Colombia, un narcoestado

Luis Alfonso García Carmona

Los cultivos de hoja de coca en Colombia cerraron en 2023 con 246.000 hectáreas, una cifra récord que representó un aumento respecto a lo detectado en diciembre del año anterior, cuando también se llegó al registro más alto hasta entonces[1].

Las cifras económicas del negocio de la cocaína son espeluznantes. Colombia exporta a Estados Unidos 19.000 millones de dólares al año. El negocio de la coca representa el 2,9% del PIB.

El peso del poderío económico de este ilícito negocio se incrementa ante la disminución progresiva del resto de las exportaciones. La política presidencial de proscribir la explotación de petróleo hará que las exportaciones de este rubro sean desplazados por las de la coca que arrojan una tendencia al alza.

No puede ser más dañino el impacto de esta errada política. Nuestra juventud ha pasado a ser también consumidora del alucinógeno con graves daños para salud física y mental. El acceso desde temprana edad a tan rentable actividad genera aspectos de comportamiento reprobables y dañinos para la vida en sociedad. La destrucción de selva tropical y el derrame de químicos utilizados en el procesamiento de la hoja perjudican el medio ambiente en zonas que debieran ser conservadas. La penetración del sucio dinero de la coca en todos los estamentos envenena la sociedad entera y la condenan a un indeseable futuro[2].

Frente a este dantesco cuadro de desgracias, la respuesta del Gobierno ha consistido en abandonar la lucha contra el aumento de los cultivos, suspender los ataques a los laboratorios, reducir a la mitad las ya pobres metas en materia de erradicación, no utilizar la aspersión aérea para fumigarlos, amparar con impunidad a los capos de la droga como compensación al apoyo brindado al presidente en su campaña, descartar la extradición de los capos, abstenerse de expropiar los bienes de los narcotraficantes y de ejercer control sobre los precursores utilizados para el procesamiento de la coca. Se han suspendido los planes multinacionales de interdicción aérea y marítima que en el pasado produjeron considerables incautaciones. En suma, no existen planes para la reducción del tráfico de estupefacientes, pero sí suficientes elementos que asegurarán su crecimiento en los próximos años. Cada vez podremos afirmar con mayor propiedad que Colombia se ha convertido en un narcoestado.

Si nos atenemos a las siguientes disposiciones constitucionales, estas han pasado a convertirse en letra muerta, es como si no existieran para el presidente que juró defenderlas:

Preámbulo.- “El orden político, económico, y social justo” que proclama la Constitución es incompatible con la prevalencia de la actividad cocalera.

Art. 2.- “Son fines esenciales del Estado: (…) promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)

Art. 2.- “Las autoridades de la República están instituidas para  (…) asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado (…)”

Art. 4.- “Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes.”

Art. 8.- “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”

Art. 366. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.”

Está claro para cualquier desprevenido espectador de la vida nacional que la política de favorecimiento al sucio negocio de la cocaína por parte del régimen petrista atenta de manera grave contra el orden político, económico y social justo, la prosperidad general, la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, el cumplimiento de los deberes sociales del Estado por parte de las autoridades de la República, la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mandatos expresos del texto constitucional.

¿A quién le corresponde el restablecimiento de este orden aniquilado por la acción gubernamental? Lo aclara de manera contundente la misma constitución en las siguientes normas de obligatorio e inmediato cumplimiento:

Art. 217. - La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

Art. 218. - La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

En este vital aspecto, como en los demás que hemos venido difundiendo, estamos los colombianos a la espera de la acción constitucional y salvadora de nuestra fuerza pública, para devolver a la Nación el orden constitucional y la esperanza de un resurgimiento acorde con nuestros valores, nuestra historia y nuestro potencial humano.

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[1] https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2024-03-14/colombia-reporta-nuevo-record-de-cultivos-de-coca-en-2023

[2] https://elpais.com/america-colombia/2022-08-31/colombia-es-el-segundo-pais-del-mundo-con-mas-organizaciones-criminales.html

Antagonismo en las exportaciones colombianas

Por José Alvear Sanín*

Nuestro comercio de exportación ha sido siempre más bien débil. De la monoexportación cafetera, que hizo posible el despegue inicial de nuestra economía, pasamos por varias etapas hasta llegar a la actual y dominante de los combustibles, porque hasta septiembre de 2022 estos representan el 56.2 % de nuestras exportaciones legales, es decir US $ 24.779 millones, frente a un total de US $ 43.823 millones.

Al lado de los combustibles, las exportaciones menores son, principalmente, manufacturas, 19.7 % y productos agropecuarios, 20.6 %.

