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viernes, 26 de diciembre de 2025

La responsabilidad es de todos

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

La escalada del horror con los ataques con drones a la fuerza pública, toma de pueblos, colocación de explosivos en las vías, confrontaciones armadas entre grupos de narcoguerrilleros, reclutamiento forzado de menores, masacres y daños a la infraestructura, nos confirma que este dantesco panorama de violencia, terrorismo e inseguridad es la peor secuela de la llegada de la extrema izquierda al poder.

No existirá solución posible mientas permanezca este régimen o una continuidad de este al frente de los destinos de la patria. Necesitamos con urgencia la sustitución de esa perversa ideología tanto en la Presidencia como en el Congreso Nacional.

¿De quién es la responsabilidad en esta inaplazable tarea? De todos los colombianos habilitados para votar. Ha llegado el momento de sacudirnos de la pereza y de los prejuicios inútiles y materializar nuestro patriotismo, salvando a la nación de la terrible hecatombe que se nos vino encima. Con un Congreso compuesto por gentes honorables y con valor suficiente para enfrentar a los enemigos del país y un presidente que lidere la defensa de la patria y su reconstrucción espiritual y material, podremos ganar esta batalla y enfrentar esta tenebrosa inseguridad.

Son muchas las áreas que habrá que atender. Por ejemplo:

1. Reanudar las buenas relaciones con nuestros tradicionales aliados, Estados Unidos e Israel, para modernizar la dotación de nuestra fuerza pública y adquirir los últimos adelantos en materia de drones, comunicaciones, transporte aéreo, así como la tecnología que exige la guerra en la actualidad.

2. Reorganizar y fortificar la inteligencia militar y de la policía en todos los rincones del territorio nacional, para evitar que sigan cumpliendo los facinerosos con su infernal agenda criminal, tomando de sorpresa a las fuerzas del orden.

3. Pasar de la pasividad que ha impedido a nuestros efectivos defenderse hasta en extremas situaciones donde han sido secuestrados y despojados de sus armas, a una estrategia de combate dirigida a la eliminación o neutralización de todos los grupos irregulares dedicados al narcotráfico, terrorismo y criminalidad en general. Prioritariamente, se debería combatir a sus cuadros directivos y destruir instalaciones tales como campamentos, laboratorios, depósitos de armas y de alucinógenos.

4. Aumento del pie de fuerza que efectivamente esté destinado al combate; recuperación de la misión para la que fueron creadas las fuerzas del orden; reapertura de bases estratégicas y fuerzas de acción conjunta suspendidas.

5. Destrucción de los cultivos de alucinógenos en todo el país, mediante la utilización de drones, aeronaves teledirigidas, fentanilo y supresión de erradicación manual y de subsidios a cocaleros.

6. Programas especiales para detectar y suprimir el lavado de activos, adquisición de precursores, cesación de la minería ilegal, persecución al secuestro y la extorsión y otros medios de financiación de los grupos armados.

7. Revisión de partidas presupuestales destinadas al orden público e incrementar los ingresos de la fuerza pública para cubrir sus necesidades en la compra de equipos y mantenimiento de sus operaciones.

8. Organización de una red nacional de voluntarios para la defensa de la seguridad, cuyas funciones serán: Informar a las autoridades todo hecho sospechoso, mantener comunicación con sus vecinos más próximos para la defensa de sus hogares mientras llega la presencia de las autoridades y recaudar pruebas fotográficas o de otro tipo que sirvan en los procesos que se adelanten contra los delincuentes.

9. Debe estructurarse un Estatuto Nacional de Seguridad, mediante un proyecto de ley elaborado por un grupo bicameral compuesto por amigos de la seguridad y la democracia en unión con el gobierno que sea elegido, que incluya, entre otros, los siguientes aspectos: a) Penalizar con cadena perpetua el narcotráfico, terrorismo, secuestro, reclutamiento de menores y masacres; b) Prohibición de beneficios penales para condenados por estos delitos; supresión de libertad provisional para porte de armas o explosivos, y eliminación del delito político como justificación para cualquiera de estos delitos; c) Organización de cárceles en lugares alejados, con niveles de alta seguridad, sin posibilidad de comunicación exterior para los reclusos, que serán vigiladas por un organismo compuesto por veteranos de las fuerzas armadas; d) Reforma a la administración de Justicia, cambiando el sistema de elección de magistrados para que no haya intervención de la política, encargando de su juzgamiento a la Comisión de Aforados, sancionando el incumplimiento de términos en materia penal, estableciendo vigilancia permanente de los despachos judiciales a cargo de la Procuraduría.

10. Diseñar plan de interceptación aérea y marítima en conjunto con los Estados Unidos para eliminar el transporte de alucinógenos desde Colombia a otros países.

La ignorancia o la ingenuidad ya no nos servirán de excusa para no actuar responsablemente. Hagamos caso a esta advertencia: “Es terrible, en efecto, que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría(Meditaciones, Marco Aurelio)

lunes, 15 de septiembre de 2025

Asesinato, narcotráfico, corrupción y trampa

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

Armas de la izquierda para perpetuarse en el poder

Los acontecimientos más recientes tienen que llevarnos a la conclusión de que la izquierda radical que nos conduce al abismo no ha abandonado su maléfico propósito de aferrarse a las mieles del poder.

Por el contrario, lo ha renovado apelando a las cuatro herramientas en las que ha comprobado ser más fuerte, aquellas que las gentes de bien no utilizamos pues nos lo impiden nuestra formación moral y los principios y valores que forman parte de nuestra razón de ser.

Por ello hemos advertido que estamos frente a una batalla cultural desigual. Hemos derrotado al régimen en las calles, demostrando –como sucedió el pasado 7 de agosto– que las mayorías están contra Petro y sus compinches. Ya en el Senado de la República y en las cortes asoman señales inequívocas de independencia frente a los halagos y presiones a las que han venido siendo sometidas por la corrupción oficial. Y el dolor por el asesinato de Miguel Uribe y tantos colombianos sacrificados en los recientes actos de barbarie de los últimos días, nos obliga a reflexionar sobre cuál debe ser nuestra respuesta a este mar de violencia e iniquidad en el que naufragamos.

