Petro vs. Antioquia

Hoy es la hora de las regiones y de promover la acción cívica

Por: María Cristina Isaza

Es innegable la animadversión del Gobierno de Gustavo Petro por el departamento de Antioquia. Ad portas de nuevas administraciones locales, que nos dan esperanza a los paisas, es importante que nuestros nuevos mandatarios locales trabajen en “llave” y que en esta articulación también se integre con éxito a la acción cívica, para que unidos, ciudadanía y políticos locales, podamos ajustar las velas al viento que sopla en contra, desde el Gobierno nacional y para pensar y ejecutar los pasos que lleven a Antioquia a consolidarse como “La mejor esquina de Latinoamérica”. Antioquia tiene todo para desarrollarse exitosamente: talento, riqueza natural, cultura emprendedora. En extensión, es más grande que países como: Estonia, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Singapur, Taiwán. ¡Somos costeños! Antioquia es el tercer departamento de Colombia con mayor extensión de costa, después de Chocó y La Guajira. Además es el segundo departamento que más aporta al PIB de Colombia (más de un 15% del total). Sin embargo, contrastamos con otra realidad, que el centralismo no ha ayudado a resolver: de los 125 municipios que conforman nuestro departamento, más de 100, pertenecen a las categorías 5 y 6, es decir, los más pobres.

Los antioqueños debemos apropiarnos de nuestra región y tomar las riendas de nuestro destino, a pesar de Petro.

A continuación, enumero 10 puntos que considero claves, para logarlo:

1. No pisarnos las mangueras: en nuestra Antioquia, grande y próspera, hay espacio para todo tipo de industrias, empresas, proyectos productivos y para el desarrollo exitoso de todos los sectores: turismo, cultural y creativo, minero – energético, manufacturas, agroindustria, ganadería, servicios, industria, etc. Por esta razón, no hay que “demonizar” sectores. Un ejemplo fue lo sucedido con Quebradona, un proyecto con los más altos estándares de la minería mundial que fue estigmatizado inicialmente por otros empresarios y propietarios de tierra en la región, siendo un proyecto que traería prosperidad, riqueza y desarrollo a los habitantes de Jericó. Hoy padecemos un Gobierno nacional, que hace lo propio y va marcatizando los diferentes sectores productivos y empresas (esta semana, el turno fue para Van Camp´s). Ser conscientes y solidarios, empieza por dar la bienvenida a la prosperidad, para que la gente salga de la pobreza.

2. Hacer oposición inteligente: que responda ordenada y estratégicamente a los ataques provenientes del Gobierno nacional. La batería de acciones incluye: gestiones cívicas, jurídicas y de comunicación, las cuales deben ser coordinadas y pensadas.

3. Estar unidos: empresarios de diferentes tamaños y sectores, gremios, academia, medios de comunicación, líderes de opinión, intelectuales, políticos y sociedad (mediante sus organizaciones cívicas, culturales, fundaciones), etc., debemos unirnos y apoyarnos, principalmente, cuando el Gobierno nacional lanza ataques injustificados hacia cualquier entidad/persona.

4. Prospectiva: debe primar la visión a largo plazo de nuestro departamento, soñarnos la Antioquia que queremos e irla construyendo para hacerla realidad. Planes como Antioquia 2040, con polos de desarrollo en las diferentes regiones del departamento, el impulso de mega obras como ferrocarril, PTI (Puente Terrestre Interoceánico), navegabilidad de ríos Magdalena y Atrato, puertos, aeropuertos, parques industriales, interconexión vial, disposición de basuras (waste to energy), etc., necesitan de nuestra determinación y de la búsqueda de inversionistas y aliados estratégicos, nacionales e internacionales, que cooperen con nosotros. Créditos mediante el IDEA (como lo ha propuesto AJR) y hacer uso de obras por impuestos.

5. Promover autonomía regional: es imperativo respaldar al gobernador entrante, doctor Andrés Julián Rendón, en la promoción y ejecución, con éxito, del referendo por la autonomía de las regiones, que le devolvería la autonomía fiscal a Antioquia. Hoy, de 30 billones que aporta el departamento, solo recibe 5 de vuelta. De lograrse la autonomía fiscal, recibiría 14 billones aproximadamente.

