De cara al porvenir: normalizar lo que se repite

Pedro Juan González Carvajal

Hace algunos años, después de un largo tiempo de conflicto interno en Colombia, algunos analistas hablaban de que la guerrilla se había convertido en “parte del paisaje”, puesto que nos habíamos acostumbrado a coexistir con ella.

Hoy por hoy, la guerrilla crece y han aparecido nuevos actores del conflicto con distintas denominaciones y un común denominador: el narcotráfico.

Es común que se presenten diariamente actos terroristas, tomas de poblaciones, atentados permanentes contra la fuerza pública y la población civil, aumentan las extorsiones, los secuestros, el sicariato indiscriminado y el asesinato de líderes sociales, y todos tan campantes, Gobierno y ciudadanía nos limitamos con conversar y comentar sobre el “acontecimiento nefasto del día” y a comparar con las estadística o datos oficiales del año anterior o del año en curso, es decir, aprendimos a coexistir y convivir con los agentes que actúan por fuera de la ley y a tener un Estado débil conformado por gobiernos torpes y timoratos.

No es que nos contentemos o nos tranquilicemos con que el dato esté por encima o por debajo del período con el cual se compara. Es que ese dato actual debe ser CERO para el total de víctimas de cualquier tipo de agresión.

Yo ya estoy mamado de oír las declaraciones y las explicaciones insulsas y repetidas ―como si fuera un guion previamente preparado― del presidente de turno, de los ministros, de los generales, de los comandantes de ejército y policía, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de funcionarios de nivel alto, medio y bajo, de prelados y de simples ciudadanos que anuncian lo de siempre: consejos de seguridad extraordinarios, investigaciones exhaustivas, aumento del pie de fuerza (trasladándola de un lugar a otro como Simón el Bobito que sugiere abrir un hueco para poder echar allí un volumen de tierra que está expuesto), e invitando a la convivencia.

Ni que hablar de la inseguridad cotidiana en las distintas ciudades del país a través de la llamada delincuencia común.

Este Estado fallido debe reconocer que le quedó grande controlar el cien por ciento del territorio y lo que se requiere son medidas extremas como la solicitud de ayuda a la ONU para que mande los Cascos Azules, o solicitar de un “gobierno amigo”, ―comprometiendo la soberanía nacional― a que nos ayude a salir del problema en términos militares o de apoyo económico como ya lo hemos hecho con anterioridad, con algunos resultados temporales.

La reubicación física de los comandos del ejército trasladándolos a los epicentros del conflicto, la declaratoria de Ley Marcial en territorios y departamentos neurálgicos, el llamado de la reserva mientras se capacitan nuevos contingentes, son medidas que suenan como obvias pero que no se han ensayado, creo yo, porque de pronto resolvemos el problema.

Y para complicar más el asunto, el tema de la corrupción sigue creciendo de manera desbordada en todas las instancias y en todos los niveles. Todos los días un nuevo escándalo y nuestro aparato de justicia apenas si alcanza a judicializar, pero muy rara vez a condenar.

En estos tiempos recientes el asunto ha pasado de castaño a oscuro, se ha salido de madre y no pasa nada.

¿Nos volvimos todos cómplices de la corrupción?

¿Qué medidas se están tomando?

¿Cuáles son los ladrones de cuello negro, blanco o rosado que ya están en la cárcel?

¿Quién asume la responsabilidad?

¿Se imaginan ustedes un joven que estará pensando de tener o intentar tener un futuro en Colombia?

¡Qué cansancio!

¡Qué país miserable!

Sin embargo, tratemos de perseverar asegurando que ¡todo sea por Colombia y nada sea contra Colombia!

La responsabilidad es de todos

Luis Alfonso García Carmona

La escalada del horror con los ataques con drones a la fuerza pública, toma de pueblos, colocación de explosivos en las vías, confrontaciones armadas entre grupos de narcoguerrilleros, reclutamiento forzado de menores, masacres y daños a la infraestructura, nos confirma que este dantesco panorama de violencia, terrorismo e inseguridad es la peor secuela de la llegada de la extrema izquierda al poder.

No existirá solución posible mientas permanezca este régimen o una continuidad de este al frente de los destinos de la patria. Necesitamos con urgencia la sustitución de esa perversa ideología tanto en la Presidencia como en el Congreso Nacional.

¿De quién es la responsabilidad en esta inaplazable tarea? De todos los colombianos habilitados para votar. Ha llegado el momento de sacudirnos de la pereza y de los prejuicios inútiles y materializar nuestro patriotismo, salvando a la nación de la terrible hecatombe que se nos vino encima. Con un Congreso compuesto por gentes honorables y con valor suficiente para enfrentar a los enemigos del país y un presidente que lidere la defensa de la patria y su reconstrucción espiritual y material, podremos ganar esta batalla y enfrentar esta tenebrosa inseguridad.

Son muchas las áreas que habrá que atender. Por ejemplo:

1. Reanudar las buenas relaciones con nuestros tradicionales aliados, Estados Unidos e Israel, para modernizar la dotación de nuestra fuerza pública y adquirir los últimos adelantos en materia de drones, comunicaciones, transporte aéreo, así como la tecnología que exige la guerra en la actualidad.

2. Reorganizar y fortificar la inteligencia militar y de la policía en todos los rincones del territorio nacional, para evitar que sigan cumpliendo los facinerosos con su infernal agenda criminal, tomando de sorpresa a las fuerzas del orden.

3. Pasar de la pasividad que ha impedido a nuestros efectivos defenderse hasta en extremas situaciones donde han sido secuestrados y despojados de sus armas, a una estrategia de combate dirigida a la eliminación o neutralización de todos los grupos irregulares dedicados al narcotráfico, terrorismo y criminalidad en general. Prioritariamente, se debería combatir a sus cuadros directivos y destruir instalaciones tales como campamentos, laboratorios, depósitos de armas y de alucinógenos.

4. Aumento del pie de fuerza que efectivamente esté destinado al combate; recuperación de la misión para la que fueron creadas las fuerzas del orden; reapertura de bases estratégicas y fuerzas de acción conjunta suspendidas.

5. Destrucción de los cultivos de alucinógenos en todo el país, mediante la utilización de drones, aeronaves teledirigidas, fentanilo y supresión de erradicación manual y de subsidios a cocaleros.

6. Programas especiales para detectar y suprimir el lavado de activos, adquisición de precursores, cesación de la minería ilegal, persecución al secuestro y la extorsión y otros medios de financiación de los grupos armados.

7. Revisión de partidas presupuestales destinadas al orden público e incrementar los ingresos de la fuerza pública para cubrir sus necesidades en la compra de equipos y mantenimiento de sus operaciones.

