Hecatombe por desmoralización institucional

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Sufre Colombia una destrucción institucional sistemática urdida por quienes están implantando un nuevo referente de legitimidad para la legalidad, cambiando el ordenamiento jurídico sustentado en valores y libertades democráticas, por un narcoterrorismo estatista alineado con la doctrina del socialismo del siglo XXI.

Los anuncios y acciones del Gobierno restringen las libertades, destruyen las fuentes de ingresos del Estado, ahuyentan la inversión, incrementan la inseguridad, aniquilan la confianza, estancan el crecimiento e implosionan la economía, derrumban la generación de empleo, y el problema no es la plata de los ricos, es el ingreso de los trabajadores.

Todo esto es parte de un plan estratégico y sistemático enfocado en saquear el Estado y dejar la sociedad indefensa, arrinconada y desesperada, sin ser capaz de hacer valer sus valores fundacionales. El objetivo es generar caos y desesperanza, llevando a la gente a la miseria de modo que las propuestas populistas del socialismo del siglo XXI sean la única alternativa que les quede. Dicho plan se compone de cuatro etapas:

1ª. Etapa: toma del poder. Lo hicieron por vía democrática, combinando todas las formas de lucha, apoyados por organizaciones criminales y contratistas corruptos. Inició el Gobierno con un grupo de parvos tecnócratas liberales y de izquierda democrática como ministros, para garantizar un aterrizaje suave y evitar resistencias a propuestas tendientes a implosionar la economía pública, privada e individual.

Debilitaron la moral y las capacidades operativas y desarmaron las Fuerzas Armadas constitucionales, perdiendo la supremacía aérea y la movilidad rápida que demanda combatir narcoguerrillas en el complejo territorio colombiano. Despidieron la tecnocracia, instalaron una cleptocracia estatal, se tomaron la inteligencia y los sistemas de licitación expedita aprovechando el beneplácito diplomático internacional, como supuesto Gobierno de izquierda democráticamente electo.

2ª. Etapa: instauración autocrática. Para garantizar una operatividad autocrática, colocaron personal del nuevo M-19 en posiciones de concentración de poder e inteligencia. Compraron conciencias en el Congreso, en las cortes y en entes de control. Fijaron la agenda de discusión nacional copando con escándalos todos los espacios digitales para crear total insensibilidad social, con lo cual van afianzando cada día más que el pueblo tenga sensación de caos administrativo.

Hay 25 departamentos asechados por las organizaciones narcoterroristas y con la disculpa de la “paz total” y la negociación con el ELN, han permitido el aumento exponencial de la ilegalidad, el crimen y la violencia, creando desesperanza y desesperación colectiva. Rompieron con Israel y se alinearon con el eje: Rusia, Cuba, Venezuela e Irán, buscando notoriedad y soporte internacional en los gobiernos que le proveen las armas y dotan la insurgencia narcoterrorista.

3ª. Etapa: cambio del sistema. Mediante alianzas corruptas, el Gobierno anuncia: un acuerdo nacional, una ley de punto final, una única justicia restaurativa, y una constituyente que se hará de la manera en que se les dé la gana, sea por “fast-track” como anunció Petro en Naciones Unidas o por la conformación de cabildos populares propuesta por los ideólogos desde la Universidad Nacional. Ya las FARC-EP-Comunes hablan de extender siete años los acuerdos, y de haber elecciones en 2026, los revolucionarios saben que, gracias a una oposición dividida, con 1/3 del soporte ganan las elecciones, cueste lo que cueste. El país ya vio de lo que son capaces.

4ª. Etapa: continuidad en el poder. El neo-estalinismo populista que hoy está en el poder, asociado con el narcoterrorismo, está determinado a quedarse en el poder como sea. Y salvo que se revierta la hecatombe institucional, sólo les queda definir si nos llamaremos, Estado o República Socialista.

