Al viejo hospital de los muñecos, llevaron a Colombia malherida…

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Empieza un nuevo gobierno y recibe un país que está como cuando “al viejo hospital de los muñecos llevaron a Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido, lo sorprendió dormido y lo atacó”. Aquí el terrorista chupasangre deja varias cargas implosivas económicas activadas.

Una es la crisis financiera: inflación 6.5 %, intereses 13 %, déficit fiscal 6.5 % / PIB, 120 billones de gasto sobre el recaudo tributario, y deuda pública ± $1200 billones, el 60.5 % / PIB. Otra, la crisis sin precedentes del sistema de salud. “Drácula y sus vampiros” lo dejaron infartado, moribundo, con la yugular desangrada, ya no vale quirófano ni hada protectora que le ponga un corazón de fantasía; es preciso invocar “el primer milagro”, uno como el de Lázaro que lo reviva y lo saque de la morgue. La deuda acumulada del sistema de salud es de 50 billones, con un déficit de 20 billones y una siniestralidad de las EPS que supera 110 %. La tercera bomba del gobernarte del Cartucho es la pérdida de la institucionalidad en todas las áreas del Estado donde metió el hocico; especialmente en la salud donde en las entidades técnicas y especializadas reemplazaron galenos y profesionales por ladrones y revolucionarios ideologizados llenos de resentimiento.

¿Cuántas vidas se van a perder por el capricho ideológico de cambiar un sistema que era uno de los más eficientes en Latinoamérica y según la OMS fue líder regional y puesto doce en el mundo en el manejo y operación de la pandemia gracias a la capacidad, el valor heroico y profesional del personal médico y administrativo del país?

Se perdió la confianza en el sistema de salud y, recuperarla y estabilizarlo será cuestión de varios gobiernos pues se requiere rediseños institucionales en el Ministerio, despolitizar la superintendencia, eliminar el cabildeo entre EPS e IPS con el Congreso y Hacienda, y encontrar los responsables y ponerlos a disposición de la justicia para que respondan por el gran daño que causaron con sus ideas progresistas asociadas al SSXXI.

Presenciamos un naufragio humano multitudinario, millones de familias viviendo un drama lúgubre sin esperanza, la gente se ahoga sin salvavidas, 10 millones de casos de salud sin resolver, suspendidos y desatendidos: sin medicamentos, por tratamientos suspendidos, en espera de autorizaciones, por servicios descontinuados, por hospitales quebrados, personas con enfermedades ignoradas que se volvieron crónicas, una costosa carga adicional que va a ser muy difícil estabilizar.

Teníamos un sistema de salud imperfecto pero funcional que hoy está convertido en tragedia, una masacre genocida provocada y demandable por el efecto real del “chu-chu-chu”, la intervención a las EPS que tienen el 80 % de la deuda del sistema y que en lugar de mejorarlas fueron estatizadas, burocratizadas, saqueadas e ideologizadas, lo cual resulta más letal que la suma de las muertes violentas del crimen organizado, la violencia intrafamiliar, el alcohol, el tabaco y la drogadicción. Y de ñapa nos puso al vampiro “pinturita” a administrar el banco de sangre.

Somos una nación de ingreso medio de 52 millones que en materia de salud se ha dado el lujo de tener cobertura universal y la dualidad de un régimen contributivo propio de la formalidad (44 %) y uno subsidiado y de excepción que suman un (56 %) según SISPRO a febrero de 2026, y que comparado con 2025 presenta una contracción de medio millón de contribuyentes, lo cual sumado a los problemas previos del sistema, le propinó una herida de muerte a su sostenibilidad financiera. La cobertura universal está respaldada por el pago de la Unidad de Aporte anual del Estado (UPC) a las EPS por cada persona afiliada en materia de consultas, medicamentos y cirugías. El ADRES es la entidad que paga desde Minhacienda, y gira conforme a lo que cada EPS le diga de acuerdo con su medición de la siniestralidad, y el meollo del problema es que el valor de las UPC no alcanza para cubrir los costos del sistema.

A la crisis de los medicamentos, se le suma que entre 2022 y 2025 las tutelas se duplicaron y el gasto de bolsillo en salud se incrementó en el 57 %.

Es crítico transparentar y equilibrar las relaciones entre el régimen contributivo, el subsidiado, el Gobierno y las EPS, y que los usuarios tomadores de seguros sean empresas o personas, colaboren no abusando del sistema dual, esto es, pagando de manera solidaria de acuerdo con su capacidad económica y el número de beneficiarios, con lo cual se fortalece el régimen contributivo, se alivia al subsidiado y se mantiene la universalidad.