8. Organización de una red nacional de voluntarios para la defensa de la seguridad, cuyas funciones serán: Informar a las autoridades todo hecho sospechoso, mantener comunicación con sus vecinos más próximos para la defensa de sus hogares mientras llega la presencia de las autoridades y recaudar pruebas fotográficas o de otro tipo que sirvan en los procesos que se adelanten contra los delincuentes.

9. Debe estructurarse un Estatuto Nacional de Seguridad, mediante un proyecto de ley elaborado por un grupo bicameral compuesto por amigos de la seguridad y la democracia en unión con el gobierno que sea elegido, que incluya, entre otros, los siguientes aspectos: a) Penalizar con cadena perpetua el narcotráfico, terrorismo, secuestro, reclutamiento de menores y masacres; b) Prohibición de beneficios penales para condenados por estos delitos; supresión de libertad provisional para porte de armas o explosivos, y eliminación del delito político como justificación para cualquiera de estos delitos; c) Organización de cárceles en lugares alejados, con niveles de alta seguridad, sin posibilidad de comunicación exterior para los reclusos, que serán vigiladas por un organismo compuesto por veteranos de las fuerzas armadas; d) Reforma a la administración de Justicia, cambiando el sistema de elección de magistrados para que no haya intervención de la política, encargando de su juzgamiento a la Comisión de Aforados, sancionando el incumplimiento de términos en materia penal, estableciendo vigilancia permanente de los despachos judiciales a cargo de la Procuraduría.

10. Diseñar plan de interceptación aérea y marítima en conjunto con los Estados Unidos para eliminar el transporte de alucinógenos desde Colombia a otros países.

La ignorancia o la ingenuidad ya no nos servirán de excusa para no actuar responsablemente. Hagamos caso a esta advertencia: “Es terrible, en efecto, que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría” (Meditaciones, Marco Aurelio)

Revolución asesina

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Fortaleza y solidaridad ante el dolor de la injustica a su familia. El senador de la República y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no murió, lo asesinaron. Lo ocurrido es un crimen de Estado y un delito de lesa humanidad. Todos vimos quien le disparó, pero las circunstancias de todo lo ocurrido tienen un origen en el odio y el resentimiento de la violencia verbal que vitorea desde el poder la impunidad como bien transaccional en favor de la criminalidad.

El mensaje es claro. Advertidos de muerte están quienes quieran ondear las banderas de la legalidad, la justicia y la libertad. Advertidos están quienes sigan la doctrina del hombre que por la vía democrática combatió al crimen organizado en favor de los indefensos.

Despertemos como sociedad, no es cuestión de una elección en manos de un tirano que ya sabe cómo engañar al electorado y al sistema. Es cuestión de entender que el Estado está constituido para proteger a los ciudadanos que cumplen sus obligaciones legales y no a los delincuentes ni a las organizaciones criminales y narcoterroristas, mucho menos a quienes a nombre del pueblo le imponen formas autocráticas al ejercicio del poder.

La importancia de Álvaro Uribe en este siglo sobrepasa la figura del “Gran Colombiano”. Sus formas simples, amables y respetuosas, humildes, pero frenteras y determinadas, tiene un significado tan grande como el de la verdad en la libertad de los seres humanos.

En su concepción ideológica y en los resultados de su obrar como estadista, gobernante y figura pública siempre respetuoso de la ley, de la justicia y combatiente del crimen y las injusticias, se encarna un “demócrata integral” y es ahí donde radica el valor que él y su doctrina representan para el ejercicio de la política en democracia y para el progreso de Colombia y de todos los países de la región.

El legado de Uribe es prueba de que no hay causa perdida en función del progreso mientras haya servidores públicos con vocación ética, dispuestos a luchar contra la pérdida de valores que para nuestras sociedades representa hoy el mal llamado “progresismo”, así en esa lucha haya que dejar la vida por la patria como lo ha hecho Miguel Uribe Turbay, un joven valiente determinado a servir a su país.

Uribe simboliza la confianza del bien común que pretende la participación democrática en el debate ideológico enmarcado en legalidad. La simpleza y el poderío de su doctrina están respaldados por un legado que, aún atropellado por la injusticia y la violencia, le agrega al patrimonio moral de la nación y a toda una Latinoamérica que lo admira y respeta.

Como es lógico el poderío de su verdad despierta la envidia y el odio propios de quienes lo resienten a falta de facultades para obrar de forma correcta.

Por ello parte Miguel Uribe asesinado, y por eso hoy Álvaro Uribe es víctima de quienes tienen que apelar a la mentira y al engaño como única forma de sobresalir a costa de la verdad, de causarle un mal a los demás, a la patria y sin duda al pueblo indefenso que aducen representar desde su usurpación de los poderes del Estado.

Hoy se suma a las manifestaciones de las mayorías que marcharon el pasado jueves 7 de agosto, el dolor de la nación colombiana por la pérdida de uno más de los héroes de la patria a manos de este narcoterrorismo criminal auspiciado por el Estado colombiano.

Hoy se nos revive el terror a todos los colombianos que sufrimos la violencia de los 80 y los 90 y que hoy volvemos a revivir el miedo que causa la indefensión y la pérdida de un valiente, de un padre, de un hermano y un hijo que vio partir a su madre a manos de la misma calaña de asesinos que hoy dominan la nación.

Hoy estamos todos puestos a prueba. Debemos resolver con valor si aún somos una sociedad consciente, pensante y sensible que está harta de la politiquería, del clientelismo y la corrupción, del narcotráfico, la violencia, la inseguridad y el abuso de poder, o si vamos a seguir jugando con la impunidad que solo causa muerte.

Hay que pensar con humildad en la razón por la cual seguimos consintiendo la politiquería clientelista y corrupta, la figuración mediática inmerecida, el enriquecimiento personal o el desfogue de odios y resentimientos, y no le damos la importancia que tienen la legalidad, la ética y la moral, en la formación y ejecución de políticas públicas entendidas como forma de consolidación de la convivencia y el bienestar social.

Sentenciar al presidente Uribe y asesinar a quien pueda representar su doctrina en la conducción del Estado era un trofeo buscado por sus opositores, por quienes se han valido de su bondad para llegar al poder, y por la arrogante mamertería de una oligarquía que hoy se abraza bajo el disfraz del progresismo, con la impune cleptocracia emergente que nos gobierna, para tapar la degeneración institucional y personal en la que ha caído el ejercicio del poder en Colombia.

La doctrina de la seguridad democrática es la encarnación de la única esperanza de recuperar la democracia. Como sociedad debemos ser capaces de capitalizar el fracaso de la mal llamada y falsa izquierda que no es más que la mezcla de odios ciegos, resentimientos, envidias, incapacidades de muchos ingenuos e ignorantes que operan bajo la guía de un puñado de figurines macabros que solo entienden de politiquería, de clientelismo, de corrupción y de violencia física y verbal, y que llevan al pueblo engañado al matadero con discursos cargados de la dialéctica ideológica del comunismo asesino.

