De cara al porvenir: convicción descentralista y federalista

Por Pedro Juan González Carvajal

Por estos días vuelve a hablarse del tema de la posible federalización del país, teniendo en cuenta que todos seguimos incumpliendo –por acción o por omisión– el mandato constitucional de la descentralización.

La falta de conciencia geográfica e histórica, acompañados de la poca madurez de la ciudadanía –en general– en términos políticos y cívicos, pues dificulta enormemente cualquier discusión con altura, sobre un tema tan trascendental.

El solo hecho que la concentración de poder en el ámbito nacional se dé en Bogotá y que análogamente, por ejemplo, en lo departamental se establezca en sus capitales como el caso que se da en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Manizales, en Bucaramanga, en Pasto, etc., pues dificulta aún más el entendimiento y la discusión seria del asunto.

Cuando hablamos del poder político, de la capacidad y potencialidad económica, del censo electoral, de los grandes proyectos de infraestructura, quienes de ustedes amables lectores se acuerda que existen ciudades importantísimas –de segundo nivel– como Mosquera, Neiva, Yumbo, Cota, Palmira, Valledupar, Yopal, Barrancabermeja, Funza, Tocancipá, Candelaria, Duitama, Dosquebradas, Chía, Soacha, Zipaquirá, Bello, Envigado, Floridablanca, Facatativá, Sogamoso, Malambo y Piedecuesta, por nombrar solo algunas, a sabiendas de que como mínimo todos deberíamos identificar sin “gaguiar”, la capital y la segunda ciudad de cada departamento de los 32 que existen en la actualidad según nuestra división político administrativa.

La descentralización implica cambio de concepción en cuanto a deberes y responsabilidades de las unidades político administrativas a nivel departamental y municipal y ojalá aún corregimental, pues de otra manera la existencia de varias Colombia seguirá dándose: La Colombia Insular, la Colombia Andina, la Colombia Atlántica, la Colombia Pacífica, la Colombia de la Orinoquía y la Colombia de la Amazonía, con esa separación que pareciera más bien una cicatriz entre la Colombia urbana y la Colombia rural.

Esta reconceptualización implica cambio de motor a un avión mientras está volando.

Pero lo anterior es fácil comparado con la alta dosis de comprensión, generosidad y pragmatismo que se requiere para un cambio como estos.

Superar los intereses a todos los niveles territoriales y de los poderes clásicos establecidos, fortificados y atrincherados en la capital de la República y en las capitales de departamento.

No sobra recordar que una de las “buenas prácticas” que establece la OCDE es que 32 de sus 34 miembros son repúblicas unitarias con organización federal. Si tenemos 2 dedos de frente, considero que es fácil entender su importancia y vigencia.

Importante al plantear la discusión, entender y reconocer  que somos un país multidiverso, que es necesario comprender qué se entiende por riqueza y cómo se crea –pasando de lo extractivo al aporte de valor agregado–, reconocer cuáles son nuestras ventajas comparativas –que existen y muchas– y nuestras ventajas competitivas –que están por construir–, que la equidad se construye desde la educación en el territorio, que debemos definir qué tipo de ciudadanos queremos y a qué nos vamos a dedicar, que debemos ser capaces de integrar y comunicar cada parte de nuestro territorio, que debemos tener un sistema de justicia que funcione, que debemos extirpar la corrupción en cualquiera de sus varias manifestaciones cueste lo que cueste, que debemos replantear a fondo nuestro sistema tributario para que pueda soportar tanto la descentralización como la posible federalización, y que ante el caos mundial, nuestra agua, nuestros bosques, selvas y humedales, y nuestro enorme potencial agropecuario, nos permiten mirar el futuro con prudente optimismo.

Ya es hora de que no nos quede grande la grandeza y que comprendamos de una vez por todas lo que significa y lo que implica la manoseada palabra “cambio”.

Como dice un buen amigo, “No expectativas, satisfacción asegurada”.

