A sacudirse Antioquia

Por Félix Alfázar González Mira

No sabe uno por dónde arrancar para expresar la angustia, impotencia, el encierro y la insensatez sentida ante el avasallador centralismo del Gobierno contra Antioquia. Y esta, que con Pastora Londoño desde El Retiro en la colonia, José María Córdoba desde Rionegro (hoy Concepción) en la independencia y con Epifanio desde Yarumal y Bello en La República, le cantó y le canta siempre a la Libertad.

La suspensión de la delegación en temas mineros al departamento que se suma a la intervención de Savia Salud, la caja de compensación Comfenalco, el monitoreo a la megaminería, la desfinanciación de las 4G, revivir Caminos Vecinales, intentos de desintegración y para redondear la faena la intención de tomarse El Metro; no se puede recibir sino como una declaración hostil del Gobierno nacional que amerita que sus mejores hombres e instituciones, con la serenidad de análisis y la inteligencia que demandan los hechos, respondan con contundencia histórica a estas decisiones en contravía de la Constitución Nacional.

En su discurso de posesión el presidente Petro señalaba, en los diez puntos a cumplir, que era inexorable la aplicación cierta del artículo primero de la Constitución al establecer que Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Y está haciendo precisamente lo contrario: construyendo un centralismo voraz y alevoso en contra del desarrollo y la prosperidad de las regiones. Con mayores veras cuando reversa decisiones tomadas al tenor del artículo 302 que señala la pertinencia de desarrollar capacidades institucionales en los territorios para delegar, de la centralidad, funciones y competencias que válidamente puedan asumir los territorios. La delegación de esa competencia en el marco de la autonomía constitucional ha ocasionado que el 40% de la exportación de oro y minerales del país al igual que el 40% de la formalización minera nacional esté en este territorio, los 1.227 contratos de concesión hayan sido transparentes, único departamento del país en donde disminuyó la deforestación rehabilitando áreas, caracterización minera del territorio permitiendo definir rutas hacia la formalización, reconversión y reubicación de mineros; fiscalización minera eficaz que condujo a 213 decisiones de terminaciones de títulos dentro de total transparencia y más resultados imposibles de generar desde el Centro. Comparemos a Antioquia con la periferia minera nacional para darnos cuenta de que la autonomía es el camino. Lo demás son argumentos pueriles, de odio, de pasar cuentas de cobro, de división, politiqueros.

La historia de Antioquia, desde milenios prehispánicos, atravesando lo que denominan el descubrimiento, la conquista, la colonia y la república; siempre estuvo ligada a la minería con las explotaciones de sal y carbón en Guaca (Heliconia) y el oro en su espacio geográfico. Robledo en 1542 fundó la Ciudad de Antiochía, hoy Frontino, tierra y contornos del cacique Nutibara, detrás de El Dorado. Después de haberla establecida en Peque en 1541.

En 1785 comienza la gobernación de Juan Antonio Mon y Velarde llamado el regenerador de Antioquia al transformar el territorio de la provincia y con Francisco Silvestre la expedición de normas hacia el aliento de la minería aurífera.

Y repasemos la vocación autonómica y federal de nuestro departamento.

En 1812 en Rionegro se promulga la nueva constitución de la provincia, en la que esta se declara república independiente.

En 1813 se da el acto de independencia que desata definitivamente los lazos de dependencia de la provincia con España.

Hacia 1856, El Estado colombiano se declara una confederación, constitución que lleva la firma de don Mariano Ospina Rodríguez. El primer Estado soberano que se organiza es Panamá y el segundo Antioquia, bajo la dirección del conservador Rafael María Giraldo. Así se llega a la Convención de Rionegro, en 1863, con la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, con sus nueve Estados soberanos. 78 años después se empezaba a cumplir la premonición de Mon y Velarde cuando le escribía a la corona española, “Aquella provincia, la más atrasada del Reino, llegará a ser algún día la más opulenta”. Solo se necesitaba soberanía total para el manejo de sus asuntos.