La muerte de Miguel Uribe y la privación injusta de los derechos de Álvaro Uribe, no mengua la libertad con que su espíritu transita por el camino de la verdad y la corrección amparado por la solidez de sus convicciones.

Por el contrario, lo ocurrido impide que sus ideas sean destruidas. Ambas injusticias inmortalizan el legado de grandeza respaldo en los hechos y logros que componen una doctrina democrática de profundo contenido social, distante de la politiquería y enmarcada en los corazones y en el entendimiento de las personas bien criadas y que mamaron principios y valores éticos dentro de nuestra sociedad.

Uribe es un verdadero guerrero de la libertad y la justicia social que, al igual que Miguel Uribe proviene de una base liberal honrada y honorable. Ambos, uno en nuestros corazones y el otro desde la eternidad, representan la esperanza de sana convivencia dentro del marco de la legalidad y sin que ello mengüe para nada su apego al orden, al deber ser, a la corrección en el obrar.

Es hora de que esta sociedad siga con total determinación el ejemplo de Uribe, quien ha combatido frontalmente el crimen, el clientelismo politiquero y la mediocridad, siempre defendiendo al sector productivo y a toda la condición emprendedora del ciudadano colombiano, sea este empleado o empleador, de quien ha combatido sin tregua todas las actividades ilícitas e ilegales empezando por la droga y el terrorismo y sus nocivos efectos en la sociedad.

Llegó el momento, hoy en 2025 y no en 2026, de que no se permita que el Estado siga engañando al país, patrocinando el crimen y azuzando delincuentes para que eliminen a sus opositores políticos. No permitamos que se siga abusando del significado y la importancia que tiene el ideal de la paz en favor de la impunidad criminal.

De qué se queja el que le vende el alma al diablo

Luis Guillermo Echeverri Vélez

A mí me enseñaron que el que miente, roba, y el que roba siempre es un cobarde. Y aquí muchos de los que se ufanan de ser líderes, viven en el engaño propio de que se puede jugar con el bien y con el mal al mismo tiempo.

De “El diario de Frank”, de Bernardo Vélez Isaza, publicado en 1953: “¿De qué le sirven al hombre la civilización y la cultura de que alardea, si se revuelca en el fango de la infamia y la degeneración?” … “Hoy el mundo está dividido en dos bandos opuestos e irreconciliables: civilización cristiana y comunismo. Colocarse en el centro equivale a tomar una posición falsa y absurda, en la que es imposible guardar el equilibrio. Hay hombres que encienden una vela a Dios y otra al diablo. Si se ven obligados a definirse, apagan la de Dios…”

Para que una democracia sea operativa y no un telón detrás del cual todo se vale, la legalidad debe estar totalmente alinderada y que enmarque todo el acontecer sociopolítico y económico de la nación.

Lo que no funciona y no se debe hacer nunca, es utilizar la democracia para encubrir delincuentes y validar la criminalidad al otorgar impunidad a organizaciones e individuos que eligen el crimen como forma de vida, y luego exigen reconocimiento legal, social, político, económico y un estatus que los presente como el ejemplo a seguir.

No se vale eso de dialogar, negociar ni validar a quienes oficialmente o de forma enmascarada representan el crimen organizado, la cleptocracia que gobierna, la cultura mafiosa y la ideología narco-comunista bajo la cual el terrorismo controla gran parte del territorio y el devenir nacional.

Consentir y acomodarse a cogobernar con criminales, es engañar y condenar a la desigualdad, la inequidad y al empobrecimiento a la gente indefensa.

Como se explica uno que haya “personajes” que por conveniencia se hacen clasificar como líderes de oposición y con tal de figurar se presten para la validación de criminales y bufones mediáticos. ¿No es eso tan contraproducente socialmente como venderle el alma al diablo?

Cuando una sociedad es cómplice de la delincuencia, pierde sus valores, la integridad y la fuerza de su institucionalidad democrática. Tiene un grave problema cultural que si no corrige está condenada a que la gobiernen y la representen criminales y sus organizaciones.

El movimiento globalista que impone las agendas minoritarias a las mayorías es propio del mal llamado progresismo, que es lo más distante al interés general de las naciones, y es lo más opuesto a la globalización del conocimiento humano que es lo que paradójicamente ha llevado nuestra civilización a avanzar más en los últimos 25 años que en los últimos tres milenios.

Lo que hoy se vive y se padece en materia de atraso y deterioro socioeconómico en nuestra región no es izquierda socialista, es terrorismo narco-comunista modelo siglo XXI, que esclaviza en la pobreza a millones de seres humanos mientras promueve la formación de capitales ilegales.

Los líderes que hoy alcahuetean y no son capaces de enfrentar al crimen organizado y a quienes lo representan, son los mismos que dejaron narcotizar las fronteras con Venezuela, Ecuador y con ambos océanos, pues de sus posiciones mamertas solo emana lo que va atado a su propia conveniencia, a sus intereses individuales, a sus ambiciones de fama, poder o riqueza.

Qué se puede esperar en un país donde el presidente ondea la bandera del M-19 y un ministro luce el uniforme político de las FARC-EP, organizaciones criminales narcoterroristas que utilizaron el engaño a la democracia para hacerse al poder y que están dedicadas a la destrucción de todos los principios y valores fundacionales de la nación.

¿No está hoy el país vendiéndole el alma al diablo al alinearse con los Estados controlados por el terrorismo y correr voluntariamente el lindero de la soberanía y legalidad democrática para fortalecer una unidad ideológica opresora con el narcoestado vecino manejado por un tirano y toda clase de maleantes?

Los problemas no se arreglan solos. Ya quedó claro en Venezuela que una elección se la roban y no pasa nada. Aquí y allí estamos en manos de una chusma criminal que lamentablemente solo comprende su propio aterrador lenguaje e instrumento: “dar chumbimba”.

La región entera no tendrá libertad de ningún tipo hasta que la ciudadanía no se vea obligada a organizarse en una resistencia que pueda combatir la tiranía y el crimen organizado, recuperar el sistema democrático y las libertades económicas, tener un sistema judicial que ofrezca garantías de legalidad y unas fuerzas armadas capaces de hacer valer la constitución y las leyes.

De cara al porvenir: qué pesar, pero ya nos acostumbramos...

Pedro Juan González Carvajal

El título de esta columna, refleja mi desazón, mi impotencia y casi que mi resignación al ver en el día a día que este pueblo ladino y mediocre que es el colombiano, –con un ADN ensuciado y contaminado por los conquistadores y los colonizadores de otras épocas–, dando una enorme muestra de impasividad, insensibilidad y de incivilización, es uno de esos que se ha acostumbrado a que los más terribles aconteceres, actuaciones y realizaciones de los humanos se den en nuestro país con una frecuencia, una impunidad y una pasividad que desborda todos los parámetros imaginables y por imaginar.