La desigualdad proviene, en primer lugar, de la exacerbación de la violencia, la estrategia preferida por los zurdos para hacerse con el poder en contra de las mayorías. Así lo hicieron con Trump, quien milagrosamente se salvó de morir, después de un disparo que le rozó una oreja; o con Bolsonaro, a quien un seguidor del izquierdista Lula da Silva lo cosió a puñaladas que no cumplieron su cometido gracias a la oportuna intervención de los médicos; con Miguel Uribe, cuya partida colmó de dolor y rabia a los colombianos. Nos llega ahora la noticia de que Charlie Kirck, un joven americano, fue asesinado a tiros en Utah, por haber cometido el crimen de defender los principios conservadores y cuestionar la retórica progresista en los campus universitarios. El homicidio fue justificado por las “palabras horribles” del joven activista, según la cadena roja MSNBC.

La omnipresente influencia del narcotráfico determina los resultados en un país que, como Colombia, ostenta el campeonato, en el ámbito mundial, de exportación de cocaína. A nadie se le escapan las abultadas contribuciones de los capos de la droga a la pasada campaña petrista, ni su correspondiente compensación gubernamental para blindar el sucio negocio y beneficiar con impunidad absoluta a los carteles de la droga. Será ahora el momento para cobrar el saldo a favor del Gobierno con el dinero que haga falta para comprar conciencias, manipular las elecciones y manipular votos en todo el territorio nacional.

Se ha caracterizado este período presidencial por ser el más corrupto de nuestra historia. Los sucesivos escándalos, desde la posesión fraudulenta del presidente hasta estos días marcados por el mayúsculo escandalo de la UNGRD que involucra a altos funcionarios del Gobierno y a congresistas nos conceden la razón. El desastre del déficit fiscal no ha sido óbice para seguir malgastando y robándose el erario a manos llenas. Ya no hay límite moral, ni jurídico que no pueda rebasarse: hay que aprovechar hasta el último momento para dejar las arcas vacías, desfinanciados el sistema de salud y el sector eléctrico, paralizadas las obras de infraestructura, suspendidos o recortados los programas de beneficio social, desmantelada la fuerza pública y, por ende, la seguridad de los ciudadanos. Lo que importa es ganar las elecciones. Para ello se está vinculando un ejército de vagos en cada ministerio sin otra finalidad que la de hacer activismo en favor de la continuidad de esta funesta gestión.

Está preparada la “mise en scène” (puesta en escena) para perpetrar de nuevo, ahora corregido y aumentado, el fraude ensayado con éxito en el 2022. Está el pueblo aterrorizado, la tesorería roja alimentada con infinitos recursos estatales y mafiosos, la maquinaria oficial bien aceitada para seguir elaborando toda clase de trampas y una carencia absoluta de ideas salvadoras por parte de quienes deberían orientar a las mayorías indignadas con la injusticia y el caos.

Numerosos ciudadanos aspiran al voto de los colombianos para llegar a la Presidencia, pero pocos se dedican a buscar verdadera solución a la hecatombe que vivimos. Se limitan a repetir frases de cajón, sin alma ni corazón. Solo a Abelardo de la Espriella le abonamos su vehemente llamado a poner orden en casa, proteger a los buenos, castigar sin contemplaciones a los malos y gobernar con quienes no han participado en la destrucción de Colombia.

Tampoco logramos comprender por qué los directores políticos permiten a sus bancadas, o a parte de ellas, respaldar con sus votos proyectos o designaciones patrocinadas por el Gobierno.

Ninguno de ellos, a pesar de dirigir partidos que dicen respetar la democracia, ha respaldado el derecho constitucional de los ciudadanos para pedir la separación del cargo por indignidad de quien lo ocupa fraudulentamente. Sus electores tienen derecho a conocer las razones por las cuales sus dirigentes no respaldan a quienes ejercen sus derechos constitucionales.

A quien aún le faltan razones para combatir con firmeza a los zurdos, sin tibieza ni claudicaciones, les recuerdo estas palabras que trae Marcelo Duclós recientemente: «De acuerdo con Agustín Laje, hasta el momento, la izquierda ha tenido éxito en ‘maquillarse’ para hacer creer que ellos son los cultores de la diversidad y la paz… Los que tenemos alguna formación sabemos muy bien que son los responsables de 100 millones de muertes, de guerrillas sanguinarias, violencia política, de secuestros y violaciones. Para ellos, la forma de imponer sus ideas es siempre mediante el uso de la violencia”», concluyó.

jueves, 21 de agosto de 2025

Mientras haya tinta

Fredy Angarita
Fredy Angarita

El homenaje y reconocimiento no es para todos, eso salió de una conversación con un amigo y por casualidades después me encuentro este video.

El 12 de agosto del año en curso, se estrenó un cortometraje animado inolvidable: “Mientras haya tinta”[1], creado por El Espectador para conmemorar los 100 años del nacimiento de Guillermo Cano Isaza. Nacido el 12 de agosto de 1925, Cano dirigió el histórico periódico desde 1952 hasta el 17 de diciembre de 1986, cuando fue asesinado frente a la sede del diario.

Ese corto no solo revive sus inicios y sus ideas. Cobra un valor inmenso, pues su legado, una voz firme, ética y comprometida con la libertad de prensa, sigue resonando con urgencia tras 39 años de su muerte.

Entre sus editoriales, uno destaca como monumento de integridad: Se le aguó la fiesta a los mafiosos[2], publicado el 16 de diciembre de 1986, un día antes de su asesinato. Ese texto escaló sobre el poder del narcotráfico con una valentía imposible de ignorar.