Se requiere un corte o punto final con decisiones de fondo a conciencia que no dan espera, en las que contribuyamos todos o la pérdida en vidas va a ser inconmensurable. Hay dos formas de atacar este cáncer terminal que causó Gustavo Petro: con aspirina y los santos óleos, o con acciones inmediatas y extraordinarias con cargo al Gobierno, las EPS y las IPS que inyecten liquidez en el sistema, acoten el plan de beneficios, que los aportes suban todos mínimo un punto porcentual, que se cree un fondo de garantías acompañado de una gran política nacional de prevención, que la DIAN cruce las cédulas para determinar evasores, y que se ayude a que los hospitales regionales de nivel de complejidad 2 y 3, estén bien dotados para que no creen más congestiones en las capitales agravando más el problema de desatención que se deprende del entuerto económico que tiene a los hospitales prácticamente quebrados por bien administrados que estén, pues su cartera llegó a niveles insostenibles.

Ninguna de estas medidas va a ser políticamente correcta, pero si hay la voluntad política del Gobierno entrante en reclamar y convertir la estabilización del sistema de salud en la principal urgencia del país y se hace un gran esfuerzo entre todas las partes del sistema para reestablecer un adecuado flujo de recursos, se cumple el fallo de la corte que reconoció la insuficiencia sincerando y conciliando deudas, y se buscan los créditos internos, externos, de la multilateral, y se utilizan regalías buscando eficiencia operativa y administrativa, aún es posible soñar con transparencia y equidad en pro de la salud de todos los colombianos.

La olla fiscal raspada y el fogón ardiendo

Andrés de Bedout Jaramillo

Este Gobierno —o mejor, desgobierno— próximo a terminar, se ocupó de subir el endeudamiento a tasas de usura y a cortos plazos, haciendo de los intereses el gran protagonista en la torta de los gastos del Estado. Presupuestalmente se convirtió en el Gobierno con menores ejecuciones y en el que mayor cantidad de compromisos de pago deja al entrante, además de ser el que más billones de pesos comprometió en vigencias futuras.

Entregó las EPS a interventores de su cuerda, quienes se encargaron de quebrar el sistema de salud, con las consecuencias que hoy sentimos los colombianos en las IPS (prestadores de salud), a las que no les llegan los recursos. La salud disputa los primeros puestos en la torta de gastos del Estado junto con intereses, pensiones y el Sistema General de Participaciones (SGP).

Destruyeron el sistema de defensa, que ocupa un lugar preponderante en los gastos del Estado, acabando con las inteligencias militar, policial y financiera; desmantelaron la aviación y el activo más importante y costoso: la cúpula de generales y coroneles capacitados, con mayor experiencia y conocimiento. Incluso acabaron con Indumil, poniéndolo a producir unos fusiles llamados “Jaguar”, que no pasaron las pruebas y representan un peligro para quien los use. Qué contrasentido. La recuperación de la seguridad costará muchísimos billones.

La estrategia electoral de subir el salario mínimo en forma desproporcionada hoy muestra sus efectos: inflación, desempleo e informalidad. Los datos del DANE entraron a cuidados intensivos; los convirtieron en mentirosos para sostener la equivocada retórica del comunismo de izquierda, dispuesto a seguir engañando a los incautos. Por ejemplo, las cifras de crecimiento del empleo formal no corresponden con las afiliaciones a salud, pensiones y riesgos, que decrecen sustancialmente.

El tema pensional, duramente golpeado por el incremento del salario mínimo, ocupa el primer lugar en los gastos del Estado. Colpensiones, manejada a las patadas como todo lo de este saliente gobierno, parece haber entregado el manejo de su base de datos para el pago de pensiones a una unión temporal, lo que tiene muy preocupada a la suspendida comisión de empalme.

Por el momento, estos cinco rubros punteros en el gasto público requieren atención urgente, mientras el gobierno saliente continúa, como loco y a las patadas, firmando contratos y realizando gastos escandalosos y dañinos, que obligarán a decisiones muy difíciles.

