La corrupción se resiste a ser erradicada

Luis Alfonso García Carmona

El trámite de empalme entre los gobiernos saliente y entrante no fue posible cumplirlo conforme a nuestra tradición democrática por la negativa del régimen petrista a reconocer la legitimidad del presidente elegido por la mayoría de los colombianos en un proceso electoral transparente y avalado por las veedurías internacionales.

La razón oculta detrás de esa irracional posición era la de evitar a toda costa que se develara la verdadera magnitud del monumental saqueo al erario protagonizado por Petro y su banda de criminales. Hasta el último instante de su período, continuaba el petrismo su depredadora expedición de nombramientos y celebración de contratos para agotar las arcas –presentes y futuras– del Estado.

Con la anuencia de las mayorías del Congreso, obtuvo el expresidente Petro permiso para ausentarse del país durante un año, en lugar de poner la cara a las numerosas denuncias e investigaciones por corrupción que enfrenta su gobierno. Flaco servicio a la transparencia le prestaron los senadores que aprobaron tan inconveniente autorización.

No conformes con semejante desaguisado, designaron las mayorías del Congreso un nuevo contralor cuya principal obligación consiste en perseguir toda malversación de los recursos del Estado, pero su primer acto fue comprometerse a designar como vicecontralor a un representante del Pacto Histórico, o sea, del partido defensor del cuestionado gobierno vinculado a mayúsculos escándalos de corrupción en el pasado cuatrienio.

Con semejante panorama nos permitimos dudar de que se puedan cumplir las metas propuestas para erradicar la corrupción y castigar a quienes participaron en el asalto a los recursos fiscales en los últimos 4 años. Al fin de cuentas, la acción del Estado se cumple a través de sus funcionarios. Si estos tienen otros compromisos diferentes a los de la naturaleza de su cargo, no podrá esperarse resultado alguno de su gestión.

Creemos desde hace tiempo que es imprescindible una reforma de los organismos de control, tanto en el ámbito nacional como regional, pues en la actualidad no dejan de ser un botín burocrático aprovechado por los caciques políticos y que funciona como un relojito: “yo te nombro contralor y tú me nombras un amigo en la vicecontraloría”.

Pero debemos ser realistas y, ante todo, pragmáticos. Ni el presidente está interesado en embarcarse en una reforma constitucional pues tiene una inaplazable agenda para este período, ni será fácil que los políticos de siempre renuncien a sus privilegios. Propusimos en cambio una reforma más general consistente en elevar a norma constitucional la obligación de que todos los funcionarios públicos, salvo los que deban ser elegidos por votación popular, sean designados por concurso de méritos. Si observamos lo que ocurre en los países donde esta norma está vigente, concluimos que los cambios electorales no afectan la estabilidad del aparato estatal y se obtiene una mayor eficiencia y compromiso por parte de los servidores públicos.

Sin embargo, hay una fórmula al alcance del señor presidente, que no requiere el engorroso e impredecible paso por el Congreso. Tiene el primer mandatario potestad para crear y designar consejeros presidenciales para temas específicos que actúan bajo su directa supervisión. La sugerencia, respetuosa y comedida, por supuesto, es que sean eliminadas la Consejería para la Reconciliación Nacional y el Alto Comisionado para la Paz y, en su lugar, se cree la Consejería para la Lucha contra la Corrupción. Entre sus funciones estarían las de recopilar toda la información sobre presuntos delitos relacionados con la corrupción, sus responsables, cómplices y auxiliadores; la persecución de activos fraudulentamente obtenidos con la corrupción, la elaboración de proyectos de ley y de decreto para derrotar a la corrupción, la formulación de denuncias penales y el seguimiento de los procesos. En una palabra, sería un verdadero “zar anticorrupción” que el país requiere sin lugar a duda.

Audacia y creatividad para combatir la corrupción

Luis Alfonso García Carmona

La escalofriante publicación que hace el senador Enrique Gómez Martínez en su sitio web sobre los 3.3 billones de pesos que acaba de derrochar el presidente saliente en una maratón de contratos a dedo es inimaginable y requiere una reacción drástica e inmediata para salvar lo poco que queda de los recursos fiscales.

En los últimos 10 días se han dedicado los dirigentes políticos, los medios de comunicación y gran parte de la sociedad a temas que carecen de la trascendencia del monumental saqueo que se está perpetrando a los ojos de todos y que dejará un terrible impacto en las finanzas públicas y en los programas proyectados para el bien de la sociedad.

El tema de la corrupción es recurrente y ya dejó de ser noticia en este vergonzoso período presidencial. Cabe aquí preguntarnos: ¿Por qué ningún gobierno ha enfrentado con eficacia esta crisis endémica de nuestra sociedad?

En primer lugar, por falta de voluntad política para hacerlo. Nuestras costumbres han fincado la supervivencia de los partidos en el mantenimiento del poder, en el usufructo de las mieles del presupuesto, la burocracia y la contratación. Los valores morales, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la ética en la administración del Estado no pasan de ser vacías consignas de campaña, de las cuales nadie se acuerda a la hora de gobernar.

En segundo término, nunca se han atacado las causas que originan la corrupción. Esporádicamente los entes de control intervienen para poner a disposición de la justicia a los presuntos responsables de actos corruptos; algunos salen libres por vencimiento de términos; otros pagan unas condenas irrisorias con el beneficio de la casa por cárcel, desde la cual siguen delinquiendo; otros, con inmensas fortunas a su disposición y conexiones con los dirigentes políticos, logran su libertad y disfrutan muy orondos del producto de sus fechorías.

Queremos creer que ha llegado la hora de que este funesto mal sea erradicado de nuestro país. Después de la elección de Abelardo de la Espriella como próximo presidente de los colombianos está asegurada esa voluntad política que hasta ahora ha faltado.

Sólo resta que en esta oportunidad no cometamos los mismos errores y vamos al meollo del problema con una solución integral, audaz y creativa, que abarque los siguientes aspectos fundamentales:

1.- Debe reducirse drásticamente el tamaño del Estado en todas sus ramas y a todo nivel. La corrupción encuentra facilidades en paquidérmicas organizaciones difíciles de controlar.