No hemos podido asimilar, reconocer y respetar nuestra enorme diversidad en todos los frentes, desde la biodiversidad, la topografía y la multiculturalidad proveniente de las variadas etnias que hoy habitamos este territorio privilegiado por la providencia.

Y es que como se dice parroquialmente, cuando un suceso se vuelve repetitivo, entonces comienza a ser reconocido como parte del paisaje, como algo común al cual nos hemos acostumbrado sin medir las consecuencias de nuestra complicidad y alcahuetería casi siempre silenciosa, acomodada, cómplice y escurridiza.

El hecho de que tengamos y reclamemos leyes para todo a sabiendas de que no se van a cumplir y que a partir del principio de que hecha la ley hecha la trampa, nos demuestra y nos evidencia lo farisea que es nuestra idiosincrasia, plasmada en nuestra sociedad. Y con el perdón de todos, que ahora no me vayan a salir con aquello de que “los buenos somos más”, pues eso es simplemente un cliché y un eslogan que solo sirve de consuelo para los pobres de espíritu.

El esforzado equilibrio que buscamos para mantenernos entre lo legal y lo ilegal, ya hace parte de nuestra cultura –algunos la han bautizado con el nombre de la cultura del más vivo– y muchas veces se premia o se mira con algún nivel de admiración a aquel que se sabe que está por fuera de la ley, pero consigue poder político, económico o social precisamente por estar fuera de la ley.

Nos acompaña una pléyade de abogados ilustres y no tan ilustres que saben cómo no dejar prosperar las diferentes investigaciones a partir del manejo apropiado de los procedimientos establecidos, jugando al “vencimiento de términos” para poder burlar y escabullirse de la justicia en favorecimiento de sus clientes.

Aparecen los vergonzantes de oficio cuya labor es manejar y divulgar mediante eufemismos lingüísticos los crímenes, los abusos, los escándalos, los robos, los malos manejos y comportamientos de los atarvanes de turno.

El irrespeto al derecho a la vida, honra y bienes de los ciudadanos comunes es el pan de cada día en el país del Sagrado Corazón y consideramos que, si hablamos de “derechos humanos”, por el solo hecho de usar el término, la cosa queda arreglada. ¡Ahí estamos pintados!

Los niños son ultrajados, vejados, abandonados, vendidos y comprados rompiendo por siempre sus potenciales proyectos de vida.

Las mujeres son irrespetadas, maltratadas, usadas como mercancía, violadas, acosadas y asesinadas, tratando de mermar el impacto de estas acciones cobijándolas bajo el apelativo de feminicidio.

Los jóvenes son retenidos, secuestrados, coaccionados y forzados a trabajar en “ejércitos, bandas, combos y grupos delincuenciales de todo tipo”.

La ciudadanía del común es irrespetada, intimidada, extorsionada, robada, abusada, explotada y desplazada bajo los ojos temerosos, impávidos e impotentes de todos, incluidas las autoridades.

Existen compatriotas estigmatizados, discriminados, segregados, excluidos y relegados.

El ciudadano casi siempre es mal atendido por funcionarios públicos –con las honrosísimas excepciones que se dan en cualquier actividad humana– que están para servir y no para hacerle favores a nadie. Su salario se paga con nuestros impuestos. Las filas, el papeleo, los trámites inocuos, las autenticaciones, el no uso intensivo de la tecnología, la mala preparación o incapacidad e incompetencia del funcionario público que llega al cargo como pago a un favor político, es otro tipo de violencia que padecemos todos, que, a su vez, promueve la corruptela.

Y es que debemos además reconocer que padecemos diferentes tipos de violencia que son ejecutadas por victimarios que doblegan a sus víctimas.

Considero que no nos falta si no la violencia de tipo religioso –y los invito a tocar madera– para completar la colección o la muestra general de nuestras violencias en el orden político, económico, social, ideológico y ambiental entre otras tantas.

La violencia rampante es incubada, desarrollada y potenciada silenciosamente por la corrupción extrema, los distintos negocios ilegales y la desbordada impunidad.

En un remedo de democracia como el nuestro, donde no se han definido ni se tienen claros los “objetivos nacionales”, donde no se ha definido el tipo de ciudadano que se quiere tener para poderlo educar, sin partidos políticos serios, con gobiernos compartidos entre los ostentadores temporales del poder y la mal llamada oposición –en un contubernio y un concubinato oscuro que les hace mutuamente responsables, mutuamente cómplices–, con un aparato de justicia inoperante que tiene el récord mundial de impunidad, con un andamiaje económico que privilegia sus intereses y solo participa como crítico tímido ante las medidas de cualquier Gobierno que los pueda afectar de algún modo (¿Cuántos proyectos de ley han presentado a través de nuestra historia los gremios económicos sectoriales y sub sectoriales? ¿Las cámaras de comercio? ¿Las universidades? ¿Las ONG? ¿Otros actores sociales?), es ingenuo pensar que las cosas mejoren de alguna manera ante tamaña dejadez y displicencia.

La corrupción se presenta en todos los niveles de las organizaciones públicas y privadas y en todos los poderes del Estado y del sector privado, pues como dice Sor Juan Inés de la Cruz: “O cuál es de más culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga, ¿o el que paga por pecar?”.

Es inadmisible, inaceptable e imperdonable que en los círculos más altos del poder se presenten malos manejos, escándalos, robos o tráfico de influencias, a pesar de que se les califique delicadamente como delincuentes de cuello blanco.

Ante la corrupción deben existir responsables y considero que son aquellos quienes nombran a los distintos funcionarios, pues se delegan funciones no responsabilidades.

En reciente entrevista el premio Nobel de Economía James Robinson –coautor del libro “Por qué fracasan los países” – lanza reflexiones como estas: “Me encanta Colombia, pero es una tragedia”. Y para que la cosa sea más preocupante, “Colombia ha estado muy mal gobernada, de manera complaciente, durante 200 años”.

Y lo malo es que todos lo sabemos y nos damos cuenta, y todos, sin excepción, no nos comprometemos a refundar este país, pues hemos llegado a un punto en que hablar de reformas es politiquero, insuficiente y miope.

En los albores de un nuevo año, hablaremos como siempre del salario mínimo, de la inflación, del valor del dólar,  de la cuesta de enero, de las lista de útiles escolares, de la subida de precios, del escándalo de turno –que pareciera ser que tienen frecuencia semanal–, de otro caso de la justicia que no llega a nada por vencimiento de términos, de una nueva escalada terrorista, de múltiples asesinatos y masacres de colombianos todos, soldados, policías, guerrilleros, paramilitares, ladrones, civiles, narcotraficantes y delincuentes de todos las pelambres.

