¡Ojo! Mucho ojo Antioquia

Por Félix Alfázar González Mira

Se empieza la última y definitiva etapa de consolidación de candidaturas hacia la elección de gobernadores y alcaldes en Colombia. Cruciales son las que vienen por el rumbo que puedan tomar los territorios. Definitivas son las del 29 de octubre próximo para rencauzar el país desde las regiones o avanzar por los senderos de la incertidumbre sobre nuestro sistema político. Reafirmamos en los poderes locales y regionales el respeto por nuestra democracia con todo lo que comporta o caminamos hacia un propósito estatizante de producción de bienes y servicios definitivos para la vida cotidiana de los ciudadanos. En definitiva y como decía Simón Bolívar en el Congreso de Angostura… “la forma de Gobierno que vais a adoptar debe ser para la felicidad del pueblo”. O avanzamos en la construcción del camino que nos conducirá a la miseria y el sufrimiento del pueblo. No es de poca monta lo que definiremos los colombianos de las regiones sobre la política de gobierno que tendremos en los próximos cuatro años.

Antioquia, que se crece en las tormentas, sobradamente demostrado en el transcurso de su acontecer histórico; en esta oportunidad también lo hará. Los que saben dicen que “las cometas se elevan contra el viento” y eso hará esta tierra ante los huracanes nacionales que la vienen asistiendo: intervenciones a Savia Salud, Comfenalco, Junta del Metro, cuatro megaproyectos mineros y el anuncio de cortar los recursos para terminar las vías 4G en nuestro territorio.

Tenemos, y es nuestra obligación vital, que estar en campaña política permanente con el vecino, con el del lado, el amigo, el compañero de trabajo y de estudio; en las redes sociales como que es la tribuna de expresión moderna, en los cafés, en todas nuestras manifestaciones respetuosas; ayudando en el debate a construir posiciones en defensa de nuestro departamento, de nuestro desarrollo y de nuestras instituciones. Y buscando candidaturas a la gobernación y en todos los municipios de Antioquia que interpreten lo mejor de esta comarca, que tengan claridad de propósitos, que no van a contribuir al aterrizaje de esos vientos que soplan desde el nivel nacional.

Las fortalezas, formación, la epigenética de las gentes de esta tierra, nos llevará a tomar decisiones acertadas hacia quienes son los indicados para, en la coyuntura histórica que acontece, convertirlos en los timoneles más pertinentes y adecuados para atravesar este mar proceloso que está ocasionando los huracanes del Gobierno nacional.

El Uribismo y el partido Centro Democrático es la única expresión política monolítica que, de manera respetuosa pero contundente, ha venido señalando los abismos a los que nos conduce las reformas de toda naturaleza que viene impulsando el Gobierno nacional en materias altamente sensibles para la vida cotidiana de los ciudadanos. Y no es propiamente para, como nos enseñaba el Libertador… “la felicidad del pueblo”.

Los amigos de la Autonomía Territorial nos reafirmamos en la necesidad imperiosa de profundizar en el tema autonómico que sería el contrafomeque ante los desmanes del centralismo que nos ahoga.

Acabar con el centralismo bogotano

Por Rodolfo Correa*

Uno de los mitos sobre los que se fundó la República en Colombia fue el del reclamo de mayor autonomía territorial para la toma de decisiones políticas y administrativas. Con ese grito de batalla los próceres de la independencia emprendieron la arremetida contra don Fernando VII y sus cortes, teniendo el mito tanto éxito que gracias a él celebramos ya el bicentenario de la “gloriosa” República que, precisamente, y en función de la disputa interna por conquistar la autonomía de los territorios sufrió al menos 9 guerras civiles en los primeros 80 años del siglo XIX, lo que desde luego justificó el título de Patria Boba que se le adjudicó al primer periodo de nuestra era republicana.

En 1886 con la Constitución recién expedida bajo el auspicio de don Rafael Núñez, todo parecía indicar que se había encontrado la justa receta para resolver nuestras diferencias como Nación sobre la forma en que se debía gestionar la relación entre territorio, poder y representación, y en virtud de ello se estableció el principio rector de la gobernabilidad territorial: centralización política y descentralización administrativa. Lo primero se cumplió a rajatabla y lo segundo sigue siendo aún una promesa incumplida, pese a que con la Constitución de 1991 se enfatizó, se juró y se gritó a todo pulmón normativo que: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...” y bla, bla, bla.