En mi sentir, tocará subir la edad de jubilación, haciendo entender que la tasa de natalidad ha disminuido y la expectativa de vida ha aumentado. Tocará eliminar el subsidio al combustible diésel, dejando los precios de pasajes y fletes al vaivén del mercado. Tocará reducir descuentos y exenciones tributarias que, viéndolo bien, no han sido detonadores de inversión ni decisivos en la fijación de precios de bienes y servicios. Entre ellas: energías renovables, economía naranja, hotelería y ecoturismo, pagos a personal científico, inversiones en activos fijos, energías limpias, vehículos eléctricos, contratación de jóvenes, excombatientes, discapacitados y mujeres víctimas, zonas francas, etc. Incluso habrá que estudiar una disminución en el IVA, incluyendo bienes y servicios que hoy gozan de exención.

La renegociación de la deuda en términos de plazo y tasas será un hecho. El apetito inversionista, las condiciones de seriedad y la seguridad física y jurídica se recuperarán rápidamente. La austeridad será notoria y medible. La corrupción no tendrá espacio y quienes la cometieron en este gobierno serán perseguidos y castigados.

Respecto a la declaratoria de guerra contra el narcotráfico, la extorsión y demás delitos que hoy afligen a nuestra nación, los delincuentes deben aprovechar las ventajas que trae la ley para el sometimiento voluntario. Jamás se debe volver a cometer el error de entrar en una guerra con el Estado, como la que en épocas que no queremos recordar nos tocó vivir a quienes tenemos más de 40 años.

La economía colombiana adolece de una diferencia entre ingresos y egresos de unos 50 billones, lo que obliga a un fuerte ajuste fiscal. El gobierno entrante, con decisión y responsabilidad, desde antes de la posesión ha empezado a enfrentar este reto, pidiendo al saliente no firmar contratos innecesarios —ni de obras, ni de prestación de servicios, ni laborales— ni realizar viajes innecesarios, como el último al Vaticano con comitivas no gubernamentales, con todos los costos de viaje, hospedaje y alimentación pagados con el erario, costumbre reiterada en este desastroso gobierno.

Ya se preparan decretos urgentes encaminados a congelar el gasto público y a acometer con la mayor inmediatez la reconstrucción de entidades como Ecopetrol y otras estatales que se encuentran en el más vergonzoso desgreño administrativo y caos financiero, ocasionados por irresponsables y corruptos administradores. Estos se irán descubriendo en la medida en que avance el proceso de empalme, cada vez más difícil por la ineptitud y escaso conocimiento de quienes entregan la información, seguramente intentando esconder mucha de ella para dificultar la labor de quienes la reciben y tendrán la responsabilidad de la reconstrucción institucional estatal.

El gobierno que asumirá el 7 de agosto trabaja a marchas forzadas con la banca nacional e internacional y demás organismos de crédito, para renegociar intereses y plazos, diseñando estrategias que permitan cumplir con la regla fiscal, recuperar la credibilidad y mejorar las calificaciones de riesgo país, hoy bastante deterioradas.

La ampliación del universo de contribuyentes, donde los procesos de formalización jugarán un papel muy importante, contribuirá además a los aportes en salud, pensiones y riesgos, que en forma tarifaria escalonada encontrarán atractivo su ingreso a la formalidad.

La lucha contra el contrabando y el narcotráfico requerirá de una colaboración muy especial de todos los colombianos que añoramos la seguridad. Conductas como comprar contrabando y tolerar lavado de dinero disfrazado en importaciones deben ser repudiadas socialmente y castigadas por la ley.

Muchas exenciones y deducciones tributarias desaparecerán, como las que hoy existen para bienes exentos del IVA. Tendrán que ser revisadas con lupa para tomar decisiones muy sensibles y difíciles, que seguramente generarán retóricas con impacto político y social, e incluso revueltas violentas de primeras líneas, que deberán ser reprimidas con decisión y cuidado por la vida.

Estas y otras medidas novedosas, encaminadas a un ajuste fiscal, buscan disminuir el déficit y garantizar la sostenibilidad de las medidas asistenciales en alimentación, vivienda y subsidios.

Que nuestro Señor Jesucristo ilumine y dé mucha fuerza al gobierno entrante. Nos esperan días muy difíciles que tendremos que recorrer, acompañando al gobierno del Tigre.

Necesitamos mucha austeridad en el gasto público

Por Andrés de Bedout Jaramillo

Hace muchos años los salarios de los empleados públicos, tanto de libre nombramiento y remoción, como de carrera administrativa, de los trabajadores oficiales y de los miembros de los cuerpos colegiados, Senado, Cámara, asambleas y concejos, se consideraban muy bajos frente a los salarios del sector privado y a las responsabilidades que implicaba el sector público oficial.

