Seguridad social en riesgo

Luis Alfonso García Carmona

Entre los fines esenciales del Estado descritos en el artículo 2 de la Constitución Política, se encuentran “servir a la comunidad”, “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, y agrega que las autoridades están instituidas “para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado”.

Ordena el artículo 148 ibídem: “La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.”

Justamente lo contrario de los mandatos constitucionales es el contenido de las reformas a la salud y al sistema de pensiones que el petrismo ha aprobado con la anuencia de un Congreso sobornado. Los propósitos de estas, antes que servir a la comunidad o garantizar los derechos consagrados en la Constitución, son permitir que la administración central del Estado maneje a su antojo los inmensos recursos de nuestro sistema de salud así como los ahorros de los trabajadores para acceder a su pensión de retiro.

Tanto el “respeto por la dignidad humana” como “la prevalencia del interés general” que se consagran en el artículo 1 de la Carta son sustituidos vilmente por el afán fiscalista del Estado. Tampoco se está dando cumplimiento al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, finalidades del Estado recalcadas por el texto del artículo 366, que a la letra dice: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.”

Brilla por su ausencia el seguimiento de los sanos principios de la eficiencia, la universalidad y la solidaridad ordenados por nuestra Constitución. En su lugar se ha entronizado el despilfarro del tesoro en viajes suntuarios e innecesarios, francachelas y favores a amigos y camaradas políticos.

Y, ¿dónde quedaron los derechos adquiridos de los trabajadores y pensionados que la Constitución ordena proteger? Las pensiones no pueden ser gravadas como lo hace la ley recientemente aprobada, pues se viola ostensiblemente la Constitución desconociendo un derecho adquirido por los pensionados, castigando al pensionado con una doble tributación, afectando el valor intrínseco de la pensión y los ingresos del pensionado y debilitando sensiblemente la estabilidad financiera del sistema pensional. Veamos lo que manda la Constitución: “Artículo 48.- Acto Legislativo 01 de 2005, artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. (…)

En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”.

Vale la pena anotar que, de conformidad con el artículo 148 ibídem, “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.”, riesgo que se cierne sobre el ahorro pensional, una vez que quede a disposición de Colpensiones.

Por supuesto, las inversiones proyectadas no corresponden a las señaladas en la ley y se está violando el mandato constitucional del artículo 189, que ordena: “Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del Gobierno y suprema Autoridad Administrativa:

(…) 20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.”[1]

Queda por anotar que se han pasado por alto las disposiciones del artículo 133 ibídem: “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. Además, las de los artículos 150 y ss. relacionadas con los requisitos que deben cumplir los proyectos de ley, las cuales se han omitido al negarse a debatir juiciosas proposiciones e incurrir en vicios de procedimiento por elusión.

Una verdadera catástrofe representará la implementación de la absurda reforma a la salud, que significará un genocidio de vastas proporciones por la incapacidad del mediocre gobierno del camarada Petro para atender los millones de pacientes que tendrán que abandonar las EPS que los vienen atendiendo. ¿De esta manera se cumplirá con el deber del Estado de proteger la vida de los gobernados y respetar la dignidad humana de los mismos? Cualquier decisión para impedir esta hecatombe deberá adoptarse de inmediato pues están en juego las vidas de millones de compatriotas.

Solución final a la luz de la constitución

En este tema, como en otros que hemos venido difundiendo, se evidencia una permanente política de infracción a la Constitución, lo que constituye a las claras una subversión del orden constitucional, el cual debe ser restablecido a la mayor brevedad. ¿A quién corresponde el restablecimiento del orden constitucional? Lo define sin lugar a la menor duda la propia constitución, así:                                           “ARTICULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.”

 “Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.”.

Reiteradamente la Corte Constitucional ha resuelto que “los principios fundamentales de la norma superior legitiman y justifican su existencia permanente (la de la fuerza pública)…”(C-872/2003).

Establece como elementos centrales del orden constitucional el cumplimiento pleno “(...) de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)” (art. 2º de la Carta) y la preservación del monopolio del uso de la fuerza y las armas en manos del Estado. (…)

El artículo 217 de la Constitución dispone que es función de las fuerzas militares garantizar el orden constitucional. Dicho orden no se limita a preservar la estructura democrática del país, sino que comprende el deber de participar activa y eficazmente (C.P. art. 209) en la defensa de los derechos constitucionales de los asociados. tales derechos constituyen los bienes respecto de los cuales el Estado tiene el deber –irrenunciable– de proteger (sentencia Su-1184/2001).