Hoy, 32 años después de la Carta del 91 y transcurridos 137 años de la Constitución de 1886, los colombianos seguimos observando cómo los grandes temas que nos afectan en nuestros territorios municipales y departamentales se siguen tratando y decidiendo desde un escritorio en Bogotá.

Así sucede hoy con las grandes reformas en marcha. En efecto, la voz de los territorios ha sido absolutamente ignorada en la reforma a la salud, en la reforma tributaria, en la reforma laboral y en la tramitación de los megaproyectos mineros.

La participación de los territorios en las decisiones que los afecta debe ser entendida como una manifestación viva del clamor cívico que demanda aumentar los niveles reales de democracia participativa, pues el sentido y naturaleza del principio de autonomía territorial radica precisamente allí, en el deseo legítimo de respeto a la dignidad del ciudadano que se concreta en la atención y garantía del mandato popular expresado en la frase: “nada por nosotros, sin nosotros”.

Sí. Es claro que el principio de autonomía territorial no es un fin en sí mismo, sino un medio para aumentar la democratización de la acción pública que se refleja en la participación viva de la ciudadanía en la construcción de las decisiones estatales, pues, aunque paradójico, es verdad, que muchos gobernantes de las entidades territoriales quieren más autonomía con relación al gobierno central, pero no están dispuestos a concederla a sus ciudadanos y territorios.

Sin autonomía territorial no hay democracia real y sin democracia real no hay legitimidad del poder público. Hoy en los tiempos plenos de la sociedad de la información y de la interconexión permanente, un poder sin legitimidad es un poder sobre el que pesa la amenaza latente de extinción y ello trae consigo la inevitable incertidumbre sobre nuestro futuro como civilización.

Antioquia y la recentralización

Por: Félix Alfázar González Mira*

Decía Alfonso López Pumarejo en los años 30 que el país parecía “andar a la penúltima moda” y no se equivocaba para aquella época como para esta.

Es claro que los países que tienen en su estructura constitucional los modelos autonomistas y federalistas son los más prósperos y desarrollados del mundo. Son pocos en el concierto de las naciones y contribuyen a generar mayor riqueza en términos del PIB mundial y a su interior son los de mayor ingreso per cápita para beneficio de sus habitantes y territorios.

Demostrado está, entonces, que estos sistemas de arreglo de los gobiernos son la moda cierta para avanzar en el desarrollo, la creación de riqueza y bienestar de las gentes. Que sus ciudadanos y en sus territorios sean los dueños de las decisiones que competen a su entorno en varias de las materias requeridas para el buen gobierno: sus recursos fiscales, servicios como salud, educación, asuntos como el desarrollo agrario y la intervención del territorio, puertos, vías departamentales y vecinales, etcétera.

La llamada Constitución del 91 establece claramente en su artículo primero que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada y “con autonomía de sus entidades territoriales”. Resaltado en el discurso de posesión del presidente Petro en el sentido de que haría cumplir este mandamiento constitucional. Goethe decía que una cosa era la intención y otra muy distinta era ejecutarla al señalar que la tarea entre la una y la otra era mucho más ardua. Pues parece que esta consigna del filósofo alemán se cumple perfectamente en este gobierno y para el departamento de Antioquia. Es paradójico que un país cuya  Constitución establece ser descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales le esté sucediendo precisamente lo contrario. Cada día más centralizado en sus recursos fiscales, obligaciones, competencias y funciones cuyas decisiones se toman desde La Centralidad (como la llamamos en La Corporación Colombia Autonómica). El 84 % del recaudo fiscal lo hace la nación, el 12 % los municipios y el 4 % los departamentos. Las políticas públicas sobre los territorios más alejados se diseñan, ejecutan y aplican desde la nación. De razón vemos a gobernadores y alcaldes con sus agendas mayormente ocupadas en la ciudad capital, Bogotá, vuelos ocupados por funcionarios regionales y locales rumbo a La Centralidad que maneja los recursos y las grandes decisiones.