Hoy, los sueldos y honorarios que se pagan en el sector público son mejores que los que se pagan en el sector privado, lo que lo hace muy atractivo, inclusive sin tener en cuenta los beneficios adicionales de carros oficiales con conductor, alimentación, gastos de representación, tiquetes aéreos, viáticos, etcétera, que tienen muchísimos funcionarios altos del Estado.

Las cuantías a que tienen derecho congresistas, diputados y concejales, para contratar sus equipos de trabajo sin muchos requisitos, son ya exorbitantes, mejor dicho, el sector público paso a sus integrantes de la pobreza a la riqueza, se les fue la mano y si no adquirimos conciencia de austeridad, el gasto público seguirá creciendo desaforadamente.

Los contratos de prestación de servicios, que en él sector público se convirtieron en una parte muy importante de la fuerza laboral disponible para mover el aparato estatal, están siendo utilizados para pagar favores políticos, colocar familiares, satisfacer necesidades personales, etcétera; situaciones que se han hecho muy notorias en las administraciones de Petro y Quintero, evidenciadas por los medios de comunicación y por los sectores de oposición. Me atrevo a concluir que, si estos contratos de prestación de servicios o mejores contratos de complacencias no existieran, serían muchos los miles de millones que nos ahorraríamos.

El consumo de gasolina, hoy artículo de lujo debe ser racionalizado al máximo, me atrevo a proponer asignar un cupo máximo de consumo para cada vehículo de representación, lo que se consuma de más debe ser de cuenta del beneficiario del carro del Estado.

Los viáticos y gastos de representación deben ser estrictamente reglamentados y auditados, para evitar lo que sucede en la administración Petro, Quintero y Hurtado con estos dos rubros; serían miles de millones que nos ahorraríamos en el ámbito nacional, departamental y municipal.

Deben poner el ojo a los presupuestos para impresos y publicaciones; se exageran en la cantidad de folletos, libros, cuadernos, libretas, cachuchas, camisetas, camisas, etcétera, que mandan a producir las entidades públicas.

Yo creo que la austeridad que deben tener nuestros gobernantes ayudaría muchísimo en el proceso de recuperación de la confianza en el Estado en todas sus manifestaciones.

Algo debemos inventar para evitar el enorme gasto que implican la gran cantidad de carros oficiales que tenemos en Colombia, sus departamentos y municipios… combustible, mantenimiento, seguros, impuestos, etcétera, son gastos inmensos que obligan a reducción del parque automotor y su utilización a lo estrictamente necesario.

Estamos en épocas de preparación y aprobación de presupuestos para el año 2024, es el momento oportuno para revisar con lupa las partidas presupuestales, buscando austeridad y transparencia, los gastos de contratos de prestación de servicios de complacencia, viajes, representación, impresos y publicaciones, publicidad, horas extra, vehículos, combustible, etcétera, deben llevarse a cuantías razonables, que obedezcan única y exclusivamente a gastos directamente relacionados con el funcionamiento del Estado y estricto cumplimiento de funciones.

Se deben revisar todas las partidas de inversión, para evitar que en ellas vayan disfrazados gastos de funcionamiento, para hacerle el quite al porcentaje permitido para estos rubros del presupuesto.

Medellín contará con un presupuesto de unos 8.4 billones de pesos para el año 2024, dineros todos que en última instancia provienen de nosotros los ciudadanos, bien vía impuestos municipales como predial e industria y comercio, bien nacionales como impuesto de renta, bien pago de servicios públicos domiciliarios, que, para el caso de Medellín, pagamos a EPM, quien transfiere a nuestro municipio cerca de dos billones de las utilidades de 2023.

Se deben congelar los salarios de muchos empleados públicos, que tienen sueldos que superan los 60, 70 y 80 millones de pesos mensuales, cifras absolutamente desproporcionadas; no sé a qué horas terminó el Estado pagando semejantes cuantías; si nos parece bien alta la remuneración de congresistas, ni hablar de las entidades donde pagan estas absurdas cantidades.

En fin, los colombianos que somos los que en últimas pagamos los gastos del estado, solicitamos a los que elaboran, estudian y aprueban los presupuestos, que tengan consideración con su pueblo y apliquen austeridad total en el gasto, para que la platica alcance y no tengan que seguir grabándonos con los asfixiantes impuestos que cada día dificultan más las posibilidades de bienestar de nosotros los colombianos.