En 2022 las exportaciones de petróleo y carbón aumentaron 84.9 % sobre el año anterior, mientras las exportaciones menores crecieron un 34 %.

No ha sido entonces malo el año 2022 en la parte visible de nuestro comercio exterior, que se divide actualmente en dos sectores. La realidad es que bajo Petro se perfila un antagonismo alarmante: El sector minero-energético, legal, dinámico, en buena parte de propiedad estatal, sostén de la Tesorería y generador de la mayor parte de las divisas reconocidas, es aborrecido por el Gobierno, que lo estigmatiza mientras con sus políticas estimula implícitamente el renglón ilegal, invisible y criminal de los narcóticos.

Nadie sabe cuánto vale la exportación de cocaína y otros psicotrópicos, ni qué parte de sus astronómicos ingresos regresa a Colombia.

Partamos de la base de que las exportaciones de petróleo todavía superan las de cocaína, pero también existe la posibilidad de que pronto, a medida que marchiten lo minero-energético, el sector narcóticos se convierta en la principal fuente de divisas del país.

En términos generales la devaluación del peso —terrible para el país—, solo tiene un aspecto favorable, la posibilidad de que ocasione aumento de las exportaciones agropecuarias y manufactureras, porque el volumen de las exportaciones de crudo y carbón no es sensible a la tasa de cambio.

No debemos tampoco desconocer que la devaluación favorece especialmente a los exportadores de narcóticos, el valor de cuyos insumos es pequeño, y su rentabilidad, por tanto, inmensa, crecerá aún más. Ya lograron de facto la legalización.

Si la cocaína es menos nociva que el carbón, el petróleo y las gaseosas, ¿por qué no legalizarla? ¿Convendría sustituir los dólares del petróleo por los de la cocaína?

Con estos y otros planteamientos perversos, la presión por convertir el narcotráfico en una actividad normal es alarmante. Si eso se logra, Colombia se convertiría, al lado de Afganistán y Myanmar, en un completo narcoestado, execrado justamente por el resto del mundo.

Ahora bien, los exportadores de cocaína, que con la devaluación han visto un astronómico incremento de sus ingresos en divisas fuertes, no están interesados en la revaluación del peso. Al contrario, mientras más se devalúe nuestra moneda, mayores utilidades dará su infame negocio.

Por lo mismo es probable que para ellos sea preferible no aumentar mucho el tonelaje exportado mientras siga la incesante devaluación del peso colombiano, gracias a las obsesiones del Gobierno, que deliberadamente los favorece mientras golpea los sectores legales de la economía con reformas tributaria, agraria, laboral y sanitaria, que en nada impactan las actividades de los narcóticos y la minería ilegal.

Cocaína: ¿estabilizador macroeconómico?

Por José Alvear Sanín*

Andrés Felipe Arias deja de lado toda referencia a la injusta condena y a la persecución de que ha sido objeto, para presentar al país un diagnóstico incontrovertible. Con el título de Cocaína: ¿estabilizador macroeconómico colombiano? (Bogotá: Universidad Sergio Arboleda; 2020. 70 p.). Su autor, con este estudio, académico, objetivo, sólido, preciso y bien sustentado, responde a ese interrogante con el lenguaje propio del economista profesional. Este paper, al mejor estilo anglosajón, escueto y sin adjetivos calificativos, invita al lector a sacar sus propias conclusiones.

Ante el hecho del choque brutal que para la economía mundial significó la caída del precio del crudo, que en 2014 se derrumbó de los US $ 100-110 hacia los US $ 50 por barril, se pregunta cómo fue que Colombia prácticamente no sufrió las consecuencias de la reducción de las exportaciones de su principal producto, que cayó de un promedio anual, entre 2010 y 2014, de US $ 27.591 millones, a US $ 13.878 millones entre 2015 y 2018. Esto significa nada menos que una reducción del 49.7 % de ese rubro, que no ha sido compensado por el crecimiento de ningún otro producto legal de exportación.

Vamos, pues, a completar una década bajo esta situación, pero el país no ha experimentado sus inevitables efectos en ningún aspecto. La vida económica sigue transcurriendo normalmente, porque, en muy buena parte, las exportaciones de cocaína han compensado la reducción de las petroleras…

Todos, de alguna manera, nos hemos dado cuenta de ese fenómeno, pero nos hemos acostumbrado a él. Faltaba entonces alguien capaz de analizarlo, cuantificarlo y de exigirnos tomar posición ante esta nueva estructura de nuestro comercio exterior.