Algunas acciones que en materia de minería y en desarrollo de la misma  Constitución, se habían delegado a algunos departamentos como Boyacá, Cesar, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander y Caldas ya fueron recogidas nuevamente por las autoridades nacionales.

Antioquia es el único departamento formado en la minería, su Escuela de Minas con más de 140 años es icónica en América Latina, sus tierras arrugadas son pródigas en minerales necesarios para la transición energética, somos el principal productor y mayor exportador de oro de Colombia, la delegación minera ha sido responsable en su ejercicio como está establecido por los impactos en sus subregiones donde se explora y explotan minerales.

Todo ello y mucho más no ha sido óbice para que La Centralidad esté recentralizando más funciones que deben ser ejercidas por las comunidades regionales, en contravía de lo establecido por la Constitución.

Lo del cobre y el oro en Jericó se definió desde Bogotá. Deben ser sus ciudadanos y los de su entorno regional y bien informados los que tomen las decisiones sobre esos asuntos vitales para su desarrollo y bienestar. Las capacidades institucionales del departamento con articulación de las entidades nacionales deben ser responsables de los proyectos estratégicos y de interés nacional, Pine, cuyo impacto toca a cuatro subregiones de nuestro departamento a saber Suroeste, Occidente, Nordeste y Bajo Cauca. No, pero es la Agencia Nacional de Minería la que reasume en su totalidad, desde La Centralidad (Bogotá), todo lo atinente a estos proyectos ubicados en nuestro territorio.

Otra perla recentralista: el Ministerio de Ambiente ambienta un proyecto de resolución donde declara una Área Especial de Reserva sobre 92 mil hectáreas en la región del Suroeste donde no se podría adelantar nada productivo; metiéndose abruptamente en la Autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalarles los estudios y pasos a adelantar en el entendido de que ello puede durar varios años. ¡Ojo con el Suroeste!

La Constitución del 91, el presidente Petro ha señalado que es legado del M-19, interpretó el grito de las regiones hacia su Autonomía, pero los encargados de aplicarla siguen, como ahora 90 años, a la penúltima moda del desarrollo del mundo.

Descentralización y autonomía

Por Félix Alfázar González Mira*

La frase permanentemente vieja y fresca, como las fuentes de agua, de hacer las cosas siempre de la misma manera no se obtienen resultados diferentes, se aplica a la arquitectura fiscal de nuestra organización estatal.

Los 34 años de la elección popular de alcaldes y los 30 de la de gobernadores nos ha traído experiencias necesarias de renovar y valorar; y otras de revisar y transformar en la interpretación de los nuevos acontecimientos que demandan los tiempos modernos.

La Constitución Nacional en su artículo primero señala que Colombia es un Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. Estas son departamentos, municipios, distritos y resguardos indígenas. Pues bien, estas tres categorías se vienen cumpliendo de manera desigual. En teoría podemos decir que lo del Estado unitario está funcionando bien; en la realidad lo de descentralizado ya cumplió su ciclo transicional; y la realidad profunda que se siente y palpita en cada centímetro de la geografía nacional es que la autonomía territorial no existe ni se ha desarrollado en la Colombia citadina ni en el territorio profundo de sus departamentos y municipios.

El presidente de la República señaló en su discurso de posesión que hará que se cumpla ese artículo primero de nuestra constitución.

En esa dirección la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado de la República y la Corporación Colombia Autonómica realizamos un evento el próximo jueves 3 de noviembre en la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, en el que debatimos ese tema tan importante y pertinente para el desarrollo del país. La COT con una sesión descentralizada y la Corporación con un aporte académico que comprende desde la profundización del concepto constitucional de la autonomía pasando por clarificación de conceptos de descentralización y federalismo, clarificando sobre el agotamiento de la descentralización, avanzando sobre la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial en Colombia y concluyendo sobre el caso exitoso de autonomía del país vasco en España.

Gracias al senador Guido Echeverri Piedrahita exgobernador de nuestro hermano departamento de Caldas y conocedor como el que más de las angustias regionales, por carencia de recursos para atender las necesidades crecientes de los ciudadanos; esta sesión descentralizada del Congreso de Colombia se llevó a cabo en nuestra ciudad.