En resumen: si el país espera impávido hasta el 2026, esto es lo que se nos viene:

*Instaurarán un nuevo referente de legitimidad mediante el nuevo ordenamiento constitucional, que encubra el totalitarismo y lo amarre al poder, sometiendo al empobrecimiento perpetuo a las mayorías.

*Bajo la imposición de una ley de punto final, la JEP será una inquisición moderna disfrazada de justicia restaurativa, que someterá a todo opositor que el régimen señale.

*Crearán unas nuevas fuerzas armadas revolucionarias, que incluirán guerrilleros, narcoterroristas y efectivos de todas las bandas delincuenciales, de terrorismo urbano y microtráfico.

*Viviremos bajo un régimen opresor como en Cuba, Venezuela o Nicaragua, con el dominio de unas agendas minoritarias, cada día, mucho más corruptas y complejas que las que están reemplazando.

Conclusión: si no nos pellizcamos y corregimos el rumbo como hizo Perú, el país seguirá atrapado entre el caos y el desespero social a cuenta de empobrecimiento e inseguridad, algo que continuará en 2025, y con lo cual, en 2026, más personas estarán dispuestas a recibir subsidios y apoyar cualquier tipo de promesas propias de la dialéctica populista que les prometa solventar sus problemas.

Usted y yo tenemos la palabra

Por: Luis Alfonso García Carmona

Cerca de un año y medio llevamos los colombianos padeciendo la peor crisis política de nuestra historia. Se ha arrasado con el Estado de Derecho y con la libertad de los ciudadanos a elegir válidamente, no a través del fraude, a su presidente y a los miembros del Congreso. La gestión pública está orientada a la mutación de Colombia en un narco-estado subyugado por el comunismo internacional, a perpetuar la izquierda radical en el poder, a apoderarse de los dineros públicos y del ahorro de los trabajadores, y a desmoronar los más elementales servicios de bienestar, como lo son la salud pública y el sistema pensional.

Salvo contadas y ejemplarizantes excepciones, ha contado la camarilla gobernante con la ausencia de una eficaz oposición política, ya que el soborno ejercido a través del reparto descarado de prebendas y dinero ha superado cualquier rezago de ética por parte de los representantes de la “oposición constructiva” en el Congreso. Gracias a la generalizada falencia moral, este perverso régimen ha podido avanzar en su frenesí revolucionario y destructivo.

Expósito de una dirección capaz de detener la avalancha demoledora de nuestras instituciones, el pueblo colombiano ha tenido el coraje y la sabiduría para responder en forma espontánea a las voraces pretensiones de la extrema izquierda.

Sin que medie la actividad rectora de los partidos autodenominados “de centro” o “de centro-derecha”, observamos cómo en las encuestas de opinión continúa la curva descendente de favorabilidad del Gobierno, que ya llega al 64 %.

En los estadios, plazas de toros, salones de conciertos y lugares de concentración de masas se escucha unánimemente el grito “fuera Petro”.

Y hasta la calle, el escenario preferido por la izquierda criolla para escenificar sus “estallidos sociales”, ha sido recuperada por los movimientos cívicos y los veteranos de la fuerza pública para protestar pacíficamente contra la dictadura “castro-chavista”.

Como si faltara alguna evidencia, en las pasadas elecciones, donde se decidía el futuro de las regiones, resolvió el pueblo convertir los comicios en un verdadero plebiscito manifestando en las urnas su rotundo rechazo a los amigos del Gobierno. Allí se sentenció de la manera más clara la próxima caída del sátrapa guerrillero.

Reconozcamos que ha surgido una nueva opción en el panorama político colombiano: La oposición cívica, espontánea e independiente compuesta por hombres y mujeres de bien, comprometidos con el futuro del país y con el bienestar de todos los colombianos.

Hemos adoptado como bandera el juicio político por indignidad para derrocar a quien ejerce de manera espuria el poder ejecutivo. Y lo hacemos conscientes de que es el único camino viable dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque somos respetuosos de la ley.