Bajo su liderazgo, El Espectador fue mucho más que un periódico; se convirtió en una plataforma clave para el periodismo de denuncia en Colombia, señalando con voz firme la corrupción y el narcotráfico

En su honor, Unesco instituyó en 1997 el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco-Guillermo Cano, otorgado cada 3 de mayo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este galardón reconoce a quienes defienden la prensa frente a todo tipo de amenazas

Este corto es una celebración del legado de Cano, de su coherencia y valentía.

Gracias, don Guillermo, por enseñarnos que mientras haya tinta… siempre habrá esperanza.

lunes, 9 de junio de 2025

Razones para separar a Petro del cargo de forma inmediata (Primera parte)

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

1. Aumento de la criminalidad y de la inseguridad de la población

*En 2024 se presentaron 76 masacres con un total de 267 víctimas.

*En 2024 se registraron 13.109 homicidios, lo que equivale a que, en promedio, cada día mueren por violencia 36 personas.

*En los primeros dos meses de 2025 ocurrieron 32 actos terroristas, con un incremento del 25 % sobre el mismo período del año anterior.

*En 2024 se reportaron 279 secuestros, mientras que en los primeros 4 meses de 2025 se reportaron 131, la cifra más alta en un período cuatrimestral en 15 años.

* Se documentaron 12.956 casos de extorsión en 2024, con un crecimiento del 18 % sobre el año anterior. Es bien sabido en los medios policivos que la mayor parte de estos delitos no son denunciados por sus víctimas, por elemental temor a las represalias de los facinerosos.

* La Defensoría del Pueblo registró 463 casos de reclutamiento de menores en 2024, la mayor parte en el departamento del Cauca. Como es obvio, en esta cifra faltan muchísimos casos que no llegan a ser conocidos por las autoridades debido a que gran parte del territorio nacional está dominado por grupos guerrilleros, responsables de estas crueles infracciones contra la niñez.

* En 2024 se reportaron 90.000 desplazamientos forzados, principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. En la región del Catatumbo, en 2025, los enfrentamientos entre el ELN y las FARC han producido 56.000 desplazamientos que afectan a 92.000 pobladores.

* En 2024 batimos el récord en área cultivada de coca llegando a 253.000 hectáreas. Contrasta con la cifra de 68.000 hectáreas en el año 2010, al finalizar el gobierno de la Seguridad Democrática, con una reducción del 60 % con respecto a la década anterior. Después de la firma del humillante Acuerdo de La Habana, los gobiernos de transición hacia la izquierda de Santos y Duque, y la llegada al poder del régimen castro-chavista de Petro, el incremento en la siembra del alucinógeno alcanzó el 272 %. La producción en toneladas pasó de 410 toneladas en 2010 a 2.254 en 2024, con un crecimiento del 549 %. Las exportaciones potenciales para 2024 fueron de 1.925 toneladas, con las que se mantiene Colombia como el primer productor y exportador mundial del alucinógeno.

* Colombia ocupa una deshonrosa posición en el panorama mundial del crimen organizado. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2023, elaborado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime, el país se ubicó en el segundo lugar entre 193 naciones, solo superado por Myanmar.

Principales indicadores de criminalidad

* Puntaje de criminalidad: 7.75 sobre 10, reflejando una alta incidencia de actividades delictivas.

* Redes criminales: Colombia lidera con una puntuación de 9.5, indicando la presencia significativa de grupos mafiosos y redes delictivas estructuradas.

* Tráfico de cocaína: Colombia es el mayor productor mundial, con una puntuación de 9.5 en este rubro.

* Trata y tráfico de personas: puntuaciones de 8.0 y 7.5 respectivamente, evidenciando la gravedad de estos delitos en el país.

* Extorsión y cobro de "vacunas": puntuación de 8.5, mostrando la prevalencia de estas prácticas. Todo el país, en zonas urbanas y rurales, está afectado por este delito, aunque sólo una mínima parte de los casos son denunciados.

* Minería ilegal: particularmente en la extracción de oro, afecta gravemente a los recursos naturales.

Actores Criminales Relevantes

* Clan del Golfo: considerado uno de los grupos narcotraficantes más poderosos de Colombia, con aproximadamente 4,000 miembros. Ha establecido alianzas con cárteles mexicanos y mafias europeas como la 'Ndrangheta y la mafia albanesa.

* ELN y “disidencias” de las FARC: Guerrillas que combinan actividades políticas con economías ilícitas, incluyendo narcotráfico y minería ilegal.

Persisten desafíos como la corrupción, la impunidad y la limitada presencia estatal en algunas regiones, lo que dificulta la erradicación completa de estas redes delictivas.

* La presencia y el control de grupos armados ilegales en Colombia han experimentado un notable incremento en los últimos años, afectando significativamente la seguridad y estabilidad en diversas regiones del país.

Municipios con presencia de grupos armados ilegales

* Total de municipios afectados: de los 1.104 municipios que conforman Colombia, 790 presentan presencia de grupos armados ilegales, lo que equivale al 71,5% del total nacional.

Porcentaje del territorio nacional bajo influencia de grupos armados

* Área controlada: se estima que los grupos armados ilegales tienen presencia en aproximadamente el 28 % del territorio colombiano, lo que representa cerca de 324.736 km

Principales grupos armados y su expansión

* Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC):

-Presente en 392 municipios de 24 departamentos.

-Incremento del 84% en su presencia territorial entre 2019 y 2023.

* Disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia):

- Operan en 299 municipios de 19 departamentos.

- Aumento del 141 % en su presencia desde 2019.

* Ejército de Liberación Nacional (ELN):

- Activo en 232 municipios de 19 departamentos.

- Crecimiento del 56% en su presencia territorial desde 2019.

Conclusiones:

1. Bajo el régimen petrista se ha blindado el sucio negocio de la droga, se ha impulsado el crecimiento de la criminalidad organizada y la inseguridad ha llegado a niveles insostenibles para la población urbana y rural.

