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martes, 14 de julio de 2026

La olla fiscal raspada y el fogón ardiendo

Andrés de Bedout Jaramillo
Andrés de Bedout Jaramillo

Este Gobierno —o mejor, desgobierno— próximo a terminar, se ocupó de subir el endeudamiento a tasas de usura y a cortos plazos, haciendo de los intereses el gran protagonista en la torta de los gastos del Estado. Presupuestalmente se convirtió en el Gobierno con menores ejecuciones y en el que mayor cantidad de compromisos de pago deja al entrante, además de ser el que más billones de pesos comprometió en vigencias futuras.

Entregó las EPS a interventores de su cuerda, quienes se encargaron de quebrar el sistema de salud, con las consecuencias que hoy sentimos los colombianos en las IPS (prestadores de salud), a las que no les llegan los recursos. La salud disputa los primeros puestos en la torta de gastos del Estado junto con intereses, pensiones y el Sistema General de Participaciones (SGP).

Destruyeron el sistema de defensa, que ocupa un lugar preponderante en los gastos del Estado, acabando con las inteligencias militar, policial y financiera; desmantelaron la aviación y el activo más importante y costoso: la cúpula de generales y coroneles capacitados, con mayor experiencia y conocimiento. Incluso acabaron con Indumil, poniéndolo a producir unos fusiles llamados “Jaguar”, que no pasaron las pruebas y representan un peligro para quien los use. Qué contrasentido. La recuperación de la seguridad costará muchísimos billones.

La estrategia electoral de subir el salario mínimo en forma desproporcionada hoy muestra sus efectos: inflación, desempleo e informalidad. Los datos del DANE entraron a cuidados intensivos; los convirtieron en mentirosos para sostener la equivocada retórica del comunismo de izquierda, dispuesto a seguir engañando a los incautos. Por ejemplo, las cifras de crecimiento del empleo formal no corresponden con las afiliaciones a salud, pensiones y riesgos, que decrecen sustancialmente.

El tema pensional, duramente golpeado por el incremento del salario mínimo, ocupa el primer lugar en los gastos del Estado. Colpensiones, manejada a las patadas como todo lo de este saliente gobierno, parece haber entregado el manejo de su base de datos para el pago de pensiones a una unión temporal, lo que tiene muy preocupada a la suspendida comisión de empalme.

Por el momento, estos cinco rubros punteros en el gasto público requieren atención urgente, mientras el gobierno saliente continúa, como loco y a las patadas, firmando contratos y realizando gastos escandalosos y dañinos, que obligarán a decisiones muy difíciles.

En mi sentir, tocará subir la edad de jubilación, haciendo entender que la tasa de natalidad ha disminuido y la expectativa de vida ha aumentado. Tocará eliminar el subsidio al combustible diésel, dejando los precios de pasajes y fletes al vaivén del mercado. Tocará reducir descuentos y exenciones tributarias que, viéndolo bien, no han sido detonadores de inversión ni decisivos en la fijación de precios de bienes y servicios. Entre ellas: energías renovables, economía naranja, hotelería y ecoturismo, pagos a personal científico, inversiones en activos fijos, energías limpias, vehículos eléctricos, contratación de jóvenes, excombatientes, discapacitados y mujeres víctimas, zonas francas, etc. Incluso habrá que estudiar una disminución en el IVA, incluyendo bienes y servicios que hoy gozan de exención.

La renegociación de la deuda en términos de plazo y tasas será un hecho. El apetito inversionista, las condiciones de seriedad y la seguridad física y jurídica se recuperarán rápidamente. La austeridad será notoria y medible. La corrupción no tendrá espacio y quienes la cometieron en este gobierno serán perseguidos y castigados.

Respecto a la declaratoria de guerra contra el narcotráfico, la extorsión y demás delitos que hoy afligen a nuestra nación, los delincuentes deben aprovechar las ventajas que trae la ley para el sometimiento voluntario. Jamás se debe volver a cometer el error de entrar en una guerra con el Estado, como la que en épocas que no queremos recordar nos tocó vivir a quienes tenemos más de 40 años.

