Entendamos... con delicuentes todo es a la brava

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Conclusiones. Con delincuentes y terroristas todo siempre tiene que ser a la brava. Todos somos el pueblo. Nadie es el pueblo. Ningún individuo puede subrogarse esa titularidad. La violencia verbal siempre antecede a la física y más cuando es promovida por criminales desde el poder del Estado. La pérdida de vidas de ciudadanos indefensos es el costo del engaño al pueblo perpetrado por quienes pretenden estar por encima de la ley y reclaman ser la voz del pueblo. Entendamos para donde van Petro, el nuevo M-19, el diabólico Montealegre, la pandilla de Santos, las FARC-EP, y el ELN, y evitemos la participación de todo el crimen organizado en una “constituyente popular”. Entendamos, que aún estamos a tiempo de evitar una dictadura democrática modelo socialismo del siglo XXI.

1. Introducción. “Por sus frutos los conoceréis” (“Los falsos apóstoles”. Bernardo Vélez, 1947)

Dos advertencias me retumban hoy como campanazos en los adentros: En 2005 un líder de izquierda me dijo: “entiendan que, si Petro sube al poder, es mucho más malo que Chávez, Ortega y Evo”. Y en 2017 mi padre me dijo: “Santos va a llevar al país a una nueva forma de guerra civil”.

2. Progreso vs. progresismo autocrático

La interconexión digital amplifica el alcance de la ciencia y la tecnología creando soluciones inimaginables, pero la polarización ideológica atizada por los políticos aferrados al poder, incrementa la brecha social negándole espacio a la sensatez en la formación de nuevas políticas que habiliten la expansión del conocimiento digital, donde la computación cuántica apalanca el poder de la inteligencia artificial, multiplicando exponencialmente la velocidad de cambio y la capacidad de solución de problemas globales.

El progresismo nos llevó a una depreciación de los principios éticos y los valores y libertades democráticas que ceden terreno a gobiernos autocráticos donde todo se negocia. El multilateralismo pasa por una época caótica, se habla de paz, pero se multiplican las guerras entre naciones, muchos Estados conviven con la violencia, y la carrera armamentista es un despropósito tan peligroso como la narco financiación del terrorismo ejercido por organizaciones criminales y por algunos gobiernos.

Lo anterior deja las naciones indefensas en manos de líderes ególatras mediatizados, al comando de Estados e instituciones que abandonaron la legalidad y las agendas básicas de desarrollo socioeconómico como la nutrición infantil, la salud, el cuidado de la biodiversidad, la cultura, la educación, la renovación de infraestructuras, el deporte y el desarrollo integral de un cuerpo sano para que el conocimiento pueda germinar en mentes sanas.

Colombia está liderada por un guerrillero psicópata, resentido, drogadicto auspiciador de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y la devastación ambiental, la destrucción de valor económico y de capital humano, amparado por una cleptocracia y un puñado de mercenarios políticos que validan su misiva de crear odios y divisiones ideológicas mediante falsas retóricas de paz y justica social, propias del mal llamado progresismo y de las agendas extremistas del siglo pasado.

3. Defender la Constitución es defender la libertad

No hay democracia sin oposición y sin verdadera separación de poderes suscritas al respeto de un único marco de derecho que regule la formación de políticas de Estado. La democracia cede ante la autocracia, cuando se cambia la constitución para acomodarla a la conveniencia ideológica de un gobierno dictatorial.

Aquí no se necesita cambiar la constitución, ni acomodarla con artilugios filosóficos a los caprichos de un autócrata. Lo que tenemos que hacer es simplemente respetar, cumplir la ley y exigir que los poderes judicial, legislativo y las Fuerzas Armadas hagan lo propio. Lo que se necesita es un Estado eficiente, liviano, digitalizado, facilitador. Sobra tanta dialéctica leguleya.

Entendamos que la libertad tiene un alto costo. Cuando no se respeta la legalidad, la sociedad queda indefensa ante el crimen, el bien ante el mal, y se destruyen el derecho y la justicia ante la relativización de la verdad. Se paga con vidas la cobardía de cambiar el imperio constitucional por concesiones de impunidad que convierten los criminales en ciudadanos de mejor derecho frente a quienes cumplen la ley y las obligaciones.

Entendamos que, bajo la amenaza violenta propia de revolucionarios, terroristas y subversivos, todo siempre tiene que ser como a ellos se les dé la gana, a la brava. Entregarle el poder a quienes no reconocen la legitimidad del Estado, es generar el odio y resentimiento que dinamitan la violencia. Entendamos, la integridad constitucional no es tema de izquierda o derecha, es el deber ser, y depende del respeto a esas normas fundacionales de la nación, que hoy quieren cambiar a la brava.

Entendamos, hemos llegado a extremos por aceptar la normalización del delito, la impunidad y la participación del terrorismo ejercido por el crimen organizado en la formación de políticas públicas. Estamos en manos de revolucionarios fanáticos de la destrucción que no tienen noción alguna del manejo de lo público, están dedicados a robar, y caímos en las garras de los mismos pájaros oportunistas que siempre ofrecen sus servicios jurídicos al mejor postor, así cada cuatro años tengan que cambiar de ideología, de argumentación y plumaje.

4. Entendamos el modelo de las dictaduras democráticas socialismo del siglo XXI

Llegamos al momento en que el país lícito tiene que defender su constitución a como dé lugar, pues enfrentamos una amenaza a la seguridad de la soberanía nacional, ante un gobernante que le está dando a la brava, un autogolpe al Estado de derecho, apelando a la titularidad de la soberanía popular.

Petro, tras la lánguida negativa del Congreso a su propuesta de referendo, bien apoyada por el Consejo de Estado y el Registrador, para justificar el anuncio de adelantarla por decreto y así poder imponer una constituyente popular, contrató como ministro de Justicia al peligroso mercenario ideológico Montealegre, quien vive de acomodar ideas, conceptos y argumentos a las necesidades de cada cliente, y quién, para justificar el Socialismo del Siglo XXI y la instauración de un totalitarismo neo-narco-estalinista y neo-nacista disfrazado de democracia, quiere venderle al país la relativización de la verdad en el derecho, apelando a la corriente filosófica alemana que tanto daño ya le causaron a la humanidad validando el inicio de dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo pasado.