2. No existe una voluntad política del Gobierno de atacar esta alarmante tragedia y, por el contrario, se ha favorecido la impunidad, impedido el normal funcionamiento de las fuerzas del orden y promovidos el odio y la violencia callejera con fines políticos.

3. El mantenimiento de Petro en el poder no significa otra cosa que conducir el país a la anarquía, al gobierno de la delincuencia y a convertir a Colombia en un narcoestado.

4. Por ésta –y otras razones que expondremos detalladamente– convocamos a los colombianos de bien a constituir de manera urgente un “frente patriótico”, cuya primera tarea será sacar avante el juicio político por indignidad que busca la separación del poder del señor Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Cumplido ese paso, nos prepararemos como un gran movimiento nacional, independiente de los grupos políticos, para alcanzar la reconstrucción del país y la conversión de Colombia en “el milagro económico de América”.

lunes, 5 de mayo de 2025

Pena de muerte, solución a la inseguridad y el caos

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

Se sacudieron las redes sociales con la propuesta del candidato Santiago Botero de aplicar la pena de muerte a terroristas, asesinos y responsables de delitos graves para recuperar el control del país.

Aunque todavía no aparece en las encuestas de opinión que manejan los grandes medios, es lo cierto que puso el dedo en la llaga para denunciar algo que la mayoría de los colombianos anhela: que haya un líder que nos saque de este abismo de inseguridad, narcotráfico, terrorismo, corrupción y desorden constitucional que nos agobia y estremece día a día.

No se puede ocultar que vivimos la etapa más azarosa de nuestra historia: La mayor parte del territorio nacional se encuentra bajo el poder de grupos irregulares como las FARC (mal llamadas disidencias), el ELN, el Clan del Golfo, etcétera. Tampoco se escapan los centros urbanos donde bandas criminales extorsionan a comerciantes, transportadores, vendedores ambulantes y hasta a los que piden limosna en los semáforos. Toda Colombia está subyugada por la delincuencia. Las instituciones llamadas a combatirla están cooptadas por un régimen condescendiente con el crimen. Las Fuerzas Armadas están sometidas a un proceso de debilitación que les impide cumplir con su finalidad básica de defender la Constitución y proteger a los ciudadanos. La cárcel se convirtió en una “universidad del crimen” donde los prisioneros perfeccionan sus habilidades delictivas. La justicia cada vez cojea más en virtud del tribunal de la JEP creado a la medida de las necesidades de los bandoleros de las FARC, la infiltración de la politiquería en los fallos y la venalidad que la convirtió en el “cartel de la toga”. En suma, el Estado es incapaz de garantizar la seguridad y las mínimas normas para la convivencia, por lo cual se imponen medidas más drásticas para recuperar el control social.

Es la pena de muerte la única medida capaz de frenar el problema de la criminalidad que ha tomado proporciones gigantescas en nuestro país y recuperar el control social anarquizado por los conflictos políticos generados por los gobernantes, las masacres relacionadas con el narcotráfico y el odio de clases que afecta a los sectores de la economía y el trabajo. De hecho, ya la pena de muerte existe desde hace varias décadas en nuestro país y ha causado más asesinatos que muchas guerras civiles e internacionales. La característica de esta pena masiva de muerte es que no se practica para beneficiar a la sociedad sino para imponer la ideología marxista y envenenar al mundo con los alucinógenos. No olvidemos que el principal cartel de la droga en el planeta es la organización de las FARC, aliada de nuestros gobernantes de turno.

Es necesario, en consecuencia, que el Estado aplique la pena de muerte en los delitos graves que afecten los fines del bien común y el bienestar de la población.

La pena de muerte es la única que los delincuentes temen por su eficacia intimidatoria. Históricamente, la criminalidad se ha incrementado en aquellos países que la han suprimido. Por el contrario, el ejemplo de Singapur es bien convincente. Pasó de ser uno de los países más inseguros y corruptos a ser hoy el más seguro y próspero del planeta, gracias a la implantación de la pena de muerte para narcotraficantes, asesinos y corruptos.

Debe apreciarse la pena de muerte como benéfica y justa, ya que permite la eliminación de un grave y seguro peligro para la sociedad. Es, además, ejemplarizante. Ningún otro medio es más adecuado para servir de escarmiento. Contrasta con la actitud de nuestros gobernantes de los últimos tiempos, empeñados en crear el efecto contrario, premiando con curules en el Congreso y toda clase de honores, privilegios, subsidios y beneficios personales, a los criminales más crueles de nuestra historia, dejando a la posteridad el mensaje de que el crimen sí paga.

El Estado tiene el legítimo derecho de aplicar la pena de muerte. La sociedad no puede renunciar al más formidable de sus derechos pues, en la búsqueda del bien común, el interés social está por encima del individual, y debemos defender primero a la sociedad que al criminal.

Tiene un efecto de moralización de la sociedad ya que constituye el más eficaz recordatorio del orden moral, sin el cual no podemos vivir los seres humanos. Desde la época de los filósofos griegos nos llegan las palabras de Platón: ““Hay naturalezas humanas que no soportan correcciones exteriores: deben ser alejados de la República o sometidos a la pena capital. También el mensaje cristiano se refiere a la pena capital en San Mateo 26.52:El que usare la espada a espada perecerá”. En otras palabras, que todo el que causare alguna una muerte injusta, debe también ser muerto por la autoridad”.

miércoles, 16 de octubre de 2024

La hipocresía ambientalista y la depredación de la biodiversidad

Luis Guillermo Echeverri Vélez
Luis Guillermo Echeverri Vélez

Cuando la vaca sinvergüenza abandona la cría, llegan los cuervos y lo primero que hacen es sacarle los ojos al ternero, robándole así a la naturaleza la esperanza de una nueva vida.