También apoyar el acto legislativo que se impulsará desde el Congreso, que busca dar mayor independencia a los departamentos, para que no estén sujetos a un centralismo asfixiante y que no ha sido eficaz para llevar prosperidad a todas las regiones, de un país tan grande y diverso, como lo es Colombia.

6. Tener departamentos aliados: para sacar adelante proyectos que beneficien a diferentes territorios de Colombia y que podamos trabajar conjuntamente, por ejemplo: trabajar de la mano con el departamento de Chocó el PTI y la navegabilidad del Atrato. Trabajar en planes conjuntos de seguridad con el departamento de Córdoba. Crear una gran universidad de ciencias agrícolas y ambientales en el Magdalena Medio donde confluyen los departamentos de Caldas, Tolima, Antioquia, Boyacá y Santander y un proyecto para devolver navegabilidad al río Magdalena (Fernando Correa). Hacer la gran red cultural “promotora paisa “con los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas.

Además, para promover el referendo de autonomía regional.

7. Implementar en nuestro ADN la innovación: Medellín hoy cuenta con un gran auge turístico y recibe miles de nómadas digitales, además, como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, debe promover la innovación como un eje transversal para la solución de todo tipo de retos. Otro objetivo es consolidar a Medellín como ciudad inteligente (Smart City), que brinda oportunidades y una gran calidad de vida a sus habitantes. Medellín debe ser mentora de los municipios de Antioquia para recorrer este camino. Con innovación, abarataremos costos, dispararemos productividad, impulsaremos el desarrollo, seremos más atractivos, incrementaremos PIB, tendremos menos corrupción y burocracia. Esto nos dará mayor autonomía y nos fortalecerá.

Pd: ¿Cómo innovamos para agilizar la resolución de conflictos, pleitos judiciales? Las sociedades más prósperas, son las que tienen sistemas de solución de conflictos más eficientes.

8. Mejorar educación: una sociedad educada en pensamiento crítico, análisis y comprensión lectora, responsabilidad, finanzas personales, valores morales positivos, y en la que además se eduque en las carreras pertinentes y con oferta de oportunidades, más difícilmente cae en los cantos de sirena populistas de políticos megalómanos.

En las regiones, promover carreras con enfoque territorial, para que el desarrollo lo genere la misma gente de las comunidades.

Recuperar el buen rumbo del programa Buen Comienzo, para una primera infancia feliz, nutrida y educada, en valores morales positivos, no en resentimiento.

9. Promover cultura y valores: ¿qué nos une a los paisas? Con un Gobierno que incluso ha amenazado la integridad territorial del departamento, es necesario responder a esta pregunta y promover efectivamente, principalmente entre los jóvenes, el amor por nuestra tierra, costumbres, valores e historia.

Campañas culturales similares a las exitosas “Cultura Metro” o “Quiero a Medellín”, son necesarias hoy.

Vale la pena mencionar la novela del momento, “Rigo”, en la que se rescatan valores tradicionales, muy asociados a la cultura paisa, como la disciplina, responsabilidad, resiliencia, determinación, la capacidad de emprender, la creatividad, etc.

10. Fortalecer la actividad cívica: todo lo anterior se facilita si se trabaja en una profunda articulación entre las administraciones municipales, la departamental y la sociedad civil. Los grupos cívicos actúan como vasos comunicantes de doble vía que ayudan en el propósito de promover el diálogo social para que se pueda tener una visión compartida de la Antioquia que queremos.

Un conjunto de ciudadanos diversos, empoderados, con oportunidades; que entienden sus derechos, pero mejor aún, sus deberes; con conocimiento, que son escuchados y tienen herramientas para apoyar los procesos colectivos, son el mejor antídoto contra el populismo de un líder individual mesiánico.