Esperamos que podamos avanzar en desarrollos legales que permitan a las entidades territoriales desarrollar su verdadera autonomía en la seguridad de que esa es la vía hacia el empleo, el ingreso y el bienestar como lo demuestran los países que adoptan este tipo de políticas.

Volveremos sobre esta temática.

Entrevista con Héctor Quintero Arredondo

En este nuevo encuentro de El Pensamiento al Aire, el invitado es el reconocido abogado Héctor Quintero Arredondo, defensor de que las regiones tengan una mayor autonomía en el manejo de sus recursos y en esta entrevista explica sus razones. No dejes de verlo.

Héctor Quintero Arredondo es abogado de amplia trayectoria en el sector público y privado. Ha sido senador y representante, embajador de Colombia en el Perú, presidente de Findeter, y asesor del Ministerio de Comercio. De igual manera, desempeñó importantes cargos en la Gobernación de Antioquia. En el sector privado fue gerente general de Uniban y Augura, entre otras compañías. Como docente tiene una experiencia de más de 30 años, destacándose su vinculación con Universidades Pontificia Bolivariana, en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, y la de Medellín, en la Escuela de Economía.

Autonomía territorial

Por Félix Alfázar González Mira*

Hoy 11 de noviembre acabo de asistir a una sesión descentralizada de la Asamblea Departamental de Antioquia en el municipio de Ebéjico, que es ciertamente caro a mis afectos, pues fui su alcalde por decreto como funcionario departamental en la década de los 80.

Reconocimiento a la duma y a los funcionarios departamentales por salir a los territorios y escuchar a la Antioquia de las regiones en sus angustias, problemas cotidianos y aspiraciones justas.

Es reiterada nuevamente la apatía y desinterés de los alcaldes y los líderes de Occidente para participar en eventos que propician el desarrollo regional. 4 de 19, Abriaquí, Peque, Sabanalarga y Santa Fe de Antioquia estuvieron atentos manifestando inquietudes locales y regionales.

Ese ejercicio, que valoramos altamente, me llevó a recordar los pasados cuando era la línea de gobierno vertical: presidente nombraba gobernadores y este nombraba alcaldes. Es tal el grado de recentralización al que hemos llegado que nos encontramos que la mayoría de las soluciones a las peticiones de los funcionarios municipales, con autonomía política porque son legítimos voceros de sus comunidades quienes los eligieron, están en manos de recursos “estatales” que tiene y maneja el gobierno nacional, la centralidad. Que la salud, que la educación, que las vías secundarias y terciarias, que el sector agrario, que los desastres del invierno, etc., son los elementos transversales a las comunidades regionales.

Escuchando y observando el evento recordaba que el presidente de la asamblea departamental, diputado José Luis Noreña me señalaba algún día con dejo de desesperanza, que el poder político-gerencial de la duma era definitivamente muy precario y que estos ejercicios de sesión descentralizada eran buenos para desatar nudos administrativos, remover obstáculos y reencontrarse funcionarios de los dos niveles de gobierno.

¡Pues bien! También pensaba que este ejercicio fabuloso podría serlo de una gran gerencia pública, comunitaria y participativa donde las autoridades territoriales se vean para repasar avance de proyectos, planificación de otros, proyección futura de construcción de soluciones crecientes de las comunidades que representan, adelantos visionarios de prospectiva hacia escenarios futuros de superior desarrollo; en fin, que de ser encuentros de plañideras se convirtieran en el foro donde todos ponen, armonizando ciertamente el departamento y los municipios en el cumplimiento de sus responsabilidades públicas.

En La Corporación Colombia Autonómica propendemos por ello: total e integral autonomía de las entidades territoriales como lo ordena la Constitución Nacional en su artículo primero. Donde la arquitectura tributaria del país no esté en absoluta mayoría en cabeza de la nación, sino equilibradamente también en municipios y departamentos. Fortalecer fiscalmente a estos es lo que demandan los tiempos contemporáneos. “Para la OCDE la lucha contra la corrupción es profundizar la autonomía territorial, generar capacidades institucionales en las entidades territoriales para llevar a cabo la contratación y ejecución de los proyectos”.