Y tiene el zumbador Montealegre el descaro aberrante, de utilizar como referentes conceptuales a “Nietzsche - El Apóstol de la Inmoralidad”, como lo denominara don Bernardo Vélez Isaza”, y a Carl Schmitt, uno de los grandes filósofos, teóricos políticos y juristas alemanes, miembro del partido nacionalista obrero y quien fuera la conciencia jurídica del régimen Nazi, al aseverar que la voz del Führer era la del pueblo y por ende que la voluntad Hitler era fuente de derecho porque era la voluntad popular. Note el lector que, Schmitt también fue invocado por los juristas que apoyaron la Constitución Chavista, y ahora es el condotiero leguleyo de Petro quien lo invocó para validar ideológicamente su propósito de cambiar la Constitución y apropiarse indefinidamente del poder.

Montealegre es tan falso como bellaco. Fue contratista del Estado con Uribe, y entonces, como Roy, Benedetti y Santos, decía defender la seguridad democrática. Luego fue magistrado y salió de la Corte para ayudar a Palacino a robarse la salud. Como fiscal se convirtió con Enrique Santiago, Baltazar y otros abanderados de la muerte, en el Chaman jurídico de los Santos y las FARC-EP, levantando órdenes de captura por crímenes atroces y bendiciendo con rezos de impunidad los acuerdos de Cuba y la creación de la JEP. También fue el encubridor de Odebrecht, perseguidor de Zuluaga y aliado de Santos y Cepeda en contra de Uribe y sus valores democráticos, su patriotismo y su ejemplo de respeto a la justicia.

Entendamos, “nada es más peligroso que un enano con barbera”. Quien hoy funge como ministro de Justicia tiene el encargo exabrupto de convertir a Petro en el nuevo “Führer” de las organizaciones criminales, las milicias populares y las minorías regionales, aduciendo que representa la voz del pueblo y por ende tiene poderes de juez constitucional. Además, este “mercenario académico y politólogo” ha sido el mentor de los fiscalillos Perdomo y Barbosa quienes a sabiendas de su inocencia empapelaron a Uribe, y de toda esa línea de tinterillos que se disfrazan de lo que sea, para lustrar con una extravagante chinola argumental la filosofía del derecho, sacándole brillo a las tesis que soportan la careta democrática del socialismo del siglo XXI.

5. Petro es el Casino y juega con las cartas marcadas

Comprendamos que mientras estamos distraídos apostándole al albur de una elección, permitimos que quienes quieren robarle al pueblo su libertad, su moral y sus riquezas con la disculpa populista tras la cual esconden su enriquecimiento y su ambición desmedida de poder, están metiendo a moler al trapiche de la corrupción y la insensatez, la Constitución, la legalidad, la hacienda pública y la capacidad productiva y contributiva nacional. Petro está consolidando la “teoría del caos”, y ya la formación de capitales ilícitos puede haber superado la economía lícita, productiva y contributiva.

6. Estamos convertidos en una sociedad cocainómana

Pasamos de la negación causada por la adicción a la plata fácil, la violencia y el terror, a desconocer el resultado de un referendo y a validar los acuerdos inconstitucionales de Cuba y la creación de una nueva justicia ideológica inquisidora.

Y al volvernos complacientes con la injusticia y la impunidad, podemos terminar en la “indefensión aprendida”, producto de experimentar repetidamente situaciones aversas de las que creemos que no podemos escapar, terminando entregados a un modelo narco-comunista, aun cuando existen oportunidades reales de evitarlo. Ello explica la apatía de la sociedad civil, los gremios y los líderes políticos que han permitido la continuidad de un mandato ilegitimo y del Gobierno indigno de un psicópata al frente de una cleptocracia dedicada a saquear el erario, a imponer agendas minoritarias a la mayoría, y a promover un clientelismo corrupto que compromete las tres ramas del poder, los entes de control, y a muchos partidos y contratistas del Estado.

7. Los buenos somos más

Obremos. Llevamos más de dos décadas negándonos ver la realidad del pueblo hermano de Venezuela. Colombia tiene mucha gente buena totalmente desconocida. Y avemaría si el país la necesita. Es el momento de hacer valer y funcionar con determinación la institucionalidad democrática al servicio del ciudadano, de la legalidad democrática, la seguridad ciudadana y la Constitución.

Actuemos con vehemencia armando un frente común de ciudadanos reclamando responsabilidad a quienes pueden hacer valer las leyes existentes. Debe el sector productivo, empresarios y trabajadores unidos, contratar abogados y poner a los presidentes de gremios a hacer sentir sus demandas y a presentar su argumentación ante los magistrados y parlamentarios que aún no vendieron sus convicciones, su vocación democrática y su voluntad de servicio, exigiendo responsabilidad a unos medios alcahuetes y unos partidos clientelistas, y reclamando firmeza a las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional, de modo que se acate y se respete el orden constitucional y la separación de poderes, y se cumpla lo que estipula la ley quebrantada en lo político y en lo penal por este mandatario malandro.

Aprendamos del valor con que desarmó a Montealegre el ilustre jurisconsulto Gaona la semana pasada. Dejemos de lado la cobardía. Nadie se muere la víspera. Vivamos libres e independientes pero unidos por la patria con valor, porque como dicen los montañeros: “al que muestre el miedo, lo muerde el perro”. Apoyemos la constitución. No se puede consentir que así sea por interpuesta persona, el terrorismo siga en el poder, y entendamos que voluntariamente no lo van a entregar. Llegó la hora de tomar acciones contundentes que le demuestren al tirano que el país ni le pertenece, ni se va a seguir dejando gobernar bajo una dictadura totalitaria con careta democrática modelo socialismo del siglo XXI.

