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jueves, 28 de diciembre de 2023

A sacudirse Antioquia

Félix Alfázar González Mira
Por Félix Alfázar González Mira

No sabe uno por dónde arrancar para expresar la angustia, impotencia, el encierro y la insensatez sentida ante el avasallador centralismo del Gobierno contra Antioquia. Y esta, que con Pastora Londoño desde El Retiro en la colonia, José María Córdoba desde Rionegro (hoy Concepción) en la independencia y con Epifanio desde Yarumal y Bello en La República, le cantó y le canta siempre a la Libertad.

La suspensión de la delegación en temas mineros al departamento que se suma a la intervención de Savia Salud, la caja de compensación Comfenalco, el monitoreo a la megaminería, la desfinanciación de las 4G, revivir Caminos Vecinales, intentos de desintegración y para redondear la faena la intención de tomarse El Metro; no se puede recibir sino como una declaración hostil del Gobierno nacional que amerita que sus mejores hombres e instituciones, con la serenidad de análisis y la inteligencia que demandan los hechos, respondan con contundencia histórica a estas decisiones en contravía de la Constitución Nacional.

En su discurso de posesión el presidente Petro señalaba, en los diez puntos a cumplir, que era inexorable la aplicación cierta del artículo primero de la Constitución al establecer que Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Y está haciendo precisamente lo contrario: construyendo un centralismo voraz y alevoso en contra del desarrollo y la prosperidad de las regiones. Con mayores veras cuando reversa decisiones tomadas al tenor del artículo 302 que señala la pertinencia de desarrollar capacidades institucionales en los territorios para delegar, de la centralidad, funciones y competencias que válidamente puedan asumir los territorios. La delegación de esa competencia en el marco de la autonomía constitucional ha ocasionado que el 40% de la exportación de oro y minerales del país al igual que el 40% de la formalización minera nacional esté en este territorio, los 1.227 contratos de concesión hayan sido transparentes, único departamento del país en donde disminuyó la deforestación rehabilitando áreas, caracterización minera del territorio permitiendo definir rutas hacia la formalización, reconversión y reubicación de mineros; fiscalización minera eficaz que condujo a 213 decisiones de terminaciones de títulos dentro de total transparencia y más resultados imposibles de generar desde el Centro. Comparemos a Antioquia con la periferia minera nacional para darnos cuenta de que la autonomía es el camino. Lo demás son argumentos pueriles, de odio, de pasar cuentas de cobro, de división, politiqueros.

La historia de Antioquia, desde milenios prehispánicos, atravesando lo que denominan el descubrimiento, la conquista, la colonia y la república; siempre estuvo ligada a la minería con las explotaciones de sal y carbón en Guaca (Heliconia) y el oro en su espacio geográfico. Robledo en 1542 fundó la Ciudad de Antiochía, hoy Frontino, tierra y contornos del cacique Nutibara, detrás de El Dorado. Después de haberla establecida en Peque en 1541.

En 1785 comienza la gobernación de Juan Antonio Mon y Velarde llamado el regenerador de Antioquia al transformar el territorio de la provincia y con Francisco Silvestre la expedición de normas hacia el aliento de la minería aurífera.

Y repasemos la vocación autonómica y federal de nuestro departamento.

En 1812 en Rionegro se promulga la nueva constitución de la provincia, en la que esta se declara república independiente.

En 1813 se da el acto de independencia que desata definitivamente los lazos de dependencia de la provincia con España.

Hacia 1856, El Estado colombiano se declara una confederación, constitución que lleva la firma de don Mariano Ospina Rodríguez. El primer Estado soberano que se organiza es Panamá y el segundo Antioquia, bajo la dirección del conservador Rafael María Giraldo. Así se llega a la Convención de Rionegro, en 1863, con la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, con sus nueve Estados soberanos. 78 años después se empezaba a cumplir la premonición de Mon y Velarde cuando le escribía a la corona española, “Aquella provincia, la más atrasada del Reino, llegará a ser algún día la más opulenta”. Solo se necesitaba soberanía total para el manejo de sus asuntos.