Al promover la cooperación social, se alcanzan más fácilmente los objetivos de bienestar social que buscan los diferentes entes de la administración pública. También sirve para comunicar y articular estrategias, para ser asertivos, para encontrar redes cívicas de cooperación y apoyo, para socializar buenos programas e ideas con la comunidad. A su vez, esta comunidad independiente, hará veeduría, seguimiento, observará la actuación de los gobernantes, será crítica y denunciará.

Por lo anteriormente expuesto, creo que las administraciones, que comienzan este 1 de enero, deben encaminarse para ser muy participativas, y creo que un primer paso en esa vía sería que al exitoso Comité Empresa Estado Universidad (CUEE), le fuera agregado formalmente la “S” de sociedad civil (CUEES).

Termino este artículo, manifestando la firme convicción que tengo de que en 2026 superaremos esta mala hora y saldremos fortalecidos. ¡Feliz 2024!

¡Ojo! Mucho ojo Antioquia

Por Félix Alfázar González Mira

Se empieza la última y definitiva etapa de consolidación de candidaturas hacia la elección de gobernadores y alcaldes en Colombia. Cruciales son las que vienen por el rumbo que puedan tomar los territorios. Definitivas son las del 29 de octubre próximo para rencauzar el país desde las regiones o avanzar por los senderos de la incertidumbre sobre nuestro sistema político. Reafirmamos en los poderes locales y regionales el respeto por nuestra democracia con todo lo que comporta o caminamos hacia un propósito estatizante de producción de bienes y servicios definitivos para la vida cotidiana de los ciudadanos. En definitiva y como decía Simón Bolívar en el Congreso de Angostura… “la forma de Gobierno que vais a adoptar debe ser para la felicidad del pueblo”. O avanzamos en la construcción del camino que nos conducirá a la miseria y el sufrimiento del pueblo. No es de poca monta lo que definiremos los colombianos de las regiones sobre la política de gobierno que tendremos en los próximos cuatro años.

Antioquia, que se crece en las tormentas, sobradamente demostrado en el transcurso de su acontecer histórico; en esta oportunidad también lo hará. Los que saben dicen que “las cometas se elevan contra el viento” y eso hará esta tierra ante los huracanes nacionales que la vienen asistiendo: intervenciones a Savia Salud, Comfenalco, Junta del Metro, cuatro megaproyectos mineros y el anuncio de cortar los recursos para terminar las vías 4G en nuestro territorio.

Tenemos, y es nuestra obligación vital, que estar en campaña política permanente con el vecino, con el del lado, el amigo, el compañero de trabajo y de estudio; en las redes sociales como que es la tribuna de expresión moderna, en los cafés, en todas nuestras manifestaciones respetuosas; ayudando en el debate a construir posiciones en defensa de nuestro departamento, de nuestro desarrollo y de nuestras instituciones. Y buscando candidaturas a la gobernación y en todos los municipios de Antioquia que interpreten lo mejor de esta comarca, que tengan claridad de propósitos, que no van a contribuir al aterrizaje de esos vientos que soplan desde el nivel nacional.

Las fortalezas, formación, la epigenética de las gentes de esta tierra, nos llevará a tomar decisiones acertadas hacia quienes son los indicados para, en la coyuntura histórica que acontece, convertirlos en los timoneles más pertinentes y adecuados para atravesar este mar proceloso que está ocasionando los huracanes del Gobierno nacional.

El Uribismo y el partido Centro Democrático es la única expresión política monolítica que, de manera respetuosa pero contundente, ha venido señalando los abismos a los que nos conduce las reformas de toda naturaleza que viene impulsando el Gobierno nacional en materias altamente sensibles para la vida cotidiana de los ciudadanos. Y no es propiamente para, como nos enseñaba el Libertador… “la felicidad del pueblo”.

Los amigos de la Autonomía Territorial nos reafirmamos en la necesidad imperiosa de profundizar en el tema autonómico que sería el contrafomeque ante los desmanes del centralismo que nos ahoga.

Entrevista con Róbinson Giraldo Mira

En la entrevista de la semana de El Pensamiento al Aire, Róbinson Giraldo Mira nos da ejemplo de una vida cargada de aprendizajes y el aprovechamiento de oportunidades, además de presentarnos su visión de territorio y lo que se puede hacer con un liderazgo que desarrolle el capitalismo en el país, un objetivo que no se puede alcanzar aún debido al centralismo. Lo(a) invitamos a verlo.

