¿Para cuándo la reivindicación de los buenos?

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Nunca habrá avance social mientras el ciudadano, que nada debe, le tenga que temer a la injusticia a manos de la justicia. La ausencia de justicia es el mayor desastre de una sociedad. En medio de una exuberancia de individualismos, engaños y envidias atadas a la perennidad de un trópico infernal lleno de pestes y malezas disfrazadas de personas, hemos llegado al extremo de que sea la justicia la que más atropella lo justo y más ignora y machaca la verdad.

Aquí las Cortes cometen injusticias abusando por plata o ideología, y los entes de control están totalmente politizados. Perniciosamente conviven con la corrupción política afectando moralmente la sana convivencia, el desarrollo y el crecimiento humano que deben enmarcar la cultura de toda una nación, olvidando que existen para defender la constitución y el derecho.

Para la justicia ya no son malas las violaciones a la ley si las hace la criminalidad de botas y fusil, la pistolera o la que viste traje y está enjambrada en las instancias del poder central capitalino y su reflejo regional. Aquellos ya no tienen culpa porque son parte del pluralismo populista, la tolerancia y de la mal llamada justicia social progresista que aprieta la tenaza de la combinación de todas las formas de lucha. Aquí los que le salimos debiendo a la clase política corrupta que nos gobierna, somos los ciudadanos que acatamos la ley y pagamos impuestos.

Está pendiente en Colombia el debate y el enjuiciamiento al daño causado por la subversión. El Estado le debe al país, a las generaciones presentes y futuras el juicio político, social, económico y moral al daño que han hecho las narcoguerrillas, las organizaciones criminales y sus cómplices desde el Estado, la práctica torcida del derecho, y los partidos políticos e instituciones que dicen defender y representar el pueblo, pero que se han vendido a contratistas corruptos y a los intereses del gran negocio de la droga, que a tantos mata.

Sin ese juicio jamás podremos recuperar ni avanzar como sociedad civilizada. Mientras no haya consecuencias punibles sino impunidad, no habrá futuro ni esperanza en este país y seguiremos viviendo de la mentira, y en la negación de la mentira, y un pueblo que ha sido libre pasará a ser esclavo de un totalitarismo constitucional opresivo que solo favorecerá a los pocos que ejerzan el poder bajo las formas estatistas del SSXXI.

La nata podrida del poder de la capital, las cortes, la fiscalía y los demás entes de control han defendido cuantos procesos de paz les ha dado la gana de instaurar a los presidentes, pero nunca han permitido un enjuiciamiento a quienes agreden de manera violenta a toda la sociedad.

Los procesos de paz solo son formas injustas de obviar el sometimiento a la ley, de mantener las apariencias y esconder la impunidad negociada clandestinamente con todo tipo de organizaciones criminales que atracan, roban, atacan, extorsionan, matan y secuestran, violan, embarazan, hacen abortar niñas campesinas indefensas y convierten en sicarios a seres humanos inocentes.

Aquí hubo “Para-política” pero nunca FARC - política, pues para poder infestar el país de falsa paz, lo que se estila es la impunidad total. Nunca llegaremos a nada como sociedad mientras no se cumpla el deber democrático de hacerle el juicio político y legal en los propios estrados judiciales que no están ocupados por mérito sino por la plaga del vil clientelismo, y gran parte de nuestra clase política ha sido la validadora de las acciones de todo el crimen organizado. ¿Son esos los que queremos reelegir?

En el caso colombiano tras el biombo de la Justicia Especial para la Paz, (JEP) está desnuda la perniciosa vergüenza de las demás Cortes que se dejaron montar un negocio paralelo para proteger criminales, una inquisición moderna para moler la coercibilidad del derecho y el Estado gendarme, y para operar una lavandería selectiva de delitos de lesa humanidad.

Como dice el narco libretista, aquí los malos han sido los buenos que se tienen que aguantar los violentos, “los hijueputas policías”, y las familias que han entregado sus hijos para que los maten defendiendo la ciudadanía, los cientos de miles de personas que trabajamos para que medre a placer el progresismo que acomete la destrucción sistemática institucional de las arcas del Estado y de la riqueza que generamos los particulares.

Le han vendido al citadino y a la juventud el cuento de que quienes trabajamos y vivimos en el campo somos “paracos”. Pero ¿se han preguntado los políticos quiénes les dan de comer?, pues aquí no todo lo que llega a la mesa es importado. Se han preguntado al legislar ¿cuáles son los problemas con los que tenemos que lidiar quienes producimos para mantener a todos los que viven del Estado?

Parece que aquí solo van a enjuiciar y a expropiar a los empresarios que han generado empleo y puesto sus patrimonios a riesgo. Aquí gana el malo y lleva del bulto el que tenga una tierra y la trabaje, sea patrón, empleado, viva en la ciudad o tenga el valor de vivir en el campo para proteger su propiedad con su vida o con el alto costo de un secuestro, un asesinato o una extorsión.

Un Estado que no provea seguridad, justicia, no de ejemplo de austeridad ni provea servicios de agua, salud, energía, gas, sistemas de comunicación y transporte, y que no ofrezca confianza a la inversión, no tiene derecho a cobrarle un peso más al ciudadano que trabaja y tributa honestamente para mantener un negocio, que da empleo y sostiene otras familias.

Pongámonos de acuerdo para ir a las urnas el 21 de junio a manifestar nuestra determinación de votar por seguir siendo una nación libre y un país democrático en el que podamos construir algo mejor para las generaciones que vienen, evitando que Colombia se consolide como un narco Estado bajo el modelo Castro-chavista.

Justicia por mano propia

José Leonardo Rincón, S. J.

Impactan las noticias de conductores ebrios y ladrones linchados por turbas enardecidas. Las víctimas de estos occisos fueron gente inocente: algunos departían frente a un puesto de comidas, otros iban en moto o eran simples transeúntes que fueron embestidos con sevicia; una mamá a la que roban aprovechando que está ocupada con su pequeña hija... no son los primeros casos, no son los únicos, no serán los últimos.

Lo que se devela tras tan violentos acontecimientos, que ahora quiere sancionar la justicia, es que la gente está harta de la impunidad. Por el sector en el que vivo hay un ladrón de celulares que ha sido capturado 38 veces, llevado al CAI, y 38 veces ha sido dejando en libertad. Las muchachas que azuzaron a los asesinos del joven estudiante asesinado el 31 de octubre están libres porque no hay manera de involucrarlas. El aparato de justicia falla. Los delincuentes lo saben y por eso mismo siguen infringiendo la ley descaradamente, porque tienen claro que no les va a pasar nada. Son los ladrones callejeros de barrio, pero también los encumbrados funcionarios de cuello blanco en altas posiciones del Estado o los que tienen reconocidos e influyentes abogados que logran exonerar a sus clientes, como en el caso Colmenares.

La misma "autoridad" se siente impotente. Si no hay pruebas del acto en flagrancia, habilidosos, por no decir mañosos abogados, saben cómo eludir la justicia. Hecha la ley, fue hecha la trampa. Esto es lo que la ciudadanía tolera cada vez menos y por eso cobra justicia por propia mano. Más de un fletero motorizado ha sido abatido al momento de cometer su crimen.

Paradójicamente, ahí sí, la justicia funciona y el que actuaba en legítima defensa es judicializado y le cae todo el peso de la ley. El que se robó comida para sobrevivir es condenado a prisión, pero el corrupto que robó miles de millones anda suelto. Delinquir paga. Porque aquel pobretón se pudre en una cárcel, en tanto los distinguidos malhechores disfrutan de casa por cárcel o libertad condicional.