2.- Toda persona que preste funciones públicas en cualquier rama del Estado y a todo nivel, debe ser escogida por méritos, con conocimientos y formación adecuada para el cargo que va a desempeñar, con excepción de los que sean elegidos por votación popular,

3.- En todas las entidades del Estado se implementará la carrera administrativa, que garantice que todo ascenso o cambio en los cargos se realice mediante concurso de méritos. Vale la pena tramitar estas profundas reformas constitucionales antes de que seamos aniquilados por la rampante corrupción. Y si el Congreso no está a la altura de las circunstancias, seamos audaces para pedir su aprobación al constituyente primario.

4.- Debe revisarse la legislación sobre contratación para eliminar la contratación de bienes o servicios por fuera de un proceso de licitación. Se dejará solamente la excepción para compras de mínima cuantía y para casos de emergencia por desastre natural, en los cuales se aplicarán especiales auditorías.

5.- Debe reformarse la ley penal para revisar la penalidad de los delitos relacionados con corrupción, castigar severamente a todos los participantes, eliminar los beneficios de casa por cárcel, excarcelación provisional y subrogados penales. Quien sea condenado no podrá por el resto de su vida, contratar con el Estado ni ejercer funciones públicas.

6.- Debe existir, como lo ha propuesto el señor presidente electo, un comité o dependencia dependiente de la Presidencia que se encargue de la recuperación de todos los bienes defraudados al Estado mediante la corrupción, y de la intervención en los procesos penales que se adelanten contra los corruptos para garantizar que no duerman el sueño de los justos.

El Estado debe actuar como protector eficiente de su patrimonio y, en consecuencia, debe denunciar ante los tribunales competentes todo acto de corrupción del cual tenga conocimiento y aportar las pruebas que haya recaudado.

7.- Toda irregularidad cometida por un funcionario público en materia de manejo transparente de los recursos fiscales debe ser sancionada con su despido inmediato. Los superiores o jefes del infractor que oculten el hecho o se abstengan de denunciarlo serán sancionados con la misma medida de despido.

Ganar las elecciones no es suficiente

Luis Alfonso García Carmona

Con el correr de los días se agiganta aún más la perspectiva de la gesta patriótica librada por Abelardo de la Espriella y los Defensores de la Patria para derrotar en las urnas al candidato del gobierno más corrupto y pernicioso de toda nuestra historia.

Atrás quedó el argumento de que la victoria fue tan solo de 250 000 votos, una vez que se ha comprobado la monumental corrupción patrocinada por el gobierno petrista, en favor del perdedor, a través de toda clase de trampas como la de reparto de dineros en vísperas electorales, la profusa celebración de contratos para aumentar la burocracia, las concesiones a guerrilleros para que colaboraran en la campaña, el constreñimiento a los votantes en zonas apartadas y la ilegal participación en política por parte del presidente en medio de la mayor impunidad.

Se abre, por supuesto, un paréntesis de esperanza para el pueblo colombiano, confirmado por los anuncios del presidente electo y de su brillante equipo sobre las medidas que adoptarán para revertir el monstruoso daño que deja como legado la extrema izquierda.

Pero dejaríamos de ser responsables si no advertimos que la corrupción que padecimos durante 4 años tiene su origen mucho antes de la época electoral. Los mismos ciudadanos que votaron en esta oportunidad volverán a hacerlo dentro de 4 años y lo harán muchos de ellos bajo las mismas presiones de la falacia comunista. Ya asoman las primeras señales de la estrategia que adelantará la oposición. Comienzan por desconocer la legitimidad de las elecciones para pasar al intento del golpe de estado que preparan con sus aliados, los facinerosos de todos los pelambres. Desarrollarán una narrativa falaz y sin pausa contra todas las actuaciones del nuevo mandato y, al final, encontrarán en la “batalla del lenguaje” los instrumentos para manipular a las masas y regresar al poder.

Paralelamente al desarrollo del completo programa de gobierno enmarcado como la “Patria Milagro”, debemos todos, el gobierno y los ciudadanos de a pie, complementar el triunfo obtenido en las urnas con la victoria en la batalla cultural.

Quienes influyen en la formación de los futuros ciudadanos, tienen en sus manos el destino del país y la solidez del sistema democrático. Me atrevería a proponer unas cuantas acciones básicas al respecto:

a. Intervención a fondo en la educación para desterrar el adoctrinamiento en la doctrina marxista y en la teoría LGTB. Intensificar la enseñanza de principios y valores espirituales sobre la honestidad, la responsabilidad, el respeto por los derechos ajenos, el progreso personal a través del esfuerzo y del mérito, el amor por la patria, la solidaridad con los necesitados, el respeto al Estado de derecho y a los principios democráticos.

b. Protección a la familia, como el punto de partida para la formación de los futuros ciudadanos. Hay que dar especial protección a las madres solteras, establecer sistemas para que obtengan ingresos suficientes como emprendedoras o madres cuidadoras, y proporcionarles facilidades para su educación. Mientas la población permanezca en la ignorancia será fácilmente manipulada por los populistas sin escrúpulos ni moral. Fortalecer la institución familiar penalizando el aborto y rodeando de ayuda a las solteras embarazadas.

c. La izquierda aprovecha el nuevo lenguaje con el cual pretende seguir instrumentalizando a las masas poco informadas. No puede caer la democracia en la ingenuidad de seguir patrocinando eventos dizque culturales o de entretenimiento que tienen un sesgo abiertamente izquierdista. Asimismo, se encuentran multitud de ONGS, corporaciones, publicaciones, centros de estudio, etcétera, con disfraz intelectual o comunitario, que reciben ayudas estatales para financiar su proselitismo. Los medios de comunicación estatales como los que tienen presencia en las redes sociales, la televisión y la radio deben asumir el papel de educadoras de la sociedad con programas acordes con la defensa del Estado de derecho, la convivencia pacífica, la búsqueda del bien común y el sistema democrático

Recientemente el escritor Pierre Claire, en su artículo titulado “La infiltración cultural que sobrevive a las derrotas electorales” expresa:

“Este mecanismo interesa directamente a una región donde la derecha encadena victorias electorales espectaculares desde hace 3 años, de Colombia a Perú o Argentina. Ganar una elección es recuperar un edificio; reconquistar el país o el lenguaje es una obra mucho más lenta y difícil que cualquier mandato presidencial.