Empiezan los hitos paisas con Pedro Justo Berrío al frente del Estado soberano. La educación superior consolidando la Universidad de Antioquia y la técnica creando la Escuela de Minas, los ferrocarriles, la minería de oro a gran escala, cultivo del café, la industrialización, la colonización antioqueña, los puentes sobre el río Cauca, en fin, Antioquia pasa a ser la más opulenta del país.

El subsuelo era de los Estados soberanos y la constitución de 1886 hace la gran expropiación de esos recursos por parte del centralismo avasallador pasando esa riqueza a propiedad de la nación. ¿Lo estamos repitiendo ahora 137 años después?

¡¿Qué hacer Antioquia?! Cómo los franceses en mayo del 68: ¡la imaginación al poder! No descartar la calle pura y dura. Hay que arrancarle de la garganta al centralismo los derechos constitucionales que asiste a las regiones.

Name, el presidente del Congreso señala que “esta medida desconoce el camino trazado por nuestra Constitución, vulnera el principio de progresividad de la descentralización y contradice el artículo 28 del Plan Nacional de Desarrollo”.

Vale la pena un ejercicio jurídico ante el otro poder público, la Corte Constitucional, para explorar si desde ese ángulo se obliga a cumplir la Constitución por parte del ejecutivo nacional.

Acabar con el centralismo bogotano

Por Rodolfo Correa*

Uno de los mitos sobre los que se fundó la República en Colombia fue el del reclamo de mayor autonomía territorial para la toma de decisiones políticas y administrativas. Con ese grito de batalla los próceres de la independencia emprendieron la arremetida contra don Fernando VII y sus cortes, teniendo el mito tanto éxito que gracias a él celebramos ya el bicentenario de la “gloriosa” República que, precisamente, y en función de la disputa interna por conquistar la autonomía de los territorios sufrió al menos 9 guerras civiles en los primeros 80 años del siglo XIX, lo que desde luego justificó el título de Patria Boba que se le adjudicó al primer periodo de nuestra era republicana.

En 1886 con la Constitución recién expedida bajo el auspicio de don Rafael Núñez, todo parecía indicar que se había encontrado la justa receta para resolver nuestras diferencias como Nación sobre la forma en que se debía gestionar la relación entre territorio, poder y representación, y en virtud de ello se estableció el principio rector de la gobernabilidad territorial: centralización política y descentralización administrativa. Lo primero se cumplió a rajatabla y lo segundo sigue siendo aún una promesa incumplida, pese a que con la Constitución de 1991 se enfatizó, se juró y se gritó a todo pulmón normativo que: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...” y bla, bla, bla.

Hoy, 32 años después de la Carta del 91 y transcurridos 137 años de la Constitución de 1886, los colombianos seguimos observando cómo los grandes temas que nos afectan en nuestros territorios municipales y departamentales se siguen tratando y decidiendo desde un escritorio en Bogotá.

Así sucede hoy con las grandes reformas en marcha. En efecto, la voz de los territorios ha sido absolutamente ignorada en la reforma a la salud, en la reforma tributaria, en la reforma laboral y en la tramitación de los megaproyectos mineros.

La participación de los territorios en las decisiones que los afecta debe ser entendida como una manifestación viva del clamor cívico que demanda aumentar los niveles reales de democracia participativa, pues el sentido y naturaleza del principio de autonomía territorial radica precisamente allí, en el deseo legítimo de respeto a la dignidad del ciudadano que se concreta en la atención y garantía del mandato popular expresado en la frase: “nada por nosotros, sin nosotros”.

Sí. Es claro que el principio de autonomía territorial no es un fin en sí mismo, sino un medio para aumentar la democratización de la acción pública que se refleja en la participación viva de la ciudadanía en la construcción de las decisiones estatales, pues, aunque paradójico, es verdad, que muchos gobernantes de las entidades territoriales quieren más autonomía con relación al gobierno central, pero no están dispuestos a concederla a sus ciudadanos y territorios.

Sin autonomía territorial no hay democracia real y sin democracia real no hay legitimidad del poder público. Hoy en los tiempos plenos de la sociedad de la información y de la interconexión permanente, un poder sin legitimidad es un poder sobre el que pesa la amenaza latente de extinción y ello trae consigo la inevitable incertidumbre sobre nuestro futuro como civilización.