La escalofriante
publicación que hace el senador Enrique Gómez Martínez en su sitio web
sobre los 3.3 billones de pesos que acaba de derrochar el presidente saliente
en una maratón de contratos a dedo es inimaginable y requiere una reacción
drástica e inmediata para salvar lo poco que queda de los recursos fiscales.
En los últimos 10 días
se han dedicado los dirigentes políticos, los medios de comunicación y gran
parte de la sociedad a temas que carecen de la trascendencia del monumental
saqueo que se está perpetrando a los ojos de todos y que dejará un terrible
impacto en las finanzas públicas y en los programas proyectados para el bien de
la sociedad.
El tema de la
corrupción es recurrente y ya dejó de ser noticia en este vergonzoso período
presidencial. Cabe aquí preguntarnos: ¿Por qué ningún gobierno ha
enfrentado con eficacia esta crisis endémica de nuestra sociedad?
En primer lugar, por
falta de voluntad política para hacerlo. Nuestras costumbres han fincado la
supervivencia de los partidos en el mantenimiento del poder, en el usufructo de
las mieles del presupuesto, la burocracia y la contratación. Los valores
morales, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la ética en
la administración del Estado no pasan de ser vacías consignas de campaña, de
las cuales nadie se acuerda a la hora de gobernar.
En segundo término, nunca
se han atacado las causas que originan la corrupción. Esporádicamente los
entes de control intervienen para poner a disposición de la justicia a los
presuntos responsables de actos corruptos; algunos salen libres por vencimiento
de términos; otros pagan unas condenas irrisorias con el beneficio de la casa
por cárcel, desde la cual siguen delinquiendo; otros, con inmensas fortunas a
su disposición y conexiones con los dirigentes políticos, logran su libertad y
disfrutan muy orondos del producto de sus fechorías.
Queremos creer que ha
llegado la hora de que este funesto mal sea erradicado de nuestro país. Después
de la elección de Abelardo de la Espriella como próximo presidente de los
colombianos está asegurada esa voluntad política que hasta ahora ha faltado.
Sólo resta que en esta
oportunidad no cometamos los mismos errores y vamos al meollo del problema con una
solución integral, audaz y creativa, que abarque los siguientes aspectos
fundamentales:
1.- Debe reducirse
drásticamente el tamaño del Estado en todas sus ramas y a todo nivel. La
corrupción encuentra facilidades en paquidérmicas organizaciones difíciles de
controlar.
2.- Toda persona que
preste funciones públicas en cualquier rama del Estado y a todo nivel, debe ser
escogida por méritos, con conocimientos y formación adecuada para el cargo
que va a desempeñar, con excepción de los que sean elegidos por votación
popular,
3.- En todas las
entidades del Estado se implementará la carrera administrativa, que
garantice que todo ascenso o cambio en los cargos se realice mediante concurso
de méritos. Vale la pena tramitar estas profundas reformas constitucionales
antes de que seamos aniquilados por la rampante corrupción. Y si el Congreso no
está a la altura de las circunstancias, seamos audaces para pedir su aprobación
al constituyente primario.
4.- Debe revisarse la
legislación sobre contratación para eliminar la contratación de bienes o
servicios por fuera de un proceso de licitación. Se dejará solamente la
excepción para compras de mínima cuantía y para casos de emergencia por
desastre natural, en los cuales se aplicarán especiales auditorías.
5.- Debe reformarse
la ley penal para revisar la penalidad de los delitos relacionados con
corrupción, castigar severamente a todos los participantes, eliminar
los beneficios de casa por cárcel, excarcelación provisional y subrogados
penales. Quien sea condenado no podrá por el resto de su vida, contratar
con el Estado ni ejercer funciones públicas.
6.- Debe existir, como
lo ha propuesto el señor presidente electo, un comité o dependencia dependiente
de la Presidencia que se encargue de la recuperación de todos los bienes
defraudados al Estado mediante la corrupción, y de la intervención en
los procesos penales que se adelanten contra los corruptos para garantizar
que no duerman el sueño de los justos.
El Estado debe actuar
como protector eficiente de su patrimonio y, en consecuencia, debe denunciar
ante los tribunales competentes todo acto de corrupción del cual tenga
conocimiento y aportar las pruebas que haya recaudado.
7.- Toda irregularidad
cometida por un funcionario público en materia de manejo transparente de los
recursos fiscales debe ser sancionada con su despido inmediato. Los
superiores o jefes del infractor que oculten el hecho o se abstengan de
denunciarlo serán sancionados con la misma medida de despido.
