Arrunchados con el enemigo

Como si las asignaciones del poder judicial, con millones de expedientes atrasados, salvo los que se fallan en cuestión de horas para favorecer políticamente a la extrema izquierda, no fueran ya excesivas y superiores a las de los demás funcionarios públicos, el Gobierno, en medio de la más pavorosa crisis fiscal, dicta el decreto 272 de marzo 11 / 2021. Tomo de la revista Ámbito Jurídico la información correspondiente:  

(…) establecer una prima especial equivalente al 30 % del salario básico para los siguientes altos servidores de la justicia:

• Magistrados de todo orden de los tribunales superiores de distrito judicial y contencioso administrativo.
• Magistrados de los consejos seccionales de la judicatura.
• Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial.
• Jueces de la República.
• Magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar.
• Auditores de guerra.
• Jueces de instrucción penal militar.
• Fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia.
• Fiscales delegados ante tribunal del distrito, ante jueces penales de circuito especializados, ante jueces del circuito, ante jueces municipales y promiscuos.

La norma indica que:

(…) la prima será adicional a la asignación básica correspondiente a cada empleo, se pagará mensualmente y únicamente constituirá factor salarial para el ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En ningún caso los ingresos totales anuales de los servidores que tengan derecho a la bonificación podrán superar el 80% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes.

https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/extra-gobierno-decreta-prima-especial-para-funcionarios-de

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Por otro lado, el gobierno ha presentado el proyecto de ley estatutaria 134 / 2020 “por el cual se crea una especialidad judicial rural y agraria y se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales, y se dictan otras disposiciones”.

En la exposición de motivos se lee que “la iniciativa impulsa lo acordado en los acuerdos (sic) de La Habana, y en concreto permite implementar el acto legislativo 02 de 2017, que desarrolla el primer punto firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc”.

Sospecho que con esta jurisdicción especial se prepara algo relacionado con la reforma agraria integral que debe eliminar el modelo económico agrario que ha permitido alimentar al pueblo colombiano a lo largo de siglos.

En medio de la crisis fiscal se crearían

(…) nuevos despachos para 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 2 magistrados en el Consejo de Estado, 45 magistrados para Tribunales Superiores, 45 magistrados para Tribunales administrativos, 150 jueces de circuito para la jurisdicción ordinaria y 80 despachos de jueces de circuito en la jurisdicción administrativa, para un total de 325 nuevos cargos.

Este despropósito ha sido revelado en una oportuna carta de la senadora María Fernanda Cabal, dirigida el 27 de abril / 2021 al ministro de Hacienda, el mismo que presenta la más alcabalera propuesta tributaria, para financiar el gigantismo burocrático que agobia al país.

Si el alza del 5% para los congresistas nos escandalizó, ¿qué decir de esta? ¿Será que con tal largueza el gobierno aspira a lograr la amistad del poder judicial?

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Y si por el Gobierno llueve, por la Procuraduría no escampa, porque la señora Cabello quiere crear 700 cargos nuevos, ¡como si doscientos años creando cargos en la rama judicial hubieran servido para hacer cumplir los términos!

No olvidemos que la rama cuenta ya con 30.868 individuos, con apreciable mayoría del bello sexo.

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“Cuando veo un ave que camina como pato, grazna como pato y vuela como pato, digo que es un pato” — Cardenal Richard Cushing, 1960.

Fallos absurdos

Por Antonio Montoya H.*

Es ya habitual que en nuestros artículos en El Pensamiento al Aire, los otros columnistas y yo mismo, nos refiramos a las graves falencias que hoy tiene la justicia en nuestra patria, desde la politización de la misma, hasta la incongruencia de sus fallos que llevan a afirmar que hoy no prima ni la norma escrita, ni la jurisprudencia, sino que nos encontramos ante una propia justicia de los jueces que no fallan de acuerdo con la tradición jurídica, sino con base en su propia opinión, y en muchas ocasiones contrarias a los propios códigos, lo cual hace que se pierda credibilidad en la justicia, porque no hay coherencia en los fallos y surgen dudas sobre la idoneidad de los jueces, sin desconocer que la mayoría cumple adecuadamente con su trabajo.

Vemos como en el caso de la propia Corte Suprema de Justicia, hemos visto aterrados la compra de los propios magistrados quienes por dinero posponen fallos, absuelven, archivan procesos contra congresistas, dejando al garete la verdadera aplicación de justicia, y si allí en las altas cortes no encontramos idoneidad, de ahí para abajo la situación no cambia, posiblemente sea más grave.

Si seguimos ahondando podemos analizar el caso de la tutela, mecanismo creado en la Constitución del 91, que pretendía atender casos especiales que afectaran de manera grave los derechos del tutelante y que la justicia ordinaria no podría definir en poco tiempo. Por ello, se consideró el mejor avance de la justicia, pero, como suele ocurrir, se convirtió en una posibilidad rápida para solucionar problemas y no solo aquellos para los cuales fue creada, sino para todo tipo de decisiones lo cual llevó a que la justicia y los jueces se dediquen a fallar tutelas por la inmediatez de los términos desplazando los procesos ordinarios y por ende demorando aún más el desarrollo procesal. Es necesario que el Congreso de la República estudie este asunto a fondo y le dé una revisión a la tutela, para que vuelva a su cauce.