Al hacer la evaluación del año compararemos con el anterior y los rubros tenidos tradicionalmente en cuenta serán y son el número de atentados terroristas, la cantidad de masacres, los asesinatos de líderes sociales de todo tipo, el número de secuestros, el número de extorsiones, el número de robos comunes, las hectáreas sembradas de coca, las marchas de protesta, las tomas de pueblos, los desplazamientos, el tiempo que pasan ciertos grupos de indígenas ocupando espacios públicos denunciando y reclamando promesas pactadas siempre incumplidas, así como los transportadores que ya saben cómo paralizar y chantajear a todo un país ante la mirada plácida e impotente de gobiernos y gobernantes tibios.

Habrá que pensar seriamente en el instrumento de la desobediencia civil.

Ahora bien, como no hay nada nuevo en nuestro país, les comparto, para recordar, un par de canciones de las llamadas “canciones protesta” que describen a la perfección el caos y la ridiculez de lo que es Locombia.

¡Qué gran pesar!

Letra de “Mi país” de Ana y Jaime, Pablus Gallinazus

Con un poco de humor
vamos a reír de la situación, de nuestro país
con un poco de humor y un pañuelo en la mano
vamos a reír de la situación de mi país.

Ni grande ni chico es mi país
se habla el español, se come maíz
así adivina tú, adivina tú cuál es mi país.

Hay diez policías, por cada estudiante
y hay un estudiante, por mil ignorantes
así adivina tú, adivina tú cuál es mi país.

Con un poco de humor sigue la pista dos
las señoras de aquí se dividen en dos
las señoras, "señoras" y las que no lo son
las señoras “señoras”, van a mercar
y las que no lo son les venden su pan.

Así adivina tú, adivina tú cuál es mi país.

Con un poco de humor sigue la pista tres
los señores de aquí se dividen en tres
los señores “señores”, los apenas señores y usted.

Los primeros "are living" en el barrio de moda
los segundos habitan, casas de clase dos
y los últimos “últimos”, los que nunca lo son
son los que hacen las casas, canciones y cosas para los otros dos.

Así adivina tú, adivina tú cual es mi país.

Y si no adivinas por qué sos así
de seguro somos del mismo país
pues mi país, mi país, mi país, mi país, mi país,
mi país, mi país; es tu, es tu país.

Letra de “Así es mi pueblo” de Luis Gabriel

La fiesta va a empezar
y el pueblo canta y baila sin parar
mi pueblo se ha quedado sin pescado
y la carne en el mercado racionada está.

Los cerdos y gallinas van de huelga
los borrachos van de juerga
y los niños a rezar
a prisa, a prisa, el cura llama a misa.

Las comadres con sus suegros
todos con vestidos negros se apresuran por llegar
Y yo que ando sin trabajo con el pelo alborotado
me voy al parque a observar a las gentes de un partido
de los hombres oprimidos que todo van a cambiar.

Con mentiras y un camino de promesas, cuentos chinos
porque todo siempre igual
yo me miro los bolsillos y no encuentro cigarrillos
ni dinero pa comprar.

Y cazando mariposas me río de todas las cosas y me olvido de fumar
mi pueblo a fiestas va y solo así se olvida de llorar
llega un hippie mal parado, ¿marihuana?
de aquel lado, al final de la manzana la conseguirá.

Pero anda con cautela o el maestro de la escuela te la va a robar
¡¿Oh qué veo?! es un lindo bomboncito, y que hermoso su ombliguito ¿para quién será?
Para aquel que está en la onda, fuma yerba, no se baña, y que viaja sin andar.

Ya los cachos de las reses se han perdido
hoy los llevan los maridos de mi gran ciudad
y ellos miran sus vecinos, pero nunca el mal camino
han seguido de verdad.

Beber, cantar, bailar, mi pueblo así se olvida de llorar
un señor de traje verde con su mazo causa-estragos
ha venido malgeniado, y me la quiere velar
pues piensa que soy un vago, sin papeles, y varado y me le voy a escapar.

Hasta pronto amigos míos,
y recuerden en que lío me ha metido esta canción
que canté sobre mi pueblo sin yo hablarle mal a nadie,
y de nadie hablar yo mal.

La fiesta acabó ya y el pueblo se olvidó de llorar.

Con prudente optimismo, les deseo un buen año 2025.

El oscuro retrato de nuestra justicia

Luis Alfonso García Carmona

Podría decirse que ya los escándalos sobre nuestra justicia no sorprenden a nadie. Lo que antes conocíamos como “la majestad de la justicia” fue sustituido por un perverso intercambio de providencias por dinero. Se introdujo la corrupta manipulación de expedientes, dilatación de los trámites, valoración sesgada de las evidencias y fallos sin sustento procesal para beneficiar a quienes pagan las tarifas exigidas o para perjudicar a quienes se niegan a pagar por estos “servicios de los que antes llamábamos honorables magistrados”. Es lo que se conoce ahora como El Cartel de la Toga. En este sentido, un exjuez testigo de la operación del Cartel declaró ante la Comisión de la Verdad: «Esa gente no va a tranzarse con 10 ni 20 millones que eso yo los puedo conseguir, pero sí con 200, 300, 500 millones, como sucedió con el señor que le alcanzaron a quitar alrededor de 1.100 millones: 600 para una domiciliaria y no se la concedieron, y 500 para una revocatoria de una medida, y tampoco le hicieron nada, o sea que se le robaron 1.100 millones». (Entrevista 582-VI-00068. Exjuez).

Al cochino dinero se le suma el veneno de la política que ha reemplazado al Derecho, tal como alguna vez lo solicitó un magistrado a sus colegas. Cayó en desgracia el Gobierno de la Seguridad Democrática ante las Altas Cortes y, en consecuencia, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se convirtió en el chivo expiatorio de la más rastrera persecución política. Fue condenado a 17 años de prisión y al pago de una multa de 30.000 millones de pesos porque supuestamente contrató con el IICA, sin licitación pública, un convenio típico de ciencia y tecnología en riego y drenaje. Esta dependencia de la OEA seleccionaba y asignaba las ayudas de su programa Agro Ingreso Seguro, AIS. Desatendió la Corte los testimonios de los funcionarios de IICA, que declararon que nunca el exministro Arias intervino en la adjudicación de tales recursos, es decir, que no fue responsable de los delitos que se le imputaron arbitrariamente.

Conoce suficientemente la opinión pública la cadena de atropellos judiciales en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El 4 de agosto de 2020 una Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dio a conocer su fallo según el cual el expresidente es declarado culpable en delitos de soborno a testigos y fraude procesal, y se le impone detención domiciliaria y el distanciamiento de toda intervención pública en política. Como es sabido, a la denuncia formulada por el expresidente en contra del senador Iván Cepeda, este respondió buscando en diferentes cárceles aquellos criminales que le pudieran servir como testigos de cargo contra su rival en la política. Infringió la Corte el ordenamiento legal ordenando ilegalmente la interceptación de las comunicaciones del expresidente en su inútil búsqueda de evidencias incriminatorias. Le fue negado el derecho a defenderse en libertad de tan peregrinas acusaciones por considerar que podría entorpecer el proceso en su contra.