La justicia por propia mano es inmediata y efectiva. La justicia ordinaria ni cojea ni llega. Grave el asunto en un marco de Estado fallido. Los centros de reclusión padecen de hacinamiento. Decenas de miles de procesos están detenidos. No se avanza. Cuando en una de nuestras casas nos hicieron un robo, el funcionario de la fiscalía que atendió el caso sobre las 10 de la mañana, nos dijo que era el cuarto caso de denuncia que ese mismo día estaba recibiendo y que por el estilo, cada día, eran como 10 que solo a él le tocaba atender. Hagamos cuentas de los altos índices de criminalidad. Más aún, siendo sincero, aunque el robo había sido cuantioso, como no había lesiones personales ni muertos, de seguro no avanzaría, nos dijo alentando nuestra resignación. Así ha sido: casi un año después solo hubo una ampliación de la denuncia pasados seis meses y luego, nada.

A propósito de los cada vez más recurrentes casos de justicia por propia mano, vamos a ver qué dicen las "autoridades". Ya veo declaraciones compungidas lamentando los hechos, descalificando el inaceptable proceder de las turbas asesinas, pidiendo dejar que la justicia ordinaria actúe legítimamente, para que todo siga igual o peor que antes. Pasa aquí y pasa en otras latitudes. La muerte del alcalde de Uruapan, en México, estaba perfectamente anunciada: no ha pasado nada. El genocidio en Gaza, crimen de lesa humanidad, se sigue dando ante los ojos indiferentes de la comunidad internacional: no pasa nada. La cuestión es y ¿por qué tenemos que esperar dictaduras y regímenes que impongan orden y disciplina con también potenciales excesos?, ¿por qué tenemos que seguir aguantando impotentes la injusticia e impunidad que están a la orden del día?, ¿hasta cuándo?

La impunidad es el mayor enemigo de la justicia

Luis Alfonso García Carmona

No hay día, en estos últimos tres años de desamparo, que no nos traiga un nuevo motivo de disgusto y desesperación. Nos referimos hoy a la bofetada que se ha propinado a las víctimas del más grave conflicto de nuestra historia.

Durante casi seis décadas la narcoguerrilla de extrema izquierda ha sometido al pueblo colombiano, especialmente el de las pequeñas poblaciones y las zonas rurales, a la más diabólica barbarie: genocidios, asalto de poblaciones, destrucción de infraestructura (oleoductos, líneas eléctricas, estaciones de policía), secuestros, extorsiones (eufemísticamente hablando, “vacunas”), reclutamiento forzado de menores y abuso sexual de los mismos, abortos forzados de las reclutadas, desplazamiento forzado de campesinos, daños al medio ambiente con la voladura de oleoductos y laboratorios de cocaína, invasión de la propiedad privada y abigeato.

Una de las graves consecuencias del espurio y humillante acuerdo de La Habana, suscrito por Juan Manuel Santos con los facinerosos de las FARC fue la creación de un tribunal a la medida de los guerrilleros, el cual sólo ha servido para blindar con impunidad sus crímenes y para perseguir a los soldados y policías que los combatieron.

Después de 9 años de existencia, el tribunal de marras, la JEP, acaba de producir la primera sentencia contra los cabecillas de la organización criminal de las FARC, condenándolos a irrisorias penas alternativas de 8 años, sin pagar un solo día de cárcel.

Es la más contundente demostración de que no existe justicia en Colombia. Nadie entiende que mientras se castiga a estos delincuentes con simbólicas penas, un expresidente de la República, acusado de haber influido supuestamente en algún testigo, esté condenado en primera instancia a 15 años de cárcel, y los cabecillas de las FARC, responsables de genocidios y crímenes de lesa humanidad hayan sido elevados a la categoría de Padres de la Patria, concediéndoles curules gratis en el Congreso de la República. Se sentó el precedente de que el crimen, cuando sea cometido por la izquierda radical, es premiado y que a quien no comparta esta ideología se le aplicará la ley, aunque se vulnere el debido proceso y el derecho a la defensa.

Desafortunadamente no es el único ejemplo de la ausencia de justicia en nuestro país. Recordemos todo lo que ha pasado con el “Cartel de la Toga”, monumental tráfico de fallos a favor de quienes cuentan con recursos para pagar para su propio beneficio; o el sonado caso del bandido Santrich cuya fuga fue propiciada por varios tribunales; o los responsables de la enorme corrupción que nos ha escandalizado durante tres años, quienes no han podido ser condenados o se han fugado del país con el patrocinio del Gobierno; o los criminales que no pueden ser extraditados ni detenidos porque se les convierte en “gestores de paz” a pesar de su prontuario; o los delincuentes encallecidos de entrar y salir de las cárceles, que a diario los deja en libertad una justicia tolerante y cómplice, para que sigan amedrentando a la población; o los procesos que duermen el sueño de los justos en manos de una fiscal general, unida por estrechos vínculos con el Presidente.

Como decía Louis Farrakhan: “Realmente no puede haber paz sin justicia. No puede haber justicia sin verdad. Y no puede haber verdad, a menos que alguien se levante para decirte la verdad.”

Todos los esfuerzos que hagamos por la paz serán vanos, mientras no construyamos un eficiente e imparcial sistema de justicia basado en las siguientes premisas: 1) Eliminar el origen político de su cúpula (magistrados, fiscal); 2) Sustituir los nombramientos a dedo (clientelismo), por la designación por méritos, e implementar una verdadera carrera administrativa para ascender a cargos más elevados; 3) Establecer un sistema de control y vigilancia de todos los despachos judiciales para que cumplan con sus funciones y con los términos judiciales con arreglo a la Ley; 4) Despojar al Congreso de la potestad de adelantar y fallar procesos contra magistrados y altos cargos, para lo cual se creará un tribunal para aforados independiente del Congreso. A su vez, este tribunal juzgará a los congresistas para eliminar todo conflicto de intereses; 5) reforma a la ley penal y al procedimiento penal para ajustarlos a las necesidades de orden público, combate al terrorismo, el narcotráfico y la corrupción reinantes en el país.

Hay que regresar a la verdad para que haya justicia. Por lo tanto, es absolutamente indispensable terminar con la vigencia del Acuerdo de La Habana. El señor Santos no estaba autorizado para suscribirlo pues el pueblo colombiano, por medio de un plebiscito, rechazó ese acuerdo. Fue validado en forma ilícita por una coalición del Congreso mediante una simple proposición, sin fuerza legal y, luego, convalidado por la Corte Constitucional de ese entonces, quien manifestó que el proceso del plebiscito no había terminado y podía continuar en el Congreso. Todavía los abogados no hemos podido encontrar un prevaricato del tamaño de este que fraguaron a espaldas del pueblo los amigos de Santos.

Se requiere, además, que alguien se levante para decir la verdad a los colombianos. Pues la verdad es esta. Hay que derogar ese demoníaco acuerdo y reconstruir la administración de justicia para que haya paz y para que Colombia sea viable.

De cara al porvenir: la noria macabra de Colombia

Pedro Juan González Carvajal

Tristemente, en medio de un marco generalizado de impunidad, intolerancia y violencia genética, Colombia despide una vez más a otra de sus promesas.