Por disposición constitucional, las autoridades, entre ellas la fuerza pública, tienen la posición de garante institucional de los deberes irrenunciables y propios de un Estado social de derecho. De ella, se derivan deberes jurídicos positivos (de hacer y no hacer) de seguridad y protección que incluyen precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos y libertades de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado, en los términos de la Constitución Política y las normas del derecho internacional humanitario (DIH) y de los derechos humanos (Corte Constitucional, sentencia Su-1184/2001).

A las fuerzas militares (art. 217 CP) les corresponde: la defensa de la soberanía, (Corte Constitucional, sentencia C-048/2001), (…) y el orden constitucional. Es decir, tienen como misión el mantenimiento de las “condiciones estructurales de seguridad” del Estado, según manifestó la Corte Constitucional en sentencia Su-1184/2001.

Proponemos, en consecuencia, con lo expuesto, que solicitemos mediante un derecho de petición a quienes dirigen las Fuerzas Militares y de Policía que den cumplimiento a esta función primordial de las instituciones a su mando y asuman el poder para restaurar el orden constitucional y convocar a elecciones limpias y transparentes para presidente y Congreso.

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[1] https://www.portafolio.co/economia/finanzas/las-10-criticas-que-tiene-asofondos-sobre-la-reforma-pensional-580397

Este Macondo esplendoroso

Por José Leonardo Rincón, S. J.

El realismo mágico garciamarquiano no era un fascinante producto literario. En verdad es la mejor denominación y descripción de la realidad que nos circunda. Lo más inverosímil, lo más absurdo, lo realmente tragicómico, está ahí no más, cerquita, al orden del día.

La inseguridad de la que todos nos quejamos, por ejemplo, no afecta a los de a pie, en nuestras calles y avenidas. Los mismísimos encargados de cuidarnos están temerosos de hacerlo por sentirse inseguros. Hay sitios donde la policía no se mete porque corre peligro. Hay zonas del país donde el ejército no puede intervenir porque los secuestran y maltratan. Y como si esto no fuese suficiente, para completar el cuadro, los pobrecillos secuestradores del padre de Luis Díaz, casi que no pueden devolverlo a la libertad porque no había condiciones de seguridad. Esto está terrible, está de alquilar balcón, estamos tan inseguros, pero tan inseguros, que la honorable delincuencia se siente insegura para operar.

Por supuesto que los miopes y cortoplacistas siguen pensando que el problema es de falta de pie de fuerza. Necesitamos más celadores, más policías y militares por doquier. Hay que construir más cárceles, hay que echarle plomo a los bandidos. Como si la fiebre estuviese en las sábanas. Ya lo dijo un tal Jesús antes de ser asesinado por la alianza de poderes judeo-romanos y con el apoyo del populacho enardecido: No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Los que creyeron que la salvación nacional, no ya la de Gómez Hurtado, sino la del Gobierno del cambio había llegado, están desilusionados por no decir frustrados. Públicamente abjuran de su voto y se sienten traicionados. ¿La culpa es de la vaca? Vuelve y juega. Pifiados a fondo. Sin ir al meollo del asunto. Refractarios a la evidencia del señor Perogrullo. Lo estamos viendo, pero algunos no quieren ver teniendo los ojos abiertos y otros porque adrede los cierran. El problema no es de la desgraciada polarización entre derechas e izquierdas como aquí llamamos. Aquí hay un asunto estructural que hay que afrontar de otra manera.

Piensa mal y acertarás. Creo que los reales artífices de todo esto están gozando tras bambalinas con tan macondiano espectáculo. Como aconteciera en el circo romano, qué maravilla ver cómo las fieras se devoran entre sí después de haberse devorado los desechables que les estorbaban. Pan y circo. Así se controlan, una vez más, las muchedumbres. Mas el problema persiste, sigue irresoluto.

Si concluyo con lo que realmente siento y pienso, ustedes se van a decepcionar. Es tan elemental, tan básico, tan simple, tan facil… que por eso es tan complejo, tan sofisticado, tan difícil. Vamos a ver hasta cuándo.

Decreto inocuo versus revolución rampante

Por José Alvear Sanín*

Para celebrar el primer mes de la revolución colombiana, cuyo chispazo fue inducido por la presentación de una reforma tributaria imposible y agresiva en medio de la pandemia, y también con el fin de restablecer el gobierno, el pasado 28 de mayo se dictó el retórico Decreto ordinario 575, suscrito por los señores Duque y Palacio, que ha sido denunciado como “militarización” de un país levantado contra “un gobierno opresor, que masacra la población indefensa”.