La economía colombiana adolece de una diferencia entre ingresos y egresos de unos 50 billones, lo que obliga a un fuerte ajuste fiscal. El gobierno entrante, con decisión y responsabilidad, desde antes de la posesión ha empezado a enfrentar este reto, pidiendo al saliente no firmar contratos innecesarios —ni de obras, ni de prestación de servicios, ni laborales— ni realizar viajes innecesarios, como el último al Vaticano con comitivas no gubernamentales, con todos los costos de viaje, hospedaje y alimentación pagados con el erario, costumbre reiterada en este desastroso gobierno.

Ya se preparan decretos urgentes encaminados a congelar el gasto público y a acometer con la mayor inmediatez la reconstrucción de entidades como Ecopetrol y otras estatales que se encuentran en el más vergonzoso desgreño administrativo y caos financiero, ocasionados por irresponsables y corruptos administradores. Estos se irán descubriendo en la medida en que avance el proceso de empalme, cada vez más difícil por la ineptitud y escaso conocimiento de quienes entregan la información, seguramente intentando esconder mucha de ella para dificultar la labor de quienes la reciben y tendrán la responsabilidad de la reconstrucción institucional estatal.

El gobierno que asumirá el 7 de agosto trabaja a marchas forzadas con la banca nacional e internacional y demás organismos de crédito, para renegociar intereses y plazos, diseñando estrategias que permitan cumplir con la regla fiscal, recuperar la credibilidad y mejorar las calificaciones de riesgo país, hoy bastante deterioradas.

La ampliación del universo de contribuyentes, donde los procesos de formalización jugarán un papel muy importante, contribuirá además a los aportes en salud, pensiones y riesgos, que en forma tarifaria escalonada encontrarán atractivo su ingreso a la formalidad.

La lucha contra el contrabando y el narcotráfico requerirá de una colaboración muy especial de todos los colombianos que añoramos la seguridad. Conductas como comprar contrabando y tolerar lavado de dinero disfrazado en importaciones deben ser repudiadas socialmente y castigadas por la ley.

Muchas exenciones y deducciones tributarias desaparecerán, como las que hoy existen para bienes exentos del IVA. Tendrán que ser revisadas con lupa para tomar decisiones muy sensibles y difíciles, que seguramente generarán retóricas con impacto político y social, e incluso revueltas violentas de primeras líneas, que deberán ser reprimidas con decisión y cuidado por la vida.

Estas y otras medidas novedosas, encaminadas a un ajuste fiscal, buscan disminuir el déficit y garantizar la sostenibilidad de las medidas asistenciales en alimentación, vivienda y subsidios.

Que nuestro Señor Jesucristo ilumine y dé mucha fuerza al gobierno entrante. Nos esperan días muy difíciles que tendremos que recorrer, acompañando al gobierno del Tigre.

miércoles, 29 de julio de 2020

¿Recuperación sin ahorro?

Por José Alvear Sanín*

José Alvear Sanín

A raíz de la instalación del ¨Congreso, el gobierno ha presentado varias iniciativas que algunos comentaristas se han apresurado a calificar como el plan para la recuperación de la actual crisis.

Nadie puede negar que son valiosas propuestas en forma de planes sectoriales para la recuperación de empresas, gracias a la provisión de amplias facilidades crediticias, para dotar al país de infraestructura turística en 302 municipios y para fomentar lo que llaman e-commerce, principalmente.

Al lado de estas acciones, más o menos mediatas, el gobierno espera, para el 2022, generar nuevas exportaciones por US $920 millones y atraer inversión extranjera directa por US $11.500 millones. Ojalá estas expectativas se conviertan en hechos concretos.

Sin desconocer la importancia de proponerse metas ambiciosas, hasta ahora falta abordar los temas fundamentales relativos a las finanzas y al gasto público.

Como el país saldrá de la pandemia inmensamente endeudado, con mínimas exportaciones de petróleo y carbón, es previsible una aguda escasez de divisas. Además, habrá millares de empresas quebradas, desempleo superior al 20% de la fuerza laboral, reducción del recaudo de los impuestos sobre ventas y renta. Los fiscos locales experimentarán altísimo debido cobrar por predial y reducción inevitable en los impuestos de industria y comercio. Y como si fuera poco, habrá que atender el servicio de la deuda externa con dólares de 4 o 5.000 pesos, en vez de dólares de 2.500 o 3.000 pesos.

