Luis Guillermo Echeverri Vélez
Empieza un
nuevo gobierno y recibe un país que está como cuando “al viejo hospital de
los muñecos llevaron a Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido, lo
sorprendió dormido y lo atacó”. Aquí el terrorista chupasangre deja varias
cargas implosivas económicas activadas.
Una es la
crisis financiera: inflación 6.5 %, intereses 13 %, déficit fiscal
6.5 % / PIB, 120 billones de gasto sobre el recaudo tributario, y deuda
pública ± $1200 billones, el 60.5 % / PIB. Otra, la crisis sin precedentes
del sistema de salud. “Drácula y sus vampiros” lo dejaron infartado, moribundo,
con la yugular desangrada, ya no vale quirófano ni hada protectora que le ponga
un corazón de fantasía; es preciso invocar “el primer milagro”, uno como el de
Lázaro que lo reviva y lo saque de la morgue. La deuda acumulada del sistema de
salud es de 50 billones, con un déficit de 20 billones y una siniestralidad de
las EPS que supera 110 %. La tercera bomba del gobernarte del Cartucho es
la pérdida de la institucionalidad en todas las áreas del Estado donde metió el
hocico; especialmente en la salud donde en las entidades técnicas y
especializadas reemplazaron galenos y profesionales por ladrones y
revolucionarios ideologizados llenos de resentimiento.
¿Cuántas vidas
se van a perder por el capricho ideológico de cambiar un sistema que era uno de
los más eficientes en Latinoamérica y según la OMS fue líder regional y puesto
doce en el mundo en el manejo y operación de la pandemia gracias a la
capacidad, el valor heroico y profesional del personal médico y administrativo
del país?
Se perdió la
confianza en el sistema de salud y, recuperarla y estabilizarlo será cuestión
de varios gobiernos pues se requiere rediseños institucionales en el
Ministerio, despolitizar la superintendencia, eliminar el cabildeo entre EPS e
IPS con el Congreso y Hacienda, y encontrar los responsables y ponerlos a
disposición de la justicia para que respondan por el gran daño que causaron con
sus ideas progresistas asociadas al SSXXI.
Presenciamos un
naufragio humano multitudinario, millones de familias viviendo un drama lúgubre
sin esperanza, la gente se ahoga sin salvavidas, 10 millones de casos de salud
sin resolver, suspendidos y desatendidos: sin medicamentos, por tratamientos suspendidos,
en espera de autorizaciones, por servicios descontinuados, por hospitales
quebrados, personas con enfermedades ignoradas que se volvieron crónicas, una
costosa carga adicional que va a ser muy difícil estabilizar.
Teníamos un
sistema de salud imperfecto pero funcional que hoy está convertido en tragedia,
una masacre genocida provocada y demandable por el efecto real del
“chu-chu-chu”, la intervención a las EPS que tienen el 80 % de la deuda
del sistema y que en lugar de mejorarlas fueron estatizadas, burocratizadas,
saqueadas e ideologizadas, lo cual resulta más letal que la suma de las muertes
violentas del crimen organizado, la violencia intrafamiliar, el alcohol, el
tabaco y la drogadicción. Y de ñapa nos puso al vampiro “pinturita” a
administrar el banco de sangre.
Somos una
nación de ingreso medio de 52 millones que en materia de salud se ha dado el
lujo de tener cobertura universal y la dualidad de un régimen contributivo
propio de la formalidad (44 %) y uno subsidiado y de excepción que suman
un (56 %) según SISPRO a febrero de 2026, y que comparado con 2025
presenta una contracción de medio millón de contribuyentes, lo cual sumado a
los problemas previos del sistema, le propinó una herida de muerte a su
sostenibilidad financiera. La cobertura universal está respaldada por el pago
de la Unidad de Aporte anual del Estado (UPC) a las EPS por cada persona
afiliada en materia de consultas, medicamentos y cirugías. El ADRES es la
entidad que paga desde Minhacienda, y gira conforme a lo que cada EPS le diga
de acuerdo con su medición de la siniestralidad, y el meollo del problema es
que el valor de las UPC no alcanza para cubrir los costos del sistema.
A la crisis de
los medicamentos, se le suma que entre 2022 y 2025 las tutelas se duplicaron y
el gasto de bolsillo en salud se incrementó en el 57 %.
Es crítico
transparentar y equilibrar las relaciones entre el régimen contributivo, el
subsidiado, el Gobierno y las EPS, y que los usuarios tomadores de seguros sean
empresas o personas, colaboren no abusando del sistema dual, esto es, pagando
de manera solidaria de acuerdo con su capacidad económica y el número de
beneficiarios, con lo cual se fortalece el régimen contributivo, se alivia al
subsidiado y se mantiene la universalidad.
Se requiere un
corte o punto final con decisiones de fondo a conciencia que no dan espera, en
las que contribuyamos todos o la pérdida en vidas va a ser inconmensurable. Hay
dos formas de atacar este cáncer terminal que causó Gustavo Petro: con aspirina
y los santos óleos, o con acciones inmediatas y extraordinarias con cargo al Gobierno,
las EPS y las IPS que inyecten liquidez en el sistema, acoten el plan de
beneficios, que los aportes suban todos mínimo un punto porcentual, que se cree
un fondo de garantías acompañado de una gran política nacional de prevención,
que la DIAN cruce las cédulas para determinar evasores, y que se ayude a que
los hospitales regionales de nivel de complejidad 2 y 3, estén bien dotados
para que no creen más congestiones en las capitales agravando más el problema
de desatención que se deprende del entuerto económico que tiene a los
hospitales prácticamente quebrados por bien administrados que estén, pues su
cartera llegó a niveles insostenibles.
Ninguna de
estas medidas va a ser políticamente correcta, pero si hay la voluntad política
del Gobierno entrante en reclamar y convertir la estabilización del sistema de
salud en la principal urgencia del país y se hace un gran esfuerzo entre todas
las partes del sistema para reestablecer un adecuado flujo de recursos, se
cumple el fallo de la corte que reconoció la insuficiencia sincerando y
conciliando deudas, y se buscan los créditos internos, externos, de la
multilateral, y se utilizan regalías buscando eficiencia operativa y
administrativa, aún es posible soñar con transparencia y equidad en pro de la
salud de todos los colombianos.
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