Mientras las naciones en vía de desarrollo demandan soluciones a sus problemas socioeconómicos, después del narcoterrorismo, no hay nada más destructivo e hipócrita que un movimiento político o una burocracia internacional adueñados de agendas minoritarias o de causas universales con fines de lucro y protagonismo ideológico.

Colombia debe cuidar con esmero la naturaleza y su inmensa diversidad. Que no nos ocurra lo mismo del ternero abandonado con el gran tesoro escondido en la exuberancia de todo nuestro territorio: la riqueza genética de nuestra biodiversidad de la cual depende todo el sistema tropical-andino y la supervivencia y sostenibilidad de la Amazonía, del planeta y la civilización.

Pero y ¿qué es la diversidad biológica o biodiversidad? Simplemente es la gran variedad de información genética de todo lo viviente, su ADN o las partículas que lo integran. Y la buena noticia es que Colombia y Brasil son los dos países con más concentración de biodiversidad en el mundo.

Como lo consignó la misión de sabios convocada por Duque en 2018, en nuestra pródiga biodiversidad y su genética reside el futuro de la nación. Pero las conclusiones de aquella gran misión fueron víctimas de la pandemia y luego de los buitres del hipócrita ambientalismo promovido por el progresismo, la politiquería, los egos y los discursos, sin posibilidad de convertirse en realidades concretas amparadas por políticas de Estado.

Aquí con la falsa ilusión de paz, el Gobierno se dice ambientalista y animalista, pero permite al narcoterrorismo, la devastación causada por la minería ilegal, los ataques a la infraestructura energética, la deforestación de la selva tropical húmeda para sembrar coca y producir cocaína que depreda la biodiversidad y mata los ríos, la fauna, genera violencia y cercena tantas vidas.

La mayor virtud del trópico es que se puede auto regenerar en tan solo dos temporadas de lluvia, pero aquí permitimos la deforestación de la selva tropical húmeda y somos predadores de especies animales y vegetales en vía de extinción, cuando podríamos reproducirlas en sus propios hábitats mitigando la huella ambiental que siempre genera el desarrollo.

Colombia debe congregar al mundo para desarrollar responsablemente nuestro gran potencial humano y natural, y salir del violento caos social, ambiental, migratorio y democrático en el que nos tiene sumido el narcoterrorismo que hoy nos gobierna entreverado en una clase política corrupta, congraciada con una dirigencia empresarial arrodillada y complaciente.

Al igual que en el caso del combate al narcotráfico y el terrorismo, el enfoque debe empezar por la “corresponsabilidad internacional”, y no por imposiciones restrictivas que en otras naciones no se cumplen, y terminan institucionalizando el saqueo de la riqueza genética de nuestra biodiversidad y en la expropiación ilegal de nuestros recursos minerales.

La inversión internacional debería estar volcada sobre Colombia permitiendo que sea aquí donde se creen muchos centros de investigación aplicada como el IICA, Cenicafé, Cenicaña y los que tenía programados Ecopetrol, dentro de su estrategia de adaptación al cambio climático y de transición energética ordenada, de modo que los réditos económicos y la propiedad intelectual se queden en Colombia para poder financiar nuestro desarrollo como una sociedad del conocimiento.

Esto no es una crítica, es un llamado de atención para que en lugar de narconovelas que patrocinan la apología del delito, se invierta en proyectos como la destrucción de la narrativa mediática de la “falsa imagen de moda glamurosa” mediante la cual el cine mundial promueve la utilización de drogas y cocaína.

Estamos aún lejos de aprender a conservar mitigando, “producir conservando y conservar produciendo”, de permitirnos explotar técnicamente y con la debida mitigación y compensación, nuestros minerales para generar los ingresos que demanda educar y desarrollar un país. Aquí en lugar de reforestar masivamente, reciclar más y desarrollar más capacidad de generar energías limpias, nos anotamos a ruletas rusas como el tratado de Escazú, y nos sometemos a las conclusiones ideologizadas de macabros entes como la Comisión de la Verdad o la JEP.

Si tuviéramos un Gobierno serio, el mundo financiero podría venir a invertir en el diseño, creación e implementación de políticas de Estado y estrategias comprensivas y multidimensionales que, utilizando tecnologías como la vigilancia satelital en tiempo real, lleven a la erradicación total en el mediano y largo plazo del origen de la cocaína en Colombia, al sellar la selva tropical húmeda para terminar con la deforestación, la colonización, el desarrollo sin mitigación, y la producción y tráfico ilícito de cocaína que sólo generan violencia, miseria y muerte.

Aquí terminamos con la selva tropical húmeda para sembrar coca, sacar maderas duras, y no combatimos la minería ilegal, no protegemos los páramos, no fomentamos la cultura de la siembra de nuevas forestas, ni permitimos que nuestras selvas se regeneren por sí mismas. Se vive en Colombia, la mayor hipocresía ambiental que haya existido a cuenta de las organizaciones criminales narcoterroristas y de un populismo político corrupto que con fines electorales y pecuniarios se adueñó de la bandera verde que nos pertenece a todos los colombianos.

Importantísima la congregación de la COP-16, pero, el país debe estar vigilante y atento con la “negociación del establecimiento de un mecanismo multilateral para el acceso, distribución y reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de secuencias digitales de recursos genéticos que conforman la biodiversidad”, pues ello tiene serias implicaciones importantes para la conservación y el desarrollo sostenible en áreas ricas en recursos naturales como los Andes, las selvas tropicales y toda la Amazonía.

Se debe llegar a acuerdos que protejan y multipliquen nuestra biodiversidad en lugar de auspiciar que se la regalemos a una desalmada comunidad internacional que terminará contribuyendo a su exterminio que ya aquí adelanta el incipiente, ideologizado y politizado ambientalismo criollo que encubre organizaciones narcoterroristas.

Que, por el afán de esparcir el virus de la vida por las estrellas, no resultemos entregando a cambio de espejismos el futuro de nuestra propiedad intelectual y nuestra soberanía a la ONU, a ONG’s y multinacionales bucaneras que ahora llegan a Colombia de la mano de una amalgama incomprensible de funcionarios que representan la más hipócrita versión del ambientalismo.