La parte motiva del Decreto comprende cuatro y media páginas donde se reproducen normas y sentencias redundantes, y tres artículos, inocuos porque ratifican la inconstitucional política de que son los gobernadores y alcaldes (más o menos comprometidos con la defensa de las instituciones) quienes deben responder por el orden público, para lo cual “coordinarán”, “ordenarán”, “implementarán”, “informarán”, “decretarán”, “brindarán”, “apoyarán”, con otras autoridades incluyendo ejército y policía, y bla bla bla…, como puede el consternado ciudadano observar si lee los tres artículos del decreto que va a restablecer el orden público y salvar la democracia:

Artículo 1. Medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público.

Ordenar a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, para que en el marco de sus funciones constitucionales y legales, adopten las siguientes medidas:

1. Coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones.

2. Adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos.

3. Adoptar las medidas, e implementar los planes y acciones necesarias para reactivar la productividad y la movilidad en sus respectivas jurisdicciones, entre ellas, fortalecer los controles de seguridad en las vías y las caravanas.

4. En virtud de los principios de colaboración armónica de que trata el artículo 113 de la Constitución Política brindar el apoyo y colaboración, en el marco de sus competencias, a las autoridades pertinentes para lograr la mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana.

5. Mantener informada a la opinión pública, nacional e internacional sobre los avances en control del orden público y las denuncias de las agresiones sistemáticas contra la población, la fuerza pública, los bienes públicos y privados.

6. Decretar toque de queda frente a cualquier alteración significativa del orden público y que, en tal virtud, resulte necesario.

Artículo 2. Inobservancia de las medidas. Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

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Como puede observarse, los dos peores alcaldes del país, Claudia y Pinturita, pueden continuar haciendo, diciendo u omitiendo, como les venga en gana.

Ante la prioridad pretermitida

Por José Alvear Sanín*

El DRAE define la prioridad como “la anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden”.

Comúnmente se habla de “primera prioridad” y de las “prioridades”, aunque en realidad solo hay una prioridad y lo demás es la serie de asuntos importantes a los cuales se les da un orden descendente en la escala de las urgencias. La determinación de esa escala tiene mucho que ver con el buen gobierno, y este, con el alcance de ciertos fines.

No parece que actualmente en Colombia estén claros la prioridad, ni el orden de precedencia en los asuntos. Por esa razón, y a pesar de lo anterior, se me ocurre, hasta con peligro de incurrir en pleonasmo, hablar de la prioridad de prioridades, que sin duda alguna consiste en la preservación de las libertades individual, de pensamiento, de religión, etc., que asociamos con la noción de democracia liberal, dentro de un modelo productivo de economía mixta, con tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea necesaria.

Desafortunadamente, esa no parece ser la prioridad de los políticos. Cuando este modelo enfrenta la más severa amenaza, no solamente por la entrega de amplios sectores a sus incansables enemigos, sino también por las secuelas de miseria que deja el covid-19, no se traza (ni por el gobierno ni por los partidos) la línea roja e infranqueable entre los demócratas y los totalitarios.

A medida que se acorta el tiempo que nos separa de las elecciones más importantes y decisivas en la historia de Colombia, las fuerzas democráticas se dividen y subdividen en varias clientelas rapaces, transaccionales y dialogantes, mientras las opuestas se compactan y se hacen más agresivas e intransigentes.

En vez de percatarse de la gravedad de la situación y del riesgo inminente de caer en el abismo, la prioridad para el establecimiento parece ser la del grado de cumplimiento del “acuerdo final” entre Timo y Santos, para el cual no hay cortapisas legales, presupuestarias ni fiscales. ¡Esa es la gran discusión política!

El presupuesto nacional hace años que viene bien desequilibrado. Su principal capítulo de ingresos es el del permanente endeudamiento: y nadie en el gobierno ni en la dirigencia política considera la necesidad de imponer la austeridad que se requiere, tanto para la recuperación de la economía como para la preservación del modelo democrático.

Tal como se ven las cosas, de la pandemia saldremos para seguir con un endeudamiento inercial, hasta que llegue el batacazo al estilo de Grecia o Argentina, pero entretanto se seguirá gastando sin freno ni medida, y, además, “cumpliéndoles” a las FARC” con unos 130 billones en los próximos cuatro años, mientras se marchita el gasto militar y la policía corre el riesgo de ser emasculada y politizada, como lo exige el clamor mamerto.

El país que sale del covid-19 estará más necesitado que nunca de orden público, porque el hambre, el desempleo y la miseria, causarán mayor inseguridad.

La reforma de la policía tiene que ser en el sentido de un mayor pie de fuerza, mejor capacitación, mayores medios operativos y reafirmación del principio de autoridad y de la unidad de mando. El bobby con una pequeña porra era posible en la era victoriana, pero ya ni en Inglaterra es viable. Menos aun en la Colombia presente ni en la venidera.

