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lunes, 10 de agosto de 2026

Al viejo hospital de los muñecos, llevaron a Colombia malherida…

Luis Guillermo Echeverri Vélez
Luis Guillermo Echeverri Vélez

Empieza un nuevo gobierno y recibe un país que está como cuando “al viejo hospital de los muñecos llevaron a Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido, lo sorprendió dormido y lo atacó”. Aquí el terrorista chupasangre deja varias cargas implosivas económicas activadas.

Una es la crisis financiera: inflación 6.5 %, intereses 13 %, déficit fiscal 6.5 % / PIB, 120 billones de gasto sobre el recaudo tributario, y deuda pública ± $1200 billones, el 60.5 % / PIB. Otra, la crisis sin precedentes del sistema de salud. “Drácula y sus vampiros” lo dejaron infartado, moribundo, con la yugular desangrada, ya no vale quirófano ni hada protectora que le ponga un corazón de fantasía; es preciso invocar “el primer milagro”, uno como el de Lázaro que lo reviva y lo saque de la morgue. La deuda acumulada del sistema de salud es de 50 billones, con un déficit de 20 billones y una siniestralidad de las EPS que supera 110 %. La tercera bomba del gobernarte del Cartucho es la pérdida de la institucionalidad en todas las áreas del Estado donde metió el hocico; especialmente en la salud donde en las entidades técnicas y especializadas reemplazaron galenos y profesionales por ladrones y revolucionarios ideologizados llenos de resentimiento.

¿Cuántas vidas se van a perder por el capricho ideológico de cambiar un sistema que era uno de los más eficientes en Latinoamérica y según la OMS fue líder regional y puesto doce en el mundo en el manejo y operación de la pandemia gracias a la capacidad, el valor heroico y profesional del personal médico y administrativo del país?

Se perdió la confianza en el sistema de salud y, recuperarla y estabilizarlo será cuestión de varios gobiernos pues se requiere rediseños institucionales en el Ministerio, despolitizar la superintendencia, eliminar el cabildeo entre EPS e IPS con el Congreso y Hacienda, y encontrar los responsables y ponerlos a disposición de la justicia para que respondan por el gran daño que causaron con sus ideas progresistas asociadas al SSXXI.

Presenciamos un naufragio humano multitudinario, millones de familias viviendo un drama lúgubre sin esperanza, la gente se ahoga sin salvavidas, 10 millones de casos de salud sin resolver, suspendidos y desatendidos: sin medicamentos, por tratamientos suspendidos, en espera de autorizaciones, por servicios descontinuados, por hospitales quebrados, personas con enfermedades ignoradas que se volvieron crónicas, una costosa carga adicional que va a ser muy difícil estabilizar.

Teníamos un sistema de salud imperfecto pero funcional que hoy está convertido en tragedia, una masacre genocida provocada y demandable por el efecto real del “chu-chu-chu”, la intervención a las EPS que tienen el 80 % de la deuda del sistema y que en lugar de mejorarlas fueron estatizadas, burocratizadas, saqueadas e ideologizadas, lo cual resulta más letal que la suma de las muertes violentas del crimen organizado, la violencia intrafamiliar, el alcohol, el tabaco y la drogadicción. Y de ñapa nos puso al vampiro “pinturita” a administrar el banco de sangre.

Somos una nación de ingreso medio de 52 millones que en materia de salud se ha dado el lujo de tener cobertura universal y la dualidad de un régimen contributivo propio de la formalidad (44 %) y uno subsidiado y de excepción que suman un (56 %) según SISPRO a febrero de 2026, y que comparado con 2025 presenta una contracción de medio millón de contribuyentes, lo cual sumado a los problemas previos del sistema, le propinó una herida de muerte a su sostenibilidad financiera. La cobertura universal está respaldada por el pago de la Unidad de Aporte anual del Estado (UPC) a las EPS por cada persona afiliada en materia de consultas, medicamentos y cirugías. El ADRES es la entidad que paga desde Minhacienda, y gira conforme a lo que cada EPS le diga de acuerdo con su medición de la siniestralidad, y el meollo del problema es que el valor de las UPC no alcanza para cubrir los costos del sistema.

A la crisis de los medicamentos, se le suma que entre 2022 y 2025 las tutelas se duplicaron y el gasto de bolsillo en salud se incrementó en el 57 %.

Es crítico transparentar y equilibrar las relaciones entre el régimen contributivo, el subsidiado, el Gobierno y las EPS, y que los usuarios tomadores de seguros sean empresas o personas, colaboren no abusando del sistema dual, esto es, pagando de manera solidaria de acuerdo con su capacidad económica y el número de beneficiarios, con lo cual se fortalece el régimen contributivo, se alivia al subsidiado y se mantiene la universalidad.

Se requiere un corte o punto final con decisiones de fondo a conciencia que no dan espera, en las que contribuyamos todos o la pérdida en vidas va a ser inconmensurable. Hay dos formas de atacar este cáncer terminal que causó Gustavo Petro: con aspirina y los santos óleos, o con acciones inmediatas y extraordinarias con cargo al Gobierno, las EPS y las IPS que inyecten liquidez en el sistema, acoten el plan de beneficios, que los aportes suban todos mínimo un punto porcentual, que se cree un fondo de garantías acompañado de una gran política nacional de prevención, que la DIAN cruce las cédulas para determinar evasores, y que se ayude a que los hospitales regionales de nivel de complejidad 2 y 3, estén bien dotados para que no creen más congestiones en las capitales agravando más el problema de desatención que se deprende del entuerto económico que tiene a los hospitales prácticamente quebrados por bien administrados que estén, pues su cartera llegó a niveles insostenibles.