No buscamos nada diferente a encender una luz que nos guíe hacia la reconstrucción del país y la demolición del andamiaje marxista-leninista que carcome nuestras instituciones.

¿Cómo podemos lograr el éxito en nuestra empresa? Cada uno de nosotros debe cumplir con su tarea. No esperemos que vengan mesiánicos líderes a hacerla por nosotros.

Tampoco nos es permitido cruzarnos de brazos a la espera de ser liberados mediante un golpe de Estado.

Ni es una opción probable la esperanza de que algún día abandonen los caudillos políticos sus particulares intereses para unirse con el propósito de rescatar a Colombia de la barbarie materialista y corrupta que nos asfixia.

No, queridos compatriotas. La solución está en nosotros. Usted y yo tenemos la palabra.

Desesperanza democrática en el mar de las soberbias

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez

El país está solo, sin nadie que lo defienda, abandonado en el mar de las soberbias. Esta no es una crítica, es un llamado a una guerra, indeseada, inevitable, forzada por la polarización social en su manifestación más extrema: el culto al odio y al resentimiento.

Mientras la sociedad se pierde en la dialéctica entelequia que confunde el verdadero significado de los conceptos de igualdad y de equidad, la economía se derrumba al igual que la defensa de la constitución y las leyes pierden el respaldo del honor militar y con ello el seguro del Estado gendarme.

Quedó el humilde transeúnte dominado por la embestida de las fuerzas del mal hoy en pleno ejercicio del poder político y el país del Sagrado Corazón de Jesús, no cuenta ya ni con la esperanza de acción divina que sacó a Daniel ileso del patio de los leones.

A la esperanza la reemplazó el reino de la impotencia ante la ilegalidad amparada por la impunidad, enmascarada en el iluso discurso de paz que nos inocularon los soberbios que viven en las nubes de los cielos y los que divagan por las estrellas del universo.

La coronación de la impunidad en procura de una paz utópica le dio el poder a la delincuencia organizada con careta ideológica y destruyó la seguridad ciudadana. El clientelismo destruyó la independencia de poderes. El populismo finiquitó la coerción social. La aclamación de la corrupción electoral disfrazada de garantismo minoritario a la autocracia promotora del cambio guillotinó el debido equilibrio entre las obligaciones cívicas y el derecho a los derechos, estrangulando las libertades y las garantías ciudadanas, creando el reino del populismo ideológico. Y ni hablemos de ausencia de transparencia en la gestión pública, perdida en medio del saqueo burocrático que viven las arcas del Estado y la actividad privada en el país, ni de la cultura de la coca, convertida en el culto a la ideología mafiosa elegantemente envuelta en el empaque del socialismo del siglo XXI.

Aquello que se denominó sociedad civil, con la floración de las organizaciones no gubernamentales al entrar a este milenio, se pasó de rosca y perdió sus fuerzas que se fundamentaban en el apoyo asociativo de los gremios y entidades cívicas, desapareciendo como concepto estabilizador en procura del equilibrio y el bienestar social e institucional.

Aquí se perdió el sentido de una sociedad civil cuando la izquierda apeló a los derechos humanos, al ambientalismo y a otras agendas, como disculpa para el abandono del matrimonio con la tradición de nuestra democracia y pasó a vivir un público concubinato con el narco comunismo.

Hoy la sanción social y el peso de la justicia sólo existen en la indignación temporal de cada escándalo mediático seguido de otro de talla superior.

¿Para qué muñecos y payasos como los dirigentes gremiales y los exlíderes políticos que ni solidarios entre ellos mismos son? El consejo gremial es un mecanismo inerte, antiliderazgo, que flaco favor hace al sistema de libre empresa.

Nadie hay en los gremios capaz hoy de convocar a los empresarios, sin los cuales muere el concepto de emprendimiento y las oportunidades de trabajo y sin trabajadores, el sindicalismo. Sin economía no hay país, y para poder tener un país próspero hay que luchar y estar dispuesto a sacrificarse por él.