El poder en manos del ilegítimo

Luis Guillermo Echeverri Vélez

¿Presenciamos el primer enjuiciamiento revolucionario en Colombia?

Justo cuando la era del conocimiento y la convergencia digital le ofrecen a la humanidad más oportunidades de transformación efectiva, aquí seguimos con la maña de convertir todo lo ilegal en legal, y nos alineamos con las naciones parias en un mundo polarizado por una lucha acrecentada entre el bien y el mal; donde el mal está armado, es violento y se apalanca en el narcotráfico y el terrorismo, y la mayoría de los líderes que se deben al bien, están atrapados entre inoficiosas divagaciones ideológicas de izquierda y derecha, la cobardía de un discurso políticamente correcto e intereses individualistas e inmediatistas.

Los países se desarrollan cuando las naciones se educan y trabajan, no subsidiando el facilismo y la violencia. La civilización occidental parece haber relajado sus resortes éticos, morales e institucionales ante ideologías oscuras, falaces y lisonjeras como la imposición disfrazada y predominante de un progresismo globalista, impulsado por el multilateralismo y apuntalado en la imposición de las agendas minoritarias a la gran mayoría, por medio de cambios constitucionales o acciones de facto de los gobiernos de los países que abrazan los lineamientos del socialismo del siglo XXI y que esclavizan sus pueblos sumiéndolos en la miseria de sus debilitadas democracias.

Bajo la dialéctica de culpar a los demás del mal proceder propio, la regla es que los pájaros “matan” las escopetas, que pagan justos por pecadores, que el caos y los escándalos de corrupción son el circo y el pan de cada día, que las dictaduras regionales posando de democracias, le avientan al pueblo por medio de la dialéctica demagógica populista, desde el balcón mediático de los engaños.

Siempre existieron alianzas oscuras y poco notorias entre la política y un crimen organizado que era mucho más incipiente; no las excuso, pues nos llevaron a donde estamos. Pero la ley contaba con la fuerza coercitiva de la justicia y eran condenados social, política y penalmente la gran mayoría de los descarrilamientos, con excepciones de conveniencia.

En el caso colombiano, sin desconocer los injustificables errores y las injusticias del pasado propios de otras circunstancias, a fuerza del trabajo y honradez de las mayorías se vieron superadas muchas equivocaciones políticas con los niveles de desarrollo alcanzados, por una estabilidad democrática inquebrantable, una clase media creciente y un manejo ortodoxo de la economía, que hoy lamentablemente no existen.

Santos institucionalizó la ilegalidad, cuando le abrió la puerta de la cocina a todo el crimen organizado narcoterrorista disfrazado de progresismo y salió a echarle la culpa de todo, a quien lo llevó al poder confirmando aquello de que, “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.

Tan perversa, como el mote de “Uribe paraco” a quien encarceló un paramilitarismo que hoy rebrota con el intercambio de sombreros vueltiaos, fue la santa estrategia propagandística de convertir a Uribe en el diablo, para así, entre hermanos, ñaños, siervos y gotereros, poder pecar.

El juicio a Uribe no es sólo a la persona de Álvaro Uribe. Es la forma de ajusticiar todo lo que él representa para para las democracias hemisféricas. Se trata del primer juicio revolucionario que se desarrolla en Colombia, y está libreteado desde lo más profundo y lo más oscuro que se ha infiltrado en todas las ramas del poder del Estado.

Si desde la sociedad civil democrática y la institucionalidad privada no logramos defender todo aquello que ha significado Uribe en lo que va de este siglo, no hay la mínima posibilidad de una elección limpia, justa y equilibrada en 2026. Sobre eso no tengan duda, como no hay duda de que la elección del 2022 nos dejó un Gobierno ilegítimo, pero que, al correr la línea ética el progresismo lo pasó de ser un hecho doloso, al plano revolucionario que siempre ha desconocido la legitimidad del Estado, la Constitución y las leyes, y por tanto se ha sentido con derecho a la insurgencia con estatus de beligerancia y derecho de rebelión.

Esa insurgencia revolucionaria que hoy utiliza todas las formas violentas físicas y verbales es algo que opera desde adentro de todas las ramas del poder público. Como explica un gran constitucionalista: “Hoy se subvierte el Estado desde dentro”.

El apaciguamiento político es amoral por definición. Aquí las desmovilizaciones de terrorismo son de mentiras, está confirmado por el incremento de la inseguridad, la violencia y la degradación de la coercibilidad de la ley. Y gran parte de la directiva gremial del país lo suscribe con su ética averiada. Tan culpable es “el que peca por la paga como el que paga por pecar”, y no menos lo es el que empeña sus principios para llenar su propio costal.

Nacimos como una sociedad minera y si queremos transformarnos debemos aprovechar esa riqueza minero-energética; no es un tema ideológico es un asunto de tiempo y la pregunta es si lo continuamos haciendo ilegalmente y devastando el medioambiente, o nos ponemos el reto de hacerlo de forma tecnificada y con la debida mitigación, compensación e inversión social.

Bien saben los revolucionarios que las ciudades no viven sin el campo, que la fuga de capitales no puede llevarse la tierra ni los semovientes para otras geografías, y que los países no se transforman ni trascienden si no explotan debidamente sus recursos naturales, mientras la ciencia y la tecnología nos llevan producir con qué pagar el alto costo de ser una sociedad del conocimiento.

Por eso se están creando soberanías especiales dentro de la soberanía. Jurisdicciones especiales en paralelo a una justicia ideologizada por plata y permisiva con el delito. El desgobierno está generando injusticia, impunidad, caos y más desigualdades frente a la ley, amplificando aquello de que: “la ley es para los de ruana” e instaurando dos tipos de ciudadanía: la delincuencial de mejor derecho y las mayorías que pasaron a ser de menor derecho ante las causas minoritarias convertidas en banderas políticas multicolores.