Si las nuevas derechas latinoamericanas no libran también esa batalla cultural en las escuelas, la universidad, los medios o las administraciones, terminarán gobernando sin gobernar realmente.

Los mandatos que los ciudadanos van a considerar decepcionantes por alejarse de las promesas iniciales serán como un simple paréntesis, teniendo en cuenta que la izquierda nunca ha sido derrotada de verdad.”

De cara al porvenir: mecanismos para combatir la corrupción

Pedro Juan González Carvajal

La corrupción no es un problema de “manzanas podridas”, sino de canastas mal diseñadas. Mientras existan monopolios de decisión, discrecionalidad sin trazabilidad y baja probabilidad de sanción, el incentivo a corromper persiste. Las leyes penales solas no alcanzan. Se requieren mecanismos que cambien la arquitectura del poder: que reduzcan la oportunidad, aumenten la detección y suban el costo. A continuación, propongo cinco mecanismos factibles, novedosos y eficientes, pensados para operar en contextos como el latinoamericano, con capacidad estatal limitada, pero con alta penetración tecnológica.

Es obvio que la principal herramienta para combatir la corrupción sería el aspecto cultural y educativo, donde la sociedad y el individuo valoren en su verdadera dimensión los comportamientos legales, morales y éticos y los apliquen y los vivan en su día a día.

Otra herramienta sería el castigo extremo, propio de ciertas culturas como amputar la mano al ladrón, azotes o latigazos, la cárcel con trabajos forzados, la cadena perpetua o aún la pena de muerte.

La sanción social, la exposición pública, la humillación y la vergüenza pública deberían ser herramientas para emplear contra el corrupto.

También pensar en la extinción del dominio patrimonial hasta el tercer grado de consanguinidad para los culpables de corrupción y la devolución completa de lo robado.

Hay que asegurar que la Auditoría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación cumplan verdaderamente con su función técnica e independiente.

He aquí, algunas propuestas de combate contra la corrupción:

1. Contratación pública 100 % programable con “contratos inteligentes”

Problema: el 70 % de la gran corrupción ocurre en contratación estatal. Pliegos amañados, adendas, sobrecostos.

Mecanismo: migrar toda la contratación menor y mediana a plataformas tipo blockchain (Un blockchain -cadena de bloques- es un libro de contabilidad digital, descentralizado, distribuido e inmutable que registra transacciones o datos de forma segura, transparente y cronológica. Funciona mediante bloques encadenados criptográficamente, lo que impide modificar o borrar la información una vez registrada, sin necesidad de intermediarios). Es pública donde los pliegos, ofertas y pagos se ejecuten como smart contracts (Un smart contract -contrato inteligente- es un programa informático almacenado en una cadena de bloques o blockchain que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen condiciones predefinidas. Actúan como acuerdos digitales autoejecutables, eliminando intermediarios, reduciendo costos y garantizando transacciones seguras, transparentes e inmutables).

* El pliego se publica en código abierto y cualquier cambio queda registrado.

* Las ofertas se cifran y solo se abren cuando se cumple el plazo, eliminando filtraciones.

* El pago se libera automáticamente contra verificación de entregables por sensores o terceros auditores, sin firma de funcionario.  

Factibilidad: Colombia ya tiene SECOP II y cédula digital. Países como Estonia licitan infraestructura TI así. El costo de implementación es menor que lo que se pierde en un solo cartel de contratación.

Por qué es eficiente: elimina la discrecionalidad del “me pagas y te firmo el acta”. Si no hay humano que detenga el pago, no hay mordida.

2. Soborno inverso: recompensas automáticas a denunciantes con trazabilidad financiera

Problema: quien denuncia corrupción arriesga su empleo y su vida, y rara vez recibe algo.

Mecanismo: crear un fondo anticorrupción financiado con un 10 % de lo recuperado en procesos por corrupción. Cualquier ciudadano o funcionario que aporte evidencia que lleve a condena y recuperación de activos recibe entre 5 % y 15 % del monto, con identidad protegida y pago en criptomonedas o cuentas en el exterior si hay riesgo.

Novedad: no es solo protección al denunciante. Es convertir al ciudadano en auditor con incentivo económico directo. EE. UU. usa algo similar con la False Claims Act y recupera 20 dólares por cada 1 invertido. La Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act o FCA, 31 U.S.C. §§ 3729-3733), también conocida como "Ley Lincoln", es una ley federal estadounidense de 1863 que impone responsabilidad civil y penal a personas o empresas que defraudan programas gubernamentales. Es la principal herramienta contra el fraude, permitiendo a denunciantes (whistleblowers) presentar demandas en nombre del Gobierno bajo la cláusula qui tam, recibiendo entre el 15 % y el 30 % de lo recuperado.

Factibilidad: requiere solo una ley y cooperación con UIAF (La UIAF -Unidad de Información y Análisis Financiero- es la unidad de inteligencia financiera de Colombia, adscrita al Ministerio de Hacienda. Su función principal es prevenir y detectar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, analizando reportes financieros para identificar actividades sospechosas) y Fiscalía. La tecnología para pagos anónimos ya existe.

Por qué es eficiente: sube el costo esperado de corromperse. Hoy la probabilidad de castigo es baja. Si cada subalterno es un potencial denunciante millonario, el riesgo se dispara.

3. Algoritmos de “bandera roja” en tiempo real sobre gasto público

Problema: las contralorías auditan años después, cuando la plata ya se perdió.

Mecanismo: obligar a que todo pago del Estado pase por un sistema central que corra modelos de IA entrenados para detectar patrones anómalos: fraccionamiento de contratos, sobreprecios vs. mercado, proveedores recién creados con un solo cliente, giros a las 11:59 p. m., el 31 de diciembre.

Cuando salta una “bandera roja”, el pago se congela 72 horas y se notifica a una veeduría ciudadana rotativa y a la Procuraduría. Si no hay justificación, no se gira.

Factibilidad: la DIAN ya usa analítica para evasión. Brasil usa el sistema Alice con este fin desde 2019.

Por qué es eficiente: pasa del control post-mortem al control preventivo. Es más barato detener un giro de 500 millones que intentar recuperarlos 5 años después.

4. Servicio civil por sorteo para cargos de alta tentación

Problema: los cargos que manejan licencias, aduanas, permisos y contratación son botines políticos. Se nombra al amigo del padrino.