Róbinson Giraldo Mira, empresario textilero y abogado. Natal de Vegachí, tierra donde nació su madre, se siente orgulloso de que su padre tuvieran su cuna en Marinilla, Antioquia, y a ambos territorios los considera su terruño. Estudio en el Instituto Técnico Industrial, en donde además de la academia aprendió saberes como el manejar un torno, fresadora, pulidora, electricista, metalista soldador, ebanista, máquina de coser, talabartería y dibujo técnico, habilidades que le permitieron enfrentar el mundo laboral a muy temprana edad. A los 18 años ya era funcionario público, estuvo en la oficina de planeación de Vegachí, en Corantioquia, luego estudió derecho buscando nuevos horizontes y se convirtió en un líder desde su universidad. Estos estudios complementaron su faceta de empresario, campo en el recorrió distintas regiones vendiendo ropa.

Entrevista con Héctor Quintero Arredondo

En la entrevista de la semana para El Pensamiento al Aire conversamos con el prestigioso abogado Héctor Quintero Arredondo sobre política, lealtad, autonomía, guerra y paz, elecciones regionales, y de lo enfermo que está nuestro país. No dejes de verlo. El doctor Héctor Quintero Arredondo es abogado de amplia trayectoria en el sector público y privado. Ha sido senador y representante, embajador de Colombia en el Perú, presidente de Findeter, y asesor del Ministerio de Comercio. De igual manera, desempeñó importantes cargos en la Gobernación de Antioquia. En el sector privado fue gerente general de Unibán y Augura, entre otras compañías. Como docente tiene una experiencia de más de 30 años, destacándose su vinculación con Universidades Pontificia Bolivariana, en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, y la de Medellín, en la Escuela de Economía.
 

El imperio de la ley

Por Antonio Montoya H.

Cuando hablo del imperio de la ley, no me refiero a la supremacía del más fuerte sobre el débil, sobre el indefenso, o como en el Viejo Oeste, la ley del más rápido para disparar, amedrentar y controlar los pueblos. No.

Cuando hablamos del imperio de la ley, es para entender su significado en el verdadero y estricto sentido jurídico que no es otra cosa que la sujeción de la acción del Estado a una regla o ley fundamental: la Constitución.

El desarrollo de la humanidad ha tenido etapas y momentos difíciles para cada grupo o tribu, que pasaron de ser nómadas al sedentarismo, es decir, a construir y desarrollar su vida en un hábitat específico hasta llegar a nuestros días.

No podemos olvidar las guerras permanentes, las invasiones, el deseo imperialista de grandes guerreros y líderes por ocupar territorios lejanos, apoderarse de ellos y gobernar a la fuerza a los que sobrevivieron esos ataques. Son pueblos que fueron sometidos a la fuerza, hasta que se rebelaron del yugo que los asfixiaba.

Europa entero fue fuente de invasiones, guerras, divisiones, y desde finales de 1850 en adelante se fueron definiendo los Estados actuales, porque antes los señores feudales eran quienes mandaban en sus territorios, tenían ejércitos propios y recibían tributos.

Dicen que América está en construcción y yo diría que sí. Su proceso independentista terminó en la primera parte del siglo IXX, y los países que la integran en la forma actual llevan unos doscientos o doscientos treinta años de trabajo dándole identidad a los territorios y aunando el sentido de pertenencia para así lograr el primer punto que es el sentimiento; de allí surge el significado de nación.

El grupo humano de cada país se unió para tener una convivencia ciudadana justa, pacífica y civilizada.

Nosotros lo escogimos y aceptamos como bien lo dice la Constitución Nacional, en su artículo primero:

“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república, unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Tenemos definido el rumbo, no podemos perderlo y menos aceptar que grupos minoritarios colombianos que no respetan la democracia, vayan a cambiar nuestro sistema de Gobierno democrático, por un comunismo encubierto de socialismo, que no está destinado a hacernos crecer sino a destruir a Colombia.