Empiezan los hitos paisas con Pedro Justo Berrío al frente del Estado soberano. La educación superior consolidando la Universidad de Antioquia y la técnica creando la Escuela de Minas, los ferrocarriles, la minería de oro a gran escala, cultivo del café, la industrialización, la colonización antioqueña, los puentes sobre el río Cauca, en fin, Antioquia pasa a ser la más opulenta del país.

El subsuelo era de los Estados soberanos y la constitución de 1886 hace la gran expropiación de esos recursos por parte del centralismo avasallador pasando esa riqueza a propiedad de la nación. ¿Lo estamos repitiendo ahora 137 años después?

¡¿Qué hacer Antioquia?! Cómo los franceses en mayo del 68: ¡la imaginación al poder! No descartar la calle pura y dura. Hay que arrancarle de la garganta al centralismo los derechos constitucionales que asiste a las regiones.

Name, el presidente del Congreso señala que “esta medida desconoce el camino trazado por nuestra Constitución, vulnera el principio de progresividad de la descentralización y contradice el artículo 28 del Plan Nacional de Desarrollo”.

Vale la pena un ejercicio jurídico ante el otro poder público, la Corte Constitucional, para explorar si desde ese ángulo se obliga a cumplir la Constitución por parte del ejecutivo nacional.

miércoles, 14 de diciembre de 2022

Antagonismo en las exportaciones colombianas

José Alvear Sanín
Por José Alvear Sanín*

Nuestro comercio de exportación ha sido siempre más bien débil. De la monoexportación cafetera, que hizo posible el despegue inicial de nuestra economía, pasamos por varias etapas hasta llegar a la actual y dominante de los combustibles, porque hasta septiembre de 2022 estos representan el 56.2 % de nuestras exportaciones legales, es decir US $ 24.779 millones, frente a un total de US $ 43.823 millones.

Al lado de los combustibles, las exportaciones menores son, principalmente, manufacturas, 19.7 % y productos agropecuarios, 20.6 %.

En 2022 las exportaciones de petróleo y carbón aumentaron 84.9 % sobre el año anterior, mientras las exportaciones menores crecieron un 34 %.

No ha sido entonces malo el año 2022 en la parte visible de nuestro comercio exterior, que se divide actualmente en dos sectores. La realidad es que bajo Petro se perfila un antagonismo alarmante: El sector minero-energético, legal, dinámico, en buena parte de propiedad estatal, sostén de la Tesorería y generador de la mayor parte de las divisas reconocidas, es aborrecido por el Gobierno, que lo estigmatiza mientras con sus políticas estimula implícitamente el renglón ilegal, invisible y criminal de los narcóticos.

Nadie sabe cuánto vale la exportación de cocaína y otros psicotrópicos, ni qué parte de sus astronómicos ingresos regresa a Colombia.

Partamos de la base de que las exportaciones de petróleo todavía superan las de cocaína, pero también existe la posibilidad de que pronto, a medida que marchiten lo minero-energético, el sector narcóticos se convierta en la principal fuente de divisas del país.

En términos generales la devaluación del peso —terrible para el país—, solo tiene un aspecto favorable, la posibilidad de que ocasione aumento de las exportaciones agropecuarias y manufactureras, porque el volumen de las exportaciones de crudo y carbón no es sensible a la tasa de cambio.

No debemos tampoco desconocer que la devaluación favorece especialmente a los exportadores de narcóticos, el valor de cuyos insumos es pequeño, y su rentabilidad, por tanto, inmensa, crecerá aún más. Ya lograron de facto la legalización.

Si la cocaína es menos nociva que el carbón, el petróleo y las gaseosas, ¿por qué no legalizarla? ¿Convendría sustituir los dólares del petróleo por los de la cocaína?

Con estos y otros planteamientos perversos, la presión por convertir el narcotráfico en una actividad normal es alarmante. Si eso se logra, Colombia se convertiría, al lado de Afganistán y Myanmar, en un completo narcoestado, execrado justamente por el resto del mundo.