Mecanismo: para direcciones de contratación, inspección, licencias e interventoría, crear un cuerpo de administradores públicos certificados. Quienes pasen pruebas técnicas y de integridad entran a un pool. El cargo específico se asigna por sorteo público, con periodo fijo de 3 años, sin reelección y con salario alto.

Novedad: copia la lógica de jurados en EE. UU. o de la lotería de consejeros en la Atenas clásica. Rompe la cadena padrino-ahijado.

Factibilidad: no requiere reforma constitucional. Se puede pilotear en alcaldías y gobernaciones por acuerdo o por ordenanza.

Por qué es eficiente: Si no sabes a quién vas a sobornar porque el cargo se define mañana por balotas, el soborno precontrato se vuelve inviable.

5. Transparencia radical de beneficiarios finales en una capa ciudadana

Problema: el contratista es una SAS creada ayer, cuyo dueño es otra empresa en Panamá.

Mecanismo: toda persona natural que sea beneficiario final de un contrato estatal mayor de 50 millones debe tener perfil público y verificable: foto, cédula, declaración de renta resumida y conflictos de interés. Esa información va a una App donde cualquier ciudadano puede ver “quién se ganó qué” en su municipio, cruzarla y reportar.

Novedad: no es solo registro en Cámara de Comercio. Es ponerle cara y patrimonio al contratista. La vergüenza pública y la presión social son disuasivos reales.

Factibilidad: la Ley de Beneficiarios Finales ya existe, solo falta volverla visible y usable en móvil.

Por qué es eficiente: la corrupción ama la oscuridad. Cuando el vecino puede ver que la empresa de la esposa del alcalde se ganó 20 contratos, el costo reputacional aparece.

Como conclusión podríamos decir que para combatir la corrupción no requiere más leyes, sino mejores diseños. Los cinco mecanismos propuestos comparten tres principios: 1) Quitan discrecionalidad al humano y la pasan al protocolo, 2) Suben la probabilidad de detección antes de que el daño ocurra, y 3) Alinean incentivos para que denunciar pague más que callar. Son factibles porque usan infraestructura que ya existe. Son novedosos porque tratan al ciudadano como auditor, no como víctima. Y son eficientes porque atacan la oportunidad, no solo el acto. La corrupción no se elimina, pero sí se puede volver un mal negocio.

No solo se requieren discursos y denuncias teóricas, si no verdadera voluntad social y política para acabar con este grave problema.

Mientras los gobiernos mediocres y los ciudadanos borregos sigamos proponiendo y aceptando permanentemente reformas tributarias para aumentar los ingresos de los gobiernos de turno en vez de atacar frontalmente la corrupción, todos, sin excepción, deberíamos ser considerados como cómplices y obviamente como estúpidos.

De cara al porvenir: mi pobre Colombia

Pedro Juan González Carvajal

Privilegiada en recursos naturales como ninguna, con una ubicación geográfica incomparable, con una población ladina, pero también alegre y resiliente, Colombia es la demostración palmaria de la paradoja, donde se tiene todo para estar bien, pero donde hacemos todo lo que haya que hacer para no estarlo y donde aquello de “para qué hacerlo fácil, si lo podemos hacer difícil”, es el pan de cada día.

Con una clase dirigente históricamente mediocre, no hemos podido construir un proyecto de país factible, viable, sostenible y sustentable y donde las élites han hecho lo necesario para perpetuarse en el poder, jamás pensando en resolver los problemas que hay que resolver, sino más bien aprendiendo a coexistir con ellos, sin importar los costos y siempre posponiendo los resultados que la gran mayoría de los colombianos seguimos esperando desde nuestro fallido intento de convertirnos en república independiente hace ya un poco más de 200 años.

En un dicho mío, “Manteniendo el despelote bajo control”.

Jorge Luis Borges visitó Colombia, sintiéndose conmovido por su hospitalidad y generosidad y definió la identidad colombiana con la célebre frase "Ser colombiano es un acto de fe", sugiriendo que la existencia del país y su identidad superan la lógica, basándose en la perseverancia, la superación de adversidades y la fe en sí mismos.

Paralelamente yo diría que “Colombia pervive y sobrevive a pesar de sí misma”.

En medio de una pobre campaña presidencial, los lugares comunes, el pasar de agache ante la necesidad de presentar respuestas y propuestas para tratar de soliviar los problemas de siempre, estamos ante un espectáculo que nos permite, en términos de forma, argumentar que tenemos una verdadera democracia, cuando lo que en realidad tenemos es un verdadero remedo de democracia, constreñida por la politiquería más burda, impulsando la figura del democraterismo.

Muy a mi pesar el tema central de campaña es la seguridad, asunto que nos ha envuelto durante toda nuestra vida republicana, obviamente reconociendo la aparición de nuevos actores con nuevos intereses a través del tiempo. Pero resulta como menos desconsolador que Colombia sea el único país del planeta que todavía hable de guerrilla al finalizar el primer cuarto del Siglo 21, lo cual quiere decir, sin ningún tipo de excusa, que vivimos atados al pasado, debido a nuestra incapacidad del reconocimiento de la existencia de la modernidad y nuestra negligencia para incorporarnos a ella.

En Colombia no hemos podido o querido entender que quiere decir desarrollo, que quiere decir desatrase y que quiere decir reconstrucción, acompañado esto con el histórico principio de no darle continuidad a aquellos programas que funcionan, que atienden verdaderas necesidades, pero que no fueron propuestos e implementados por el gobernante de turno, en una muestra palmaria de egoísmo, irresponsabilidad y vanidad ligera, asociada a la idea de creerse o considerarse como un nuevo Adán.

A hoy 1.32 millones de hogares no tienen acceso a electricidad. Entre 3.2 y 5.0 millones de hogares no tienen acceso a agua potable. El déficit actual de vivienda es de 5 millones de unidades. Y a pesar de conocer estos terribles números, ningún candidato ha mostrado interés real por el asunto y mucho menos para presentar un plan a X años para superar estos déficits endémicos.

Eso sí, todos dicen que la educación y la salud son muy importantes y a pesar de las respectivas crisis en las cuales están sumidas, nadie propone nada concreto, pues estos temas los hemos convertido en asuntos muy importantes, manejados como lugares comunes y tratados y liderados por quienes no son especialistas reales en dichos temas.