Conocí un fallo que para mí desborda mi imaginación y la de la mayoría de las personas, frente al cual cualquier escritor del mundo, por más ingenioso que sea, no se le ocurriría ni pensarlo, porque es demasiado absurdo e ilógico, contrario a derecho. Hace referencia a la condena al club El Nogal, que debe indemnizar a una de las víctimas del atentado propiciado por las FARC, en el cual fallecieron muchos inocentes y quedaron heridos y con secuelas físicas y emocionales otros muchos.

No puede ser que resulte con ese fallo, que quien resulte responsable del mismo es el que sufrió el ataque. Parecen los pájaros tirándole a la escopeta, a quién le cabe en la cabeza que en un conflicto que sufríamos en esa época, además de la vigilancia y cuidado razonable que se tenían en las instalaciones, tenían que prever que los terroristas planearan y ejecutaran un acto criminal de la magnitud del que cometieron, seleccionando con precisión el punto vulnerable. La respuesta es nadie. Es increíble que un juez de la República, contrario a la realidad de los hechos, profiera un fallo condenatorio ordenando al club El Nogal pagar una alta suma a una de las víctimas del atentado.

No he visto en este caso la manifestación de los congresistas de las FARC, sobre este hecho. Deben estar muertos de la risa, burlándose de nuestra justicia, la misma que no los condena a ellos por tantos delitos cometidos en tantos años de violencia.

Lamento renegar de la justicia, a la cual recurrí en muchos años de ejercicio profesional de abogado, donde creíamos en los jueces y en la aplicación de justicia cierta y pronta.

Debemos cambiar, darle credibilidad a la justicia y designar funcionarios probos en los juzgados de Colombia.

Señores jueces, demos ejemplo y fallemos los procesos con base en el acervo probatorio y en derecho, no con intereses diferentes.

La seguridad

Por Andrés de Bedout Jaramillo*

Definitivamente todas las mediciones nacionales y locales, colocan como prioritaria para la sociedad, la seguridad.

Pero es de la seguridad de los ciudadanos, no la de los altos funcionarios del estado en los tres poderes, que cuentan con esquemas costosos, exagerados y muchas veces innecesarios; pero como eso es muestra de poder con la plata ajena, qué carajos.

Parece que tenemos la fuerza pública (policía y ejército) suficientes y parece que tenemos los jueces suficientes (magistrados y jueces), pero carecemos de unos códigos penal y de procedimiento penal, y de cárceles que permitan hacerle frente al tema.

A todo lo anterior le debemos sumar la falta de voluntad y el desgano de la ciudadanía por denunciar; si todos denunciáramos, las estadísticas de inseguridad no serían tan aterradoras.

De estos simples y lógicos planteamientos se desprenden cientos o mejor, miles de tareas que requieren de ser listadas, ordenadas, priorizadas, viabilizadas y ejecutadas, designando responsables que se encarguen de poner de acuerdo, en lo fundamental, a las fuerzas políticas y sociales (academia, gremios, iglesias, etc.) y que permitan las acciones integrales requeridas, definitivas a ejecutar.

Mucho tilín y pocas campanas.

Todo está súper diagnosticado, súper estudiado, ¿por qué sigue atrancada su ejecución?, ¿por qué ni el gobierno, ni el congreso, ni los partidos y grupos políticos, ni los gremios, ni las iglesias, ni la academia, han querido hacerlo?, ¿definitivamente se nos olvidó que todo nuestro trabajo debe estar orientado a satisfacer el interés general?

Ahora que estamos en temporada de elecciones territoriales o locales, se repite el grave error, los candidatos prometiendo lo que no es de su resorte y lo que no cuenta con los recursos para hacerse; prometiendo sin priorizar, acomodando a sus intereses personales, su vanidad, sus egos elevados, su capacidad de polarización, buscando el voto visceral, pasional, que no permita llevar a los mejores al poder.

La seguridad depende de todos, por favor pongámonos de acuerdo, saquen las normas correctas que permitan eficiencia en los actuares de las autoridades, construyan cárceles dignas, resocializadoras y suficientes. No pierdan más tiempo en pendejadas, para eso les estamos pagando súper bien, para eso los elegimos, no sean irresponsables, concéntrense, vuélvanse serios, no sean tan descarados.

Sean austeros, no gasten la plata pública en lujos y comodidades pasajeras, utilícenla en lo que ayude a salir del atolladero.

No sigan creyendo que el sector privado normalito, el que no le saca en contratación al Estado lo que invierte en los políticos, puede cargar con el peso que implica el pesado sector público.

El tiempo corre muy rápido, avanza el narcotráfico y por ende, el lavado de activos, que hacen crecer la informalidad, lo que acaba con los sectores formales de la economía en los sectores urbanos y rurales.

Pilas, nadie sabe para quién trabaja y los que saben se hacen los bobos. Bobitos no.