Y no es que hayamos retrocedido 35 años. Es que hemos perdido miserablemente 3 decenios y medio, y nada que aprendemos a vivir, o al menos a coexistir de una manera civilizada. Cada vez más nos empeñamos en tratar de demostrar que somos un proyecto de sociedad fallido. Y a fe que lo estamos logrando.

De una manera respetuosa pero cruda, expongo una lista de chequeo que evidencia entre la realidad y la imaginación como en Colombia se cometen magnicidios, se anuncian magnicidios, se irrespeta la vida humana y no pasa absolutamente nada.

* Diferentes tipos de criminalidades y distintos tipos de violencia ponen en jaque y en ridículo al Estado que impotente ve como pierde presencia en el territorio y lo que es más grave, credibilidad ante los ciudadanos.

* Aparece de cuando en vez un personaje ingenuo y honesto que trata de hacer frente y se atreve a denunciar el orden de cosas.

* Los núcleos criminales y los enemigos políticos comienzan a incomodarse y a preparar su andanada de descrédito y de eliminación.

* Se solicita por parte del personaje ingenuo y honesto que se le asigne o se le refuerce el esquema de seguridad asignado ante el incremento de amenazas en su contra.

* Se comienza a comentar en diferentes círculos que es muy probable que el personaje ingenuo y honesto sea víctima de un atentado contra su integridad.

* Hay cambios inesperados en el esquema de seguridad del personaje ingenuo y honesto.

* En el ambiente se siente que el personaje ingenuo y honesto corre peligro.

* El personaje ingenuo y honesto y su círculo inmediato denuncian el aumento de amenazas en su contra y piden que se refuerce su esquema de seguridad.

* De manera injustificada y silenciosa se realizan cambios en el esquema de seguridad del personaje ingenuo y honesto, el cual es reducido de manera inexplicable.

* En medio de las giras y las actividades políticas, se vive un ambiente de intranquilidad y de zozobra.

* Finalmente, y como si fuera una crónica de una muerte anunciada, ocurre el fatal atentado contra el personaje ingenuo y honesto.

* Como buitres, los medios de comunicación, sin excepción, siempre morbosos, siempre amarillistas, convierten el suceso en una noticia vendedora de rating.

* Comienzan a darse los enérgicos pronunciamientos por parte de todo tipo de autoridades gubernamentales.

* Se declaran 3 días de duelo nacional y la velación y el sepelio se convierten en todo un espectáculo luctuoso.

* Se pide que se baje el tono a las autoridades competentes.

* Se enardece la sensiblería nacional.

* Se reclama por lo frágil del esquema de seguridad al momento del atentado y otros políticos advierten del peligro que están corriendo y reclaman mejores condiciones para continuar con sus actividades proselitistas.

* La inefable Fiscalía General de la Nación y el director de la Policía Nacional anuncian que hay pistas y que se harán todos los esfuerzos posibles para encontrar a los responsables.

* Se anuncia el incremento de operativos y cuantiosas recompensas para quienes den información que permita dar con los responsables.

* Se anuncia con bombos y platillos la captura de un posible participante (usualmente menor de edad), el eslabón número 10 000 dentro de la cadena delictiva que planeó, organizó y perpetró el atentado.

* Se anuncian nuevas pistas y capturas, mientras la indignación crece.

* De manera insólita se reconoce que se han extraviado objetos decomisados a los detenidos, que permitirían algún avance en las investigaciones.

* Misteriosamente se informa de la fuga de uno de los capturados.

* Se pide un gran acuerdo nacional para frenar el odio y la polarización.

* Pasan los días y las investigaciones exhaustivas no avanzan.

* Se anuncia el asesinato de uno de los testigos o colaboradores del atentado recluido en una cárcel de máxima seguridad.

* Mientras tanto se realizan velatones, se organizan eventos donde la gente suelta bombas blancas y aumentan los discursos que promueven aquello de que “los buenos somos más” y que “los malos no pasarán”, teniendo como pancartas de fondo anuncios con el mensaje de “nunca más”.

* Todas las “fuerzas vivas del país” periódicamente se pronuncian repudiando el hecho e invitando a la concordia y aseverando que un hecho tan horrible no puede volver a suceder.

* Se realizan plantones de rechazo.

* Los directores gremiales llaman a la reconciliación.

* Se organizan marchas (que entre otras curiosidades se han convertido en un elemento más del folclore nacional) y los asistentes se visten de blanco y entonan arengas de reclamo y de repudio.

* Se solicita que el crimen cometido sea elevado a la categoría de lesa humanidad.

* Sigue pasando el tiempo y no hay avances significativos en la investigación y las rutinas de siempre van dejando atrás el suceso que si acaso va apareciendo en el horizonte como un recuerdo.

* Pasan presidentes, pasan fiscales, pasan ministros, pasan directores de la Policía y el crimen no se esclarece.

* De nuevo, se consolida la impunidad.

En Colombia un crimen y un escándalo es reemplazado por otro, y así la noria de nuestra historia cuenta y recuenta nuestro fracaso institucional, la ineptitud de nuestras autoridades, la inexistencia de un verdadero sistema de justicia y el espíritu violento que acompaña a los colombianos, agravado por el hecho de una inexistente conciencia geográfica e histórica.

A la fecha, los grandes magnicidios han quedado en la impunidad y nos hemos acostumbrado a eso, quedando solo un creciente inventario de víctimas, de viudas y de huérfanos.

La resignación se convierte en complicidad mientras el miedo y el odio se apoderan de la población y el Gobierno de turno como cabeza conductora temporal del Estado, hace maromas y trata de mantener un forzado equilibrio tratando de aparentar y de simular que manda, que tiene el control de la fuerza y de las armas, que controla el territorio y que, sobre todo, tiene la confianza y el respaldo de los ciudadanos, confianza y respaldo que ya se están desvaneciendo llegando a límites insostenibles.

Paz en la tumba de Miguel Uribe Turbay.

El oscuro retrato de nuestra justicia

Luis Alfonso García Carmona

Podría decirse que ya los escándalos sobre nuestra justicia no sorprenden a nadie. Lo que antes conocíamos como “la majestad de la justicia” fue sustituido por un perverso intercambio de providencias por dinero. Se introdujo la corrupta manipulación de expedientes, dilatación de los trámites, valoración sesgada de las evidencias y fallos sin sustento procesal para beneficiar a quienes pagan las tarifas exigidas o para perjudicar a quienes se niegan a pagar por estos “servicios de los que antes llamábamos honorables magistrados”. Es lo que se conoce ahora como El Cartel de la Toga. En este sentido, un exjuez testigo de la operación del Cartel declaró ante la Comisión de la Verdad: «Esa gente no va a tranzarse con 10 ni 20 millones que eso yo los puedo conseguir, pero sí con 200, 300, 500 millones, como sucedió con el señor que le alcanzaron a quitar alrededor de 1.100 millones: 600 para una domiciliaria y no se la concedieron, y 500 para una revocatoria de una medida, y tampoco le hicieron nada, o sea que se le robaron 1.100 millones». (Entrevista 582-VI-00068. Exjuez).

