Desde que a Ortega y Gassett se le
ocurrió hablar del hombre-masa, manipulado por quienes detentan el poder, se ha
aceptado como dogma entre los analistas de estas materias que sólo existen dos
clases de personas: las que pertenecen a las élites gobernantes, encargadas de
fijar las pautas que las masas deben acatar, de un lado, y, del otro, los
integrantes de esas masas ignorantes y sujetas a los dictados de sus
dirigentes.
Así se ha comprobado en la historia.
Fue a través de la fuerza o del dinero como el poder cayó en las manos equivocadas.
Y, con el tiempo, ya no hubo necesidad del empleo de la fuerza, pues fue más
eficaz la utilización del dinero para enajenar conciencias, comprar votos,
implementar el fraude electrónico y poner los medios de comunicación formales o
virtuales al servicio de los asaltantes del poder.
Quedan, por supuesto, marginadas de
este juego por el poder, las masas de individuos carentes de recursos. Buen
ejemplo de ello lo estamos viviendo en Colombia, aunque, para ser más exactos,
el pueblo colombiano ha demostrado ser superior a sus dirigentes cuando está en
peligro la supervivencia del país y los valores esenciales que le dieron vida.
Recordemos lo que ocurrió con el
acuerdo de La Habana negociado a espaldas del pueblo por el presidente Santos.
Para acallar las críticas prometió este que el Acuerdo Final se sometería a la
refrendación del pueblo mediante un plebiscito, pero se aseguró de antemano –en
forma tramposa– que se obtendría el triunfo del sí, reduciendo el umbral
al irrisorio porcentaje del 13%. O sea, que solamente 4.500.000 votantes
definirían la suerte del país. Contó, por supuesto, con el apoyo de las
mayorías parlamentarias repletas de políticos corruptos.
Pero no contaban con la rebelión del
pueblo contra el montaje publicitario orquestado por el Gobierno, la clase
política, los dirigentes privados, la Iglesia Católica (con el Papa incluido) y
las organizaciones internacionales manipuladas por la izquierda. 21.233.898
habilitados para votar se abstuvieron de concurrir al llamado de votar y 6.431.376
votaron por el no. En total, 27.665.274 se rebelaron contra la clase
dirigente que quería a toda costa imponer un pacto infame.
Lo triste de la historia es que –a
pesar de la espontánea y libre expresión de la voluntad soberana del pueblo– esta
fue desconocida nuevamente por los delincuentes incrustados en la Corte
Constitucional y en el Congreso, que optaron porque mediante una simple
proposición se desconociera el resultado del plebiscito.
En similares circunstancias nos
encontramos ahora: Una elección espuria, repleta de violaciones a las normas
electorales, nos dejó en manos de la recalcitrante y totalitaria izquierda.
¿Qué es lo que
quiere el pueblo en estas circunstancias?
Solución a la crisis económica y
fiscal. Pretende el régimen acabar con le principal renglón de exportación, los
hidrocarburos. Se ha desbordado el gasto fiscal con enormes gastos y
crecimiento de la nómina estatal. La economía, bajo la amenaza de
expropiaciones, endurecimiento de las normas laborales, aumento de impuestos e
inseguridad del país, afronta una crisis irreversible.
Que se termine la inseguridad y el
caos que reina en todo el territorio nacional. Con impunidad campean las bandas
delincuenciales, los clanes de narcotraficantes, los grupos terroristas y
delincuentes de toda laya. La respuesta del régimen es sentarse a dialogar con
la criminalidad, conceder impunidad a los bandoleros, compensar a los narcos,
corruptos y guerrilleros su apoyo a la campaña presidencial, desarticular las
fuerzas armadas y de policía, y legalizar milicias bajo los remoquetes de
“guardias campesinas” o “gestores de paz”.
Que se devuelva a trabajadores y
pensionados los derechos a un sistema de salud catalogado como uno de los mejores
del continente y que el sistema pensional no se modifique para dejar los
recursos de la clase trabajadora a merced de la corrupta camarilla que nos
gobierna.
Que se ejerza el Gobierno en busca del
bien común de todos los colombianos y no en beneficio de los gobernantes y su
cuerda de amiguetes.
Ahora, como en octubre de 2016,
debemos salir a manifestar, en forma libre y espontánea, nuestro descontento
con el régimen.
Acompañemos nuestra protesta con la
exigencia de que se respete el Estado de Derecho dándole curso al juicio
político por indignidad interpuesto por el abogado José Manuel Abuchaibe ante
la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, contra la campaña
presidencial en la que se violaron los topes de gastos determinados por la ley.
Esa movilización debe concluir en la
creación de una gran fuerza pluralista e independiente de los partidos
políticos, que canalice el descontento nacional y rescate los valores
culturales que el régimen materialista pretende destruir para instaurar –sobre
las ruinas del país– la ideología marxista fracasada en todos los confines del
mundo.