Ningún candidato se atreve a proponer cómo cumplir con los mandatos constitucionales que se expresan en derechos para los ciudadanos, a partir de su viabilización económica.

Aquí está la verdadera revolución: ningún candidato tendría que esforzarse en enumerar los problemas a solucionar que ya todos conocemos y padecemos. Lo que hay que hacer es convertir en realidad los derechos constitucionales establecidos.

Para equilibrar las cargas, es a partir de una buena educación que se prepara a los ciudadanos para que, así como tienen derechos, sepan identificar y cumplir con sus deberes.

No sabemos que es tener verdaderos estadistas. Digamos que hemos tenido poquísimos buenos gobernantes, entre quienes me atrevo a mencionar sin reato a Simón Bolívar, a Francisco de Paula Santander, a Rafael Reyes, a Alfonso López Pumarejo, a Mariano Ospina, a Carlos Lleras y a Virgilio Barco.

Llenos de leyes hasta el ahogamiento y el estrangulamiento de una capacidad de acción y ejecución fluida, creemos y consideramos que lo que no sea Ley no existe y que por el solo hecho de aprobarla, los problemas se resuelven por arte de birlibirloque.

Eso sí, hecha la Ley hecha la trampa, pues pareciera ser que nos encanta estar permanentemente ubicados entre esa delgadísima línea entre lo legal y lo ilegal.

Qué pesar de mi muy amada Colombia, tan rica, tan exuberante, tan diversa, pero tan mal manejada, tan corrupta, tan mal habitada y tan mal querida.

Ya es hora de irnos preguntado seriamente si a estas alturas del partido, ante una falta completa de conciencia geográfica e histórica por parte de la gran mayoría de los mal llamados ciudadanos, sí somos o no un proyecto societal fallido.

Aunque suene a arenga desgastada, seguiré insistiendo: ¡Todo por Colombia, nada contra Colombia!

De cara al porvenir: cronología inicial de un nuevo período de corrupción

Pedro Juan González Carvajal

La imagen caricaturesca es presentada en el periódico El Tiempo del 11 de marzo de 2026 y refleja la desazón que produce el haber recorrido ya este camino durante varios períodos de gobierno ante los resultados de unas elecciones al Congreso de la República que no logran establecer mayorías.

En marzo 8 de 2026: se elige un nuevo Congreso sin llegar a consolidar mayorías claras por ningún partido político participante.

Entre los candidatos existen 20 con problemas judiciales y a los pocos días 2 candidatos electos son detenidos formalmente.

Antes de marzo 13 se eligen las fórmulas vicepresidenciales después de un juicioso cálculo político.

Entre marzo 08 y mayo 31 se da el denominado “juego de alianzas” (El Tiempo marzo 10 de 2026, página 1).

Período de componendas, negociaciones y alianzas para ir construyendo mayorías de cara a la primera vuelta presidencial.

De mayo 31 a junio 21 y a julio 20 (fecha de instalación del nuevo Congreso) y ya conocido el nombre del nuevo presidente en primera vuelta, o definidos los nombres de los 2 candidatos que van a segunda vuelta, ya es el nuevo mandatario quien busca el alineamiento de fuerzas para configurar su “coalición de Gobierno”.

Aquí es donde aparecen los nombres eufemísticos para decorar los conceptos de sobornar, corromper, cohechar, y comprar, entre otros, y nos encontramos entonces ante expresiones folclóricas comúnmente aceptadas y reconocidas para referirse al hecho de cómo dar o entregar: mermelada, mantequilla, jalea, sirope, miel, grasa, crema, aceite, brea, cera, goma, entre un sinfín de apelativos muy ocurrentes y creativos, a cambio del apoyo que requiere el Gobierno para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso, es decir, lo que los expertos denominan como garantizar la gobernabilidad.

También se recurre a denominaciones más prosopopéyicas como “cupos indicativos”, “auxilios parlamentarios”, “convenios interadministrativos” y “proyectos de inversión regional”.

Es en este punto y hora cuando se desnuda la fatalidad de no manejar un concepto claro como el de gobierno - oposición, de enorme beneficio para una verdadera democracia. Usted no puede hacer oposición formal si está participando y disfrutando de las mieles de “la teta presupuestal” y de la posibilidad de buscar “puestos” para sus amigos, parientes o seguidores. Gobierna el ganador con los suyos, y los otros, los perdedores, se dedican a hacer una verdadera oposición a través del control político, la discusión profunda de los proyectos de ley que presenta el gobierno y/o la presentación de proyectos alternativos.

De junio 21 a julio 20 fecha de instalación del nuevo Congreso, se dan las negociaciones para elegir las mesas directivas de Senado y Cámara, así como la definición de las directivas de las distintas comisiones constitucionales.

Así mismo, desde mayo 31 o desde junio 21 (esto si hay primera y segunda vuelta) y hasta el 7 de agosto, fecha de posesión del nuevo presidente, se trabaja en la configuración del gabinete ministerial y la definición de las cabezas de los distintos altos cargos de la administración pública a través del poder ejecutivo en el ámbito nacional, donde se define la representación de los miembros de la coalición de gobierno en el Gobierno que se inicia.

A partir del 7 de agosto, ¡que comience el festín!

No nos demos por vencidos y esperemos que esta noria histórica, que nos ha llevado al estado de cosas actual, no se perpetúe generación tras generación.

¡Todo por Colombia, nada contra Colombia!

La corrupción

Pedro Juan González Carvajal

Para Sócrates la corrupción aparece cuando alguien se aparta de la verdad, la justicia y la virtud. Consideraba que nadie hace mal a propósito, sino por ignorancia del bien.

Para Platón la corrupción es la degeneración de las formas de gobierno, cuando los gobernantes dejan de buscar el bien común y empiezan a servir a sus propios intereses.

Para Aristóteles la corrupción es el desvío de la finalidad natural del hombre: en lugar de buscar el bien común, busca intereses privados. Es la transformación del poder en tiranía.