Que no se repita la historia de los saqueos económicos y culturales a manos del indolente globalismo progresista que siempre nos vio como un laboratorio social y hoy se enfoca en nuestra gran riqueza biológica y mineral.

martes, 8 de octubre de 2024

De cara al porvenir: inseguridad total

Pedro Juan González Carvajal
Pedro Juan González Carvajal

Muy a nuestro pesar, nuestra muy rica, exuberante y a veces mal querida Colombia, se encuentra sumida hoy en uno de los períodos más inciertos de su historia, pues están reapareciendo o agudizándose fenómenos de violencia que ingenuamente habíamos creído que habían sido medianamente superados, donde guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, contrabandistas, malandrines, sicarios, ladrones y delincuentes de cuello blanco hacen de las suyas.

Con más impulsos e intenciones individuales que colectivos, se han logrado resultados en su momento con el M-19, con la UP a pesar de su casi exterminio sistemático, luego con parte de las FARC y hoy se trata de negociar simultáneamente con un monstruo de mil cabezas, que antes de sentarse en cualquier mesa de negociación ya tiene clara la estrategia de cómo seguir delinquiendo a partir del mecanismo de “creación” de las llamadas disidencias, que es un punto que ya cualquier gobierno y gobernante con experiencia debería tener en cuenta antes de sentarse a la mesa.

“Yo firmo con parte de mis miembros, pero no puedo hacer nada si hay otros que no quieren o no se sienten representados por nosotros”, es el argumento peregrino que escuchamos a diario.

Para hacer de nuestro caso una verdadera misión imposible, transversalmente el negocio del narcotráfico inunda y copa todos los espacios de la sociedad, haciendo que la guerra ideológica, con objetivos políticos más o menos claros –con los que uno puede estar o no de acuerdo–, ha sido burdamente reemplazada por un conflicto de interés económico donde los ilegales tratan de tener pleno control del negocio en sus diferentes eslabones, ingresando a nuevas actividades que socavan la soberanía nacional como el control de muchos territorios, la distorsión del negocio minero y el lavado intensivo de activos.

Mención especial merece la corrupción galopante que nos está minando como sociedad civilizada.

Mientras tanto, nuestro aparato de justicia reconoce una impunidad de más del 90% y la fuerza pública se encuentra maniatada ante el uso de escudos humanos por parte de los insurgentes y/o delincuentes, que no le permiten actuar sin quebrantar los principios elementales de derechos humanos, lo cual a los contrincantes les importa un carajo. Los órganos de control se han convertido en actores mediáticos con actuaciones post mortem.

Ante la existencia de muchos tipos de violencia, pues se expresan y manifiestan muchos tipos de inseguridad, tanto en el campo –como lo ha sido tradicionalmente–, como en las ciudades que se han convertido en nuevos escenarios de conflicto.

Atentados indiscriminados contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura, secuestros extorsión, gota a gota, desplazamiento forzado, asesinatos de soldados, policías, indígenas, periodistas, reinsertados, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, por no enumerar sino parte del macabro mosaico de actuaciones cuotidianas que tienen a la población asustada ante la falta de contundencia por parte de quienes ostentan de manera legal y legítima el poder de las armas.

El Estado no ha sido capaz de proteger a su población y mucho menos a quienes se han levantado para defender sus derechos o cumplir los acuerdos pactados.

Un ejemplo palmario es el pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación según el cual cada semana de 2024 han sido asesinados 3 líderes sociales.

Tenemos vergonzosos resultados planetarios donde ocupamos el pódium de países que más asesinatos de líderes de cualquier tipo o segmento de interés han tenido en los últimos años.

¿Qué hay que hacer?

Pues primero hay que reconocer que esto se salió de madre y que, respetando las condiciones actuales y manteniendo las estrategias vigentes, el Estado perderá cada vez más presencia y credibilidad en los territorios y ante los ciudadanos indefensos.

Lo segundo, asumir con determinación y verdadera voluntad política, la solución de los problemas estructurales que agobian a los colombianos desde hace 200 años y que comienzan con el tema de propiedad y tenencia de la tierra y la lucha contra la pobreza, la injusticia y la iniquidad.

Lo tercero, hay que reconocer que no tenemos ni sistema ni aparato de justicia y que es inaplazable refundarlo desde sus cimientos, así como a los denominados “órganos de control”.

Lo cuarto, asumir, si es del caso, la terrible decisión de declarar el estado de guerra y darle las herramientas jurídicas y logísticas a nuestras Fuerzas Militares y de Policía para que puedan desplegar su acción.

Lo quinto, mostrar verdadera voluntad de resolver los problemas de seguridad. No es justificable bajo ningún punto de vista que ciertos personajes sigan delinquiendo y dirigiendo sus negocios desde la cárcel, empleando celulares que les llegan por cantidades y de manera permanente.

Existe la tecnología para obstruir las señales de celular en un perímetro determinado como se hizo por ejemplo con la visita del presidente Obama en años recientes a la ciudad de Cartagena. ¿Ya se les olvidó?

¿Si existe la tecnología ya probada por qué no se usa? ¿Incompetencia o complicidad en las altas esferas de decisión?

Lo sexto, cuando uno es el bueno de la película debe actuar como tal. Ante la creciente confrontación actual, situaciones como la de los “falsos positivos” no puede ni debe volver a presentarse jamás.

Lo séptimo, entender que existen dos frentes de conflicto vigentes: por un lado, la guerra contra los carteles de todo tipo y segundo, la guerra sin cuartel contra la corrupción.

Hoy lo que está en juego es la soberanía nacional. Si no reaccionamos ya, el actual modelo de Estado y el tipo de Gobierno presente, estarán en sus últimos estertores antes de su colapso total.