Nadie ya es capaz de mover la gente por el camino de la defensa de la legalidad y el emprendimiento en procura de mayor equidad. Palabras que se quedaron en lemas por temor a las críticas, y por la timidez ideológica en las acciones desde el poder del Estado cuando estaba en manos de personas capaces y bien intencionadas, pero que no comprendieron la magnitud de la alianza entre el populismo y el narcoterrorismo en procura del poder y no fueron capaces de enjaular la verdadera bestia.

Vivimos el fracaso total de las estructuras políticas, decapitadas por las vanidades y los egos partidistas y de los políticos al convivir con la morralla que mató la moral y la ética en el parlamento y su incremental mamatoco con la vencida magnificencia de la justicia, que perdió desde lo de Cuba la virginal condición de ser implacable, pasando a servir mejor la conveniencia, el engaño y la mentira, que a su misión de búsqueda de la verdad.

La incapacidad de hacer valer el mandato del constituyente primario del 2016, terminó siendo un pecado capital que aún sigue representando la gran deuda política con el pueblo y permitió que pasáramos de la anarquía democrática a la autocracia cleptócrata que hoy nos caracteriza.

Vivimos la entrega colectiva del pueblo a su propio verdugo, representado por una ideología putrefacta que, como la semilla vencida, jamás germina y sólo produce desolación y hambre.

No comprendimos que cuando la razón se oculta tras la cobardía de no aceptar que el entendimiento ha fracasado, sólo queda la fuerza. Y no fuimos capaces de vencer al enemigo cuando debimos haberlo vencido por compromiso patrio.

Tristemente nos quedamos sin cosecha pues en este mar de las soberbias y el individualismo de la politiquería, nadie sacrifica nada por nada ni por nadie. Aquí por exceso de democracia triunfa la ignorancia sobre la educación, la cultura, el sentido común y el deber ser.

Ya sólo observamos indiferentes, la manera como un guerrillero activo convertido en presidente, sus secuaces y los oportunistas aduladores de su conducta adicta y mentecata, como el cáncer de la sociedad, se tragan una a una las instituciones democráticas y las convierten en multiplicadores de la merma colectiva, mientras todos seguimos aferrados cobardemente a la mísera prudencia.

Lo que ocurre en Colombia es algo inédito. Están las regiones de todo el país acechadas por fuerzas insurgentes armadas que, paradójicamente están alimentadas en su odio y su resentimiento por el mismo Estado.

Vergüenza e impotencia como la del eunuco, la de ver a quienes pudieron evitar el desastre sumidos en el bazar de los avales, en la vanidosa auto adulación y en la maniquea figuración mediática y la alevosa esterilidad del Twitter o X, y otras redes, cuando la realidad de las regiones clama ayuda ante el inevitable sufrimiento de una guerra civil.

Tristemente la polarización social borró las diferencias entre la amenaza de una revolución destructiva y la debida transformación en procura del bienestar social. Que sea pronto y no tarde que las nuevas generaciones entiendan que la única solución a la coerción de la libertad y a esta desesperanza es el orden, pues ya aquí los hechos superan el poder de la palabra y la razón.

¡Los ladrones solo son amigos hasta que se reparte el botín!

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez*

El mundo y la región tienen los ojos puestos en las elecciones colombianas. Recordemos que los ladrones son amigos hasta el momento de repartir, y el botín en este caso, son los próximos comicios presidenciales.

Nos muestra la historia que las democracias empiezan a perderse cuando el ciudadano pierde la confianza en el sistema electoral, y empiezan a caer cuando al menos uno de los contendores con posibilidades está por encima de la ley, cuenta con recursos ilimitados, tiene respaldo armado y se vale del terror para amedrentar a la población.