Frente a ese panorama aterrador habrá que apelar a expedientes como: 1. Liquidar reservas internacionales (lo que puede conducir a mayor devaluación del peso, con su incidencia en el servicio de la deuda). 2. Emitir, emitir y emitir (envileciendo la moneda y empobreciendo aun más a las clases desfavorecidas), y 3. Incrementar los impuestos sobre sujetos tributarios exhaustos.

Hasta ahora solo se ha considerado esa tercera opción, a todas luces incapaz de colmar el déficit de tesorería, y menos aun de equilibrar el presupuesto.

No obstante, hay quienes proponen crear una renta básica universal y nadie se atreve a cuestionar los inmensos presupuestos que se desprenden del Plan de Desarrollo de la actual administración.

Ahora bien, si el gobierno se empeña en ejecutar ese plan, todo tendrá que hacerlo a debe. Pero, ¿queda capacidad en la economía nacional para suministrarle esos recursos al Estado? ¿O habrá bancos extranjeros dispuestos a suscribir empréstitos colombianos?

La sola magnitud del déficit de los gastos de funcionamiento y del servicio de la deuda, hace pensar que endeudarse para pagar sueldos y amortizar empréstitos nos llevaría en pocos años a niveles de endeudamiento tipo Grecia o Argentina, es decir, al descalabro absoluto. Y si además se tomase dinero para las inversiones, ¿hasta dónde llegaría el endeudamiento total?

Nadie en sano juicio seguiría el camino del endeudamiento astronómico, así encontrase prestamistas aventureros y especuladores ‒que siempre hay‒ dispuestos a arriesgarse en un país posiblemente inviable.

¿Cuánto tiempo pasará antes de que llegue una recuperación que haga posible el equilibrio fiscal y presupuestal y el retorno a la normalidad económica? En el mejor de los casos tendremos cuatro o cinco años antes de volver a la senda del crecimiento y el progreso.

Por esa razón es inexplicable que nadie quiera decirle al país que habrá que olvidarse del Plan de Desarrollo (que incluye 39 billones en el cuatrienio, para “cumplirles” a las FARC con inversiones tóxicas), que habrá que aplazar el impagable Metro de Bogotá (cuyo costo ya ha subido unos 4 billones debido a nuestra devaluación); que los tranvías o trenes ligeros prometidos a Medellín no son prioritarios; que hay que desistir del muy costoso (se habla de US $300 millones) voto electrónico, letal además para la democracia.

Ahorro y austeridad, aunque a ningún político le suenan esas palabras, pero habrá que volver a sueldos públicos moderados, a congresistas y magistrados que no cuesten 70 u 80 millones mensuales (ahora tienen emolumentos enormes y están acompañados de abundante séquito burocrático). Tenemos que privatizar empresas oficiales y reducirnos a 10 o 12 embajadas (apenas con un jefe de misión y una secretaria, en oficina modesta), porque ¿qué hacen centenares de embajadores, primeros y segundos secretarios, agregados de lo uno y lo otro, choferes y carros de lujo, en multitud de países que poquísimo nos compran y donde no se nos conoce ni aprecia?

También habrá que decir adiós a “altos” consejeros, magistrados auxiliares, nóminas paralelas, empleados innecesarios, y liquidar centenares de agencias, comisiones y programas no esenciales. ¡Ah, y los deliciosos carros oficiales, cocteles, comisiones al exterior y contratos para promover personajes y políticas!

¡Despilfarrar o ahorrar, he ahí la cuestión! ¡Reconstrucción nacional o catástrofe!, porque si la austeridad no se convierte en la norma suprema del gasto público, el país puede descuadernarse hasta los niveles requeridos para que el desastre electoral nos condene, en 2022, a repetir la experiencia de Venezuela.

***

¡Y como lo hace notar Eduardo Mackenzie, las opulentas embajadas ni siquiera rebaten la desinformación falsa, sesgada o calumniosa contra Colombia que aparece rutinariamente en los grandes medios!