Para Buda y el budismo, la corrupción no es solo un acto de abuso de poder (como en la política), sino una manifestación profunda del apego (tanha), la ignorancia y los tres venenos mentales (codicia, odio, ilusión) que generan sufrimiento (dukkha) y obstaculizan el camino a la Iluminación, llevando a la deshonestidad, el engaño y el desvío de recursos para beneficios egoístas, violando principios de integridad y generosidad. Se ve como una desviación del camino correcto, un quebrantamiento de votos monásticos (en el caso de monjes) y una falta de respeto por la honestidad y la compasión, afectando la comunidad y la vida espiritual. 

Para Confucio, la corrupción es una profunda falla moral y de gobierno que traiciona el propósito del Estado (servir al pueblo) y se manifiesta en el abuso de poder por parte de funcionarios, impidiendo la prosperidad y la justicia, y llevando al desorden, donde la riqueza se vuelve vergonzosa y la pobreza, una marca de mal gobierno, ¡resultando en una sociedad desequilibrada y falta de Ren (Benevolencia) y Yi (Justicia). 

Para Jesucristo y la enseñanza cristiana, la corrupción es una decadencia moral y espiritual profunda, un estado de la naturaleza humana alejada de Dios, manifestada en egoísmo, injusticia, idolatría de lo material, y que instrumentaliza a las personas para fines egoístas, contrariando el bien común y la voluntad de Dios, siendo denunciada por Él como una cueva de ladrones que explota a los pobres. 

Para Santo Tomás de Aquino, la corrupción es una desviación del bien y del orden natural, manifestándose como un mal físico (lo que se deteriora o decae, como la muerte) y un mal moral (el pecado, que desordena la voluntad hacia fines equivocados, como el fraude o el engaño en el comercio, violando la justicia y la razón), que va contra la ley divina y el bien común, aunque las leyes humanas permitan ciertas imperfecciones para mantener el orden social, pero no aquellas que violen la ley divina.

Para Maquiavelo, la corrupción es la decadencia de la virtud cívica en ciudadanos y gobernantes, donde se priorizan los intereses personales sobre el bien común, llevando a la desintegración social, la inestabilidad y la pérdida de la libertad, abriendo la puerta a la tiranía al debilitar las instituciones y la unidad republicana, siendo la desigualdad y la falta de vigilancia factores clave. 

Para Kant, la corrupción no es solo un acto individual, sino una inclinación del ser humano hacia el amor propio egoísta (humanidad) que subordina el deber moral (razón práctica) a los intereses propios (felicidad personal, cálculo, pasiones), desviándose del Imperativo Categórico; aunque la política debe crear leyes que organicen esta convivencia de "malos" para un orden justo, el mal radical reside en la facultad humana de anteponer lo sensible a lo racional, buscando que lo particular sea universal, algo que solo se combate con el deber y un Estado de Derecho.

Para Marx, la corrupción no es solo un vicio individual, sino una manifestación sistémica del capitalismo, inherente a una sociedad dividida en clases donde el Estado sirve a los intereses de la clase dominante (burguesía), generando un saqueo constante de la riqueza social y la búsqueda de ganancia privada que desborda las coimas y negociados para incluir la apropiación de capital y la desigualdad estructural. Es un producto de la lógica capitalista de competencia, acumulación y el entrelazamiento entre políticos y empresarios, y solo puede erradicarse transformando radicalmente el sistema. 

Para Nietzsche, la corrupción no es solo un acto moral, sino un síntoma de decadencia cultural y la debilidad de los valores, donde lo noble se pervierte, y lo que antes era fuerte se vuelve débil o se envilece, manifestándose en la confusión de valores, la moral de rebaño y la superficialidad, una "corrupción de la conciencia" producto del nihilismo y la moral cristiana que niega la vida y la voluntad de poder. 

Según la Real Academia Española (RAE), la corrupción es la acción de corromper o corromperse, implicando la alteración o vicio de algo, como costumbres o escritos, y en términos legales, se refiere al uso indebido de funciones públicas o privadas en beneficio propio (económico o no), o a delitos específicos. 

La corrupción es el abuso de poder o de una posición de confianza para obtener un beneficio privado, económico o no económico, en detrimento del interés público o colectivo, involucrando actos deshonestos como el soborno, la malversación de fondos, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, lo que socava la confianza en las instituciones y debilita la democracia y el desarrollo.

Escondites de poder

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Entra el gato y corren a buscar hendija los ratones. Cómo ocurre en un ruedo cuando sale un toro que le mete miedo a todos los artistas, nadie quiere pisar la arena y los que están adentro, todos buscan burladero, esperando a que salga un valiente y dé la cara. Reina el pánico propio de las caras largas que anticipan la tragedia, hay silencio y se alborota un grave olor a lirio por todo el callejón. Sálvese quien pueda.

Otro tanto ocurre en la corraleja política cuando es el toro de la justicia el que bufa y el que embiste, así sea el poder del presidente del gran país del norte haciendo lo que quienes están al frente de nuestras instituciones se han tragado; quien suena clarines y timbales anunciando lo que puede ser una tragedia para todos los que llevan gran parte de este siglo abusando del poder a costa de pueblos y naciones indefensas de nuestra región.

Están desesperados buscando un “burladero de poder”, los hermanos Santos y todos sus camaleónicos y embusteros secuaces vendepatrias en el proceso que descarriló esta democracia, pues bien saben que en toda esta saga de la caída del Castrochavismo y sus secuaces pueden salir a la luz pública y a la justicia norteamericana, muchas cosas tan o más graves que las que puede saber el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre las repartijas de Odebrecht en Colombia. En las mismas andan Zapatero, Pedro Sánchez y muchos más que temen a las declaraciones de Alex Saab y de tantos “canaritos” que irán a la jaula y faltan por cantar.

Buscan burladeros de poder las personas que participaron activamente o se lucraron de la gestación de unos acuerdos de paz con las FARC-EP, que se planearon y se adelantaron a espaldas del pueblo colombiano hasta que Francisco Santos los denunció públicamente.

También están buscando burladeros de poder, los asesores y alcahuetas criollos, españoles e internacionales que ayudaron a instaurar los diálogos y las negociaciones de Cuba, la JEP como justicia paralela, inquisidora, costosa e inoperante, y los que les dieron crédito y recursos a esos ideólogos de la falsaria Comisión de la Verdad.