Es hora de que el país entero juegue con la camiseta de ganar y vote por la libertad, rechazando los ataques de las fuerzas que nos quieren convertir en perdedores y llevarnos al decrecimiento y la autodestrucción. Esto no se soluciona firmando más acuerdos lisonjeros, con los cuales solo se legitima lo que los ilegales nunca van a cumplir.

Llegó el momento de unirnos frente a una compleja realidad; la infiltración ideológica de quienes han sido victimarios, en el sistema educativo y en muchas entidades del Estado como la justicia, el parlamento y los entes de control. Tenemos que pronunciarnos en contra de la forma como están amenazando a los trabajadores para que no puedan ir a laborar y sientan miedo de votar, generando angustias y destrucción de valor en las poblaciones más afectadas por el microtráfico y el narcotráfico.

Los colombianos somos un pueblo honrado y trabajador. No le apostemos más a las falsas promesas de asesinos, cacos, ideólogos resentidos, terroristas y seres degenerados que hablan de arreglar el país mientras amenazan con terrorismo, estatización, concesión de perdón social y creación de mecanismos jurídicos absolutorios a los actores y a las acciones de la violenta delincuencia criminal.

Exijamos que quienes nos gobiernen y lideren sean personas buenas, honorables, preparadas y con voluntad de servicio, no quienes han traspasado la barrera criminal destruyendo y eliminando vidas humanas, ni quienes los acolitan. Aprendamos que ni con el terrorismo, ni bajo amenazas de terror alguno se puede acordar o pactar nada. Eso es una burla y un negocio.

No permitamos en Colombia, lo que ya ocurrió en las dictaduras que destruyeron Cuba, Venezuela y Nicaragua, ni lo que sucedió en Bolivia, Chile, Perú, Argentina y México. No hay reversa democrática una vez se toma el poder alguien respaldado por el crimen organizado que le imponga al pueblo un régimen totalitario narco-comunista fundamentado en el resentimiento, el odio de clases y los discursos que favorecen a las minorías comprometidas y excluyen el interés general.

Si en Colombia elegimos a una persona cuya formación y trayectoria está por fuera del marco de la legalidad, y si optamos por un sistema contrario a la libertad de empresa, ¿cómo hará el estado para mantenernos a todos, cuando no existan negocios e inversionistas lícitos que generen ingresos, puestos de trabajo y paguen los impuestos?

¿Cómo hará el país y los próximos gobiernos para poder financiar su gasto operativo y la inversión social, si elegimos un sistema que sea complaciente con toda suerte de actividades ilegales, como son la deforestación para la siembra de coca, la producción de cocaína, la minería ilegal y el contrabando, y que no dé estabilidad jurídica ni garantías a la inversión doméstica y extranjera?

¿Cómo puede un gobierno aliado con el terrorismo, que se oponga a la economía de mercados y a la producción tecnificada y debidamente mitigada de hidrocarburos y minerales, mantener un nivel de deuda sostenible, invertir en preservar y mantener el medio ambiente y transformarnos en una economía de servicios?

La única forma es realizando ahora una juiciosa extracción legal, moderna y tecnificada de recursos naturales, como única actividad que le genera regalías al Estado y a las regiones, de modo que la curva de ingresos de la hacienda pública no sea cada día más insuficiente frente a una mayor demanda agregada de una población joven que requiere más educación, empleo, salud, energía, infraestructura básica y de transporte, comunicaciones, etcétera.

La elección que se avecina no es sobre la relatividad ideológica entre izquierda y derecha. Lo que está en juego es la libertad de toda una nación. Los procesos revolucionarios sean abiertos o enmascarados, pseudo democráticos o nuevas modalidades de dictaduras, son aceleradores del empobrecimiento colectivo y una forma clara de opresión e injusticia social generalizada.