Por ello es por lo que hablamos del imperio de la ley. En la democracia se acepta a quien gane las elecciones, eso es claro, no se discute, pero sí no se acepta, ni ahora ni nunca, que se vaya perdiendo el respeto por la norma, por la justicia y el orden y menos que se limite la libertad.

Por eso existen las tres ramas del poder, independientes cada una de la otra, pero, al final, unidas por el mismo rasero: la del legislativo crea las leyes, la justicia las aplica y la del ejecutivo las desarrolla. Cada una independiente, pero con el mismo objetivo, darles garantías a los ciudadanos, darle fortaleza y fuerza a la institucionalidad.

Aquí no es la ley del más fuerte, del que diga más mentiras o verdades a medias, el imperio de la ley es para que el gobernante gobierne amparado en la legalidad, en someterse a los dictados de la Constitución y buscar prosperidad para todos, no para unos pocos bandidos que no han construido un solo ladrillo en esta bella república de Colombia.

De cara al porvenir: federalismo, descentralización y autonomía

Por Pedro Juan González Carvajal*

A buena hora y con motivo de la conmemoración de los 160 años de expedición de la Constitución de Rionegro, se ha vuelto a ventilar con alguna fuerza la idea de pensar en la posibilidad de implementar para Colombia un modelo de República Unitaria con organización federal, como lo son, por ejemplo, 32 de los 34 países pertenecientes a la OCDE, lo cual no deja de ser una motivación importante, pues en la OCDE están los países democráticos con mejores prácticas en el planeta.

Para la OCDE es importante que el 70% de los recursos fiscales que maneja un país sean manejados a nivel central y el 30% a nivel territorial. Para Colombia hoy, el 80% de los recursos fiscales se manejan a nivel central y solamente el 20% se manejan a nivel territorial.

Para que este cambio ocurra sobre un país en marcha y no al momento de su fundación, es importante tener en cuenta varias circunstancias y múltiples variables.

Lo primero es definir cómo se va a administrar el territorio, a partir de figuras conocidas como regiones, subregiones, provincias, entidades territoriales indígenas, departamentos, municipios, corregimientos, veredas, centros poblados, entre otras varias posibilidades.

Esto debe tener en consideración las características geográficas y morfológicas del territorio, y sus particularidades. Para el caso colombiano, tenemos un territorio continental acompañado por dos océanos, con presencia insular y con una topografía e hidrografía muy particular.

En extensión, Colombia ocupa el puesto 29 entre los países del mundo.

Lo segundo, es armonizar y actualizar –garantizando su pertinencia–, el Estatuto Departamental y el Estatuto Municipal, en el caso de que se siga insistiendo con estas figuras político-administrativas, así como la legislación y el Estatuto Tributario del ente central y de los entes territoriales.

Lo tercero sería reflexionar si para una extensión territorial de un poco más de un millón cien mil Kilómetros cuadrados, ¿se requieran 32 departamentos, 1.123 municipios y 5 distritos?

¿Por qué no 50 departamentos? ¿Por qué no 7 departamentos?

¿Por qué no 10.000 municipios? ¿Por qué no 200 municipios?

¿Por qué no 15 distritos?

¿Es apropiada y pertinente nuestra actual realidad urbana y rural?

Estos interrogantes no hacen parte de la lógica, ni del interés general, ni de la agenda política, pero ante un eventual cambio del modelo actual centralista a uno federalista, se vuelve imperativo obtener respuestas razonables.

Lo cuarto sería establecer el mecanismo para instrumentar el nuevo modelo, lo cual deberá tener o una reforma Constitucional tramitada por el Congreso de la República con pocas posibilidades de éxito pues los congresistas defenderían sus particulares intereses electorales y de poder local o a través de una Asamblea Constituyente figura sobre la cual se tienen muchas reservas pues no se sabe una vez convocada, que tipo de rumbo y cuales intereses defenderá.

Se requiere madurez, conocimiento y voluntad férrea para sacar este proyecto adelante.