Cuando el alumno se raja, el que no sirve es el maestro

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez

Como sociedad estamos hoy pagando muchos errores de nuestros antepasados; yerros que como nación y país debemos tratar de enmendar con las debidas proporciones de sentido común, inteligencia y humildad, antes de que sean fuerzas afines a la corrupción, la violencia y el narcotráfico las que de forma equívoca realicen cambios profundos soportados en una filosofía revolucionaria perversa y destructiva, que luego resulten irremediables en materia de pérdida de valores democráticos, cultura media y civismo en toda nuestra sociedad.

En mi humilde opinión, todos los problemas sociales parten de la formación básica y el proceso de educación de las personas, que se origina del ejemplo que los niños ven en el hogar, en la escuela y luego en el referente de aquellos pares o grupos con los cuales se relacionan durante su maduración y formación; algo que de la niñez pasa por la adolescencia y termina con las responsabilidades que debemos asumir como ciudadanos al convertirnos en adultos.

A mi juicio, el error más grande de quienes tras casi un siglo de guerras civiles y debate desdeñable e improductivo, ignorando las realidades y las subculturas que integraron nuestra nación hace ya dos siglos, fue no haber optado por un modelo federal, en el cual la necesidad y conveniencia del espíritu asociativo o cooperativo nos hubiera unido en un sistema donde cada región aportaría las ventajas de su identidad a una federación que velaría por los intereses de toda la nación, en lugar de tener en medio de esta agreste dificultad geográfica tropical, el sistema operativo del poder centralista, acaparador, abusivo, clientelista y discriminante que tenemos.

Pero un cambio a un modelo federativo como el que tienen muchas naciones que han logrado unidad de propósito en materia de desarrollo, resulta utópico en medio de la mezquindad de las élites del poder capitalino vendidas a la conveniencia, y la dificultad que puede representar tener el poder en las manos de fuerzas criminales que nos podrían lleven a una guerra civil. Dios no lo permita.

Históricamente, nuestra sociedad controlada por la cultura encomendera centralista, ha menospreciado y mal tratado socialmente a tres actores esenciales para el desarrollo y la sana convivencia nacional:

Los maestros, que son quienes tienen la misión de educar nuestros hijos cuando no están en el hogar; los miembros de las fuerzas armadas, que son quienes custodian nuestras vidas, nuestras normas y nuestros haberes, y los jueces, que son quienes, con equidad, imparcialidad y rectitud, tienen la misión de solucionar en estricto derecho, nuestras disputas, conflictos y problemas.

Colombia no puede seguir entrando en la inercia de pregonar democracia y apertura en el debate, pero que cuando se expresan ideas diferentes, aunque no necesariamente encontradas con las del indefinible y mal denominado progresismo moderno, entonces sean rechazadas o satanizadas como polarizadoras e inadmisibles, sin sopesar su virtud en función del deber ser, el sentido común, la ética o la moral media que requiere toda sociedad para poder avanzar en el difícil sendero del desarrollo.

Vivimos en la era del conocimiento donde el internet y la conectividad representan el factor de equidad más grande que haya visto la historia de civilización alguna, vivimos en la era donde los dogmas han sido desplazados por el conocimiento de la naturaleza, y así como no podemos permitirnos que un solo niño sufra de por vida de pobreza intelectual a causa de desnutrición, violencia intrafamiliar o inseguridad física, el maestro no puede enseñar valores si no está debidamente calificado y reconocido, y menos, si su ideología está predeterminada.

La nación colombiana precisa de un sistema que forme mejor y dignifique a los educadores, para que sus pupilos puedan triunfar en la vida, un sistema que los califique para poder garantizar que el docente cumple su propósito formativo, cuando no se le rajan los alumnos.

No se le puede pedir al uniformado que defienda el deber ser, cuando quienes ostentan el poder premian a los delincuentes y a las organizaciones criminales, dándoles espacios primordiales dentro de la escala social del poder político y dirigencial.