Cada que, por acomodarnos a circunstancias coyunturales, caprichos vanagloriosos de un gobernante en negociaciones inertes con el narcoterrorismo o para generalizar una agenda minoritaria, dejamos de lado el Estado de Derecho, estamos sacrificando libertades democráticas en favor del engaño del libertinaje progresista aliado con la careta revolucionaria del narcoterrorismo, y le abrimos un hueco a la constitucionalidad que soporta el pacto social.

Del cepo y la mordaza, y la libertad de la democracia

Luis Guillermo Echeverri Vélez

El mundo se debate entre dos bandos irreconciliables: aquellos que trabajan y le cumplen a la sociedad al buscar el desarrollo colectivo, y quienes con su obrar irresponsable e ilegal engañan los pueblos y hacen el mal a los demás.

Justo cuando el ser humano tiene acceso universal a los beneficios de la era del conocimiento y la convergencia digital; la autenticidad, veracidad y seriedad con que se manejen la información y las comunicaciones, son la única garantía de que las naciones en lugar de autodestruirse construyan y avancen sobre principios fundacionales que las conduzcan a un desarrollo cultural y socioeconómico efectivo, justo, equilibrado y sostenible de toda nuestra civilización.

La aplicación del cepo y la mordaza a la libertad de expresión es tan perjudicial para la estabilidad de una sociedad democrática, como consentir el libertinaje, la anarquía y la imposición ideológica o monetarista de la violencia, que multiplica los actos de quienes como forma de vida eligen hacer el mal consintiendo el engaño, la injuria y la calumnia y el ejercicio del terrorismo en todas sus manifestaciones posibles.

Entendamos que la principal infamia que permite la degeneración sistemática de la conducta de los líderes políticos que tienen la responsabilidad de conducir una nación, es la utilización de la justicia con fines ideológicos para controlar el poder estatal supuestamente en beneficio del pueblo al que engañan sistemáticamente por medio de la desinformación y la aplicación del cepo y la mordaza a libertad de expresión.

La verdad es el único estandarte del que dispone la justicia, para sopesar la balanza que determina su existencia en función de la inexorable diferencia entre todas las actuaciones humanas, que en su esencia solo parten de la distinción objetiva entre el bien y el mal.

La verdad debe ser el objetivo de la comunicación cuando esta se realiza de forma ética, con sentido social, y se respeta la libertad de expresión dentro de la sensatez y la racionalidad que demanda el ejercicio democrático cuando este no traspasa al campo del libertinaje, soportando los abusos propios de la anarquía o de la autocracia, pues ambas conducen siempre al establecimiento de gobiernos totalitarios.

Hoy, el engañosamente llamado progresismo, con su discurso populista y demagógico propio de la falsedad dialéctica propagandística del socialismo del siglo XXI, al igual que el fundamentalismo extremo por mandato divino, se nutren del narcotráfico y otras fuentes ilegales para financiar la violencia y se valen del terrorismo físico o verbal para contrarrestar las fuerzas económicas y los valores cívicos, sin los cuales la política se reduce a la administración del empobrecimiento, la miseria y la desgracia colectiva.

En un mundo repleto de líderes liliputienses con egos de Gulliver, el peligro más grande de nuestra civilización occidental al entrar en este nuevo milenio es el narcoterrorismo disfrazado de democracia, destruyendo los límites de las libertades democráticas.

El progresismo promueve la impunidad para lucrarse de la ilegalidad y poder imponer agendas ideológicas minoritarias a las mayorías, a cuenta de una sociedad cobarde y constreñida por guardar las apariencias de lo políticamente correcto.

Es así como se fomenta la utilización de drogas, descartando las adicciones como efectos endémicos en salud de la población y la seguridad ciudadana, para justificar el libre desarrollo de la personalidad.

Es así como en contra de la propia naturaleza humana las agendas de género ignoran la problemática de la desnutrición infantil, llegando al tenebroso absurdo de permitir que se haga cambio de sexo durante la niñez y la adolescencia.

Es así como las mascotas son convertidas en sujetos de derecho, pero nadie explica cómo puede un juez hacerlas cumplir las obligaciones que preceden su ejercicio.

El funcionamiento del mundo entero está amenazado por el narcoterrorismo al comando del poder político. Se trata de la peor plaga social con que se quiere liderar el planeta, representa el poder del mal con el que se desnaturaliza, se suplanta y se deja, indefensas, todo tipo de sanas creencias religiosas fundamentadas en la caracterización del bien de las personas y de las naciones, sean ellas cristianas, judías, musulmanas o budistas.

Tenemos anarquías y autocracias por excesos y enfermedades desatendidas en las democracias, relacionadas con la complacencia con la ilegalidad.

Está el ejercicio del poder en manos de quienes, siendo una clase politiquera y embaucadora, de manera fraudulenta presumen de representar al pueblo, pero se relacionan y negocian con la ilegalidad bajo la excusa del apaciguamiento, para inmovilizar y silenciar el sentir de las mayorías indefensas.

Nada violento ni inhumano debería ocurrir en las naciones en manos de líderes buenos capaces de diferenciar entre la legalidad y la impunidad y donde no se produce y trafica droga abiertamente y hay controles sobre el lavado de activos y el contrabando.

Toda la civilización occidental está bajo el ataque violento de organizaciones criminales insurgentes que ejercen el terrorismo contra la población, contra el Estado y sus fuerzas armadas constitucionales, pero nuestros líderes políticos, económicos, gremiales e institucionales, no comprenden que los niveles desbordados de violencia son propios de las sociedades donde el Estado es débil o promiscuo con los criminales y con todas las manifestaciones de la ilegalidad.

Hecatombe por desmoralización institucional

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Sufre Colombia una destrucción institucional sistemática urdida por quienes están implantando un nuevo referente de legitimidad para la legalidad, cambiando el ordenamiento jurídico sustentado en valores y libertades democráticas, por un narcoterrorismo estatista alineado con la doctrina del socialismo del siglo XXI.