Ahora bien, ¿Qué tal si por ahora cumplimos con el mandato constitucional e instrumentamos una verdadera descentralización? Hasta la fecha, de 1991 a hoy, el Gobierno central, haciendo honor a su denominación, cada vez les entrega más responsabilidades operativas a los departamentos y municipios, pero con menos recursos. Ante los resultados actuales y las evidencias palmarias, personalmente considero que los honorables representantes a la Cámara han incumplido totalmente su función y no han sabido o querido defender los intereses de los territorios que los han elegido.

Se requiere una reforma profunda al régimen tributario territorial o la expedición de uno completamente nuevo.

También me llama la atención el silencio tanto de la Corte Constitucional como de la Procuraduría ante este incumplimiento flagrante, por más de 30 años, al mandato Constitucional.

¡Qué viva nuestro país de leyes!

Entrevista con Héctor Hoyos Vélez

Nuestro nuevo invitado a la entrevista de la semana para El Pensamiento al Aire es el economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y que se especializó en finanzas en Eafit. Él nos comparte su crecimiento profesional y su visión como empresario. Además promueve organizaciones que el hagan oposición al actual Gobierno y que busca la descentralización en pro de la autonomía de las regiones. No dejes de verlo.

Actualmente lidera la corporación Pueblos Libres Unidos por Colombia. Esta convocando a líderes, empresarios y patriotas que no vieron con buenos ojos el cambio de ideología en el Gobierno central, ni en el Congreso y esto los llevo a presentarse como una oposición real frente al modelo socialista que se está implementando en el país. Inició su carrera profesional en Olasa en donde fungió como vicepresidente financiero, se arriesgó a construir algunos emprendimientos y luego se vinculó al IDEA para colaborar con la creación de Renting de Antioquia, organización que impulsó el turismo en Urabá.

Entrevista con Gianluca Gardini

El doctor Gianluca Gardini es docente de la Universidad de Ferrara y asesor jurídico. Invitado especial al Consejo de Medellín, aprovechó el espacio para concederle esta entrevista a El Pensamiento al Aire en la que nos habla de las experiencias de autonomía en Italia y España, países que han escogido este camino para la administración de sus territorios. No dejes de verla.

Es catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ferrara; subdirector del Departamento de Ciencias Jurídicas, Universidad de Ferrara, profesor permanente de Derecho de los Gobiernos Locales en la Escuela de Especialización en Estudios de Administración Pública (SP.ISA), Universidad de Bolonia; director científico de la revista "Las Instituciones del Federalismo"; presidente del Comité Regional de Comunicación (Corecom) de Emilia Romagna de 2008 a 2013; defensor del pueblo de la Región de Emilia Romagna, y actualmente fue invitado como docente por la Universidad de Barcelona durante un año.

Descentralización y autonomía

Por Félix Alfázar González Mira*

La frase permanentemente vieja y fresca, como las fuentes de agua, de hacer las cosas siempre de la misma manera no se obtienen resultados diferentes, se aplica a la arquitectura fiscal de nuestra organización estatal.

Los 34 años de la elección popular de alcaldes y los 30 de la de gobernadores nos ha traído experiencias necesarias de renovar y valorar; y otras de revisar y transformar en la interpretación de los nuevos acontecimientos que demandan los tiempos modernos.

La Constitución Nacional en su artículo primero señala que Colombia es un Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. Estas son departamentos, municipios, distritos y resguardos indígenas. Pues bien, estas tres categorías se vienen cumpliendo de manera desigual. En teoría podemos decir que lo del Estado unitario está funcionando bien; en la realidad lo de descentralizado ya cumplió su ciclo transicional; y la realidad profunda que se siente y palpita en cada centímetro de la geografía nacional es que la autonomía territorial no existe ni se ha desarrollado en la Colombia citadina ni en el territorio profundo de sus departamentos y municipios.

El presidente de la República señaló en su discurso de posesión que hará que se cumpla ese artículo primero de nuestra constitución.