No hace sentido reemplazar la constante lucha del Estado contra la corrupción, por un sistema totalmente corrupto, totalitario, narco-comunista, financiado por la ilegalidad y la devastación social y ambiental de que se nutre la criminalidad en todas sus formas y manifestaciones, y que pretende cambiar el referente de los valores que soportan nuestra normatividad y nuestra libre movilidad económica.

Cuidado que el candidato del narcoterrorismo no es Clístenes, ni las circunstancias del mundo actual son las de Grecia antigua, ni las de Francia al derrocar la monarquía. Lo que puede ocurrir en Colombia, que ha sido por 212 años una democracia constitucionalista republicana, imperfecta pero libre y con una sólida institucionalidad, es la instauración de un totalitarismo narco-comunista.

El malvado y nefasto tartufo, fue quien en Colombia convirtió lo ilegal en legal. Fue quien le dio pasaporte social a la criminalidad con su acuerdo de paz, y por ese detalle, esto se puede calentar feo e incluso llevarnos a una guerra civil.

Ese muñeco diabólico, su perverso titiritero y toda su pandilla, fueron quienes compraron la cuestionable enmienda constitucional con que le abrieron la posibilidad a toda suerte de criminales de participar en política y de ocupar cargos públicos, disfrazando de cambio a la dialéctica demagógica del populismo que siempre se vale del engaño para abusar de desinformados, inconformes, inútiles e ignorantes.

La pregunta es, ¿cuál cambio?, ¿cambio positivo para bien, con esfuerzo, trabajo y sacrificios? o ¿cambio para mal de manera facilista que nos lleve a una irrecuperable destrucción de valores y valor?

¿La culpa la tiene Gallup?

Por John Marulanda*

Ante el trastorno moral del país, la izquierda nacional e internacional y los oportunistas de siempre, arrecian sus ataques contra nuestro ejército bicentenario, tratando de demeritarlo. Se refriegan las ejecuciones extrajudiciales; se publicitan las confesiones lacrimosas de coroneles sin carácter; el senador de la bolsa y los billetes, igualan el entrenamiento militar con la tortura (tortura es verlo a él y sus conmilitones de las FARC pontificando sobre lo público); se intenta amplificar el suicidio en las filas, que toca al 0,01% de la institución; en titulares de primera página, se pone a los militares a la cabeza de la violencia contra la mujer y en carátulas se habla de macabros silencios y terribles presiones al interior del ejército. Buscan desprestigiar la institución, mientras sus soldados comparten con militares y civiles de Paraguay, México y otros países, experiencias sobre reglas de enfrentamiento, garantías del DIH y respeto de los DDHH en las operaciones.

Y aquí, miles de reservistas de todos los grados y de las cuatro fuerzas se agitan en foros, en la calle, organizándose y tratando de darle cauce a la corriente anticomunista y cristiana que se percibe en el ambiente. La izquierda, por su parte, intenta maliciosamente hacerse al calor de los reservistas insatisfechos, supuestamente defendiendo sus reivindicaciones y aprovechando la dispersión de sus intereses.

En su encuesta de mayo, Gallup reiteró a los militares como la institución de mayor confiabilidad de los colombianos, mientras hundió en la sentina de la opinión pública a las FARC, los partidos y el Congreso. Retrato de un volcán político que desvela a avinagradas élites, a narco comunistas y que explica el ataque a nuestra institución más preciada.

Erosionar la moral institucional y sembrar la disensión y la desconfianza entre las filas de nuestros militares, es conducir el país al caos de la narcoviolencia, mucho peor que la de los terroristas marxistas leninistas sesenteros. Las fallas que existen en esta institución sui generis, deben ser tratadas con el rigor, la disciplina y la prudencia que el delicado asunto de las armas de la República requiere.

Lo que se está haciendo de manera tan irresponsable, solo conduce a la atonía institucional y de ahí a la entrega de las banderas, no hay sino un paso. Con la institución militar no se juega, pues termina siendo un juguete de tiranos y déspotas, en un narco estado estaliniano. Como en Venezuela.