Por la excepcional importancia de ese trabajo de impecable factura, sólida argumentación y fácil lectura, lo recomiendo vivamente, para seguir con algunas de las reflexiones que me hago después de analizarlo.

Andrés Felipe Arias ha respondido positivamente a su interrogante. En efecto, la cocaína es el estabilizador macroeconómico que permite mantener la gigantesca importación de alimentos, autos, insumos y los viajes baratos, pero que inhibe la recuperación industrial y la agricultura productiva moderna, única gran posibilidad futura, si algún día nos liberamos del predominio de la coca sobre la economía.

Después de este ensayo ya no será posible desconocer el dilema en que nos encontramos: volver a ser un estado de derecho económico o resignarnos a la condición de narcoestado.

Durante toda esta última década, los partidarios de la segunda opción han avanzado. Su ofensiva estratégica es permanente y bien financiada, mientras las fuerzas que podemos llamar democráticas ni siquiera se defienden de la capitulación ante las FARC. A lo sumo tienen el gobierno, pero carecen del poder, quizá porque el país depende ya absolutamente de las divisas generadas por el narcotráfico. El status quo político es demasiado frágil. Su horizonte se reduce a unos 30 meses, porque pronto habrá que escoger entre independizarnos de la droga o someternos definitivamente a ella.

Es tan aterrador el poder económico de la narcoindustria exportadora, que ya también tiene consumidores por todo el país, que sus actores sueñan con alcanzar el poder político total.

Detrás del odio por el petróleo y de la interdicción del fracking, hay un pensamiento atroz y lúcido que pocos captan: Si eliminamos los hidrocarburos, la nación quedará irremisiblemente arrodillada ente los estupefacientes.

He ahí la “economía verde” de Petro, pero sin máscara, puerta de entrada por donde “se va a la ciudad doliente”, como en Venezuela.

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El matoneo permanente, a partir del día de su posesión, contra el historiador Darío Acevedo Carmona, es también advertencia para que los demás empleados públicos no interfieran actividades preparatorias de la revolución.

¿Cómo será nuestra futura agroindustria?

Por José Alvear Sanín*

Afortunadamente, el representante Juan Espinal reveló que en la ley del Plan Nacional de Desarrollo se había reglamentado completamente lo referente a la búsqueda y explotación de hidrocarburos no convencionales. A continuación, una magistral clase de derecho del doctor Fernando Londoño Hoyos despejó todas las dudas y demostró la incompetencia del Consejo de Estado para mantener la suspensión provisional (¿indefinida?) de las resoluciones que autorizaban el fracking.

Pocas horas después, esa corporación aclaraba que la suspensión que ellos acababan de mantener no cobijaba las “explotaciones piloto”, necesarias para determinar las condiciones que permiten explotar, vía fracking, yacimientos profundos de petróleo y gas natural, sin causar daño ambiental.

El oso monumental de esa “alta corte” aleja probablemente la amenaza sobre la industria petrolera, porque si empezamos ya la explotación de yacimientos no convencionales, el angustioso horizonte de cinco o seis años se despeja y Colombia podrá seguir siendo un país petrolero mediano.

Desde luego, lo anterior es apenas un respiro, porque, sin dejar los hidrocarburos, Colombia tiene que reducir su dependencia de los combustibles fósiles y diversificar su oferta exportadora varias veces.

En 2018 exportamos US $ 41 381 millones. El petróleo representó US $ 13 161 millones y el carbón, US $ 7 390 millones. Las manufacturas, US $ 11 324 millones. La agroindustria exportó US $ 7 301 millones. El café fue su principal renglón, con US $ 2 521 millones. Lo siguen las flores, con US $ 1 770 millones; el banano, US $ 866 millones, y el aceite de palma, con US $ 446 millones. Pobre el balance del sector, porque importamos US $ 6 980 millones de productos agropecuarios.

Si observamos que Holanda, por ejemplo, cuyo mediocre territorio cabe 38 veces en Colombia, es el primer exportador mundial de productos agroindustriales (US $ 90 000 millones), podemos darnos cuenta tanto de nuestro potencial como de nuestra inopia agropecuaria.

Las importaciones de Colombia, ese mismo año, valieron US $ 51 230 millones; y al enorme déficit comercial se añade uno en cuenta corriente, que ya representa el 4.6 % del PIB.

Por tanto, a la economía legal la espera un descalabro monumental, si no se corrigen estos desequilibrios estructurales, con la aparición de nuevas fuentes de divisas.