Ahora bien, los exportadores de cocaína, que con la devaluación han visto un astronómico incremento de sus ingresos en divisas fuertes, no están interesados en la revaluación del peso. Al contrario, mientras más se devalúe nuestra moneda, mayores utilidades dará su infame negocio.

Por lo mismo es probable que para ellos sea preferible no aumentar mucho el tonelaje exportado mientras siga la incesante devaluación del peso colombiano, gracias a las obsesiones del Gobierno, que deliberadamente los favorece mientras golpea los sectores legales de la economía con reformas tributaria, agraria, laboral y sanitaria, que en nada impactan las actividades de los narcóticos y la minería ilegal.

miércoles, 28 de agosto de 2019

¿Corregir y recuperar, o impedir?


Por José Alvear Sanín*

José Alvear Sanín
Nadie puede negar que el desarrollo ha implicado daño ecológico considerable. Ahora, una de las labores fundamentales del Estado consiste en corregir los errores del pasado, recuperar los terrenos y cauces degradados, reforestar y evitar repetición de daños.

En Colombia viene imponiéndose un ecologismo politizado y extremista, cuya actitud consiste en impedir el desarrollo, en lugar de propugnar por una explotación técnica y adecuada de los recursos naturales, especialmente de los mineros. De esta manera se está sembrando odio hacia el petróleo y hacia toda explotación, sea ella antigua o nueva, en especial si se trata de hidrocarburos u oro.

Mientras se obstaculiza la gran minería, nada se hace contra una extracción depredadora de oro, con retroexcavadoras y aterradora contaminación de los ríos con mercurio y arsénico.

La gran minería de las transnacionales no es altruista, obviamente. Si se les permite actuar sin control puede ser tan destructora o peor aun que la otra. Pero esa actividad puede ser sometida a estrictas normas técnicas para minimizar o impedir el daño ambiental.

El deber de todo gobierno, en este campo, consiste precisamente en promover la correcta explotación minera y petrolera, y al mismo tiempo reprimir las actividades que convierten vastos territorios en eriales, y prodigiosos ríos llenos de vida, en inmundos albañales, sean “legales” o no quienes destruyen el entorno.

En Colombia no se está haciendo nada por detener, en primer lugar, y luego acabar las explotaciones ilegales de oro y la deforestación, tanto para la siembra de coca como para la obtención de maderas, muchas de cuyas especies están desapareciendo. Tampoco se está evaluando el tema del coltán, que al parecer es abundante en la Amazonia y está siendo explotado y exportado en cantidades crecientes, sin el menor respeto por el entorno.

Desde esta columna sigo pidiendo al gobierno, por la urgente gravedad de estos asuntos, adecuadas respuestas a las inquietudes expresadas.

En los últimos días empiezan a adquirir notoriedad ciertos asuntos de especial gravedad:

1. Nuestras reservas probadas de petróleo son exiguas. Si no se explora ni se encuentran nuevos yacimientos explotables, en cinco o seis años pasaremos de exportadores de hidrocarburos a importadores de combustible.

A pesar de tan grave predicamento —porque sin la exportación de petróleo Colombia quedaría sumida en la miseria— ciertos grupos ecologistas muy vocales están logrando pronunciamientos judiciales para impedir el fracking.

No sé si el fracking sea la única manera de incrementar las reservas, pero el país está urgido de explorar, respetando el entorno, sea con los medios tradicionales o con este nuevo sistema. En ambos casos se debe exigir responsabilidad ambiental. En cambio, impedir la exploración es suicida. Ya se sabe que con aguacates no vamos a sustituir 30.000 o más millones de dólares al año.

Es alarmante que Ecopetrol tenga que participar en exploración (vía fracking), asociada a otras compañías, en Texas, porque no puede hacerlo en Colombia. Esta compañía explica que, si no incrementa sus reservas, va inexorablemente a la quiebra.