Los anuncios y acciones del Gobierno restringen las libertades, destruyen las fuentes de ingresos del Estado, ahuyentan la inversión, incrementan la inseguridad, aniquilan la confianza, estancan el crecimiento e implosionan la economía, derrumban la generación de empleo, y el problema no es la plata de los ricos, es el ingreso de los trabajadores.

Todo esto es parte de un plan estratégico y sistemático enfocado en saquear el Estado y dejar la sociedad indefensa, arrinconada y desesperada, sin ser capaz de hacer valer sus valores fundacionales. El objetivo es generar caos y desesperanza, llevando a la gente a la miseria de modo que las propuestas populistas del socialismo del siglo XXI sean la única alternativa que les quede. Dicho plan se compone de cuatro etapas:

1ª. Etapa: toma del poder. Lo hicieron por vía democrática, combinando todas las formas de lucha, apoyados por organizaciones criminales y contratistas corruptos. Inició el Gobierno con un grupo de parvos tecnócratas liberales y de izquierda democrática como ministros, para garantizar un aterrizaje suave y evitar resistencias a propuestas tendientes a implosionar la economía pública, privada e individual.

Debilitaron la moral y las capacidades operativas y desarmaron las Fuerzas Armadas constitucionales, perdiendo la supremacía aérea y la movilidad rápida que demanda combatir narcoguerrillas en el complejo territorio colombiano. Despidieron la tecnocracia, instalaron una cleptocracia estatal, se tomaron la inteligencia y los sistemas de licitación expedita aprovechando el beneplácito diplomático internacional, como supuesto Gobierno de izquierda democráticamente electo.

2ª. Etapa: instauración autocrática. Para garantizar una operatividad autocrática, colocaron personal del nuevo M-19 en posiciones de concentración de poder e inteligencia. Compraron conciencias en el Congreso, en las cortes y en entes de control. Fijaron la agenda de discusión nacional copando con escándalos todos los espacios digitales para crear total insensibilidad social, con lo cual van afianzando cada día más que el pueblo tenga sensación de caos administrativo.

Hay 25 departamentos asechados por las organizaciones narcoterroristas y con la disculpa de la “paz total” y la negociación con el ELN, han permitido el aumento exponencial de la ilegalidad, el crimen y la violencia, creando desesperanza y desesperación colectiva. Rompieron con Israel y se alinearon con el eje: Rusia, Cuba, Venezuela e Irán, buscando notoriedad y soporte internacional en los gobiernos que le proveen las armas y dotan la insurgencia narcoterrorista.

3ª. Etapa: cambio del sistema. Mediante alianzas corruptas, el Gobierno anuncia: un acuerdo nacional, una ley de punto final, una única justicia restaurativa, y una constituyente que se hará de la manera en que se les dé la gana, sea por “fast-track” como anunció Petro en Naciones Unidas o por la conformación de cabildos populares propuesta por los ideólogos desde la Universidad Nacional. Ya las FARC-EP-Comunes hablan de extender siete años los acuerdos, y de haber elecciones en 2026, los revolucionarios saben que, gracias a una oposición dividida, con 1/3 del soporte ganan las elecciones, cueste lo que cueste. El país ya vio de lo que son capaces.

4ª. Etapa: continuidad en el poder. El neo-estalinismo populista que hoy está en el poder, asociado con el narcoterrorismo, está determinado a quedarse en el poder como sea. Y salvo que se revierta la hecatombe institucional, sólo les queda definir si nos llamaremos, Estado o República Socialista.

En resumen: si el país espera impávido hasta el 2026, esto es lo que se nos viene:

*Instaurarán un nuevo referente de legitimidad mediante el nuevo ordenamiento constitucional, que encubra el totalitarismo y lo amarre al poder, sometiendo al empobrecimiento perpetuo a las mayorías.

*Bajo la imposición de una ley de punto final, la JEP será una inquisición moderna disfrazada de justicia restaurativa, que someterá a todo opositor que el régimen señale.

*Crearán unas nuevas fuerzas armadas revolucionarias, que incluirán guerrilleros, narcoterroristas y efectivos de todas las bandas delincuenciales, de terrorismo urbano y microtráfico.

*Viviremos bajo un régimen opresor como en Cuba, Venezuela o Nicaragua, con el dominio de unas agendas minoritarias, cada día, mucho más corruptas y complejas que las que están reemplazando.

Conclusión: si no nos pellizcamos y corregimos el rumbo como hizo Perú, el país seguirá atrapado entre el caos y el desespero social a cuenta de empobrecimiento e inseguridad, algo que continuará en 2025, y con lo cual, en 2026, más personas estarán dispuestas a recibir subsidios y apoyar cualquier tipo de promesas propias de la dialéctica populista que les prometa solventar sus problemas.

Pragmatismo y eficiencia contra politiquería y corrupción

Por: Luis Alfonso García Carmona

A nadie con sus cinco sentidos se le escapa el radical cambio de la opinión colombiana con respecto al tema político, producido tan solo en unos pocos meses.

Hasta hace poco, las grandes masas de electores, arteramente manipuladas por los medios de comunicación y por el socialismo nacional e internacional, parecían clamar por el etéreo ideal del “cambio”, sin saber a ciencia cierta en que consistiría el tal cambio.

En el corto plazo de 18 meses, transcurrido desde la toma fraudulenta del poder por la coalición que defiende la implantación del “socialismo del siglo XXI”, más conocido como “castrochavismo”, desapareció el espejismo del “cambio” y masivamente, a través de las encuestas, de las marchas callejeras y de los gritos de “Fuera, Petro, fuera” en los espectáculos deportivos, se palpa un viraje de 180º en la opinión de los colombianos.

¿Cuál es, entonces, el hilo conductor de este nuevo proceso de opinión?