Al cochino dinero se le suma el veneno de la política que ha reemplazado al Derecho, tal como alguna vez lo solicitó un magistrado a sus colegas. Cayó en desgracia el Gobierno de la Seguridad Democrática ante las Altas Cortes y, en consecuencia, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se convirtió en el chivo expiatorio de la más rastrera persecución política. Fue condenado a 17 años de prisión y al pago de una multa de 30.000 millones de pesos porque supuestamente contrató con el IICA, sin licitación pública, un convenio típico de ciencia y tecnología en riego y drenaje. Esta dependencia de la OEA seleccionaba y asignaba las ayudas de su programa Agro Ingreso Seguro, AIS. Desatendió la Corte los testimonios de los funcionarios de IICA, que declararon que nunca el exministro Arias intervino en la adjudicación de tales recursos, es decir, que no fue responsable de los delitos que se le imputaron arbitrariamente.

Conoce suficientemente la opinión pública la cadena de atropellos judiciales en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El 4 de agosto de 2020 una Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dio a conocer su fallo según el cual el expresidente es declarado culpable en delitos de soborno a testigos y fraude procesal, y se le impone detención domiciliaria y el distanciamiento de toda intervención pública en política. Como es sabido, a la denuncia formulada por el expresidente en contra del senador Iván Cepeda, este respondió buscando en diferentes cárceles aquellos criminales que le pudieran servir como testigos de cargo contra su rival en la política. Infringió la Corte el ordenamiento legal ordenando ilegalmente la interceptación de las comunicaciones del expresidente en su inútil búsqueda de evidencias incriminatorias. Le fue negado el derecho a defenderse en libertad de tan peregrinas acusaciones por considerar que podría entorpecer el proceso en su contra.

Contrasta esta providencia con la que pronunció la Corte en 2019, según la cual liberó al dirigente guerrillero y reconocido criminal Jesús Santrich para que pudiera “defenderse en libertad”, lo que fue aprovechado por el bandolero para fugarse a Venezuela.

Para no extendernos más de la cuenta, basta con reseñar la última de las hazañas del Cartel de la Toga: Al excongresista León Freddy Muñoz, actual embajador en Nicaragua, le fue incautado, en flagrancia, en el aeropuerto de Rionegro, el 31 de mayo de 2018, 146 gramos y otra bolsa con 200 gramos. Para mayor claridad sobre la flagrancia, se dispone en el art. 301 del Código de Procedimiento Penal:

“Se entiende que hay flagrancia cuando:

1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito.

2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración.

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él.

4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después.

La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo.

5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible.”

No existe la menor duda de que el imputado Muñoz fue aprehendido en estado de flagrancia, vale decir, mientras estaba cometiendo el delito de transporte de droga, cuya posesión no pudo explicar.

En otras palabras, se trata de una situación en la que un observador "pilla" al autor de los hechos durante la comisión de un delito mediante una percepción sensorial directa. Por lo tanto, no es necesario iniciar una investigación.

En estos casos no cabe la presunción de inocencia, ya que las propias características de la comisión del delito son una prueba en sí al haber sido percibido directamente por los testigos.

Pues, admírense queridos lectores, fue capaz la Corte de absolver a este procesado porque manifestó que la droga no era suya, que él no consumía droga, que como congresista tenía un sueldo muy alto y no necesitaba traficar con droga. Es normal que cualquier delincuente, en tan comprometida situación, apele a semejantes justificaciones. Pero lo que definitivamente no es normal es que la Corte Suprema se crea esa explicación y desconozca la figura de la flagrancia, prueba reina de la culpabilidad en todos los sistemas penales del planeta.

Este es el más fiel retrato de nuestra oscura justicia. ¿Quién puede creer en sus fallos cuando no son llevados a la cárcel todos los corruptos que están desangrando al país? ¿Hasta cuándo debemos esperar para que se castiguen como es debido las masacres, los genocidios y los crímenes de todo tipo cometidos por las guerrillas en seis décadas de terror? ¿Para qué más reformas a la justicia que se limitan a aumentarles el presupuesto sin exigir a cambio que reduzcan la impunidad o el incumplimiento de los términos procesales? ¿Seguiremos en poder del Cartel de la Toga y de una justicia politizada, mediocre y vendida? ¿Continuará la Corte dejando en libertad a los negociantes de la droga para que este sucio negocio siga ahogando al país?

Solo nuestra es la responsabilidad

José Alvear Sanín

Es muy difícil que ocurra algo nuevo en la historia universal. Varían los actores. Los imperios poderosos declinan antes de desaparecer. Ascienden y descienden países. La guerra, siempre presente, pero con armas cada vez más letales... y así sucesivamente. ¡Por tanto, podemos decir que nada nuevo hay bajo el sol!

Las guerras sacan a flote lo peor de los humanos; y hasta en las justas (bien escasas, por cierto), las mejores causas se contaminan de salvajismo.

En las últimas décadas se ha tratado, sin mayor éxito, a través de organismos y tribunales internacionales bien intencionados, castigar los crímenes que en ellas se cometen, pero a esas instancias casi siempre llegan muy tarde y solo algunos líderes políticos y militares de los bandos derrotados. Ningún déspota, mientras esté en el poder, tiene nada que temer, con excepción de la desaprobación de críticos impotentes, nacionales o foráneos.

Pero si hay alguna posibilidad de juzgamiento para líderes derrotados en conflictos de guerra exterior o en extremos aterradores de genocidio, pocas hay para los tiranos que condenan sus países a la esclavitud, a la persecución de los inconformes, el destrozo de sus economías, el saqueo de sus recursos o a la entrega del Estado a grupos criminales.

Cavilando sobre esos asuntos me vienen a la cabeza personajes como Pol-Pot, el criminal más aterrador, que muere tranquilo en su cama; o Maduro, campeón mundial de la expulsión de sus conciudadanos, 25% de los cuales han tenido que salir a mendigar en otros países, mientras Castro apenas pudo expatriar al 10% de los cubanos.

La “comunidad internacional”, si alguna vez ha existido, es indiferente ante los monstruos que hacen atroz la vida en sus países. La posición triunfante siempre es la de la “no intervención” en los asuntos de países ajenos. Al fin y al cabo, los tiranos siempre pueden exhibir resultados de elecciones fraudulentas, que pasan siempre como credenciales de democracia. Además, las grandes potencias imperiales de todos los tiempos apoyan siempre los gobiernos de sus satélites, mientras favorezcan sus intereses o los negocios, sin importarles nada más. (No olvidemos nunca aquello de “our bastard”).

Ahora bien, hay un catálogo de delitos de lesa humanidad que no prescriben y reclaman la solidaridad de la comunidad internacional con los pueblos subyugados, esclavizados, empobrecidos o hambreados por gobiernos criminales... y bla, bla, bla...

¡Pura paja! Los tiranos más abominables, desde la más longeva y aterradora de las dictaduras, la de Norcorea, y las espantosas como las de Cuba, Venezuela y las incontables de África, perduran sobre la desgracia de sus pueblos. Y esta lista es bien incompleta.

En Colombia vamos rápidamente a ser convertidos en otra Venezuela, a menos que el 28 de julio suceda un milagro, la salida de Maduro, porque si este se roba las elecciones, la comunidad internacional mirará para otro lado.

Entretanto, a nadie le aterra cómo Petro va entregando el espacio aéreo y jirones del territorio a sus guerrillas o a los narcotraficantes. No podemos sorprendernos ante la indiferencia de los extraños, cuando en el país hay tanta complicidad de parte de fiscales, jueces, congresistas, columnistas y comunicadores de medios masivos, jefes políticos y centenares de bodegas bien pagadas.