En esa dirección la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado de la República y la Corporación Colombia Autonómica realizamos un evento el próximo jueves 3 de noviembre en la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, en el que debatimos ese tema tan importante y pertinente para el desarrollo del país. La COT con una sesión descentralizada y la Corporación con un aporte académico que comprende desde la profundización del concepto constitucional de la autonomía pasando por clarificación de conceptos de descentralización y federalismo, clarificando sobre el agotamiento de la descentralización, avanzando sobre la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial en Colombia y concluyendo sobre el caso exitoso de autonomía del país vasco en España.

Gracias al senador Guido Echeverri Piedrahita exgobernador de nuestro hermano departamento de Caldas y conocedor como el que más de las angustias regionales, por carencia de recursos para atender las necesidades crecientes de los ciudadanos; esta sesión descentralizada del Congreso de Colombia se llevó a cabo en nuestra ciudad.

Esperamos que podamos avanzar en desarrollos legales que permitan a las entidades territoriales desarrollar su verdadera autonomía en la seguridad de que esa es la vía hacia el empleo, el ingreso y el bienestar como lo demuestran los países que adoptan este tipo de políticas.

Volveremos sobre esta temática.

Entrevista con Héctor Quintero Arredondo

En este nuevo encuentro de El Pensamiento al Aire, el invitado es el reconocido abogado Héctor Quintero Arredondo, defensor de que las regiones tengan una mayor autonomía en el manejo de sus recursos y en esta entrevista explica sus razones. No dejes de verlo.

Héctor Quintero Arredondo es abogado de amplia trayectoria en el sector público y privado. Ha sido senador y representante, embajador de Colombia en el Perú, presidente de Findeter, y asesor del Ministerio de Comercio. De igual manera, desempeñó importantes cargos en la Gobernación de Antioquia. En el sector privado fue gerente general de Uniban y Augura, entre otras compañías. Como docente tiene una experiencia de más de 30 años, destacándose su vinculación con Universidades Pontificia Bolivariana, en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, y la de Medellín, en la Escuela de Economía.

¡Riquísimas... pidiendo limosna!

Por José Alvear Sanín*

Uno de los espectáculos más tristes y frecuentes en Colombia es el de las mujeres indígenas, descalzas y desabrigadas, pidiendo limosna, con sus niños, en multitud de esquinas. Esa infamia aqueja a personas que pertenecen a reducidas tribus, dotadas de abundantísima financiación por parte del Tesoro Nacional, pero sometidas a la dictadura rapaz de caciques inamovibles y en general vitalicios.

La más reciente e inaceptable minga tiene como único resultado positivo el de despertar al país frente al problema antinacional y subversivo del absurdo indigenismo que se ha montado, sobre todo a partir de la Constitución de 1991.

En esa Carta, los numerosos y perjudiciales Artículos sobre esa materia condenan a los indígenas a la perpetua sumisión a unas autoridades de dudosa elección y casi de imposible cambio; y a una educación que, so pretexto de “identidad cultural” (Artículo 68), los mantendrá en el atraso secular. Los “Consejos indígenas”, conformados y reglamentados según “usos y costumbres” no escritas, no codificadas, esotéricas y jamás homologadas con la Carta, ejercen poder omnímodo sobre las comunidades.

En ellas no rigen los derechos universales ni las libertades individuales de religión y pensamiento, la igualdad ante la ley, la doble instancia, la ley preexistente, la definición de delitos y penas, etcétera.

Así, la Constitución del 91 excluye del derecho y la democracia a centenares de miles de personas que, en realidad, no son colombianos. La Carta, en vez de promoverlos hacia el progreso social, los condena a la esclavitud tribal.

También, como si lo anterior no fuera aberrante, el Artículo 246 atribuye a esos “consejos” funciones jurisdiccionales de “conformidad con sus propias normas y procedimientos”. Esta monstruosidad se mitiga diciendo que tales facultades no pueden ir contra la Constitución…, pero como esta las reconoce, y por otro lado nadie ha leído lo que establecen esos arcanos, esa garantía es pura palabrería.

Además de condenarlos al atraso social, el Artículo 329 dice que la propiedad en los “resguardos es colectiva y no enajenable”, lo que hace imposible el desarrollo económico.