Pasa igual con los que luego ayudaron a que se desconociera el resultado del referendo y con ello la voluntad del constituyente primario, y se inventaron el “fast-track” y lo aprobaron en el Congreso poniendo la manito y la tostada, a sabiendas de que ambos actos eran inconstitucionales e ilegales, fraudulentos.

Saldrá a la luz pública un día la forma en que después lograron la aquiescencia de la Corte Suprema “de alguna manera mágica” con tal de firmar y de hacer los shows, el de Cartagena y el del teatro Colón, para lograr dos propósitos siniestros: otorgarle impunidad total, derechos y participación política directa, ilegítimamente, a criminales de lesa humanidad de las FARC-EP, abriendo el camino a un cambio del sistema de libertades democráticas a una autocracia cleptócrata que puede terminar en una dictadura constitucional; y colgarle a un miserable vendepatria el premio Nobel de Paz para satisfacción de su ego y sus ambiciones y vanidades, propias de un complejo de grandeza histórica que hoy al contrastarlo con el valor estoico de María Corina Machado, languidece por falta de ética y valores, algo que tanto le ha costado a Colombia.

Vienen unas elecciones, tal vez las más importantes en nuestra historia, votemos a conciencia, pero seamos capaces de exigirle a quienes manejan las instituciones y a todos los que reciban el mandato popular de gobernar en función del bien común y el interés general.

Innovación en la democracia como propósito de nación

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Los problemas sociales, políticos y económicos siguen siendo los mismos de hace 50 años y como sociedad solo hemos profundizado en las excusas para no solucionarlos. Se han agudizado y el 8 de marzo el país define entre el bien y el mal, el modelo de económico de mercados o el narco-comunismo modelo SSXXI, entre ser libres o ser secuestrados por la subversión.

Cobran actualidad los discursos de la ANDI de 1974 a 1991, y los de posesión de Uribe en 2002 y 2006 respaldados por los resultados de la seguridad democrática como política de Estado. ¿Y que es la seguridad democrática? Simplemente una metodología innovadora que conjuga: seguridad ciudadana, garantías y libertades sociales, transparencia en la gestión pública, una actividad económica orientada a la cohesión social, y el respeto por la independencia de poderes.

Antes y después la seguridad democrática, en lugar de transformarnos hemos dejado multiplicar y normalizar la corrupción, la impunidad, la ilegalidad, la informalidad y los efectos nocivos de un narcoterrorismo disfrazado de ideología de izquierda. Nos gobierna el crimen organizado y corremos el riesgo de que se consolide el caos y la miseria que causa el modelo narco-SSXXI.

Cuando hay determinación política responsable de hacer las cosas bien, en derecho las cosas se pueden deshacer de la misma forma en que se hacen, sin necesidad de comprar conciencias, de violentar las leyes ni de acudir al clientelismo.

Para que el país funcione y haya efectividad en el desarrollo, la construcción de políticas públicas implica voluntad de servicio, de mejorar lo que ha dado resultado y enmendar los errores cometidos, eliminar las conductas e iniciativas que han permitido el desprestigio de un parlamento dedicado al debate ideológico, eliminar lo que no es compatible con el sistema de libertades, y adoptar legislaciones que atiendan las necesidades de la gente.

Si queremos democracia, necesitamos un parlamento innovador, que trabaje en equipo con el administrativo por el bien común, capaz de enfocarse en el fortalecimiento institucional por medio de la recuperación ética y moral, la innovación conceptual y tecnológica en la operatividad del Estado y así contener una cleptocracia que se nutre de la dependencia entre de poderes.

En nuestro caso innovar es tan simple como respetar y hacer cumplir la ley y el debido gobierno corporativo, asumir la digitalización del Estado, capacitar y calificar a todos los servidores públicos, preservar la ortodoxia en el manejo macroeconómico, crear incentivos a la inversión, y evitar vacíos legislativos obligando a todo servidor público a presentar un parte médico de salud física y mental, un pasado judicial y unos conocimientos acreditados con resultados.

Colombia necesita emprender un cambio cultural que eleve su conciencia ética y educativa. Lo demás son habladurías, cháchara, paja para lograr beneficios, figuración y vanaglorias individuales, que reducen el debate electoral a una contienda de loritos en una estaca haciendo bulla a ver quién “parlotea” más duro.

Recordemos que no hay libertad sin límites legales que impidan los abusos propios del libertinaje. Que la equidad consiste en darle a cada uno lo que le corresponde sin pretender que todos seamos lo mismo, mientras la igualdad solo aplica ante la ley y la generación de oportunidades.

La seguridad es el cimiento de la legalidad y la justicia como aplicación igualitaria del derecho, no de la distribución igualitaria del empobrecimiento. Comprobado está que las sociedades se descarrilan y no pueden rodar libres y de manera ordenada las democracias, sin generación de riqueza que financie el desarrollo.

Colombia sabe mejor que nadie que una sociedad que no es segura no puede ser justa, no puede educarse, ni formar una cultura fundamentada en la ética de trabajo en equipo. La mejor definición de seguridad es el respeto a la ley y la justa medida de libertad y orden; no la trampa individualista, el rebusque, el engaño y la violencia.

Uribe es el único verdadero enemigo político que reconocen Petro, Cepeda y sus aliados criminales, pues saben que no lo pueden comprar ni engañar, y porque es el único que ha demostrado que sin seguridad democrática fracasan la legalidad y justicia.

¿Por qué somos tan soberbios e individualistas y estamos obstinados en ir divididos a una elección sin garantías, en lugar de dejar a Uribe comandar las banderas de la libertad y el orden, mientras podemos volver a una democracia funcional?

Votemos bien en marzo porque lejos están de la justicia social, las ideas revaluadas del comunismo, el socialismo Castro-Chavista, el populismo y el progresismo, que parten del odio de clases enmascarado de clamores de igualdad.

Corrupción: el mejor instrumento de la izquierda para ganar

Luis Alfonso García Carmona

Lastimosamente, el ejercicio del poder, en todos los tiempos y en todas las latitudes, ha atraído la corrupción. Así se puede constatar en la historia de todos los pueblos.

Con la aparición del comunismo, la maquinaria del Estado fue creciendo desmesuradamente a medida que su influencia llegaba a todos los aspectos de la vida en sociedad, hasta convertirse en una máquina totalitaria que en todo interviene y que exprime hasta la médula los recursos de la población para atender a su propia subsistencia.