Si nos atenemos al resultado de los comicios territoriales celebrados en el mes de octubre, en los que fueron derrotadas las aspiraciones de los candidatos partidarios del presidente Petro y de la coalición gobernante, se puede inferir que el pueblo votó contra Petro, básicamente. Esto no significa que esa votación pueda ser capitalizable por los dirigentes de partidos no partícipes de la coalición petrista, ya que no existe una verdadera oposición política al Gobierno. La oposición ha surgido por fuera del espacio de influencia de la casta política, en las calles, plazas y estadios, de manera espontánea o promovida por grupos cívicos y asociaciones de veteranos.

Lo cierto es que el colombiano promedio está más que harto de las falsas promesas del socialismo que predica una cosa y hace lo contrario desde el Gobierno. Pero también está desengañado de las clases políticas, que se ufanan de sus supuestas críticas al régimen, pero hacen fila para recibir su “plato de lentejas” a cambio de sus votos para aprobar los proyectos gubernamentales. O, en forma inexplicable, se sientan con el sátrapa a negociar la salvación de los proyectos en que el régimen está interesado, en lugar de defender la Constitución, la seguridad y la democracia que a diario son vulneradas por el narco-petrismo.

Como consecuencia de la coyuntura que vivimos, el “leitmotiv” de las masas ha dejado de ser la pertenencia a determinada agrupación política o el seguimiento de abstractas ideologías poco inteligibles. El colombiano promedio quiere soluciones prácticas a sus necesidades:

*Seguridad en su persona y en sus bienes.

*Tranquilidad para desarrollar su emprendimiento o ejercer su actividad laboral.

*Seguridad social sostenible.

*Oportunidades de empleo digno y justamente remunerado.

*Un Estado eficiente, manejado transparentemente, sin corrupción.

*Una economía en crecimiento que ofrezca oportunidades a las nuevas generaciones.

*Una educación que forme buenos ciudadanos y los prepare para los retos tecnológicos.

*Eliminación del narcotráfico, la impunidad y el terrorismo

Todo ello requiere una reforma sustancial a nuestra democracia para eliminar la influencia del dinero en las votaciones, un sistema de meritocracia para garantizar la eficiencia del Estado, severas normas para castigar la corrupción y el desgreño administrativo, y una reforma a fondo de nuestra desacreditada administración de justicia.

En suma: eficiencia y pragmatismo antes que politiquería y corrupción.

Sí se puede derrotar a Petro

Por: Luis Alfonso García Carmona

Se necesitaría vivir en otro planeta para desconocer la protuberante realidad de la crisis generalizada que atraviesa Colombia a partir del fraudulento asalto al poder por obra de la camarilla comunista que nos gobierna desde hace un año.

Derrotada la guerrilla militarmente después de seis décadas del más cruel terrorismo en su vano intento de tomarse las riendas del Estado, optó el marxismo-leninismo por la estrategia de unirse a los carteles del narcotráfico y a los políticos corruptos, e inició –siguiendo la cartilla del Foro de Sao Paulo– la conversión de nuestro país en otro esclavo del llamado “socialismo del siglo XXI”.

Después del claudicante y espurio acuerdo de La Habana, donde se sentaron las bases para la entrega del país al comunismo, los gobiernos de “transición” de Santos y Duque pavimentaron la llegada del camarada Petro y sus secuaces a la Casa de Nariño.

Sin tener en cuenta para nada los irreparables daños que se vienen causando a la economía del país, al bienestar de los colombianos y al futuro de las nuevas generaciones, ha dedicado el régimen todos su esfuerzos a desmantelar la fuerza pública, a legalizar colectivos de sicarios como apoyo de la tiranía, a preparar el cambio de nuestro modelo político y económico a través de comités compuestos mayoritariamente por militantes de extrema izquierda, a destruir los sistemas de salud y pensiones para colocar al pueblo colombiano a merced de un Estado totalitario y a llevar las finanzas públicas a la bancarrota para completar el dantesco cuadro que conocemos en otros países comunistas.

Es, entonces, no solamente un derecho, sino también un deber de todos los colombianos, derrotar al sátrapa causante de semejante estropicio, si queremos dejar a las futuras generaciones algo de lo que otrora fue nuestra amada Patria.

¿Cómo lograrlo?

1. Tomemos consciencia y difundamos por todos los medios a nuestro alcance este propósito nacional: Salvar a Colombia mediante el derrocamiento de Petro y la recuperación del poder. Hasta el más humilde compatriota está en capacidad de formar una célula de activistas con sus familiares y amigos. Colombia necesita tener en 2026 un millón de células antipetristas con 10 a 20 integrantes cada una.

2. Apoyemos en las marchas y paros el juicio político instaurado por el abogado José Manuel Abuchaibe contra Petro por la violación de los topes de gastos en su campaña. Exijamos en las marchas callejeras a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que cumpla a cabalidad con su deber constitucional.

3. Conformemos desde ahora una gran fuerza independiente de los partidos políticos que se presente en las próximas elecciones como “grupo significativo de ciudadanos” dispuestos a recuperar la Presidencia y la mayoría del Congreso para reparar los daños que está causando el régimen petrista. Seremos los “colombianos al rescate” que devolverán a Colombia su identidad cultural, su viabilidad como estado próspero y democrático. Tenemos 3 años para implementar y preparar la batalla. No temamos a las sucias artimañas de los personeros de la maldad. Actuemos convencidos de que somos dueños de la verdad y de que nos acompaña el deseo inquebrantable de luchar por nuestra libertad, nuestra subsistencia y por el futuro de nuestros hijos.

¡Aquí pasa de todo y no pasa nada!

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez

No me trago el cuento de que sólo es cuestión de esperar tres años, con la economía metida en el trapiche del socialismo del siglo XXI y con la gente sin tener con qué mercar por la carestía.

Aquí es mejor que pase algo a que sigamos sin que pase nada distinto a la destrucción de un Estado de derecho, que fue respetable y respetado.

¿Dónde están las personas valientes y honorables que desde los cargos públicos defiendan a Colombia de la ilegalidad y le devuelvan a la nación y al Estado las banderas de la libertad y el orden?