Contrasta esta providencia con la que pronunció la Corte en 2019, según la cual liberó al dirigente guerrillero y reconocido criminal Jesús Santrich para que pudiera “defenderse en libertad”, lo que fue aprovechado por el bandolero para fugarse a Venezuela.

Para no extendernos más de la cuenta, basta con reseñar la última de las hazañas del Cartel de la Toga: Al excongresista León Freddy Muñoz, actual embajador en Nicaragua, le fue incautado, en flagrancia, en el aeropuerto de Rionegro, el 31 de mayo de 2018, 146 gramos y otra bolsa con 200 gramos. Para mayor claridad sobre la flagrancia, se dispone en el art. 301 del Código de Procedimiento Penal:

“Se entiende que hay flagrancia cuando:

1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito.

2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración.

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él.

4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después.

La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo.

5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible.”

No existe la menor duda de que el imputado Muñoz fue aprehendido en estado de flagrancia, vale decir, mientras estaba cometiendo el delito de transporte de droga, cuya posesión no pudo explicar.

En otras palabras, se trata de una situación en la que un observador "pilla" al autor de los hechos durante la comisión de un delito mediante una percepción sensorial directa. Por lo tanto, no es necesario iniciar una investigación.

En estos casos no cabe la presunción de inocencia, ya que las propias características de la comisión del delito son una prueba en sí al haber sido percibido directamente por los testigos.

Pues, admírense queridos lectores, fue capaz la Corte de absolver a este procesado porque manifestó que la droga no era suya, que él no consumía droga, que como congresista tenía un sueldo muy alto y no necesitaba traficar con droga. Es normal que cualquier delincuente, en tan comprometida situación, apele a semejantes justificaciones. Pero lo que definitivamente no es normal es que la Corte Suprema se crea esa explicación y desconozca la figura de la flagrancia, prueba reina de la culpabilidad en todos los sistemas penales del planeta.

Este es el más fiel retrato de nuestra oscura justicia. ¿Quién puede creer en sus fallos cuando no son llevados a la cárcel todos los corruptos que están desangrando al país? ¿Hasta cuándo debemos esperar para que se castiguen como es debido las masacres, los genocidios y los crímenes de todo tipo cometidos por las guerrillas en seis décadas de terror? ¿Para qué más reformas a la justicia que se limitan a aumentarles el presupuesto sin exigir a cambio que reduzcan la impunidad o el incumplimiento de los términos procesales? ¿Seguiremos en poder del Cartel de la Toga y de una justicia politizada, mediocre y vendida? ¿Continuará la Corte dejando en libertad a los negociantes de la droga para que este sucio negocio siga ahogando al país?

El mundo en alto riesgo

Andrés de Bedout Jaramillo

Podríamos enumerar los grandes riesgos a los que está sometido el mundo en los actuales momentos, riesgos que nos producen miedo al futuro próximo y nos reta a buscar soluciones inmediatas y efectivas.

1. Riesgo a una tercera guerra mundial. Parece increíble, pero los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, y entre Israel y Hamas, ya generan tensiones que encienden alarmas nucleares, entre los países que cuentan con este tipo de súper destructivos armamentos, que no son muchos, pero están tomando partido en los conflictos mencionados. Desafortunadamente, hasta el momento, no encuentran soluciones de fondo, que permitan su terminación, generando inclusive desesperos entre aliados, por el escalamiento paulatino al que se va llegando en los países implicados, en destrucción y muertes, donde cualquier error en atacar estructuras muy sensibles, puede generar una irreversible activación nuclear, que detonaría la que sería la peor de las guerras.

Los países implicados, sufren una crisis de confianza entre las partes y mantienen una sed de venganza, que alientan a la victoria con dominación y ocupación, y a la derrota con sometimiento y humillación. Hoy, más que nunca, las partes en conflicto deben explorar posibles arreglos a las dificultades que generaron los conflictos, ojalá dentro de un cese al fuego prudencial, temporal y verificable, que no pueda ser utilizado para que las partes tomen un nuevo aire de reagrupamiento, de rearme y fortalecimiento. El objetivo debe ser el fin del conflicto, que beneficie a las partes, que tendrán que cargar con la pérdida de seguramente algunos beneficios.

Lo otro sería la guerra hasta el final, con rendición del perdedor y alto riesgo de que el conflicto degenere en una guerra mundial. Tremendo reto tenemos como humanidad, para evitar nuestra autodestrucción.

2. El azote de los fenómenos naturales: inevitables son las fuerzas de la naturaleza, el agua, el fuego y el viento, vitales para nuestra existencia, se enfurecen y asechan a la humanidad con inundaciones, incendios y huracanes, dejan grandes destrucciones a su paso y solo podemos hacerles frente con alertas tempranas, planes de evacuación y atención de desastres, refugios y programas de reconstrucción y reubicación.

3. Las pestes, las pandemias y las enfermedades incurables y mortales, que llegan para quedarse, mientras la ciencia encuentra la cura a tan graves males. Curiosamente los aportes de los científicos de Israel, una de las fuerzas enfrentadas, han contribuido sustancialmente a la medicina, para bien de la humanidad.

Estas terribles amenazas, para la humanidad, tienen en común, el hecho de ser eventos súbitos, en la mayoría de las veces impredecibles y todos generadores de destrucción y muerte, además de la migración de millones de personas.

A estos riesgos agregamos los conflictos internos, en los países donde las dictaduras se vienen imponiendo, a través de gobiernos de la izquierda comunista, fracasada como modelo en todo el mundo, que están generando un fenómeno de migración masiva de millones de personas, que buscan mejores oportunidades en nuevos territorios, algunos ávidos de mano de obra laboral, que ya no tienen, por el envejecimiento de su población y la negación de las nuevas generaciones a formar familias formales, con hijos, habida consideración de los esfuerzos físicos, económicos y de la mucha valentía, que ello exige.

Incluir en la fuerza laboral a los migrantes, genera un fenómeno de competencia con la mano de obra local, que, aunque escasa, termina quitándole puestos de trabajo, por ser más eficientes y baratos, además de que muchos oficios, ya no los quieren ejercer los locales, por ser considerados difíciles y de mucho sacrificio, yo diría que este fenómeno se está dando en todos los países, inclusive en los subdesarrollados como el nuestro.