2. La arremetida contra El Cerrejón es preocupante, porque los jueces que ahora nos gobiernan —ignorantes en economía, geología, ecología, y hasta en derecho— pueden acabar con la explotación del carbón, sin preocuparse por los efectos de tan absurdo pronunciamiento.

Ahora bien: Como todos los medios de lucha deben combinarse, el poder judicial se ha puesto en Colombia al servicio de la revolución, que llegaría con mayor rapidez si se impide el desarrollo económico.

El gobierno, que se ve obligado a acatar consultas locales y fallos absurdos, es incapaz entonces de promover el desarrollo minero-energético, y también se ve cohibido para eliminar la explotación ilegal y depredadora de aluviones, porque esta letal actividad goza del apoyo, encubierto pero eficaz, de las fuerzas del desorden que con el “acuerdo final” controlan el Estado.

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¿Cuándo ha visto el lector al Partido Verde o la Colombia Humana condenar la frecuente voladura de oleoductos en estos “tiempos de paz”?

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El poder judicial, que únicamente se muestra diligente si se trata de asuntos políticos, ¿cuándo se ocupará del costalado de dólares de Petro?

martes, 19 de marzo de 2019

De cara al porvenir: perturbaciones ambientales rurales


Por Pedro Juan González Carvajal*

Pedro Juan González Carvajal
La riqueza colombiana, se concentra en el campo: los recursos agrícolas, pecuarios y minerales, se encuentran allí y de su adecuada explotación depende la sostenibilidad y sustentabilidad de los proyectos asociados y la calidad de vida de nuestros compatriotas campesinos.

Muchos riesgos de deterioro ambiental se ciernen cual oscuros nubarrones sobre este extenso territorio de la patria.

La minería ilegal, atenta contra la calidad del agua por emplear como depositario de los residuos químicos a quebradas y ríos que finalmente llegan al mar, igual que a lagos o a las fuentes de agua subterránea, generando un mortal círculo vicioso de intoxicación de plantas, animales y humanos.

La minería legal, por lo tecnificada, genera enormes impactos ambientales que pueden ser mitigados parcialmente. Una vez concluida la labor y cerrado el yacimiento, la legislación obliga a entregar el terreno empleado en las mejores condiciones posibles a partir de la resiembra de árboles y el adecuado manejo de aguas.

La tala y el saqueo de las selvas para la siembra de cultivos ilícitos y lícitos, atenta contra la captura de CO2 y contra la estabilidad de los ciclos climáticos, de los cuales depende gran parte de la vida animal y los procesos de siembra y de recolección de alimentos.

La pérdida de bosques y selvas para la adecuación de potreros también aporta, y de qué manera, al deterioro de las condiciones ambientales.

La construcción de grandes obras de infraestructura, de cualquier tipo, trae asociado un inevitable impacto ambiental, que debe ser mitigado de la mejor manera, sin ahorrar esfuerzos.

En la agricultura, el uso intensivo de abonos, insecticidas y plaguicidas, sobre todo por aspersión, genera una dinámica contaminante que impacta vastas extensiones de territorio. Igualmente, el consumo intensivo de agua para riego puede tener impactos negativos con respecto a las fuentes de agua empleadas.

La vida humana también deteriora el ambiente. A los programas de potabilización de agua deben acompañarlos programas de manejo de aguas servidas.

El uso de la leña como insumo energético, deteriora los bosques.

La mala disposición de los residuos sólidos y todo tipo de basuras genera impactos visuales, de malos olores, y de absorción de los lixiviados por parte del subsuelo, con la consiguiente contaminación de las aguas subterráneas.

Mención particular merecen los mares, convertidos por el hombre en la gran cloaca planetaria. Un alto porcentaje de los desechos producidos llegan al mar, afectando todos sus delicados equilibrios: oxígeno, temperatura, fauna marina, corrientes submarinas, salinidad, acidez, con el mayor impacto imaginable al cambio climático.

Insistimos en la conveniencia de dotar a Medellín de un adecuado centro de espectáculos, de un autódromo que cumpla con las especificaciones internacionales de la F1 y tener un velódromo cubierto.