No sigamos ocultando la cobardía tras el respeto incondicional a una anarquía disfrazada de democracia, mientras toda suerte de delincuentes e irresponsables trapean a su conveniencia con la dignidad de la nación, con la constitución y las leyes.

Como vamos, vamos mal. Menudos son los abusos, los delitos y las violaciones a la ley. Los hay de todas las formas imaginables, y no pasa nada.

Vamos montados en un barco rumbo al arrecife en medio de una gran tormenta, comandado por un remedo de capitán que se la pasa encerrado bajo la influencia y sólo sale a crear polarización entre tripulantes y pasajeros. No hay quién asuma el mando, mientras los primeros están enganchados en una rebatiña por el poder político, y los segundos suscritos al pánico que genera ver que nos estrellamos y nada pasa.

Aquí lo peor es seguir sin que pase nada. Pues como vamos, este barco naufraga en las costas cubanas de Venezuela.

Nada va a pasar mientras la justicia esté acobardada y sea víctima ideológica de su falta de integridad. Y no pasará nada, si las cortes no se ponen las pilas y cumplen su deber, si del sector privado no nacen nuevos liderazgos transformacionales, y si no cambiamos los requisitos que deberían cumplir quienes manejan la cosa pública.

Es culpa de nuestra indiferencia como clase dirigente que, en el 2022, el engañoso discurso populista distorsionara la realidad colombiana que iba, como en 2010, rumbo a puerto seguro y creciendo mucho más que las otras naciones de la región.

La nación entera paga, por la irresponsabilidad de unos cuantos muñecos filipichines y payasitos provincianos cachaquizados que hoy copan el teatro de la actividad política nacional, y por la total indiferencia de una sociedad civil y de unos gremios caducos y pasmados, que más parecen mamertos vergonzantes, que líderes con genuina vocación de servicio.

Las organizaciones criminales y sus milicianos están amparados e inmunes ante la sanción social y legal, pues ha hecho carrera su doctrina de considerar ilegítimos al sistema de libertades económicas y al Estado y su institucionalidad. Así justifican poder birlar la ley a conveniencia propia sin que aquí pase nada.

Es inconcebible que, bajo la narrativa propia a esa nueva interpretación de la legalidad, se pretenda desconocer la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad y se justifique la ilegalidad de atrocidades como el secuestro, la violación de menores y el asesinato bajo la militancia en organizaciones narcoterroristas.

Con esa misma carreta insidiosa, desde la sociedad entre Cuba y los Santos, feriaron los preceptos constitucionales de impunidad y distorsionaron el verdadero espíritu constitutivo del Estatuto de Roma, implantando una nueva doctrina internacional en favor de la aceptación democrática del terrorismo sectario e incluso del terrorismo de Estado, que pretende reemplazar la sana construcción de políticas públicas, por la perversa lógica del reconocimiento de conflicto armado, que les otorga estatus de beligerancia, que autoriza el derecho de rebelión y permite la conexidad delictiva en función de la impunidad total.

Narrativa mediante la cual, Juan Manuel Santos, al estilo inescrupuloso y lisonjero propio de su alcurnia estafadora, como por arte de magia, logró cobrar en especie con un Nobel, por la labor de institucionalizar la concepción de que todo lo que antes era ilegal pasara a ser legal en Colombia, y en toda una región sumida en el narco-socialismo del siglo XXI.

Todo en contra de la voluntad popular y gracias a la complicidad de su ciclotímico copiloto y sus propios serviles en Cuba y en la tramoya del Congreso, y claro gracias a la ayuda de la Iglesia y de algunos curas mercaderes del dolor ajeno que siempre, a lo largo de la historia, están prestos a cambiar la verdad y endosar fuerzas inquisidoras como la Justicia Especial para la Paz.

Y con ese mismo concepto embustero e inquisitivo, tan propio del populismo y en pro de la impunidad total, es con el que hoy el Gobierno del nuevo M-19, tan hijo de las FARC-EP como Fecode, y comandado por el demente revolucionario aliado a toda suerte de organizaciones criminales, quiere gobernar a su conveniencia y de manera autocrática a la sociedad colombiana, copando con falacias casi todo el espacio digital y cercenando el derecho a la libertad de expresión de los medios tradicionales, en las propias narices del parlamento, la justicia, los entes de control y los gremios del sector productivo.

La doctrina Petro no sólo se nutre de la mentira, el engaño y la ilegalidad, es un ideario revolucionario, rebelde, nefasto, destructor, inconsciente e irresponsable que considera ilegítima toda la constitucionalidad y no admite crítica ni contradicción alguna.

Tristemente hoy hay poca diferencia entre quienes representan la tradición política, con quienes se creen con derecho de pernada sobre la ley, el Estado y el Gobierno y sus instituciones, y con los nuevos politiqueros que desfalcan la nación, pues muchos de los que antes eran delfines, huérfanos de poder, están convertidos en tiburones de múltiple dentadura que conviven con las desalmadas barracudas que nos gobiernan.

Santos, que descarada y deliberadamente le abrió la puerta de Colombia y de toda la región a esa falsa, perversa y sangrienta doctrina de “Paz a cualquier costo”, ahora pretende engañar el derecho internacional público, aspirando a la Secretaría General de las Naciones Unidas, timando nuevamente a Colombia con las mismas artimañas con la cuales antes manipuló las cortes nacionales.

Es con cargo a todos los contribuyentes, que Santos y sus secuaces lograron el gran estupro fraguado en Cuba. Algo que Pastrana no pudo implementar al aparecer Uribe en 2001. Algo que Samper y Gaviria ya habían empezado a legitimar al hacer que la ley fuera elástica con el narcotráfico. Algo con lo que Belisario soñador, inoculó al país hablando de Paz y no de convivir en legalidad. Algo que López casi negocia en Panamá con Pablo Escobar y un cartel de Medellín asociado con el M-19, quizás no siendo el monto adecuado para colmar sus agallas. Y algo a lo cual nada contribuyó el clientelismo desbordado de Turbay, patrocinador del gigantismo burocrático.