Austeridad y humildad van de la mano y nos acercan como humanos a nuestros hermanos, como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo en muchos pasajes de la Biblia. Recordemos que todos somos iguales ante Dios y la ley.

Nos toca cambiar

Por Andrés de Bedout Jaramillo

Si no queremos ni comunismo, ni socialismo, ni castro chavismo, nos toca cambiar rápido y trabajar duro.

Los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, entendidos como los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, deben presentar y poner en práctica un plan de economía de guerra, para encontrar la mayor cantidad de dinero vía ahorros, economía en todo tipo de gastos, reduciéndose los sueldos altos para que nadie gane más de $15.000.000 de pesos mensuales, incluido el sector privado, acabar con gastos y vehículos de representación, pensando en que lo que le ahorremos al Estado puede salvar vidas.

Todos nos debemos convertir en veedores de la buena y útil disposición de los dineros públicos, desafortunadamente las costosas entidades de vigilancia y control no han podido y entre todos tenemos que cuidar los exiguos recursos.

Se debe pagar como salario mínimo legal vigente la suma de $1.000.000 mensuales; la jornada laboral debe ser de 40 horas semanales, comprometiéndose los trabajadores a mejor su productividad, para la sostenibilidad de la medida.

La flexibilidad laboral para contratos por horas, días, labor, etcétera, debe ser amplia y se deben flexibilizar y facilitar las posibilidades de despido de los trabajadores que no quieren trabajar.

Se debe establecer una ruta clara, fácil y rápida de tributación; entiendo que está construida hace muchos años y se debe poner a funcionar.

Se debe propender por todos los medios incluir, ojalá a todos los colombianos, en la formalidad.

Se debe tener un inventario muy claro de las personas y familias que requieren Sisben, subsidio de desempleo, familias y jóvenes en acción, etcétera, para que estos recursos lleguen a donde deben llegar, buscando impedir estar en el sector formal, por ser más cómodo el sector informal.

Los partidos políticos y las iglesias, especialmente la nuestra, la católica, deben ser más asistencialistas sociales, formando roperos, bancos de alimentos, grupos de ayuda en educación, construcción de caminos, viviendas, etcétera, inclusive impulsar emprendimientos y negocios; tienen que pasar de ser los intermediarios empleadores del Estado, a verdaderos trabajadores de sus adherentes, copartidarios y amigos; que usted valla a un directorio político, a una iglesia y lo atiendan, le ayuden a solucionar su problema.

La justicia debe ponerse al día, hacer un plan de choque, no sé si deben ser 20 o 30 jueces por cada 100.000 habitantes, pero necesitamos pronta y cumplida justicia, para poder descongestionar las cárceles y buscar mejores condiciones, por lo menos más rehabilitadoras de la gran cantidad de presos que hay en el país y hacerle frente a la creciente delincuencia.

Seguramente habrá que hacer mucho borrón y cuenta nueva en muchas materias, que se han convertido en actividades normales, formales, legales e ilegales, para que puedan llegar a la legalidad, a la formalidad, generando empleos flexibles pero dignos, mejor dicho, abogados y economistas deben encontrarle una rápida salida a este crecimiento imparable de la economía de la informalidad.

El cuidado del agua, del medio ambiente y de la fauna en general debe ser remunerado, como los guardabosques de otras épocas.

El desarrollo del potencial agropecuario del país debe obedecer a planes, tipos, épocas, especies y semillas de siembras y cultivos, mucha capacitación y apoyo para que prime lo orgánico.

Se podría quedar uno acá enumerando mil cosas por hacer, pero todo depende de la voluntad de cambio y el acelerador que se le ponga, si no lo hacemos rápido, el terreno estará abonado para la llegada del comunismo, del socialismo, del castro chavismo y ya será muy tarde reaccionar.

Pienso qué hay que canalizar esfuerzos, muchas entidades haciendo lo mismo, que podrían unir sinergias para mayores rendimientos en los mejoramientos de calidad de vida.

Hay que apoyar a este gobierno, pero tiene que ser mucho más austero, más eficiente.

Que nuestro señor Jesucristo nos ilumine, nos dé las fuerzas suficientes, el valor y la tranquilidad para enfrentar toda la problemática y poder evitar la llegada del comunismo, del socialismo y del castro chavismo. Pero eso sí, esto depende de todos los colombianos, especialmente de los más poderosos, si es que quieren conservar el poder, si no, lo van a perder.