Estamos jartos de tanto bla, bla, bla y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantas entrevistas y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantas declaraciones y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantos trinos y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantos escándalos y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantas denuncias y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tantas investigaciones y tan pocos resultados.

Estamos jartos de tanta reunionitis y tan pocos resultados.

¡Lo que haya que hacer, hay que hacerlo, pero ya!

Nota: parece que la forma de criminalizar o descriminalizar la “protesta social” se ha convertido en un asunto del fiscal general de la Nación de turno, lo cual no es serio pues esto debe ser una política de Estado y no un criterio del fiscal y del Gobierno de turno. 

lunes, 7 de octubre de 2024

Del cepo y la mordaza, y la libertad de la democracia

Luis Guillermo Echeverri Vélez
Luis Guillermo Echeverri Vélez

El mundo se debate entre dos bandos irreconciliables: aquellos que trabajan y le cumplen a la sociedad al buscar el desarrollo colectivo, y quienes con su obrar irresponsable e ilegal engañan los pueblos y hacen el mal a los demás.

Justo cuando el ser humano tiene acceso universal a los beneficios de la era del conocimiento y la convergencia digital; la autenticidad, veracidad y seriedad con que se manejen la información y las comunicaciones, son la única garantía de que las naciones en lugar de autodestruirse construyan y avancen sobre principios fundacionales que las conduzcan a un desarrollo cultural y socioeconómico efectivo, justo, equilibrado y sostenible de toda nuestra civilización.

La aplicación del cepo y la mordaza a la libertad de expresión es tan perjudicial para la estabilidad de una sociedad democrática, como consentir el libertinaje, la anarquía y la imposición ideológica o monetarista de la violencia, que multiplica los actos de quienes como forma de vida eligen hacer el mal consintiendo el engaño, la injuria y la calumnia y el ejercicio del terrorismo en todas sus manifestaciones posibles.

Entendamos que la principal infamia que permite la degeneración sistemática de la conducta de los líderes políticos que tienen la responsabilidad de conducir una nación, es la utilización de la justicia con fines ideológicos para controlar el poder estatal supuestamente en beneficio del pueblo al que engañan sistemáticamente por medio de la desinformación y la aplicación del cepo y la mordaza a libertad de expresión.

La verdad es el único estandarte del que dispone la justicia, para sopesar la balanza que determina su existencia en función de la inexorable diferencia entre todas las actuaciones humanas, que en su esencia solo parten de la distinción objetiva entre el bien y el mal.

La verdad debe ser el objetivo de la comunicación cuando esta se realiza de forma ética, con sentido social, y se respeta la libertad de expresión dentro de la sensatez y la racionalidad que demanda el ejercicio democrático cuando este no traspasa al campo del libertinaje, soportando los abusos propios de la anarquía o de la autocracia, pues ambas conducen siempre al establecimiento de gobiernos totalitarios.

Hoy, el engañosamente llamado progresismo, con su discurso populista y demagógico propio de la falsedad dialéctica propagandística del socialismo del siglo XXI, al igual que el fundamentalismo extremo por mandato divino, se nutren del narcotráfico y otras fuentes ilegales para financiar la violencia y se valen del terrorismo físico o verbal para contrarrestar las fuerzas económicas y los valores cívicos, sin los cuales la política se reduce a la administración del empobrecimiento, la miseria y la desgracia colectiva.

En un mundo repleto de líderes liliputienses con egos de Gulliver, el peligro más grande de nuestra civilización occidental al entrar en este nuevo milenio es el narcoterrorismo disfrazado de democracia, destruyendo los límites de las libertades democráticas.

El progresismo promueve la impunidad para lucrarse de la ilegalidad y poder imponer agendas ideológicas minoritarias a las mayorías, a cuenta de una sociedad cobarde y constreñida por guardar las apariencias de lo políticamente correcto.

Es así como se fomenta la utilización de drogas, descartando las adicciones como efectos endémicos en salud de la población y la seguridad ciudadana, para justificar el libre desarrollo de la personalidad.

Es así como en contra de la propia naturaleza humana las agendas de género ignoran la problemática de la desnutrición infantil, llegando al tenebroso absurdo de permitir que se haga cambio de sexo durante la niñez y la adolescencia.

Es así como las mascotas son convertidas en sujetos de derecho, pero nadie explica cómo puede un juez hacerlas cumplir las obligaciones que preceden su ejercicio.

El funcionamiento del mundo entero está amenazado por el narcoterrorismo al comando del poder político. Se trata de la peor plaga social con que se quiere liderar el planeta, representa el poder del mal con el que se desnaturaliza, se suplanta y se deja, indefensas, todo tipo de sanas creencias religiosas fundamentadas en la caracterización del bien de las personas y de las naciones, sean ellas cristianas, judías, musulmanas o budistas.

Tenemos anarquías y autocracias por excesos y enfermedades desatendidas en las democracias, relacionadas con la complacencia con la ilegalidad.

Está el ejercicio del poder en manos de quienes, siendo una clase politiquera y embaucadora, de manera fraudulenta presumen de representar al pueblo, pero se relacionan y negocian con la ilegalidad bajo la excusa del apaciguamiento, para inmovilizar y silenciar el sentir de las mayorías indefensas.

Nada violento ni inhumano debería ocurrir en las naciones en manos de líderes buenos capaces de diferenciar entre la legalidad y la impunidad y donde no se produce y trafica droga abiertamente y hay controles sobre el lavado de activos y el contrabando.