De la misma forma, no podemos pedirle a la rama judicial que obre con justicia, cuando está politizado e ideologizado el sistema que rige su estructura. Para que una nación pueda tener un sistema económico y de relacionamiento social funcional, los jueces tienen que estar capacitados y socialmente reconocidos para que su justicia pueda ser ciega, imparcial, ética, honrada e implacable.

Algo anda muy mal en la forma en que, por un lado, ignoramos a quienes se comportan debidamente y cumplen sus obligaciones cívicas, y por otro premiamos con reconocimiento mediático, político y social, a quienes obran por fuera del debido marco del interés general, fundamentados en ideas revolucionarias y no transformacionales como son el odio, la conveniencia individual o la envidia que es el camino más corto al resentimiento.

Debemos ya dejar atrás el modelo del “Estado cantinero” en el cual con el producido del vicio se financia una educación de baja calidad, y no ir a extrapolarlo a toda otra suerte de actividades ilegales en manos de la clase política nacional.

Es el momento en que el país tiene que pensar a largo plazo y realmente darle el espacio de importancia y reconocimiento que se merecen dentro de las estructuras sociales e invertir en la formación profesional estricta, cualitativa y exigente de los maestros, los uniformados y los jueces, pues es en sus manos donde está jugado el futuro de toda la nación.

Hiede la JEP

“Finalmente, ¿qué es lo que busca la JEP en Hidroituango?

Establecer los posibles lugares ilegales de inhumación de personas, víctimas de desaparición forzada, en los municipios de incidencia del proyecto Hidroituango, identificar posibles riesgos y dictar las medidas de protección pertinentes; ello, atendiendo las denuncias de víctimas, organizaciones y habitantes de la región”.

https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/entrevista-con-patricia-linares-sobre-el-anuncio-de-ivan-marquez-y-jesus-santrich-409876

Esto fue lo que respondió Patricia Linares, la presidente de la JEP a Yamid Amat, en entrevista publicada en el periódico El Tiempo del domingo 8 de septiembre de 2019.

Es ridículo que ahora el ataque centralista bogotano a Antioquia llegue al colmo de ser capaces de ordenar vaciar la presa de Hidroituango dizque para buscar fosas comunes de personas desaparecidas. Esto es lo que se extrae de la lectura de estas declaraciones de la presidente de la JEP.

Antioquia tiene que despertar. Bogotá, la cuenca oriental del río de la Magdalena, está empeñada en destruir el bastión del uribismo. Todo lo que muestre empuje, fuerza de la nación antioqueña, de esta raza especial, de esta comunidad única, tales como Hidroituango o Empresas Públicas de Medellín, está en la mira del centralismo.

La JEP es la hija de unos acuerdo espurios. La Constitución Nacional es clara en su artículo 3: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

En este artículo se plasma con claridad:

1-    Que la soberanía no reside en nadie más que en el pueblo.

2-    Que el pueblo la ejerce directamente

El plebiscito es uno de los mecanismos de participación ciudadana por medio del cual el pueblo ejerce directamente su soberanía, razón por la cual, una vez consultado el pueblo y habiendo decidido, nadie puede contradecir esa decisión porque es soberana.

El 2 de octubre del 2016 el pueblo, en ejercicio de su soberanía, dijo ¡No! a los acuerdos de paz que suscribió el gobierno Santos con las FARC. La consecuencia de ello es que nada de lo que surge de esos acuerdos puede tener validez.

La JEP surgió de esos llamados acuerdos, por lo que, en sana lógica, no puede operar, pues el pueblo, soberanamente, le negó toda posibilidad.

Así las cosas, Antioquia no sólo tiene el derecho, sino el deber, cumpliendo la Constitución Política de, en ejercicio de la autonomía que le da la misma Constitución en el artículo 1, desobedecer a la JEP, ignorarla, despreciarla, desatenderla.

Es menester recordar que el constitucionalismo siempre partió de un derecho fundamental del pueblo que es la resistencia a la opresión; así se estableció en la primera declaración de derechos del hombre consecuencia de la revolución francesa:

“2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.

Así que, es un derecho natural de los antioqueños comenzar un proceso de resistencia a la opresión del centralismo que se ha empeñado en desconocer la voluntad soberana del pueblo expresada con claridad en el plebiscito del 2 de octubre del 2016.