Nadie apuesta a la reindustrialización del país, de tal manera que hay que volver los ojos al campo, donde el potencial de Colombia es quizás el mayor del mundo. No hay otro país donde la frontera agrícola todavía pueda avanzar entre 25 y 30 millones de hectáreas, sin necesidad de talar la Amazonia, cuya protección, por desgracia, poco nos inquieta.

Ahora bien, frente a nuestro potencial agropecuario, la política “supraconstitucional” del Estado se ha convenido a través del NAF con las FARC, para orientarla en lo futuro hacia una concepción retrógrada, parcelaria en parte y en parte colectivista, que además odia la ganadería y de la que nada productivo puede esperarse.

Sin embargo, estamos viviendo en buena medida de otra potente agroindustria, la de los estupefacientes: mucha cocaína; algo, por ahora, de heroína y grandes expectativas en la marihuana, primero medicinal y luego recreativa. No sabemos cuánto rinde la exportación de sustancias psicotrópicas, ni cómo se reparten esas inmensas utilidades entre los carteles locales y sus asociados mexicanos, ni qué porcentaje se llevan los gobiernos cubano y venezolano, pero nadie ignora que en buena parte el narcotráfico es el sector más floreciente de la economía: financia el contrabando, genera empleo, explica la opulencia de centros comerciales y el lavado masivo de activos; mantiene bajo el tipo de cambio, que explica la facilidad de viajar, la abundancia de lo suntuario, lo poco rentable de la inversión local y la reducida propensión al ahorro.

Entonces, si no se corrigen estos grandes desequilibrios, el país cada vez dependerá en mayor medida de esa fatídica agroindustria y se consolidará el narcoestado.

Está haciendo carrera el rechazo de los hidrocarburos. Un seductor ecologismo sandía (rojo por dentro, verde por fuera), que jamás ha condenado la voladura de oleoductos, predica la transformación de nuestra economía hacia lo verde. El aguacate dizque podría reemplazar el petróleo y equilibrar nuestras finanzas. Es muy fácil denostar la falacia de Petro, porque ya se sabe que para sustituir el petróleo se necesitaría algo así como exportar 50 000 toneladas diarias de paltas, multiplicando docenas de veces la producción mundial de esa fruta; pero en la opinión va quedando un sedimento falaz, romántico y generoso, en contra del denostado “extractivismo”.

En un país donde se persigue la ganadería y no se promueve la gran agroindustria moderna, técnica, productiva y exportadora, se estimulan en cambio los espejismos del cannabis medicinal, mientras llega la legalización de la mal llamada marihuana recreativa.

Dos estudios recientes llaman la atención: Fedesarrollo calcula que, dentro de diez años, las exportaciones de cáñamo medicinal podrían llegar a US $ 2 741 millones, cifra poco verosímil, pero una flamante asociación de productores de esa planta hace pronósticos aun más fantásticos, de US $ 17 000 millones.

Si consideramos el proyecto de ley sobre “el marco normativo para regular el consumo, producción, distribución, comercialización y expendio de marihuana recreativa”, presentado el pasado 18 de septiembre por el senador Gustavo Bolívar y apoyado inmediatamente por Juan Manuel Santos, es decir, por las fundaciones de Soros, vemos cómo se va consolidando el modelo de una agroindustria “verde” de la coca, el cannabis y el aguacate, en vez de la de grandes sectores de ganadería, café, frutales, flores, banano, hortalizas, lechería, apicultura, maderables, forrajes, plantas medicinales, azúcar, maíz, y mil y más cosechas útiles para un mundo consumidor.

El país debe escoger qué clase de agroindustria quiere tener, para fundar sobre ella su futuro económico.

Desafortunadamente, pienso que el proyecto del nuevo Bolívar lleva las de ganar, por su populismo, por la aceptación de la fácil idea, engañosa y superficial, de que la legalización soluciona los problemas de la drogadicción y la violencia; y por el activismo de Soros, el principal interesado, personal y políticamente, en los inconmensurables proventos de la legalización planetaria de las drogas psicotrópicas.

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A continuación del fallo de la Corte Constitucional, que permite el consumo público de estupefacientes, la legalización de la marihuana se inscribe también dentro del plan de desestabilización social, moral y jurídica que requiere el avance revolucionario, estimulando nuevos factores de desorden público y deterioro sanitario.

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Si por aquí llueve, con el nuncio apoyando a la JEP y la as FARC, en Venezuela no escampa, cuando el representante del papa participa en la nueva farsa de negociación entre Maduro y algunos políticos tránsfugas de la oposición que le colaboran, mientras los obispos de ese país siguen rechazando esa tiranía.