Toda la civilización occidental está bajo el ataque violento de organizaciones criminales insurgentes que ejercen el terrorismo contra la población, contra el Estado y sus fuerzas armadas constitucionales, pero nuestros líderes políticos, económicos, gremiales e institucionales, no comprenden que los niveles desbordados de violencia son propios de las sociedades donde el Estado es débil o promiscuo con los criminales y con todas las manifestaciones de la ilegalidad.

viernes, 12 de julio de 2024

Justicia politizada y permisiva con el delito

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

Cuando la justicia no es imparcial ni eficiente, deja de ser justicia. Durante el régimen de Petro se han agravado sus endémicos males y han surgido nuevos elementos de preocupación:

a. Desafortunada injerencia del poder político en las decisiones judiciales, que se ha visto plasmada en la persecución judicial contra miembros de la Fuerza Pública y destacados líderes de la oposición, tales como Álvaro Uribe Vélez, Juan Felipe Arias y Luis Alfredo Ramos, entre otros. Se aplica un doble rasero con amigos y aliados de Petro acusados de grave delitos relacionados con tráfico de drogas, vandalismo, corrupción o terrorismo, quienes escapan por cualquier medio de la acción de la justicia. Bastaría con investigar si se adelantan con la celeridad debida las investigaciones por los escándalos protagonizados recientemente por personajes como Benedetti, Velasco, Velásquez, Sarabia, Manzur, Roa, el hermano de Petro, el hijo de Petro, Name, Arias, Leyva, y el propio presidente. Recientemente este intercedió a favor de vándalos de la Primera Línea para que fueran liberados.[1]

b. Tolerancia con el execrable delito de narcotráfico, permitiendo la expansión de cultivo, reduciendo las labores de erradicación y otorgando libertad de acción y protección a los capos de las organizaciones criminales.

c. Usurpación de funciones que llega hasta el punto de que el presidente asevera ser el jefe del fiscal general, quien hace parte de la Rama Judicial.[2]

d. Omisión del Gobierno en sus obligaciones de informar a las autoridades judiciales todos los actos delincuenciales presuntamente cometidos por las guerrillas del ELN y FARC y los vándalos de la Primera Línea, y poner a los sospechosos a disposición de los funcionarios competentes.

e. Falta de respeto del presidente con las Cortes, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral por actuar con independencia de su omnímoda voluntad, que le ha valido reprimendas por parte de tales organismos. Como es apenas obvio, tal situación de desorden en la administración de justicia tiene origen en el incumplimiento de los claros mandatos constitucionales, a saber:

·       “Asegurar la justicia” es uno de los fines propuestos en el preámbulo de nuestra constitución.

·       Artículo 121. “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.”

lunes, 8 de julio de 2024

Colombia, un narcoestado

Luis Alfonso García Carmona
Luis Alfonso García Carmona

Los cultivos de hoja de coca en Colombia cerraron en 2023 con 246.000 hectáreas, una cifra récord que representó un aumento respecto a lo detectado en diciembre del año anterior, cuando también se llegó al registro más alto hasta entonces[1].

Las cifras económicas del negocio de la cocaína son espeluznantes. Colombia exporta a Estados Unidos 19.000 millones de dólares al año. El negocio de la coca representa el 2,9% del PIB.

El peso del poderío económico de este ilícito negocio se incrementa ante la disminución progresiva del resto de las exportaciones. La política presidencial de proscribir la explotación de petróleo hará que las exportaciones de este rubro sean desplazados por las de la coca que arrojan una tendencia al alza.

No puede ser más dañino el impacto de esta errada política. Nuestra juventud ha pasado a ser también consumidora del alucinógeno con graves daños para salud física y mental. El acceso desde temprana edad a tan rentable actividad genera aspectos de comportamiento reprobables y dañinos para la vida en sociedad. La destrucción de selva tropical y el derrame de químicos utilizados en el procesamiento de la hoja perjudican el medio ambiente en zonas que debieran ser conservadas. La penetración del sucio dinero de la coca en todos los estamentos envenena la sociedad entera y la condenan a un indeseable futuro[2].

Frente a este dantesco cuadro de desgracias, la respuesta del Gobierno ha consistido en abandonar la lucha contra el aumento de los cultivos, suspender los ataques a los laboratorios, reducir a la mitad las ya pobres metas en materia de erradicación, no utilizar la aspersión aérea para fumigarlos, amparar con impunidad a los capos de la droga como compensación al apoyo brindado al presidente en su campaña, descartar la extradición de los capos, abstenerse de expropiar los bienes de los narcotraficantes y de ejercer control sobre los precursores utilizados para el procesamiento de la coca. Se han suspendido los planes multinacionales de interdicción aérea y marítima que en el pasado produjeron considerables incautaciones. En suma, no existen planes para la reducción del tráfico de estupefacientes, pero sí suficientes elementos que asegurarán su crecimiento en los próximos años. Cada vez podremos afirmar con mayor propiedad que Colombia se ha convertido en un narcoestado.

Si nos atenemos a las siguientes disposiciones constitucionales, estas han pasado a convertirse en letra muerta, es como si no existieran para el presidente que juró defenderlas:

Preámbulo.- “El orden político, económico, y social justo que proclama la Constitución es incompatible con la prevalencia de la actividad cocalera.

Art. 2.- “Son fines esenciales del Estado: (…) promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)

Art. 2.- “Las autoridades de la República están instituidas para  (…) asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado (…)”

Art. 4.- Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes.”

Art. 8.- “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”

Art. 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.”

Está claro para cualquier desprevenido espectador de la vida nacional que la política de favorecimiento al sucio negocio de la cocaína por parte del régimen petrista atenta de manera grave contra el orden político, económico y social justo, la prosperidad general, la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, el cumplimiento de los deberes sociales del Estado por parte de las autoridades de la República, la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mandatos expresos del texto constitucional.

¿A quién le corresponde el restablecimiento de este orden aniquilado por la acción gubernamental? Lo aclara de manera contundente la misma constitución en las siguientes normas de obligatorio e inmediato cumplimiento:

Art. 217. - La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

Art. 218. - La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

En este vital aspecto, como en los demás que hemos venido difundiendo, estamos los colombianos a la espera de la acción constitucional y salvadora de nuestra fuerza pública, para devolver a la Nación el orden constitucional y la esperanza de un resurgimiento acorde con nuestros valores, nuestra historia y nuestro potencial humano.