Luego viene la mayor falacia, la de hacer creer al país que esas comunidades, sumidas en el mayor atraso tecnológico, son incomparables guardianes del medio ambiente. La realidad es que, en el pasado, una pequeña tribu desnuda en medio de la selva, pescando y comiendo algunos tubérculos, no podía causar daño ambiental, pero otra cosa es entregar a algunos centenares de individuos el imposible control policial de territorios inmensos, cuando los depredadores disponen de fuerzas paramilitares, de guerrillas, motosierras, tecnología, de amplias redes de corrupción y de mercados externos. Esa ingenuidad ha producido consecuencias trágicas para el medio ambiente en Colombia y en los demás países de la Amazonia.

El número de indígenas se acerca al millón y medio (3.5% de la población colombiana). Cerca de un millón viven en 737 resguardos, situados en 234 municipios, mientras en la Amazonia habitan 78.357 en 156 tribus.

Pero la delimitación de resguardos se ha hecho con la mayor irresponsabilidad. Durante los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, de los 41 millones de hectáreas de la Amazonia, se titularon resguardos por 25´614.261 hectáreas para esas 156 etnias.

En ese territorio, igual en tamaño a Gran Bretaña, vienen sucediendo todas las desgracias ecológicas, como cultivos ilícitos, minería ilegal de oro y coltán, tala indiscriminada de bosques y extinción de fauna. La ausencia del Estado no se corrige con la cómoda presunción de que los indígenas cuidan su tierra con eficacia y extraordinario celo religioso.

Y como si lo anterior fuera poco, entre 1966 y 2006 se ampliaron en el resto del país otros 650 resguardos, elevando su área total en Colombia a 31’207.938 hectáreas, superficie similar a la de la República Federal de Alemania.

Ahora bien, los resguardos indígenas, convertidos en autoridades territoriales, reciben enormes participaciones del Tesoro Nacional, que sus consejos y cabildos gastan sin verdadero control fiscal, mientras organismos como el famoso CRIC disponen también de recursos inmensos de origen público, que se evaporan igualmente mientras se perpetúa la miseria de las poblaciones explotadas por los caciques.

La miopía política de pensar que se preserva el patrimonio ecológico entregándoles el territorio a los líderes indígenas, se ha traducido en el deterioro de unas 600.000 hectáreas de la selva amazónica, cifra establecida por observación satelital. No olvidemos que los cultivos emigran, y que, por tal razón, para cada nueva siembra de coca se “limpia” una nueva área.

La liberación y la dignificación de los indígenas debe inscribirse en el ideario político de los partidos democráticos; y la delimitación de resguardos exige su reducción hasta áreas razonables. Los caciques no pueden seguir siendo los dueños de facto de la tercera parte del territorio nacional.

Nuestros pueblos ancestrales tienen el derecho de convertirse en ciudadanos colombianos, en vez de seguir eternamente esclavizados por “autoridades” arbitrarias y retrógradas, abiertamente enemigas de Colombia y generalmente confabuladas con la subversión, como lo acaba de demostrar nuevamente la minga de marzo, verdadera asonada.

A partir del excelente artículo de Rafael Nieto Loaiza, “Los indígenas pretenden gobernarnos”, del 24 de marzo pasado, una apreciable cantidad de denuncias públicas, por fin se atreven a atacar el mito indigenista, que tanto daño hace a los aborígenes como a los demás colombianos. No solamente la superficie real del país se ha reducido en más de 300.000 Km², por obra y gracia de las peores sociologías y antropologías, sino que varios billones de pesos han pasado por las manos de los caciques sin mejorar para nada la suerte de sus comunidades.

A esas sedicentes autoridades hay que auditarlas: ni un peso más para ellas. La inversión en esos territorios tiene que ejecutarse por el gobierno nacional directamente, y los defraudadores y los violentos deben ser judicializados ante los jueces y no ante “las comunidades”, mediante procedimientos “ancestrales”.

Nota: Este artículo se basa en una conferencia del autor, dictada el 12 de mayo de 2016 en la Universidad Central de Bogotá.