De ahí que sea la conquista del Estado el primordial objetivo de la izquierda. Su lema, bien conocido, es la utilización de todas las formas de lucha para lograrlo.

Durante mucho tiempo apeló el partido comunista a la más cruel violencia para imponer sus falaces doctrinas: la invasión armada, los golpes de Estado, los movimientos guerrilleros, las purgas dentro del partido, las masacres en nombre de la “revolución”. Luego, su estrategia introdujo otras formas de apoderarse del Gobierno, infiltrándose en los sistemas democráticos, gastando enormes sumas de dinero en una batalla cultural para manipular la opinión pública y, por supuesto, invirtiendo en el mejor negocio del mundo: comprar el resultado de las elecciones para perpetuarse en el poder.

Colombia, por desgracia, es ahora víctima de este infernal mecanismo de la compra de los resultados electorales como forma de lucha para la toma del poder por la extrema izquierda. El Consejo Nacional Electoral, pese a las presiones ejercidas por el régimen, dictaminó que en la campaña presidencial de Gustavo Petro se violaron los topes financieros fijados por la ley con gastos por valor de $5355 millones de pesos, entre los que se cuentan aportes no declarados de la Unión Sindical Obrera y de Fecode, publicidad en Caracol Televisión y en testigos electorales. En el proceso fueron sancionados el gerente de la campaña, Ricardo Roa, premiado con la gerencia de Ecopetrol, y varios subalternos suyos. Los movimientos que llevaron al poder a Petro, Colombia Humana y Pacto Histórico, fueron multados cada uno con la suma de $1000 millones de pesos. Quien fue elegido de forma tan irregular permanece en el cargo pues goza de fuero presidencial, ya que la Comisión de Acusaciones, organismo competente para juzgarlo, se ha negado a actuar de conformidad con el acervo de cargos presentado. Hasta el hombre de confianza de Petro, Armando Benedetti, confesó por audio conocido en todo el país que había conseguido para la campaña cerca de $15□000 millones de pesos y que cuando lo comunicara a las autoridades se irían todos a la cárcel. Igualmente, el hijo de Petro confesó haber recibido dineros no declarados ante el Consejo Nacional Electoral. Presentó la ciudadanía, ante la Comisión de Acusaciones, una demanda solicitando la separación del cargo de quien lo usurpa, en ejercicio del art. 109 de la Constitución, juicio que no recibió el respaldo de los dirigentes políticos de la oposición, más interesados en sus propios intereses que en la suerte del país.

Estos antecedentes han propiciado el inicio prematuro de la campaña de la extrema izquierda para elegir al heredero de Petro, el recalcitrante Iván Cepeda, quien se ha caracterizado por perseguir al expresidente Uribe Vélez, comprando testimonios en las cárceles que ha visitado y por defender a los narcoterroristas de las FARC, responsables de los crímenes más crueles de nuestra historia.

Desde el comienzo del Gobierno han sido múltiples los escándalos de corrupción por parte de los subalternos del presidente y la entrega de dineros a legisladores para que aprueben los proyectos del Ejecutivo y autoricen los excesivos gastos oficiales. Tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Representantes fueron procesados por recibir dineros de la corrupción rampante que se tomó al país.

Pilares de esta campaña de recolección de dinero para fines electorales han sido la toma de recursos del sistema de salud que tiene a los colombianos a las puertas de la muerte por falta de atención hospitalaria, las nóminas paralelas de contratistas independientes sin otro oficio conocido que respaldar la campaña de continuismo del régimen, el decreto de emergencia económica sin que exista motivo sobreviniente que lo justifique, y el aumento del IVA a licores y cigarrillos, fuentes mayoritarias de ingresos de las entidades territoriales.

Lo aterrador de esta demoníaca estrategia es que no importa ya el desprestigio del petrismo por su pésima gestión, ni el rechazo mayoritario de la sociedad colombiana al odio de clases, a la inseguridad, al despilfarro en los dineros públicos, a la destrucción del sistema de salud, al empobrecimiento general de la población. Sin darnos cuenta, ya el régimen tiene asegurado el resultado para arrebatar a los colombianos la democracia y para instalarse en el poder por varias décadas sin que nadie pueda enfrentársele. Las cifras lo demuestran:

En las últimas elecciones obtuvo Petro, por los irregulares métodos explicados, 11□291□987 votos en la segunda vuelta. Es lógico presuponer que en las próximas elecciones se requerirá una cifra mínima de 15□000□000 de sufragios para obtener la victoria. Fuentes de la mayor credibilidad procedentes de varias regiones, nos informan que los activistas de Cepeda están ofreciendo entre $700□000 y $1□000□000 a quienes depositen su voto por Cepeda y que serán transportados en buses hasta la mesa de votación.

Quiere decir, que para asegurar los 15 millones de votos requiere el régimen la cantidad de 15 billones de pesos. Ya vimos algunas de las ilícitas fuentes de financiación que ha puesto en marcha el régimen desde el inicio de su gestión. Pero la guinda del pastel la pone el endeudamiento externo que sin freno ni respeto por la normatividad y por la salud financiera del país, se está contratando. En diciembre de 2025 expidió bonos por 15 billones de pesos y otro tanto en enero de 2026, para un total de 30 billones de pesos. Esto es el doble de lo que se requiere para comprar los 15 millones de votos necesarios para hacerse dueños del país por varias décadas. Con la totalidad del poder en sus garras no habrá ni Congreso, ni Cortes ni organismos de control que investiguen cómo se invirtieron los préstamos o los beneficios de la corrupción.

En esta espantosa coyuntura para nuestra querida Patria duele que algunos colombianos honorables, que se supone sean conocedores de nuestra tragedia, insistan en alentar la división de quienes buscan satisfacer su vanidad a sabiendas de que no cuentan con los recursos y los votos para dar la cara a tan monumental amenaza.

Seamos lógicos, tengamos un poco de rigor y desprendimiento en nuestro análisis y procedamos como lo espera Colombia: Apoyemos en la primera vuelta a Abelardo. No le demos un aire ficticio a una consulta que no tiene sentido ni busca ninguna unión. Su interés no es otro que sacar a Abelardo de la segunda vuelta para colocar a cualquiera de los del “club de los hunos”.