El otro fenómeno de la migración es el de la cantidad de delincuentes que trae el proceso migratorio, terminan haciendo daños en sus nuevos países de destino, lo que genera esa xenofobia, donde como siempre, por unos pocos malos, terminan pagando las consecuencias, muchos buenos.

Resulta prácticamente increíble, que varios países estén utilizando el mecanismo de la migración, para liberar presos con destino específico. En nuestro caso se dice que Venezuela ejerce esta práctica desafortunada, que termina desacreditando a la gran cantidad de venezolanos, buenos elementos, que ya se han asentado en nuestro país, lo sienten como propio y conviven normalmente con nosotros.

Qué más podíamos esperar de Maduro, expulsa a los suyos y nos encarta con sus delincuentes. Entre a menos gente le toque dar mantenimiento súper precario, más se puede enriquecer; por algo será que hasta Brasil ha perdido la confianza en Maduro y sus secuaces.

En nuestro país, cada vez más débil para enfrentar estos grandes riesgos y realidades, que se ciernen sobre el mundo, habida consideración del propósito auto destructor que viene ejerciendo el gobierno de Petro y sus secuaces, colocándonos en inferioridad de condiciones para enfrentar los efectos extremos de estos riesgos y realidades, generadores de migración, con efectos socio políticos y económicos, que requieren de gobiernos muy eficientes y responsables, capaces de mantener sus economías a flote, en la generación de los recursos necesarios para enfrentar estas realidades.

En Colombia, con un ejército debilitado y desmotivado, una unidad de atención de riesgos y desastres totalmente saqueada y debilitada y un sistema de salud inducido a la quiebra, va a ser muy difícil hacerles frente a estos riesgos que se ciernen sobre el mundo.

Solo nos queda acercarnos mucho más a Dios, creador de cielos y tierra, para que nos proteja frente a estos grandes riesgos.

Tres horribles problemas

Andrés de Bedout Jaramillo

En la sociedad actual estamos enfrentando tres problemas muy difíciles, malucos, horribles y que requieren urgente atención de todos:

1. Las basuras e indigencia.
2. Los habitantes de calle.
3. El consumo de drogas y alcohol.

No sabemos cuál de los tres es peor, los tres son una desgracia, inclusive se interrelacionan y tienen sus parecidos. Los habitantes de calle viven entre la basura, drogados y/o borrachos, causan temor y desagrado, se roban las tapas de las alcantarillas, de los contadores, las basureras y todo lo que sea metálico, destruyendo a su paso el amoblamiento urbano, duermen en calles y parques y hacen sus necesidades fisiológicas en cualquier parte. Son instrumentalizados por bandas de delincuentes, al servicio de la venta de drogas, el robo y quema del cable de teléfonos para sacar cobre, de un muy desordenado reciclaje de basuras, dejando en muy malas condiciones los sitios donde desarrollan esas actividades.

Se apoderan de sectores que convierten en infiernos tenebrosos, haciéndole la vida imposible a sus usuarios y vecinos, mejor dicho, el desastre de los desastres, la violación más clara y flagrante al interés general.

Estamos pasados de la necesidad de que se legisle sobre esta creciente situación, para que se le permita mucha más capacidad de acción al Estado, los municipios y departamentos, para con su fuerza pública ser más efectivos en la lucha contra este flagelo. Ya es hora de que la Corte Constitucional revise su jurisprudencia frente a este tema que avanza a pasos agigantados y que requiere para su atención, el uso de la fuerza para conducir a tratamiento y atención a la gran cantidad de seres humanos que por causa de la dependencia absoluta de las drogas, han escogido la calle como su lugar de habitación, en las peores circunstancias de higiene y cuidado personal, con su mente enajenada que les permite acciones como las de lanzar rocas desde los puentes para matar conductores y motociclistas, robarles sus pertenencias y contar con dinero para financiar su vicio, que les garantiza la continuidad de vida en la enajenación total.

Son humanos y tienen sus derechos y se los tenemos que respetar, pero también tienen la obligación de respetar a los demás, de no afectar a la salud ni a las condiciones higiénicas, ni menos a la seguridad del resto de la población, que además, es la mayoría, y es por eso que tiene que primar el interés general sobre el interés particular.

En Medellín, por ejemplo, parece que tenemos ya más de 9.000 indigentes y habitantes de calle deambulando por la ciudad, asentados en lugares específicos que han convertido en sus territorios, llenos de basuras, de excrementos, de droga, de prostitución, de enfermedades, de contaminación.

La oferta institucional, para brindarles alimentación, baño, dormida, atención médica y psiquiátrica, podría ser más eficiente, si se permitiera desde la ley, la posibilidad de la utilización de la fuerza para conducirlos a estos lugares y la posibilidad de retenerlos en ellos para poder atenderlos en la mejor forma posible.

Sería mucho más digno el vivir de un indigente en los sitios que ofrece el municipio, que en la calle. Sería más seguro, más higiénico, menos contaminante y haría más vivible la ciudad en sus espacios públicos.

Hay muchas personas, instituciones, empresas y entidades que en una u otra forma, trabajan en la forma de poder ayudar a mitigar las consecuencias de estos tres horribles problemas, pero desafortunadamente los resultados no son los que quisiéramos como sociedad.

La generación de basuras crece, mientras que las alternativas de tratamiento diferentes a enterrarlas, por sus altos costos y poca sostenibilidad, no avanzan.

Los indigentes y habitantes de calle se incrementan día a día, invaden los espacios, forman comunidades que se asemejan a infiernos, generando inseguridad, desorden, malos olores y desaseo. Qué situaciones tan horribles y desagradables e incómodas para la sociedad.

El consumo de drogas y alcohol se incrementa en una forma impresionante, dejando en su paso, familias destruidas, hijos no deseados, huérfanos, muertos y miles problemas.

Los gobiernos, nacional, departamentales y municipales, cuentan con múltiples dependencias y presupuestos, supuestamente para luchar contra estos tres graves problemas, que inclusive tienen muchos puntos comunes en su afectación directa a todos los miembros de la sociedad y por ello cabe preguntarnos:

1. ¿Cuál es el grado de interacción entre las entidades del Estado, a todos los niveles, para acometer estos terribles problemas?

2. ¿Cuál es el grado de interacción entre las diferentes personas, fundaciones y entidades, que en una u otra forma trabajan para ayudar a las personas (recicladores, indigentes, viciosos, etcétera)?

3. ¿Cuál el grado de interacción, organización y colaboración de las entidades del Estado y de las personas e instituciones dedicadas a estas difíciles labores?

4. ¿Existen cadenas de suministros organizadas que permitan que sector público y privado trabajen coordinadamente estos temas?

5. ¿Existen mediciones que permitan ver avances o retrocesos en el manejo de estos horribles problemas?

Más vale tarde que nunca, señores congresistas, ustedes hacen las leyes y es urgente que se pongan a trabajar sobre estos temas tan delicados y difíciles; el interés general lo demanda.

