen los ejércitos nacionales?

Además de los jefes militares, las instituciones castrenses también están siendo asediadas y afectadas. El miércoles 3 de este mes, en Bolivia, el presidente Luis Arce, de la cuerda del neo inca socialista Evo Morales, ha asumido el control total de los ascensos militares, excluyendo al ministro de Defensa y revocándole atribuciones para sugerir o decretar cargos en las Fuerzas Militares, aumentado de esta manera la injerencia política en la estructura castrense.

Dos días más tarde, en el Perú, el presidente Pedro Castillo ordenó el ascenso a generales de dos coroneles, hijos de un viejo amigo en su tierra natal en Cajamarca. Al negarse el comandante del Ejército por estar ya cerrada la selección, el presidente lo destituyó a él y al comandante de la Fuerza Aérea. Los militares retirados advirtieron en un comunicado, la politización del estamento militar y el proceso de desestabilización que esto significa, tanto como nombrar 10 ministros de Defensa en 100 días de gobierno.

Estos dos recientes hechos, son resultado de la estrategia del Foro de Sao Paulo para convertir los Ejércitos Nacionales de la región, a través de decisiones políticas y de nuevas doctrinas ajenas a las realidades de los países, en guardias pretorianas politizadas que garanticen la perdurabilidad de las camarillas que acceden al poder, como en La Habana desde hace 60 años, en Caracas desde hace 22 y en Managua desde hace 20. La alternancia en el poder, característica fundamental de una democracia, por supuesto que no se contempla en el ejercicio del totalitarismo marxista-leninista-maoísta, del castro-chavismo. Acaba de suceder en Nicaragua.

La “Doctrina Lleras”

Nunca, como en las actuales circunstancias, adquieren relevancia las palabras del presidente Alberto Lleras Camargo, en el Teatro Patria, el 9 de mayo de 1958: "Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la Nación, en vez de que lo decida el pueblo; pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas en su función, su disciplina, en sus reglamentos, en su personal...". Una clara aplicación de lo que desde 1904, Arthur Bentley había descrito en su teoría de élites y grupos de presión en cualquier gobierno, asignándole a los militares, además de su misión constitucional, un papel de defensa de sus intereses gremiales. Esta tarea, que debería recaer sobre los militares y policías retirados, desafortunadamente los encuentra por estos días dispersos y confusos en medio de una lucha política vinculada al crimen organizado transnacional.

Después de la constitución del 91 y con el nombramiento de los ministros de defensa civiles, la “Doctrina Lleras” se modificó fortaleciendo la subordinación militar al poder civil y demandando de políticos y burócratas nombrados para dirigir la seguridad nacional, un mayor conocimiento de los asuntos pertinentes. Esto, desafortunadamente, no se cumple a cabalidad y la miríada de expertos académicos y teóricos sobre la seguridad pública y la defensa nacional, ha concluido en el poco promisorio escenario colombiano y regional actuales. Y los militares y policías retirados, los veteranos, siguen esperando la oportunidad de aportar su invaluable experiencia.

Vigía: ¿Reservamos una UCI a la democracia colombiana?

Por John Marulanda*

En 18 años, nunca la favorabilidad de las FFMM había caído tan dramáticamente, como en la última encuesta de Invamer‒Gallup. Hace tres meses había logrado un récord de simpatía con más de un 85%, (con Uribe logró un 87% en su primer mandato y un 90% en su segundo, coincidiendo con la Operación Jaque) pero ahora se desplomó a una cota histórica del 48%, (su más baja había sido el 60% durante el segundo gobierno de Santos). El desafortunado incidente del acceso sexual abusivo de unos soldados a una menor indígena, otros casos similares que la misma Institución denunció públicamente y el ensañamiento semana a semana de alguna prensa, ha enrarecido la opinión de un sector simpatizante de nuestros uniformados, aunque tales variaciones son frecuentes en la siempre voluble opinión pública, susceptible como nunca al manejo emocional de las noticias, los titulares de redes sociales y “fake news”.

En este último balance, que es una foto, reemplaza a las FFMM en el primer lugar la Iglesia, la cual, escándalos sobre pederastia de por medio y con obispos que acusan al gobierno de “venganza genocida” (emulando a un ex –presidente de ingrata recordación para las bicentenarias FFMM), alcanzó solo un 56%. Así, dos de los pilares fundamentales del Estado, Iglesia (religión) y Fuerzas Militares (seguridad), están en la mitad promediada de la confianza pública. Descorazona ver que otros dos basamentos institucionales de la nación, continúan por el piso: los partidos políticos (participación ciudadana) con un 13% y el sistema judicial (justicia) con un 17%. Claro que, en esta última encuesta, la novedad corre por cuenta de los militares, porque las dos estructuras anteriores sobrellevan la pena de la baja estima desde hace quinquenios. Los niveles de aceptación de las FARC (8%) y el ELN (2%) se han mantenido en la sentina de la opinión pública nacional en casi dos décadas, con máximos de 19% y 8% respectivamente, durante el gobierno Santos.

La preocupación no es liviana: producción de cocaína como nunca antes; una fuerza pública expulsada de territorios cocaleros farianos por comunidades envenenadas; narcocuadrillas del ELN y las FARC prohijadas por el gobierno venezolano y en crecimiento; aumento de la actividad delincuencial ahora por cuenta de bandas organizadas venezolanas; pospandemia pronosticada con desempleo, pobreza, flaqueza fiscal, y lo más grave, agitación de células extremistas financiadas por intereses transnacionales y estimuladas por los ejemplos de US y Europa (BLM, Antifa), esbozan un panorama poco promisorio. Muy seguramente se retomará el camino del disturbio y la violencia urbana fecodianos, que nos puede llevar a cualquier parte, menos a un buen puerto.

Si fuera por la encuesta, Colombia debiera estar como Venezuela, pero a pesar de la foto con tan mal semblante, el país se sostiene gracias a la fe de los más de 400 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía, que mantienen su temperancia y paciencia pues saben, con 200 años de historia en sus mochilas, que los malos tiempos pasan. Gracias también a los ciudadanos de bien, la gran mayoría, representados en los miembros de los cuerpos médicos, profesionales de todas las ramas, transportadores, industriales, empresarios, empleados que día a día hacen lo mejor posible para dignificar su vida y evitar que un gobierno “progre” los convierta en vegetales votantes, como en Cuba, Nicaragua o Venezuela.

La historia nos ha demostrado repetidamente que han sido minorías radicales las asaltantes del poder en países democráticos en donde la confusión y la apatía inducidas predominan y la voluntad de compromiso colectivo es reducido. Si a lo anterior se agrega una ofensiva de medios tradicionales alquilados a los autores y motores del globalismo, del progresismo, del comunismo, pues termina uno por entender y dolerse de los que nos enseñó el socialista arrepentido JF Revel en “Cómo terminan las democracias” (1985), lo advertido por Levitsky y Ziblatt en “Cómo mueren las democracias” (2018) y lo pronosticado por D. Runciman en “Así terminan las democracias” (2019).

Solamente un renovado, denodado y agresivo activismo en pro de la familia, la religión, la propiedad privada, la libre empresa y la libertad individual, podrá hacer frente al pronóstico reservado en que ha entrado nuestra debilitada democracia. La Reserva Activa de Colombia, la que antes defendió con sangre los postulados de esta perfectible democracia, puede convertirse en el baluarte que, desde la civilidad, concite el interés ciudadano para exorcizar las amenazas populistas y socialistas de minorías apátridas. Bástenos con mirar a Venezuela para entender lo que nos espera, si no pasamos a la ofensiva.