Uribe aplicó la ley y la fuerza coercitiva constitucional del Estado a rajatabla. Combatió por igual la narcoguerrilla y el delito, desmontó el paramilitarismo, golpeó la producción de cocaína y la deforestación, generó confianza inversionista mediante estabilidad y seguridad democrática ciudadana, económica y jurídica, y siempre procurando mayor equidad social.

Gracias a ello, prosperó la nación y perdieron en 2002, 2006 y 2018 las minorías delincuenciales, y gracias al trabajo de Uribe, ganó el Santos traidor del 2010.

Pero la obra de todo un país liderado por Uribe, duró poco en manos de los hermanos Santos, de Leyva, Baltazar y Santiago, Villegas, Pearl, Naranjo, Mora, Eder, Cepeda, Roy, Benedetti, De la Calle, Velasco, Mac Master, y todos sus monaguillos y de los mercenarios mediáticos que les volearon incienso.

Violaron la voluntad del constituyente primario, favorecieron a la narco-guerrilla y habilitaron para ser candidato a un infiltrado del viejo M-19 en el Congreso, un terrorista y delincuente disfrazado de senador, tranzaron políticamente en 2014 con un alcalde que debió ir preso, que al ser vencido en 2018 incendió el país en 2021, y lo apoyaron para que fuera vencedor “por W” en 2022, pues la sociedad trabajadora y emprendedora no supo presentar un adversario capaz, siendo solo la mitad consciente de Colombia la que le hizo oposición, mientras la otra mitad fue presa fácil del poderoso discurso populista y utilitario que representa una burla al debido bienestar de mayorías y minorías.

Duque, a pesar de enfrentar las dificultades de una pandemia y una depresión económica mundial, de una oposición difamadora y violenta que bloqueó la movilidad del país aterrorizando la población, le demostró al Colombia que sí se puede crecer a dos dígitos, que se puede gobernar bien y hacer las cosas honorable y correctamente, así se cometieran algunos errores involuntarios, que se podía generar empleo y terminar obras descontinuadas, que se podía confiar en el sistema de salud y de seguridad social.

Duque gobernó sin necesidad de negociar con ninguna organización criminal y evidenció que Colombia puede progresar en legalidad con apoyo al emprendimiento y con verdadero propósito de equidad.

Uribe y Duque le demostraron a Colombia que se puede gobernar decentemente sin comprometer principios y valores, que se puede navegar en democracia sin aceptar en ella la ilegalidad, los delincuentes disfrazados de izquierda ni los dobles fanáticos de extrema derecha, que aquí el problema es todo el vicio y el delito que generan la producción de cocaína  y el narcotráfico, y que se puede gobernar con la justicia de la mano de las fuerzas armadas, estando abierta la puerta del sometimiento incondicional a la ley que tajantemente rechazan todas las organizaciones criminales, si media unidad de propósito nacional.

Probaron que no se debe negociar con cargo a la impunidad con ningún delincuente, pues eso sólo le causa más estragos a la nación.

Uribe y Duque forman una yunta política campeona reconocida e imbatible. Son una dupla que, si se pone a trabajar dejando de lado la mezquindad y las envidias e intereses de los amigos y enemigos que los quieren separar, y dejando de lado los merecimientos, egos y vanidades inherentes a todos los que ambicionan poder, pueden unificar las mayorías y salvar este barco del naufragio; pero si y solo si cuentan con el apoyo incondicional de la sociedad civil, de los tibios gremios y de todo el empresariado nacional.

Y entre tanto, nosotros seguimos como sociedad en lo mismo de siempre, y no pasa nada.

¿Cómo se pretende que el pueblo distinga quién es bueno y quién es malo, al ver en las noticias a toda suerte de personajes entreverados en medio de la orgía burocrática del poder central?

¿Cómo no va a querer el pueblo un cambio, si está cansado de ver al lado de muchos líderes tradicionales a toda suerte de hampones que operan el poder central y regional, aliados con contratistas corruptos, con narcotraficantes o con nuevas famiempresas politiqueras de múltiple denominación ideológica?

¿Cómo no va a estar confundido el ciudadano, si ve que los que más figuran en medios al lado de la política partidista tradicional, son hoy quienes favorecen el narco-comunismo y la impunidad, esos congresistas alcahuetes de criminales que avalan delincuentes de mayor calibre, hoy instalados con lujo en la presidencia y en la laxitud de la perrera parlamentaria?

¿Cómo no va estar el empresariado y la clase laboral sin saber qué hacer, si ven amenazadas sus fuentes de ingreso y sus ahorros por las ratas que se reparten el queso, si ven cómo milicianos y los mismos rateros del transfuguismo camaleónico, son los que ocupan ministerios y embajadas y están dilapidando la hacienda pública?

¿Cómo no va a estar preocupada la población, si ven cada día un nuevo escándalo vergonzoso, entre quienes están bailando en el elegante acuario capitalino, donde se exhiben toda clase de pescados que medran del sistema contractual público?

¿Cómo va a pasar algo o a cambiar nada en Colombia, si hoy nos domina la palabra incoherente del cinismo propio de un terrorista supuestamente indultado que, a cuenta nuestra, compra ingenuas conciencias ignorando el deber ser de las cosas y mientras en la banca sólo tenemos representada toda la incompetente falacia ideológica con la cual se desvirtúa el verdadero valor democrático de la mujer y de las minorías?

El problema es de todos, no es sólo asunto de oposición de los líderes políticos. Aquí no pasa nada mientras todos los que trabajamos para que el país produzca, no seamos los que actuemos y sigamos delegando nuestro futuro y el de las nuevas generaciones a una clase política que no supo gobernarnos.

Hagamos algo porque hoy más que nunca, tristemente cobra actualidad lo que decía un grafiti en Cali en medio del proceso ochomil: “Al poder putas porque vuestros hijos no supieron gobernarnos”.