De cara al porvenir: inseguridad total

Pedro Juan González Carvajal

Muy a nuestro pesar, nuestra muy rica, exuberante y a veces mal querida Colombia, se encuentra sumida hoy en uno de los períodos más inciertos de su historia, pues están reapareciendo o agudizándose fenómenos de violencia que ingenuamente habíamos creído que habían sido medianamente superados, donde guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, contrabandistas, malandrines, sicarios, ladrones y delincuentes de cuello blanco hacen de las suyas.

Con más impulsos e intenciones individuales que colectivos, se han logrado resultados en su momento con el M-19, con la UP a pesar de su casi exterminio sistemático, luego con parte de las FARC y hoy se trata de negociar simultáneamente con un monstruo de mil cabezas, que antes de sentarse en cualquier mesa de negociación ya tiene clara la estrategia de cómo seguir delinquiendo a partir del mecanismo de “creación” de las llamadas disidencias, que es un punto que ya cualquier gobierno y gobernante con experiencia debería tener en cuenta antes de sentarse a la mesa.

“Yo firmo con parte de mis miembros, pero no puedo hacer nada si hay otros que no quieren o no se sienten representados por nosotros”, es el argumento peregrino que escuchamos a diario.

Para hacer de nuestro caso una verdadera misión imposible, transversalmente el negocio del narcotráfico inunda y copa todos los espacios de la sociedad, haciendo que la guerra ideológica, con objetivos políticos más o menos claros –con los que uno puede estar o no de acuerdo–, ha sido burdamente reemplazada por un conflicto de interés económico donde los ilegales tratan de tener pleno control del negocio en sus diferentes eslabones, ingresando a nuevas actividades que socavan la soberanía nacional como el control de muchos territorios, la distorsión del negocio minero y el lavado intensivo de activos.

Mención especial merece la corrupción galopante que nos está minando como sociedad civilizada.

Mientras tanto, nuestro aparato de justicia reconoce una impunidad de más del 90% y la fuerza pública se encuentra maniatada ante el uso de escudos humanos por parte de los insurgentes y/o delincuentes, que no le permiten actuar sin quebrantar los principios elementales de derechos humanos, lo cual a los contrincantes les importa un carajo. Los órganos de control se han convertido en actores mediáticos con actuaciones post mortem.

Ante la existencia de muchos tipos de violencia, pues se expresan y manifiestan muchos tipos de inseguridad, tanto en el campo –como lo ha sido tradicionalmente–, como en las ciudades que se han convertido en nuevos escenarios de conflicto.

Atentados indiscriminados contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura, secuestros extorsión, gota a gota, desplazamiento forzado, asesinatos de soldados, policías, indígenas, periodistas, reinsertados, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, por no enumerar sino parte del macabro mosaico de actuaciones cuotidianas que tienen a la población asustada ante la falta de contundencia por parte de quienes ostentan de manera legal y legítima el poder de las armas.

El Estado no ha sido capaz de proteger a su población y mucho menos a quienes se han levantado para defender sus derechos o cumplir los acuerdos pactados.

Un ejemplo palmario es el pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación según el cual cada semana de 2024 han sido asesinados 3 líderes sociales.

Tenemos vergonzosos resultados planetarios donde ocupamos el pódium de países que más asesinatos de líderes de cualquier tipo o segmento de interés han tenido en los últimos años.

¿Qué hay que hacer?

Pues primero hay que reconocer que esto se salió de madre y que, respetando las condiciones actuales y manteniendo las estrategias vigentes, el Estado perderá cada vez más presencia y credibilidad en los territorios y ante los ciudadanos indefensos.

Lo segundo, asumir con determinación y verdadera voluntad política, la solución de los problemas estructurales que agobian a los colombianos desde hace 200 años y que comienzan con el tema de propiedad y tenencia de la tierra y la lucha contra la pobreza, la injusticia y la iniquidad.

Lo tercero, hay que reconocer que no tenemos ni sistema ni aparato de justicia y que es inaplazable refundarlo desde sus cimientos, así como a los denominados “órganos de control”.

Lo cuarto, asumir, si es del caso, la terrible decisión de declarar el estado de guerra y darle las herramientas jurídicas y logísticas a nuestras Fuerzas Militares y de Policía para que puedan desplegar su acción.

Lo quinto, mostrar verdadera voluntad de resolver los problemas de seguridad. No es justificable bajo ningún punto de vista que ciertos personajes sigan delinquiendo y dirigiendo sus negocios desde la cárcel, empleando celulares que les llegan por cantidades y de manera permanente.

Existe la tecnología para obstruir las señales de celular en un perímetro determinado como se hizo por ejemplo con la visita del presidente Obama en años recientes a la ciudad de Cartagena. ¿Ya se les olvidó?

¿Si existe la tecnología ya probada por qué no se usa? ¿Incompetencia o complicidad en las altas esferas de decisión?

Lo sexto, cuando uno es el bueno de la película debe actuar como tal. Ante la creciente confrontación actual, situaciones como la de los “falsos positivos” no puede ni debe volver a presentarse jamás.

Lo séptimo, entender que existen dos frentes de conflicto vigentes: por un lado, la guerra contra los carteles de todo tipo y segundo, la guerra sin cuartel contra la corrupción.

Hoy lo que está en juego es la soberanía nacional. Si no reaccionamos ya, el actual modelo de Estado y el tipo de Gobierno presente, estarán en sus últimos estertores antes de su colapso total.

Estamos jartos de tanto bla, bla, bla y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantas entrevistas y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantas declaraciones y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantos trinos y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantos escándalos y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantas denuncias y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantas investigaciones y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tanta reunionitis y tan pocos resultados.

¡Lo que haya que hacer, hay que hacerlo, pero ya!

Nota: parece que la forma de criminalizar o descriminalizar la “protesta social” se ha convertido en un asunto del fiscal general de la Nación de turno, lo cual no es serio pues esto debe ser una política de Estado y no un criterio del fiscal y del Gobierno de turno. 

Editorial: sucesos de la semana 31

En su editorial de la semana para El Pensamiento al Aire, Antonio Montoya H. reseña los dos accidentes de los buses que transitaban entre la Costa Atlántica y Medellín; el deslizamiento de tierra en la vía entre Medellín y Chocó; las intervenciones del fiscal Barbosa en contra de las políticas de Gustavo Petro; el fortalecimiento de la delincuencia en 16 departamentos de Colombia; los gastos de la primera dama Verónica Alcócer; los gastos de la Cancillería en una nueva flota de vehículos; el juicio de Nicolás Petro; los incrementos en el SOAT y en las tarifas de energía; de la demanda que apoya Petro de Sudáfrica a Israel; los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido a los Hutíes de Yemen, y finaliza con la situación de Ecuador.