Por todo lo que acabamos de considerar a vuelapluma, es conveniente que entendamos que, si no somos capaces ahora —sin esperar prodigios electorales dentro de dos años, cuando la mayor parte del país esté controlada por las guerrillas, y la Registraduría por la izquierda—, el país caerá en el abismo sin retorno.

Desde hoy debemos reconocer que, si no se soluciona el problema a través de los mecanismos constitucionales, incluyendo el mandato de la Carta que obliga a los militares a mantener y defender el Estado de derecho, nadie vendrá a salvarnos de la tiranía, la barbarie y el hambre.

***

¿Existirá mayor maldad que perjudicar a todos los enfermos actuales –como es ya inocultable— y a todos los venideros, con la destrucción del sistema sanitario? La obligación de todo gobernante es mejorarlo. Por eso, destruirlo es, quizá por fin, algo nuevo bajo el sol, hecho que hará la fama imperecedera de su ejecutor.

Ladrones muy honestos

José Leonardo Rincón, S. J.

No lo duden, estamos evolucionando como país. Nuestros delincuentes, por ejemplo, cada vez se sofistican más. Había que verlos entrando al estadio de Miami en la final de la Copa América, con boletas falsificadas, otros sin boleta muy orondos y otros metiéndose como salvajes tumbando cercas, saltando muros, mejor dicho… Lo más granado de nuestra delincuencia criolla se dio cita en La Florida, con lo cual evidenció que tuvo para llegar al país del Tío Sam, pero no para pagar la entrada. Claro, si pasaron el Darién podían pasar los controles de seguridad y si entraron a USA sin visa, podrían entrar sin boleta al estadio.

Mientras eso acaecía en los predios cercanos a Disneylandia, en Macondo, nuestros honorables ladrones, haciendo de las suyas como siempre, han esquilmado el erario robándose todo lo que pueden. Bueno, eso siempre lo han hecho y todos lo sabíamos, lo que pasa es que antes no se dejaban pillar y si por mala suerte los agarraban, juraban por toda la corte celestial ser seres angelicales revestidos de inocencia y candor. Hoy día eso ya no importa. Si los descubren, saben muy bien que no va a pasar nada. Unos días de escándalo mediático y después a disfrutar los dolaritos en otras latitudes. A los de malas, casa por cárcel unos meses y después a gozar el fruto de su genial esfuerzo.

Pero la cosa mejora. Antes los agarraban y negaban sistemáticamente tener que ver con el delito.  Hoy, más frescos, viendo cómo fue la suerte de sus refinados predecesores, seguros de que no les va a pasar nada, ya no solo no lo niegan, sino que reconocen sus bellacos actos, cuentan todo ante los medios y aceptan no solo ser ladrones que hurtaron miles de millones de pesos, sino que además hacen el listado completo de las decenas de personajes beneficiarias a quienes sobornaron repartiéndose parte de la marrana. ¿Cómo les parece? No lo duden, estamos ante unos ladrones muy honestos, que dicen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, denuncian a sus compañeros y se sienten los chachos del paseo porque saben que aquí no ha pasado nada. Y efectivamente, no va a pasar nada. Quizás se puedan sonrojar al comienzo, pero en realidad están felices y tranquilos. Ya pronto tendrán para disfrutar sus recursos.

La pregunta es, ¿hasta cuándo estaremos así? Nuestros ladrones ya reconocen públicamente su delito, pero el paso que tienen que dar ahora es que devuelvan lo robado. Así debería ser, pero uno ve que la justicia, además de darles su merecido castigo, se empeñe en recuperar los dineros públicos, esos mismos que son del pueblo que pagó impuestos y que ve, impávido, cómo se los robaron. Como esta mala lección se repite y no pasa nada, por eso mismo la gente se anima a robar tan pronto como pueda o le den papaya, así después, con toda honestidad deba confesar que ha sido un ladrón muy decente, muy correcto.

Colombia: potencia de la muerte

Por: Luis Alfonso García Carmona

Entre las múltiples falsedades a las que nos tiene acostumbrados el infame régimen que padecemos los colombianos, nos llama la atención la multimillonaria campaña mediática que pretende identificar a Colombia como potencia de la vida, en abierta contradicción con la orientación del espurio Gobierno y con su nula gestión en defensa de la vida de los colombianos.

Ni al más desprevenido observador de la vida nacional se le escapa que el elevado índice de muertes violentas en nuestro atribulado país tiene como principales causas:

1. El terrorismo que durante más de seis décadas han perpetrado las guerrillas de extrema izquierda en contra de la población civil y la fuerza pública.

2. El cultivo y tráfico de cocaína y otros estupefacientes, generador de conflictos por el predominio territorial, ajustes de cuentas entre narcotraficantes y enfrentamientos con las autoridades, sin contar los daños a la salud de los narcodependientes.

3. La acción de bandas de criminales que, alentadas por el desmantelamiento de la fuerza pública, la impunidad galopante y la ausencia de una política de prevención y castigo al delito, han incrementado su accionar delictivo en contra de la integridad física de la población.

4. El discurso de odio de clases y de enfrentamiento y estigmatización de la camarilla gobernante contra todos aquellos que no comparten sus maléficas y destructivas doctrinas, que ha generado un aumento de asesinatos de líderes sociales, ataques a la fuerza pública, masacres y actos terroristas. Recientemente conocimos con horror cómo un grupo de partidarios del gobierno que se hacen llamar “guardias indígenas” secuestraron a varios agentes de policía y civiles y, a plena luz del día, degollaron a uno de los agentes de la autoridad, mientras el presidente se negaba a enviar auxilios a los secuestrados y uno de sus ministros calificaba el secuestro como un “cerco humanitario”.

Queda patente que el actual régimen marxista-leninista no está interesado en la defensa de la vida de sus gobernados. Por el contrario, patrocina el terrorismo y la violencia que guerrilleros y narcotraficantes practican con total impunidad, dejó de perseguir los cultivos de coca, y se ha empeñado en brindar impunidad total al crimen, justificándola con la falacia de la “paz total”, dizque para que los colombianos no nos sigamos matando. Aquí los únicos que matan son las guerrillas comunistas, los cabecillas del narcotráfico y los delincuentes que, en su calidad de aliados del régimen “mamerto”, reciben el perdón por sus fechorías y la protección del Estado, mientras el resto de la población trata de sobrevivir en uno de los países más inseguros de la tierra.

A este oscuro panorama debemos agregar el proyecto gubernamental para destruir el sistema de salud que obligará a las EPS a cerrar sus servicios, privando a los pacientes del acceso a la oportuna atención para sus enfermedades. Competiremos con el “paraíso comunista” de Venezuela en los índices de muertos por carencia de atención sanitaria.

Conformémonos con el derroche publicitario que muestra a Colombia como “potencia de la vida”, mientras pasamos a mejor vida con la ayuda de este infame régimen que, con todos los medios a su alcance, nos está convirtiendo a marcha acelerada en una potencia de la muerte.

Justicia patas arriba

Por José Leonardo Rincón, S. J.

Educa al niño y no tendrás que castigar al adulto. Construye escuelas, habrá menos cárceles. Eran sentencias lapidarias cargadas de sabiduría preventiva. No les hicimos caso. Nunca como país le apostamos en serio a la educación, la justicia impoluta se corrompió. Los valores se trastocaron, lo que era antes repudiable hoy es premiable. Lo que era bueno y justo hoy es un ridículo anacronismo.