De cara al porvenir: federalismo, descentralización y autonomía

Por Pedro Juan González Carvajal*

A buena hora y con motivo de la conmemoración de los 160 años de expedición de la Constitución de Rionegro, se ha vuelto a ventilar con alguna fuerza la idea de pensar en la posibilidad de implementar para Colombia un modelo de República Unitaria con organización federal, como lo son, por ejemplo, 32 de los 34 países pertenecientes a la OCDE, lo cual no deja de ser una motivación importante, pues en la OCDE están los países democráticos con mejores prácticas en el planeta.

Para la OCDE es importante que el 70% de los recursos fiscales que maneja un país sean manejados a nivel central y el 30% a nivel territorial. Para Colombia hoy, el 80% de los recursos fiscales se manejan a nivel central y solamente el 20% se manejan a nivel territorial.

Para que este cambio ocurra sobre un país en marcha y no al momento de su fundación, es importante tener en cuenta varias circunstancias y múltiples variables.

Lo primero es definir cómo se va a administrar el territorio, a partir de figuras conocidas como regiones, subregiones, provincias, entidades territoriales indígenas, departamentos, municipios, corregimientos, veredas, centros poblados, entre otras varias posibilidades.

Esto debe tener en consideración las características geográficas y morfológicas del territorio, y sus particularidades. Para el caso colombiano, tenemos un territorio continental acompañado por dos océanos, con presencia insular y con una topografía e hidrografía muy particular.

En extensión, Colombia ocupa el puesto 29 entre los países del mundo.

Lo segundo, es armonizar y actualizar –garantizando su pertinencia–, el Estatuto Departamental y el Estatuto Municipal, en el caso de que se siga insistiendo con estas figuras político-administrativas, así como la legislación y el Estatuto Tributario del ente central y de los entes territoriales.

Lo tercero sería reflexionar si para una extensión territorial de un poco más de un millón cien mil Kilómetros cuadrados, ¿se requieran 32 departamentos, 1.123 municipios y 5 distritos?

¿Por qué no 50 departamentos? ¿Por qué no 7 departamentos?

¿Por qué no 10.000 municipios? ¿Por qué no 200 municipios?

¿Por qué no 15 distritos?

¿Es apropiada y pertinente nuestra actual realidad urbana y rural?

Estos interrogantes no hacen parte de la lógica, ni del interés general, ni de la agenda política, pero ante un eventual cambio del modelo actual centralista a uno federalista, se vuelve imperativo obtener respuestas razonables.

Lo cuarto sería establecer el mecanismo para instrumentar el nuevo modelo, lo cual deberá tener o una reforma Constitucional tramitada por el Congreso de la República con pocas posibilidades de éxito pues los congresistas defenderían sus particulares intereses electorales y de poder local o a través de una Asamblea Constituyente figura sobre la cual se tienen muchas reservas pues no se sabe una vez convocada, que tipo de rumbo y cuales intereses defenderá.

Se requiere madurez, conocimiento y voluntad férrea para sacar este proyecto adelante.

Ahora bien, ¿Qué tal si por ahora cumplimos con el mandato constitucional e instrumentamos una verdadera descentralización? Hasta la fecha, de 1991 a hoy, el Gobierno central, haciendo honor a su denominación, cada vez les entrega más responsabilidades operativas a los departamentos y municipios, pero con menos recursos. Ante los resultados actuales y las evidencias palmarias, personalmente considero que los honorables representantes a la Cámara han incumplido totalmente su función y no han sabido o querido defender los intereses de los territorios que los han elegido.

Se requiere una reforma profunda al régimen tributario territorial o la expedición de uno completamente nuevo.

También me llama la atención el silencio tanto de la Corte Constitucional como de la Procuraduría ante este incumplimiento flagrante, por más de 30 años, al mandato Constitucional.

¡Qué viva nuestro país de leyes!