Por otro lado, un país inundado de coca y de minería ilegal no puede aceptar ni la reducción de unos 60.000 efectivos en su pie de fuerza, ni el cambio de la doctrina militar para convertirla en un gaseoso equilibrio de poderes entre el Estado y la gran delincuencia, mientras las FARC, el ELN y los carteles nacionales y mexicanos siguen ampliando su control sobre vastos territorios.

También son muy preocupantes el deterioro y la obsolescencia de nuestra aviación militar, no solo por la amenaza del madurismo, sino también por el creciente rearme de las guerrillas, capaces ahora de derribar helicópteros.

Más que nunca, ahora es verdad aquello de que, si quieres la paz, prepárate para la guerra. La adecuada dotación de ejército, marina, aviación y policía, es muy costosa, pero más conducente a la paz que el “cumplimiento” (es decir, la entrega a las FARC)…

Aunque lo absolutamente prioritario es la preservación de la democracia y el estado de derecho, nada estamos haciendo en ese sentido. En cambio, privilegiar, so capa de progresismo, unos acuerdos espurios, por encima de la Constitución y de la racionalidad económica, es tan absurdo como cruzar los brazos mientras avanzan el desorden, el vandalismo, la asonada y el terror en la calle, los narcocultivos en los campos, y el clientelismo, la indecisión y la infiltración en un gobierno asediado por las cortes de la línea revolucionaria.

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¡Triste el país donde la corte suprema de justicia se transformó en cartel de la toga!

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“La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”. —Thomas Mann

La seguridad

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

Definitivamente todas las mediciones nacionales y locales, colocan como prioritaria para la sociedad, la seguridad.

Pero es de la seguridad de los ciudadanos, no la de los altos funcionarios del estado en los tres poderes, que cuentan con esquemas costosos, exagerados y muchas veces innecesarios; pero como eso es muestra de poder con la plata ajena, qué carajos.

Parece que tenemos la fuerza pública (policía y ejército) suficientes y parece que tenemos los jueces suficientes (magistrados y jueces), pero carecemos de unos códigos penal y de procedimiento penal, y de cárceles que permitan hacerle frente al tema.

A todo lo anterior le debemos sumar la falta de voluntad y el desgano de la ciudadanía por denunciar; si todos denunciáramos, las estadísticas de inseguridad no serían tan aterradoras.

De estos simples y lógicos planteamientos se desprenden cientos o mejor, miles de tareas que requieren de ser listadas, ordenadas, priorizadas, viabilizadas y ejecutadas, designando responsables que se encarguen de poner de acuerdo, en lo fundamental, a las fuerzas políticas y sociales (academia, gremios, iglesias, etc.) y que permitan las acciones integrales requeridas, definitivas a ejecutar.

Mucho tilín y pocas campanas.

Todo está súper diagnosticado, súper estudiado, ¿por qué sigue atrancada su ejecución?, ¿por qué ni el gobierno, ni el congreso, ni los partidos y grupos políticos, ni los gremios, ni las iglesias, ni la academia, han querido hacerlo?, ¿definitivamente se nos olvidó que todo nuestro trabajo debe estar orientado a satisfacer el interés general?

Ahora que estamos en temporada de elecciones territoriales o locales, se repite el grave error, los candidatos prometiendo lo que no es de su resorte y lo que no cuenta con los recursos para hacerse; prometiendo sin priorizar, acomodando a sus intereses personales, su vanidad, sus egos elevados, su capacidad de polarización, buscando el voto visceral, pasional, que no permita llevar a los mejores al poder.

La seguridad depende de todos, por favor pongámonos de acuerdo, saquen las normas correctas que permitan eficiencia en los actuares de las autoridades, construyan cárceles dignas, resocializadoras y suficientes. No pierdan más tiempo en pendejadas, para eso les estamos pagando súper bien, para eso los elegimos, no sean irresponsables, concéntrense, vuélvanse serios, no sean tan descarados.

Sean austeros, no gasten la plata pública en lujos y comodidades pasajeras, utilícenla en lo que ayude a salir del atolladero.

No sigan creyendo que el sector privado normalito, el que no le saca en contratación al Estado lo que invierte en los políticos, puede cargar con el peso que implica el pesado sector público.

El tiempo corre muy rápido, avanza el narcotráfico y por ende, el lavado de activos, que hacen crecer la informalidad, lo que acaba con los sectores formales de la economía en los sectores urbanos y rurales.

Pilas, nadie sabe para quién trabaja y los que saben se hacen los bobos. Bobitos no.