Desde hace rato la impunidad se estableció en la normalidad. Primero porque la rama judicial siempre ha estado saturada de trabajo, desbordada en su capacidad. Miles de procesos acumulados por años, sin resolverse, hasta que prescriben. Pero también porque algunos se prestaron para el soborno y la corrupción. El dinero seductor dañó mentes y corazones. Indudablemente contribuyó a todo esto la violencia desatada contra los jueces. Cientos de ellos ofrendaron sus vidas antes que claudicar en sus principios. Los jueces sin rostro, como dio en llamárseles, tampoco fueron la mejor estrategia. En fin, todo un valle de lágrimas.

El sistema carcelario resultó insuficiente ante el número de reos. El hacinamiento en las cárceles se ha vuelto insostenible. No hay dónde alojar tanto delincuente. Estos antros, en vez de ser un lugar de rehabilitación, se han convertido en universidades del crimen. Internamente tienen su propio modo de practicar la justicia: se viola, se castiga, se mata. Desde allí se monitorean actos reprobables. Nadie sabe nada. La ley del silencio impera. Los guardas lo saben, no se puede hacer nada.

Afuera, en las calles, el crimen campea cada vez más orondo. Los ladronzuelos y también los asesinos y malandros saben que poco o nada podrá pasarles. Si hay capturas, pero no hay pruebas contundentes o falla algo en el procedimiento, el delincuente queda en libertad. Para crímenes de baja monta ya no hay judicializacion, el ladrón puede ser capturado 50 veces, otras tantas queda libre. Las autoridades prometen siempre investigaciones exhaustivas que lo han sido tanto que nunca ha habido resultados: siguen aún investigando…

A niveles macro, la delincuencia de élite, llámese narcotrafico, guerrilla, paramilitarismo, crimen organizado, gozan de especiales prebendas. Se establecen acuerdos con beneficios para quienes han delinquido, hay indultos, borrón y cuenta nueva. Los secuestros, la extorsion, las torturas, los asesinatos y masacres, la rebelión y la asonada, el vandalismo y el terrorismo parecen olvidarse impunemente. Las víctimas se revictimizan, se ignoran, maltratan y olvidan. Como si nada hubiese pasado. Los victimarios siguen libres y los que no lo estaban se convierten en actores políticos, o se les nombra gestores de paz. La impotencia y el desconcierto son generalizados.

Matar un niño en un vientre materno no es delito. El incesto tampoco. Castigar una mascota o no darle puesto preferencial en un avión son crímenes execrables. Se llora por plantas y animales, pero se ignora o mira con desdén al pobre y miserable. Estamos patas arriba.

¿Qué mensaje se manda a las nuevas generaciones?, ¿qué futuro nos espera cuando lo que era malo ahora es bueno y lo que era bueno ahora es malo? Los pedagogos lo sabemos, lo que más deseduca y decepciona es la falta de justicia. Cuando un niño o un joven ve que se cometen errores y estos antes que ser castigados se premian, se sienten con derecho a hacerlo. Si el rigorismo era cuestionable, el permisivismo y el laxismo son realmente perversos y dañinos. O ¿Usted qué opina?

Futuro de Colombia

Por Antonio Montoya H.*

Cuando un país dice ser “Un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, diría uno que es el país ideal, de sueño, en el que todos quisieran vivir y participar de sus beneficios. Este contenido se especifica así, claramente, en el artículo primero de la Constitución Nacional, la cual fue el fruto de la Constituyente del año 1990.

Resalta en cada frase, de una manera precisa y contundente, lo que es Colombia en teoría, pero en la práctica, después de 212 años de independencia, no hemos logrado encontrar el verdadero camino de la concordia, el respeto por la vida, la dignidad de la que tanto se habla, y mucho menos de la igualdad y el respeto por los demás.

Es pues un artículo para enmarcar, nadie lo respeta se pisotea sin parar y por ello ni la descentralización, ni la autonomía, ni nada de lo que allí se dice se cumple, país de leyes y no de propósito, de hablar carreta y no de concretar avances ni acuerdos. Este es el país que la gran mayoría de los colombianos desean, pero que no se logra porque se gobierna a punta de promesas, con los que hacen daños, con buscar acuerdos con quienes sometieron al país a la guerra, el secuestro, la extorsión, la violación, los desastres y la muerte, sin pagar un solo día de condena.

Ese no es el país que requerimos. Pedimos uno con disciplina, orden, trabajo, solidaridad, respeto por la ley, acatamiento de la norma y sin duda alguna por obtener como premisa la dignidad del ser humano por encima de cualquier otro beneficio.

El país que se ha pasado por encima la legalidad no es digno de confianza, sus gobernantes no lo están haciendo bien, se premia al malo y se castiga al bueno, gran contrasentido, lo que no debe ser.

Me da miedo el futuro de Colombia, de sus habitantes, de aquellos que luchan y luchamos día a día por superarnos, por ser mejores, por respetar a los demás, por acatar la norma, por ejercer el derecho a pronunciarnos y a ejercer la democracia, porque esto se está convirtiendo en un infierno, ley no existe, la Constitución se violó y así no tendremos ni paz, ni armonía, ni bienestar.

Basta mencionar por ejemplo que los mecanismos de participación ciudadana no existen, no dejan que se desarrollen y por ello la Constitución del 91 no existe.

La justicia, el legislativo tampoco existen, la tradicional forma de estructura del Estado, prevista en la constitución en el artículo 107, que dice que las ramas del poder son: la legislativa, ejecutiva y la judicial, están desapareciendo ya que el ejecutivo, se está abrogando sus atribuciones. Ahora suplantó a la rama judicial y va a otorgar beneficios a miles de personas detenidas con investigaciones en curso, que en el Paro Nacional destruyeron las ciudades. Los quieren convertir en gestores de paz, así no más, sin tener formación, ni interés, solo quieren premiar el desastre realizado. Se pronunció al respecto la Fiscalía, el presidente de la Corte y así y todo no harán caso, y saldrán para Navidad de los lugares de detención y se perderán por el mundo. ¿Será un ejemplo digno de emular?

Cuando se dialoga se otorga todo y no se recibe nada a cambio, estamos aceptando la ilegalidad, la poca o nula justicia y esto pasará con las negociaciones que se abren por todo lado para alcanzar la paz total. Espero entonces que no tengamos un nuevo descalabro.

Invito al señor presidente a que reflexione, que piense en la estabilidad del país, que ejerza el poder para beneficio de los que día a día cumplen con la ley, trabajan y cuidan la familia, generan bienestar a sus semejantes y quieren y desean un mejor futuro para todos.

Que Dios ilumine a nuestros gobernantes.

El cambio. Le metieron a Colombia la reversa

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez*

Qué vergüenza. Colombia proponiendo legalizar la cocaína, el terrorismo y la delincuencia.

Grave intoxicación mental de un mandatario revolucionario en las Naciones Unidas. Con osadía se dio a la desatinada ocurrencia de comparar ante el mundo entero, de manera peyorativa los hidrocarburos, al glorificar la cocaína, y de enarbolar el concepto de la paz total como forma de otorgarle impunidad al narco-terrorismo y a toda suerte de organizaciones criminales.

Le ganó de largo a las locuras que allí habían atestado en el pasado personajes que han llevado naciones ricas a la pobreza, como Chávez, Evo, Ortega y el propio Fidel. Le ganó al que empeñó la Constitución Nacional en una prendería habanera a cambio de un Nobel prefabricado.