Comicios locales y tabú electoral

Por José Alvear Sanín*

Aunque el partido conservador, considerado por Miguel Antonio Caro guardián del manicomio, fue generalmente una influencia muy positiva en la vida colombiana, en 1858 se contagió de locura, aceptando el federalismo que despedazaba el país. Otra de sus trágicas equivocaciones fue la imposición, por parte de Álvaro Gómez Hurtado y Belisario Betancur, de la elección popular de alcaldes y gobernadores, reforma demagógica y populista que entregó los gobiernos locales al clientelismo, la cleptocracia y la ignorancia.

Recuerdo —porque desde El Tiempo yo clamaba contra ese esperpento— que luego, tanto Carlos Lleras como López Michelsen rechazaban esa enmienda, aunque ambos se inclinaban a pensar que la elección popular podría aceptarse, pero únicamente para las grandes ciudades. Sin embargo, no pensaron en la necesidad de una segunda vuelta, para evitar que con una escasa mayoría se imponga un aspirante con apenas un 15 - 20% de apoyo del censo local, sobre otra media docena. Luego, los elegidos están obligados a retribuir, contratando a dedo, a los extraños financiadores de campañas cada vez más costosas…

El resultado de esa reforma democratera y progre, que puede llevarnos al abismo el próximo 27 de octubre, ha sido la monumental descentralización del chanchullo, porque el país, sin partidos que propongan políticas para la administración local, está en cambio, sobresaturado de vallas con las sonrientes efigies de millares de aspirantes. Cada uno se presenta con un lugar común, tres o cuatro palabras anodinas que reemplazan toda discusión seria, porque además sus programas, copiados de otros para cumplir con los requisitos legales, son desconocidos por el electorado.

La ausencia de debates serios es general, mientras el país, al garete, avanza a tientas. La sensación es la de una ruidosa fiesta en el puente del paquebote que surca un mar proceloso…

Ahora bien, en Colombia, a partir de la elección de Santos, en 2010, la política se reduce al asunto supremo de escoger entre el estado de derecho y la revolución marxista-leninista que impulsa el Foro de Sao Paulo.

Lo trágico es que de ese dilema no se habla. Es un tema tabú, porque se actúa como si nada estuviera pasando, como si no estuviéramos en peligro, como si gozáramos realmente de paz y nuestros peores enemigos se hubiesen convertido en inocentes y bondadosas personas.

En el actual debate, que ha transcurrido sin pena ni gloria, no se ha discutido nada importante, y en consecuencia el país irá rutinariamente a las urnas ignorando lo que verdaderamente se juega.

Es previsible entonces que en mil y pico de municipios y en treinta departamentos todo siga igual, y que nuevas, pésimas e impreparadas autoridades sigan mal administrando esos feudos, pero en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín (que tienen casi la mitad de la población colombiana), bulle una tragedia que puede desquiciarnos definitivamente.

En la capital la pelea es entre lo pésimo —Claudia— y lo malo —Carlos Fernando—, dos partidarios del NAF, que, según un agudo observador bogotano, no reúnen siquiera la experiencia necesaria para administrar un parqueadero. A esta lamentable situación se ha llegado porque ni el CD, ni el gobierno se preocuparon de preparar un candidato viable con un programa sólido, lo que dejó el campo abierto para el regreso de la capital al caos.

A Cali vuelve un exalcalde nefasto, del M-19, y en Medellín, la demagogia puede darnos la sorpresa más terrible.

En todo caso, si solo se pierden Bogotá y Cali, el presidente queda mucho más arrinconado y disminuido, mientras la subversión se hace a decenas de billones que permiten establecer la maquinaria eficaz para las elecciones de 2022, que se inicia con el control de millares de juntas administradoras locales (JAL), para repetir el millón de votos que Petro le puso a Santos.

He aquí lo que se juega el domingo 27 y que el electorado ignora, distraído por fuegos fatuos electorales, mientras un país lánguido e indiferente no se percata de que se juega con fuego, ni de que estas elecciones, aparentemente sin importancia, pueden definir la suerte del país.