Ninguna de estas medidas va a ser políticamente correcta, pero si hay la voluntad política del Gobierno entrante en reclamar y convertir la estabilización del sistema de salud en la principal urgencia del país y se hace un gran esfuerzo entre todas las partes del sistema para reestablecer un adecuado flujo de recursos, se cumple el fallo de la corte que reconoció la insuficiencia sincerando y conciliando deudas, y se buscan los créditos internos, externos, de la multilateral, y se utilizan regalías buscando eficiencia operativa y administrativa, aún es posible soñar con transparencia y equidad en pro de la salud de todos los colombianos.

lunes, 10 de julio de 2023

¿Qué es lo que quiere el pueblo?

Luis Alfonso García Carmona
Por: Luis Alfonso García Carmona

Desde que a Ortega y Gassett se le ocurrió hablar del hombre-masa, manipulado por quienes detentan el poder, se ha aceptado como dogma entre los analistas de estas materias que sólo existen dos clases de personas: las que pertenecen a las élites gobernantes, encargadas de fijar las pautas que las masas deben acatar, de un lado, y, del otro, los integrantes de esas masas ignorantes y sujetas a los dictados de sus dirigentes.

Así se ha comprobado en la historia. Fue a través de la fuerza o del dinero como el poder cayó en las manos equivocadas. Y, con el tiempo, ya no hubo necesidad del empleo de la fuerza, pues fue más eficaz la utilización del dinero para enajenar conciencias, comprar votos, implementar el fraude electrónico y poner los medios de comunicación formales o virtuales al servicio de los asaltantes del poder.

Quedan, por supuesto, marginadas de este juego por el poder, las masas de individuos carentes de recursos. Buen ejemplo de ello lo estamos viviendo en Colombia, aunque, para ser más exactos, el pueblo colombiano ha demostrado ser superior a sus dirigentes cuando está en peligro la supervivencia del país y los valores esenciales que le dieron vida.

Recordemos lo que ocurrió con el acuerdo de La Habana negociado a espaldas del pueblo por el presidente Santos. Para acallar las críticas prometió este que el Acuerdo Final se sometería a la refrendación del pueblo mediante un plebiscito, pero se aseguró de antemano –en forma tramposa– que se obtendría el triunfo del , reduciendo el umbral al irrisorio porcentaje del 13%. O sea, que solamente 4.500.000 votantes definirían la suerte del país. Contó, por supuesto, con el apoyo de las mayorías parlamentarias repletas de políticos corruptos.

Pero no contaban con la rebelión del pueblo contra el montaje publicitario orquestado por el Gobierno, la clase política, los dirigentes privados, la Iglesia Católica (con el Papa incluido) y las organizaciones internacionales manipuladas por la izquierda. 21.233.898 habilitados para votar se abstuvieron de concurrir al llamado de votar y 6.431.376 votaron por el no. En total, 27.665.274 se rebelaron contra la clase dirigente que quería a toda costa imponer un pacto infame.

Lo triste de la historia es que –a pesar de la espontánea y libre expresión de la voluntad soberana del pueblo– esta fue desconocida nuevamente por los delincuentes incrustados en la Corte Constitucional y en el Congreso, que optaron porque mediante una simple proposición se desconociera el resultado del plebiscito.

En similares circunstancias nos encontramos ahora: Una elección espuria, repleta de violaciones a las normas electorales, nos dejó en manos de la recalcitrante y totalitaria izquierda.

¿Qué es lo que quiere el pueblo en estas circunstancias?

Solución a la crisis económica y fiscal. Pretende el régimen acabar con le principal renglón de exportación, los hidrocarburos. Se ha desbordado el gasto fiscal con enormes gastos y crecimiento de la nómina estatal. La economía, bajo la amenaza de expropiaciones, endurecimiento de las normas laborales, aumento de impuestos e inseguridad del país, afronta una crisis irreversible.

Que se termine la inseguridad y el caos que reina en todo el territorio nacional. Con impunidad campean las bandas delincuenciales, los clanes de narcotraficantes, los grupos terroristas y delincuentes de toda laya. La respuesta del régimen es sentarse a dialogar con la criminalidad, conceder impunidad a los bandoleros, compensar a los narcos, corruptos y guerrilleros su apoyo a la campaña presidencial, desarticular las fuerzas armadas y de policía, y legalizar milicias bajo los remoquetes de “guardias campesinas” o “gestores de paz”.

Que se devuelva a trabajadores y pensionados los derechos a un sistema de salud catalogado como uno de los mejores del continente y que el sistema pensional no se modifique para dejar los recursos de la clase trabajadora a merced de la corrupta camarilla que nos gobierna.

Que se ejerza el Gobierno en busca del bien común de todos los colombianos y no en beneficio de los gobernantes y su cuerda de amiguetes.

Ahora, como en octubre de 2016, debemos salir a manifestar, en forma libre y espontánea, nuestro descontento con el régimen.

Acompañemos nuestra protesta con la exigencia de que se respete el Estado de Derecho dándole curso al juicio político por indignidad interpuesto por el abogado José Manuel Abuchaibe ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, contra la campaña presidencial en la que se violaron los topes de gastos determinados por la ley.

Esa movilización debe concluir en la creación de una gran fuerza pluralista e independiente de los partidos políticos, que canalice el descontento nacional y rescate los valores culturales que el régimen materialista pretende destruir para instaurar –sobre las ruinas del país– la ideología marxista fracasada en todos los confines del mundo.