Vamos en reversa, camino al precipicio. Presenciamos una deplorable y perversa regresión mental que confunde los conceptos de libertad y orden constitucional con el libertinaje, la legalidad con la tipicidad criminal, los valores que enmarcan una sana convivencia y la responsabilidad que impone la conducción de un Estado, con la implementación de tácticas guerrilleras desde el ejercicio del poder.

Que le pregunten a los gobiernos ruso y chino si ellos van a prescindir del petróleo, el gas y el carbón. Que se pregunten por qué Cuba los mendiga y cómo se empobreció Venezuela. Que le pregunten a cualquier sociedad civilizada del mundo libre, si está dispuesta incorporar la delincuencia a las filas de su fuerza pública.

Gracias a los recursos naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el agua y los demás minerales, los Estados cuentan con los ingresos económicos que los financian y transforman.

Esos recursos energéticos son la base de toda la movilidad física y financiera o económica del mundo, de industrias y millones de productos y servicios en nuestra civilización. Los derivados de esos recursos están presentes en casi todo lo que utilizamos y en la forma en que vivimos.

No es sensato ignorar que estos recursos seguirán siendo necesarios hasta tanto la tecnología y los costos permitan establecer las alternativas de energías renovables en las que los científicos, especialmente en las sociedades del mundo libre, están trabajando de manera acelerada, apuntándole a una transición gradual que nos lleve a una matriz energética global mucho más limpia.

Es simple, sin los ingresos de la explotación de los recursos de la industria energética tradicional, petróleo y gas, sin los yacimientos no convencionales y sin la minería tecnificada acompañada de la debida mitigación de la huella ambiental, no hay cómo pagar los costos de la transición energética.

En un país como Colombia, sin esos réditos no hay cómo cubrir el actual déficit de electrificación, no hay con qué financiar la protección del medio ambiente, ni el desarrollo socioeconómico regional de una población creciente, mucho menos cómo pagar la deuda y el funcionamiento del Estado.

La protección del medio ambiente, en especial la mitigación del calentamiento global es una problemática y una prioridad de la humanidad que le compete a todo el planeta, y que trasciende las ambiciones y aspiraciones individuales de cualquier gobernante accidental.

Hoy resulta inapropiado que alguna corriente ideológica, partido o figura política, pretenda demagógicamente apropiarse de un asunto global y agitar a cuatro vientos como suya, la bandera ambientalista.

La mayor fuente de corrupción política, social y económica en toda la región andina es el narcotráfico. El negocio de la cocaína no lo tienen a la venta ninguna de las organizaciones criminales que dicen respaldaron la coalición que gobierna hoy a Colombia de manera autocrática.

No se entiende que un jefe de Estado, en buen uso de razón, defienda la cocaína, diga que tenemos que terminar con el petróleo y el carbón porque matan, convenientemente no mencione el gas, y que pregone combatir la corrupción cuando al mismo tiempo defiende las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, que deforestan su país y financian la violencia y el narco-terrorismo.

Aclaremos que ni la cocaína ni los sembrados masivos de coca hacen parte de nuestra naturaleza. Que la selva se regenera sola si se deja inhabitada. Que las poblaciones agrícolas han sido siempre nómadas, la sustitución de cultivos es un engaño político y las alternativas económicas y las oportunidades de empleo deben estar cerca a los mercados. Y que a un Estado le cuesta más una persona deforestando y produciendo cocaína que reforestando o trabajando por fuera de los bosques húmedos tropicales.

Es la presencia del hombre y sus organizaciones criminales quienes colonizan, deforestan y aniquilan la biodiversidad y todos los ecosistemas naturales andinos-tropicales de cientos de miles de hectáreas donde se originan y aumentan las aguas que mantienen la selva amazónica, uno de los principales pulmones del planeta Tierra.

El clorhidrato de cocaína solo lo produce el hombre y sus organizaciones crimínales deforestando en los países tropicales-andinos. Solo hay cocaína alcalinizando una pasta de hojas de coca a la que le adicionan ilegalmente gasolina que proviene del petróleo, cemento y otras sustancias químicas nocivas para la salud y el medio ambiente.

La cocaína y en especial todos los alcaloides, producen un altísimo grado de adición y degeneración del ser humano en todos los sentidos, desviaciones mentales e irreparables daños cerebrales y de la salud. Afirmar lo contrario es una aterradora negación de la realidad.

Los alcaloides y todas las drogas aniquilan neuronas. No digamos que el petróleo y el carbón matan más gente, cuando no se puede desconocer que más del 89% de los actos violentos y criminales se cometen bajo la influencia de alguna sustancia que afecta la mente humana.

En otras palabras, la utilización de drogas embrutece rápido y mata lentamente. Las drogas limitan mental y físicamente el desarrollo físico e intelectual de los jóvenes. Por tanto, acumulan un serio problema de salud pública para las sociedades, que no habrá sistema de aseguramiento ni subsidios a la inutilidad que lo soporten.

Las organizaciones delictivas en Colombia son responsables por más del 75 % de la producción mundial de cocaína y está claro que las FARC-EP, el ELN y los carteles criminales, se financian con el narcotráfico.

La gran mayoría de ese comercio ilegal de la droga circula desde hace años a través de Venezuela y está entreverado con multiplicidad de mafias, carteles y grupos terroristas de todo el mundo.

Ni el crimen ni el vicio desaparecerán. La lucha contra el crimen es una constante a lo largo de la historia. Eso no lo va a cambiar nadie. Es algo con lo cual hay que vivir como en la agricultura con plagas y malezas. No es algo en lo cual se pueda claudicar, la seguridad ciudadana es parte esencial del pacto social.

Los Estados no pueden promover las drogas, su obligación legal es nutrir y desarrollar jóvenes sanos, cultos, lectores, deportistas y profesionales que le aporten a la sociedad. Por ello hay que entender que la solución no es legalizar la droga ni la criminalidad, y siempre habrá que combatirlos. Más ahora que tenemos tecnologías inteligentes que lo permiten. Lo que hace falta es determinación y voluntad política, y ser capaces de invertir en la atención de la adicción.

Da vergüenza decirlo, pero es cierto. Cómo vamos, Occidente está confeccionando una “juventud zombi” llena de adicciones, que poco tendrá para aportar, justo cuando más florece la era del conocimiento.

Claro que estamos cambiando. Vamos a la lata y en reversa. Son los alucinógenos los que producen esas dilucidaciones e incoherencias cerebrales como las expresadas durante la empeliculada representación ante el mundo hablando de lobos y manadas, satanizando los hidrocarburos y realizando una equivoca apología de “la legalización de la ilegalidad” y de la impunidad como premio al crimen organizado.

Señores, ese discurso en la ONU se parece a las declaraciones terroríficas, amenazantes y destructivas del villano pingüino en contra de las personas de la ciudad Gótica en una película de Batman.

¡El problema de haberle vendido el alma al diablo! Parte uno

Por Luis Guillermo Echeverri Vélez*

– Parte uno. De la sociabilización de la injusticia. (Serie Cultura de la Legalidad)

Hablando en términos reales, pero con expresiones figurativas: “Cuando alguien le vende el alma al diablo, la apelación es en los infiernos”. Veamos porqué se descarriló la democracia, cuando ante la imposición de la impunidad, calló la justicia.

Para entender la gravedad de un problema de la justicia, que no es nuevo en Colombia, el colmo lo marca el hecho particular de que “un presidente” se haya dedicado ocho años a sociabilizar la injusticia. Es así como se rompió la unidad democrática y la independencia de poderes, cuando en procura de pasar a la historia el gobernante resolvió de manera arbitraria, vanidosa y entresijos, endosar los principios constitucionales a una pila falaz de negociadores embusteros y resentidos, que resultaron empeñando la legalidad en una prendería de quinta categoría en La Habana, en favor de las fuerzas narcoterroristas del crimen organizado.

A cambio de una medalla, se vendió al mundo una falsa ilusión de paz y se le dio sepultura a la autenticidad de un sano debate democrático. Se le dio rienda suelta a la ideologización y los abusos de las cortes en una estructura judicial que ya estaba politizada. Se construyó la moda de una nueva ola de publicidad propagandística enmarcada en una irresponsable corrupción ideológica, con la cual, bajo la complicidad de un parlamento vendido, se engañó al pueblo, a los medios y a la propia la justicia representada en algunos de sus más altos jueces y magistrados, que bendijeron el establecimiento de nuevos órganos paralelos para legalizar todo lo que antes era ilegal.

Siendo muchos jueces y magistrados personas integras y verdaderos apóstoles del derecho, no se puede desconocer que aquí ya parece que no hay a quién se le pueda reclamar en justicia. Menos cuando las actuaciones más visibles de la rama judicial demuestran abusar del poder en favor de los delincuentes.

Cuando los jueces toman abiertamente posición ideológica en los asuntos propios o ajenos a su competencia, se trapea con la legalidad. Cuando se calumnia la honra de las personas en redes y en medios, se le usurpan a “Themis” la venda y la balanza, y es la impunidad lo que resulta después de la mayoría de los atropellos contra la vida, honra, bienes y la libertad de los ciudadanos del común.

Es claro que hoy empezamos a sentir en el diario vivir del ciudadano del común, el efecto nefasto del estupro político que violó la voluntad del constituyente primario desconociendo el triunfo del “no” en el 2016. Hecho con el cual se legitimó en el Congreso un atraco a la democracia a cambio de contratos y cuotas clientelistas, que en su mayoría encajan perfectamente en el concepto de corrupción administrativa.

En medio de un constante mama-toco con la impunidad, las verdades se construyen con acusaciones temerarias en el foro mediático de algunos pasquines y radio-juzgados matutinos, donde en contraposición al derecho universal del debido proceso y la presunción de inocencia, las actuaciones propias de juicios y las condenas, se realizan en lo que dura un programa, y se ratifican, en algunos noticieros de la noche.

Entre tanto, vemos a la propia justicia sufriendo, convertida en negocio transaccional donde hay un trueque de sentencias y penas, a cambio de convenientes informaciones, que luego llevan a otras acusaciones, y en el medio, se pierden los conceptos de la verdad y el equilibrio que debe mantener quien a jurado decidir en justicia.

En resumen, aquí son “los pájaros los que le disparan a las escopetas”, y a menudo, es creando escándalos impertinentes, como a golpe de pluma y micrófono, el cuarto poder es quien resulta determinando con ánimos alevosos, cómo se imparte justicia en Colombia.

De cara al porvenir: "Tapen, tapen, tapen"

Por Pedro Juan González Carvajal*

Con esta arenga, Laureano Gómez controvertía a sus adversarios políticos, ya en el Congreso, ya en su gobierno.

La posible deportación de Salvatore Mancuso, líder paramilitar, a Italia y no a Colombia, cerraría el círculo de corrupción de lo que ha sido su proceso. Recordemos sus inicios cuando el gobierno de Uribe abre la puerta de la extradición a los paramilitares para que paguen sus delitos veniales en Estados Unidos, ‒y hablo de veniales ante su abrumador prontuario‒, para que sean condenados por estos y no por los crímenes de lesa humanidad que todavía están pendientes de ser juzgados y castigados por la justicia colombiana, obviamente con sus aliados en las altas esferas, y que ante la incompetencia o complicidad del actual gobierno, por desidia, por equivocaciones sistemáticas premeditadas o por propia conveniencia, pasarán a ser parte del infinito inventario de crímenes impunes en este bendito país.

Las víctimas quedarían por siempre desprotegidas y vacías de la verdad y la reparación que tanto añoran y que el derecho les otorga, de manera casi siempre simbólica. Y es que describir a nuestro país como una zarzuela, un sainete o una tómbola, es lo más cercano a la realidad que nos podemos aproximar. Un acontecimiento es rápidamente reemplazado por otro de manera continuada y es en medio de este frenesí y de estos vertiginosos cambios de la noticia de cada día, que nos hemos acostumbrado a vivir sin justicia y a que la impunidad y la corrupción se campeen triunfantes.

Medios de comunicación gobiernistas o callados por la pauta publicitaria oficial, le hacen flaco favor a la patria con sus posturas incendiarias, pasivas, comprometidas o acomodadas, con las naturales excepciones de cualquier actividad humana.

Financiaciones electorales de narco-dólares, de para-dólares, de intereses económicos ‒dólares o chanchullos‒ son el pan de cada día. La puerta giratoria se mantiene aceitada y no pasa nada.

Esquemas de gobierno cómplices donde no existe una verdadera función de oposición en el sentido constructivo, y donde muchas veces la mermelada reemplaza al estudio, o al concreto, ya sea que hablemos de proyectos de ley o de obras de infraestructura.

Asevera el caricaturista de “Cándida” que el fiscal general tiene toda la razón cuando sostiene que “no es amigo de Uribe” sino que “es su subalterno”.

Del sonado caso de corrupción de cuello blanco de Interbolsa solo quedan tres acusados a quienes los delitos que les imputaron no les han prescrito, pero es cuestión de semanas para que esto suceda y vuelva a ganar la impunidad.

Se llora por una niña violada, por una mujer asesinada, por un homosexual agredido, por un escándalo sexual en cualquier tipo de organización, por los desmanes de las autoridades, por la caducidad de términos, por el choque de trenes, por el desequilibrio de poderes, por la falta de gol de la Selección Colombia, por la banca de James, por el invierno intenso, por el verano intenso, porque sí y porque no.

Que fracking sí, que fracking no. Que glifosato sí, que glifosato no. Que restitución de tierras sí, que restitución de tierras no. Que chatarrización sí, que chatarrización no. Que apoyo a Trump sí, que apoyo a Trump no. Que respeto a la oposición sí, que respeto a la oposición no. Que sustitución de cultivos sí, que sustitución de cultivos no.

Consideramos como enemigo público a las disidencias, a los paramilitares (?), a la delincuencia común, a los corruptos, a los politiqueros de oficio, a los mineros ilegales y obviamente a Zidane.

Exterminio abierto de ciudadanos comunes, de líderes sociales, de reinsertados, de defensores de los derechos humanos, de indígenas, de defensores del medio ambiente, no pasan de ser anécdotas. Agreden y matan a nuestros policías y a nuestros soldados. Lo malo es que así llevamos casi 70 años de desangre y parece que a nadie le interesa ni le importa. Hablamos de post violencia partidista y seguimos matando contradictores. Hablamos de post Pablo Escobar y el negocio sigue creciendo. Hablamos de acuerdos con los paramilitares y continúa su accionar. Hablamos de post acuerdos de paz y no hay paz, y obviamente, hablaremos de post pandemia sin haberla superado.

¡Qué viva Locombia!